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Crece el espacio político-sindical que busca apuntalar al Gobierno con agenda propia
El bloque de organizaciones gremiales y sociales que suscribió el Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo continúa ampliándose. Apuran un plan de urgencias alimentarias, laborales, de viviendas, industria y desarrollo que presentarán a la Casa Rosada.
Redacción Canal Abierto | Desde hace unos años, durante la resistencia al gobierno macrista, varias organizaciones sindicales, sociales y políticas vienen confluyendo en movilizaciones, actos y diferentes actividades en un bloque común que expresa un claro mensaje de unidad. Hoy, son el contrapunto del acuerdo firmado entre la UIA y CGT, pero acompañan y articulan con el Gobierno Nacional para que el rol del Estado sea cada vez más fuerte.
A este espacio se van sumando cada vez más organizaciones que ven que la pandemia es, a la vez que una tremenda tragedia, una oportunidad para llevar adelante transformaciones profundas. Y advierten que los escasos recursos existentes no pueden servir solo para sobrevivir, sino que el objetivo debe estar apuntado a intereses reales ante la híper concentración de la riqueza.
Si bien este bloque se fue consolidando con el tiempo, el pasado 1º de Mayo dejaron asentada las bases a través de un manifiesto en un acto virtual que se llevó a cabo en los talleres de la Cooperativa Envases Flexibles Mataderos. Hoy esa iniciativa busca ampliar el campo de unidad para equiparar la correlación de fuerzas y así poder proyectar estas ideas y propuestas.
En aquella celebración del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras estuvieron presentes referentes de la CTA Autónoma encabezada por Ricardo Peidro y Hugo “Cachorro” Godoy; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular con Esteban “Gringo” Castro, Emilio Pérsico y Juan Carlos Alderete; la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT con el diputado nacional por el Frente de Todos Walter Correa, referente del Sindicato de Obreros Curtidores, y Héctor Amichetti de la Federación Gráfica Bonaerense; los trabajadores portuarios de FEMPINRA con Juan Carlos Schmid; el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas representada por Eduardo “Vasco” Murúa; el Consejo Productivo Nacional de las pymes que encabeza Damián Regalini y la Federación de Inquilinos con Gervasio Muñoz, entre otras organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Tras aquel pronunciamiento que firmaron más de 100 organizaciones, en las últimas semanas se fueron sumando la UOM de Quilmes cuyo titular es Francisco “Barba” Gutiérrez; la agrupación La Cámpora representada en las reuniones por la diputada nacional Paula Penacca; el gremio de los Canillitas y Leticia Quagliaro, presidenta de Unidad Popular.
Este amplio abanico de dirigentes sociales, sindicales y empresarios avanzaron con propuestas para presentarlas al Ejecutivo nacional. En los próximos días se realizará una reunión con autoridades del gobierno nacional, a quienes se le presentarán estos cinco puntos para trabajar con urgencia:
- Proyecto de Ley de Cupo de Alimentos
- Salario Universal Social con trabajo y formación
- Creación de un Banco de Desarrollo
- Plan de tierras y viviendas
- Sustitución y control estricto de importaciones para fomentar la industria nacional
Este espacio entiende que la demostración de unidad y propuestas son los pilares para salir de la crisis con organización y con trabajo, y apuntalan el Manifiesto como una respuesta al proceso político que se viene.
Foto: @dicoluciano
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Referentes políticos y sociales piden que Vicentin sea una “empresa pública no estatal”
Las organizaciones populares, movimientos sociales y distintos referentes políticos vienen planteando la “estatización” del grupo cerealero Vicentin, involucrado en la investigación por el otorgamiento de un millonario crédito irregular por parte del Banco Nación, que la empresa nunca saldó. Ahora un colectivo de referentes políticos del oficialismo, junto a representante de los movimientos sociales, intelectuales y académicos, difundieron una declaración en la que proponen que el estratégico grupo empresario se transforme en una “empresa pública no estatal” por medio de la que el Gobierno pueda intervenir en el mercado de comercialización y exportación de granos.
A mediados de febrero el ex titular del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos, el radical Javier González Fraga incluso fue imputado en la causa que investiga si las autoridades entidad bancaria estatal cometieron un delito al permitirle a la cerealera Vicentín acumular una deuda 18.500 millones de pesos, que a fines de 2019 el grupo empresario reconoció que no estaba en condiciones de pagar, en contra de las normativas del banco y poniendo en riesgo su sustentabilidad.
En la declaración (firmada por legisladores o ex legisladores como Pino Solanas, Claudio, Lozano, Victoria Donda, Itai Hagman, Juan Carlos Alderete, Víctor De Gennaro, Leonardo Grosso y otros, además de gremialistas como Daniel Yofra (aceiteros), Ricardo Peidro (CTA A), Hugo Godoy (ATE); referentes sociales o académi9cos como Juan Grabois, Maristella Svampa, Pedro Peretti, Daniel Menéndez, Alcira Argumedo, Horacio González y otros) se plantea la “preocupación ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el Grupo Vicentin en detrimento de la Banca Pública, miles de productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.
Según los firmantes, resulta “alarmante” el avance de grupos transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill, “así como la aparición en escena de dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular”. En ese contexto, piden una reunión con el presidente Alberto Fernández para discutir la salida, ya que plantean que no puede dejarse librada la resolución del conflicto al “devenir de los negocios y la justicia”.
La propuesta del colectivo es que ante el “evidente” fraude cometido por Vicentin, que “incluye el uso irregular del crédito público y la expresa comisión de delitos de evasión tributaria, fuga de divisas y lavado de activos a través de sus empresas vinculadas en Paraguay, Uruguay y Panamá”, se considera imprescindible que el Gobierno tome el control de la situación e intervenga urgentemente sobre “un concurso que está apañando un fraude”, y promueva una alternativa para el futuro del grupo empresario que tome en cuenta “los verdaderos intereses del país y la comunidad”.
En este sentido, remarcan que nuestro país necesita hoy “una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos”, por lo que sería “insensato” entregar una empresa como Vicentin al control de “grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina”. Al respecto remarcan que teniendo en cuenta la cantidad de dinero en juego “y el papel de la corrupción política, bancaria y empresarial que condujo a la actual situación” se impone una solución transparente “que ninguna de las opciones hoy vigentes podría concretar”.
Por considerar que se trata de una empresa estratégica clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos, los firmantes piden al Gobierno que “impulse los pasos necesarios para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social” que opere como empresa pública “testigo del comercio exterior y de la producción de alimentos”.
La lista completa de firmantes es la siguiente: Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Pino Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez, Omar Principi (ex pte de FAA), Juan Manuel Rossi (pte de FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas), Daniel Yofra, Ricardo Peidro, Hugo Godoy, Jose Conde Ramos, Bruno Capra, José LuisMigueles, Francisco Paco Durañona (Movimiento Arraigo), Carlos León, Pedro Tsakumagkos y María Isabel Tort (Cátedra Estudios Agrarios Ing.Horacio Giberti), Pedro Azcuy y Gabriela Martinez Dougnac (CIEA), UTT.
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Anuncian un refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia
El Gobierno nacional confirmó que en junio habrá un nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10.000 pesos que alcanzó a cerca de 9 millones de personas y que fue implementado para asistir «a los sectores más vulnerables que vieron afectados sus ingresos como consecuencia de la pandemia de coronavirus COVID-19».
El anuncio fue realizado por la directora ejecutiva de la Anses, María Fernanda Raverta, y el secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, y la directora nacional de Economía y Género, Mercedes D’Alessandro, ambos del ministerio de Economía.
Raverta sostuvo que la extensión del IFE busca “acompañar a las familias argentinas, sobre todo a esas familias que se encuentran con un grado de dificultad y de mucha complejidad económica y social”.
“Después de atravesar un contexto de mucha dificultad económica y social, agudizado y profundizado por esta pandemia, por esta crisis humanitaria que trasciende las fronteras de nuestro país, el Gobierno nacional tomó la decisión de cuidarnos en cada una de las dimensiones que nos tiene que cuidar”, expresó.
Y explicó que “las personas beneficiarias no tienen que inscribirse en ningún lado, el que cobró va a volver a cobrar: la idea es reforzar en función de que se va extendiendo esta pandemia”.
La Casa Rosada destalló que los pagos comenzarán el 8 de junio, en conjunto con el depósito de las Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo hasta el día 22 de junio. Y a partir del 23 de junio y hasta el 6 de julio se le depositará al resto de quienes eligieron cobrar el beneficio por CBU y se les depositará también en cuenta a aquellos beneficiarios que cuentan con CBU pero habían optado por otro sistema de cobro al momento de elegir modalidad de pago.
Montagu indicó que “con la implementación de la primera ronda del IFE evitamos que entre 2,7 y 4,5 millones de argentinos y argentinas caigan en la pobreza” y afirmó que “llega al primer decil casi en un 90 por ciento, es decir que de los argentinos y las argentinas que lo necesitan, 9 de cada 10 personas están cubiertas por algún tipo de ayuda estatal”.
Por su parte, D’Alessandro destacó la paridad de género lograda en la distribución del IFE como consecuencia de haber aplicado la “condición de que en el caso de que dos personas pertenecientes al mismo hogar lo pidan el beneficio se le diera a la mujer” y de que las empleadas de casas particulares pudieran acceder al beneficio pese a tener trabajo registrado.
Vale destacar que el cobro del IFE le corresponde a trabajadores y trabajadoras informales o de casas particulares y a monotributistas sociales o de las categorías A y B que cumplan con los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.
El IFE sí es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, y es asignado a un solo integrante del grupo familiar priorizando a la mujer.
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Quedaron 170.000 trabajadores de cooperativas afuera de los ATP
Por la pandemia el 90% de las cooperativas están paradas hace 70 días. Piden el mismo tratamiento que las PYMES para subsidios.
Más 170.000 trabajadores de cooperativas en todo el país reclaman ser incluidos en el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para afrontar las dificultades que atraviesan en el marco de la pandemia de coronavirus. «Llevamos más de 70 días con un 90% de las asociadas paradas; las que están exceptuadas están funcionando, pero con la cadena de valor rota«, señaló este lunes el presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), Ramiro Martínez.
Mientras se define qué sucederá con las pequeñas y medianas empresas que en los próximos días deberán enfrentar el pago de aguinaldos, desde el cooperativismo alertan por la falta de medidas para el sector. Principalmente a apuntan a las ATP, que permiten financiar capital de trabajo. «El primer paso para acceder al ATP es el formulario de relación de dependencia y las cooperativas no tienen personal en esa relación», explicó Martínez.
«Cuando salió el primer decreto para la asistencia de empresas de capital tradicional entendíamos que el siguiente actor a incluir era nuestro formato, la única diferencia que tenemos con otra empresa es nuestro estatuto jurídico. Esta matriz de nacimiento del ATP no nos tuvo en cuenta», agregó el dirigente cooperativista.
«Queremos que no haya diferencia entre pymes y cooperativas y acceder al ATP. El sector está muy devastado después de cuatro años de macrismo y ahora la pandemia», afirmó el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Christian Miño, en declaraciones a Télam.
Las pymes también habían tenido problemas apenas se implemento este canal de financiamiento, mientras que las grandes compañías optaron por no tomarlo para evitar las condiciones que establece como requisito el programa, tal como desistir de la compra de divisas y operaciones en el exterior y la prohibición de distribuir dividendos hasta el 31 de diciembre de 2022.
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Los trabajadores, del área de recolección de residuos y barrido, detallaron varios podas de su haber, a tal punto que «no alcanza ni para comer». Carlos Cáceres, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, señaló que “le han rebajado y sacado las horas de bonificación por tareas que tenían a todos los trabajadores. La bronca es que han cobrado 14 y 16 mil pesos. Nadie puede vivir con eso. Además el Ejecutivo nunca se bajó el sueldo, ese es el tema”.
Desde la intendencia se defienden de las acusaciones. Esgrimen que “no se recortaron sueldos, mantienen el mismo salario. Lo que esta situación de pandemia imposibilitó es la realización de tareas extralaborales y por eso es que estos dos meses no percibieron esas horas”.
Y añaden que “en todas las áreas se respetan los protocolos y toman todos los cuidados y medidas de prevención para evitar aglomeraciones de personas; cuadrillas en horarios reducidos y rotativos, con los elementos de bioseguridad, herramientas y materiales necesarios”.
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Trabajadores de aerolíneas low cost le piden a Transporte que no se cierre el aeropuerto del Palomar
Los trabajadores de las compañías aéreas low cost como Flybondi y Jet Smart volvieron a pedirle al Ministerio de transporte que no se deje sin operatividad el aeropuerto internacional de El Palomar para mantener su fuente laboral.
Además, los empleados piden que prosiga «la instrucción de vuelo de las tripulaciones durante la cuarentena sanitaria, a fin de mantenerse vigentes para cuando se reanude la actividad». Desde el gremio, ya solicitaron a la ANAC que «se consensúen y publiquen las medidas alternativas aplicables para que puedan concretarse los requisitos normativos que hacen al mantenimiento de las habilitaciones para un piloto de línea aérea (en camino de cumplirse los primeros 90 días sin actividad) antes de alcanzar vencimientos y con el suficiente anticipo para cumplir las actividades pertinentes, a sabida cuenta que las prórrogas no cubrirán los aspectos de seguridad necesarios para retomar las operaciones».
Por otro lado, desde el gremio que agrupa a los empleados de las low cost insisten en que no se puede clausurar el aeropuerto bonaerense y, en este sentido, le reclaman a las autoridades que «rechacen de manera categórica y pública dicha solicitud de cierre, sin encontrar respuestas aún, situación que mantiene en vilo y angustiados a miles de trabajadores».
«Estamos reclamando respuestas y acciones concretas en estos temas y al día de hoy no las hemos encontrado en ninguno de estos dos temas esenciales. El hecho de que no se expidan nos hace percibir una insensibilidad hacia los derechos de los compañeros trabajadores de las aerolíneas low-cost por parte de los responsables de las administraciones», aseveraron.
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Hacia el #3J: ni una menos, trabajadoras somos todas
Luciana Peker: “Tenemos que hacernos piecito como cuando éramos chicas”
Desde su casa, Luciana Peker comenzó a repasar el difícil camino de las periodistas mujeres para compatibilizar el trabajo en las redacciones con las tareas de cuidados: “cada vez hay menos mujeres en las redacciones porque las jornadas son interminables”.
A su vez, Mariana Mandakovic explicó que el machismo también está en los medios autogestionados, pero lo bueno tanto del Cispren, como del Sipreba es que cualquier trabajadora puede afiliarse, independientemente de su relación laboral. En tiempos como el actual, atravesado por la pandemia, la afiliación directa, que también se da en la CTA Autónoma, se vuelve trascendental.
La autora de La revolución de las hijas dijo también que la Argentina es pionera en la lucha y la visibilización de los derechos de las mujeres en el periodismo y puso como ejemplo el nacimiento de Las 12, el suplemento de Página 12. Pero subrayó que el periodismo sigue siendo disciplinador y “periodistas como Mariana Carbajal o Irina Hauser quedan invisibilizadas. Queremos mejores condiciones laborales para todas. La idea es socializar la pelea. Defendamos la construcción gremial para que seamos muchas las que ganemos bien, pero no el aplanamiento”.
También desde su casa, Carla Gaudensi señaló: “me parece muy importante esta mirada porque nuestra voz es escuchada de otra manera, a nosotras nos miden y nos prueban constantemente. Tenemos que seguir pensando cómo seguir fortaleciendo lazos y las conquistas que ya tenemos”.
Sí, dijo Luciana, “federalizar la lucha, seguir trabajando por terminar con las violencias en las redacciones y en los Medios y pelear por los derechos laborales en nuestras casas, para ver cómo hacemos para trabajar mientras cuidamos, ayudamos en las tareas escolares, cocinamos, limpiamos”.
Mandakovic contó que en la CTA, la problemática de los cuidados, se viene discutiendo desde hace tiempo: “Hay una disputa permanente que tiene que plasmarse en políticas públicas. El Ministerio de las Mujeres, por ejemplo, tiene que tener recursos sino es algo vacío, y lo mismo con las secretarías de Género”.
Las mujeres en la foto
Las tres periodistas hablaron también de la falta de mujeres tanto en las reuniones gubernamentales, como en la mención de los femicidios y la violencia de género en las ya clásicas conferencias de prensa de Olivos.
“Las cuestiones de género tienen que ser transversales, no nos tienen que mandar al cuartito de atrás. La discusión de género no debe quedar recluida a la secretaría de género solamente, sino que es parte constitutiva de la estrategia general”, dijo Mariana y recordó a las mujeres protagonistas del Cordobazo, a 51 años de esa gesta histórica, así como el trabajo que hizo Bibiana Fulchieri en su libro Las mujeres del Cordobazo, en el que rescata las voces y experiencias de las mujeres que no salieron en las fotos pero que estuvieron en la primera líneade batalla.
¿Cuando se termina la pasantía para nosotras?, se preguntó irónica y retóricamente Luciana. “Nosotras no laburamos 15 horas, como los varones bohemios, con un whiskey en la mano, porque alguien le tiene que dar de comer a les pibes. Nosotras también peleamos por guita, no solamente ellos.”
“Las mujeres venimos luchando en el ámbito sindical desde hace muchísimos años. No nos van a aplanar con nada”, se despidió Mariana.
Y en palabras de Peker: “las mujeres tenemos que hacernos piecito unas a otras para subir, como cuando éramos chicas, porque cuanto más nos caigamos, más trabajo nos cuesta después”.
Carla agradeció a las dos por el encuentro y las 3 se despidieron con el puño en alto y la confianza de que somos muches y no estamos solas.
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Fotógrafos piden contención estatal por la «desocupación en masa» a la que los lleva la cuarentena
La Asamblea de Trabajadores de la Fotografía remarcó que el aislamiento derivó en «desocupación en masa» en la actividad. Pidió ayuda estatal y participará de una movilización a Cultura.
Sofía Bordone, de la Asamblea de Trabajadores de la Fotografía, dijo que «desde la cuarentena obligatoria los fotógrafos pasamos de la precarización, trabajando en negro o como monotributistas, dependiendo de que nos compren fotos o cobrando por evento, a la desocupación en masa».
«No habiendo eventos de ningún tipo, actividades deportivas, sociales, acciones públicas, publicidades, entre otras, no tenemos posibilidad de trabajar», señaló la fotógrafa.
Además explicó que «Las empresas de medios que nos suelen contratar ya no lo hacen. Reclamamos un subsidio estatal para sobrellevar esta situación desesperante donde nos quedamos sin ingresos.»
«La asamblea virtual realizada con mas de 90 fotógrafos de todas las ramas: Periodismo, Eventos, Sociales, Arte, Documental, Deportes, Moda, Publicidad, Institucional, Docencia, demuestra tanto la emergencia que estamos atravesando, agravado por el hecho de que no estamos encuadrados en ningún sindicato de actividad como canal de organización.»
Entre los reclamos se detallaron: la bonificación del monotributo y cobertura de las obras sociales; la exención del pago de servicios públicos; la libre circulación para poder trabajar y por libertad de expresión; un protocolo sanitario de trabajo y provisión de instrumentos de protección; prohibición de despidos y pago del 100% de salarios y colaboraciones; y subsidios para trabajo online.
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Diario Popular. La empresa no paga los sueldos y realizaron suspensiones arbitrarias
Juan «El Vasco» Lazarino, delegado de Diario Popular, denunció en Radio Gráfica que la empresa no paga los sueldos y realizaron suspensiones arbitrarias.
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Radio Metro le recortó un 20% el salario a sus empleados y quiere pagar el aguinaldo en 6 cuotas
La reconocido radio que paga sueldos de hasta 3 millones de pesos mensuales a sus conductores, lanzó un recorte de salarios para sus empleados. Le reducirá los haberes un 20% y quiere pagar el aguinaldo en 6 cuotas
La emisora, una de las más importantes de la Argentina, comunicó en las últimas horas su intención de recortarle los salarios a su personal y, además, ir por un esquema de pago fraccionado del media Sueldo Anual Complementario que tienen que pagar en junio.
La notificación llegó en las vísperas del fin de semana y allí Radio Metro le hacía saber a sus trabajadores que debido al «profundo impacto económico y financiero» que «repercute indefectiblemente en la disminución de trabajo», a partir de hoy reducirá la jornada laboral y los salarios un 20%.
Según el Grupo Moneta «la pauta publicitaria se ha visto reducida a su máxima expresión» por lo que mantendrán ese esquema, al menos, por el próximo trimestre.
Además, la información oficial habla de el fraccionamiento del pago del medio aguinaldo. «Será abonado en seis cuotas mensuales iguales y consecutivas», señala.
La decisión, cuestionada por los gremios con presencia en la emisora, recae sobre el personal con salarios más bajos. «En la radio hay conductores que cobran millones de pesos por mes», aseguró una fuente sobre la brecha salarial en la Radio. «A ellos nos les haría en su vida cotidiana nada un recorte del 20%. Sobre los salarios de 50 mil pesos, es un montón», concluyó.
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En medio de la crisis, los médicos piden «reconsiderar el sistema sanitario de manera urgente»
El gremio de médicos recordó que «hace décadas» reclama por la precarización laboral y la fragmentación del sistema de salud. Le pidió al Gobierno «reconsiderar este sistema sanitario de manera urgente».
En medio de la crisis sanitaria y económica, producto de la pandemia de Covid19, crecen las protestas de médicos y profesionales de la salud. Reclaman por las condiciones en las que cumplen sus tareas, por la precarización laboral que les impacta y por la estructura del sistema de salud que atenta contra la cobertura.
En ese contexto el sindicato de Médicos (AMRA) señaló que «era hora de que, tras décadas de precarización laboral, los trabajadores médicos comencemos a manifestarnos masivamente en todo el país».
Desde el gremio aprovecharon para recalcar que «necesitamos trabajar de manera decente en este modelo de salud pública totalmente fragmentado. Porque se debe reconsiderar este sistema sanitario de manera urgente desde la estructura del estado y del poder político todo».
«La actual crisis sanitaria no hizo más que aflorar lo que desde nuestro Sindicato venimos reclamando hace décadas. Porque hace mucho tiempo que venimos reclamando frente al trabajo no registrado y a la consecuente pérdida de beneficios sociales», añadieron los médicos.
AMRA expuso que viene peleando «contra el multiempleo como forma de castigo y de adaptación para la subsistencia» y explicó que sufre «una clara negación a firmar Convenios Colectivos de Trabajo» que los derechos laborales.
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Gremios de la salud en alerta por los 36 contagios en el Sanatorio Güemes
Este lunes el director general del Sanatorio Güemes, Alfredo Vidal, confirmó que 36 empleados de ese centro médico se contagiaron de coronavirus y que otros 47 se encuentran en aislamiento y observación. El directivo, aclaró que no se trata de un brote sino de que los positivos se registraron a lo largo de la pandemia y aseguró que “contagios sucedieron fuera del centro de salud”. Gremios de trabajadores de la salud habían planteado la semana pasada a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación una serie de reclamos vinculados con la necesidad de modificar los criterios de seguridad sanitaria.
Quince médicos, dieciséis enfermeros y tres camilleros se cuentan entre los contagiados (seis ya recibieron el alta) en el nosocomio desde el inicio de la epidemia. Según Vidal, que aclaró que sólo el 1,1% del total de empleados sufrió contagios, “lo más relevante es que estos contagios sucedieron fuera del centro de salud y que el personal que se contagió dentro del Sanatorio se infectó de sus compañeros de trabajo”. En el Güemes hay 118 personas internadas con diagnóstico positivo por coronavirus, mientras que otras 61 siendo analizadas. Ávila precisó que se está utilizando respirador mecánico para los siete casos que se encuentran en terapia intensiva, pero que el centro tiene 81 dispositivos.
Para el director del centro médico el pluriempleo es una de las causas que elevan la posibilidad de contagios: “Ocurre que muchas personas tienen varios empleos vinculados a la salud entonces allí se enferman y después el virus viaja con ellos. Las infecciones se produjeron por contacto estrecho no dentro del lugar”. Avila aseguró que cada vez que se detectó un caso positivo se realizó un análisis para saber qué trabajadores estuvieron en contacto con el caso y se los aisló: “La mayoría de los trabajadores permaneció 12 días en aislamiento en su casa, se le realizó la prueba de PCR y al día 14 volvieron a trabajar”.
Este jueves directivos de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para plantearle una serie de reclamos del sector, que ya estuvieron visibilizando en una serie de jornadas de lucha a nivel nacional en la semana previa. Por el Ministerio, participaron del encuentro Arnaldo Medina, Alejandro Collia, Judith Díaz Bazán y Pedro Silberman, mientras que por la Federación estuvieron su presidenta María Fernanda Boriotti, el secretario General Jorge Yabkowski y la dirigente del Centro de Formación Viviana García. En el encuentro se analizó la evolución de la cuerva epidemiológica, cuyos puntos más preocupantes se registran en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el Gran Resistencia.
Entre los reclamos presentados, exigidos ya desde inicios de marzo, se planteó (además del reclamo por el bono estímulo para todo el sector a nivel nacional y la necesidad de abrir las paritarias) la exigencia de un plan nacional de protección. Según trascendió, la resolución ministerial estaría a la firma en este aspecto, empezando por un listado de hospitales que entrarían en la primera parte del programa.
La presidenta del Fesprosa advirtió a los funcionarios sobre la “situación de descontento en la base de las y los trabajadores de salud”, alertando sobre puntos de atención en los que aún no se cubrió la demanda de Equipos de Protección Personal o se presentaron con materiales de baja calidad y destacando que “la judicialización de las y los trabajadores de salud es motivo de rechazo generalizado”.
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Multaron a los médicos que marcharon contra la precarización laboral
Este sábado, personal sanitario se movilizó en contra del maltrato al sector. En una caravana, se concentraron en las principales avenidas de Resistencia. En respuesta, la Policía desplegó un amplio operativo y otorgó multas a los profesionales por violar la cuarentena.
Esta tarde de sábado, cientos de profesionales de la salud se autoconvocaron y realizaron movilizaciones en toda la provincia. En una caravana que se replicó en otras localidades del Chaco, se reunieron en las avenidas céntricas de la capital para reclamar la precarización laboral y la falta de equipo de protección personal para evitar el contagio del coronavirus, además de la judicialización a los médicos.
En respuesta, efectivos policiales llevaron adelante un gran despliegue con participación de distintas unidades de la fuerza de seguridad para contener la situación. Asimismo, se labraron las actas judiciales correspondientes a la infracción de la cuarentena por parte del personal sanitario presente en las manifestaciones.
Esto generó una fuerte indignación por parte de los trabajadores de la salud que están al frente de la pandemia. «Bien que cuando sos piquetero no hay ningún problema», reclamaron. En la misma línea, señalaron que «nosotros que estamos reclamando los sueldos y la precarización, que nos den los elementos necesarios de protección personal, nos labran infracciones» y resaltaron que se trató solo de una marcha pacífica. «Es un reclamo que venimos haciendo hace años», agregaron.
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Petroleros le advierten a YPF que «sabrán defender contundentemente sus fuentes de trabajo»
La Federación de Sindicatos Unidos de Petróleo e Hidrocarburíferos se pronunció en contra de una eventual reducción de personal en YPF y afirmó que la petrolera es «un vector de crecimiento imprescindible para el futuro del país, dado que su principal capital es su gente»
«Ver el destino de la principal empresa industrial del país desde una óptica no operativa seguramente lleve a decisiones que ya hemos visto fracasar muchas veces en YPF es mucho más que una caja financiera», dijo en un comunicado el gremio que preside Antonio Cassia.
«Es, tomado de las palabras del propio CEO, Sergio Afronti, un vector de crecimiento imprescindible para el futuro del país, dado que su principal capital es su gente», aseveró la entidad sindical.
La La Federación de Sindicatos Unidos de Petróleo e Hidrocarburíferos (FSUPEH) enfatizó que «cuando todas las empresas privadas huyen y despiden gente sin aplicar las abultadas ganancias que obtuvieron durante años, YPF y sus trabajadores siguen siendo quienes ponen el pecho para que no detenga la actividad. Si algo ha sobrado en la industria son contratistas parasitarias de nuestros recursos naturales».
Agregó, en referencia a cualquier cambio interno en el sector laboral de la empresa, que ello «debe hacerse en una mesa de diálogo y no por los medios o en organismos que poco saben de nuestra realidad, sin tomar en cuenta la terrible situación que pasamos todos y cada uno de los argentinos en tiempos de Pandemia».
El gremio de Cassia advirtió además que «los trabajadores sabrán defender contundentemente sus fuentes de trabajo».
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“No existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido», aseguró
YPF desmintió que vaya a suspender trabajadores
YPF desmintió este lunes que tenga previsto suspender trabajadores por la reducción de la actividad petrolera que forzó el coronavirus. “No existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido”, aseguró la firma a través de un comunicado oficial.
La pandemia golpeó de lleno en una compañía que ya venía afectada por el congelamiento del precio de los combustibles. A fines de marzo, el entonces CEO de la empresa, Daniel González, reconoció que a raíz de la cuarentena la demanda de naftas había caído 70 por ciento debajo de los días anteriores, el gasoil un 50 por ciento y el combustible de aviación cerca del 90 por ciento.
A raíz de esta situación, la compañía redujo drásticamente la contratación de servicios y además dejó de certificar muchos servicios que sí se habían realizado lo que afectó a toda su red de proveedores. A su vez, el horizonte se presenta complejo porque la compañía tiene ingresos congelados en pesos y vencimientos de deuda en dólares.
En este escenario, el nuevo CEO de la firma, Sergio Affronti, apenas asumió redujo el sueldo de todo el personal. No obstante, la empresa remarcó en su comunicado que llegó a un acuerdo con la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (FSUPeH) para contener esta difícil situación, lo que debe leerse como un esfuerzo para seguir adelante sin despidos ni suspensiones.
Además, en el comunicado destacó haber alcanzado un acuerdo entre todos los sindicatos petroleros del país y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, para que los trabajadores de las empresas de servicios petroleros puedan cobrar hasta el 60 por ciento de sus salarios mientras no prestan servicios efectivos.
No obstante, en los últimos días surgieron especulaciones sobre despidos y/o suspensiones en la compañía luego de que su presidente, Guillermo Nielsen, declarara en la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas que “YPF no puede seguir adelante con este nivel de deuda y no puede seguir adelante con tantos empleados en la compañía para producir menos petróleo”. Nielsen descartó luego que fuera a haber despidos, pero las especulaciones llevaron a YPF a difundir un comunicado donde incluso descarta que vaya a avanzar con suspensiones.
Nielsen explicó en su exposición que el crecimiento del nivel de deuda sobre la producción total se quintuplicó en una década en la que la cantidad de empleados por barril producido trepó también más de un 112 por ciento. Dijo que en 2010 había 21 personas por barril producido, mientras que en 2019 llegó a 44,6. Sobre la deuda, sostuvo que el ratio sobre la producción total era de 3,4 en 2011 y que actualmente es de 15.
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Estatales bonaerenses pretenden la reapertura de paritarias: “Es imprescindible habilitar la discusión salarial»
En medio de la pandemia, los gremios estatales bonaerenses ya reclaman que se reabran las paritarias para comenzar a discutir aumentos salariales para los trabajadores. Argumentan que el incremento de 4 mil pesos, de suma fija, que determinó el gobierno de Axel Kicillof ha quedado insuficiente en este contexto.
Para los empleados de la provincia de Buenos Aires es vital, además, que el Gobierno les ofrezca una compensación, que estiman en un 30%, por la perdida salarial que tuvieron por la inflación del año pasado. Bajo este reclamo se encolumnan los tres gremios principales sindicatos.
En el caso de ATE Bs. As. ATE reclamaron un aumento salarial general, la equiparación de las horas de bolsillo de aquello sectores más postergados como los auxiliares de la educación, niñez, patronato, entre otros. También plantearon “la necesidad que se avance con el pase a planta permanente de todos y todas las precarizadas, nombramiento de personal en las áreas críticas y avanzar en las mesas técnicas que permitan construir una carrera administrativa y un convenio colectivo que dignifique y jerarquice la tarea”.
En esta línea, la Federación de Gremios Estatales y Particulares (FEGEPPBA) indicó que es «urgente» la convocatoria por parte de la administración Kicillof. Para el sindicato, los trabajadores «han resultado discriminados y postergados, por no poder tener una discusión paritaria salarial durante el primer semestre, habiendo recibido solamente un incremento a través de una suma fija de 4 mil pesos fijada unilateralmente y a cuenta del aumento salarial 2020”.
UPCN también se sumó a los reclamos, dejando en claro que si bien reconocen la «mala gestión» de Vidal y la situación que generó la pandemia, resulta fundamental que los trabajadores reciban «una actualización de sus ingresos». Además, necesitan una compensación por la suba de la inflación del año pasado y que, más allá de la suma fija que se otorgó, este año no se ha discutido la paritaria.
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Pandemia: Casi el 60% de los inquilinos no pudo pagar el alquiler en mayo
Crece la presión ilegal de inmobiliarias a la espera de que el Gobierno extienda el decreto que protege a los residentes.
Por RODRIGO NÚÑEZ
Debido a la crisis económica que produjo la pandemia del coronavirus, cerca del 60% de los inquilinos no pagaron el alquiler. A pesar de las medidas que tomó el Gobierno para suspender los pagos mientras transcurra la cuarentena, crecieron las presiones por parte de las inmobiliarias.
Según confió la Federación de Inquilinos Nacional a El Destape, el 59% decidió no pagar el alquiler en mayo, lo cual significó un ascenso respecto al mes anterior. Es que en abril el 47% no había podido hacerse cargo del pago mensual, 12 puntos menos.
De acuerdo al Centro De Economía Regional Y Experimental, la deuda promedio por impago de alquiler y expensas de un hogar es de $ 19.239, equivalente al 19,28% de la deuda total no bancaria que presentan los grupos familiares. En suma, los compromisos ascienden a $ 51.130 millones en todo el país.
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Sindicatos y movimientos sociales reclaman adelantar la suba del salario mínimo
El haber se ubica por debajo de la línea de indigencia desde febrero de este año. Su actualización impacta en planes sociales, jubilaciones y, ahora, en el piso y el tope de la ATP.
Por Alfonso de Villalobos –
El salario mínimo vital y móvil (SMVM) está ubicado, desde octubre de 2019, en $ 16.875. La línea de indigencia para una familia tipo, según el INDEC, escaló hasta los $ 17.896. El haber mínimo alcanza apenas un 39,6% de la Canasta Básica Total que mide la pobreza.
Desde octubre a esta parte, la inflación acumuló un 21,5% generando, en un semestre, un retroceso del poder adquisitivo del SMVM de un 17,7%. En 2019, la suba del 35% se otorgó en tres cuotas consecutivas que coincidieron con el proceso electoral.
Desde junio del año pasado a esta parte, la caída en términos reales acumuló un 6,3% cuando entre octubre de 2019 y el mismo mes de 2018 se había registrado una suba en términos reales del 5,3%, que sirvió para volver a ubicarlo por encima de la indigencia. Hoy se encuentra seis puntos por debajo de esa línea. De no mediar una convocatoria oficial al Consejo del Salario, el mínimo seguirá retrocediendo.
Ese haber, que durante muchos años operó apenas como referencia para el sector no registrado, de un tiempo a esta parte, influye en forma directa en las jubilaciones (no pueden ser inferiores al 82%) y en los programas remunerados con el Salario Social Complementario que están fijados en un 50% del SMVM. Ahora, además, es la referencia para el piso y el techo del valor del Salario Complementario que el Estado entrega vía el ATP, que va de uno a dos salarios mínimos.
No existe impedimento legal para que el Consejo del Salario, que tradicionalmente se constituye en los meses de junio o julio, sea convocado por la cartera laboral. El ministro, por ley, es quien lo preside y tiene la potestad de convocarlo. Es lo que ocurrió, por caso, en el año 2016, cuando el 19 de mayo se fijó un incremento cuya primera cuota comenzó a regir en junio de ese año.
Es por eso que, en este contexto, organizaciones sociales y sindicales ya reclaman la conformación del organismo para actualizar de manera urgente ese monto.
El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, señaló a Tiempo que “habíamos planteado la necesidad de adelantar la convocatoria no solo por el mínimo sino también por los despidos y las suspensiones para sectores que el paraguas del decreto los deja a la intemperie”.
El dirigente confirmó que “el Ministerio de Trabajo puede realizar una convocatoria anticipada con razones fundadas en la emergencia”.
Desde las organizaciones sociales, Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, recordó que “el salario complementario que cobran cooperativistas y trabajadores precarizados en las provincias y municipios ha quedado muy por detrás de la inflación. El Consejo nunca ha seguido siquiera el proceso inflacionario”.
Para el dirigente, “con la crisis del coronavirus, su monto es prácticamente inexistente cuando la canasta familiar supera los $ 60 mil”.
Fuentes de la cartera laboral reconocieron que “no está prevista por el momento la convocatoria, aún hay tiempo. En la agenda hay otras temáticas del mundo del trabajo más urgentes”.
En la misma línea, el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, señaló que “estuvimos en una reunión con el ministro y no lo planteamos. Estamos tratando de mantener el salario. Hay otras prioridades. Por ejemplo, saber si van a pagar salarios o aguinaldos”.
Desde una de las organizaciones sociales más afines al gobierno, la UTEP, Nicolás Caropresi señaló que “estamos armando un pliego reivindicativo. Necesitamos que el Consejo se reúna cuanto antes porque el monto del SSC es de $ 8500 y el INDEC pone la línea de pobreza en $ 42 mil y la de indigencia en $ 17 mil”.
El reclamo también viene desde la CTA Autónoma cuyo titular, Ricardo Peidró, señaló que “se tendría que abrir en julio, pero se podría abrir igual para establecer un salario universal y complementarlo con el impuesto a la riqueza”.
En la misma línea Caropresi recordó que “muchos compañeros quedaron afuera del IFE y viven con $ 8500. Mientras, le dan $33 mil a los sectores más acomodados: dos salarios mínimos y sin ninguna restricción”.
Para el gobierno, por eso, la suba del SMVM resulta problemática. Es que, por un lado, afectaría el presupuesto destinado a los programas de Desarrollo Social y a la ATP que financia con fondos de ANSES. Por el otro, la actualización resultaría una indicación política en favor de la apertura de las paritarias 2020 que el sector empresario no tiene intención de abordar.
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Resbalón del estatuto de apps: ante el rechazo de abogados laboralistas uno de los redactores amagó con retirarlo
Alejandro Ferrari, una de las plumas del estatuto pensado para regular el trabajo en plataformas digitales de reparto, expuso el proyecto ante laboralistas. Frente al rechazo, incluso del letrado del gremio del sector, habló de retirarlo: «Habrá que olvidarse del estatuto y aplicar la Ley de Contrato de Trabajo».
Alejandro Ferrari uno de los redactores del proyecto de regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto de mercaderías, expuso en una charla con abogados laboralistas. Y la cosa fue menos amena de lo esperado.
En el marco de un conversatorio «Trabajo de Plataformas» organizado por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, Ferrari, uno de los asesores del Ministerio de Trabajo de la Nación, discutió sobre el borrador y se llevó la sorpresa de encontrar un cuestionamiento generalizado. Y hasta terminó amagando con retirar el proyecto por la falta de apoyo de los trabajadores de la actividad.
«Estas empresas no actúan como meras intermediarias, sino que intervienen activamente, tienen fines de lucro y obtienen beneficios», señaló Ferrari en lo que fue su exposición inicial. «En este universo de trabajadores hay una importante tendencia a la contratación mediante la figura de la locación de servicio que no refleja la naturaleza jurídica de la relación y excluye a los trabajadores, fraudulentamente categorizados como monotributistas, de las garantías contenidas en el artículo 14 bis».
Por lo que aseguró que hay tres posibilidades: «Aplicar la ley de contrato de trabajo, encarar un régimen especial o considerarlo como un trabajo autónoma, que es la propuesta de las empresas».
Sin embargo el problema surgió al momento de debatir el borrador que también lleva las firmas de los asesores Pablo Topet y Eduardo Álvarez.
En la apertura del debate, Liliana Litterio fue muy crítica. Advirtió que el Art 1 del escrito habla más de autonomía que de dependencia. «No queremos que la protección sea menor a la de contrato de trabajo, sino que tengan una relación acorde a la tarea que realizan».Además pidió «darle un espacio a la negociación colectiva».
«También hay que acentuar al control, porque el trabajo se realiza único, pura y exclusivamente en la calle», argumentó Litterio.
La negativa más contundente llegó de parte de Juan Manuel Loimil Borras, abogado de ASSIM, gremio de motoqueros: «Yo no soy partidario de que esta actividad se regule mediante el estatuto. La plataforma no es una actividad, la actividad es la mensajería y reparto y la plataforma es una herramienta».
«Las cuestiones novedosas pueden ser tratadas mediante la negociación colectiva entre las partes involucradas», agregó el letrado del gremio con personería gremial para la actividad.
Ante las negativas Ferrari se mostró sorprendido: «Escucho muchas voces que creen que la actividad no tiene la especificidad suficiente para aplicar un estatuto. Entonces habrá que olvidarse del estatuto y aplicar la Ley de Contrato de Trabajo», se defendió.
«Para que este proyecto se convierta en una ley tiene que estar apoyado, en principio, por los trabajadores de la actividad. Si yo escucho que los trabajadores de ASIMM no quieren estatuto y bueno, no vamos a impulsar un estatuto. Tenía entendido otra cosa», cerró.
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Aguinaldo hasta en 6 cuotas y con un ATP específico, las alternativas en estudio
El 54% de las pymes industriales de todo el país estimó que no podrá efectivizarlo»; la ayuda del Estado podría darse en dos partes
El combo de incertidumbres laborales varias llegó al capítulo Sueldo Anual Complementario (SAC) 2020. El 54% de las pymes industriales de todo el país estimó que no podrá hacer frente a dicha acreditación. Daniel Rosato, el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), describió los resultados de una encuesta federal de esa organización sobre 220 compañías, compulsa en el escenario de pandemia.
La financiación, a criterio del empresario es uno de los nudos más complicados para avizorar el pago del SAC. Además de los dichos a grabador abierto de Rosato a la agencia NA una suerte de corrousel de empresarios pymes le detallaron a BAE Negocios la misma alternativa y peores escenarios.
Frente a este tema que ocupó conversaciones por celular, zoom y otras variantes, se resaltó también una de las voces cantantes de la CGT, Héctor Daer, quien ratificó que «el aguinaldo es el aguinaldo y no está en debate y como establece la normativa se tiene que pagar».
Más allá de los dichos del también referente de Sanidad, en Azopardo abrazaron una luz de esperanza con la prolongación para frenar despidos que activó la Casa Rosada.
Sin perjuicio de ello fruncirán el ceño en el sector gremial metalúrgico cuando las patronales les blanqueen que «dada la situación económica es posible que el pago del SAC se reparta en 6 cuotas mensuales», según deslizó otro informante desde las cámaras de ese rubro.
Sintonía de esa confidencia con lo expresado por Rosato en cuanto al punto crítico del SAC: «El gran problema pasa por el financiamiento, que llevó a muchas empresas a atravesar una crítica situación económica. Sin capital, no se pueden comprar insumos ni pagar salarios: está rota la cadena de pagos», refrendó el referente pyme.
Rubros como comercio, gastronómicos, construcción están muy complicados, admiten en los gremios respectivos. Pero también tratan de robustecer una esperanza en cuanto a la definición de un » ATP versión aguinaldo», validado en dos mensualidades. Que de hecho, admiten es la dinámica de muchos empleadores del mercado no sólo industrial.
A riesgo de obviedad se remarca también que el «estatus crítico» no comprende a otras empresas: el economista Sergio Chouza recordó a este diario que 280 empresas no tenían problemas financieros para cubrir los pagos de su personal y solicitaron los ATP para «distribuir utilidades y comprar dólares vía contado con liquidación». El especialista, no obstante, consideró al analizar el escenario general que el Gobierno podría establecer herramientas para ayudar a los empleadores.
Todo el sector de trabajadores de la administración pública o empresas del Estado también está atento a cualquier novedad. Aquí la cuestión no tiene que ver con empleadores privados, sino en «vivo y en directo», con el equipo de gestión del presidente Alberto Fernández.
El tono crítico de varios referentes sindicales, incluso el propio Daer, en cuanto a la versión » ATP para gerentes» que luego se corrigió, hace foco en ministerios claves a la hora de definir medidas para el campo del trabajo y la economía. Incluso porque se apuntó que las «excusas oficiales» para los errores que marcaron las centrales obreras sobre los ATP versión premiun, no conformaron a dirigentes sindicales que no compartirían un café en una mesa, aún si terminara la cuarentena mañana.
Llegó junio y Arcioni todavía no terminó de pagar los sueldos de marzo
La Asociación del Personal Legislativo (Apel) de Chubut denunció hoy que el gobierno de la provincia mantiene incompleto aún el pago de los salarios correspondientes a marzo de los trabajadores correspondientes al llamado «cuarto rango», que cobran los haberes más altos.
La falta de pago comprende a miembros del Poder judicial, agentes de servicios públicos, empleados del Poder Legislativo y algunos docentes jerarquizados con salarios superiores a 150 mil pesos.
«Estamos en el mes seis del año y cobramos completos sólo dos meses, enero y febrero, porque marzo todavía se debe», dijo en diálogo con Télam el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (Apel), Ángel Sierra.
Agregó que el Gobierno nacional habilitó una línea de financiamiento para Chubut de 5.000 millones de pesos, pagaderos en dos cuotas, una en junio y la otra en julio, con lo cual el gremio espera que el gobierno provincial lo destine al pago de salarios.
Para eso, Apel deberá levantar el paro de actividades que mantiene por tiempo indeterminado para que se pueda desarrollar la sesión en la Legislatura que permita avalar el endeudamiento.
«Nosotros somos trabajadores y necesitamos cobrar, estamos de paro por eso, no porque no queremos que funcione la legislatura», indicó Sierra.
Al segmento con mejores salarios incluidos en el «cuarto rango» que no percibieron completo el sueldo de marzo, se suman los que están en el «primer rango», que son los estatales que perciben menos de 40.000 pesos y que la última vez que cobraron fue el 24 de abril.
En este segmento está la mayor parte de los agentes de la policía con menor antigüedad, que son los encargados de ejecutar los controles en rutas y accesos urbanos para evitar que el virus se propague en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que impuso la pandemia de coronavirus.
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Córdoba paralizada: 50 días sin transporte interurbano y 25 sin servicio urbano
El servicio de transporte urbano de colectivos lleva 25 días sin actividad en Córdoba, en tanto que los interurbanos alcanzan ya los 51 días paralizados por retención de tareas de los trabajadores debido a diferentes reclamos gremiales.
Los gremios atraviesan días de negociaciones con las autoridades, que ante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus no tomaron decisiones aceleradas para el regreso de los distintos servicios.
De acuerdo a las últimas tratativas que se realizaron la semana pasada, los trabajadores del servicio interurbano aceptaron un Convenio de Emergencia para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva.
El acuerdo comprende el reconocimiento del 100% de los haberes de marzo, y del 75% en concepto de prestación no remunerativa de los haberes de abril y mayo, por lo que se avizora una vuelta a la actividad en los próximos días.
Diferente es la situación del transporte urbano, ya que el Municipio reclama fondos a la Nación para destrabar el conflicto salarial, y el gremio no estableció una fecha tentativa para el regreso del servicio, mientras los choferes argumentan que todavía no cobraron la remuneración correspondiente al mes de abril.
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Los testimonios que confirman la explotación laboral en el grupo Vía Bariloche
Un Fiscal de La Pampa y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata elevaron denuncias para que se investigue la posible explotación de peones chaqueños. Los trabajadores fueron llevados a un campo de ese grupo económico y obligados a vivir en condiciones inhumanas. “A veces había para comer y otras no”, dijo uno de ellos. Para evitar una inspección judicial fueron trasladados escondidos de urgencia en el remolque de un camión precintado y en la caja de una camioneta. Por Sebastián Premici y Santiago Rey
“A veces hay para comer y otras no. La mayoría de las veces nunca llegamos a tener todas las cosas que necesitamos para el alimento. Te llevaban por ejemplo cada tres días dos kilos de carne para compartir entre 6 o 8 personas y eso no alcanza. Y cuando les pedís te dicen ‘¿qué hicieron con la carne?’”. O.C no quiere dar a conocer su identidad. Teme por las represalias que pueda tomar el poderoso Grupo Económico Vía Bariloche, propiedad de la familia Trappa y de la estancia “Cabaña Curaco”. En diálogo con En Estos Días y Agencia Cadena del Sur, cuenta que en el monte pampeano trabajaban hachando durante nueve horas por día, de lunes a lunes, dormían en casillas de chapa, algunas con piso de tierra, y soportaban sin frazadas el frío de las noches en el campo.
Cobraban en negro menos de lo estipulado en el convenio del peón rural, y fueron encerrados y precintados en el remolque de un camión durante un viaje de ocho horas, entre General Acha -La Pampa- y Cipolletti -Río Negro-.
El responsable de ese maltrato que ya investiga la Justicia Federal de la Pampa bajo la figura de “presunta trata de personas para fines de explotación laboral”, es el Grupo Económico Vía Bariloche, propietaria de “Cabaña Curaco”, hasta donde todos los años traslada peones chaqueños para realizar la tarea de desmonte, apeo de árboles y hacheo.
La gravedad de la situación generó que el Fiscal provincial, Juan Méndez, elevara a su par Federal, Leonel Gómez Barbella, un pedido para que investigue la posible comisión del delito de trata. En un mismo sentido, el Comité Ejecutivo contra la Trata y la Explotación de Personas decidió abrir un expediente y elevar las actuaciones a la Procuraduría especializada en la temática (Protex), organismo que ya fue convocado para la investigación sobre lo sucedido en la estancia “Cabaña Curaco” a pedido de Barbella.
La tarea de averiguación alcanzará a la forma en que la empresa trasladó a los trabajadores, de urgencia y de madrugada, desde la estancia en General Acha hasta Cipolletti, en el Alto Valle de Río Negro. Son 450 kilómetros que un grupo de peones recorrió encerrado en un camión semi remolque de la empresa Vía Cargo -del mismo grupo-, y otro en la caja de una camioneta, a la intemperie, sin abrigo, tal como relató a este diario otro de los peones.
Denuncia
El caso quedó en evidencia el sábado 23 de este mes, en horas de la noche, cuando un vecino de Cipolletti informó de manera anónima a la Unidad Cuarta de la Policía de Ciudad, que del remolque de un camión de traslado de encomiendas bajaron “alrededor de 20 personas”.
Cuando el Fiscal del Ministerio Público provincial Martín Pezzetta llegó a la escena, un micro de la empresa El Valle -también propiedad de Vía Bariloche- interno 59754, tenía el motor encendido y pretendía salir raudo hacia Buenos Aires, con los hacheros a bordo. No había autoridades sanitarias ni de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), organismo responsable de controlar que la cantidad de pasajeros coincida con el Documento Universal de Transporte (DUT), más la documentación que tiene que tener la empresa transportista con el visto bueno de las autoridades provinciales, en este caso Río Negro y Buenos Aires, que era el destino final del viaje.
“Nosotros somos trabajadores de la empresa”, repetían los hacheros ante el fiscal Pezzetta. Es decir, los peones reconocieron en ese mismo momento -o dieron a entender- que habían estado trabajando dentro de un campo administrado por Vía Bariloche, sacados intempestivamente durante la noche desde La Pampa.
Sin embargo, el fiscal optó por no tomar ninguna declaración testimonial por considerar que esas personas estaban “simplemente de tránsito”. De todas maneras, Pezzetta ya bajó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, solicitadas a la Municipalidad de Cipolletti; mañana ya podrían estar en manos de la fiscalía federal de La Pampa.
Por otro lado, está pendiente la declaración testimonial de los policías que recibieron la llamada anónima, fueron los primeros en arribar y dialogar con uno de choferes del camión, quien confirmó que “al llegar a la base de la empresa en esta ciudad (Cipolletti) y dirigirse a cortar el precinto del acoplado y abrir las compuertas, observa que en el interior habría 20 personas aproximadamente”, según el acta policial al que accedió este diario.
A ese grupo de peones se le sumó otro que fue trasladado en la caja de una camioneta. “Salimos en camioneta, en la parte de atrás, así nomás. Sin abrigo, nada. De la estancia eran las nueve de la noche y nos dijeron que nos teníamos que ir y llegamos de madrugada (a Cipolletti). Después nos subieron a un micro y nos trajeron a Buenos Aires”, cuenta a En Estos Días y Agencia Cadena del Sur M.R, peón de 26 años con dos hijos, quien también pide preservar su identidad.
Durante la semana, la empresa se había comprometido a emitir un comunicado con su versión de los hechos, pero hasta ahora mantuvo el silencio.
Hambre y frío
¿Pero por qué el grupo Vía Bariloche trasladó de urgencia a los trabajadores chaqueños desde la estancia “Cabaña Curaco” hasta Cipolletti? La hipótesis que maneja el Fiscal Méndez y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, es que los empresarios intentaron evitar que los peones sean encontrados durante una inspección ocular.
Méndez había solicitado esa diligencia para intentar determinar si la empresa violentó la norma vigente de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el marco de la pandemia. Quería averiguar si un grupo de hacheros trasladados por Vía Bariloche había sido ingresado clandestinamente a la estancia, sin cumplir con la cuarentena.
Al llegar la inspección ocular, los peones ya habían sido movidos de los campamentos, previo a su traslado hasta Cipolletti donde Vía Bariloche tiene su principal base de operaciones. Sin embargo, los funcionarios judiciales y los uniformados de la División de la Policía Rural de La Pampa comprobaron la forma inhumana en que los trabajadores eran obligados a vivir.
Las condiciones de trabajo en “Cabaña Curacó” eran extremadamente precarias: la comida no siempre alcanzaba, a los peones no les dieron ropa adecuada para cortar la madera, se bañaban a la intemperie con agua fría y les pagaron en negro. Así lo relataron a este medio tres peones chaqueños que estuvieron dentro de la Estancia.
“Trabajamos diez días y nos pagaron 10 en negro”, explica M.A.R. Cuando dice 10 se refiere a 10 mil pesos. Al llegar a Buenos Aires, Vía Bariloche los ubicó en al menos “dos casas”. M.A.R está ahora con seis compañeros. Pero la familia de otro peón contó a este diario que “están en uno de los galpones de la empresa”, ubicada en Retiro.
Según el acta el acta de la División de la Policía Rural de General Acha, se encontraron tres campamentos vacíos, pero con huellas de que habían estado trabajando hasta hace poco.
“Se puede denotar varias huellas de vehículo; en esa altura podemos ver una casilla, con varias máquinas agrícolas al lado de la misma, al bajarnos constatamos que se trataría de un asentamiento o campamento en abandono de trabajadores rurales, el mismo está compuesto por un colectivo de color blanco, desarmado y en desuso y una casilla, como así también hay una habitación precaria compuesta de chapa al medio de dichos vehículos”, puede leerse en el documento oficial.
El baño consistía en cuatro postes y una lona para simular privacidad y un balde. Para bañarse, agua fría. Para la noche, los peones carecían de frazadas y abrigos. “Estábamos solo con lo puesto”, explica a este diario otro de los peones de 48 años que formó parte de un grupo que estuvo hasta el 13 de mayo. Era su segundo año consecutivo en la “Cabaña Curaco”.
“Nuestro pago por día era de 1000 pesos y era un laburo medio rústico en todo sentido porque se laburaba en el monte, entre todos los peligros. Una vez casi me picó una víbora, por suerte la alcancé a ver, salté y no quedó otra que matar a ese bicho. Aparte de eso teníamos que viajar todos los días en un tractor con acoplados, 4 o 6 kilómetros dentro del campo”, relata.
– ¿Les dieron ropa?
– No, no, no, nada, nada. Era lo que nosotros teníamos nomás. Yo entré una vez al depósito de la cabaña y había colchones nuevos y frazadas pero nos dieron un colchón finito y nada para abrigarnos, más con el frío que hace ahora. Lo único que teníamos era lo que llevábamos desde acá porque ahí no nos dieron nada.
La empresa había pactado un pago de mil pesos por día, aunque algunos recibieron menos, como en el caso de S.L., que por 62 días de trabajo obtuvo 740 pesos por jornada. La actividad de los hacheros en La Pampa no tiene un salario regulado por la Comisión Nacional de Trabajo Rural. Por ende, se les debería pagar lo estipulado para los peones generales: un mínimo de 1293 pesos. Todos cobraban menos, y en negro.
– ¿Dónde les pagaban?, le preguntó este diario al hachero de 48 años
– La primera vez que estuve con ellos, en Retiro, en la misma empresa de los colectivos. En la boletería de Vía Bariloche ahí estaba el contador de la empresa y ahí retiraba la plata nuestro delegado del grupo. Pero esta vez el pago fue directamente en manos del patrón, todo en negro.
Las jornadas laborales estaban divididas en dos, por la mañana y la tarde; en total hacían nueve horas de trabajo, de lunes a lunes. “Depende como aguante tu cuerpo”, explica S.L, hachero de 29 años. Otros lograban imponer su reclamo y solamente cortaban leña de lunes a sábado. ¿La comida? Había que pelear cada gramo de carne.
“A veces hay para comer y otras no, siendo una empresa grande. La mayoría de las veces nunca llegamos a tener todas las cosas que necesitamos para el alimento. Te llevaban por ejemplo cada tres días dos kilos de carne para compartir entre seis y ocho personas y eso no alcanza. Y cuando les pedís te dicen ‘¿qué hicieron con la carne?’ Anotan todo ahí en la cabaña. Realmente le explotan a uno trabajando y con malas condiciones de alimentos”, explicita O.C, padre de 7 hijes.
Fuentes de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de La Pampa confiaron a En Estos Días y Agencia Cadena del Sur que, “en años anteriores”, se labraron multas a “Cabaña Curaco” por “trabajo no registrado” y malas condiciones laborales.
La grave situación provocó que el Gobierno de La Pampa, a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, presentara ante la Fiscalía Federal de Santa Rosa un pedido para que se investigue “la presunta comisión del delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral”, según se informó oficialmente. En cambio, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) sólo informó que “es una cuestión a investigar por la Justicia local”.
Por su parte, el Gobierno de Río Negro eligió el silencio. Sus funcionarios nada dijeron sobre el ingreso a la Provincia en condiciones irregulares de por los menos dos grupos de personas escondidas en un camión y en la caja de una camioneta.
El campo y la empresa
Desde junio de 2018 hasta abril de 2020, el ministerio de Trabajo de la Nación elaboró 53 “Actas de Constatación de Indicios de Explotación Laboral”, con un total de 478 potenciales víctimas, según datos que surgen de un Pedido de Acceso a la Información. De ese total, el 88 por ciento de los damnificados se desempeñaban en el sector rural (421 trabajadores sobre un total de 478). Hacia el interior de la actividad, más del 50 por ciento de los casos correspondieron a explotaciones forestales.
“¿Cómo no van a ir encerrados en un conteiner si tienen que mantener a sus familias?”, se pregunta Ana Cubilla, integrante de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria. “Las provincias no están preparadas para darle trabajo a sus campesinos. Por eso creo que hay poner el acento en la necesidad de la industrialización del campo, de poner valor agregado en origen. Si la producción, en este caso en Chaco, fuese diversificada y si tuviéramos valor agregado en origen, estos hacheros no tendrían que viajar dentro de un camión, encerrados”, concluye.
La familia Trappa, propietaria de Vía Bariloche, mantiene estrechos vínculos con el Gobierno rionegrino. Esa relación creció durante la gestión de Alberto Weretilneck como Gobernador (2012-2019), aunque el vínculo comenzó cuando fue Intendente de Cipolletti (2003-2011). La empresa también se benefició durante el macrismo.
La familia se vio beneficiada con contrataciones directas y distintas licitaciones del Estado rionegrino, que hoy continúan. El Gobierno provincial de Anabela Carrera sigue comprando leña para el Plan Calor a la estancia “Cabaña Curaco”, que, como se explicó en esta investigación, se nutre del trabajo no registrado de peones chaqueños para optimizar sus ofertas en las licitaciones.
La Municipalidad de Cipolletti, a cargo de Claudio Di Tella, también compra a “Cabaña Curaco” la leña del Plan Calor. En 2019 se pagaron 6.110.000 pesos para la adquisición de “leña dura seca tipo caldén”; mientras que este año la oferta de los Trappa en la licitación correspondiente fue de 11.390.000 pesos.
Macri, su ministro Dietrich y los Trappa en Vía Bariloche
Con el aval de Mauricio Macri, los Trappa lograron la extensión contractual sin licitación hasta el año 2056, para la explotación de los medios de elevación en el cerro Catedral.
Se trata de un negocio varias veces millonario que incluye la autorización para el desarrollo inmobiliario de 70 hectáreas en la base del cerro.
Esa eternización fue firmada por el Intendente Gustavo Gennuso, socio político de Weretilneck y Arabela Carreras, e integrante del partido provincial Juntos Somos Río Negro.
Un negocio que además tenía por objetivo beneficiar de manera directa a Nicolás Caputto, “hermano del alma” de Macri.
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Senegaleses en Argentina: “En cuarentena nos ayudamos entre nosotros, como podemos”
Jóvenes trabajadores senegaleses que viven en la Argentina afirman que “la lucha siempre es la que libera” y que “para recibir lo que merecemos, sentados no lo vamos a lograr”.
Los trabajadores inmigrantes, y en particular los africanos llegados desde Senegal, aunque pasen los gobiernos vienen siendo objeto de la brutalidad policial en la vía pública, manifestada en arrestos, armado de causas e incluso la irrupción en sus viviendas y locales robándoles sus pertenecías.
A esta situación ya difícil se suman los más de 70 días de cuarentena. Más de seis mil senegales enfrentan esta situación.
Khalil resume la situación. “Vivo en Argentina y soy vendedor ambulante en la calle. Es muy difícil porque la Policía no deja nunca que trabajemos y maltratan feo a los muchachos. No tengo otra oportunidad para abrir un local porque es mucha plata y tengo que ayudar a mi familia que está en África para vivir. La pandemia es muy difícil por todos lados, pero es mucho peor cuando sos extranjero porque estamos lejos de nuestra familia, y la familia allá piensa también en nosotros acá con pandemia y están preocupados”.
“Cuando veo lo que está pasando en Estados Unidos, con el asesinato de George Floyd, es una vergüenza. Se nos rompe el corazón y siempre yo me digo: ¿el racismo no se termina nunca en el mundo?”, pregunta Khalil.
Ous Mansour vive en la Ciudad de Buenos Aires. Recuerda que hace cinco años que vive en el país y que el viaje desde África “fue de una, rápido. Como cualquier joven tenía ideas, el sueño de salir del país, a veces por la economía; sueños de conocer otro mundo, otra gente. Yo por mi parte era eso, obvio que en cualquier país que esté no voy a ser vago, también para hacer mi economía, mi vida. Dejé cosas importantes: hacía el primer año en la Universidad de Dakar. Ahí estudiaba derecho y tuve que dejarlo para venir acá. Cuando me vine la idea era estudiar y también mi familia quería eso. Adonde yo vaya tengo que seguir estudiando. Uno de mis sueños era ese, pero así en la situación que estaba tenía que trabajar. No digo que era imposible, pero difícil. Ir a trabajar, salir a vender después me gustó, y así sigo trabajando”.
Sobre la situación en cuarentena, Ous comenta que “es difícil, no sólo para nosotros sino para todos. Para nosotros es más difícil, porque dejamos las familias, el cien por ciento de las familias depende mucho de nuestra ayuda para vivir. Así dejamos las familias y nosotros necesitamos mantenernos y para mantenernos necesitamos trabajar, tener dinero de entrada para poder vivir. La verdad somos una comunidad muy solidaria. Creo yo que nos estamos ayudado mucho entre nosotros hasta donde podemos llegar”.
En cuanto a la pregunta sobre si recibió ayuda de la IFE, el joven senegalés comenta que él no y no conoce “a uno que lo haya recibido. Obvio que eso también no nos hace ni más ricos, ni más pobres, pero no tuve la oportunidad de recibirla. Nosotros también estamos en la Argentina, somos parte de su población, tenemos nuestras vidas acá y tenemos derechos como los nativos acá. Pero hay mucha gente que no la recibió, que son argentinos y no la recibieron”.
Ante las movilizaciones en Estados Unidos por justicia para George Floyd, Ous dice que “en realidad en el mundo siempre hubo racismo, pero creo que esa mentalidad en el 2020 debería cambiar sobre todo en la juventud. Hoy un argentino puede estar en Estados Unidos, un africano en Europa, un europeo en América. Siempre fue así y siempre será así, sea negro, blanco, amarillo o rojo. Todos somos iguales. En mis charlas, en mis ideas sobre el racismo siempre pensé así”.
“Muchas veces fui víctima del racismo, pero lo tomo como una persona ignorante. Sé quién soy y lo que valgo. Nunca delante de una persona me sentiría menos o más. Eso es algo muy malo porque la vida uno sabe dónde empieza y nunca nadie dónde termina. Por eso hay que respetar a los demás el color de piel o las ideas políticas, las condiciones sociales, no nos hacen diferentes, somos todos humanos e iguales”, afirma Ous Mansour.
Por último, dando un saludo a las y los jóvenes precarizades que se movilizaron el último viernes en el Obelisco y otras ciudades del país junto a la Red de Trabajadorxs Precarixs e Informales, Ous les manda “fuerza, que la lucha siempre es la que libera, porque para recibir lo que merecemos estoy seguro que sentados no lo vamos a lograr, tenemos que luchar para que nos den lo que merecemos. Hay que luchar con ideas, con buenas cosas, por eso sigan así, yo los apoyo mucho y espero que logremos el mundo que queremos”.
Envio:RL
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