Encuentro en Olivos por el destino de la cerealera
Alberto Fernández al CEO de Vicentin: "El objetivo es el rescate de la empresa"
Fernández abrió una instancia de diálogo con el empresario Sergio Nardelli, quien planteó la posibilidad de presentar una "propuesta superadora" a la expropiación.
Por Fernando Cibeira
Alberto Fernández al CEO de Vicentin: "El objetivo es el rescate de la empresa".
Imagen: Télam
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El presidente Alberto Fernández abrió una instancia de diálogo con las autoridades de la intervenida Vicentin para ver si encuentran una "propuesta superadora", diferente a la ya dispuesta. En el encuentro mantenido en Olivos, el Presidente les explicó que no es amigo de las expropiaciones pero que en este caso resulta la única vía legal para rescatar la empresa, dado que el Estado es el principal acreedor y la firma está concursada. Antes de ingresar a la quinta, el CEO de la cerealera, Sergio Nardelli, había planteado su idea de que la solución tenía que ser "privada". Este viernes, Nardelli se reunirá con el interventor Gabriel Delgado con el compromiso de mostrarle todos los libros con los números de la empresa y comenzar a elaborar esa solución alternativa que deben presentar antes de que se venza el mandato de 60 días de la intervención. En el Gobierno eran escépticos respecto a la posibilidad de que surgiera una salida potable distinta.
"Nos parece clave que se haya abierto una instancia de diálogo productivo", sostuvo a la salida de Olivos el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien actuó como vocero de la reunión. Agregó que el Presidente había sido muy claro en cuanto a que "el objetivo es el rescate de la empresa" y que, por lo tanto, estaba dispuesto a escuchar si le acercaban alguna "propuesta superadora", expresión que repetían anoche todos los funcionarios que participaron del encuentro. La duda era cuál podía ser esa instancia, porque no hubo nada concreto sobre la mesa. En Gobierno insistían que no veían nada mejor que la expropiación y que, seguramente, esa terminaría siendo la resolución final.
En algún momento, Nardelli deslizó la posibilidad de que Vicentin sea absorbida por la división agro de YPF, que se encargará ahora de su gestión a través de un fideicomiso. Pero le respondieron que por una cuestión estatutaria esa unión no era factible. "El tiempo corre. En la medida que pasen los días es peor porque la empresa sigue perdiendo prestigio y nadie va a querer seguir trabajando con ella", evaluó el Presidente. Del encuentro de ayer en Olivos participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Agricultura, Luis Basterra, junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.
Una de las quejas que planteó Alberto Fernández fue sobre las formas en que la cuestión se había buscado presentar públicamente, como si se tratara de una pulseada política cuando lo que el Gobierno buscaba era una solución al entuerto en el que se había metido la propia empresa en convocatoria de acreedores, cuya situación tenía en vilo a 2.600 pequeños productores y a la planta de trabajadores de la cerealera, ambos la espera de cobrar lo que se les adeudaba.
Antes, Fernández le había trasladado la misma queja al intendente de la localidad de Avellaneda, el radical Dionisio Scarpin, quien organizó la movilización contra la intervención. En una conversación telefónica, le dijo que el Gobierno no tenía ninguna responsabilidad en el tendal que había dejado Vicentin, entre quienes seguramente había también habitantes de su localidad y de los alrededores. Ayer, Scarpin evaluó la apertura de la mesa de diálogo como "muy importante".
De hecho, en Olivos marcaban que uno de los objetivos de la reunión había sido distender el clima y mostrar que no había una animosidad especial con Nardelli por haber sido aportante de la campaña de Mauricio Macri. Insistían en indicar que consideraban a Vicentin de una importancia estratégica para el país y que no permitirían que quedara en manos de uno de los grandes jugadores extranjeros del negocio agroexportador. Para más, a precio de saldo. Deberá ser una de las variantes que tenga Nardelli en la elaboración de su propuesta. "Creo que la salida de la empresa debe venir del sector privado", fue la escueta respuesta que dio el empresario a su ingreso frente al portón de Olivos.
Dado que, como les advirtió el Presidente, el tiempo corre, hoy mismo se reunirán con Delgado para poner a su disposición toda la información que requiera sobre las finanzas del grupo, que está diversificado en varios rubros y con presencia en todo el país. Como condición a la realización del encuentro, Fernández planteó que la empresa debía acatar el DNU que dispuso la intervención, cuestión que se resolvió al mediodía. El subinterventor Luciano Zarich ingresó a la sede administrativa en la localidad de Avellaneda junto al escribano oficial Carlos Gaitán y directivos de la empresa, que firmaron el acta rubricando el traspaso formal al que se habían resistido.
12 de junio de 2020
Diálogo sin concesiones por Vicentin
El Gobierno escucha y avanza La intervención comienza a actuar.
La UIF querella. Alberto abre el diálogo sin frenar la iniciativa. Disposición a escuchar alternativas, si aparecieran. Los dueños de Vicentin, sin hacerse cargo. Presencia y protagonismo de Perotti, otro objetivo.
Por Mario Wainfeld
Imagen: Sebastián Vargas
“Rescate” fue desde el vamos la palabra clave elegida por el presidente Alberto Fernández. El objetivo, el fin en otra jerga, es que el Estado nacional sea actor principal en el rescate de Vicentin.
Los instrumentos, los medios escogidos fueron la intervención y la expropiación que vienen en combo. Siguen siéndolo.
El concepto se reiteró en la reunión del jueves que sumó como protagonista al gobernador de Santa Fe Omar Perotti. Y, del otro lado del mostrador, a directivos y un abogado de la empresa.
AF armó el encuentro, según sus palabras, como gesto de buena fe. Puesto con más detalle: para abrir el diálogo. Para probar que lo mueve el interés general y no la animadversión o venganza hacia el principal aportante a la campaña de Mauricio Macri. Nada personal, todo institucional.
Otra funcionalidad fue darle espacio a Perotti quien participó en la previa de la decisión sorpresiva pero no en su diseño definitivo ni en el anuncio.
La liturgia enseña tanto como el sermón. El mandatario provincial salió por el célebre portón de la calle Villate. Se le reservó el rol de vocero de los dos gobiernos. Remachó el vocablo “rescate”, enalteció tradiciones santafesinas, anunció una reunión hoy mismo entre los capos de Vicentin y el interventor Gabriel Delgado. Subrayó que el presidente está abierto a escuchar “alternativas superadoras” a la expropiación que no podría ser jamás la compra por un conglomerado extranjero. Esos tópicos fueron aludidos dentro de la quinta presidencial pero, resaltan funcionarios que estuvieron en la tertulia, la supuesta “alternativa superadora” no está a la vista.
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“Alberto” sabe manejarse como anfitrión amable. Los invitados respondieron con buenos modales. Pero según fuentes oficiales, son poco creíbles. Hablan como si fueran ajenos a lo que le sucedió a Vicentin. Como si estuvieran al frente de una empresa próspera y no tuvieran una deuda faraónica. “Quieren ser rescatados sin pagar las consecuencias”, pintan desde el Gobierno dejando diáfano que en ese sentido no hay acuerdo posible, ni contramarcha en el camino emprendido.
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Los hechos enseñan tanto o más que la liturgia. La intervención entró a la sede de Vicentin en la ciudad de Avellaneda, Santa Fe. Tomaron posesión, empiezan a actuar. El primer gesto público es garantizar el pago de salarios. Lo anunció Perotti.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) que comanda Carlos Cruz se presentó como querellante en la causa penal que tramita ante el Juzgado Federal de Julián Ercolini.
El Gobierno no retractó ninguna de sus movidas respecto de la cerealera y sus cabezas. Sigue en pie la hipótesis de la fuga de divisas, un modo de vaciamiento. Subsidiado entre otros sponsors involuntarios por el Banco de la Nación Argentina mediante maniobras injustificables, posiblemente ilícitas.
La UIF es un organismo con autonomía funcional pero jamás una patrulla perdida. Como se explica en la nota de Irina Hauser propone pesquisar si medió fuga de divisas, si se fraguó la cesación de pagos que es condición necesaria para a la convocatoria de acreedores. Algo mucho más serio que negligencia en el manejo del negocio, posiblemente inscripto en el Código Penal. En la Casa Rosada y zonas de influencia cunde la misma sospecha.
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Perotti ensalzó la cultura santafesina, la tradición productiva, “el arraigo” en ciudades del interior provincial. La de Rafaela, su pago chico. Especuló con la posibilidad de que aparezca un jugador nacional. En el Gobierno nacional admiten esa perspectiva como hipótesis. Virtual, hasta ahora. “Cualquier empresa argentina parte de la base que el Estado pagará parte de la factura y Alberto no lo acepta”. Resignarse al rol de socio bobo quedaba fuera del radar el lunes, circunstancia que no cambió el jueves.
Imaginar una ingeniería legal y financiera que cubra las deudas y diseñe una nueva empresa privada acaso sería interesante. Subrayamos el potencial: hasta el cierre de esta nota no superaba el nivel de una quimera… nadie propuso una forma práctica para concretarlo. En el plano de la fantasía, si Vicentin anhelara ceder parte importante de su propiedad a los acreedores, ya lo habría concretado.
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Repasemos. El rescate preserva la fuente de trabajo, el funcionamiento económico de Santa Fe en especial y de otras provincias. La intervención en marcha, cuya legitimidad reconoce la cúpula de Vicentin y avala Perotti, consiguió que se garantizara el pago de sueldos sobre los que rondaban dudas.
Legal y prácticamente la intervención carece de finalidad si en un lapso breve no se envía al Congreso el proyecto de ley de expropiación.
El presidente --que a menudo practica un modo zen-- recibió a empresarios desacreditados e irresponsables que cometieron el milagro inverso de derrumbar una empresa en un contexto floreciente para su actividad. Tal vez no fue un milagro sino un designio. Tal vez no hubo errores de administración sino abusos en manejos financieros.
Si se corporiza una alternativa superadora se la escuchará. A condición de mantener las fuentes de trabajo, cancelar las deudas, devolver los fondos del BNA, proveedores, cooperativas etc. Sin hacer que el Estado nacional pague la factura.
Mientras no exista ese conjunto de requisitos, la medida iniciada esta semana sigue su curso. Jugadores extranjeros quedan afuera. Y eventuales jugadores argentinos, por lo que se conoce de su idiosincrasia, no dan la impresión de estar a cargo de hacerse cargo de los costos.
Sumar cooperativas a la estructura por crearse es muy otra cosa. Un prospecto difícil pero no ajeno a la voluntad de Alberto Fernández, de su equipo y del gobierno santafesino.
12 de junio de 2020
Sospechan que la empresa fugó y lavó dinero
La UIF pidió ser querellante en la causa Vicentin
El organismo trabaja con la hipótesis de que cerealera simuló su estado de cesación de pagos. Pidió la inhibición de bienes de Mauricio Macri, del ex titular del Banco Central, Guido Sandleris, de González Fraga, y de los responsables de la firma, Nardelli y Padoán.
Por Irina Hauser
Desde febrero están imputados en la causa González Fraga y los empresarios por la presunta defraudación al Estado, lo que surgiría de informes elaborados por Claudio Lozano, uno de los directores del Nación, que pusieron a la vista que la agroexportadora –principal aportante a la campaña de Juntos por el Cambio el año pasado– había recibido préstamos por 18.100 millones de pesos, por sobre los montos habilitados y obteniendo un refinanciamiento sin haber cancelado sus deudas. Es más, 5.600 millones, es decir un tercio del total de créditos fue recibido por Vicentin cuando Macri ya había perdido las elecciones. Pero el incumplimiento con los pagos fue casi simultáneo con las PASO y luego se declaró en situación de estrés financiero hasta pedir el concurso de acreedores. Sin embargo, entre 2015 y 2018 la empresa había dado un enorme salto en su facturación, hasta llegar a ser la primera en el rubro cerealero.
La presentación de la UIF, a la que accedió Página/12 por allegados a la causa, señala que Vicentin forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España. Tiene un rol importante la firma Renova, donde es socia del grupo Glencore (que terminó adquiriéndola), que ya es investigada en el país por lavado de activos por transferencias realizadas a la Universidad de Tucumán por Yacimientos Mineros de Aguas Dionisio. Renova (productora de biodisel y harina y aceite de soja, canalizadora de los negocios de granos), señala la presentación, es la firma que habría fugado ganancias de la firma al exterior. Mientras Renova crecía y se ocupaba de exportaciones, Vicentin entraba en cesación de pagos. A Glencore la vincula con firmas off shore en Bermudas, Islas Caimán y otros paraísos fiscales, según surgió en los Paradise Papers. “Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”, dice la UIF. Según este planteo, la defraudación al Estado a través de los créditos millonarios “serían delitos precedentes de maniobras de lavado”.
La hipótesis de la UIF es que “el grupo empresario que integra (Vicentin) contaría con una situación económico-financiera saludable y habría remitido buena parte de sus ganancias al exterior mediante maniobras, que se presentan al menos como sospechosas”. Pide una investigación profunda sobre la vinculación entre Vicentin y Glencore y “determinar la trazabilidad del dinero que debió utilizarse para pagar las obligaciones que la firma había contraído con el Banco de la Nación Argentina”.
El fiscal Pollicita armó un grupo de cinco colaboradores para analizar toda la documentación sobre los créditos que fue entregada finalmente ayer por el Banco Nación en el expediente. A partir de este estudio comenzará a pedir declaraciones testimoniales, para cotejar cómo fue la operatoria y cómo era el vínculo entre la Casa Rosada, González Fraga y la empresa agroexportadora. Al parecer, por los informes de Lozano, las autoridades del banco trataron de no dejar huellas, haciendo figurar las decisiones a cargo de los titulares de gerencias del Banco Nación. Pero las directivas habrían llegado desde la Presidencia de la Nación. El fiscal ya había dictaminado que dudaba sobre “la repentina crisis” de Vicentin y advertía sobre empresas controladas en el extranjero.
Es probable que la UIF sea aceptada como querallante y que se amplíe el objeto de la investigación hacia el lavado y la presunta salida de dólares hacia el exterior. También se presentó para participar la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El organismo antilavado pidió la inhibición general de bienes de Macri, del ex titular del Banco Central, Guido Sandleris, de González Fraga, Nardelli y Padoán. Es posible que se disponga para estos últimos. La querella de la UIF debe ser aceptada por el juez Ercolini. La causa parecía en un impase en medio de la pandemia, pero se activó en plena discusión sobre la intervención y el proyecto expropiación de la empresa. Recién cuando sea parte, la UIF aportará sus informes.
12 de junio de 2020
En medio de un clima tenso, con Vicentin como telón de fondo, Juntos por el Cambio abandonó el recinto
El Senado sancionó la nueva ley de alquileres
La Cámara alta también aprobó la ley de educación a distancia. El macrismo ratificó su decisión de no debatir temas ajenos a la pandemia.
Por Miguel Jorquera
Juntos por el Cambio abandonó el recinto y no votó la ley de alquileres
El Frente de Todos aprobó en soledad, con 41 votos propios, la nueva ley de Alquileres para viviendas, que había sido avalada por todos los bloques en la Cámara baja. Antes, cuando Juntos por el Cambio aún estaba en el recinto, el Senado también sancionó por unanimidad la ley de Educación a Distancia para menores de 18 años durante situaciones “excepcionales”, en el marco de la pandemia de la covid-19.
Los senadores de Juntos por el Cambio se desconectaron y abandonaron la sesión para negarse a acompañar la sanción de la ley de Alquileres, con el argumento de que el tema no forma parte de la emergencia por la pandemia y que no debía formar parte de las sesiones remotas acordadas por el Congreso. Los opositores también cuestionaron la media sanción a la suspensión por 60 días la inscripción de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), impulsada por el oficialismo por considerar que se excluye al Estado del sistema de control del registro de esas empresas.
La Cámara alta volvió a sesionar en un clima tenso y con duras acusaciones entre oficialismo y oposición. El debate estuvo cruzado por la intervención y expropiación de la cerealera Vicentin, en cesación de pagos y cuyos principales acreedores son los bancos públicos.
La estrategia parlamentaria que se trazó la alianza opositora antes de la sesión, fue el anticipo de un debate ríspido. Juntos por el Cambio arrancó con una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de la bancada de senadores oficialista, José Mayans, por “vulnerar una norma interna” e “incumplir los acuerdos políticos” (ver aparte).
Luego, ocupó gran parte de la lista de oradores en el primer punto de la sesión, Educación a Distancia, para destinar el mayor tiempo de sus intervenciones a cuestionar distintas decisiones del Gobierno nacional, donde la expropiación de Vicentin tuvo un lugar destacado.
Tras la sanción por unanimidad (70 votos) de la Educación a Distancia para menores de 18 años durante situaciones “excepcionales”, mientras dure el aislamiento, social preventivo y obligatorio para el sistema educativo, JpC abandonó la sesión virtual.
Entonces, el FdT avanzó en soledad en la aprobación de la Ley de Alquileres. Además le dio media sanción al proyecto del senador Oscar Parrili (FdT) que suspende temporalmente la inscripción de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), para que el Estado pueda controlar su registro.
El jefe del interbloque de JpC, el radical Luis Naidenoff, sintetizó en el cierre de su exposición los reclamos de correligionarios y sus socios macristas. Calificó el mensaje del Presidente Alberto Fernández para anunciar la intervención y expropiación de Vicentin, como “demencial desde lo político”. Insistió en el que el “vicio del Presidente” fue “arrogarse facultades” del Ejecutivo que no le corresponden y “la torpeza de establecer por decreto la intervención” de la cerealera. “Es la suma del poder público”, sentenció.
Sostuvo que la decisión fue “un golpe a los mercados (en medio de la renegociación de la deuda externa) y a las empresas”, con “el nuevo invento de la soberanía alimentaria, un concepto político, un slogan, un latiguillo”. Naidenoff reclamó retomar “un cause normal ante la irracionalidad” porque “obviamente esto no puede terminar bien”. “Luego de las cacerolas y la movilización, siempre hay tiempo de dar marcha atrás”, lanzó como advertencia y amenaza.
La réplica llegó a través de María de los Angeles Sacnun. “Establecer ‘un nuevo orden’ como dijo el senador (Naidenoff) después del desorden absoluto que dejaron es de sentido común: despedazaron a las pymes, destruyeron 250 mil puestos de trabajo y generaron caos y zozobra a todo el pueblo argentino”, arrancó la senadora santafesina del FdT.
“En la Justicia, armaron una red de espionaje, infiltrado en el poder Judicial con agentes orgánicos de la AFI e inorgánicos para perseguir opositores violando la Constitución, con los medios hegemónicos que danzan al compás de lo que ustedes dicen. ¿Eso es atenerse a las leyes ustedes reclaman?”, agregó la Sacnum.
“Me viene a hablar de Vicentín”, continuó la senadora santafesina y agregó que en “Avellaneda (Santa Fe), hubo un acto opositor organizado por un intendente opositor” pero “no se preocupan por los trabajadores”. “Vicentin estafó a todo el pueblo argentino” y la oposición sale a “cacerolear para defender a los que evaden”.
Sacum le recordó a los opositores que el ex titular macrista del Banco Nación, Javier González Fraga, figura en la causa penal por otorgarle créditos millonarios a Vicentín cuando no calificaba para los mismos.
12 de junio de 2020
Aumentos anuales, índice de ajuste y renovación cada tres años
Las claves de la ley de alquileres
También hay cambios en las garantías, la renovación se deberá acordar con tres meses de anticipación y habrá que registrar los contratos ante la AFIP.
Por Florencia Barragan
Inmobiliarias y propietarios rechazan la nueva ley.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
El Congreso sancionó la ley de alquileres tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Senadores, por 41 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa era esperada con ansias por las asociaciones de inquilinos dado que plantea modificaciones como la extensión de los contratos y la actualización, que deja de regirse por las expectativas de mercado y pasa a aplicarse por un índice objetivo. La modificación en el Código Civil y Comercial de la Nación deberá aplicarse a todos los contratos de locación. Hace 36 años que no se modificaba la ley de alquileres y hace 4 años que se intentaba avanzar en el Congreso, sin éxito. Ana Almirón, de la Comisión de Legislación General del Senado, informó que hay 9 millones de argentinos que alquilan,el 17 por ciento de las familias.
La nueva ley plantea que los aumentos dejarán de ser semestrales y pasarán a ser anuales. Actualmente, ese porcentaje de actualización se establece en forma arbitraria, según las expectativas de inflación. Con los cambios, pasará a basarse en un indicador que publicará el Banco Central. Estará conformado en partes iguales por el índice de precios al consumidor (IPC), que releva el Indec, y la variación salarial (Ripte), que elabora Anses. “El contrato ya no va a decir cuánto vas a pagar cada semestre, porque eso se va a ir calculando a medida que pasan 12 meses”, explicó a PáginaI12 Fernando Muñoz, titular de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro de los puntos respaldado por los inquilinos es el que extiende el mínimo de los contratos de dos a tres años. Esto brinda mayor estabilidad para una familia. "Mudarse cada dos o cuatro años altera las relaciones sociales y la vida de las familias”, según la agrupación Inquilinos Agrupados. Pero, además, reduce los gastos. Una actualización del contrato puede superar el 50 por ciento, y una mudanza conlleva nuevos gastos en comisiones, reservas, seguros de caución y depósitos. En cuanto a las garantías, se contemplarán nuevas opciones. El locatario deberá proponer al menos dos alternativas, que pueden ser un título de propiedad, aval bancario o seguro de caución, y el propietario elegirá una.
Otra de las modificaciones tiene que ver con la reducción del depósito de garantía. Pasará a equivaler a un mes de alquiler, y cuando termina el contrato, la devolución deberá ser en el momento de la restitución del inmueble, y actualizada al valor del último mes de alquiler. Con los años, ese depósito inicial perdía valor debido a la inflación acumulada. En la práctica, la legislación permitía pedir de depósito un mes de alquiler por cada año de contrato, y luego la devolución era por el mismo monto, y podía demorarse hasta 90 días en el reintegro.
La renovación de los contratos también tendrá cambios. La nueva ley introduce la obligatoriedad de acordar las condiciones de renovación con tres meses de anticipación, para que el inquilino tenga tiempo para buscar otra vivienda. En la actualidad, el locador no tenía la obligación de avisar con anticipación las intenciones de renovar o finalizar el contrato, y bajo qué condiciones. En la práctica, la poca anticipación podía implicar que el inquilino tuviera menor margen de acción y se viera en la obligación de aceptar las nuevas condiciones. También cambian los plazos para rescindir el contrato. En cualquier momento del primer año se podrá rescindir el contrato y como multa pagar un mes y medio de alquiler. En el segundo y tercer año se podrá rescindir con un mes de multa. Actualmente, no se podía rescindir dentro del primer semestre.
La aprobación de la ley de alquileres se da en un momento clave. Al histórico problema de falta de acceso al crédito para la compra de vivienda, se suma que el acceso a la vivienda se transformó en un tema clave, siendo que la consigna de “quedarse en casa” es la única vacuna contra el coronavirus. En la actual crisis económica que intensificó la pandemia, la mitad de los inquilinos no pudieron pagar el alquiler de junio, debido a una pérdida de ingresos, según un informe de Inquilinos Agrupados. En una encuesta realizada a 3000 inquilinos de todo el país concluyeron que el 68 por ciento de los inquilinos cuenta con menos ingresos, o dejó de percibirlos.
Por último se creará el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda y se dispondrá de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.
Inmobiliarias y propietarios rechazan la nueva ley. Muñoz opinó: “El artículo que más le molesta es el que tiene que ver con registrar los contratos en AFIP. Hoy no hay ningún organismo público para blanquear y va a servir para que haya un registro de inquilinos”. Además, opinó que el rechazo por parte de los corredores también se da por el decreto 320 que publicó el Gobierno en marzo, que congela alquileres y suspende desalojos. Sancionada la ley, va a convivir con este decreto, que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre. “Se cerraron todos los caminos para las ilegalidades”, afirmó Muñoz.
12 de junio de 2020
En las fichas aparecen hasta fotos de los hijos y cuentas bancarias
El relato de tres investigadores espiados por la AFI macrista
A Luciana Ghiotto, Alberto Robles y Beatriz Busaniche les hicieron seguimiento y les rechazaron la inscripción a la cumbre de la OMC que se hizo en Buenos Aires en 2017.
Luciana Ghiotto, Alberto Robles y Beatriz Busaniche, espiados por la AFI macrista.
"Nuestras inscripciones fueron enviadas a los servicios de inteligencia que hicieron un espionaje por fuera del mandato de la OMC. Nos espiaron a todos y nos fueron catalogando”, relató a Página/12 Alberto Robles, director de investigaciones del Instituto Mundo del Trabajo "Julio Godio" de la Universidad Tres de Febrero, con respecto al espionaje que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo realizó sobre él y otros académicos cuando se inscribieron en la Reunión Ministerial de la OMC en 2017. Las inscripciones de Robles como Beatriz Busaniche, de la fundación Vía Libre, y la investigadora de Conicet Luciana Ghiotto fueron rechazadas. Los tres relataron a este diario los detalles que contienen sus fichas elaboradas por aquella AFI, en donde aparecen desde fotos personales --incluso de menores-- hasta datos de cuentas bancarias, direcciones, teléfonos y filiación política. El Conicet se solidarizó con los afectados, exigió “el esclarecimiento de estas prácticas y de cualquier otro tipo de registro que involucre a científicas/os por parte de organismos de inteligencia”, y evaluan presentarse como querellantes.
Meses antes del evento de la OMC decenas de académicos, que investigaron durante muchos años problemáticas vinculadas a la organización, se anotaron para participar. Sin embargo, varios fueron rechazados sin explicacion alguna. La actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, denunció que estas personas habían sido víctimas de espionaje ilegal por parte de la AFI, que determinó que no podían ingresar.
"Participamos desde hace 30 años"
Robles, además de director del Instituto, es abogado especializado en relaciones laborales internacionales, docente en la UBA y en la de San Andrés y consultor de la OIT. Meses antes del evento se anotó junto a investigadores de su instituto y todos fueron rechazados. “Nos sorprendió porque participamos en reuniones de la OMC y de otras instituciones internacionales desde hace 30 años. Estábamos entusiasmados porque se hacía en nuestro país y podían participar muchos de nuestros investigadores”, afirmó.
“La OMC en sus estatutos tiene un sistema obligatorio de participación civil. Lo único que hace falta es inscribirse, de modo que lo hicimos normalmente”, detalló Robles. “El problema es que nuestras inscripciones fueron enviadas a los servicios de inteligencia que hicieron un espionaje por fuera del mandato de la OMC. Nos espiaron a todos y nos fueron catalogando”, dijo el director del instituto. En su ficha aparecen fotos donde están sus hijos, una con Hebe de Bonafini y otra en una radio comunitaria. "Aparentemente esos elementos, sumado a que estudiamos las cosecuencias sociales de los tratados de libre comercio, fueron tenidos en cuenta para considerarme no apto", resaltó. Además, agregó que "la aparición de fotos de nuestros hijos en las fichas me remiten a componentes mafioso”. Según Robles, la Untref será querellante en la causa.
Teléfonos, cuentas bancarias, datos personales
Por su parte, Busaniche indicó que “de la fundación nos anotamos tres y todos fuimos fichados". En su ficha hay números de teléfono --incluso el de un menor de edad--, datos de cuentas bancarias, de cotitulares de sus cuentas, emails, situación laboral, y datos de su obra social. "Hay también inteligencia de fuente abierta, con opiniones mías marcadas con resaltador. Decía que era particularmente opositora a proyectos oficialistas vinculados con el tema de reforma electoral y voto electrónico”, explicó.
Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), de la cual la Fundación Vía Libre forma parte, emitieron un comunicado en el que indicaron que “queremos enfatizar que no sólo se trata de un incumplimiento flagrante de la legislación vigente por parte de la cúpula de la AFI y las autoridades políticas responsables, sino que en paralelo se produjo una cadena de fallas estructurales de los mecanismos previstos para controlar al sistema de inteligencia”.
"Peligrosos por relacionarse conmigo"
Ghiotto es otras de las investigadoras del Conicet que fue espiada. Es doctora en Ciencias Sociales y se anotó al evento como investigadora de la Transnational Institute (TNI). También fue rechazada. “Desde hace 20 años trabajo temas de economía, política internacional y cuestiones vinculadas con organismos internacionales, tratados de libre comercio y libre inversión. Quería asistir porque es mi área de estudio”, indicó. Además trabaja temas vinculados a la OMC desde el año 2001. “Cuando nos enteramos que se iba a hacer la Ministerial en Argentina, armamos, desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, un proceso de formación porque en el país se sabía muy poco sobre el organismo. Ese año trabajamos muy fuerte, se hicieron charlas y tuve un perfil muy público en la organización de la Cumbre de los Pueblos --una cumbre social que se arma por fuera del evento oficial siempre que se hace una Ministerial de la OMC--". Ghiotto explicó que, la Cumbre en 2017 se realizó en la Facultad de Sociales de la UBA y participaron unas cinco mil personas.
Su participación activa en la Cumbre de los Pueblos fue evaluada por los servicios y eso le costó quedar fuera del evento de la OMC. Fue la única participante del TNI que no pudo asistir. “Ellos evaluaron que, como era referente de la Cumbre, iba a 'boicotear' el evento”. Además, agregó que "hicieron una elucubración de sospechas. Me ubicaron en el centro y empezaron a ‘peinar’ gente de mi entorno a la que le denegaban el ingreso porque eran 'peligrosos' por relacionarse conmigo”. En ese sentido indicó que va a ser querellante porque "están mancillando mi nombre". Además se mostró conforme con el comunicado del Conicet en el que explican que están evaluando presentarse como querellantes. "Somos, por lo menos, dos investigadores del Conicet los que tenemos fichas y también aparecen dos nombres mas en fichas de otros”.
Informe: Melisa Molina.
12 de junio de 2020
Ya hay 765 muertos y 27.373 enfermos en todo el país
Coronavirus en Argentina: nuevo record de muertes y de contagios
El Ministerio de Salud informó esta tarde el peor día de la pandemia desde su inicio, al registrarse 1386 nuevos casos de Covid-19 y 30 nuevas muertes en las últimas 24 horas, la mayoría de ellos concentrados en el Área Metropolitana.
Imagen: EFE
La provincia de Buenos Aires volvió a registrar la mayor cantidad de casos en las últimas 24 horas con 765, al igual que ocurrió ayer. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró 538 nuevos casos y Chaco 48. De todas formas, CABA sigue registrando la mayor cantidad de casos del país con 13026, mientras que en territorio bonaerense suman 10968 y en Chaco 1211.
Estas tres provincias explican el 92 % por ciento del total de casos del país. Del total de esos casos, 11.091 (40,5%) son "contactos estrechos" de casos confirmados, 10.542 (38,5%) son casos de "circulación comunitaria" y 999 (3,6%) son importados, mientras que el resto continúan bajo investigación epidemiológica.
En la última jornada, otras 8 provincias registraron casos: Córdoba (3), Corrientes (3) Entre Ríos (6), Mendoza (1), Misiones (1), Neuquén (14), Río Negro (14), Santa Fe (2).
El país también registró en las últimas 24 horas un record de víctimas fatales. El reporte matutino confirmó las muertes de cuatro mujeres y dos hombres. A ellos se sumaron 24 muertes informadas en el reporte vespertino.
Se trató de 17 hombres. Seis de 65, 32, 71, 68, 86 y 64 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 10 de 41, 35, 48, 69, 85, 70, 55, 85, 60 y 82 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y uno de 55 años, residente en la provincia de Chaco.
Y siete mujeres. Cinco de 80, 55, 59, 29 y 84 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 79 años, residente en la provincia de Río Negro; y una de 46 años, residente en la ciudad de Buenos Aires (CABA).
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 756 | 10968
Ciudad de Buenos Aires 538 | 13026
Catamarca 0 | 0
Chaco 48 | 1211
Chubut 0 | 26
Córdoba 3 | 474
Corrientes 3 | 100
Entre Ríos 6 | 65
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 8
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 64
Mendoza 1 | 103
Misiones 1 | 37
Neuquén 14 | 181
Río Negro 14 | 517
Salta 0 | 17
San Juan 0 | 6
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 2 | 284
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 48
Fuente:Pagina12
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