Resumen Latinoamericano, 08 de junio de 2020
Comunicado de la Campaña Abolicionista Nacional y otras asociaciones en repudio al intento del Estado para incluir la prostitución bajo la categoría “trabajo sexual” dentro del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Sr Daniel Arroyo
De nuestra consideración
Las mujeres, personas trans y travestis , Colectivas, Asociaciones, Organizaciones de mujeres travestis y trans nos dirigimos a Uds para expresarle:
Nos dirigimos a Uds porque en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ese Ministerio ha incluido el item “trabajadoras sexuales”, éste fue retirado posteriormente, esperamos de manera definitiva. Estamos convencidas/es/os que esta inclusión es contraria a las Leyes y Tratados Internacionales que ha firmado Argentina y que la sitúa como país ABOLICIONISTA de la prostitución y la trata. Se los pasamos a enumerar: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW);Declaración Universal de derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como «Pacto de San José de Costa Rica»,Pacto de Derechos Civiles y Políticos; Convención sobre los Derechos del Niño; Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, complementario de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Asimismo, han sido ratificados por nuestro país y se encuentran vigentes ElConvenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena). La Ley 12.331 y La Ley Nacional Nº 26.842 contra la trata de personas. Uds. sabrán buscar sus textos.
Los derechos a vivir libres de violencias son irrenunciables, la Institución de la prostitución es un arrinconamiento que el patriarcado, el neoliberalismo capitalista nos reserva y los prostituyente y los proxenetas son particularmente los interesados en considerar a esta institución “un trabajo como cualquier otro”.
Vemos también con cierta perplejidad que Uds y otros Ministerios que atiende las necesidades de las/es/os más vulnerabilizadoas/es/os articulan con AMMAR (Asociación de Mujeres meretrices de Argentina) y hasta tercerizan en esta organización sus obligaciones. Así constituyen lazos con una asociación financiada por fondos que promueven “la industria de la prostitución” y que entre sus dirigentas tiene procesadas y condenadas por proxenetismo y trata. Una asociación que quiere derogar la Ley contra la trata por el motivo de que las pone a disposición de la Justicia. Uds. así permiten que quienes pretenden “legalizar” el proxenetismo a través del reconocimiento de su “actividad” por parte del estado, se muestre como “protegiendo derechos”. Así, amalgamadas y camufladas proponen expresamente que una “escuela de desigualdad humana” sea considerada un “trabajo como cualquier otro” y así nos simulan “garantizar asistencia” mientras pretende legitimar la explotación. Paralelamente se deja en el abandono a Asociaciones y personas abolicionistas sobrevivientes de prostitución.
En la Institución de la prostitución se COMPRAN cuerpos de personas a las que se les daña su subjetividad, su cuerpo y su salud. No estamos hablando de una decisión individual, que no objetamos. Una problemática social de la que los estados que atienden los DDHH se deberían ocupar de abolir se nos está proponiendo como “emprendimiento de la economía popular” ¿Ingresarían a ella nuestras niñas/os para el aprendizaje? ¿El sexo es una “actividad como cualquier otra”? Rotundamente NO, sino porque la violación o el acoso sexual son delitos “especiales” legislados especialmente. Tampoco las mujeres, travestis y trans entramos “graciosamente a la prostitución” somos empujadas por múltiples razones y si no alcanza la “mercadería” siempre están las redes de trata con fines de explotación sexual para aprovisionar al mercado prostitucional. Uds. estarían promoviendo: la “Industria de la prostitución”.
Exigimos a Uds que quede firme la eliminación de esta violencia que se pretendió legitimar como un emprendimiento más de la economía popular. Que paralelamente se implementen políticas públicas serias y abarcativas para que se permita salir de esta explotación y no tener que ingresar por supervivencia.
En este programa figuran diferentes beneficios y servicios que se ofrecen y nos parece un aporte, lo valoramos y creemos que se deben ampliar aún más.
Así se podrá reparar esta situación de ofensa a millones de personas que en nuestro país y todo el mundo sufren en las redes de prostitución y trata.
La prostitución ES violencia NO trabajo
Enviar firmas URGENTE a Maria Laura Bretal, de Las Azucenas, a su WhatsApp +54 9 221 558 0751
Desde La Asociación Civil La Casa del Encuentro rechazamos el intento del Estado para incluir la prostitución bajo la categoría “trabajo sexual” dentro del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Es por esta razón que abogamos por un Estado que entienda el modo en que el patriarcado opera sobre la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, trans y travestis. Los cuerpos de las mujeres no son mercancía de venta, ni fuente de trabajo precario a través del monotributo.
Es innegable la estrecha vinculación entre la prostitución y las redes de trata de personas a través de las cuales “desaparecen” miles de mujeres por año, es por esto que se hace imprescindible brindar oportunidades de trabajo y programas que permitan la inserción laboral de las mujeres, trans y travestis que recurren a la prostitución por falta de opciones.
La elección NO es libre cuando la vulnerabilidad económica y social es extrema. Un registro no cambia ese contexto.
Por esto, y mucho más, reiteramos la importancia de la implementación de la ESI y de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado.
Las prostituidas NO son trabajadoras, son explotadas sexuales o sobrevivientes.
#ProstituirEsViolencia
#ProstitucionNOestrabajo
Es por esta razón que abogamos por un Estado que entienda el modo en que el patriarcado opera sobre la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, trans y travestis. Los cuerpos de las mujeres no son mercancía de venta, ni fuente de trabajo precario a través del monotributo.
Es innegable la estrecha vinculación entre la prostitución y las redes de trata de personas a través de las cuales “desaparecen” miles de mujeres por año, es por esto que se hace imprescindible brindar oportunidades de trabajo y programas que permitan la inserción laboral de las mujeres, trans y travestis que recurren a la prostitución por falta de opciones.
La elección NO es libre cuando la vulnerabilidad económica y social es extrema. Un registro no cambia ese contexto.
Por esto, y mucho más, reiteramos la importancia de la implementación de la ESI y de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado.
Las prostituidas NO son trabajadoras, son explotadas sexuales o sobrevivientes.
#ProstituirEsViolencia
#ProstitucionNOestrabajo
La Cámara de Apelaciones falló en contra del censor ex canciller y actual embajador en Chile, Rafael Bielsa, en un juicio iniciado contra el periodista Miguel Bonasso
Por Miguel Bonasso, Resumen latinoamericano, 8 junio 2020
foto: Rafael Bielsa
Es una gran noticia que ocurrió casi en simultaneidad con el Día del Periodista: la Cámara de Apelaciones en lo Civil, revocó el fallo de primera instancia que le daba (parcialmente) la razón a Rafael Antonio Bielsa en mi contra. Y es una gran noticia por razones que me superan y trascienden largamente: porque el fallo -revocado de manera total y absoluta hasta el punto de obligarlo a pagar las costas del juicio al demandante- defiende como principio capital de la de la democracia a la libertad de expresión. Es una gran noticia, porque se ratifica en sede judicial el principio de la real malicia, que obliga a quienes demandan a periodistas, escritores, activistas sindicales o políticos y a cualquiera que investigue al Poder con mayúsculas, a probar que el denunciante dijo una mentira a sabiendas de que lo era.
Bielsa, que empezó su batalla periodística en mi contra en el lejano 2011 y empezó la guerra judicial en el 2014, no sólo no pudo probar que yo mentía a sabiendas para agraviarlo, como exige la doctrina, sino que pobló el expediente con testimonios y pruebas que le juegan en contra para siempre y van mucho más lejos de mis críticas en el libro “Lo que no dije en Recuerdo de la muerte” o en este sitio. Hizo cosas inexplicables que un freudiano no vacilaría en calificar de actos fallidos. En el juicio quedó claro que el genocida Galtieri no lo visitaba como a Tucho Valenzuela, porque era un héroe que resistía la tortura hasta niveles de locura, sino que le salvó la vida y lo liberó a pedido de dos militares amigos de su protector, el abogado Roberto Luqui. Así lo declaró (y está grabado) ese mismo Roberto Luqui, que fue subsecretario de Justicia del genocida Alberto Rodríguez Varela durante la dictadura de Videla y se trajo a Bielsa, que estaba exiliado, como su “mano derecha” en el ministerio.
Pero no es esto ni de lejos lo más importante. Lo más importante es que las camaristas que firman la sentencia (las doctoras María Isabel Benavente y Gabriela A. Iturbide) y obligan al “vencido” a pagar las costas, no lo hacen por simpatía conmigo o con mi visión política e ideológica de la Historia, sino con apego estricto a la doctrina de la real malicia, incorporada por la Corte Suprema como doctrina. Y esta doctrina -para ponerlo en términos corrientes- protege la libertad de expresión, al exigirle mayor tolerancia respecto a las denuncias en su contra a quien ejerce la función pública y obliga a quien demanda a probar que quien lo cuestiona obra con “real malicia”, es decir usando información falsa, a sabiendas de que es falsa.
El argumento de que la doctrina no puede amparar ataques a la honra de una persona, que es correcto, no tiene nada que hacer en este caso. Bielsa es una figura pública y yo opino sobre su actividad pública y no sobre su vida privada. Como lo dicen las camaristas también: la doctrina invierte la carga de la prueba y no soy yo el que debe probar que la información es cierta y la usé de buena fe, sino que es él quien debe probar que es falsa y que la usé a sabiendas. Hay evidencias tan grandes al respecto, como el curriculum vitae que el propio Bielsa incorporó cuando fue canciller de Néstor Kirchner, donde revela que fue funcionario de Videla, Viola, Galtieri y Bignone y que hizo un viaje a Chile -donde ahora es embajador- para participar de un proyecto informático internacional en la dictadura de Augusto Pinochet. Punto.
Desde ahora este fallo se suma a una jurisprudencia que circula en el mismo sentido y protege a todos los que pueden ser sumados a hechos de censura previos o posteriores a la publicidad de sus dichos. Bielsa, por cierto, cometió el error de incluir en la demanda a la editorial Pengüin-Random House, que publicó “Lo que no dije en “Recuerdo de la muerte”, acusándola de no haber examinado con mayor cuidado lo que yo había escrito. Un dato curioso para el nieto de un famoso constitucionalista: exigirle a una editorial que ejerza la censura previa.
También pedía en la demanda que se suprimieran del libro los capítulos donde es nombrado. Cosa a la cual no accedió en la sentencia revocada el amable juez Gastón Polo Matías Olivera, poco después ascendido a camarista. Olivera se limitó a exigirme que yo publicara a mi costa una solicitada en Página 12 renegando de mis acusaciones. Una perversidad, de corte estalinista, que obviamente fue rechazada en la excelente apelación de mi abogado, el doctor Nicolás Tauber Sanz.
En suma, el gran Mariano Moreno fue honrado en su Día por la honestidad intelectual de dos juezas, a quienes no tengo el honor de conocer, que no me dan la “razón histórica”, porque esta no es como algunos han dicho una “pelea entre dos ex montoneros”, sino una causa judicial de enorme trascendencia política y social, donde está en juego que quienes pretenden investigar a los poderosos lo puedan hacer a fondo, sin temor de tener que pagarles millones de pesos, como me exigía en su demanda el ex ejecutivo del arrasador de bosques Eduardo Eurnekian. Para que los jóvenes periodistas (que importan más que este crítico marginado de los medios) puedan hacer honor a la sentencia del gran George Orwell: “el periodismo que no inquieta a los poderosos no es periodismo, son relaciones públicas”.
Envio:RL
09 de junio de 2020
La defensa de Boudou se presentó ante Naciones Unidas
El espionaje en el penal de Ezeiza
El abogado del ex vicepresidente pidió que se haga "un llamamiento urgente al Estado argentino" por las maniobras de inteligencia ilegal.
Por Irina Hauser
La presentación de Rúa es ante el relator de independencia judicial, Diego García Sayán, precisamente por la ilegalidad que implica espiar las conversaciones de los detenidos con sus abogados/as a través de grabaciones de sus conversaciones telefónicas o en el lugar de reunión dentro de la cárcel. Rúa pide que Naciones Unidas reclamen “toda la información necesaria respecto de la violación de derechos denunciada”; la destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad de las consultas entre los abogados y sus defendidos…” y todas las que se hayan obtenido a través de actividades de espionaje ilegal; “que se promueva y respalde la investigación de las violaciones denunciadas de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y se adopten medidas contra quienes aparecen como sus responsables”.
Entre el material que Rúa le envió a García Sayán figuran algunas publicaciones periodísticas de los últimos días, entre ellas la de este diario, que dan cuenta del hallazgo de la vinculación entre la AFI y el área de Inteligencia del SPF. En dos allanamientos que hizo el juez Villena se comenzó a reconstruir parte de esa ingeniería. Hubo procedimientos en la Dirección de Reunión de Información del Servicio Penitenciario y también en la de Seguridad. El titular de la primera, Claudio Suriano, renunció la semana pasada a raíz de estos hechos, aunque la excusa oficial fue la jubilación. El juzgado estaba recabando información de algunos agentes y ahí es donde comenzaron a juntarse algunas pistas. Uno de los principales implicados –comprometido por el “narco” Sergio “Verdura” Rodríguez que se convirtió en aportante inicial de información al expediente había señalado que había sido contratado por un abogado y ex agente llamado Facundo Melo. El estudio de Melo fue allanado también, al igual que la casa de Leandro Araque, que también revistó en la AFI y antes en la Policía de la Ciudad. Uno de los penitenciarios que aparecen en escena y que estuvo en la AFI se llama Jorge Sáez. Todos reportaban a Alan Ruiz, que era jefe de operaciones especiales de la gestión de Gustavo Arribas en la AFI.
Como parte del material que le exhibieron y explicaron a CFK surge una vinculación a su vez entre Ruiz y un hombre del SPF, Fernando Carra. Todo inidica que muchísima de la información obtenida estaba en el celular de Areque, aunque también en otros dispositivos.
Melo y Areque recusaron al juez Villena. Lo quieren sacar de la cancha con el argumento de que en 2018 fue él quien mandó a pinchar los teléfonos de Ezeiza en una investigación sobre el narco Mario Segovia. Hasta ahora no les fue muy bien, porque incluso el juez que tenía en Comodoro Py la causa sobre el atentado contra Vila, Sebastián Ramos, les mandó la causa a Villena.
Un material que podría ser relevante que también cita Rúa en su presentación, y que fue difundido por el periodista Rolando Graña es una grabación de una reunión en la que habrían participado Melo y Areque con Ruiz, junto con otras personas. Se supone que alguien grabó y que Ruiz habría planificado allí el espionaje en la cárcel con estas palabras: “Lo primero que tenemos que definir con Cristian Suriano es una unidad que sería Ezeiza o Marcos Paz, hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar (en alusión a poner micrófonos). Lo vamos a equipar todo, los vamos a meter a todos los políticos porque están operando a full desde adentro. Están operando (Julio) De Vido, Boudou, el cuervo Larroque que está yendo siempre a visitar a (Fernando) Esteche (…) La idea es armar todo, todo preparado para pasar información a algunos sectores que están complicados (…) Por ejemplo hay chabones de la política que no los tenemos en la lista y están yendo a visitar a tipos que están presos. La idea es armar un lugar donde van a pasar las visitas, ese lugar le tenemos que meter un equipo técnico y después van a dejar los celulares y ahí empezamos a chorear información (en alusión a sacar información de los teléfonos). Y después vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas porque son las que van a operar políticamente en contra”. Graña informó por la tarde que el juzgado de Lomas de Zamora estaba allanando su productora.
Fuente:Pagina12
LA PAMPA
Destacan el aporte de los archivos
09/06/2020
La diputada provincial y vicepresidenta 1° de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, destacó que el archivo documental representa «un valioso recurso para la evolución de los pueblos». A su vez, indicó que «su existencia es sinónimo de patrimonio, identidad, cultura y derechos, puestos al servicio de todas las comunidades, para el desarrollo material e inmaterial de las mismas».
En el marco del «Día Internacional de los Archivos», que se conmemora este 9 de junio, Mayoral resaltó que «nuestra provincia cuenta con varios archivos provinciales y municipales de considerable importancia. Entre ellos, el perteneciente a la Subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente del gobierno provincial, Archivo de la Memoria ‘Dr. Eduardo Luis Duhalde’, creado en 2013».
En ese sentido, explicó que «centra su temática en la violación de los derechos humanos en La Pampa, recolectando, organizando, clasificando y actualizando todo tipo de documentación vinculada a ella. El contenido del archivo abarca diferentes fondos y series, los cuales van desde los detenidos tras el golpe de Estado de 1955, detenidos por Plan Conintes de 1958 (ferroviarios), desaparecidos y detenidos por la Sub-zona 14, prescindidos políticos (1976-1983) agentes reincorporados, fílmicos del Juicio Histórico a la Sub-zona 14, legajos de identidad y prontuarios de Jefatura de Policía correspondientes a ese triste período de nuestra historia donde La Pampa no fue una isla. Acompaña a toda ésta documentación, una biblioteca especializada y muestra fotográfica referida a la temática en cuestión», agregó.
La legisladora recordó que, por su iniciativa, en 2016 el acervo documental de éste importantísimo archivo de todos los pampeanos fue declarado de interés.
Fuente:laArena
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