Resumen Latinoamericano, 08 de junio de 2020
La semana pasada, la maestra les mandó una tarea que consistía en hacer un autorretrato y completar unas oraciones que decían «Yo soy….», «Lo que más me gusta de mí es…», «Me gusta que me traten…» y «Soy importante…».
Entendiendo que se referían a su identidad, ella respondió: «Yo soy una travita, me gusta que me traten con respeto y soy importante porque lucho por los derechos de todes».
Entendiendo que se referían a su identidad, ella respondió: «Yo soy una travita, me gusta que me traten con respeto y soy importante porque lucho por los derechos de todes».
«Ella es un ejemplo de cientos de niños y niñas que están empoderados, que están orgullosos y orgullosas de ser trans», explica Gabriela Mansilla de la Asociación Infancias Libres.
Además de visibilizar la realidad de los niños y niñas trans, en Infancias Libres trabajan sobre el orgullo que tienen que sentir por su identidad autopercibida. Al enterarse de la historia Mansilla se preguntó si “la maestra está preparada para dar una respuesta. Yo espero que si, que sea un Muy Bien Felicitado, y que con los compañeritos y compañeritas puedan trabajar la diversidad corporal en clase de acuerdo a la Ley de Identidad de Género. Hasta ahora, la maestra no le dio una devolución esperamos que lo haga pronto porque para ella es importante”, explica la creadora de la asociación.
A su vez, afirma que una vez que termine la cuarenta y vuelvan las clases, no se siga replicando el modelo binario para hablar sobre las identidades en las escuelas. “En pandemia, en esta situación de confinamiento nuestras niñeces y adolescencias trans/travestis siguen sufriendo violencia institucional por parte de la escuela. No se les contempla en su tarea, y cuando mandan algo, como es en este caso, nuestras niñeces de Infancias Libres se paran desde un lugar de empoderamiento. Lo que nos preguntamos es cómo van a volver nuestros niñas y niños a la escuela porque además de no sufrir violencias en sus casa están más cómodas y cómodos”
En un relevamiento sobre infancias trans, hecho en todo el país donde entrevistaron a 100 familias, se desprende cuáles son los principales obstáculos que experimentan en el camino por expresar y vivir su identidad tal cual son. «Dentro de las reacciones de las familias, la más común, cuando les cuentan sobre su identidad de género autopercibida es el desconcierto en un 48 por ciento. Los padres afirmaron que no sabían qué hacer o a quién recurrir. Un 36 por ciento intentó buscar ayuda. De ese grupo, el 80 por ciento de las familias que recurrieron a profesionales de la salud o la educación declararon que ellos no pudieron ayudarlos a conocer qué era lo que les pasaba a sus hijes».
Por último, con respecto a las escuelas, en el informe de Asociación Civil Infancias Libres afirman que se observaron distintos tipos de posturas por parte de las instituciones. «El 62 por ciento de los colegios no se encontraban preparados para brindar una respuesta adecuada, y un 56 por ciento las instituciones intentaron colaborar con lo que se encontraba a su alcance».
Por último, con respecto a las escuelas, en el informe de Asociación Civil Infancias Libres afirman que se observaron distintos tipos de posturas por parte de las instituciones. «El 62 por ciento de los colegios no se encontraban preparados para brindar una respuesta adecuada, y un 56 por ciento las instituciones intentaron colaborar con lo que se encontraba a su alcance».
Un racismo estructural, muchas veces invisibilizado
Por Lorena Bermejo, Resumen Latinoamericano, 08 de junio de 2020
Mientras el crimen en Minneapolis despierta la indignación mundial, referentes de comunidades afro, indígenas y migrantes advierten sobre el racismo cotidiano e institucional en el país.
Según la última investigación que realizó el tema el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el 60% de las personas encuestadas opinó que en el país existe discriminación contra las personas afrodescendientes y contra los pueblos indígenas. Sin embargo, de las personas que manifestaron haber experimentado alguna situación de discriminación, solo el 35% afirmó que se trató de un hecho racista. “Desde la burla y la invisibilización, hasta la represión policial, el racismo adopta distintas formas en la Argentina, donde lo bárbaro y lo marginal siempre es lo negro y lo indígena”, señaló Carlos Nazareno Alvarez, director nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de Derechos Humanos y referente de la Agrupación Xangó.
Anny Ocoró Loango, investigadora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoaméricana de Ciencias Sociales (Flacso), afirma en el libro “Afrodescendencias y contrahegemonías”, que “el racismo no reconoce la igualdad de un otro, lo subalterniza y subalterniza sus conocimientos, sus tradiciones y su cultura”. Las caras pintadas con corcho quemado en los actos patrios de las escuelas, los términos cómo “quilombo” o “mambo” utilizados de forma peyorativa, son algunos de los racismos simbólicos, cotidianos. “Pero también existen las acciones más explícitas, como la violencia que sufren los compañeros senegaleses cuando la Policía los detiene y les quita sin razón la mercadería, y la forma en que la sociedad avala estos hechos”, explicó Alvarez. Una imagen de 2019 muestra cómo dos policías empujan contra el suelo a un hombre senegalés mientras una mancha de sangre se expande a su alrededor. Otra, un video registra cómo dos efectivos de la Policía de la Ciudad le quitan violentamente la mercadería a un vendedor afrodescendiente de la vía pública. ¿Por qué estas imágenes no generan la misma indignación que el video del policía estadounidense dejando sin aire a George Floyd?
“El racismo que sufrimos es estructural, un racismo que está enquistado dentro de todas las instituciones”, afirma Sandra Chagas, integrante del Movimiento Afrocultural, activista lésbica y parte del Grupo Matambas, de mujeres negras y afrodescendientes. En 2014, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció el “decenio para los afrodescendientes”, que se prolonga hasta 2024. Pero a pesar de los nombramientos, la violencia sigue reproduciéndose en todo el continente. “Debería ser una época de reconocimiento de nuestros derechos humanos, sin embargo las cárceles están habitadas en su mayoría por personas indígenas o afrodescendientes”, señaló Chagas, a partir de su experiencia al trabajar en distintos penales con personas trans. “La política de criminalización de nuestra existencia es una de las formas de racismo que sufrimos”, agrega Moira Millán, escritora y referente mapuche.
La represión de las fuerzas de seguridad hacia los pueblos indígenas y la venta de terrenos donde viven familias o comunidades enteras no son historias de fines del siglo XIX sino parte de la cotidianidad de los pueblos en todo el país. “El racismo es la expresión simbólica del genocidio, lo que habilita que la violencia se siga permitiendo”, afirma Diana Lenton, antropóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora en Conicet, y agrega que “lo que hay que cambiar para combatir el racismo es lo que tenemos en nuestro pensamiento”. El entramado simbólico del racismo no es asunto menor: según señala Yuderkys Espinosa, investigadora y filósofa afrodominicana, en su artículo “El feminismo descolonial como epistemología contra-hegemónica”, la forma de desandar el racismo establecido con la colonización de todo el territorio americano es “producir y visibilizar de forma amplia nuestra propia interpretación del mundo, como tarea prioritaria para los procesos de descolonización”.
“El problema es que los mismos vecinos que hoy aplauden la rebelión en Estados Unidos, ayer felicitaban al gobierno porteño por liberar las veredas del Once”, señala Lenton, en referencia al desalojo de los trabajadores –en su mayoría migrantes latinoamericanes y africanes– de la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires, y explicó “hay un racismo mucho más profundo de lo que se cree, que se manifiesta en distintos niveles, desde la violencia física hasta las barreras para acceder a la salud, a la educación, y la forma de invisibilizar a ciertos grupos sociales en los discursos públicos”. Más concretamente, Álvarez sostiene que “somos pobres porque somos negros, porque el país se construyó a partir de esa base racista”.
Acá tampoco se puede respirar
El caso de George Floyd no fue muy distinto al de José Delfín Acosta Martínez, detenido por la Policía en 1996 y muerto bajo custodia policial, ni al de Massar Ba, uno de los principales referentes de la comunidad senegalesa, históricamente perseguida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue asesinado en 2016 a metros de su casa en San Telmo. En marzo de este año, el caso de Acosta Martínez llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las audiencias que se llevaron a cabo en Costa Rica, y el Estado argentino admitió la culpabilidad. En julio o agosto se espera una sentencia sobre el caso. “Es importante que el Estado reconozca los casos de violencia institucional”, señala Carlos Álvarez, y explica: “No solo para reflexionar en nuestras prácticas racistas sino para que efectivamente se pueda modificar la situación, la negación de la presencia negra en el país”.
Para Massar Ba, quien luchaba por los derechos de los y las migrantes africanos en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no hay justicia. Mientras tanto, cientos de trabajadores de la vía pública en el barrio de Once y en Floresta se enfrentan a las represalias de la Policía de la Ciudad. “Los mismos agentes estatales saben en qué casos pueden actuar violentamente sin recibir represalias, porque el mismo Estado toleró abusos contra ciertas poblaciones que no tolera en otras”, explica la antropóloga Diana Lenton.
Recién en 2010 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) incluyó en el censo nacional la pregunta: “¿Usted o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano (padre, madre, abuelos/as, bisabuelos)?”. Como afirma Ocoró Loango, la Nación “encaminada hacia el progreso y el desarrollo, surgía enfatizando la temprana desaparición de la población negra (sumado al aniquilamiento de indígenas) para sellar los cimientos de la hegemónica blanquedad argentina”.
“La negritud se penaliza también en los barrios, en las villas, donde de vive una doble discriminación, por ser pobre y por ser afrodescendiente”, señala Álvarez, y remarca que “se trata de un racismo estructural que se gestó en la esclavitud y luego en el colonialismo, siempre la población negra encargada de los peores trabajos”. Para que realmente las vidas negras importen, afirma Álvarez, “tenemos que salir de los lugares comunes, el culturalismo, la migración, la criminalización, para hablar de economía, de derecho, de política. Si nuestras voces no suenan donde se construye el poder, no estamos combatiendo el racismo”.
Las vidas indígenas importan
A una semana del asesinado de Floyd en Estados Unidos, un grupo de policías de la provincia de Chaco entró ilegalmente en la casa de la familia qom Saravia-Fernández y secuestró, torturó y cometió abusos. A fines de abril, en la localidad de Bariloche, allí donde en 2017 la Policía asesinó brutalmente a Rafael Nahuel, una patota agredió a integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo, que ocupa un terreno históricamente perteneciente a la familia, junto al Cerro Ventana. La comunidad venía realizando denuncias desde septiembre del 2019 por las situaciones de violencia y las amenazas que recibían por parte de quienes se adjudican la propiedad. En el norte, este verano murieron por desnutrición y deshidratación más de 10 chicos y chicas de la comunidad wichí en Salta, otro de los casos en donde tuvo que intervenir la CIDH. Como la provincia no cuenta con datos, los chicos y chicas pueden ser 13 o 20, no hay un número exacto. “Estos crímenes de odio se alimentan de la impunidad del Estado”, advierte Moira Millán y explica que las instituciones estatales “necesitan la reproducción del racismo en el imaginario social para justificar su genocidio”.
En su barbijo, Millán lleva inscripto: “las vidas indígenas importan”. Para hablar por teléfono o mandar un mensaje, ella tiene que caminar hasta el pueblo más cercano, porque en la comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut, no hay señal ni Internet. “Mi propia situación de incomunicación es un ejemplo de negacionismo y silenciamiento. Hace años que pedimos que nos habiliten los servicios de comunicación pero hay una intencionalidad de que nuestras voces no lleguen”, señala Millán, escritora y referente del pueblo mapuche.
“¿Por qué no se indignó el mundo ante el asesinato de Rafael Nahuel?”, se pregunta Millán, y advierte que “cuando se mata, se persigue, se tortura y se detiene de manera arbitraria a los y las indígenas, la sociedad argentina es indolente porque ha asumido que hay una vida que vale menos y es la nuestra”. En ese sentido, la investigadora Diana Lenton afirma que “hay estructuras muy densas que hacen que las poblaciones indígenas siempre estén en el banquillo de acusados”. Lenton participó del juicio contra la comunidad mapuche Lof Campo Maripe, en Neuquén, a quienes se acusó en 2014 de usurpar el terreno donde viven. El año pasado, la Justicia provincial reconoció el derecho mapuche sobre las tierras. “A pesar de los pocos recursos con los que suelen contar las comunidades en este tipo de juicios, lo que veo es que se intenta dar la lucha política, decir ‘estamos acá porque es nuestro derecho ancestral’ pero los jueces, aunque se falle a favor, no dan lugar a estos argumentos”, explica Lenton y afirma: “Es parte del éxito del pensamiento hegemónico: los grandes poseedores de poder condensan el racismo, el machismo y el capitalismo y es ahí donde no hay quiebres”.
“Yo escribí una novela y me cuesta un montón que llegue a las librerías, tengo hermanes que quieren hacer cine y no pueden porque estamos siempre en la marginalidad, y la marginalidad es un diseño de modelo de país”, afirma Millán, a quien la Justicia procesó por encabezar un reclamo en 2017, cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido. “Somos un factor de conflicto emergente frente a las corporaciones y sus intereses, sin embargo, cuando se trata del despojo territorial, el empobrecimiento y el terricidio contra nuestros pueblos, somos algo que hay que quitarse de encima”, señala la weychafe –guerrera– mapuche, y afirma que “al negar nuestra existencia, se niegan nuestros derechos y nuestra manera de habitar el mundo, que es antagónica a la que impone el sistema capitalista”.
La discriminación porteña
¿Quiénes construyeron esta ciudad a costa de trabajo esclavo, violaciones y maltratos? Nosotros, les afrodescendientes”, afirma Sandra Chagas, del Movimiento Afrocultural. En las observaciones que el Comité para la eliminación de la discriminación racial, órgano que depende de la ONU, le dedicó en 2016 al Estado argentino, se mostró “preocupado por la discriminación estructural de la cual continúan siendo víctimas los pueblos indígenas y los afrodescendientes, así como la invisibilidad a la que se enfrentan estos últimos respecto a sus derechos”. Al año siguiente, el Gobierno de la Ciudad clausuraba el espacio donde se reunía el Movimiento Afrocultural, en San Telmo. “No veo racismo más explícito que el hecho de que las mismas personas que levantan el cartel de la interculturalidad nos dejen sin nuestro lugar de expresión y trabajo”, advierte Chagas.
El espacio donde el Movimiento Afrocultural desarrollaba sus actividades había sido otorgado por el mismo gobierno porteño, en el marco del Programa Afrocultural, luego del amparo que en 2009 la agrupación presentó contra las autoridades de la Ciudad, quienes habían ordenado el desalojo del lugar donde históricamente había funcionado el espacio cultural. En 2017, el mismo Gobierno de la Ciudad clausuró el nuevo espacio, y desde entonces la agrupación no tuvo una respuesta. “Siempre tenemos que ajustarno a esa idea de los demás sobre cómo deberían ser las cosas”, señala Chagas, y agrega que “no alcanza con que dos o tres nombres sean visibles, necesitamos un cambio en serio, que dejemos de ser estudiados como fenómenos, que se hable del genocidio negro en las Universidades, y que si dicen fomentar la cultura afro, que nos dejen ejercerla a quienes somos en carne propia esa cultura”.
Uruguaya afrodescendiente, Chagas llegó a la Argentina a los 14 años. “El racismo es algo que heredamos desde antes de nacer”, señala. “Hay personas que están reconociendo su identidad con orgullo y eso es importantísimo, porque si sabés de dónde venís también sabés a dónde vas”, agrega Chagas y explica que, aunque el “negacionismo histórico” es irreparable, “el país está transitando un proceso lento y complejo, que requiere de una gran voluntad política, como lo estamos haciendo desde la educación y cultura en derechos humanos, valores y saberes”. La Ley 26.852, que establece el Día Nacional de los y las Afroargentinos/as es una herramienta para “devolver la identidad robada”, afirma Chagas y añade: “Me pregunto entonces si vamos a seguir mirando hacia Estados Unidos o vamos a mirar finalmente hacia adentro”.
Fuente: Página12
MENTIRAS, MENTIRAS YO QUISE DECIRLE
La rebaja salarial viola la Constitución
En realidad, lo falaz es sostener que la rebaja salarial encuentre sustento en el artículo 223 bis de la ley del Contrato de Trabajo 20.744.
Esta disposición sólo habilita que en casos de suspensiones el empleador compense al trabajador con una prestación dineraria que no se considera remuneración para reducir el costo.
Nadie va a negar que Covid-19 produce lo que en derecho se denomina “fuerza mayor”. El tema es quién la banca y en qué caso.
El Código Civil y Comercial, reproduce textualmente la letra del código de Vélez Sarsfield en su artículo 514. El actual, el 1730, dice: “Caso fortuito o fuerza mayor”. “Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidades, excepto disposición en contrario”.
¿Alguien me puede explicar cómo se puede convalidar una rebaja salarial en base al texto legal citado?
Obviamente, esa mentira no tiene que ver con Alfredo Le Pera, autor del tango Volvió una noche inmortalizado por el inolvidable Carlos Gardel. La rebaja de salarios no tiene nada de romántico.
Por supuesto que pedirle romanticismo al que solo le preocupa la rentabilidad, al decir del ex Ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, solo logra que le respondan con el bolsillo.
Por eso es útil respaldarse en la ley para defender el derecho de los trabajadores.
Con todo respeto a quienes piensan distinto, quiero insistir en que nada avala, ninguna norma, la rebaja salarial. Por lo contrario, y a mi criterio viola los artículos 14 bis, 75 inciso 19 e inciso 22 de la Constitución Nacional.
También el artículo 12 de la ley de Contrato de Trabajo que establece la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, protección ampliada con la ley 26.574 (perdonen la autorreferencia) de mi autoría, ya que, al decir de Mauricio Macri, soy el Líder de la Mafia (no de la N’Drangheta) de los Abogados Laboralistas.
Y esta es una ley de orden público.
Si una trabajadora o trabajador sigue ocupado en la jornada normal tiene que seguir percibiendo la remuneración normal y habitual. Si le rebajan el ingreso se produce un verdadero enriquecimiento sin causa en términos civiles y no penales.
El artículo 179 del Código Civil y Comercial dice que “toda persona que sin causa lícita se enriquezca a expensas de otro (debería haber dicho: de otra) está obligado, en la medida de su beneficio a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido”.
Con toda claridad digo que cuando se habla del ingreso del trabajador se debe tener siempre presente la naturaleza alimentaria del salario. Y esta premisa, si hay quienes la tienen absolutamente en claro, son Alberto y Cristina.
* Abogado Laboralista. Presidente de F.U.E.N.T.E.S.
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Sin industria no hay nación
Por Víctor Paulón
“La situación de los trabajadores metalúrgicos es sumamente crítica y el futuro que se avizora después de la peste, más grave aún”. Rubén Urbano, secretario general de la UOM Córdoba, es uno de los críticos más duros de Antonio Caló. A diferencia de otras actividades que tienen como contraparte grandes empresas multinacionales o conglomerados locales, lo que quedó de la producción metalúrgica es un entramado de pequeñas y medianas empresas vinculadas al mercado interno y a la producción de partes tanto para la industria automotriz como de la maquinaria agrícola local. Las 1.500 empresas de la ciudad de Córdoba, la mayoría pymes y familiares, están penando entre la ayuda oficial y la quiebra.
“Venimos con la industria nacional hecha mierda desde hace mucho tiempo, gobierno tras gobierno no le han dado importancia a la industria nacional, cuando esto se normalice el gobierno deberá prestar atención a los componentes importados que tiene la línea blanca o el autopartismo que hoy no se pueden importar. ‘Sin industria no hay Nación’, según dijeran Carlos Pellegrini y Juan Perón o cualquiera que tenga dos dedos de frente. Tenemos empresarios a los que les interesa comprar bonos o letras antes que meter la plata en producción. Yo veo cosas de este gobierno que las aplaudo hasta con los pies, pero veo algunas otras que se deberían estar haciendo para que tanto empresarios como trabajadores puedan remontar esta crisis. El secretariado no ha comenzado a discutir las paritarias y este mes que viene el medio aguinaldo será sobre la base de la paritaria del año pasado y no de este año como correspondería. Vamos a ver un fin de año de mucha pobreza y de muchas penurias, no solo por la pandemia sino también porque los dirigentes no supimos estar a la altura de las circunstancias para actuar en el momento necesario”.
El panorama no difiere del que pinta Hugo Melo desde La Matanza, capital nacional de la pequeña industria, donde la mayoría de las empresas cuentan entre 5 y 50 trabajadores. Valora la política de Repros y de ayuda directa para pagar salarios, pero también vislumbra un futuro de muchas complicaciones para mantener la actividad metalúrgica. Su expectativa con respecto a la conducción nacional es casi nula. Sabe que tendrá que rebuscársela porque la preocupación de Antonio Caló pasa por otros círculos de interés: su alter ego Raúl Olmos, gerenciador de la Obra Social, es un hombre que ha incursionado en los medios y abandonó a su suerte la salud de los metalúrgicos, lo que no para de generarle problemas con las seccionales. El servicio de ambulancias ha quedado en manos de su hijo y estas anomalías se transforman en quejas cada vez más potentes cuando el sistema no funciona.
Un burgués encuadernado
¿Fue un gesto de dignidad? ¿Fue por no bancarse la lluvia de críticas demoledoras a su oportunismo? Las condiciones que limitaban la especulación y la fuga llevaron a Paolo Rocca a devolver lo que ya recibió de parte del gobierno. La negociación de la deuda y la presión local para que el gobierno ceda y no llegue el default, la recesión heredada y profundizada por la pandemia; Rocca, como un gurú endiosado por los mercados, está implicado en todas estas cuestiones, amén de Vaca Muerta y de la reactivación de la siderurgia. A diferencia de otros nuevos ricos que deambulan por la Argentina, el “Tano” Rocca y su multinacional operan en todo el mundo y su capacidad de imponer condiciones a los sucesivos gobiernos es para tener muy en cuenta.
El gobierno nacional oficializó las restricciones impuestas a empresas que tomen el beneficio salarial contemplado en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). La Techint de Paolo Rocca rechazó la asistencia para el pago de sueldos de mayo y devolvió el dinero recibido por abril. De paso, cerró la planta de tubos sin costura en Campana desde el 24 de mayo hasta el 8 de junio y luego todos los meses quince días. Tenaris Siderca “redimensiona” para reducir sus costos a nivel global, y a nivel local tensa la relación con el gobierno por el impacto de la cuarentena sobre la economía y la prohibición de despidos y suspensiones. Rocca y sus seguidores decidieron darse de baja del plan de ayuda estatal para pagar sueldos de mayo. Los renunciantes son pocos pero significativos frente a las 250.000 pymes que se acogieron al beneficio porque lo necesitan para sobrevivir.
El aluvión de protestas que llovió sobre el gobierno cuando los trabajadores palparon la grasa acumulada por las vacas sagradas de la economía tuvo ribetes de disconformidad social y agotó la tolerancia sindical. En la vereda de enfrente, tampoco le gustó a Rocca que no podría distribuir utilidades, ni recomprar acciones o adquirir títulos o valores en pesos para su posterior e inmediata venta en dólares. No podrán realizar pagos a sujetos con domicilio en “guaridas fiscales”. Encima, las empresas que tengan más de 800 personas no podrán hacerlo por cuatro años y la AFIP remitirá al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores la nómina de beneficiarios para que tengan la posibilidad de acceder a información referida a la operatoria. Lo cierto es que el Estado viene a sustituir con los ATP un seguro de desempleo. Alberto, lúcido contemporizador, pudo salvarle la ropa a Claudio Moroni, enredado en desentendimientos con cooperativas y la gestión de beneficios gremiales de dudoso rigor.
El “Tano” fue encuadernado junto a otros empresarios en una maniobra sin límites morales ni legales, y espera pacientemente el momento en que saldará sus cuentas con Mauricio Macri. En todos los posibles escenarios de la post pandemia lo veremos actuar en la política local a través de sus cuadros políticos como pocas empresas globales pueden hacerlo en nuestro país. El crecimiento permanente en los últimos 50 años da cuenta de una sólida estrategia de acumulación de poder económico y de gran capacidad de incidencia política. La firma Techint ha sido la más determinante en todas las negociaciones paritarias allí donde tiene empresas implicadas. Durante los 12 años del kirchnerismo fue la voz más influyente en las paritarias. Habrá que ver quienes imitan su decisión y quienes huyen despavoridos por temor a la Justicia.
La paradoja de Pianelli
El conflicto que tuvo semiparalizado el transporte del interior del país sin gran repercusión en la vidriera nacional y amenazaba con paralizar la zona del AMBA se detuvo al filo del precipicio. Miguel Angel Bustinduy, opositor a Roberto Fernández en la UTA, demostró tener la llave de la negociación. El paro llevaba varias semanas en algunas provincias en reclamo del pago de sueldos.
Tal como se dibujan los acuerdos entre la UTA y los Metrodelegados del Subte hace años, las negociaciones reales son con el Sindicato del Subte y cuando todo está resuelto se firma “oficialmente” con Fernández, dueño de alguna legalidad formal. Paradoja del destino, las huestes de Pianelli, “bandidos rurales difícil de atraparles” como diría León Gieco, le enseñaron el camino de ida al ex secretario de Organización de la UTA devenido opositor, y la jugada terminó siendo un reconocimiento a la representatividad que en estos años consiguió Bustinduy entre los delegados gremiales de DOTA con el impulso de la megaempresa de colectivos.
Para el periodista Jorge Duarte, “varios secretarios generales del interior empezaron a cruzar de vereda.Es que luego de un mes sin que la conducción nacional del sindicato consiguiera resolver nada, una amenaza de huelga de Bustinduy derivó en soluciones en 72 horas. Pequeños movimientos que pueden desencadenar un tembladeral”. Según el documento que fue dado a conocer por el sitio InfoGremiales, el acta tripartita de la FATAP con el gobierno tuvo la novedad de la presencia de los opositores a Fernández en las discusiones y garantiza el pago del 100% de los salarios. Bustinduy había lanzado una medida de fuerza en solidaridad con el interior, y hubiera afectado a más de 80 líneas de colectivos en el AMBA. El gobierno nacional aceptó producir una asistencia financiera “indispensable” para afrontar el inmediato pago de los salarios.
Patéticas miserabilidades
En la Rotonda de Pasco, mientras los trabajadores del Frigorífico Penta de Quimes realizaban una asamblea para discutir la forma de cobrar las cinco quincenas que llevan sin percibir sus salarios, una patota contratada por el “empresario” Ricardo Bruzzese intimidó desde el predio de la empresa con disparos de armas de fuego a los presentes, sin que alcanzaran a herir a nadie. Tras las rejas, los agresores se pusieron a resguardo demostrando su pertenencia a la firma. Los trabajadores buscan la reactivación de la planta, mientras el insólito Bruzzese no acepta abrir las puertas si los trabajadores insisten en tener representación sindical.
En un reportaje con Lucas Molinari en Radio Gráfica, el adjunto del Sindicato de la Carne, Juan Córdoba, explicó que la Comisión Interna es resistida por la patronal porque no quiere ningún sindicato e insiste en despedir a la interna y sus allegados. Córdoba denunció la ausencia en la cobertura del conflicto de los medios nacionales pese a que han realizado marchas a la plaza de Mayo, ollas populares y conferencias de prensa que solo cubren medios alternativos. La influencia de Bruzzese, presidente de la Cámara del sector, es de tal importancia que se sienta en la mesa del Consejo contra el Hambre que preside Victoria Tolosa Paz con la misma cara que se presentaba como “amigo” de María Eugenia Vidal y fundaba “Carne para Todos” en tiempos del inefable Guillermo Moreno.
El episodio es parte de una larga secuencia de ataques de patotas amañadas por grupos policiales que llevaron a que el comisario perteneciente a la comisaría 5ª de La Cañada fuera separado de sus funciones. La represión ilegal fue condenada por la intendenta Mayra Mendoza y la gobernación, y pasaron sin pena ni gloria varias audiencias de conciliación donde la empresa no se aviene a cumplir con las intimaciones del ministerio de Trabajo provincial que conduce Mara Ruiz Malec. Córdoba señaló que “los 240 trabajadores cuya fuente de trabajo está en riesgo conforman un caso testigo para todo el gremio. Lo que los propietarios quieren es trabajar sin convenio ni leyes”. Luego de una asamblea en Quilmes, denunciaron que fueron amenazados con fierros, palos y revólveres por gente contratada por Bruzzese y marcharon rumbo a la Casa Rosada, aunque fueron contenidos en el Puente Pueyrredón.
La denuncia de la CTA ciudad por la grave negligencia de McDonald’s sobre el contagio de coronavirus en su local de Recoleta deja al descubierto que detrás del edulcorado informe que presenta Rodríguez Larreta, existe otra realidad que pone en último lugar la salud de los trabajadores. La denuncia detalla que, si bien todo el personal reclamó por esta situación, la única respuesta de McDonald’s fue mantener abierto el local sin tomar medidas preventivas ni aplicar ningún protocolo. Las consecuencias no se hicieron esperar. Ahora la gerenta del turno noche pasó a engrosar la lista de contagios de Covid-19. A pesar de ello, el gobierno de la Ciudad no intervino y la empresa se niega a cerrar preventivamente el local. Lxs Secretarixs Generales del tridente sindical capitalino —Daniel Catalano (ATE), Angélica Graciano (UTE) y Roberto Pianelli (AGTSyP)— cuestionaron duramente al gobierno porteño por la gestión de la crisis sanitaria en el marco de una política sistemática de reducción de la inversión en salud, educación y áreas sociales.
El mes de junio y el medio aguinaldo irrumpen como un tema adicional para los asalariados. Las paritarias vienen rezagadas y la inflación acumulada es muy grande. Cobrarlo y actualizarlo es un tema complejo y amaga con complicarles la vida a patrones y trabajadores. Las actividades productivas se van normalizando lentamente pero la pandemia no ha llegado a la cima. La crisis se seguirá profundizando. Como bien señala Eduardo Basualdo, “las sociedades holdings inciden de manera determinante en la formación de precios (y, por lo tanto, en los procesos inflacionarios) al dominar a través de sus distintas empresas los núcleos claves de actividades y sectores de la economía (lo que los economistas, técnicamente, definen como ‘integración vertical’). Tres prácticas recurrentes de esos holdings –la distribución de dividendos y remisión de capitales al exterior, el otorgamiento de créditos entre empresas del propio grupo económico y la manipulación de precios al controlar oligopólicamente núcleos estratégicos del aparato productivo— debilitan de modo sistemático a los Estados. “El Frente de Todos es una alianza de sectores populares con grupos económicos locales”, traducido a política es una carrera contra el tiempo. O el Consejo Económico y Social genera el marco para la postpandemia, o la restauración de lo peor que acabamos de derrotar ocupará nuevamente la escena. Con Alberto no alcanza, faltan los otros jugadores para hacer un equipo. La globalización del coronavirus derrumbó el escenario neoliberal. Lo que sigue será reconstrucción desde lo local a lo regional, y el plano internacional. Hay demasiados escombros del viejo régimen como para asegurar el futuro.
Nota completa: https://www.elcohetealaluna.com/caos-en-ciudad-gotica/
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TECNOLOGÍA PARA UN PAÍS EN DESARROLLO
Homenaje a Jorge Sábato, en el Día Nacional de la Vinculación Tecnológica
A mediados de 2019, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió declarar el 4 de junio como Día de la Vinculación Tecnológica, conmemorando con esa fecha el nacimiento del destacado físico y tecnólogo argentino Jorge Sábato. Con ese motivo, diversas universidades públicas del país organizaron durante la semana actividades relacionadas con las distintas dimensiones, visiones y problemáticas de la vinculación tecnológica.*
Físico y tecnólogo argentino de formación autodidacta, especializado en metalurgia, docente y analista crítico dedicado a los problemas del desarrollo tecnológico en la periferia, Jorge Alberto Sábato (1924-1983) fue el principal referente del Plan Nuclear Argentino. Se sumó en 1953 a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en 1968 creó el Curso Panamericano de Metalurgia que, desde entonces, reúne a científicos y científicas de todo el mundo, hoy bajo el nombre de “Instituto Tecnológico Jorge Sábato”, dependiente de la Universidad Nacional de San Martín y la CNEA. Entre sus múltiples aportes teóricos, se destaca la formulación del concepto hoy conocido como “triángulo de Sábato”, expresión gráfica del modelo analítico relacional que postula como condición de desarrollo socio-económico la necesidad de coordinar las actividades de tres sectores clave: el gobierno, la ciencia-tecnología y la estructura productiva.
Definido originalmente con el objetivo de destacar la íntima relación que existe entre tecnología y sociedad, el concepto de “vinculación tecnológica” dio un salto con la llamada revolución del conocimiento, producida primero con la unión entre universidad e investigación a comienzos del siglo XX y luego por la unión entre investigación e industria, sobre todo a partir de la Segunda Guerra. Creada en 1993 bajo la influencia de dicho concepto, la Fundación InnovaT de CONICET se suma hoy a la celebración del Día de la Vinculación Tecnológica, convocando a referentes de distintas trayectorias y responsabilidades institucionales, con quienes viene trabajando conjuntamente, para conocer opiniones y las reflexiones que la fecha les sugiere.
Ex directora del programa Fonarsec del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) y actual presidenta de InnovaT, Isabel MacDonald reconoce la oportunidad de celebrar el día de la vinculación tecnológica, pero advierte sobre la necesidad de redefinir y actualizar ese concepto, para tomar conciencia sobre su importancia el resto del año: “Hablar de vinculación es hablar de transferencia de tecnología, y toda innovación tecnológica debe hacerse para mejorar la vida de las personas, para proteger la salud de la población, para generar riqueza y para que la política pueda desarrollar mejor sus tareas. Toda vinculación tecnológica implica además la existencia de colectivos, no uniformes sino compuestos por diversos sectores, por distintos roles, distintas disciplinas, distintos saberes y quehaceres. De alguna manera, vincular significa tender puentes entre quienes tienen finalidades semejantes pero que, por distintos motivos de la vida cotidiana, no se relacionan, no trabajan o no cooperan”.
En ese sentido, Diego Hurtado, físico y especialista en historia de la ciencia y la tecnología argentina, actual Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del MinCyT, sostiene que esa falta de relaciones constituye un problema central del desarrollo nacional. “La Vinculación Tecnológica en Argentina representa un punto crítico de las políticas de CyT. Por un lado, hoy nuestro país necesita mayor intensidad y diversidad de capacidades de gestión de la tecnología. Por otro lado, necesitamos marcos regulatorios y políticas capaces de producir el tipo de empresas que necesita un país en desarrollo. Un Estado con inteligencia y eficacia incrementales parece una condición de posibilidad para avanzar en esta dirección”.
Por su parte, Sebastian Kossacoff, director ejecutivo de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) observa que “en América Latina las cámaras empresariales suelen limitar su rol a la representación del sector, pero pocas veces se comprometen con coordinar acciones que contribuyan a promover la innovación como mecanismo para la mejora de la competitividad de sus industrias”. Sin embargo, advierte, “el mundo en su conjunto se encuentra en una crisis con características excepcionales, lo que nos obliga más que nunca a estar atentos a todas aquellas oportunidades que se abrirán”.
Para abordar el desafío abierto por dicha crisis global, Marisa Duarte, presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y directora de la emblemática revista Realidad Económica (publicada desde 1970) advierte sobre la necesidad de retomar el histórico debate sobre el desarrollo tecnológico en un país periférico como Argentina. “La tecnología –afirma— es la herramienta para el desarrollo nacional. Contamos con el baúl de las ideas de referentes como Varsavsky, Sadovsky, Sábato, entre tantos otros, que lucharon por generar aplicaciones de la ciencia que respondieran a las necesidades de nuestra sociedad y, de esa manera, alcanzar mayores grados de desarrollo independiente. Tan sencillo y tan difícil a medida que avanza un paradigma regido por las grandes corporaciones (locales, extranjeras y globales), marcado por una trayectoria científica basada en esfuerzos propios pero dirigida por parámetros y necesidades exógenas y con dificultades de vinculación entre la producción y la tecnología”.
Sobre la base de estos diagnósticos de carácter complementario, los desafíos del presente podrían resumirse en el interrogante formulado por Jorge Sábato en 1979: “¿Qué haremos en las próximas décadas cuando esta revolución [tecnológica] se acelere aún más y barra definitivamente de la historia a las naciones que no participan plenamente en ella y de cuya soberanía solo quedarán bandera e himno como símbolos huecos de un pasado que definitivamente terminó?” Se trata, en definitiva, de actualizar el histórico debate sobre el rumbo que debería proyectarse para optimizar la relación entre ciencia, tecnología, producción, política y sociedad. Debate que, en Argentina, tal como recuerda la resolución del Consejo Interuniversitario Nacional que propone conmemorar a Jorge Sábato con el Día de la Vinculación Tecnológica, se remonta a la Reforma Universitaria de 1918, verdadera innovación “que tuvo profundas repercusiones no solo en nuestro país sino en el resto del mundo” (Res. CE Nº 1446/19).
Según Isabel MacDonald, “la experiencia que está haciendo nuestro país en este momento, en el marco de la pandemia, marca de alguna manera un hito en el trabajo colectivo, en la vinculación, en hacer evidente la necesidad que tenemos de generar transferencia tecnológica y de relacionar mejor el sistema productivo y el sistema científico, con nuestra sociedad, con nuestras empresas, con nuestro gobierno”. Es por ello que, afirma la presidenta de InnovaT, “desde el pequeño colectivo que estamos armando buscamos contribuir para mejorar esas relaciones, agradecemos el apoyo de mucha gente que ha confiado en nosotros y esperamos que esta fecha sirva para recordar que todo conocimiento es siempre transferible y que las instituciones como la nuestra deben colaborar para que las tecnologías puedan ser desarrolladas localmente para beneficiar a toda la sociedad”.
En ese sentido, Sebastián Kossacoff de Asociación de Industriales Metalúrgicos reconoce que, en el “nuevo mundo” que se abre con la actual crisis global, “la innovación toma un rol preponderante para explicar la competitividad de nuestros países”. Sin embargo, advierte, “la forma de innovar en este mundo digital es diferente. Se produce en entornos colaborativos abiertos, escuchando y viendo a otros que hacen cosas muy diferentes. Se vuelve imprescindible generar relaciones con múltiples actores del sector público y privado. Por eso, en Asociación de Industriales Metalúrgicos, a través de nuestra Red de Centros Tecnológicos, venimos acompañando a las empresas del sector en el proceso de adaptación al nuevo contexto”. Es que la articulación con “centros tecnológicos, clientes, proveedores o empresas de sectores que a priori podrían parecer muy lejanos, se vuelven —según Kossacoff— fundamentales. Pero también es cada vez más notorio el papel que desempeñan los gobiernos locales, regionales y nacionales como impulsores de retos que promueven la innovación bajo diferentes modalidades de compras públicas. Pocos son los países en el mundo que cuentan con recursos humanos altamente calificados, multiplicidad de recursos naturales y un tejido industrial heterogéneo y diversificado. El desafío que enfrentamos es precisamente poner en valor el resultado de estas capacidades que nos conducirán a un desarrollo sostenido e inclusivo. Por lo tanto –concluye—, en el día de la Vinculación Tecnológica tenemos que potenciar y hacer evolucionar lo propuesto por Sábato”.
Es justamente el debate sobre el desarrollo sostenido e inclusivo el que, según Marisa Duarte del IADE, debemos recuperar y propone para ello un doble interrogante: “La actualización de los viejos debates –sostiene— deberá basarse en la respuesta a dos preguntas centrales: ¿qué tecnología es posible para cada uno de los sectores sociales que componen nuestra sociedad? Y segundo, y más importante, ¿qué modelo de desarrollo seguirá el país en las próximas cinco décadas? Sólo el saber adónde vamos orienta las opciones en el mientras tanto.” En definitiva, para poder abordar de manera democrática un debate público de semejante complejidad, la figura de Jorge Sábato reaparece como una llave o canal de comunicación de absoluta vigencia. Tal como afirma Diego Hurtado desde el MinCyT, “elegir el natalicio de Jorge Sábato como el día de la Vinculación Tecnológica es un gran acierto. Sábato es el pensador que comprendió en toda su complejidad los laberintos del desarrollo y supo descifrar los principios de política tecnológica capaces de perforar los obstáculos que enfrentan las periferias, muchos de los cuales mantienen plena vigencia”.
- La nota fue publicada originalmente en el portal de la Fundación Innovat – Conicet
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Mirá quién te vigila…
Una de las privatizaciones que dejó el menemismo fueron los servicios de seguridad. Esa rama empresaria que da enormes ganancias y paga miserias creció durante el macrismo y fue parte importante en la operación de los aportantes truchos durante la campaña del PRO. Una trama de desidia y un nombre: Murata.
Por Carlos Saglul | Durante el menemismo, cuando gran parte de los bienes del Estado pasaron a manos de empresas privadas, uno de los “negocios colaterales” fue la privatización de los servicios de seguridad. Miles de empleados públicos fueron despedidos o se acogieron al retiro voluntario. A partir de ese momento, las tareas de vigilancia pasaron a ser cumplidas por flamantes compañías privadas.
¿Qué sentido tiene contratar a una compañía -que obviamente no trabaja gratis- para que a su vez contrate a un empleado, que deberá realizar la tarea de otro, al que debió indemnizarse? Por esa época se justificaba como: “el Estado no sabe administrar”. El resultado, una nueva rama empresaria que da ganancias importantes, y trabajadores que ganan miserablemente, tienen dos empleos o jornadas interminables. Gran parte son manejadas por ex comisarios que tienen bajo manejo un amplio ejército poco regulado que atiende una demanda creciente en un mundo donde la inseguridad es una preocupación central.
Este fin de semana se conoció la muerte por coronavirus de Miguel Ángel Olmedo, que estaba a tres meses de jubilarse. Trabajaba para una de las empresas emblemáticas del sector: Murata.
De acuerdo al testimonio de familiares de Olmedo, la empresa de seguridad lo obligó a trabajar pese a estar dentro de los grupos de riesgos por padecer síndrome coronario y sufrir hipertensión.
La hija de Olmedo explicó que si bien su padre había solicitado licencia, al ampliarse la cuarentena, volvió a trabajar por presiones de la empresa. Como estaba a tres meses de jubilarse, el vigilador pidió licencia por enfermedad. Le dijeron que solamente podían dársela sin sueldo. Y entonces lo mandaron del cementerio de La Recoleta a la Villa 31, un lugar de alto riesgo en materia de contagio, donde comenzó a tener los síntomas que antecedieron a su muerte.
Con Mauricio a todas partes…
En los sótanos del Estado se amontonan denuncias contra Murata. Aunque siempre son menos que sus contratos millonarios. ¿Cuál es la explicación del “éxito”? En 2018, una de sus empleadas, Brenda Oso, pensó encontrarla. Fue cuando descubrió que ella y otros once trabajadores de la empresa figuraban como aportantes de las campañas de Cambiemos sin haber realizado esas contribuciones ni tener los fondos para hacerlo.
Brenda se enteró por una lista de aportantes que hizo pública la ONG La Alameda que figuraba donando 95 mil pesos en el informe de gastos de las Paso 2015, 30 mil en la campaña presidencial y 16.500 para los gastos electorales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017. Es ilegal que una empresa financie la campaña de un partido político que una vez en el Poder la contrata, pero obviamente la Ley nada dice de particulares que aportan cifras relativamente pequeñas, cuyo origen real es complicado establecer. Según Oso, el dueño de la empresa, Roberto Raglewski, ex comisario exonerado de la Policía Federal, les recomendó a sus empleados hacerse cargo de las donaciones si los llamaba la prensa.
Según el semanario Perfil, Oso terminó abandonando el país. Ya estaba en el exterior cuando una amiga le informó que según un listado seguía figurando entre los aportantes del PRO. Oso declaró al mencionado medio que la primera vez no había realizado ninguna denuncia porque “estaba trabajando en la empresa donde hay muchos policías retirados y un ambiente difícil. No quería terminar amenazada”. En Buenos Aires, Murata presta sus servicios en el Banco Ciudad, los subtes. Llegó allí con Macri en 2011 y con él saltó a la Nación. Las cifras que se mueven en materia de seguridad son millonarias.
Canal 7, Radio Nacional, el INTI
El Sindicato Unido de Trabajadores y Custodios Argentinos denunció que “las licitaciones siempre las ganan los mismos”. Reiteró que Murata aportó a la campaña de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, en la Nación y la provincia. Señaló que “están en Ferrocarriles, Sucursales del Banco Provincia y otras dependencias”. La firma también presta servicios en Radio Nacional, Canal 7 y muchas reparticiones estatales.
La ex diputada, Margarita Stolbizer pidió el allanamiento del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) durante la gestión de Javier Ibáñez en una denuncia por contrataciones irregulares y sobreprecios. En ese momento, Stolbizer denunció “los intolerables hechos de violencia institucional que ocurren en el INTI” y que “personal civil armado recorre la institución controlando y amenazando” a los trabajadores.
Explicó que Ibáñez contrató para la seguridad del INTI a la empresa Murata, una compañía de seguridad que le donó al PRO 295 mil pesos para su campaña en 2015 a través de sus empleados mientras el ex comisario Raglewski, que es su dueño, aportó personalmente 500 mil pesos más. “Por mes en el INTI están pagando, casi 1.300.000 pesos a esa empresa”, dijo la dirigente.
En su página oficial, el gremio del sector señala que “Murata incumple leyes laborales, aprieta trabajadores y no recibe control alguno como contraprestación a sus generosas donaciones en las campañas electorales”. Añade que la empresa no paga horas extras de acuerdo a derecho, recarga irregularmente horas de trabajo “hasta el punto de someter a los compañeros a jornadas de 16 horas” y niega vacaciones con la excusa de falta de personal.
Según una denuncia que publicó días atrás la Izquierda Diario, la situación que padeció Olmedo está lejos de ser un hecho aislado. En la Línea San Martín del Ferrocarril “tras despedir a 7 trabajadores por reclamar guantes y alcohol en gel al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la tercerizada Murata S.A, que presta servicio de vigilancia dentro de Trenes Argentinos, puso en cuarentena a 30 empleados de brigada tras confirmarse un caso positivo. Se trata de un trabajador que estuvo en contacto con parte del personal, aunque le dieron sólo 5 días de licencia, cuando el aislamiento debe ser de 14 días en estos casos”.
Murata sigue acumulando denuncias y contratos. ¿Es la única compañía de estas características o marca una conducta que es rutina en los sótanos de la política que prometió limpiar el presidente Alberto Fernández? ¿Cómo es posible que en el Estado que debiera velar por el cumplimiento de las leyes laborales, existan empresas que las ignoren con impunidad? Persiste una especie de “zona liberada” donde los empresarios se enriquecen mientras los obreros se mueren, en un final que parece una sentencia anunciada por su propia indefensión.
Fuente: Canal Abierto
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Envio:RL
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