Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2020
(Foto: Movilización en la localidad de Pedro Luro
Ya van más de dos meses que un joven argentino de 22 años, Facundo Astudillo Castro, se ha convertido en una nueva víctima de desaparición forzada. Todo indicaría que detrás de este hecho, otra vez estarían efectivos de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires.
Desde ese 30 de abril en que Facundo viajaba desde la localidad de Pedro Luro hasta Bahía Blanca, y en que testigos señalan que fue obligado a subir en un patrullero de la policía bonaerense, nada más se supo de él. O a lo mejor sí, algún dato comprometedor para los secuestradores debía tener el propio jefe de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, cuando le dijo a la desconsolada madre del desaparecido: «Su hijo está vivo y lo vamos a encontrar”.
Suena por lo menos raro que desde que Berni pronunciara esa sentencia, el pasado 7 de julio, nunca más insistió en la misma. La pregunta que cabe entonces, es: qué sabía Berni del tema como para tan temerariamente dar una información de ese calibre y a las pocas horas volver a declarar que no hay indicios ciertos para acusar a los efectivos policiales que teóricamente habrían intervenido en el secuestro y desaparición de Facundo. O todo se trató de uno de sus típicos alardes egocéntricos buscando lograr un perfil electoral a futuro, lo que sería peor todavía tratándose de un tema tan doloroso para una sociedad que carga la pesada mochila de 30 mil desaparecidos y desaparecidas en dictadura, más los que se sumaron en “democracia”, como Julio López o el caso emblemático de Santiago Maldonado.
Tiene toda la razón la madre de Facundo cuando señala que no quiere a la Bonaerense en la investigación del caso porque es como meter al zorro en el gallinero, pero su exigencia, a la que se sumó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, es constantemente burlada por los efectivos policiales, que no solo tratan de seguir obstaculizando la búsqueda sino que se dan el lujo de amenazar de muerte al abogado de la familia Astudillo Castro.
Lo cierto es que por más que se intente disimular o enredar una definición sobre lo que está ocurriendo con el caso de Facundo, si todos los caminos conducen a que hubo una intervención policial en el secuestro, es indiscutible que existe una clara responsabilidad del Estado. De la misma manera que ocurriera con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, sendos actos criminales del gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. De allí, la gravedad de que transcurran los días y Facundo siga sin aparecer, mientras que un gobierno al que millones de argentinos y argentinas votaron para tratar de borrar la barbarie en todos los órdenes producida por el macrismo, no tome el caso con la seriedad que merece y remueva cielo y tierra para encontrar vivo al joven secuestrado y enviar a la cárcel de por vida a los culpables.
No se puede seguir consagrando la impunidad como norma, aprovechándose en esta instancia de que miles de personas que seguramente se movilizarían en las calles reclamando “aparición con vida de Facundo”, hoy se ven obligadas a estar confinadas por la pandemia.
Más grave aún cuando el gatillo fácil (o la pena de muerte institucionalizada) dan cuenta de cifras de terror: un asesinato a manos de la policía y Gendarmería cada 40 horas solo en el mes de junio. Esto totaliza 18 jóvenes muertos, porque la mayoría de los ejecutados tienen edades que oscilan entre los 18 y los 30 años.
Más grave aún cuando el gatillo fácil (o la pena de muerte institucionalizada) dan cuenta de cifras de terror: un asesinato a manos de la policía y Gendarmería cada 40 horas solo en el mes de junio. Esto totaliza 18 jóvenes muertos, porque la mayoría de los ejecutados tienen edades que oscilan entre los 18 y los 30 años.
Si a ello le sumamos 82 femicidios en 117 días de confinamiento obligatorio, más otros innumerables abusos represivos en todo el país, la resultante es que estamos en presencia de un estado de excepción a nivel de las fuerzas de Seguridad que teóricamente iban a salir a las calles para “cuidar” a la población. Pero lo más significativo es que esto ocurre como un hecho “normal”, minimizado por la prensa hegemónica y aplaudido por los sectores más recalcitrantes de la derecha.
Otra vez, frente a tan grave panorama, el Estado se desentiende o cuando actúa lo hace para premiar a través de su Poder Judicial, con libertades inexplicables a quienes cometen asesinatos como el de Facundo Scalzo, en el Bajo Flores, o a quienes allanaron violentamente la vivienda de los indígenas Qom en el Chaco, golpeando e intentando quemar a una adolescente, o a los asesinos de la autoridad indígena Javier Chocobar, en Tucumán, por nombrar solo unos casos.
Es evidente, por más que lo nieguen los funcionarios civiles del Ministerio de Seguridad, con Sabina Frederic y Gabriel Fuks a la cabeza, que hay luz verde para que policías y gendarmes actúen con saña manifiesta contra el pobrerío de esos barrios y villas donde el hambre y la falta de insumos de todo tipo son moneda corriente, y jamás lo hagan contra, por ejemplo, los ultraderechistas que se manifestaron días pasados en el Obelisco, declarando enemigos y golpeando a todo aquel que no piensa como ellos.
Así es de brutal el “nuevo orden” que se va conformando desde que comenzó la guerra bacteriológica global. Necesita para imponer el control social establecer un sistema de militarización de las sociedades y consagrar como “daños colaterales” las bajas (crímenes) que deriven del mismo. Por eso, ha de estar en la resistencia y la lucha que se presente a este tipo de proyectos de dominación, la posibilidad de que no sigan ocurriendo más casos como el de Facundo Castro u otros como él cuyo único delito es ser jóvenes y vivir en barrios humildes. Callarse, consentir o mirar a un costado, significará complicidad por acción u omisión.
*Integrante de la OLP-Resistir y Luchar


Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2020
Correpi realizará este miércoles 15 de julio, a las 18, a través de su facebook una charla con Cristina Castro (mamá de Facundo Astudillo Castro), Leandro Aparicio (abogado de la causa), Sergio Maldonado (hermano de Santiago) y Dante Patrignani (secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca). Moderará Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Reproducimos convocatoria:
Aparición Con Vida
El Estado Es Responsable
No es la primera vez que preguntamos ¿Dónde está….? en democracia.
Aparición Con Vida
El Estado Es Responsable
No es la primera vez que preguntamos ¿Dónde está….? en democracia.
Preguntamos por Miguel Bru, Andrés Núñez, Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, Martín Basualdo y Héctor Gómez, Sebastián Bordón, Luciano Arruga, el Rubio del Pasaje, Gustavo Gómez, Luciano González, Jorge Julio López, Daniel Solano y dos centenares más. Preguntamos en 2017 dónde está Santiago Maldonado y este año dónde está Luis Espinoza.
Hoy volvemos a preguntar ¿Dónde está Facundo Astudillo Castro?
Siempre partimos de la misma certeza: la última vez que se lxs vio, estaban bajo el poder de hecho de una fuerza de seguridad, por eso es el Estado quien debe decir qué pasó y dónde están.
Por eso no sólo preguntamos. Afirmamos que el estado es responsable y exigimos saber.
Este miércoles 15, a las 18:00, nuestro compañero Ismael Jalil va a estar charlando en vivo con lxs protagonistas de esta pelea que no cesa:
• Cristina Castro, mamá de Facundo.
• Leandro Aparicio, abogado de la causa.
• Sergio Maldonado, hermano de Santiago.
• Dante Patrignani, secretario de DDHH de la CTA Bahía Blanca.
• Leandro Aparicio, abogado de la causa.
• Sergio Maldonado, hermano de Santiago.
• Dante Patrignani, secretario de DDHH de la CTA Bahía Blanca.
Conectate, preguntá, comentá.
Vivo en el FB de CORREPI.
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Dispusieron la intervención de tres comisarías por la desaparicion de Facundo Castro
Resumen Latinoamericano, 13 julio 2020
Lo resolvió esta mañana el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García
Tras 74 días, la trama alrededor de la desaparición de Facundo Astudillo Castro sigue siendo incierta. Esta mañana, tres comisarías del partido bonaerense de Villarino fueron intervenidas por la Jefatura de la policía provincial mientras continúa la investigación por la desaparición del joven de 22 años, ocurrida el 30 de abril pasado, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
En el marco de la causa por la desaparición forzada que instruye la jueza federal María Florencia Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez comenzó hoy el peritaje de una patrulla, a cargo de la división Científica de la Policía Federal, perteneciente a la subcomisaría de Mayor Buratovich, uno de los tres vehículos policiales secuestrarios hasta ahora. De este modo, las intervenciones sobre las dependencias policiales fueron dispuestas por el jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Daniel García, quien viajó a Bahía Blanca y al partido de Villarino. Los voceros detallaron que García decidió intervenir las seccionales ubicadas en Mayor Buratovich, Pedro Luro y Teniente Origone mientras se desarrolla la investigación.
Así, el jefe policial se reunió con el fiscal Federal Ulpiano Martínez, y con los jefes de la Superintendencia Interior Sur, al tiempo que viajó a Villarino para mantener un encuentro con el intendente Carlos Bevilacqua, quien esta mañana reiteró que está a disposición para colaborar en la búsqueda y anunció que se realizará un rastrillaje sobre la ruta nacional 3 donde se cree que estuvo el joven antes de desaparecer.
Mientras tanto, en el marco de la pesquisa, agentes de la PFA comenzaron esta mañana los peritajes sobre la camioneta Toyota Hilux secuestrada de la subcomisaría de Mayor Buratovich. La diligencia se desarrolló en la sede de la delegación de la Policía Federal Argentina, ubicada en la calle Rondeau 139, y aun se aguardan los resultados. “En el marco de ello se procederá a llevar a cabo una inspección ocular del vehículo y el levantamiento de muestras físicas (rastros) y biológicas como (ADN, manchas de sangre) como así también fotografías y filmaciones”, detallaron fuentes de la investigación a Télam. En esa misma dependencia hay otros dos vehículos que fueron secuestrados en las últimas horas por orden del Juzgado Federal 2, a cargo de Marrón, y por el fiscal Martínez: otra camioneta Toyota Hilux perteneciente al destacamento de Teniente Origone y un automóvil Chevrolet Corsa que pertenece a un policía.
Durante la inspección se hizo presente en el lugar uno de los abogados de la madre de Astudillo Castro, Leonardo Aparicio, quien manifestó que “el automóvil es de una policía que dijo que a Facundo lo había llevado a las 12.30 de Mayor Buratovich a Teniente Origone”. Esa policía, agregó el abogado, “es la hermanastra de otra efectivo que le había hecho una infracción por incumplir la cuarentena a las 10.30 de la mañana” del 30 de abril, el día que desapareció. Sobre la camioneta que comenzó a ser inspeccionada hoy, Aparicio dijo que se trata del vehículo “de la policía bonaerense donde trascendió una fotografía del joven parado de espalda y a pocos metros una mochila que llevaba”.

Luego, el letrado informó que se realizan los análisis de la geolocalización vehicular de los patrulleros durante ese día. De este modo, con todas las hipótesis abiertas, lo último que se sabe del joven de 22 años es que el 30 de abril fue demorado en ese retén policial en la zona de Mayor Buratovich.
Los investigadores esperan los resultados de los primeros peritajes realizados sobre otro de los patrullero secuestrados, una Toyota Hilux número 23360 en la que efectivos de la Policía Federal buscarán también rastros que ubiquen a Facundo en el vehículo. De igual modo, también se aguardan los resultados de los peritajes a los celulares de los policías del destacamento de Mayor Buratovich, del partido bonaerense de Villarino, señalados por testigos de ser las últimas personas que vieron a Facundo. Y, por solicitud del fiscal Ulpiano Martínez, la jueza Marrón libró oficios a las compañías Facebook e Instagram requiriendo información vinculada al caso, que según informó el portal local La Brújula 24, aquellos resultados revelaron que Castro utilizó sus redes sociales por última vez un día antes de desaparecer, es decir el 29 de abril pasado.
Amplían la búsqueda de Facundo con fuerzas federales
Por Adriana Meyer

A partir de este lunes las fuerzas federales que dependen del ministerio de Seguridad de la Nación harán operativos de rastrillaje en casi toda la provincia de Buenos Aires, a pedido de la fiscalía federal que interviene en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. El fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, solicitó al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del ministerio de Seguridad que «efectúe con fuerzas federales un rastrillaje y tareas de búsqueda e investigación en la zona». Así, la cartera que conduce Sabina Frederic dispuso un despligue de recursos humanos y tecnológicos , tal como anticipó Página/12.
En tanto, los investigadores esperan el resultado de los peritajes a los vehículos que habrían sido usados por policías bonaerenses la última vez que fue visto el joven -que según tres testigos estaba subiendo a una camioneta policial– para poder identificar a los presuntos autores de su desaparición.
«Se efectuó una planificación interfuerzas que contará con la participación de agentes de Policía Federal de Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tandil, Pinamar, Chascomús, Dolores, Azul y Bahía Blanca. Estas delegaciones son las que han dispuesto a oficiales, suboficiales, agentes, móviles, unidades de bomberos, perros y drones para realizar la cobertura territorial», informaron fuentes de Seguridad. Además, informaron sobre los pasos anteriores que dieron en el caso de Facundo, el joven de 22 años que salió el 30 de abril de su casa en la localidad de Pedro Luro hacia Bahía Blanca, donde vive su ex novia, pero nunca llegó a destino. En tanto, la madre del joven pidió que sea convocado el equipo de canes de su confianza.
Cronologia del trabajo
– 25 de junio: El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación toma conocimiento de la desaparición. Este sistema pone a disposición de los fiscales a cargo de las investigaciones recursos federales para la investigación en casos de búsqueda de personas. Ese día se retransmite el caso a nivel nacional través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) de este ministerio. Esta herramienta permite comunicar a nivel nacional, en tiempo real, a todas las policías provinciales de país y otras agencias gubernamentales, la desaparición de una persona.
– 8 de julio: Con la intervención de la justicia federal en la búsqueda del joven, la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina es incorporada como auxiliar de la justicia, en este caso la jueza federal María Gabriela Marrón y el fiscal federal Martínez. También le solicitó a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Gendarmeria Nacional Argentina que dispongan de sus recursos para acompañar las tareas de búsqueda.
– 8 de julio: la Policía Federal secuestró elementos de interés para la causa en la comisaria de Mayor Buratovich, distrito de Villarino. La magistrada ordenó el secuestro del libro de guardia y los teléfonos celulares de los agentes y oficiales.
– 11 de julio: la División de Búsqueda de Personas de la PFA participó del reconocimiento y análisis de restos óseos hallados en un basural que según los expertos forenses no pertenecen a un cuerpo humano. Fue en ese momento que aparecieron numerosos agentes de la Policía Bonaerense, y cuando el abogado de la familia Luciano Peretto les dijo que debían irse porque esa fuerza había sido apartada del caso recibió una explícita amenaza por parte del subcomisario Pablo Reguillón , quien habría sido suspendido.
– 13 de Julio: Inicio de la tareas de rastrillaje, búsqueda e investigación en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, con la intervención de todas las fuerzas federales, bomberos, perros y drones.
En tanto, los abogados de la familia, Peretto y Leandro Aparicio, están más cerca de identificar a los dos policías que se habrían llevado a Facundo, pero aún no poseen el dato sobre qué patrullero estaba en la zona, el día, la hora y el lugar que señalan los testigos. Fueron realizados por peritajes a los vehículos con luminol, pero sería improbable que a casi 70 días encuentren rastros de sangre. Sobre los mega operativos desplegados hoy son cautos, desconfían de un posible hallazgo lejos de la jurisdicción donde se produjeron los hechos.
Así como le había pedido al gobernador la entrega de los datos de esa camioneta Toyota Hilux blanca y negra, este lunes Cristina Castro contó que la justicia no responde a su pedido. «Desde casa y casi sin voz les pido me ayuden, necesito que en el rastrillaje este presente Marcos Darío Herrero con sus perros. Confío en él», señaló. Marcos Herrero es el adiestrador de Duke y Alcón, dos perros que realizaron aportes fundamentales para encontrar personas desaparecidas. Participó en el esclarecimiento de los femicidios de Micaela Ortega, Karen Alvarez, Araceli Fulles y Daiana Garnica; y permitió encontrar los restos Rodrigo Hredil y de Delfina Aciar. También realizó aportes importantes en los casos de Santiago Maldonado y de Lucas Muñoz.
Envio:RL


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