Salario Universal: comienza a tomar forma como salida de la pandemia
La semana comienza también dando relevancia a un tema que viene de a poco poniéndose en agenda, y cuyo puntapié inicial dio el papa Francisco y hoy se le dará forma a través de un conversatorio donde participará el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, referentes de la UIA, de la UTEP y distintos referentes de la CGT y la CTA Autónoma
El evento ha sido organizado por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en su condición de institución académica integrante de la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, que dirige monseñor Lugones y que desde este lunes 17.30 dará inicio al Conversatorio por la Renta Universal, el Trabajo y la Protección Social.
A la exposición del ministro Arroyo le seguirán: Ana Jaramillo (rectora de la UNLa); Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte); Esteban “Gringo” Castro (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y Miguel Acevedo (Unión Industrial Argentina). También Luis Cáceres (Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina); Marta Arriola (Cuidadores de la Casa Común) y Hugo “Cachorro” Godoy (Asociación Trabajadores del Estado y CTA Autónoma).
El objetivo es ir dando consistencia al debate por el salario universal y la revalorización del trabajo, algo similar a lo que se viene dando en Europa, que por éstos días se encuentra en pleno trabajo de reconstrucción luego de que la pandemia dejara miles de muertos y una economía derrumbada.
El planteo, según señalaron desde el episcopado es la necesidad de “un desarrollo moral asociado al económico”, donde se “resignifique”, es decir, se vuelva a dar verdadero significado al trabajo siempre bajo la idea de “bien común” desde la mirada de los más humildes.
Vicentin: Aceiteros entra al control del concurso
El juez del concurso creó un comité asesor integrado por los acreedores, entre ellos los trabajadores.
El juez Fabián Lorenzini, que lleva el concurso de acreedores de Vicentin en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, formó un comité provisorio de control del concurso que estará integrado por representantes de los sindicatos, las cooperativas, el Banco Nación y los acreedores del exterior.
Por el lado sindical, estarán representados los dos gremios con actuación en las plantas de Vicentin. De un lado, Leandro Monzón actuará por el Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de Reconquista, que integra la Federación Nacional de Aceiteros, con presencia en Avellaneda. Del otro, Oscar Chaparro, del Sindicato de San Lorenzo, en representación de los trabajadores de esa localidad y de la cercana Ricardone.
La Federación viene de impulsar un banderazo por la intervención estatal a la malograda cerealera.
Los otros integrantes del comité de control son dos representantes de bancos internacionales, uno de Asociación de Cooperativas Argentinas y uno de Banco Nación.
Respecto de los atributos del comité, Lorenzini señaló en su disposición que «por su eminente carácter consultivo, se constituye como un interlocutor del universo de acreedores concurrentes en tanto órgano de información y consejo de la judicatura, con facultades para requerir informes y efectuar aportes al órgano sindical en forma directa».
Renta Universal: conversatorio con la participación del Ministro Arroyo, referentes de la UIA, la UTEP, la CGT y la CTA Autónoma
Además del titular de Desarrollo, expondrán el presidente de la UIA Miguel Acevedo, el líder de ATE Hugo Godoy y el ex triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid, entre otros. La actividad podrá verse en directo por YouTube.
Organizada por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en su condición de institución académica integrante de la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, se desarrollará mañana –lunes 13 de julio-, desde las 17.30, el conversatorio Renta Universal, Trabajo y Protección Social, con la participación del ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo y referentes de entidades industriales, organizaciones sociales y sindicatos. La actividad podrá verse en vivo por los canales de YouTube de Megafón TV (el medio de la Universidad) y el de la Mesa de Encuentro.
Además de Arroyo, expondrán: Ana Jaramillo (rectora de la UNLa); Luis Cáceres (Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina); Marta Arriola (Cuidadores de la Casa Común); Hugo “Cachorro” Godoy (Asociación Trabajadores del Estado y CTA Autónoma), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte); Esteban “Gringo” Castro (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y Miguel Acevedo (Unión Industrial Argentina).
La coordinación del evento corre por cuenta de Pablo Narvaja, director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la UNLa y referente de la Mesa de Encuentro. “El eje va a estar puesto en la implementación de un salario universal y de revalorizar el trabajo. Plantea que es necesario el desarrollo moral antes que el económico, y que debemos apuntalar una resignificación y reverdecer de la democracia, con la recuperación de la noción del bien común desde la mirada de los más humildes”, adelantó Narvaja en relación al evento, en diálogo con el diario Ámbito Financiero.
Integran la Mesa de Encuentro sindicatos de la CGT, de la CTA, organizaciones del sector cooperativo, pequeñas y medianas empresas. La Mesa fue creada a instancias de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social que dirige Monseñor Jorge Lugones.
Gremios de la industria láctea realizan hoy un paro y empresas alertan por falta de productos en las góndolas de supermercados
La medida de fuerza rige hasta las medianoche. Desde el sector empresarial advirtieron que «muchas empresas están al borde del colapso» por la crítica situación económica
Desde las cero horas de este lunes, gremios de la industria láctea se encuentran de paro afectando el abastecimiento de almacenes y supermercados. Las empresas alertaron que ésta se suma a otras medidas de fuerza que se vienen realizando, por lo que ya se nota la faltante de productos en las góndolas.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) dispuso para hoy el cese de tareas exigiendo un 45% de aumento salarial. “Los representantes de las cámaras industriales del sector se quejan de que las y los trabajadores han tomado la decisión de no hacer horas extras, ni trabajar los francos durante los días jueves, viernes, sábado y domingo; algo que debería ser absolutamente normal y natural, ¿O será que para ellos ‘la peonada’ no debería descansar? ¿Qué sentido tiene hacerles realizar horas extras o hacerles trabajar los francos si dicen que no se vende?”, advirtieron los gremios. En efecto, a lo largo de los últimos días los empleados vienen trabajando a reglamento y realizando distintas asambleas exigiendo la resolución del conflicto salarial.
Desde el Centro de la Industria Lechera (CIL), asociación que nuclea a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector, expresaron su rechazo a la metodología de reclamo. A través de un comunicado alertaron que “muchas empresas están al borde del colapso por el quebranto de sus balances”, debido a la “creciente presión sobre la estructura de costos de las empresas lácteas -que este año acumula un aumento superior al 20%- y con valores de insumos críticos a precios dolarizados”, además de la “imposibilidad de trasladar estos incrementos a los precios de venta desde hace más de seis meses”.
En este contexto, “en medio de una de las crisis más severas que ha vivido el sector en su historia”, desde el CIL manifestaron que “es imposible realizar nuevos incrementos en los salarios”. A través de un comunicado, destacaron la aplicación de “rigurosos y costosos protocolos, indispensables, que permiten cuidar la salud de los colaboradores y, por supuesto, garantizar la calidad y seguridad alimentaria de los productos”. Sin embargo, “este gran esfuerzo se incrementa por las dificultades en el acceso al crédito y la inevitable desaparición del capital de trabajo”, graficaron desde el sector que se muestra a favor de convocar a una mesa de diálogo entre las partes para resolver el conflicto.
Empresarios lácteos advirtieron por la crisis en el sector
Para la asociación que nuclea a las empresas lácteas, este tipo de medidas que llevan adelante los gremios “causan daños” y “ponen en riesgo el normal abastecimiento de productos”. Fuentes del sector informaron que ya se empezó a notar la falta de productos en las góndolas de almacenes y supermercados, y que el paro de este lunes profundizará el desabastecimiento.
Con respecto al reclamo del 45% de aumento, expresaron que los trabajadores del sector tuvieron a diciembre de 2019 una recomposición del 48%, y en lo que va del año, en plena pandemia, recibieron un aumento más del 25%. Según precisaron desde las empresas, los salarios de los empleados lácteos son de 130 mil pesos para un operario de planta y 110 mil para un repositor.
Además destacaron que durante la cuarentena no se echaron trabajadores, por el contrario, en algunos casos se incorporó personal para garantizar el abastecimiento, y que los precios de los lácteos no aumentaron, ya que siguen vigentes las listas de fines de 2019, “mientras que los costos de producción para las empresas se incrementaron en los últimos seis meses aproximadamente un 20%”. “Todas las empresas del sector tuvieron en el primer semestre de este año balances negativos”, enfatizaron.
Desde los gremios calificaron de “mentira” el comunicado de CIL, y sostuvieron que el aumento otorgado durante el 2020 “fue de un 2% para recién equiparar la inflación del año 2018, y un 53,8% pero para compensar la inflación del año 2019, año en el que el promedio de los lácteos se ubicó por encima del 90%”. Por otra parte afirmaron que por la cuarentena el consumo de lácteos creció casi 57 litros per cápita en los primeros 4 meses del año, y que “el precio internacional de la leche en polvo subió un 14% respecto al valor de mes de junio ubicándose por arriba de los 3.200 dólares la tonelada”.
El gremio lechero procesará materia prima sólo si es donada a sectores vulnerables
Más allá del paro por 24 horas, Atilra aclaró que “a efectos de que no haya ningún riesgo de perdida de materia prima -que no se tire la leche- y en virtud de que a los trabajadores se nos descontarán de nuestros haberes la jornada de trabajo”, se compromete a “recibir y procesar la materia prima del día y que esa leche procesada y/o los productos que con esa materia se industrialicen sea donada a distintas entidades de bien público”, desde las cuales se asista “a los sectores más castigados y vulnerables de nuestra sociedad”.
“Como el sector empresario ahorrará en salarios, será una manera de socializar parte de las pérdidas entre industriales y trabajadores sin afectar al productor tambero y beneficiando al sector más carenciado de la Argentina”, justificaron.
Pymes petroleras relacionadas con Vaca Muerta presentarán procedimiento preventivo de crisis
La Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines de Neuquén (CEIPA) anunció que parte de sus compañías asociadas comenzarán a presentar procesos preventivos de crisis debido a la parálisis de las actividades a causa de la pandemia de coronavirus.
“Hace ya casi tres meses que las empresas enfrentan una caída promedio de la actividad del 50%, llegando en una gran cantidad de casos al 90%, debido a la pandemia de COVID-19”, indicaron desde la Cámara de sector.PreviousNext
Según cálculos de la Federación de Cámaras de Empresas del Sector Energético de Neuquén (FECENE), entre 80 y 100 pymes petroleras relacionas con la cuenca neuquina y con el mega yacimiento de Vaca Muerta estarían en condiciones de solicitar un procedimiento preventivo de crisis.
Las empresas esgrimen la «imposibilidad de continuar cumpliendo con sus obligaciones en los próximos meses dada la dificultad para ajustar sus estructuras de costos y la incertidumbre respecto de los niveles de actividad futura», según informó la Cámara.
El organismo afirmó que, “la decisión fue tomada de forma conjunta luego de una reunión general entre todos los asociados, en la que un gran número de participantes planteó la imposibilidad de continuar cumpliendo con sus obligaciones en los próximos meses”.
De acuerdo con CEIPA, «las empresas del sector han realizado, hasta el momento, todos los esfuerzos posibles para sostener la totalidad de sus empleados y cumplir con sus compromisos comerciales, fiscales y hasta financieros».
De todos modos, «y como es de público conocimiento, hace ya casi tres meses que las empresas enfrentan una caída promedio de la actividad del 50%, llegando en una gran cantidad de casos al 90%, debido a la pandemia de COVID-19”.
Fuerte editorial del titular de los estatales al Presidente por la convocatoria del 9 de Julio
Sindical / Nacionales / Sonido Gremial /3 personas /2 temas13JUL
Cachorro Godoy se molestó por la convocatoria de Alberto al acto virtual por el Día de la Independencia, en la que dejó afuera a varios sectores populares.
El secretario Adjunto de la CTA Autónoma y General de la Asociación de Trabajadores del Estado –ATE-, Hugo “Cachorro” Godoy se pronunció este fin de semana luego de la foto y acto ocurridos en conmemoración por el 204° Aniversario de la Independencia, el pasado 9 de Julio, en oposición y malestar a los sectores convocados por el Presidente Alberto Fernández para el acto virtual, realizado en la Residencia de Olivos.
Godoy editorializó y también fue criticó ante la expresión de los medios de comunicación masivos que solo mostraron los disturbios de un grupo de manifestantes en el Obelisco y la agresión a un móvil de televisión. “¿Son los únicos dos caminos posibles los que mostraron los medios de comunicación dominantes -mientras ocultaban otros- el pasado 9 de Julio?”, fue la pregunta que escribió el dirigente platense.
Le molestó que la imagen del acto solo exhibiera “una expresión de poder” con “la Sociedad Rural a un costado y a la CGT en el otro”, al tiempo que los emparentó con “los sectores que dominaron a la Argentina desde la dictadura hasta acá, y que nos han sumido en un estado de crisis”.
Reclamo a Alberto
“Sabemos que existen en nuestro pueblo otras alternativas, como lo demostró la convocatoria del Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción que se expresó el 1º de Mayo y que firmaron en conjunto la CTA Autónoma, organizaciones sociales, Pymes y sindicatos de la CGT no expresados en su actual conducción”, propone Godoy y culmina: “Dos espacios en movimiento que el Presidente aún no ha convocado al diálogo y que debería hacerlo”.
Editorial completa:
¿Son los únicos dos caminos posibles los que mostraron los medios de comunicación dominantes -mientras ocultaban otros- el pasado 9 de Julio? Unos ganando la calle y acusando al gobierno de antidemocrático o el Gobierno exhibiendo una expresión de poder ubicando a la Sociedad Rural a un costado y a la CGT en el otro, siendo los sectores que dominaron a la Argentina desde la dictadura hasta acá, y que nos han sumido en un estado de crisis.
¿Son éstas las únicas dos posibilidades de acción política a las que nuestro pueblo debe resignarse o es posible pensar que la derrota electoral del neoliberalismo abrió un tiempo de esperanza para que las relaciones de poder en nuestro país se modifiquen y que las riquezas se distribuyan con mayor equidad?.
Si el camino del neoliberalismo fue encarnado por las políticas de ajuste de Macri que derivaron en represión y restricciones democráticas, vale la pena preguntarnos si las elecciones abrieron simplemente un paréntesis en esa perspectiva o es la posibilidad de una profundización de la democracia con la intervención más activa de actores políticos, económicos y sociales que hasta ese momento estaban restringidos, limitados e inclusive reprimidos.
Cuando la UIA y la CGT firmaron el acuerdo para reducir los salarios y el Ministerio de Trabajo lo convalidó, dijimos que era una clara restricción de derechos, de hacer recaer los efectos de la crisis sobre los sectores populares ya afectados por la pobreza y el hambre, y que iba traer consecuencias negativas al gobierno.
Asegurábamos que ellos mismos iban a terminar presionándolo para que el gobierno flexibilice su posición y favorezca a los grupos económicos en la difícil tarea de negociar la deuda con los acreedores externos. Porque son estos mismos grupos que, junto al FMI, fundamentan los cambios estructurales en reformas laborales y previsionales, y la pérdida de soberanía.
Este 9 de Julio, los medios de comunicación dominantes, intentaron transmitir a la sociedad que estas son las únicas dos opciones, eliminando la opinión de la mayoría de las y los trabajadores, ausentes en el acto del gobierno y ocultados por estos mismos medios a pesar de las movilizaciones que se realizaron en Avellaneda, Reconquista y Rosario, que concentraron a varios sectores en apoyo a los trabajadores de Vicentin y a la intervención y expropiación de esta empresa, como así también las ollas populares que se gestaron en todo el país.
Sabemos que existen en nuestro pueblo otras alternativas, como lo demostró la convocatoria del Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción que se expresó el 1º de Mayo y que firmaron en conjunto la CTA Autónoma, organizaciones sociales, Pymes y sindicatos de la CGT no expresados en su actual conducción; de la misma manera que los sectores de la iglesia que responden a los lineamientos del Papa Francisco encuadrados en la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, que apuestan a la perspectiva de cambios estructurales para concretar un salario universal, un impuesto a la grandes fortunas, la suspensión del pago de deuda externa y una profundización de la democracia.
Dos espacios en movimiento que el Presidente aún no ha convocado al diálogo y que debería hacerlo
Teletrabajo: los puntos más polémicos del proyecto de ley que preocupa a las empresas
Las cámaras empresarias argumentan que sería el fin de un régimen que, a su juicio, hasta el momento viene funcionando bien, y que hay condiciones que harían «inviable» la opción de contratar a un teletrabajador
En los próximos días se tratará en el Senado un proyecto de ley que crispó los ánimos en el ámbito privado: el del teletrabajo, que ya tiene media sanción en Diputados. Las cámaras empresarias argumentan que sería el fin de un régimen que, a su juicio, hasta el momento viene funcionando bien y que hay condiciones que harían «inviable» la opción de contratar a un teletrabajador.
En diálogo con LA NACION, representantes de cámaras de distintas industrias hicieron referencia a los puntos que juzgan más polémicos sobre el proyecto. Tal como está planteada hoy, la ley, que empezaría a regir 90 días después de que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio, establece algunos criterios marco como el derecho a la desconexión digital del empleado, la provisión de elementos de trabajo y la reversibilidad, es decir, la condición que permite al teletrabajador pasar a ser un empleado presencial en cualquier momento de la relación.
Ese último punto es el que más preocupa a los empleadores, hoy más enfocados en achicar metros cuadrados, inversiones en infraestructura y costos fijos que en agrandarlos. En caso de que el teletrabajador quiera pasar a modalidad presencial, «el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas». En caso de que eso no suceda, la norma indica que el empleado podría considerarse despedido.
«Las empresas no quieren tener una cantidad de escritorios vacíos preparados para esta situación, nadie quiere tener un costo hundido» Fuente: LA NACION
«Las empresas no quieren tener una cantidad de escritorios vacíos preparados para esta situación, nadie quiere tener un costo hundido», señala Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de Empresa de IDEA. «Esto da un nivel de contingencia terrible y mata lo que ya andaba bien», añade. La abogada explica que, tal como está redactada hoy la ley, se entiende que la reversibilidad aplicaría solo a las personas que hoy están trabajando en formato presencial y pasan al formato a distancia, pero que desean volver a su antigua condición. Los colaboradores que luego se contraten en formato teletrabajador no podrían hacer uso de este derecho.
En ese sentido, Edith Pecci, emprendedora del sector de servicios y miembro del Comité de IDEA Pyme, explicó que se generaría una diferencia entre la fuerza laboral actual de las empresas y la potencial. Como el costo de tener espacios «por las dudas» para las pequeñas y medianas compañías es muy alto, elegirían no armar esquemas mixtos de trabajo a distancia y presencial entre sus actuales empleados.
En el mismo sentido, Luis Galeazzi, CEO de Argencon, la cámara que nuclea a las empresas que trabajan en la economía del conocimiento -y en las que hay más de 30.000 personas que teletrabajan-, detalla que entre las empresas de servicios hay trabajo que se realiza por proyectos y en distintos puntos del país. «Un trabajador podría hacer uso de su derecho a la reversibilidad y podría pedir volver de cualquier lugar lejano; esto va en contra de la experiencia que tenemos: es una ley que, aun con buenas intenciones, comete errores en las apreciaciones», dice.
Los consultados por LA NACION abogan por una «bilateralidad» en la discusión de la reversibilidad Crédito: Shutterstock
Los consultados por LA NACION abogan por una «bilateralidad» de la reversibilidad: es decir, que no pueda ser una decisión solamente del empleado, sino que haya una instancia de negociación en la que el trabajador pueda adaptarse al pedido, y eventualmente rechazarlo si no hay condiciones de infraestructura suficientes, por ejemplo.
Otro punto que cuestionan los empresarios tiene que ver con la provisión de herramientas de trabajo para el empleado. En ese sentido, la ley plantea que el empleador debe proporcionar «el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación», o la «compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja».
La ley también establece que la persona que está empleada bajo la modalidad del teletrabajo tendrá «derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar».
Tal como está redactado, Esteban Carcavallo, socio de Bomchil Abogados, entiende que las herramientas que se brinden para teletrabajar pasarían a considerarse parte del salario de los empleados porque no aclara que sean no remunerativas. Es decir, de esta manera serían un costo más, porque quedarían incluidas en el cálculo del aguinaldo y en una eventual indemnización por despido, por ejemplo.
El abogado interpreta que la definición de teletrabajo que plantea la ley hace que estos derechos sean generales para todas las personas sin importar cuántas horas teletrabajan, es decir, «para el que lo hace en modalidad remota toda la semana y el que tiene el beneficio un día al mes por decisión corporativa», lo que complicaría todavía más la posibilidad de planear una buena política de trabajo a distancia para las firmas.
El derecho a la desconexión digital es otro de los puntos en los que hay grises en el debate del sector privado Fuente: AP – Crédito: Dan Pelle
El derecho a la desconexión digital es otro de los puntos en los que hay grises en el debate del sector privado. En condiciones extraordinarias, en las que el teletrabajo no se eligió sino que se impuso por causas de fuerza mayor, casi un 40% de las personas que está realizando sus tareas en esta modalidad durante la cuarentena admite que está trabajando más horas que antes, según una encuesta de Quiddity, la división de investigación de mercado, opinión pública y big data del grupo Untold. Pero la norma no regulará para tiempos de aislamiento, sino para lo que viene después.
El comentario generalizado es que debería haber cierta flexibilidad a la hora de plantear el derecho a la desconexión, o al menos cierta libertad para manejarlo en sectores donde hay emergencias fuera del horario de 9 a 18.
Para Cessi, la cámara de empresas del software, por ejemplo, el derecho a la desconexión no sería un inconveniente, admite su presidente, Sergio Candelo, aunque admite que la rigidez a la hora de aplicarlo va en contra de la dinámica diaria en el trabajo del sector, en la que se puede dar, por ejemplo, que un colaborador esté en un momento de esparcimiento, «desconectado» parcialmente, durante su horario laboral.
Para el sector del software en particular, que está acostumbrado a trabajar en este esquema, la norma hará que talento altamente calificado elija trabajar para clientes extranjeros en modalidad «freelance» ante la dificultad de que una empresa argentina decida contratarlo en modalidad de teletrabajo por las contingencias que eso pasaría a significar si se aprueba la ley.
Por otro lado, los consultados también se refirieron al artículo que refiere a las tareas de cuidado. Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, «tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada», dice la norma.
Por otro lado, los consultados también pusieron en duda el artículo que refiere a las tareas de cuidado Crédito: Shutterstock
Para Puig, por un lado este punto es injusto para quienes realizan tareas de forma presencial, pero también implicaría una traba para el desarrollo profesional de las mujeres, hoy mayoritariamente a cargo de las tareas de cuidado. El argumento de los empresarios es que eso llevaría a que se privilegie contratar a hombres para teletrabajar. Sin embargo, en la norma no está indicado que haya diferencias de género ni que haya obligatoriedad de hacer uso de este derecho por parte del empleado.
Finalmente, los líderes de las cámaras empresariales también se refirieron a lo que ellos consideran dos «errores» en la génesis del proyecto. Por un lado, consideran que se está legislando en un período extraordinario, en el que el teletrabajo adquiere algunas características que habitualmente no tiene, ya que en la normalidad prepandemia nadie estaba «confinado» en su hogar como hoy, para algo que entrará en vigencia cuando se vuelva a la normalidad (más específicamente, 90 días después de que termine el ASPO). «Teletrabajo no es igual a teletrabajar en pandemia», dice Puig.
Por el otro, aseguran que se sienten excluidos del debate, cuando en realidad son ellos mismos los que deben implementar la norma luego en sus espacios de trabajo. Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), afirma que el Congreso está a punto de hacer «fracasar» a la herramienta del teletrabajo. «Entendemos que los senadores tienen la obligación y el deber, antes de sancionar esta ley, de escuchar a todos los sectores que van a conformar el teletrabajo: empleadores, entre ellos empresas grandes y pymes, y trabajadores», sostiene.
«Este plan es un cambio de paradigma, cambiamos de un abordaje de la violencia individual hacia un abordaje violencias integrales»
Dirigentas sindicales analizan el Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género
El plan presentado consta de 15 líneas para prevenir, contener y erradicar todo tipos de violencias por cuestiones de género, destacando una mirada federal en el desarrollo de esta política pública.
Por Verónica Pontoriero y Paola Ayala
Plan Nacional de Acción contra las violencias de género
El día 3 de julio la Ministra de mujeres, género y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó el «Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género». De la presentación, participaron: el presidente, Alberto Fernández; la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra y la Asesora Presidencial, Dora Barrancos.
«Este plan es un cambio de paradigma, hay ciertos lineamientos estratégicos políticos que van a guiar a una enormidad de acciones con un hilo conductor político. Cambiamos de un abordaje de la violencia individual hacia un abordaje violencias integrales», remarcó Elizabeth Gómez Alcorta.
La presentación del «Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género» fue celebrada por las secretarías de género, mujeres y diversidad de los diferentes sindicatos, desde donde expresaron la importancia del mismo.
En diálogo con Enfoque Sindical, Roxana Rogalski, secretaria de género e igualdad de oportunidades de CTERA afirmó que «La creación del Programa de atención urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio, a través de una prestación económica, asesoramiento psicológico y legal, pone de manifiesto como política pública integral una decisión política histórica en nuestro país”.
Foto: Roxana Rogalski Legislatura CABA
“Su gran relevancia es que tiene por objetivo abordar de manera participativa entre los estados nacional, provincial y municipal, la construcción de estrategias y acciones para eliminar las violencias contra las mujeres y la población LGBTI+”, señala la sindicalista docente.
Además, subraya como estratégicos los cuatro ejes que desarrolla el Plan: Prevención, Asistencia y Abordaje Integral, Protección y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, Gestión de la Información, Transparencia y Monitoreo, y las 15 líneas de acción para abordar una problemática estructural y transversal a toda la Argentina entre los que se incluyen la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144, y un programa de asistencia monetaria y con acompañamiento a mujeres y personas LGTBI+ en situación de riesgo
“Desde nuestro lugar de mujeres sindicalistas y nuestras organizaciones vemos la relevancia y decisión de que se destaque la ampliación presupuestaria y la relevancia asignada a la autonomía económica”, destaca la secretaria de género e igualdad de oportunidades de CTERA.
Así, desde la organización docente celebran “la decisión política del Gobierno Nacional de avanzar en el reconocimiento por parte del Estado en las desigualdades e injusticias respecto a los géneros y el lugar prioritario en la agenda de gobierno a la lucha contra el machismo así como también la valoración de la construcción que hace décadas llevamos adelante las organizaciones sindicales, de mujeres , LGBTI+, feministas, territoriales, con la militancia y lucha de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+ reafirmando nuestro compromiso de construir un país donde se levanten las banderas de la democracia, la justicia social, la igualdad, la equidad, lo diverso y el feminista popular”.
Por su parte, María Elisa Ronco, Secretaria de Género CEPETEL, nos comenta respecto del Plan que “Considero que es una apuesta trascendental y desde CEPETEL, celebramos con orgullo esta iniciativa. Muchos son los motivos: es una Plan Federal, que incentiva la participación; crea Programas elementales; es muy abarcativo respecto de temas que no solo nos incumben a las mujeres, sino también a las disidencias”.
«Para los Sindicatos entiendo que debemos incorporarlo como eje de nuestro trabajo con les compañeres ya que de él surgirán nuevas políticas públicas y que en definitiva nos llevaran a construir una sociedad más justa, igualitaria y con menos violencias como las que estamos atravesando… como también, la importancia de trabajar en forma conjunta con los tres poderes; con otros organismos como ser el INADI, ENACOM, etc”, destaca la secretaria de género de CEPETEL.
María Elisa Ronco no duda en señalar que la ratificación del Convenio 190 y el lanzamiento de este Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género “son los pilares que precisamos en la actualidad para no solo mantener los derechos adquiridos sino que fundamentalmente, ambos, prometen ampliarlos”.
También, en diálogo con Enfoque Sindical, Mónica Ingravidi, secretaria de género de FOETRA, destacó la creación de los 12 centros integrales, la formación en conjunto con los ministerios sobre femicidios, travesticidios, los botones de pánico, para los que anticipó, están haciendo las gestiones para que las empresas telefónicas puedan darle datos para agilizar así, las denuncias”.
Mónica Ingravidi youtube
Así mismo, para la sindicalista telefónica, el plan tiene muchísimos puntos valiosos como “el programa de apoyo económico a familiares, el acompañamiento psicológico, la red de hogares (hay 152 en el país), el financiamiento de desarrollo social en el programa de Potenciar Trabajo, la primer campaña contra las violencias en los municipios, formar promotoras y promotores en género, las escuelas populares de formación de género y diversidad”.
También subrayó sobre la presentación, las palabras del presidente Alberto Fernández dijo que para terminar con la desigualdad y tener una sociedad más justa “no puede ser que en pleno siglo XXI todavía estemos discutiendo estos temas, incorporar el lenguaje inclusivo, no es ridículo, es un esfuerzo que hay que hacer como práctica cotidiana y hay que asumir esta conducta y aprendizaje y terminar con las violencias de género” que “es el presidente de todas, de todos y de todes, el presidente del default, de la pandemia y del fin del patriarcado”.
Conversando también con Fernanda Cortes, secretaria de género e igualdad de oportunidades de ADUBA sobre la presentación del Plan, nos comenta “Hay que celebrar en principio, que sea el presidente el que esté dando la noticia junto con la Ministra del Ministerio de las Mujeres porque eso indica no una idea lateral o un programa menor sino una iniciativa pensada y apoyada desde la alta cúpula de la nación.”
Fernanda Cortes
La secretaria de género e igualdad de oportunidades de ADUBA recalcó que el programa tiene una multiplicidad de virtudes , y que en busca de una síntesis prefiere destacar “por un lado el presupuesto, es decir que haya un dinero concreto destinado a esta política y no sólo una declaración de buenas intenciones, aunque siempre pueda parecernos insuficiente; por otro lado la idea que se menciona fuertemente relacionada con la autonomía de las mujeres, es decir no les damos la casita para que se puedan quedar refugiadas sino se plantean distintas iniciativas pensadas para sostener la autonomía económica de las mujeres para que puedan continuar su vida de manera independiente y no de manera asistida, se les propone no continuar siendo víctimas de una situación por la que atravesaron”.
“Que se haya tenido en cuenta las voces de las distintas mujeres de todo el territorio nacional a través de los foros teniendo en cuenta la pandemia y las dificultades que existen para escucharse estás voces que sea una un plan pensado desde, por y para el territorio teniendo en cuenta la diversidad de voces”, celebra fuertemente Fernanda Cortes.
Reconoce también que “le parece fundamental que se haya pensado como una política que no sólo toma en cuenta la violencia hacia las mujeres sino también hacia las disidencias porque de lo contrario esas minorías quedan expuestas a los mismas tipos de violencia sin los mismos recursos del estado nacional.”.
Yamile Sokolovsky, secretaria de relaciones internacionales de CONADU y secretaria de formación de CTA de les Trabajadores expresa que la Presentación del Plan Nacional de acción contra las violencias por motivos de género “es una muy buena noticia, un paso sin dudas necesario para consolidar una orientación de política pública que, a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, ha expresado la voluntad del actual Gobierno Nacional de dotar de la mayor jerarquía institucional al desarrollo de capacidades estatales para abordar la problemática de la desigualdad y las violencias que recaen sobre mujeres y personas LGBTI+”.
Yamile Socolovsky CTA
Además, la secretaria de formación de CTA de les Trabajadores, destaca que “es muy importante que un documento de este tenor exprese con claridad un enfoque interseccional, y que atienda al peso que tienen los factores culturales, pero también las condiciones laborales, educativas, y habitacionales, en la perpetuación y profundización de las desigualdades y violencias, porque eso señala la necesidad imperiosa de transversalizar la perspectiva de género en todas las áreas de la acción gubernamental”.
También señala como significativo que “en su propio fundamento, el Plan dé cuenta del recorrido histórico que nos ha permitido ir avanzando en el reconocimiento de derechos y en la construcción de instrumentos para la promoción de la igualdad, y que inscriba este paso en esa genealogía de luchas y conquistas. Porque, finalmente, la clave para avanzar en la reparación de las injusticias estará en el fortalecimiento de las articulaciones que permitan vincular a las organizaciones del movimiento feminista popular, nuestras demandas, pero también la experiencia y la potencia colectiva que precisamente esa historia demuestra con la institucionalidad de un Estado que debe transformarse y democratizarse apostando a una nueva forma de producción de política”.
Call center de Telecentro, YPF y La Caja amenaza con despedir a quienes reclamen el pago del aguinaldo
ACC Group, firma en la que Telecentro, YPF y La Caja tercerizan su atención telefónica, no pagó los aguinaldos. Ante la protesta de los empleados amenazó con despedirlos. Además los obliga a trabajar de manera presencial.
Un nuevo conflicto envuelve a ACC Group, firma tercerizada en la que empresas de primera línea como Telecentro, YPF y La Caja, entre otras, derivan sus call centers y su atención telefónica a clientes.
«En pleno curso de esta fase estricta de la cuarentena que rige en la zona metropolitana del AMBA, las autoridades de ACC Group han iniciado una nueva cruzada de amenazas y coacciones vía whatsapp», señala un comunicado de sus trabajadores.
Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el esquema de trabajo bajo la modalidad «Home Office» es regulado por medio de grupos de Whatsapp. A través de esta vía algunos empleados reclamaron por el aguinaldo impago y salarios adeudados y la respuesta fue el amedrentamiento por parte de los jefes.
A través de mensajes, cuyas capturas de pantalla circularon rápidamente, les hicieron saber que los desafectarían de sus labores si encaraban alguna medida de fuerza para reclamar los pagos.
Además la firma los obliga a romper al aislamiento social y presentarse a trabajar o, en caso contrario, les pasa un ausente.
«En pleno aumento de la curva de contagios ?y mientras el Congreso de La Nación trabaja a velocidad para darle un marco de legalidad al teletrabajo? ACC Group exige que rompamos con el aislamiento, que pongamos en riesgo nuestra salud y la de los demás aun cuando no paga sueldos en término y mucho menos el aguinaldo. De lo contrario ?nos remarcan? irán por lo poco que nos queda de nuestros salarios», agrega el comunicado.
Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo de La Nación falló recientemente en favor de nuestras demandas: frente a las probadas irregularidades, desde la cartera laboral remarcaron que si la empresa no se adecúa inmediatamente deberá afrontar sanciones económicas y sufrir la pérdida de beneficios económicos otorgados por el Ejecutivo Nacional.
Se perdieron casi 47 mil empleos en hoteles y restaurantes y proyectan la destrucción de 120 mil puestos de trabajo en el sector
Unos 280 mil empleos se perderían este año en hoteles y restaurantes de todo el país a raíz de la crisis producida por el COVID-19 y el consecuente aislamiento preventivo, que provocó al sector una recesión tres veces superior al promedio de la economía del país.
Así lo advirtió este lunes la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que aseguró que la situación actual de la actividad «es la más grave que haya sufrido la hotelería y la gastronomía en la historia, porque llevamos ya más de 120 días sin facturación».
Según la entidad empresaria, en mayo se han perdido 3.870 empresas en relación con febrero de este año y se registraron 46.400 empleos menos en abril que en enero, proyectándose que en el año se destruirán hasta 120.000 empleos registrados y casi 280.000 empleos totales.
El sector hotelero gastronómico tenía, a fines del año pasado, 50 mil empresas en actividad, con más de 650 mil empleados.
La caída de la actividad en hotelería en junio fue de -94,9%, y el número de empresas hoteleras que prevén el cierre de continuar la situación actual alcanza al 75%.
De acuerdo con una encuesta desarrollada por FEHGRA en los primeros días de este mes, apenas el 3% de los empresarios hoteleros consultados pudo abonar el total de los salarios de junio; el 21% pagó o pagará el aguinaldo totalmente; el 27,7% pagó servicios públicos y el 17,9% pagó impuestos.
Solo el 10,8% pudo pagar proveedores, y tan solo el 1,5% pudo cobrar sus cuentas pendientes.
Por su parte, la caída de la gastronomía en junio fue de -80,2 y el número de empresas gastronómicas que prevén el cierre -de continuar la situación actual- alcanza el 74%, de acuerdo con el relevamiento.
El 21% de los empresarios gastronómicos pudo pagar el total de los salarios de junio, solo el 12% pagó o pagará el aguinaldo totalmente; pudo pagar totalmente los impuestos el 7,1%; los servicios, 16,9%; el alquiler, 12,1% y las cargas sociales, 10,8%.
El 23,7% pagó a proveedores y solo el 2,4% pudo cobrar sus cuentas pendientes.
En este marco, FEHGRA sostuvo que ve «con mucha preocupación» el proyecto aprobado mediante dictamen de mayoría en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que consagra un «Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción para el Turismo Nacional», con medidas «insuficientes en un contexto de gravísima crisis como la que atraviesa la actividad».
«El proyecto aprobado no contempla ninguna medida tendiente a mantener vivas las empresas y a sostener los puestos de trabajo», alertó la entidad.
Por ese motivo, insistió con la «sanción urgente» de una ley de emergencia para el sector, que incluya la continuidad de la asistencia del Estado en el pago de los salarios; la reducción de las tarifas de los servicios públicos y el diferimiento de sus vencimientos; créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo; exenciones impositivas y reducción del IVA en los servicios prestados.
Continúa el paro de SOMU, ahora con bloqueo a las plantas de langostino en Madryn
El Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) continúa con el paro general lanzado el pasado lunes 6, pero ahora sumó el bloqueo a las plantas procesadoras de langostino en Puerto Madryn, Puerto Deseado y Caleta Olivia, en rechazo a la intención patronal de revisar los convenios salariales en el marco de la emergencia sanitaria nacional. Según las cámaras empresarias del sector, la medida de fuerza pone en riesgo la temporada de pesca del langostino y podría implicar la quiebra de empresas pesqueras y una pérdida para el país de cerca de 500 millones de dólares derivados de las exportaciones del producto.
El gremio afirma que la intención empresarial es «aumentar los márgenes de ganancia disminuyendo salarios y reduciendo en un 40% los valores establecidos para producción en congeladores, mientras intentan avasallar un convenio clave en la actividad pesquera». La medida de fuerza recibió un claro apoyo desde la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, quien aseguró qeu la Federación «expresa toda su solidaridad con los marítimos nucleados en el SOMU, quienes están enfrentando la ofensiva de los empresarios pesqueros que pretenden rebajar salarios» y cuestionó a «los empresarios realizaron la semana pasada un «lockout» patronal ante la negativa de los tripulantes de aceptar modificaciones en el porcentual de captura».
Por su parte, la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA.), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) hicieron público un comunicado en el que repudiaron la decisión del gremio y llamaron a retomar el diálogo para encontrar una salida viable. “La respuesta a la situación del langostino debe ser más diálogo, una mayor responsabilidad y compromiso, y no actitudes que intentan promover el caos social, desabastecimiento y alimento que se desperdicia. Ya se bloquearon 34 camiones, 500.000 kilos de langostino que debieron tirarse a la basura”, denunciaron desde las empresas.
El eje de la disputa con el gremio pasa por la intención empresarial de revisar el salario de los trabajadores del sector, que por un acuerdo del año 2006 se encuentra atado a la cotización internacional en dólares del langostino. En la actualidad, para calcular los sueldos de los trabajadores del barco pesquero congelador de langostino, que pueden llegar a más de 300 mil pesos mensuales, se utiliza el valor fijado en un acuerdo de 2006, cuando el precio internacional del kilo de langostino exportado era de 10 dólares. Pero en los últimos 3 años, aumentó la pesca del crustáceo y se multiplicó a nivel internacional la variedad de cultivo, lo que hizo bajar el precio promedio a 4,70 dólares. Apoyándose en eso, las cámaras empresariales plantean la necesidad de actualizar la liquidación con “un valor del langostino más en sintonía a los precios del mercado internacional, y no a valores de hace 14 años”.
Fernando Álvarez, presidente de Continental Armadores de Pesca S.A. (CONARPESA, que tiene 22 barcos langostineros y emplea a unas 1300 personas), detalló: “Veníamos hablando vía Zoom con el Ministerio de Trabajo que nos pidió a ambas partes analizar una propuesta. Eso fue un viernes, y al lunes siguiente -6 de julio- la respuesta del SOMU fue decretar un paro general”. “En un país en el que todo el mundo la está pasando mal, estos señores (por el SOMU) provocan la pérdida de alimento y la pérdida de la temporada de pesca”, denunció.
Según el dirigente, “con el valor que exige el SOMU, nosotros que somos grandes productores perderíamos 500 millones de pesos, es algo inviable, no hay manera de sostener la actividad de la empresa con esos valores. Así y todo, con la propuesta que estamos llevando adelante con las cámaras empresarias, perderíamos 170 millones que es lo hoy se pierde por estar inactivos por el paro y el bloqueo”.
Eduardo Román, gerente de CAPeCA, explicó: “La realidad es que en marzo las empresas del sector iniciamos el diálogo con el sindicato para explicarles que debíamos revisar el precio de referencia porque para las empresas seguir con el valor de 10 dólares es un precio de quebranto, pero de manera unilateral cerraron el diálogo y fueron al conflicto”. El empresario aseguró que la propuesta de reajuste realizada no implica una “rebaja salarial”, como denuncia el gremio: “Es mentira que un nuevo acuerdo implique una baja del sueldo, es más, estarían ganando entre un 5% y 10% más en pesos que el año pasado”. Vale la pena aclarar que la evolución inflacionaria en en el último año en el país es de casi un 40%, por lo que los trabajadores estarían perdiendo casi 30 puntos contra la evolución de los precios.
Este lunes las pesqueras de Puerto Madryn incluso denunciaron al gremio ante la Justicia federal por el bloqueo de plantas, afirmando que hay casi 50 toneladas de langostino en riesgo de pudrirse por el corte de ruta en el acceso al parque pesquero. CAPIP aseguró que no se puede impedir el libre tránsito y afirmó que la medida no solo viola un derecho constitucional sino que además afecta la actividad laboral de otros sectores. En este sentido, también el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria (STIA) le reclamó al SOMU que permitan el ingreso de la pesca a las plantas, porque con la medida de fuerza ponen en riesgo el trabajo de cerca de tres mil operarios del sector.
La situación es grave porque la temporada de langostino que comenzó el pasado 18 de junio en general se extiende hasta mediados de octubre. En la modalidad de pesca del langostino para congelar, cada uno de los 100 barcos langostineros es una verdadera fábrica flotante que procesa la pesca a bordo y la congela, quedando lista para exportar.
Las cámaras proponen retomar el diálogo iniciado con el Ministerio de Trabajo, sumando a los gobernadores de Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires, las tres provincias afectadas por la medida de fuerza del SOMU. Si bien fuentes gremiales del puerto de Mar del Plata aseguran que no implementarán cortes como los de Madryn, están realizando distintas movilizaciones de protesta y se mantienen en alerta “en defensa de los convenios colectivos de trabajo”.
«Vivir con lo Nuestro»
La CFT pide las reformas tributaria, financiera, la regulación del comercio exterior
La Corriente Federal de Trabajadores dio a conocer un documento titulado «No queremos ninguna dominación, queremos vivir con lo nuestro»
En el documento señalan que para vivir con lo nuestro se debe con urgencia considerar las reformas tributaria, financiera, la regulación del comercio exterior, de la matriz productiva que contemple la protección del ambiente, el empleo y la defensa del trabajo argentino, la recuperación del camino de la integración regional, teniendo en cuenta la nueva realidad mundial tras el impacto del covid-19 y la revolución tecnológica en curso.
La Central de trabajadores elabora un análisis histórico en el que dan cuenta de que los primeros empréstitos (Baring Brothers) y la riqueza acumulada por los socios locales «en base al patrimonio común de los argentinos (nuestro suelo), nunca sirvieron para que el país industrializara su producción ni se distribuyeron como corresponde».
Dan cuenta en ese análisis que solo con la independencia económica será posible «incrementar la producción nacional mediante la industrialización y la incorporación de tecnológica, realizar la justicia social mediante la distribución equitativa de la riqueza y consolidar una democracia sin exclusiones», y que eso ocurrió durante el primer gobierno peronista cuando se terminó de pagar el empréstito con la Baring Brothers.
Señalan entonces que ante la nueva realidad generada por el gobierno peronista, las potencias angloparlantes, la oligarquía y las grandes corporaciones empresarias reaccionaron con el golpe militar de 1955, y desde entonces y hasta 1983 ninguno de los gobiernos electos, con el peronismo proscripto, terminó su mandato.
Afirman entonces, que los golpes militares “en beneficio de la oligarquía y el complejo agroexportador intentaron obsesivamente derogar los derechos laborales, resistidos estos intentos «por los sectores más dinámicos y coherentes del movimiento sindical».
Advierten en esta línea de tiempo que con la recuperación de la democracia (luego de la brutal tiranía genocida impuesta por el golpe de Estado de 1976, que implementó las más crudas e inviables recetas neoliberales desindustrializando el país) cesaron los golpes militares pero no la extorsión de los centros de poder financiero internacional.
Reconocen entonces que, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, el condicionamiento de la deuda y la usura comenzaba a desandarse, para recuperar un camino de desarrollo con Justicia Social, por lo cual, nuevamente, “hubo una fuerte reacción de los socios locales, fundamentalmente un sector agroexportador diversificado, asociado a los principales conglomerados empresarios” y que “esos sectores, por primera vez desde 1910, lograron, en el 2015, alcanzar por la vía electoral y sin fraudes el gobierno, con la alianza cambiemos”.
«Lo lograron, haciendo pie en errores de las alianzas sociales y políticas necesarias para sostener el proyecto nacional sin exclusiones iniciado en 2003, o para encarar las reformas de segunda generación necesarias en materia financiera, tributaria, definición de la matriz productiva y regulación del comercio exterior, imprescindibles para superar los límites de nuestras posibilidades de desarrollo», dicen el documento de la Corriente
Afirman, sin lugar a dudas, que la crisis que dejó el gobierno de Mauricio Macri “hoy nos condiciona y que los principales acreedores, en su momento, asumieron el riesgo de sostener un esquema económico que sabían inviable”.
Entonces, sostienen que “la extorsión de los principales fondos de inversión, destinada a demorar la adopción de reformas que son urgentes, va acompañada por presiones de grandes conglomerados empresarios y por la agitación promovida desde el macrismo es inadmisible y obstaculiza la superación de la crisis potenciada por el Covid-19” y que esas empresas, formadoras de precios siguen inconmovibles, participando del juego especulativo que continúa en el sector financiero.
Luego del trayecto histórico que finaliza con la herencia del gobierno de cambiemos, la Corriente Federal afirma:
- El acierto del gobierno nacional en cuanto a su política sanitaria
- Que la economía neoliberal no tiene respuesta frente a una crisis económica y social de esta magnitud.
- Que el covid-19 ha puesto al desnudo las consecuencias de formas de producción basadas en el saqueo de la naturaleza, de depredación del medio ambiente. Insistir en la valoración no productiva de capital, es suicida.
- Que los estados nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis
Por ello, confirman desde la Corriente “la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributarios y financieros, de los servicios públicos, de la seguridad social-salud y previsión-, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.
“El Pacto Social no puede estar restringido a un simple acuerdo de precios y salarios”
El pacto social debe debatirse atendiendo a:
- Que ningún habitante pueda pasar hambre, los alimentos deben garantizarse para todos
- Que ningún habitante puede carecer de medicamentos y atención a la salud
- Que los trabajadores afectados por la pérdida del poder adquisitivo en la mayoría de las actividades y los jubilados han de obtener una reparación
- Que ningún habitante puede carecer de acceso a la educación
Así advierten desde la Corriente Federal de Trabajadores que “Sin desconocer limitaciones creemos que no son suficientes las medidas adoptadas en relación al precio de los alimentos y prestación de los servicios públicos”.
Destacan como no acertadas “las medidas como las adoptadas en relación a las jubilaciones o el fraccionamiento del aguinaldo, en ciertos casos, las rebaja de las remuneraciones, o el auxilio a grandes conglomerados empresarios que habitualmente participan de la fuga de capitales y están en condiciones de cubrir la emergencia con recursos propios. Mientras se posterga el tratamiento de las contribuciones de las grandes fortunas en esta emergencia u otras reformas urgentes como la financiera”.
Por ello plantean que ante la creación del Consejo Económico y Social es requisito previo que han de hacerse cargo y responder en la medida de sus abultadas rentas:
- Quienes hicieron negocios en abierto conflicto de intereses por el que deben responder a la justicia
- Los profugadores de capitales y evasores de impuestos beneficiados del blanqueo del gobierno de Macri
- Los oligopolios formadores de precio y remarcadores seriales
- Los beneficiarios de la especulación financiera
Así, dando cuenta al título del documento, afirman que “Para vivir con lo nuestro” se debe con urgencia considerar las reformas tributaria, financiera, la regulación del comercio exterior, de la matriz productiva que contemple la protección del ambiente, el empleo y la defensa del trabajo argentino, la recuperación del camino de la integración regional, teniendo en cuenta la nueva realidad mundial tras el impacto del covid-19 y la revolución tecnológica en curso.
Convocan a la unidad sin exclusiones del movimiento sindical en la CGT, con participación de sus delegaciones regionales, su plenario de secretarios generales y su comité central confederal para que no se ponga en duda su representatividad. Advirtiendo que, si pueden sesionar diputados y senadores, “pueden sesionar los ámbitos orgánicos de nuestra central sindical”.
Señalan que las corporaciones financieras y al Fondo Monetario Internacional, que tiene la responsabilidad del prestamista que sabe que el prestatario no podrá responder en tiempo y forma, y que por ende, no han incurrido en un error, sino que “han ejecutado una estrategia criminal y colonialista para someter a la economía Argentina”.
Finalizan pidiendo que “TODOS pongamos en primer lugar el interés nacional asumiendo las cargas proporcionalmente a las reales posibilidades y responsabilidades”.
Pablo Moyano
«Ojalá que después de la pandemia, los empresarios se pongan las pilas y vuelvan a invertir para que este país vuelva a crecer»
Pablo Moyano lamentó que los grandes empresarios que han ganado desde la dictadura militar a la fecha millones de dólares hayan realizado un “loby en el congreso nacional, por los medios de comunicación, para no poner parte de sus ganancias”.
Foto: Diario La Unión
En diálogo con Crónica Anunciada, por FutuRock, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, consultado sobre el bono pedido a las entidades empresarias del sector señaló que «Nuestra actividad de transporte, no dejó de trabajar ni un solo día. el esfuerzo que están llevando adelante los trabajadores camioneros para abastecer al país, de alimentos, de medicamentos, la limpieza en la recolección de residuos, transporte de caudales, transporte de combustible, ese esfuerzo, más allá de la situación económica, creo que los empresarios están en condiciones de darles una suma fija”.
«Los empresarios van a tener que garantizar los puestos de trabajo y políticas en defensa de los trabajadores…Ojalá que después de la pandemia, los empresarios se pongan las pilas y vuelvan a invertir para que este país vuelva a crecer», remarcó el líder camionero
También destacó el acto llevado adelante por el presidente Alberto Fernández, el 9 de julio como “un mensaje de integración, de bajar los decibeles para encarar lo que se viene, que sé que cuando termine esto, Argentina se va a reactivar automáticamente como lo ha hecho después de cada crisis”.
Criticó esas “movilizaciones de odio”, producto “de la derecha recalcitrante que todavía siguen agazapadas, convocadas por Patricia Bullrich, por Clarin, La Nación. Por suerte son minoritarias”.
Sobre la reaparición de Mauricio Macri señaló que “en vez de bajar los decibeles incita a la violencia, al odio, ante cada medida que toma el gobierno, salen a despotricar, pasó con el impuesto a la riqueza, pasó con lo de Vicentín, cada medida que saca el gobierno, salen a criticar, pero los trabajadores estamos convencidos que este es el único proyecto».
Reclaman la reincorporaciónde todos los trabajadores y trabajadoras despedidos del municipio de Lanus
Rescatan a un hombre que fue sometido 12 años a explotación laboral en una estancia entrerriana
Un hombre de 58 años fue asistido durante el allanamiento a una estancia de la provincia de Entre Ríos, donde se encontraba sometido a situaciones de explotación laboral durante los últimos 12 años.
Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron un allanamiento ordenado por la Fiscalía Federal de la ciudad entrerriana de Paraná, que permitió detectar situaciones de explotación laboral, trata de personas y empleo no registrado.
Fuentes del organismo contaron que el procedimiento permitió asistir a una persona de 58 años que durante 12 años realizó tareas rurales en el campo allanado, donde vivía en condiciones inhumanas.
La estancia está ubicada en la localidad de Tabossi, a 60 kilómetros de la ciudad de Paraná.
La persona rescatada vivía en una edificación precaria, con techo de chapa y sin baño, que fue identificada por inspectores de la Dirección de Seguridad Social de la AFIP.
El individuo que será reubicado para garantizar sus derechos contó que el dueño del campo le daba $ 1.500 mensuales a modo de remuneración.
El propietario del establecimiento deberá afrontar las consecuencias penales por el delito de explotación y de trata de personas.
El procedimiento contó con la participación de Gendarmería Nacional, la Dirección de Seguridad Social de la AFIP y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. FUENTE: TELAM
Paritarias. Los gremios de la salud convocaron a un Congreso virtual para analizar medidas
Personal de la Salud y Provincia de Buenos Aires ya debían haber debatido paritarias en junio.
Los médicos y personal profesional de la salud enrolados en la Cicop, convocaron a un Congreso de Delegados el próximo 17 julio ante la inefectiva postura de la provincia de Buenos Aires de reabrir la paritaria del sector.
La discusión salarial y laboral se debía reabrir en junio y desde el Ministerio de Salud, Trabajo y Economía de la órbita que conduce Axel Kicillof, aun no hay posibilitado la reapertura del debate que se enmarca en la ley 10.471 de los trabajadores estatales.
Los reclamos de los profesionales de la salud no solo se centran en los salarios e ingresos de bolsillo sino en una dura afrenta que se sucede en cada hospital, centro sanitario o salita de atención primaria en la provincia de Buenos Aires. El gremio que lidera Marta Márquez pretende poner especial ahínco en las condiciones de trabajo de los médicos/as, enfermeras y enfermeros y demás personal que batalla en la primera línea contra el Covid-19.
Tres heridos de bala en un enfrentamiento de facciones da la Uocra La Plata
Tres hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, como producto de un violento enfrentamiento ocurrido esta madrugada en la localidad bonaerense de Berisso, protagonizada por dos facciones del gremio de la construcción UOCRA.
El violento episodio se registró en el barrio Villa Roca, de esa localidad cercana a la ciudad de La Plata, y el más grave de los heridos es un hombre de 31 años, llamado César Navarro, que se encontraba internado tras recibir varios disparos de bala.
Según la esposa de Navarro, el hombre respondía antiguamente al sector liderada por Juan Pablo «Pata» Medina, antiguo titular de la filial platense UOCRA, quien desde febrero se encuentra con prisión domiciliaria en una causa por «asociación ilícita» y «coacción agravada».
La mujer, en declaraciones al canal TN, responsabilizó directamente a la intervención del gremio.
De acuerdo con fuentes policiales y medios locales, vecinos reportaron una verdadera «batalla» campal con decenas de participantes, en la que los contendiente se arrojaron, piedras y se realizaron varios disparos.
Además de Navarro, resultaron heridos Marcos Nahuel Rodríguez, un joven de 19 años que sólo sufrió lesiones superficiales y fue dado de alta, y Sergio Sebastián Sosa, de 29, quien recibió un disparo en el pie izquierdo.
El descargo de Juan Pablo «Pata» Medina apunta a la intervención y a la utilización de barras como grupo de choque.
Desde sus redes sociales Medina señaló: «Queremos aclarar que acá no se trata de ninguna interna gremial, sino una emboscada de personas armadas que responden a la intervención de Vergara e Enriquez que usa a barrabravas de la región como sicarios en contra de grupos de compañeros que lo único que estaban haciendo es una olla popular para pelear el hambre de un barrio de trabajadores».
Panorama Sindical: Voces obreras en medio de la pandemia
Foto: Antena Negra TV
Todo el panorama sindical sobre los principales conflictos de los y las trabajadoras. Entrevistamos a trabajadores de Pedidos Ya, Latam, trabajadoras domésticas y Télam. Además situación en las provincias, transporte y medios. Por Mario Hernandez
Las apps están dañando los derechos laborales que se consiguieron en cien años
M.H.: El 1/7 hubo una Jornada mundial de APPS no solo en Argentina, también en varios sitios de Latinoamérica, incluso se está organizando un sindicato mundial de las aplicaciones.
C.: Sí, porque si la explotación es mundial, la lucha y la organización de los trabajadores también tiene que ser mundial. Las aplicaciones están precarizando a miles de trabajadores no solo en Argentina y Latinoamérica, sino en todo Occidente, es mundial. En la era digital estas aplicaciones intentan imponer sus reglas de juego y en ese intento hay un avasallamiento de los derechos laborales, por eso los sindicatos tienen que estar presentes, por eso la idea de hacer un sindicato a nivel mundial.
M.H.: ¿Cuáles son las reivindicaciones principales que plantean?
C.: Acá en Rosario tenemos instalada una carpa de reivindicaciones laborales hace más de un mes, estamos movilizados y organizados nucleando a las tres aplicaciones que funcionan en la ciudad. Ahora estoy en la carpa con compañeros y compañeras. Lo que se viene pidiendo es que las empresas nos reconozcan como trabajadores, en mi caso yo pertenezco a un pequeño grupo de 55 trabajadores y trabajadoras que estamos en relación de dependencia con Pedidos Ya y que representamos el 6% del total de la planta de personal que utiliza la empresa en la ciudad.
Las otras dos empresas que funcionan en la ciudad son Rappi y Glovo, y no tienen a nadie reconocido como trabajador. Todos los que están trabajando para estas aplicaciones están a través del monotributo, lo que encubre una relación de dependencia que estas empresas no quieren reconocer y al no hacerlo, no garantizan la cobertura médica, que es una de las principales reivindicaciones que se reclaman. Como la ART y el seguro de vida.
En lo que va de la pandemia tenemos 6 compañeros que fallecieron trabajando para estas empresas (Emma Joncka en Rosario, Franco Almada en Quilmes, Miguel Angel Machuca en Avellaneda) que ni siquiera tuvieron la gentileza de hacerse cargo, de ninguna manera, ni se acercaron a las familias. Es bastante perverso todo el sistema que imponen estas empresas.
Uno de los reclamos es este, que la empresa esté a cargo de la salud, la ART y el seguro de vida. También pedimos la seguridad social que ofrece un trabajo en relación de dependencia. Tener un horario fijo de trabajo, un franco fijo y pago, porque con estas aplicaciones si te tomás un franco después tenés dificultades con el ranking, que es un sistema que funciona en Pedidos Ya del 1 al 5 y tenés que ir cumpliendo todos los ítems. Cumplir esos ítems es justamente precarización laboral, porque estas empresas llevan al trabajador a trabajar entre 8 y 16 horas todo el día, buscando pedidos. Y no hay reconocimiento por eso.
Nuestro lugar de trabajo es la calle y no hay seguridad ni social ni en la salud. Otra cosa que seguimos reclamando es un salario que permita vivir dignamente y que sea un ingreso fijo.
M.H.: ¿Cuál es el salario promedio de un trabajador de APP?
C.: Los que están en relación de dependencia tienen algo fijo pactado por el Convenio colectivo de trabajo del sindicato. Ahí hay un plan de 24 o 48 horas semanales con un franco. Lo que pasa es que con el monotributo encubren una relación de dependencia, por eso estas empresas hacen fraude laboral, aparte de la enorme evasión de impuestos que están haciendo a nivel ciudad, provincia y nación, es tremenda la evasión que hacen, no tributan, están dañando el sistema tributario.
M.H.: Tienen la sede fuera de Argentina ¿verdad?
C.: Claro, Rappi es de Colombia, Glovo es catalana y Pedidos Ya es uruguaya pero hace dos años la compró Delivery Hero que es una empresa que se encarga de comprar empresas con plataforma digital y una vez que compraron los capitales alemanes dentro de la empresa Pedidos Ya empezamos a sufrir la precarización laboral y la flexibilización de derechos. En ese momento Pedidos Ya acá en Rosario empezó a tomar personal como monotributista y dejó de tomar personal en relación de dependencia. Nos dividieron en 5 puntos diferentes y nos pusieron horarios y francos rotativos. Es decir, no te podías juntar ni te cruzabas con tus compañeros. La política de la empresa es que los trabajadores no se organicen, por eso cuesta tanto. Ahora estamos más organizados y movilizados, y el miércoles 1º de julio se vio más porque es el tercer paro de cadetes. En este caso impulsado por compañeros y compañeras de Brasil, así que vino con fuerza latinoamericana.
Lo otro que decía es que estas empresas están dañando a la sociedad en su conjunto porque están utilizando el espacio público, porque nos mandan a los bancos de las plazas, por ejemplo, en el caso de Rosario no tenemos un lugar físico con un techo, agua potable y baño. Nosotros en frente de la carpa tenemos la Facultad de Derecho que terminamos utilizando de baño, y eso los compañeros varones porque las compañeras mujeres sufren otra realidad, mucho más difícil. La paradoja de estas empresas fantasma es que los trabajadores terminamos meando el edificio público donde supuestamente nos tendrían que estar garantizando los derechos laborales que viene de una historia larga de todo el movimiento de trabajadores.
Estas aplicaciones flexibilizan así, aparte de tratar de vender una imagen de falsa libertad, independencia y autonomía, con esta idea de ser tu propio jefe, de manejar tus horarios, etc., están dañando los derechos laborales que se consiguieron en cien años que tiene, por ejemplo, el sindicato de Comercio de Rosario. Incluso los que estamos en relación de dependencia y tenemos algunos derechos reconocidos, también nos tratan de flexibilizar constantemente.
M.H.: En el contexto de la pandemia ¿han provisto los elementos de seguridad las empresas? ¿Hay alguna iniciativa o proyecto de legislación laboral para las App?
C.: En Rosario, nuestro grupo de trabajadores le exigimos a las empresas cuando se declaró la cuarentena que no íbamos a trabajar hasta que no nos mandaran los elementos de seguridad e higiene, alcohol y barbijos. Estuvimos una semana de paro porque la empresa tardó ese tiempo en mandárnoslos. En definitiva no estaban apurados porque 55 trabajadores de los 900 cadetes monotributistas, no es un número que afecte. Es muy grande la diferencia, hay solo 55 cadetes con derechos amparados y 900 flexibilizados, la empresa se encarga de no reconocer a los y las trabajadores como tales. Los llama “asociados” o “colaboradores” como si hicieras de onda la actividad. Cuando ya estar en la calle es algo fuerte.
Ahora viene el invierno, pero el verano también, nos afecta en el cuerpo, la mente, por eso hay una flexibilización tremenda. Y lo que me preguntás sobre la regularización del trabajo sí, hay varios sectores políticos trabajando para legalizar las App pero no hay nada concreto todavía y las empresas siguen atropellando nuestros derechos laborales.
El miércoles nos juntamos en la carpa de la plaza San Martín en la ciudad de Rosario a las 10:00. De ahí concentramos en Córdoba y Roca, donde hay un Mc Donalds y un Burguerking para solidarizarnos con compañeros y compañeras que están precarizados dentro de esos locales, que están teniendo muchos problemas, nosotros estamos en contacto con ellos y conocemos la situación, así que nos solidarizamos con ellos y de ahí marchamos por calle Roca a calle Santa Fe hacia la plaza San Martín donde está la sede de la Casa de gobierno. Allí hicimos una asamblea con las diferentes organizaciones, con trabajadores independientes y con el sindicato que venimos bancando la carpa hace más de un mes.
Tenemos la responsabilidad de hacernos presentes porque somos los únicos que estamos con derechos amparados en las leyes laborales. Es un trabajo que venimos haciendo hace más de un año, junto con otro compañero, Cristian, somos delegados desde septiembre del año pasado pero venimos haciendo un trabajo político y gremial desde antes, porque la lógica de las empresas es que no se organicen los trabajadores y tener la mayor flexibilización posible, no quieren tener más gente en relación de dependencia. Nosotros venimos haciendo ese trabajo para tratar de que no haya tantos despidos. Éramos 130 en un momento y quedamos 55, entre despidos y cansancio fuimos quedando menos, pero seguimos haciendo fuerza.
Mediante una conferencia online, titulada Conferencia Digital Global de Trabajadores, con participantes de más de cinco países, se ha presentado la Transnacional Workers Network (TWN) o en castellano Red Transnacional de Trabajadores (RTT), una organización internacional para defender los derechos de los trabajadores de plataforma y los taxistas. La iniciativa pretende organizar y conectar más organizaciones, sindicatos y trabajadores de este tipo de empresas o de sectores que se vean afectados por la irrupción de los gigantes de la tecnología y los procesos de desregulación que permiten el crecimiento de empresas transnacionales a través de la figura de falsos autónomos.
“Estas aplicaciones disruptivas entran en un país e intentan cambiar las leyes ya establecidas para imponer su modelo de negocio. Un modelo basado en la precarización del Estado y en vaciar las arcas del Estado a base de no tributar”, ha explicado en la conferencia Tito Álvarez, portavoz y coordinador de Taxi Project 2.0, una de las organizaciones que han promovido este sindicato global desde el Estado español.
Además de la plataforma de taxistas, también participaron en la presentación y forman parte de esta red los RidersxDerechos, colectivo organizado de repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo, Collectif des Livreurs Autonomes de Paris (CLAP), Mobile Workers Alliance (MWA) o el sindicato norteamericano Service Employees International Union (SEIU), que cuenta con más de 90.000 afiliados y defiende los derechos laborales de los conductores y riders de EE UU y Canadá.
Según han explicado los participantes en la conferencia, pretenden que esta unión de trabajadores y trabajadoras consiga organizarse de una manera conjunta para definir una estrategia de actuación y elaborar propuestas de estructuración de derechos laborales. En resumen, según Sonia Abellán, miembro de la organización, el objetivo es que las personas afectadas por estas prácticas “puedan disponer de una herramienta de defensa de sus derechos” y “plantar cara a estas grandes empresas de la Gig economy por medio de una plataforma cohesionada y con una misma estrategia”.
El viernes 19 de junio el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró obtener despacho de mayoría en la Legislatura porteña para su Proyecto de ley que busca regular la actividad de repartidores y de las plataformas de aplicaciones de delivery. El proyecto contempla una normativa para regular el servicio de mensajería y reparto de alimentos, popularizados por apps como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.
La Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) expresó su rechazo al proyecto y convocó a una movilización para el jueves 25 de julio a las 10:00, cuando se va a tratar en la Legislatura: “el vergonzoso proyecto de ley de Larreta consiste en perseguir al repartidor y sancionarlo, mientras las empresas siguen teniendo vía libre para llenarse los bolsillos precarizándonos, sostiene la agrupación.
“Las empresas tendrían que hacerse cargo de la indumentaria y de los elementos de seguridad e higiene. Mientras el proyecto de Larreta dice que somos los repartidores que debemos seguir pagando las herramientas de trabajo de nuestros bolsillos, remarcaron en el comunicado desde ATR. También el proyecto apunta a que para repartir en CABA el trabajador debe tener domicilio en la Ciudad, lo que deja a fuera a cientos de repartidores que a diario vienen a Capital por ser una zona con mayor demanda y menores riesgos. Esto empuja, además, a los repartidores a entregar pedidos en zonas liberadas y peligrosas o de baja demanda afectando directamente su ingreso”.
Por todo lo expresado, desde la organización consideran que están “ante un proyecto al servicio de las patronales que plantean un contrato de prestación de servicios (monotributo) cuando la realidad es un encubrimiento de la evidente relación laboral”. Asimismo, volvieron a poner el foco en la cantidad de casos de repartidores fallecidos producto de la precariedad en la que desarrollan su trabajo: “entendemos que para terminar con las muertes de los trabajadores de reparto es necesario regular de fondo la actividad. Es urgente declarar la actividad de reparto como insalubre, que se regule un ingreso acorde a la canasta familiar, un límite en la jornada laboral dado el desgaste físico y psicológico al que estamos expuestos a diario, regular límites de kilómetros y peso.Terminar con los múltiples sistemas de ranking que solo llevan a los trabajadores de reparto a competir entre sí, dejando la vida por $ 60 por pedido”.
“Denunciamos la complicidad y los intereses compartidos del gobierno de la Ciudad con la empresas. Llamamos a hacer crecer la organización y el plan de lucha. Si este proyecto avanza en CABA es un golpe al conjunto de los repartidores del país y del mundo. Vayamos por una gran movilización de trabajadores de reparto el 25/7 a las 10 hs en las inmediaciones de la Legislatura porteña”, finaliza el comunicado de la agrupación.
Entrevista a Eduardo Saab, delegado de Latam
Venimos del día uno de la pandemia con una rebaja del 50% del salario, mientras la empresa repartía ganancias y dividendos con sus accionistas en Chile
M.H.: El lunes 22 de junio se reunieron con las autoridades gubernamentales del ministerio de Trabajo. ¿Arribaron a alguna conclusión?
E.S.: Se hicieron presentaciones de parte de los gremios que están sentados en la mesa de negociación, rechazando el pedido preventivo de crisis que hizo la empresa, porque tenemos la lectura que estamos ante una extorsión. Más que una reunión lo que hubo fue una presentación de este escrito. No ha habido reuniones todavía formalmente con la empresa, esto sería la semana entrante. Pero como información puedo decirte que los documentos presentados son rechazando las peticiones de la empresa porque observamos que detrás de esto se esconde una extorsión contra los trabajadores, sus condiciones laborales y sus puestos de trabajo.
M.H.: Que por otro lado ya se habían dado, ya venían planteando rebajas de sueldos, de condiciones de trabajo.
E.S.: Sí. Venimos del día uno de la pandemia con una rebaja del 50% del salario, esta rebaja es ilegal, el ministerio ha fallado a favor de los trabajadores y ha exhortado a la empresa a pagar y la empresa en respuesta a esta adversidad con la que se encontró en el ministerio de Trabajo, fabricó esta extorsión, el planteo de retirarse del país porque los sindicatos “no entienden la crisis de la empresa”. No es que no la entendamos, porque mientras discutíamos esto con la empresa repartía ganancias y dividendos con sus accionistas en Chile, así que nosotros no podemos aceptar esa situación.
M.H.: ¿A cuántos trabajadores afecta esta medida? Se habla de 1.400, 1.700, hoy escuché 3.000. ¿Cuál es la cantidad exacta de trabajadores a los que afecta esta medida que pretende tomar la empresa Latam?
E.S.: Tres mil. Pero quiero hacer una aclaración, hay 1.800 trabajadores que están en relación de dependencia directa. Y hay 1.000 trabajadores más que están en una relación indirecta, son empresas contratistas, tercerizadas. Un sinfín de compañeros que trabajan para Latam, porque son empresas que tienen contratos con la empresa, pero no están considerados en el número en tanto no son trabajadores con relación de dependencia directa con la empresa.
Es muy importante aclarar esto porque muchas veces se deja de lado a aquellos compañeros que previamente a esta crisis estaban en peores condiciones que nosotros y no queremos dejar de nombrar a estos compañeros porque son los que peor la están pasando.
M.H.: ¿La empresa había recibido la ayuda gubernamental para el pago de salarios?
E.S.: Así es. Recibió ayuda estatal, los ATP, en su momento fue un escándalo porque lo recibió la CEO de Latam que tiene un sueldo millonario. Pero sí los trabajadores hemos recibido una parte en compensación de los descuentos de las ATP.
M.H.: ¿Tienen pensado tomar alguna medida en estos días?
E.S.: Tenemos la decisión de movilizarnos, estamos intentando consensuar con el conjunto de los gremios, hay que poner una fecha. La asamblea a la que yo pertenezco que es el sector de tierra ya tiene ganas de poner la fecha, pero estamos discutiendo y construyendo una movilización lo más coordinada posible. La vemos muy necesaria pero queremos hacerla de forma unitaria y los trabajadores se han pronunciado en favor de hacerla.
M.H.: Uno de los compañeros de los otros gremios alertó sobre el tema de que no se dejaran sacar las aeronaves del país.
E.S.: Compañeros pilotos y todos en realidad, estamos en sintonía con ese tema, porque hay una cuestión, Latam sigue trabajando en la Argentina. Se quiere ir del país pero quedarse con todo lo rentable. Lo rentable es la carga, recién hacía referencia a la cantidad de despedidos que habría, justamente hay un remanente de 500 compañeros que trabajan para Latam Airlines con sede en Chile pero en territorio argentino y en los cielos argentinos, donde está toda la carga que no dejó de facturar en la pandemia, al contrario, la carga aumentó inclusive en su facturación se cuadruplicaron los precios y siguen haciendo vuelos regionales e internacionales. Esto lo ponemos en discusión porque no puede ser que una empresa de un holding que tiene múltiples marcas, actúe por separado rompiendo todo sentido común, entonces se deshaga de Latam Argentina porque no le resulta rentable pero Latam Airlines sí.
Es la misma empresa, la misma matriz, los trabajadores no tenemos por qué caer en el verso de los sellos, el legalismo y el tecnicismo que son un andamiaje para proteger a las empresas, que en el caso de Latam lo tiene muy aceitado.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
E.S.: Simplemente volver sobre el tema de la movilización, creemos que es muy necesaria y estamos trabajando para hacerla porque hay un lobby mediático muy fuerte, porque pone mucho dinero en publicidad, tiene grandes lobistas mediáticos y queremos que se escuche la voz de los trabajadores. Hasta ahora está hablando mucho la empresa y tenemos que poder dar a conocer el punto de vista de los laburantes, que no queremos quedarnos sin trabajo, que se respeten nuestras condiciones y que no se aproveche la pandemia para azuzar una crisis y luego meter un ajuste a los trabajadores que no pudo meter durante la normalidad.
«Los directivos de Latam Argentina dejaron perfectamente claro ante las autoridades de Transporte las intenciones patronales de abandonar las operaciones en el país. Como consecuencia, señalaron que promoverán el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo», indicó en un comunicado de prensa el titular la Unión Sindical de Trabajadores Aeronáuticos, Guillermo Cruz Quival.
El dirigente sindical sostuvo que ya el gobierno nacional -como lo determina la ley vigente- hace algunos días aclaró que «ese reclamo patronal solo puede tener validez si Latam Argentina continuase sus actividades, ya que en caso contrario debe ser rechazado» y, de cerrar, «la compañía tendrá la obligación de abonar todas sus deudas o de someterse a un proceso de quiebra» tradicional.
El gremialista explicó que el PPC es una herramienta con la que necesariamente deben coincidir la empresa, los sindicatos y el gobierno en procura de hallar una salida que permita la continuidad de las operaciones mediante una reestructuración o una adecuación, puntualizó Cruz Quival en el documento.
Para el gremio, la empresa pretende tener «el aval legal para despedir de forma masiva al personal y abonar solo el 50 % de una indemnización simple, en el contexto de decretos presidenciales que determinaron la doble indemnización para el caso de no haber justificado la desvinculación laboral».
«Si Latam Argentina no puede enfrentar las obligaciones y la operatividad tendrá que someterse al respectivo proceso de quiebra, por lo que el gremio ratifica que el PPC no es el camino para realizar desvinculaciones masivas. El sindicato rechaza ese accionar y reclama la continuidad laboral», concluyó el dirigente.
Los gremios señalan que las razones invocadas por Latam Argentina “no son válidas” porque la empresa arrastra pérdidas desde hace varios años y no se pueden atribuir a razones de fuerza mayor generadas por la pandemia. Además, remarcan la vigencia de los decretos que impiden los despidos.
“Desde el 2016 en que empezó su déficit, la compañía privilegió explotar nuestro mercado interno desde Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba y Rosario, con sus filiales en vuelos hacia los hubs en Chile, Perú y Brasil en lugar de hacerlo con Lan Argentina y los trabajadores argentinos”, aseguraron desde el sindicato de los técnicos aeronáuticos que conduce Ricardo Cirielli (APTA).
A la hora de determinar responsabilidades, desde la entidad gremial apuntaron a que “este accionar fue posibilitado por la política aerocomercial del gobierno anterior” a quien culparon de no renovar su flota” y “devolver dos aviones al holding que levantó escalas”.
En ese sentido, desde APTA remarcó que “Lan Argentina comenzó a retirarse en el 2016. Fue una decisión estratégica del holding privilegiando la rentabilidad del grupo sobre la sustentabilidad de su negocio en Argentina”, con lo cual consideró que “la pandemia y la caída brutal de la demanda interna sólo aceleró los planes de Lan Argentina de retirarse para no afrontar importantes déficits, pero fue previo”.
Como si fuera poco, “tampoco se irá totalmente. Seguirá con empresas del holding operando desde Chile, Perú y Brasil y desde ahí hará conexiones internacionales”, por lo que “el grupo Lan mantendrá su lucrativa operación de carga general desde Argentina hacia el exterior mediante empresas cargueras propiedad de Lan Chile”, concluyó.
El martes 2 de julio y de manera sorpresiva, la conducción de Aerolíneas Argentinas le comunicó a los gremios de la actividad que sólo depositaría el 50% de los salarios correspondientes al mes de junio. La decisión impacta en su plantilla de empleados, aunque resta saber si la abarcará en su totalidad.
La información que la empresa acercó a los gremios, y que éstos le transmitieron a sus representados, señala que el pago se completaría en el momento en que el Estado Nacional complete la partida presupuestaria comprometida. Sin embargo, no hay precisiones de cuándo vaya a ocurrir.
También se precisó que el piso que se depositará a cada empleado, en esta primera tanda, es de 35.000 pesos.
Por estas horas los gremios están realizando consultas con sus cuerpos letrados sobre cómo proceder y en algunos casos ya avisaron que esperarán hasta el lunes 6 de julio para tomar una determinación. Es que en esa fecha vence el plazo que tiene la compañía para depositar los haberes.
El mes pasado la empresa encaró duras negociaciones con los gremios para diseñar un plan de contingencia que le permitiera hacer frente a la crisis de la actividad aerocomercial. Luego de una ronda de discusiones pactó una serie de suspensiones por 60 días, pero había asegurado que los empleados mantendrían su ingreso de bolsillo.
El convenio se enmarcó en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que contempla que ante la imposibilidad patronal de asignar tareas a la totalidad de la nómina de personal y, en acuerdo con el sindicato, una parte de esa dotación será encuadrada en la figura de suspensión, aunque percibiendo todo el sueldo de bolsillo como asignación no remunerativa. También lanzó un plan de jubilaciones anticipadas, dirigido a unos 1.000 empleados.
Pero la medida de fondo con la que quiere avanzar la dirección de la empresa es la fusión de Aerolíneas y Austral, que representaría la desaparición de esta última marca y que es resistida por los gremios aeronáuticos.
Ante la crisis económica que padece por la pandemia, la aerolínea low cost colombiana Avianca se despachó con una sorpresiva propuesta a sus empleados: que no cobren salarios por un año y que acepten retiros voluntarios. La compañía sostiene que esta es la única manera de no ir a la quiebra.
Entrevistamos a Verónica del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET) y del Programa de Salud, Subjetividad y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)
El miedo está muy asociado al hecho de perder el trabajo y no tanto de contagiarse de Covid 19
M.H.: Investigadoras e investigadores del Centro de estudios e investigaciones laborales del programa de salud subjetividad y trabajo de la Universidad Nacional de Lanús, realizaron una encuesta para analizar la situación laboral de trabajadoras de casas particulares en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Fuiste una de las participantes de esta actividad que se realizó entre el 13 de abril y el 10 de mayo ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación?
V.: El objetivo de la encuesta fue recabar datos sobre denuncias que veíamos en las redes sociales que hacían las trabajadoras domésticas a partir de que se decretara el aislamiento. Decidimos hacer esta encuesta y nos encontramos con una dura realidad que ya veníamos anticipando a partir de los relatos de las trabajadoras en redes sociales y nos encontramos que el 55,9% entre 5 y 6 de cada 10 trabajadoras vio empeorada su situación laboral a partir del aislamiento social. De ese porcentaje un 10,5% fueron despedidas, un 20% sus empleadores no les pagan, al 13,1% les pagan menos, hay algunas que en algunos hogares les pagan y en otros no, otros casos que tienen que ver con que no saben si les van a pagar porque directamente no se comunican con ellas y hay un porcentaje de trabajadoras que les cambiaron la categoría, ellas trabajan haciendo limpieza y las cambiaron a cuidados que es una actividad esencial y que por estar exceptuadas pueden ir a trabajar. Esta estrategia entre los empleadores es bastante común y lo refleja la encuesta y tiene que ver con no respetar los derechos de las trabajadoras a cuidar su salud y a su familia.
M.H.: ¿Cuántas están en blanco de la muestra de 635?
V.: La encuesta refleja sobre un universo muy chico de trabajadoras, hoy por hoy en Argentina hay más de un millón de mujeres que realizan trabajos en casas particulares, con datos oficiales el 77% de trabajadoras está en condiciones de informalidad, en la encuesta ese número da un poco más bajo pero no se refleja con lo que sería el total como lo relevan organismos como el Indec u otros. Esto porque fue una encuesta autoadministrada, pero el índice de informalidad es muy alto en el sector.
M.H.: Estamos hablando de una actividad fundamentalmente realizada por mujeres que supongo en estas circunstancias que se estamos viviendo la situación laboral se debe mezclar con el cuidado de sus niños y niñas. ¿Pudieron registrar algo de eso?
V.: Sí. Estamos hablando de en su mayoría de mujeres, casi el 99% de las que realizan estas tareas son mujeres y muchas de ellas tienen hijos a cargo, la encuesta reflejó además que muchas de ellas tienen hijos en edad escolar, así que también está condicionada su posibilidad de ir a trabajar, inclusive las que realizan tareas de cuidado, muchas tienen hijos en edad escolar así que se complica.
Son mujeres que cuidan a hijos de otras, pero a su vez necesitan que alguien cuide a sus hijos. Es un sector que muchas son jefas de hogar y que al tener salarios por debajo de la línea de pobreza y el que se haya empeorado su situación salarial hace muy difícil poder sostener la economía familiar. Es muy crítica la situación que están viviendo.
M.H.: ¿Pudieron registrar el salario promedio?
V.: No, no preguntamos acerca del salario. En la encuesta dejamos un campo abierto para que las trabajadoras pudieran expresar lo que están viviendo respecto a su trabajo, y muchas hablan de que no llegan a fin de mes, que no llegan a comprar comida para sus hijos y el miedo está muy asociado al hecho de perder el trabajo y no tanto de contagiarse de Covid 19.
M.H.: ¿Cuál es el nivel de sindicalización?
V.: Es muy bajo. Eso es un reflejo también de lo que tiene que ver con las características del sector, la encuesta refleja que un 88% no está afiliada, y tiene que ver también con las particularidades del sector, la informalidad y, por otro lado, que es un trabajo aislado que se realiza en hogares.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
V.: Me parece que es una situación crítica la que están viviendo las trabajadoras, es eso lo que quisimos reflejar con la encuesta, y este nivel de informalidad que viene padeciendo el sector, que está sumamente invisibilizado, que está precarizado y que tiene muy bajos salarios en la situación de la cuarentena las agudiza aún más y me parece que hay que poner el foco en este sector que está siendo muy golpeado. En la encuesta pudimos ver que el 55,7% de las trabajadoras cobró el ingreso familiar de emergencia que entregó el Anses pero un 15% no sabe cómo tramitarlo.
Me parece que es un sector al que hay que llegar con mucha más información, para el que hay que generar políticas fuertes de información sobre los derechos laborales, sobre las cosas que no deben hacer los empleadores y que estas herramientas que está dando el Estado puedan llegar a este sector que tiene salarios muy por debajo del resto de los trabajadores.
M.H.: ¿Cuáles fueron las principales demandas que pudieron registrar?
V.: En primer lugar que los empleadores cumplan, que paguen igual por más que no vayan a trabajar, el ingreso principalmente. Sólo un 33% de las trabajadoras están recibiendo su ingreso mientras cumplen el aislamiento. El porcentaje es muy bajo teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo, que son mujeres, que tienen hijos a cargo y son jefas de hogar.
En el informe preliminar difundido por los y las investigadores se incluyen algunas respuestas abiertas que describen la situación de precarización en la que se encuentra la mayoría de las trabajadoras de casas particulares, y que va más allá del contexto actual de emergencia por la pandemia:
“Hace 16 años que trabajo y me tiene en negro. Hoy en día no me están pagando en esta cuarentena y soy persona de riesgo”.
“Uno de mis empleadores me dijo que por ningún motivo me puede pagar si no trabajo”.
“Fui despedida en cuanto empezó la cuarentena obligatoria en uno de los trabajos fijos que tenía. En los otros directamente no me responden o no se hacen cargo porque no trabajaba con registro”.
“Por necesidad me vi obligada de ir a trabajar porque no me querían pagar lo de la cuarentena”.
“Me gustaría que salga un comunicado oficial para enviar a los empleadores que no están pagando. Se hace difícil para nosotras exigir que nos paguen en riesgo de la continuidad laboral”.
“No quiero volver a mi trabajo, mi jefa me defraudó como persona. Nunca me mandó un mensaje preguntando si necesitaba algo o cómo estaba. Se borró totalmente”.
“Debería ser muy claro que no se puede cambiar de categoría por conveniencia del empleador y multar. Si cambia de categoría, que paguen más. Es muy injusto. Encima el empleador nunca te va a decir ‘quedate en tu casa’. Yo estoy poniendo en riesgo mi vida, pido un plus para las que salimos a arriesgar nuestras vidas”.
Entrevista a Pedro Fernández Mouján de Télam
Fue una lucha histórica contra un gobierno salvajemente neoliberal que estaba dispuesto a cualquier cosa
M.H.: A dos años de los 350 despidos de Télam ¿cuál es el balance de esa lucha?
P.: El balance es muy positivo porque fue una lucha histórica contra un gobierno salvajemente neoliberal que estaba dispuesto a cualquier cosa, y se dio una unidad de lucha tanto entre los 354 despedidos como con los compañeros que no lo fueron, se tomaron pacíficamente los edificios, se hicieron presentaciones judiciales. Fue una lucha que tuvo mucho apoyo de toda la sociedad. Eran momentos muy convulsionados, había devaluaciones tremendas. Los despidos se dieron un día después que el gobierno firmó el acuerdo con el FMI. Imaginate la significación que tenían esos despidos en la administración pública.
M.H.: El 26 de junio de 2018.
P.: Exactamente. Tuvo también mucha significación en los medios públicos que también de alguna manera, con sus tensiones, sirvieron para equilibrar un poco la balanza respecto de muchos medios hegemónicos privados. Entonces conseguimos la reincorporación de todos los compañeros, a través de presentaciones judiciales y la lucha, por supuesto, pero la última fue una resolución judicial. Así que es un balance positivo, fue una lucha muy sólida de parte de los trabajadores, muy sustentada en una asamblea permanentemente comunicada con su Comisión interna y su sindicato Sipreba.
M.H.: ¿Cuál es la situación de la agencia Télam en la actualidad?
P.: Hay una nueva gestión porque cambió el gobierno y como la agencia es pública cada gobierno pone sus autoridades. Estamos empezando un camino nuevo, donde la agencia tiene una línea editorial más acorde a los intereses públicos, de la que tenía anteriormente. La agencia está revalorizada, respecto de la desvalorización que existía antes que se pretendía cerrar. Recuperó también el área publicitaria que era un área que habían sacado, porque Télam además es el contralor publicitario de la publicidad oficial. Eso es algo muy importante que hace Télam y que le da trabajo a muchos compañeros. Es una agencia periodística y publicitaria.
En cuanto a la pandemia nosotros más allá de que ganamos el conflicto sufrimos un congelamiento salarial de dos años. Nuestros salarios se fueron al bombo y producto de esta situación de crisis no pudimos recuperar nuestro poder adquisitivo. Pero vamos viéndolo y con la ilusión de que se vaya solucionando porque quedamos muy rezagados. Más allá de eso logramos mantener las fuentes de trabajo y conseguimos también que la agencia nacional de bandera siga existiendo, lo que nos parece importante para el país y la libertad informativa. Mucho más en estos últimos años.
M.H.: ¿Hicieron algún tipo de festejo a dos años de los 354 despidos?
P.: Decidimos elaborar una especie de memoria colectiva entre todos los que estuvimos en esa lucha. La hacemos en estos momentos de pandemia y aislamiento a través de las redes, tenemos una página que se llama “Somostélam” tenemos una cuenta de Facebook, Twitter y un Instagram bajo el mismo nombre. Entonces lo que estamos haciendo desde el 26 de junio empezamos a subir un texto escrito por un compañero de Télam que estuvo en la lucha y que quiere reflexionar sobre lo que fue esa lucha para él, cada uno con su óptica personal.
También publicamos dos adhesiones de ya sean dirigentes políticos, movimientos sociales, trabajadores de distintos gremios y empresas u hospitales que estaban en conflicto y que fueron solidarios con nosotros. Durante la lucha armamos algunas asambleas generales de trabajadores en conflicto como para tratar de encontrar soluciones comunes. Entonces al mismo tiempo publicamos un saludo de ellos donde hacen una reflexión cortita sobre nuestra lucha y los trabajadores escribimos un texto por día. También salieron una ilustración de El Ángel, otra de Constanzo que nos regalaron y vamos a seguir así durante 20 o 30 días más para seguir pensando qué fue y qué significó nuestra lucha.
M.H.: ¿Cómo se accede a estas publicaciones entonces?
P.: Por Twitter Somostelam, o por la página web www.somostelam.com.ar
Los trabajadores y trabajadoras de la Editorial Perfil decidieron incrementar desde el 1º de julio las medidas de fuerza ante la decisión de la empresa de pagarles el medio aguinaldo desde enero y en cuotas, además de exigirles mayor productividad.
“No estamos pidiendo nada descabellado. Sólo lo que nos corresponde por lo trabajado durante la primera mitad del año. Un año muy particular en que lxs trabajadorxs de la empresa aumentamos sustancialmente nuestro trabajo sin recibir nada a cambio, más que presiones y pedidos. En este contexto de pandemia, Perfil recibió ayuda ATP, pauta oficial y una licitación millonaria para imprimir material del Ministerio de Educación. Ese dinero nunca le llegó a sus trabajadorxs. Perfil no tiene ninguna eficiencia como empleador, pero le reclama eso a sus empleadxs”, denunciaron los trabajadores.
Desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Editorial reiteraron que el incumplimiento del pago del aguinaldo no es propio de este año, ya que la misma situación se produjo en 2016, 2017 y 2019.
Ante esta situación reiterada, la Asamblea votó una serie de medidas de fuerza que comenzaron el 1º de julio. En Perfil.com y sub sitios hubo tres horas de retención de tareas por turno y trabajo a reglamento en el resto de la jornada. En la ediciones impresas (Diario Perfil, Revista Caras y Noticias) y Cedoc, dos horas de retención de tareas. Al igual que en las áreas de Administración, Comercial y Sistemas, y en NET TV. En Radio Perfil, en tanto, hubo quite de firmas en los bloques, apagón en radio.perfil.com y en las redes sociales de 10 a 12, y de 16 a 18.
Los trabajadores de la web del Diario Popular emitieron un comunicado mediante el cual informaron la retención de tareas por 72 horas en la última semana de junio debido a que la empresa les adeuda “casi la mitad del sueldo de abril y la totalidad del sueldo de mayo”.
Asimismo aseguran que el medio tampoco realiza los aportes patronales que le corresponden en materia de jubilaciones, obra social y ART y que no incorporaron personal ante la reciente renuncia de ocho trabajadores. Además denuncian que la empresa decidió reubicar las instalaciones de la redacción en un nuevo edificio que “no cumple con los requisitos necesario para resguardar la salud”.
El gremio de prensa, declarado esencial desde el primer minuto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio arrastra una situación de degradación de las condiciones de trabajo que se ha visto agravada por la pandemia. Más allá de la exposición al virus de quienes ejercen su labor en forma presencial y que no han percibido un bono por esencialidad y las condiciones agobiantes que impone el teletrabajo al resto de los periodistas, se le agregan despidos ilegales en Publiexpress (una parte de los cuales fueron reinstalados por la justicia) y en Atlántida. Además el gremio en su conjunto sufre una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario así como una amplia precariedad laboral de gran parte de los trabajadores que revisten bajo la forma de “colaboradores”.
A mayo, esa caída del salario real acumulaba más de un 50% desde el año 2013. Desde 2015 se destruyeron más de 4.500 puestos de trabajo registrados en el sector. La paritaria de 2019 quedó suspendida una vez dictada la cuarentena con un aumento acumulado en el período de apenas un 15% contra una inflación de alrededor de un 50%. De esta forma, el salario de convenio de redactor se ubica más de un 10% por debajo de la Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza.
Uno de los medios cuyos trabajadores abordaron la crisis salarial es El Cronista Comercial que mantiene un plan de lucha que incluyó paros de 24 horas así como retenciones de tareas y quites de colaboración bajo el novedoso formato de “un periodista = una nota”. A esa medida que afecta la productividad empresaria se le suma ahora paros de dos horas en sus publicaciones web en reclamo de una respuesta al retraso salarial que padecen.
La Comisión Interna de Clarín agremiada en SiPreBA elaboró una encuesta entre las y los trabajadores que cobran por colaboración y freelancers. Los resultados demostraron que son una variable de ajuste: «La empresa los usa de manera fraudulenta y, en tiempos de crisis, desconoce la relación laboral y los ajusta.», denuncian.
Los cuatro principales problemas son el atraso en los pagos y en los valores de las colaboraciones, la relación de dependencia encubierta para quienes superan las 24 colaboraciones, la falta de continuidad laboral y las malas condiciones de trabajo.
«No hay #PeriodismoEsencial con #PrensaPrecarizada.», denuncian. «La empresa debe asumir la responsabilidad con sus trabajadores informales, a quienes usó durante años.» y ahora, que llegan las malas, malísimas ya, pasan a ser descartables.
Las demandas puntuales son: Continuidad como hasta marzo 2020; Saldo de las deudas y regularización en los pagos; Actualización de las tarifas; Efectivizaciones; Viáticos, equipamiento y acceso a productos de AGEA.
Choferes
El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, pidió «a los Gobiernos nacional y provinciales la búsqueda de una solución para pagar los salarios y aguinaldos de los choferes de micros» en las provincias, en el marco del paro por tiempo indeterminado en el transporte urbano de pasajeros del interior del país por retrasos en el pago de haberes.
«Hace más de 100 días que estamos estancados por una situación como nunca vivimos», indicó el titular de la UTA.
La UTA declaró un paro por tiempo indeterminado que se cumple en el interior del país y que no afecta a los servicios en el AMBA, mientras que el cese de tareas en las provincias no abarcaba al transporte de larga distancia.
El 1º de julio, trabajadores autoconvocados de las empresas Ersa y Aucor de Córdoba cortaron el servicio en reclamo por el pago de deudas salariales.
Pasadas las 16:00, el gremio de los choferes del transporte urbano (UTA) decretó un paro por tiempo indeterminado en todo el sistema que cubre recorridos en la ciudad de Córdoba.
«Nos están debiendo diferencias de abril, mayo, todo junio, dos cuotas del decreto de Nación y aguinaldo. No aportan a obras sociales. Ni jubilación», explicó María José, la esposa de uno de los afectados. “El gremio no nos atiende y cuando reclamamos el gremio nos manda la Policía. De acá no nos movemos hasta que no esté la plata depositada. Hay 400 personas con familias en la punta de línea», agregó.
Los trabajadores del transporte interurbano de pasajeros de Córdoba cumplieron 87 días de paro el pasado 8/7 por deudas salariales, mientras que el sector empresario solicita al Estado «aportes extraordinarios para pasar la coyuntura» de la pandemia de coronavirus, al señalar que los subsidios no alcanzan.
La Asociación Obreros de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) paralizó el servicio el último 13 de abril por tiempo indeterminado a partir de deudas salariales acumuladas desde marzo, con pagos parciales, y «están pendientes los sueldos de junio y el medio aguinaldo», según una fuente sindical.
El conflicto se replica en varias provincias desde que el país entró en el aislamiento social por la pandemia de coronavirus y las empresas del transporte comenzaron a tener dificultades para afrontar los salarios ante la caída en la cantidad de pasajeros y la consecuente baja en la recaudación.
Los choferes de la empresa Unión Bus, El Urbano, como también la empresa Evelia de Jujuy, unos 70 trabajadores del transporte interurbano, hace dos meses que no cobran sus haberes. Ante la crítica situación están llevando adelante una colecta de alimentos.
Mientras las empresas siguen recibiendo subsidios nacionales y provinciales. En el caso de la empresa Unión Bus recibió un depósito como subsidio provincial de $5.324.786,84 y como subsidio Nación de $6.225.771,00.
El servicio de transporte público de pasajeros en Mar del Plata se reanudó el jueves 9, luego de que la agrupación opositora «Juan Manuel Palacios»de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) local resolviera levantar el bloqueo que mantenía desde el sábado en la cabecera de colectivos 25 de Mayo, lo que impedía la salida de las unidades.
El levantamiento de la medida se adoptó luego de que se confirmara que las empresas abonaron los sueldos de junio y el total de aguinaldo.
Tras cinco días de conflicto, el servicio diurno de colectivos comenzó a funcionar a las 6:00 en el distrito bonaerense de General Pueyrredón, aunque se mantenía la retención de tareas durante el horario nocturno, entre las 22:00 y las 6:00, indicaron fuentes gremiales.
Los municipales cordobeses cortaron 7 puentes de acceso al centro de Córdoba
Después de casi dos meses de protestas en torno del municipio o del Tribunal de Faltas, el gremio cortó el jueves 2 siete puentes céntricos.
Los empleados municipales reclaman por el recorte de salarios que percibieron, la quita de chapa a inspectores, el trabajo de los monotributistas y además ahora protestan por la baja de 117 contratos implementados por el intendente, Martín Llaryora. También realizaron un “velorio” a la figura del intendente.
Neuquén: caravana en defensa de las gestiones obreras
Los trabajadores y trabajadoras de Cerámica Neuquén se encuentran en estado de alerta y movilización ante la amenaza de remate de la planta. Esta semana, junto a organizaciones gremiales, políticas y sociales realizaron una nueva caravana en defensa de las gestiones obreras por la ciudad de Neuquén.
Con un gran apoyo de la comunidad y decenas de organizaciones, lanzaron una campaña contra el remate de la fábrica y por la Expropiación y Estatización de la Cerámica Neuquén.
Reclaman a la Legislatura de Neuquén, el debate y aprobación del Proyecto de ley que presentaron en el 2018 junto al Sindicato Ceramista y decena de diputados y diputadas de la oposición.
Podes firmar el petitorio de los trabajadores y trabajadoras acá
Además, las tres gestiones obreras junto al MTD (Movimiento por un Techo Digno), la Cooperativa de Trabajo la Neuquina, la Cooperativa de viviendas 127 hectáreas y organizaciones sociales exigen al Gobierno un plan de obras públicas para la construcción de viviendas, escuelas y hospitales. “Las fábricas ceramistas, producimos los ladrillos, los pisos y revestimientos que se necesitan para la obra pública. Cada vez son más las familias que se quedaron sin trabajo en medio de la crisis sanitaria y económica. Las organizaciones sociales exigen trabajo genuino. Es una decisión política del Gobierno poner en pie un plan de obras públicas que además de dar respuesta a las necesidades de la población, genere trabajo y de impulso a la industria ceramistas”, explicó Bernardo Retamales.
La caravana sumó también el reclamo de las docentes y los trabajadores y trabajadores estatales. Rechazan el pago en cuotas del aguinaldo que pretende implementar el gobierno del MPN y exigen el pago inmediato, en tiempo y forma. Además ante el aumento de casos de contagio de coronavirus entre trabajadores de la salud, exigen medidas urgentes de protección para cuidar la salud de quienes cuidan la salud de la población.
El martes 7 los trabajadores de Expreso Argentino reclamaron por los cuatro meses de salarios adeudados y la recuperación de su fuente de trabajo. Después de más de 40 días de acampe en los portones de las instalaciones, ubicado en San Martin 2425 de Neuquén, se manifestaron en el centro, informando a la comunidad con folletos y compartiendo torta fritas y mate cocido.
Rodeados de la solidaridad de los vecinos, familias, ceramistas, textiles, docentes y estudiantes, junto a las organizaciones sociales y políticas, se desarrolló la acción sobre la Avenida Argentina.
El lunes 29 de junio, el Juez del Juzgado Laboral N° 2 de Neuquén falló a favor del reclamo que llevan adelante, estableciendo que las suspensiones pretendidas por la empresa Neusat SRL, son ilegales y que los salarios reclamados deben abonarse. A pesar de esto, la empresa incumplió la orden de la justicia.
Los trabajadores de Expreso Argentino hacen responsables a los Gobierno provincial y municipal de la grave situación en la que se encuentran, y les exigen que no pueden permanecer ajenos. Las familias están expuestas a lo peor de la pandemia del Covid 19, viviendo a la intemperie con temperaturas bajo cero. Consideran escandaloso que continúen permitiendo que la empresa siga funcionando en la ilegalidad, mientras no paga los salarios desde marzo hasta la fecha.
El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, informó que del 21 al 23 de julio comenzará el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) a los empleados estatales y señaló que se cancelará en dos tramos para los sueldos inferiores de la administración pública y en tres veces para el resto de los trabajadores.
En el caso de los sueldos inferiores, el 50% restante se cancelará en agosto, mientras que para los demás trabajadores será del 30% y el 30% en septiembre.
Por último, en septiembre percibirán el total del medio aguinaldo los cargos de la planta política del gobierno.
Tras el anuncio del mandatario provincial, el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, manifestó a través de un comunicado que «rechazamos el desdoblamiento del pago de aguinaldos» y agregó que «creemos que el Gobierno provincial debe hacer un esfuerzo y exigir ayuda extraordinaria al Gobierno nacional».
En el mismo sentido se expresó, a través de un escrito, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN): «Rechazamos y exigimos el pago integral de nuestro aguinaldo. Los derechos conquistados no se fraccionan».
Chubut: Piden juicio político al gobernador Mariano Arcioni
Actualmente, al 90% de los estatales les deben el sueldo de mayo y a la totalidad los haberes de junio. No se cumplieron con paritarias del 2019, ni con convenios con cada sector, tampoco con partidas Nacionales porque el gobierno provincial las secuestra, y luego las deposita en las cuentas de sus empleados cuando mejor le parece, como viene ocurriendo con los Incentivos Docentes.
Hoy, la provincia se encuentra más endeudada y sin plan para salir de la crisis. Los problemas edilicios y de insumos de las escuelas no paran de agravarse. Lo mismo ocurre con los hospitales provinciales, y en tiempos de Covid 19 es más evidente el abandono porque no solo los trabajadores de salud no cobran sus sueldos, sino que deben junto con la comunidad tapar los baches que deja el Estado, muchos de los insumos son aportados por donaciones y gestiones que realizan los propios trabajadores.
Ante este cuadro de situación distintos sectores estatales concentraron en la Plaza San Martín de Esquel, y de allí salieron en caravana hacia el muñeco de nieve que se encuentra en uno de los accesos a la zona céntrica de la ciudad. Allí intervinieron al icono turístico invernal de la zona. Para finalizar, representantes de cada sector tomó la palabra para pedir juicio político al gobernador Arcioni.
Nadie en Chubut compra más espejitos de colores. La mega minería representa el extractivismo más extremo, como proyectos de destrucción masiva que desalojan pueblos, vuelan montañas, aniquilan la vida animal y vegetal, asesinan ríos dejando enormes piletones envenenados, compran y dividen a las comunidades, detentan el poder y la impunidad para desaparecer a quienes ellos mismos enferman, matan y prostituyen, en complicidad con el Estado.
Comunicado completo:
La Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut, repudia la criminalización y represión de las luchas por el Agua, el Territorio y contra el ajuste.
A 35 meses de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y 31 meses del asesinato de Rafael Nahuel, comenzaron a ser notificadxs sobre la prórroga de sus causas lxs 6 compañeres detenides y torturadxs por la policía del Chubut el 5 de diciembre de 2019, cuando la Legislatura pretendía allanar el camino para la explotación megaminera, vulnerando la Ley ex 5001, como días después se intentaría en Mendoza con la Ley 7722, intento que sería frustrado por la hazaña épica del pueblo mendocino en las calles.
La voluntad represiva del gobierno de Mariano Arcioni no cesó nunca y escaló en magnitud e intensidad en el contexto de pandemia Covid-19.
Hostigamientos, abusos, torturas, arrestos ilegales, represión en barrios humildes, allanamientos a comunidades mapuche tehuelche con operativos conjuntos de la policía, empleados de Benetton y otros terratenientes, a lo que ahora se suma la re judicialización de nuestrxs 6 compañeres y la imputación a trabajadorxs que protestaban en Rawson tras la muerte de las docentes Cristina y Jorgelina, en el marco de la lucha contra el ajuste, el pago escalonado y por la educación y salud públicas.
Queremos expresar que estxs compañeres que Uds. persiguen son parte de un Pueblo digno, lúcido y despierto, que hace rato sabe cabalmente que la burda crisis de diseño tiene como anhelo poner a la provincia de rodillas para vender caro un supuesto progreso, que es en realidad, un plan de saqueo, destrucción y muerte.
Se equivocan cuando creen que aquí existen recursos naturales, recursos humanos y paisajes. En la Wallmapu existe un Territorio Vivo, donde residen Fuerzas que no dejarán de defenderlo.
Si tocan a unx, nos tocan a todxs.Basta de criminalizar la defensa del Territorio. El pueblo sigue gritando fuerte y claro: ¡No es No! ¡No a la megamineria! Basta de extractivismo !No pasarán!
“En defensa del agua y el territorio”, bajo esa consigna tuvo lugar el sábado 4 por la tarde una nueva movilización impulsada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el “No a la Mina”. La concentración fue en la Plaza General San Martín.
Los vecinos marcharon luego por las calles céntricas de Esquel escudados en la bandera del “No a la Mina”, y repudiando la explotación minera en Chubut.
La manifestación se da todos los 4 de cada mes hace largos años en rechazo a la megaminería en la provincia.
Se da además en un contexto donde las asambleas vienen impulsando la Segunda Iniciativa Popular para lo cual avanzan con la recolección de firmas en diferentes ciudades.
Represión a trabajadores en pleno centro de Mendoza
Después de pasar 3 noches encadenados en el kilómetro 0 de la ciudad a bajas temperaturas como forma de protesta por aumento de salarios, la respuesta del intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, hacia los y las trabajadoras no distó de las anteriores reacciones: ordenó más represión.
Además de municipales, dirigentes gremiales y hasta trabajadores de prensa, fueron detenidas personas que se encontraban acompañando y asistiendo a los huelguistas.
Tras permanecer horas detenidos en distintas comisarias de Mendoza, los trabajadores municipales y dirigentes del Sute (docentes) que habían sido detenidos en la represión fueron liberados.
Los trabajadores municipales de Mendoza se encuentran hace más de un mes en lucha por la recomposición salarial. Tras una represión la semana anterior, un grupo de trabajadores se había encadenado en el KM 0 provincial para denunciar la represión y la negativa del gobierno municipal de abrir el diálogo para discutir las paritarias, congeladas desde enero de este año. El domingo 5, la Policía avanzó sobre los trabajadores, levantando el acampe y deteniendo a decenas de trabajadores y dirigentes del Sute que se habían acercado a llevar su solidaridad.
El conflicto entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Municipalidad de Mendoza sigue latente. Ante el desalojo de la protesta, la detención de 46 personas e imputación de 36 de ellos por “incumplimiento del distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, nuevamente el gremio convocó a una marcha hacia la Municipalidad. Allí se realizaron dos reuniones, según informó el intendente, Ulpiano Suárez. Una con ATE; y luego con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM). Sin embargo, la misma fracasó y el gremio convocó a un paro para el 16 de julio.
Roberto Macho, secretario general de ATE, acusó al Municipio de llamarlos para dialogar, “pero fue toda una mentira. Nos dijeron que no habrá aumentos y que los trabajadores no cobrarán más de $ 12.000. Por eso llamamos a una huelga para el 16, si no tenemos una nueva propuesta”.
El dirigente, que fue uno de los detenidos e imputados por el fiscal, Lauro Monticone, sostuvo que “después de los hechos de represión, golpizas y violencia ejercida hacia los trabajadores, vemos el repudio generalizado en esta marcha”, que convocó a una gran cantidad de manifestantes en las calles del microcentro durante la mañana del martes pasado.
Además, acusó al Intendente de no ofrecer ningún tipo de solución al conflicto. “Pedimos una propuesta que supere la canasta de la Pobreza, y ese número está muy por encima de los $ 10.300 por mes que cobran los municipales en la Capital”, aseguró.
Cabe destacar que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia tipo necesitó $ 43.080 para no caer en la pobreza, según datos de junio.
Por otro lado, la Iglesia se ofreció a mediar en el conflicto por pedido de ATE. Esta mañana durante la marcha, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, recibió a los delegados gremiales Macho, Adriana Iranzo (ATE); Carlos Ordoñez (Judiciales); y Martín Caín (Casino).
Ciudad ya dispone de un esquema de reapertura de actividades por fases
Horacio Rodríguez Larreta y su equipo están decididos a flexibilizar la cuarentena a partir del 18 de julio en la Ciudad de Buenos Aires. El humor social, la situación económica, con miles de comercios que cierran semana a semana, y un nivel de contagios de Coronavirus sostenible abren la posibilidad para que el territorio porteño comience una reapertura, intentando consensuar las medidas con la provincia de Buenos Aires.
Siempre teniendo en cuenta la cantidad de positivos, el gobierno de la Ciudad piensa avanzar en un primer momento con el regreso de la actividad física al aire libre, los comercios de cercanía denominados «no esenciales», paseos recreativos para niños sin límite de tiempo, mudanzas y hasta la vuelta al funcionamiento de las galerías barriales en áreas “no conflictivas”.
En el borrador que manejan en Uspallata, en otra fase se autorizarían actividades profesionales (como psicólogos), los paseadores de perros, la construcción privada y se permitiría el retorno a las escuelas de personal docente y no docente para preparar el regreso a las clases presenciales, así como la ampliación de las zonas comerciales habilitadas con la incorporación de aquellas que tienen «alto tránsito”.
Si la situación de la pandemia continúa bajo control, está prevista la apertura de peluquerías y locales gastronómicos, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios. Para la fase final figuran la liberación del transporte público y el regreso de la actividad deportiva masiva, los boliches y las reuniones sociales.
Fuentes de la administración Larreta aclaran que «algo seguramente se va a abrir, pero hoy no se puede saber qué porque vamos día a día» y que consideran que es positivo «ir trabajando un escenario que dé certidumbre a los sectores económicos».
Por otro lado, manifestaron que es fundamental consensuar medidas con Provincia de Buenos Aires y que la Ciudad «no se va a cortar sola». «No lo hemos hecho en estos 114 días de aislamiento. Todo lo contrario: hemos tenido actitudes de entendimiento mutuo», comentó el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli.
Santilli afirmó además que en la Ciudad se puede hacer una «evaluación sanitaria múltiple». «A pesar de que hay más casos, la evolución sanitaria de la Ciudad está en el camino y vamos a evaluar el lunes y jueves» para definir cómo continúa la estrategia epidemiológica, remarco.
Y agregó: «Si todo va en los número sanitarios en los que pensamos, podemos volver a retomar la fase en la que estábamos antes, paulatinamente, con gradualidad. Lo antes que se pueda en términos sanitarios volver a la mayor normalidad posible».
APSEE reclama la restitución de Energía como Ministerio y alerta contra el rol de empresarios del sector
En el día de los trabajadores de la energía eléctrica, desde la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) reclamaron que la cartera recupere el status de Ministerio y denunciaron una profunda “crisis energética” derivada de la gestión del sector durante los años del gobierno de Mauricio Macri.
La comisión directiva del gremio señaló que la crisis derivada de la epidemia de coronavirus, que “no sólo afecta a nuestro país sino al mundo”, por lo que consideraron que es “el momento de que propios y extraños sepan que nuestros trabajadores y trabajadoras del sistema eléctrico han puesto y siguen poniendo todo, son trabajadores esenciales, muchos han puesto en riesgo su salud para mantener el servicio eléctrico” (al que definen como un “derecho humano”).
La pandemia además se produjo con un gobierno recién asumido que “sin tiempo para análisis teóricos, puso en marcha la lógica del momento «primero está la vida»; mostrando una política moral, para asumir la responsabilidad de ejercer una conducción que debe afrontar difíciles situaciones sanitarias, económicas y sociales”. Pero además, denuncian que el gobierno anterior, después de dejar en “ruinas” al sector, pasó a ser una “oposición virulenta, agresiva, con soporte de las mismas corporaciones mediáticas-judiciales, que no sólo intenta debilitar a este gobierno, sino además hacerlo culpable de todo, en un intento de que nos olvidemos de la pésima gestión y las secuelas que nos dejó”.
Según APSEE, el grave deterioro del sector durante los cuatro años de Gobierno de Macri se explica porque en su gestión las medidas “sólo apuntaron a una fuerte transferencia de recursos y fuga de divisas hacia los grupos nacionales y multinacionales concesionarios de estas empresas de servicios eléctricos” (algunas vinculadas a Fondos buitre), que ahora “presionan al gobierno para pagar una deuda que ellos generaron con la complicidad del poder anterior”. Además recuerdan que durante el macrismo se logró “dejar un día al país sin energía sin ninguna explicación” y señalan que hoy se siguen produciendo cortes “producto de la falta de inversión e interés”.
Esta herencia dejada por el macrismo llevó “a un endeudamiento brutal, a la pérdida del poder adquisitivo, a la desocupación, a la violencia laboral, a la inflación, a los desproporcionados tarifazos como castigo a los hogares, a las medianas empresas, a las PyMEs y otros tantos que marchan la intención de destruir la producción y a una gran parte de la sociedad argentina, incluidos nuestros hijos, nuestros jubilados y nuestros electro-dependientes”.
Sin embargo, pese a la reivindicación del Gobierno del Frente de Todos, desde APSEE cuestionaron la decisión de pasar el Ministerio de Energía a Secretaría y aseguran que una vez terminada la cuarentena se constatará que “estamos ante una crisis energética” de proporciones. En ese contexto, el gremio destaca que son los trabajadores quienes siguen luchando “a favor de un servicio público como derecho humano”.
Luego, dirigiéndose directamente al presidente Alberto Fernández, le piden que tenga cuidado con las empresas que del sector que se acercan al gobierno recordando la frase del ex presidente Juan Domingo Perón “Los que te robaron el perro, ahora te tocan el timbre para pedirte la correa”. En este sentido aseguran que los empresarios beneficiados por el macrismo hoy “vienen por la tarifa, vienen por la correa, pero nosotros necesitamos recuperar a nuestro perro”.
Envio:RL
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