República pandémica
Debilitar a Alberto Fernández para condicionar la pospandemia
La oposición, minoritaria, trata de llevar el debate a un escenario de realidad virtual donde ellos valen lo mismo o más que la mayoría, según queda plasmado en el diseño de las corporaciones mediáticas. Por Luis Bruschtein
La expresión de los medios no es democrática, eso ya se sabe, porque responden a los intereses de sus propietarios. No es un poder republicano porque nadie lo elige ni lo controla, aunque se lo quiera introducir por abajo de la mesa como el quinto poder.
Las redes tienen un nivel de distorsión por los mismos motivos a veces, ya sea por el manejo de trolls y bots, pero también por la lógica con la que se publica. Hay un tuit que circuló mucho con la frase de Jorge Rivas que PáginaI12 publicó en el recuadro de tapa de ayer. El dirigente socialista afirma que sin importar el contexto en que haya ocurrido “la justicia por mano propia es inadmisible”. Y una persona le contestó: “Es fácil hablar sin haberlo vivido”.
El contraste entre los dos mensajes tiene una violencia inusitada que surge del malentendido o la ignorancia, del borbotón y del todo vale. Puede tener un transcurso normal y de repente el tono de las redes sube a esos niveles de violencia tóxica, a veces insoportable.
La discusión del escenario del 9 de Julio en la Quinta de Olivos adquirió ese tono. Hebe publicó una carta legítima con su crítica. Fue un gesto fuerte como ha sido siempre la forma de expresión de Hebe.
Pero detrás de la carta pública de Hebe hubo una catarata de mensajes que le agregaban otro sesgo: “hasta aquí llegué” o “para mí se terminó”, que no era el sentido de la crítica enérgica de Hebe, pero que crearon un clima a partir del cual los que se sentían identificados con esa crítica tenían que subirse al mismo plano de ruptura. El movimiento fue empujar esa crítica hacia una posición de ruptura.
Algo similar, pero de manera más abierta, se produjo con la posición del Gobierno ante Venezuela. En el Frente de Todos, los acuerdos sobre ese tema van desde el no intervencionismo hasta el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente constitucional y un alineamiento regional en ese sentido, por fuera del que impulsa Washington. Pero en el tema de los derechos humanos siempre hubo matices, incluso durante los gobiernos kirchneristas.
Esas diferencias, que bien valen un debate interno, fueron utilizadas por Clarín, La Nación e Infobae para sacarlas de contexto, anunciar con grandes titulares un cambio en la posición de Alberto Fernández y hasta hubo un comunicado del macrismo para felicitarlo por su nuevo posicionamiento. Otra vez se trataba de manipular las diferencias que existen dentro del frente que gobierna para llevarlas al plano de la ruptura.
Esto produjo un fuerte debate en las redes y en portales sobre el derecho a la crítica en el Frente de Todos. El que no critica vendría a ser un olfa ultraoficialista y el que critica, un torpedo macrista. Los planteos extremos entre posiciones que pueden resolverse en un debate más razonable surgen de la vulnerabilidad que genera esta situación de pandemia y aislamiento ante la prepotencia mediática para imponer su agenda y arrastrar ese debate a una situación de no retorno y ruptura.
Cuando se impide la crítica en una institución o agrupamiento, la presión que se genera es peor y puede provocar la explosión. La crítica es necesaria porque enriquece y equilibra. Y quedó claro que el Frente de Todos no tiene ámbitos donde se puedan volcar estas discusiones. Menos aún en esta situación de aislamiento. Pero también resultó claro que esa discusión tiene que evitar la agenda, los tiempos y el tono que le quiere imponer el adversario.
No es una tarea fácil. Las formas celulares tradicionales siempre han funcionado más para el control que para la discusión. Una organización de masas tiene que encontrar formas que habiliten ese debate sin convertirla en uniforme ni sectaria. La calle o la asamblea han sido el lugar de debate del peronismo, pero ahora no se puede.
La frase de Cristina Kirchner en el Senado tuvo la puntería de la síntesis porque en el marco de una sociedad sumida en el aislamiento y el temor a la pandemia, la oposición trata de llevar el debate a un escenario de realidad virtual donde ellos valen lo mismo o más que la mayoría, según queda plasmado en el diseño de las corporaciones mediáticas.
El macrismo gobernó con todo a su favor, desde el poder económico hasta las corporaciones de medios, y fue un desastre: ni siquiera pudo reelegir y perdió por nueve puntos de diferencia. Desde las elecciones hasta ahora ha perdido más base todavía. Son minoría real e indiscutible aunque el escenario mediático trate de equipararlos.
De todos modos, resulta claro que la perspectiva de quién y cómo pagará la salida de la pandemia ha sensibilizado a los sectores más cerrados del poder económico. El golpe que recibieron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en las elecciones pasadas dejó vacante el liderazgo de la oposición. Y las corporaciones mediáticas tienden a ocupar ese vacío con un discurso cada vez más violento en representación de los grupos económicos concentrados.
Con los antecedentes golpistas en Bolivia y Brasil, algunos ven intenciones similares en esta fuerte ofensiva en un momento tan crítico de la pandemia.
Está comprobado que el peritaje y el testimonio que se usaron para la detención preventiva de Roberto Baratta y Julio De Vido fueron truchos. La declaración estuvo a cargo de Marcelo D'Alessio, el falso abogado que operaba con la AFI macrista, y el peritaje lo hizo David Cohen, que está bajo la misma sospecha en un juicio por falso testimonio. Situaciones similares se plantean en la mayoría de las causas creadas por el lawfare macrista.
Las declaraciones de los espías de la AFI (ex SIDE) en el Congreso demuestran que Mauricio Macri puso la agencia de espionaje al servicio del lawfare, ya fuera para presionar testigos o jueces o para difundir intimidades de las víctimas a través de políticos y periodistas amigos. El objetivo no era alimentar a la Justicia con pruebas, sino usar a la Justicia para destruir al opositor.
No hay cuadernos invisibles ni cuentas de fantasía, ni testigos presionados. Son testimonios directos de los actores de los hechos, pruebas documentales concretas. Las pruebas son irrebatibles. Cualquier persona honesta tendría que reconocer que se equivocó al creer en las falsas acusaciones del lawfare.
Nadie refuta esas pruebas. Se limitan a decir que no son ciertas, pero ni siquiera aportan datos para desmentirlas. Los columnistas del macrismo se pusieron de acuerdo para juntar estas causas con la propuesta de reforma judicial. Afirman que unas y otra constituyen la vía para lograr impunidad para Cristina Kirchner, que sería el verdadero gobierno.
La idea del golpe parece lejana porque la derecha no tiene con quién reemplazar al Gobierno, está descabezada. Pero es claro el objetivo de debilitar a Alberto Fernández para condicionar la salida de la pandemia. Todo apunta a que será un momento importante de definiciones.
25 de julio de 2020
Reporte matutino de Salud Coronavirus en Argentina: se registraron 40 nuevas muertes
El total de casos confirmados en Argentina es de 153.520. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 2.847.
Imagen: NA
El total de casos confirmados en Argentina es de 153.520 (49,3% mujeres y 50,7% hombres). 1.105 (0,7%) son importados, 46.528 (30,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 79.424 (51,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Desde el último reporte emitido, se registraron 40 nuevas muertes. 23 hombres, 20 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Santa Cruz; 1 residente en la provincia de Chaco; y 17 mujeres; 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Neuquén. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 2.847.
A la fecha, el total de altas es de 68.022 personas.
Ayer fueron realizadas 14.631 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 623.893 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 13.749,2 muestras por millón de habitantes.
El número de casos descartados hasta ayer es de 367.979 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).
Ayer fueron confirmados 5.493 nuevos casos.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: Buenos Aires 3.790 | 88.709
Ciudad de Buenos Aires 1.157 | 51.977
Catamarca 0 | 60**
Chaco 63 | 3.218
Chubut 6 | 260
Córdoba 56 | 1.622
Corrientes 0 | 131***
Entre Ríos 11 | 722
Formosa 2 | 79
Jujuy 155 | 1.353
La Pampa 0 | 8
La Rioja 10 | 215
Mendoza 56 | 730
Misiones 1 | 44
Neuquén 18 | 1.001
Río Negro 40 | 1.526
Salta 13 | 210
San Juan 1 | 20
San Luis 1 | 19
Santa Cruz 38 | 301
Santa Fe 32 | 868
Santiago del Estero 2 | 45
Tierra del Fuego** 37 | 299
Tucumán 4 | 103
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Catamarca reclasificó un caso a Jujuy.
***Corrientes reclasificó 3 casos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
** **Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
25 de julio de 2020
El bloqueo a los coleros digitales y la especulación en la city ¿Por qué subió el dólar blue?
La suba del tipo de cambio paralelo se explica por la menor oferta de los minoristas luego de que el Banco Central impulsó nuevos controles para evitar especulaciones cambiarias en el oficial.
El dólar blue llegó a tocar un máximo de 140 pesos, mientras que el contado con liquidación cerró casi en 118.
Imagen: Alejandro Elías
Imagen: Alejandro Elías
La volatilidad cambiaria se acentuó esta semana en el mercado del dólar paralelo. El tipo de cambio ilegal se ubicó este viernes en 139 pesos y marcó un salto de 3 pesos en la jornada. Las financieras de la city porteña llegaron a pedir 140 pesos a medida tarde.
La suba del tipo de cambio paralelo se explica por la menor oferta de los minoristas luego de que el Banco Central impulsó nuevos controles para evitar especulaciones cambiarias en el oficial. Principalmente se cortó el mercado de coleros digitales en donde algunos individuos prestaban su cupo de compra de 200 dólares mensuales a cambio de una comisión.
Los controles que solicitó la autoridad monetaria a los bancos para evitar este tipo de maniobras permiten evitar efectos sobre las reservas internacionales. Los controles implican principalmente que los individuos no puedan recibir más de una transacción en sus cuentas dólares sin tener que justificar las operaciones.
¿Cómo funcionaban los coleros digitales?
En las últimos meses lo que venía ocurriendo era que algunos clientes aprovecharon sus cuentas digitales en los bancos con fines no transparentes. Recibían pesos de un tercero, compraban dólares con su cupo mensual y luego enviaban los dólares (menos una comisión por hacer la operatoria) a la cuenta de donde habían recibido originalmente los pesos.
Se trata de una operatoria que aparece en el mercado financiero cada vez que hay controles cambiarios y brechas entre la cotización comercial y la ilegal.
La cuarentena limitó la posibilidad de hacer esta práctica habitual de coleros en forma física pero comenzó a hacerse en forma digital. En las últimas dos semanas los bancos comenzaron a ponerse estrictos a pedido de la autoridad monetaria para frenar esta maniobra.
En los primeros días de julio las entidades financieras habían enviado a sus clientes notificaciones para advertir sobre operaciones sospechosas. Pero en las semanas siguientes directamente comenzaron a bloquear las cuentas en donde se registraron transacciones por fuera de lo habitual; es decir, flujos no compatibles con los de meses anteriores).
El freno de los coleros digitales generó un menor flujo de venta de dólares en el mercado ilegal, que en parte se alimentaba de estas divisas compradas en el mercado único de cambio, que se revendía en el paralelo para aprovechar la brecha de cotización.
Dólar implícito
Los tipos de cambio negociados en la bolsa porteña también marcaron aumentos este viernes. El dólar contado con liquidación terminó la semana con un precio de 117,84 pesos y marcó una suba diaria de 2,7 por ciento. El dólar bolsa, mientras tanto, se ubicó en 114,57 pesos y computó un alza del 2,5 por ciento en la jornada.
El dólar oficial, a diferencia de este desempeño, se mantuvo estable gracias a las medidas de administración cambiaria del Banco Central. Este viernes terminó en 75,92 pesos y marcó un leve avance de 6 centavos. El tipo de cambio mayorista finalizó en 71,90 pesos, marcando un incremento idéntico de 6 centavos. El dólar ahorro –con el recargo del 30 por ciento debido al impuesto país- se ubicó en 98,70 pesos.
“Debemos volver a poner en valor la idea de producir”, planteó el Presidente
ATP 4: el Gobierno extiende la ayuda a las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus
Alberto Fernández anunció los detalles de la nueva etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción en una teleconferencia con empresarios pymes y referentes de gremios. Destacó la necesidad de construir un país "que distribuya de un modo más equilibrado y produzca y no especule".
Por Florencia Barragan
El presidente llamó a construir una mesa de diálogo entre pymes, trabajadores y el Estado para atravesar la profunda crisis económica que provocó el coronavirus en todo el mundo y que en Argentina golpeó con mayor fuerza debido a la recesión heredada. En este punto, se refirió a la política económica del gobierno anterior: “Necesito que todas las fuerzas se mancomunen en construir la Argentina. Hemos vivido una pandemia sin virus. Esa pandemia arrasó con 20 mil pymes en 4 años”.
Desde la Residencia de Olivos, el Presidente adelantó que la semana que viene se anunciará un plan económico con más de 60 medidas y adelantó que las pymes tendrán un rol central. “Ustedes son mis principales aliados. En ustedes anida la misma vocación que yo, que es la de construir una industria nacional. Una economía sólida los tiene a ustedes como protagonistas”, les dijo. La declaración llega tras una crítica de parte del sector del Frente de Todos por el acto del 9 de julio, donde sólo estuvo representado el G6.
Sobre la extensión del programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP), Fernández remarcó que fue pensado desde marzo, cuando se inició el aislamiento. “Supimos cuando pusimos la cuarentena que íbamos a poner en crisis la producción y el trabajo. Desde la hora cero supimos que teníamos que hacer una inversión para garantizar la continuidad de las empresas y del empleo. Los que reniegan que no tenemos plan, sepan que lo planificamos desde el primer día”.
A diferencia del anuncio de los tres ATP que se pagaron en los meses anteriores, este contó con la presencia del Presidente y de cientos de cámaras empresarias pymes, como Fecoba, la Mesa de Unidad Pyme, Fehgra, IPA, Cgera, entre otras. Durante la videoconferencia, pudieron exponer tanto empresarios como representantes gremiales.
El empresario Mario Gil, dueño de una autopartista, aseguró que acompaña al Gobierno. “Alberto, confiá en nosotros, estamos con vos. Tenemos que ser la columna vertebral de este proyecto, porque vamos a ser los que nunca te vamos a soltar la mano”. Además, criticó a las empresas que abandonan el país: “A nosotros ni se nos cruzaría llevarnos la empresa de la patria”. Y se refirió a los últimos años de gestión económica: “Venimos de una pandemia de 4 años donde nos ataron las manos, y ahora nos toca esta desgracia. No somos un país periférico como nos quisieren hacer creer”.
En tanto, la empresaria pyme Daniela Rabinovich, de la industria textil, dijo que sin la ayuda estatal no podrían haber “seguido en pie” y destacó el rol de la producción: “No es lo mismo tener industria que no tenerla”. Su compañía, RA Intertrading alcanzó esta semana el millón de unidades de kits médicos para el sector de la salud.
También hablaron durante la videoconferencia actores de peso en el sector gremial. Hector Daer, secretario general de la CGT, elogió las medidas del Gobierno como la prohibición de despidos por decreto y el programa ATP. “En ningún país existieron parámetros de protección tan firmes”, aseguró y adelantó que participará del diálogo con el Estado y las pymes. “La nueva normalidad será mejor porque tenemos un gobierno que piensa en la industrialización y no en la primarización”.
Durante el anuncio, estuvieron presentes los ministros de las carteras económicas: Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Mercedes Marcó del Pont (titular de AFIP) y Cecilia Todesca (vicejefa de Gabinete).
El pago para los salarios de julio, a pagarse en agosto, del sector privado se realizará mediante el programa ATP. El salario complementario se pagará a trabajadores de empresas de cualquier parte del país. Será del 50 por ciento del salario, con un tope de 25.313 pesos. Las compañías que podrán ingresar son las que demuestren una caída en la facturación nominal. En las que hubiera crécido la facturación hasta 30 por ciento, podrán obtener créditos con tasas que serán menores al 15 por ciento.
Por otro lado, las empresas pertenecientes a actividades críticas, como el turismo, entrenamiento, cultura, salud y deportes, formarán parte del pago del ATP hasta fin de año. Además, fue creado un préstamo a tasa cero por ciento para los monotributistas y autónomos del sector de la cultura, con un periodo de gracia de 12 meses para comenzar a pagar.
Quiénes podrán acceder al beneficio Claves del cuarto ATP
Por Florencia Barragan
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
El ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, definió las modificaciones como una “calibración” del programa. Explicó que seguirá debido a que hay una gran cantidad de sectores que siguen con dificultades.
Salario
A diferencia del ATP 3, se aplicará de la misma manera para las zonas con aislamiento que con distanciamiento social. Otro de los cambios tiene que ver con los topes. Si bien el piso para la compensación del 50% del salario del trabajador seguirá siendo el mínimo vital y móvil (hoy de 16.875 pesos), el tope será para todos de 25.313 pesos (1,5 salarios mínimos).
Entre las variantes también se encuentra el criterio de la facturación. En los tres primeros ATP, las empresas tenían que demostrar para poder acceder al programa que la facturación no había aumentado más que 5 por ciento interanual nominal. Ahora la facturación nominal, comparada entre junio 2020 y junio 2019, deberá haber caído.
Créditos
La variante en la facturación y el hecho de que queden afuera las grandes llevará a que entren menos empresas. Las que queden afuera, si su facturación no superó en más del 30 por ciento la del año pasado, tendrán la alternativa del crédito subsidiado por el gobierno, con tres meses de gracia para pagar y a devolver en 12 cuotas fijas. Para las empresas que hayan facturado entre 0 y 10 por ciento más que en junio de año pasado, la tasa será del 0 por ciento; si la facturación se incrementó entre 11 y 20 por ciento, la tasa será del 7,5 por ciento; si aumentó entre 21 y 30 por ciento, la tasa será del 15 por ciento.
El crédito sólo podrá ser destinado al pago de salarios. Las empresas que accedan no podrán distribuir utilidades, recomprar acciones, operar en dólares CCL o realizar transferencias a paraísos fiscales. Las pymes podrán contar con la garantía estatal a través del Fogar o del Fondep, del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Los créditos subsidiados del 24 por ciento alcanzaron desembolsos por 300 mil millones de pesos, y en los de tasa cero para monotributistas, 50 mil millones, informó Kulfas.
Impacto
Las empresas de sectores críticos serán las más beneficiadas por el apoyo estatal. Estas son las relacionadas al turismo, gastronomía, entretenimiento, cultura, salud y deportes. Mantendrán las mismas condiciones que en los anteriores ATP: un tope del pago de los salarios será de dos salarios mínimos y la posibilidad de que ingresen las empresas de más de 800 empleados. El gobierno anunció que se mantendrá el programa hasta diciembre de este año.
Se crea un préstamo a tasa cero por ciento para los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) pertenecientes a la actividad de la cultura. El período de gracia será de 12 meses “para acompañar la estacionalidad de estas actividades”, explica el gobierno.
25 de julio de 2020
Panorama Económico
Las pymes se suman al debate
La participación, por primera vez, de las pymes en un encuentro abierto con Alberto Fernández, inaugura otro espacio para el debate del modelo económico de la pospandemia
Por Raúl Dellatorre
Imagen: Télam
Fue una especie de reencuentro aunque, en realidad, nunca se habían encontrado antes. Fue como hacer visible a quienes siempre estuvieron presentes, inclusive en políticas específicas para el sector. Habrá lecturas contradictorias, innegablemente, pero la sensación coincidente que transmitían varios dirigentes pymes este viernes tras la videoconferencia con el presidente de la Nación era de satisfacción y "alivio". Alberto Fernández le habló a ellos, los trató como aliados necesarios, les dio la oportunidad de que se expresaran, por primera vez mano a mano desde que está al mando del Ejecutivo. Algunos, inclusive, ya se animan a más. "La semana que viene le vamos a presentar al Presidente un plan proactivo, que indique lo que hay que hacer para lograr una rápida recuperación de la producción y el empleo, con salarios fuertes que garanticen un consumo interno robusto, porque en la medida de que dependamos de los proyectos de las corporaciones y de sus propuestas de tipo de cambio competitivo para exportar, vamos a tener salarios deprimidos y un mercado interno que va a ir a la cola del modelo de desarrollo".
Hay un concepto que identifica a las cámaras y dirigentes empresarios que participaron del encuentro virtual con el presidente de la Nación desde Olivos y, a la vez, los diferencia de otras organizaciones patronales: la alianza entre la producción y el trabajo como pilar básico. Cuando Hugo Yasky, secretario general de la CTA, hizo suyo el concepto en su intervención, y además propuso "una multisectorial del movimiento obrero y las pymes" como base de esa alianza estratégica, varios dirigentes empresarios sintieron que allí estaba expresada una buena parte del mensaje que querían hacerle llegar a Alberto Fernández.
La Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUPyme), la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), la Confederación General Empresaria (Cgera), que tuvieron activa participación en el encuentro, comparten ese criterio y trabajan para consolidar posiciones comunes con la CGT y la CTA. Vivieron el evento como una "respuesta necesaria" a la celebración del 9 de julio en Olivos de la que quedaron afuera.
Aquella jornada, la del Día de la Independencia, les había dejado el gusto amargo de un gobierno apoyado en las corporaciones que han sido las grandes socias de los procesos de concentración económica y el desmantelamiento del Estado en este país. Los que más ganan cuando al país le va bien y ganan menos, pero ganan, cuando al país le va mal. La conducción política del poder económico, como la definió Alfredo Zaiat en su análisis del domingo 12 de julio en Página 12.
"Cada vez más alejados del destino del mercado interno, operan en áreas monopólicas o con posiciones dominantes. Están subordinados a la valorización financiera de sus excedentes, los cuales, en gran parte, son dolarizados y fugados", los caracterizaba Zaiat en aquella nota.
El numeroso sector pyme expresa una realidad muy diferente. Primero, porque son los que más sufrieron las consecuencias de la paralización económica por la pandemia. Además, son la franja empresaria que peor la pasó con la política económica de Cambiemos. Argentina vive una doble crisis económica, y en ambas tiene a las pymes como víctima central. Al igual que la clase trabajadora, a la que la une no sólo el sufrimiento, sino también la aspiración a un proyecto de modelo de desarrollo nacional que haga eje en la inclusión social y la ampliación del mercado interno, de la mano del empleo y la mejora de los ingresos salariales.
La sensación de distanciamiento político con el gobierno nacional entre el sector pyme y el gobierno tuvo más que ver con la falta de convocatoria al debate que por falta de políticas concretas. Muchas de ellas, como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), cuya vigencia se extiende a diciembre, los tuvo como principal destinatario. Igual que la ampliación de la moratoria impositiva que se envió al Congreso.
Con la primera moratoria de principios de este año, la deuda total exigible a las pymes era de 109 mil millones de pesos (con fecha de corte al 30 de noviembre de 2019). El mismo sector exhibía al 30 de junio último deudas fiscales exigibles por 176 mil millones de pesos. Un aumento del 61,5 por ciento, que no sólo tiene que ver con los imnpuestos y contribuciones que se dejaron de pagar durante la pandemia, sino también porque se dejó de cumplir con las cuotas de los planes de pago iniciados anteriormente y que, en consecuencia, se cayeron.
El sector pyme recibió favorablemente los anuncios de este viernes, que extienden la asistencia para el pago de los sueldos hasta diciembre. Pero esperan una próxima reunión con Alberto Fernández "para acercarle propuestas y medidas a corto plazo que nos ayuden a salir de la crisis lo más rápido posible", señaló Marcelo Fernández, de Cgera.
"La Argentina que se viene nos necesita a todos, y las pequeñas y medianas empresas son los principales aliados", había dicho Alberto Fernández en su intervención. Pero este sector aliado está pidiendo ser parte del Consejo Económico y Social, a la par de entidades como la UIA, Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio o la Cámara de la Construcción. Quiere impulsar su propio proyecto de recuperación económica y confrontarlo con propuestas provenientes del sector del capital más concentrado.
"Tenemos diferencias con los proyectos que aspiran a exportar u$s 100 mil millones, con una producción de 150 millones de toneladas de granos, que buscan que le garanticen un tipo de cambio coimpetitivo y se vuelque el esfuerzo fiscal a la producción primaria eliminando retenciones y otros impuestos", señaló el dirigente textil Raúl Hutin al término de la videoconferencia, en referencia al documento presentado en la semana por Coninagro con apoyo de la UIA.
"Nosotros partimos de fortalecer el mercado interno primero, no en proyectos de tipo de cambio competitivo, que es lo mismo que decir salarios bajos. Nosotros, al contrario, queremos que se mejore la capacidad de consumo, al tiempo que se mejore la capacidad de producción con la ayuda de créditos accesibles, tarifas de energía accesiibles y un Estado fuerte que sea un árbitro capaz de impedir los abusos", agregó el dirigente de la Mesa de Unidad Pyme.
La teleconferencia de este viernes fortaleció la voluntad de la dirigencia pyme por discutir sobre el proyecto de desarrollo. Sus dirigentes no creen que la producción, el empleo y los salarios se recuperen ordenadamente por sí solos tras la pandemia, sin una participación activa del Estado. "Va a tener que ser un Estado de posguerra, más que de una pospandemia", advierten.
Creen en una política de reactivación e inclusión orientada e impulsada por el Estado, volcando los recursos "que sean necesarios" para superar las consecuencias sociales de una crisis cuya dimensión y velocidad son inéditas. ¿Más emisión? Sí, que no se traducirá en inflación si hay una mano firme del Estado que castigue los abusos.
Estos y otros conceptos se sostendrán en documentos que conocerán la luz pública en los próximos días, esperando contraponerse con las propuestas de las cámaras de "la conducción política del poder económico".
Tarifas de servicios públicos, negociaciones de la deuda "sin concesiones que inhiban la actividad económica", regulaciones bancarias para orientar el crédito, son otros temas del menú sobre los que reclaman abrir discusiones. Quieren, además, que participen cooperativas y mutuales, universidades, el sector científico- tecnológico y organizaciones y movimientos sociales , todos los que "conocen las realidades por la que atraviesan las mayorías populares y sus necesidades".
Discuten con los gobernadores las medidas para reactivar la economía
El Gobierno piensa en una pospandemia federal Dentro de las medidas que anunciará el Presidente, trabajan con los gobernadores proyectos específicos para cada provincia. Incluirá una nueva etapa del plan Procrear.
Por Fernando Cibeira
Los ministros vienen manteniendo videoconferencias con los gobernadores.
El presidente Alberto Fernández adelantó ayer que el paquete para la reactivación pospandemia sumarán más de 60 medidas que se anunciarán en los próximos días. La iniciativa, según detallaban en Gobierno, incluirá tres tipos de medidas: programas, decretos y proyectos de ley que se enviarán al Congreso. Para terminar de definirlo, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, terminará de conversar con los diez gobernadores que le restan entre lunes y miércoles porque, resaltaban, el plan contemplará un modelo de desarrollo federal con las necesidades de las provincias como componente central. Entre las iniciativas, quedó confirmado, se incluirá la nueva etapa del plan Procrear, que se complementará con un programa para acceder al suelo.
En la entrevista de la semana pasada a PáginaI12, el Presidente detalló su idea de "dividir el país en seis regiones: AMBA y las cinco que ya existen, Centro, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia y hacer planes específicos para potenciar las fortalezas de cada región". El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y De Pedro se dedicaron durante los últimos días a mantener videoconferencias con cada gobernador, quienes le fueron detallando cuáles consideran que son los vectores para el crecimiento de cada región y que podrían actuar como rápidos generadores de empleo. "Queremos repetir en la pospandemia el esquema que nos funcionó en la pandemia de trabajar junto a los gobernadores e intendentes", comentaban en la Casa Rosada.
Así, algunos gobernadores pidieron mejorar rutas, otros facilitar el acceso a la energía, está el caso de Neuquén y Río Negro que pidieron créditos blandos para los productores frutihortícolas. Se enteraron de dos situaciones particulares en los casos de Misiones y Catamarca, cuya economía funciona mejor ahora que antes de la pandemia. Misiones porque el cierre de la frontera con Paraguay le significó que el cien por ciento del consumo se gaste dentro de la provincia y Catamarca porque los estudiantes universitarios y la clase alta que suele pasar la mayor parte del año en otros sitios ahora se mantiene en cuarentena en la provincia, también favoreciendo el consumo interno. Pero son sólo dos casos dentro de un panorama preocupante.
El Presidente viene insistiendo sobre la posibilidad de generar un nuevo modelo de desarrollo a partir de la profunda crisis que dejará la pandemia. Una de estas posibilidades es la de un modelo de país con mejor distribuición de la población y de las oportunidades de empleo. "La concentración de la población en nuestro país es una de las más altas del mundo", afirmaba un paper que circulaba en Gobierno a propósito de la post pandemia. La desconcentración, agregaba, no se producirá de manera natural sino que hay generarla a partir de un mejor reparto de las oportunidades. Para ese objetivo, añadía el trabajo, se mantendrá el diálogo con todos los gobernadores y se acompañarán los proyectos de desarrollo gestados desde las provincias.
Obviamente, junto a estos planes específicos, el paquete de medidas incluirá también uno general para todo el país. En cambio, no está prevista una iniciativa de ingreso universal o renta básica como viene promoviendo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, como continuidad del actual IFE. "Esas son políticas de emergencia que pusimos en marcha en el marco de la pandemia y nosotros apuntamos ahora a políticas de recuperación", subrayaban en Gobierno. Por eso, el esfuerzo presupuestario estará dirigido a iniciativas que puedan generar empleo de manera más o menos rápida.
"Buena parte del plan es obra pública y la construcción de viviendas. Son formidables movilizadores de la economía porque ayudan a mover muchas actividades y muchos sectores de la economía y no necesitás importar insumos", adelantó Fernández a este diario. En ese sentido, habrá una nueva etapa del Procrear que se complementará con un plan nacional de Suelos en el que "se promoverá la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado", como explicó la ministra de Desarrollo Territorial y Habitat, María Eugenia Bielsa.
25 de julio de 2020
El Senado derogó una compensación del Estado a petroleras
La dolarización del gas de Macri y Aranguren
A días del cambio de gobierno, Macri reconoció una deuda con petroleras por $ 24.500 millones de dudoso origen: la dolarización del precio del gas que dispuso Aranguren.
Imagen: NA
El Estado nacional se ahorrará $ 23.700 millones que la administración anterior estableció como compensación a las empresas productoras de gas en noviembre de 2019, a días de terminar el mandato presidencial de Mauricio Macri. Será como consecuencia de la derogación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que anoche obtuvo la media sanción en el Senado, y ahora resta su ratificación de la Cámara de Diputados.
La medida había sido adoptada en octubre de 2018 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1053, que definía que las empresas distribuidoras de gas debian cobrar casi 24.500 millones de pesos en 30 cuotas mensuales a sus clientes, para pagar el aumento del gas a las productoras.
Ese precio dolarizado había sido establecido en noviembre de 2017 en un encuentro convocado por el entonces ministro, Juan José Aranguren, para garantizarle a las empresas una retribución ventajosa en dólares durante los dos años siguientes. Este "acuerdo" fue denunciado por el actual interventor del Enargas, en una presentación judicial reciente en la que imputa al ministro, un secretario del área y a las autoridades del Enargas de entonces por pretender imponer ese sobreprecio en la tarifa.
El 14 de noviembre de 2019, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) emitió la resolución 735, en la cual determinó que el Estado nacional debía abonar $ 24.524,7 millones a las prestadoras por las diferencias diarias acumuladas (DDA) mensualmente entre el valor del gas comprado y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.
Pero esos pagos no llegaron a concretarse. Ahora, por decisión de la Cámara Alta, ese supuesto compromiso fue dejado sin efecto. La derogación del DNU recibió 41 votos a favor y 25 en contra. La aprobación de la marcha atrás se sustentó en el apoyo del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio votó mayoritariamente para mantener la compensación a las empresas.
Pero esos pagos no llegaron a concretarse. Ahora, por decisión de la Cámara Alta, ese supuesto compromiso fue dejado sin efecto. La derogación del DNU recibió 41 votos a favor y 25 en contra. La aprobación de la marcha atrás se sustentó en el apoyo del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio votó mayoritariamente para mantener la compensación a las empresas.
Historia
La historia del DNU 1053 se remonta a comienzos de octubre de 2018, cuando el por entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, firmó la resolución 20 de la Secretaría de Energía. En esa norma se definía que “para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Enargas instruirá a las distruibuidoras al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019”. La cuota se actualizaría según las tasas de interés del Banco Nación.
La resolución 20 fue uno de los tantos casos del “si pasa, pasa”, del macrismo. Unos días después, el gobierno dio una parcial marcha atrás, porque definió que no sean los usuarios sino el Estado nacional aquel que compense a las empresas distribuidoras. Más de un año después, en noviembre de 2019, el Enargas definió que la compensación sería de 393 millones de dólares en 30 cuotas mensuales, en base al DNU 1053 firmado por Macri el año anterior, a pagar por los usuarios.
La primera cuota de parte del Estado a las empresas fue abonada el 6 de diciembre de 2019, previo al recambio presidencial, y ascendió a 818 millones de pesos. El remanente cotizado en 23.654 millones de pesos queda ahora sin efecto ya que el Senado derogó la compensación a las distribuidoras de gas.
25 de julio de 2020
Eduardo Elsztain adquirió acciones del proyecto Suya
Megaminería: un nuevo avance en Chubut
La Asamblea de Vecinos de Esquel denunció que el empresario impulsa el emprendimiento pese a que la ley prohíbe la megaminería.
Por Darío Aranda
El rechazo a la megaminería en Chubut se remonta al año 2002.
El multimillonario Eduardo Elsztain llamó a invertir en oro y adquirió acciones del proyecto minero Suyai, en Esquel, donde la población rechaza el extractivismo desde hace 17 años. Pueblos indígenas y asambleas socioambientales cuestionaron la nueva avanzada minera, de la mano de Elsztain. En Chubut, sectores políticos impulsan la cuestionada actividad como forma de “desarrollo”, a pesar de que una ley provincial lo prohíbe.
Elsztain es presidente del Grupo IRSA (una de las mayores empresas inmobiliarias de Argentina), accionista del Banco Hipotecario y de Cresud (empresa referente del agronegocio local). En abril escribió una carta para los especuladores de Wall Street. Llamó a invertir en oro. “Cualquier persona con ahorros grandes o pequeños debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa, el oro (...) El valor actual sólo expresa el punto de arranque de lo que podría ser la mayor suba del metal de la historia”, señaló.
Una semana después se hizo público que Elsztain, junto a Saúl Zang, había adquirido el cinco por ciento de la mina llamada “Suyai”, de la multinacional canadiense Yamana Gold.
El rechazo a la megaminería en Chubut se remonta a 2002, cuando la canadiense Meridian Gold anunció el avance en su proyecto minero. La comunidad se organizó y nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. En 2003 votaron y el 81 por ciento rechazó el extractivismo. También se aprobó la Ley 5001, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro en todo Chubut.
A pesar de la ley vigente, los distintos gobiernos intentaron avanzar con la megaminería en la provincia. Viviana Moreno, de la Asamblea de Esquel, destacó que el rechazo a la megaminería sigue intacto, repudió el accionar de Elsztain, Saúl Zang Yamana Gold (empresa a cargo del proyecto) y de los gobiernos, que impulsan una actividad a pesar del rechazo social que genera. Yamana Gold también es accionista de Minera Alumbrera (Catamarca), donde acumula denuncias de contaminación, afectación a la salud y perjuicios sociales a la población. Y es la misma compañía que impulsa el cuestionado proyecto Agua Rica, en Catamarca.
“En el contexto de la pandemia, el Gobierno determinó que la minería metalífera a gran escala era una actividad esencial. Por lo tanto, nunca se detuvieron las exploraciones, las explotaciones y los nuevos acuerdos mineros, como es el caso Yamana. Hace 17 años dijimos ‘no’, lo sostenemos, estamos en alerta permanente y decididos frente a cualquier intento extractivo en nuestra provincia”, afirmó Moreno. Y alertó que los políticos utilizan “las falsas promesas de la megaminería” como posible salida a la crisis provincial.
La Asamblea de Vecinos de Esquel elaboró un proyecto de declaración para el Concejo Deliberante para rechazar la alianza entre Elsztain y Yamana. Los concejales de Esquel ratificaron por unanimidad que no existe consenso social para la megaminería.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario