En dos meses cerraron más de 18.500 empresas por la pandemia
Son datos de la Afip que indican que un total de 18.546 dejaron de realizar sus aportes a la Seguridad Social por lo que unas 284.821 personas se quedaron sin trabajo.
07/07/2020
Según datos de la Afip, en dos meses cerraron un total de 18.546 empresas y unas 284.821 personas se quedaron sin trabajo.
Las cifras corresponden a empleadores que dejaron de hacer aportes patronales en mayo.
Esta caída generada por la pandemia del coronavirus se suma a la de años anteriores con desplomes de la economía por otras causas.
Según Mario Grinman, secretario de la Cámara de Comercio Argentina, estos datos “no sorprenden para nada” y, por el contrario, alertó que “el cierre de empresas se va a profundizar más” con los datos de junio.
“El futuro es complejo y va a requerir de una ingeniería importante y de consensos de varios sectores del oficialismo y la oposición”, planteó Grinnam en diálogo con Cadena 3.
“Es muy importante que se pongan a trabajar, es necesario e imprescindible que dejen de lado sus ideologías y se pongan a trabajar en serio, pensando en el futuro del país, si no la remontada va a ser muy difícil”, aseguró.
Es necesario y fundamental que la política resuelva los problemas que durante 80 años ningún gobierno, de todos los colores, democráticos y ni de la dictadura pudieron resolver
En ese marco, Grinman reiteró que hay “un problema estructural de una economía endeble y de un estado sostenible y eso no es responsabilidad del sector privado que hace esfuerzos por sostenerse, sino de los que manejan el país”.
“Esta tragedia que sucede en todo el mundo va a ser peor en Argentina. A nosotros nos va a llevar como poco 10 años volver a estar como antes de la cuarentena y eso que ya estábamos mal”, lamentó.
Vamos a perder 20 años tranquilamente, por eso es importante que los responsables de construir el país se pongan a trabajar para dejar de lado esas grietas estúpidas, las ideologías y utilizar las ideas para salir adelante
Por su parte, Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), indicó que en el sector “las reservas y capacidades se están agotando en un 55 a un 60%”, y opinó que “todavía no se ve la oleada de cierres porque existe la ATP y los impuestos no se pagan”.
No obstante, señaló que el problema se verá cuando el país comience a funcionar nuevamente y las empresas no tengan capacidad para invertir.
Es clave generar reglas claras que nos permitan recuperar la inversión perdida. Argentina es el país que menos invierte en Sudamérica y si hemos entrado con una recesión escalofriante al principio de la pandemia, imaginen la situación al final de la misma
Salvo algunas industrias que han mantenido a un 60% durante este tiempo, el resto trabaja entre el 0 y el 40%.
“Son números tremendos porque se trabaja por debajo del punto de equilibrio y hoy se trata de ver cómo llegar al máximo tiempo posible en septiembre para encontrar el camino de la demanda que está totalmente perdida”, analizó.
“Nos hace falta una hoja de ruta que hace años que el país no tiene. Hace falta una hoja de ruta que podamos consensuar para saber que la plata que se va a volver a invertir tendrá un destino adecuado”, planteó.
“Hay que recuperar plata escondida o guardada. Hay que recuperar la confianza para volver a trabajar con alegría y saber que se va para el lado indicado”, concluyó.
Entrevista de Fernando Genesir.
Fuente:Cadena3
Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2020.
La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires realizó en marzo la audiencia de apelación del fallo que en 2018 dejó impune el femicidio de Lucía Pérez. Los jueces Carlos Natiello, Mario Eduardo Kohan y Fernando Luis María Mancini anunciaron entonces que la sentencia iba a estar en el plazo de los 20 días establecidos en la ley. Sin embargo, hasta hoy pasaron 123 sin novedades. Mientras, una familia sigue esperando justicia. Qué dice hoy el fiscal que reconoció que el propio Poder Judicial no está dando respuestas y es parte del problema.
Pasaron 123 días desde que la Sala IV de la Cámara de Casación en La Plata realizó la audiencia de apelación del fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez.
Al finalizar, el tribunal compuesto por los jueces Carlos Natiello, Mario Eduardo Kohan y Fernando Luis María Mancini, anunció que la sentencia iba a estar en los términos establecidos en la ley: máximo 20 días.
En ese plazo se debería resolver si se hace un nuevo juicio, si con los elementos que ya hay se condena por violación y femicidio a los imputados, o si se confirma la sentencia ya dada.
Pero pasaron, hasta hoy, 123 días, y aún no hay novedades.
Lo que se apeló
El 8 de octubre de 2016 -cuando Lucía tenía 16 años- Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena. Llegó muerta. Un día después los detuvieron en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto. En el juicio oral, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Maciel fue sobreseído.
Eso significa que los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, no condenaron a nadie por el femicidio de Lucía.
Todas las partes apelaron, y así se llegó hasta el Tribunal de Casación de La Plata, donde ninguno de los tres jueces que componen la Sala IV se expidieron aún. El orden de votación, todavía pendiente, es: Natiello, Kohan, Mancini. Se estima que el primer voto está pronto a emitirse y que eso podría acelerar la decisión.
El poder judicial como parte del sistema.
El día de la audiencia de apelación, el fiscal Carlos Altuve- quien solicitó que el juicio por el caso de Lucía Pérez se realice de nuevo- planteó que el propio poder judicial “es parte del problema” ya que no se está dando respuesta a la pandemia de femicidios.
“Si lo dije es porque lo pienso y lo ratifico”, dice ahora a lavaca. “La justicia tiene ese problema todavía. Hay un sector, obviamente no todos, pero cuando hay un sector se puede casi generalizar”.
-¿Cómo se debería trabajar para que el poder judicial en lugar de ser parte del problema sea parte de la solución?
-Yo creo que es, en parte, generacional, las épocas en las que uno fue criado, bajo qué pautas culturales. Yo soy un tipo grande, tengo 61 años, y me pude aggiornar. Vengo de una generación absolutamente patriarcal pero el tema es aggionarse: hay algunos que podemos y otros que les cuesta. Esto no es una crítica personal, considero que se puede superar el letargo que tiene la justicia en las cuestiones de género.
-¿No es más eficiente que haya protocolos, lineamientos, y que no dependan de la voluntad personal?
-Tanto la Corte como la Procuración se preocupan por el tema de género. Hay mucha capacitación, mucha información, se suben materiales permanentemente. No es una crítica, lo digo como una iniciativa para ir hacia algo mejor.
Ciento veintitrés días después de la audiencia, aún sin ningún voto emitido, la demora no responde a la crisis sanitaria. Ese mismo Tribunal que debe emitir su decisión ha tenido sentencias durante la cuarentena.
Aunque debería garantizarse el acceso a la justicia, la familia de Lucía Pérez, aún espera.
Fuente: Lavaca.
Un femicidio cada 29 horas en todo el país
Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2020
Desde el observatorio de la organización feminista Mumalá, publicaron nuevas cifras sobre las consecuencias de la violenca machista. Entre el 1 de enero y el 30 de Junio del 2020, se registraron 60 femicidios, siendo la provincia de Buenos Aires la que presenta el mayor número de casos con el 42% del total país.
La organización feminista Mumalá, publicó las nuevas cifras sobre femicidios en todo el país. El relevamiento corresponde al período entre el 01 de enero y el 30 de Junio del 2020, siendo la provincia de Buenos Aires, la cual registra el mayor número de femicidios con el 42% del total país.
Durante el período de cuatro meses se registraron 60 Femicidios, de los cuales:
-54 son Femicidios directos (es decir sólo mujeres)
-2 Femicidios Vinculados de niñas y mujeres
-2 Femicidios Vinculados de niños y varones.
-2 Trans/Travesticidios.-Otros 8 casos están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes).
En el contexto de pandemia COVID 19 se produjeron 40 femicidios, ocasionando que 64 niños, niñas y adolescentes se quedaran sin madre.
Desde la organización Mumalá expresaron “insistimos en la urgencia de Declarar la Emergencia en violencia de Género en todo el territorio Nacional. La provincia de Buenos Aires declaró la Emergencia en violencia de género; pero aún no se implementan políticas públicas efectivas para proteger a las bonaerenses de la violencia machista, los datos son contundentes: 60 mujeres fueron asesinadas en Buenos Aires en lo que va del año”.
Agregaron “exigimos implementacion de la Ley de Educación Sexual Integral de manera transversal y aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diverse – disidente”.
Fuente: AnRed.
Multan al gobierno porteño por desproteger a personas en situación de calle
Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2020
La justicia declaró que el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires incumplió medidas cautelares para proteger a personas en situación de calle frente a la pandemia por Covid-19 y apercibió con una multa de 10.000 pesos al jefe de gabinete, Felipe Miguel, por cada día de demora en cumplir el mandato judicial.
La medida cautelar dictada el 5 de junio de 2020 que fue incumplida indicaba que el gobierno porteño debía:
a) Arbitrar las medidas necesarias para notificar a cada dispositivo que integra la red de alojamiento del GCBA, en el plazo de cinco (5) días, el Protocolo de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) en los Hogares, lugares y/o dispositivos de resguardo / aislamiento para personas mayores sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la (Institución), IF-2020-13687754-GCABA-DGDAP, y asegurar su observancia por parte de cada uno de todos los paradores y hogares, a quienes deberá dotar de los profesionales de la salud que fueran necesarios en cada uno según su caso.
b) Acompañar a la causa, por medio del órgano que corresponda y dentro del plazo de cinco (5) días, toda la documentación relativa a los testeos de COVID-19 que se hubiesen realizado a las personas alojadas en los paradores, indicando fecha del testeo y resultado obtenido.
c) Asegurar la vacunación contra la gripe a la totalidad de los residentes y trabajadores de los hogares y paradores con que cuenta la Ciudad y, en el plazo de cinco (5) días, acompañe a la causa el plan de acción para ello y toda la documentación relativa a cada uno de los dispositivos donde ya se hubiese llevado adelante dicha campaña, con detalle del total de las personas alojadas en cada uno de los dispositivos y de aquellas que recibieron la vacuna.
d) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar la vacunación contra la gripe a las personas que se encuentran en efectiva situación de calle, debiendo acompañar a la causa la planificación de tal medida y de su implementación, dentro del plazo de diez (10) días.
e) Informar y acompañar a la causa, en el plazo de cinco (5) días, documentación que de cuenta de la cantidad de camas disponibles en cada dispositivo, así como los ingresos y egresos producidos desde el 20 de marzo de 2020 a la fecha, y la periodicidad, detalle y cantidad de insumos que se entregan para la protección del personal y alojados en los dispositivos referidos, tales como barbijos, guantes de látex, alcohol, elementos de limpieza.
f) Notificar a todos los dispositivos de la red de alojamiento de esta ciudad el Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de COVID-19 (Coronavirus) en un Hogar o Parador transitorio para personas en situación de Calle, lo que deberá acreditarse en la causa en el plazo de cinco (5) días. Asimismo, arbitre las medidas necesarias para asegurar su observancia en cada dispositivo y se proceda al traslado de las personas con confirmación de COVID-19 a unidades extrahospitalarias.
La medida cautelar y su incumplimiento fueron planteadas, entre otros colectivos, por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la CTA Capital.
RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR
Asimismo, en lo que concierne al Protocolo en sí mismo, se advierte que, tal como lo denunciaron las partes, se activa “ante detección de personas con síntomas de sospecha, contactos estrechos de casos confirmados debidamente notificadas de COVID-19 en los dispositivos propios y conveniados pertenecientes a la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el fin de reforzar las medidas que deben ser tomadas por los equipos responsables en cualquier unidad dependiente de la Dirección General Atención Inmediata (en adelante DGDAI) del ministerio anteriormente mencionado”.
En este punto, resultan acertadas las observaciones efectuadas por los actores, en cuanto a que dicho protocolo resulta “ineficaz para impedir que las personas que se encontrasen en paradores pudieran contagiarse masivamente”, debido a que, durante el tiempo de incubación del virus, la persona que lo posee no presenta síntomas –por lo que el protocolo aun no se activa- pero ya sería capaz de propagarlo.
Es que, de la lectura del propio protocolo se advierte que éste no tiende a evitar dicha situación sino a pautar el accionar, justamente, frente a la advertencia de síntomas, y “con el fin de reforzar las medidas que deben ser tomadas por los equipos responsables en cualquier unidad dependiente de la Dirección General Atención Inmediata” (ver introducción), pero debido a la inexistencia y/o escasez de dichas medidas que se pretenden reforzar y a las dificultades edilicias y funcionales que presentan los dispositivos para dar cumplimiento a las medidas básicas de higiene, al distanciamiento social y al aislamiento, el protocolo –eventualmente- resultaría útil para encausar una situación de contagio pero no para evitarla.
En este punto, resulta atiente remarcar que no se ha individualizado ni acercado a la causa directriz alguna impartida con el fin de establecer medidas sanitarias de control y preventivas, simplemente se instruyó a las dependencias a extremar las medidas atinentes a la detección de la presencia de sintomatología compatible a las del COVID-19, así como a promover las recomendaciones de la OMS y las resoluciones del Ministerio de Salud de la CABA, relativas a las medidas de higiene preventivas del virus COVID-19 (ver RESOL-2020-127-GCABA-SSACI, del 13 de marzo de 2020).
A su vez, de acuerdo a lo que surge del informe de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD, valorado en la medida cautelar, para un gran número de paradores tampoco resultaría posible llevar a cabo las medidas dispuestas en el Protocolo en cuestión. No contarían con lugares para “asilar a la persona del resto de los habitantes”, resultaría dificultosa la delimitación de “contactos estrechos” -en tanto al compartir los espacios y no siempre poder cumplir el distanciamiento social estos parámetros presentan márgenes difusos-, no siempre contarían con los elementos de protección personal necesarios ni con los insumos indispensables para la higienización del lugar, etc.
Fuente: Red Eco
San Antonio: reiteran pedido de desmantelamiento de una antena de telefonía
Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2020
A pesar de la clausura ordenada gracias a la insistencia de los habitantes, en plena cuarentena, se registraron dos intentos de poner en funcionamiento una antena de Claro en zona residencial. Fuertes críticas al Municipio por no hacer cumplir la ordenanza.
Vecinas y vecinos de San Antonio de Arredondo luchan desde 2018 contra la instalación de una antena de telefonía de Claro en el pueblo, que infringe la ordenanza municipal 032/12 que prohíbe las antenas en zonas residenciales en esa localidad.
La invasión de antenas es una problemática que afecta a todo el Valle de Punilla, donde lxs habitantes intentan establecer cierto marco regulatorio para evitar que se coloquen cerca de hospitales, escuelas, clubes y en zonas residenciales.
“Nos vemos obligadxs a estar en alerta permanente para proteger nuestro derecho a un ambiente sano para nosotrxs y las próximas generaciones porque las radiaciones de las antenas producen daños genéticos, afecciones neuronales y enfermedades como cáncer, siendo la más recurrente el tumor cerebral. Desde 2011, la Organización Mundial de la Salud reconoce su carácter de potencial cancerígeno y está en proceso su reclasificación a probable o cancerígeno probado a partir de investigaciones realizadas en los últimos años”, sostienen lxs vecinxs desde el sitio San Antonio Sin Antena.
A pesar de la clausura ordenada gracias a la insistencia de los habitantes, en plena cuarentena, se registraron dos intentos de ponerla en funcionamiento. Desde el colectivo, acusan que, a pesar del Aislamiento Obligatorio y violando las fajas de clausura, cinco empleados de la empresa GME Towers SRL en un camión que prestaría servicio para Claro, estaban a punto de descargar las cabinas de refrigeración en el barrio Solares de San Antonio cuando fueron sorprendidos por los inspectores y efectivos policiales.
“Cada día nos preguntamos si esta empresa criminal intentará de nuevo instalar la antena en medio de nuestro barrio, al lado del dispensario sanitario, poniendo en riesgo nuestra salud y el ambiente de nuestro pueblo (…) Es un desgaste psicológico enorme saber que intentan -en cualquier momento- encender una antena que emite radiaciones cancerígenas. Alrededor de la antena ilegal, vivimos familias, con niños y niñas pequeños, ancianos, mujeres embarazadas, hay un dispensario de salud al lado. ¿Qué parte no entienden lxs funcionarixs de que las antenas tienen que estar fuera de zona residencial porque son peligrosas?”, sostuvieron desde el colectivo.
Y agregaron: “Pero eso no es todo. El maltrato no es sólo de estas empresas de afuera que vienen con prepotencia a creerse dueños de nuestro pueblo. También es el maltrato de lxs funcionarixs que deberían velar por el cumplimiento de la ley, pero miran para otro lado, nos dejan meses o años esperando y reaccionan cuando viralizamos la denuncia en redes y son citadxs a dar explicaciones formalmente. ¿Por qué nosotrxs tenemos que resignar horas de trabajo o de compartir en familia para estar vigilando que no avance la obra, juntando firmas, informando a otrxs vecinxs, presentando notas en la municipalidad, ERSEP, Defensoría del Pueblo, Fiscalía o la gestión que sea, sólo porque lxs funcionarixs no garantizan el cumplimiento de algo tan básico como las ordenanzas municipales?”.
Fuente: La tinta
Envio:RL
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