Por Julia Mottura, Resumen Latinoamericano 15 de julio de 2020
Estuvimos con Zulema Montero que es fundadora de la Asociación Civil Yanapacuna, que en lengua quechua significa “ayudémosnos”. La organización nace en 2006 con el objetivo de brindar asesoramiento legal a sus compatriotas migrantes con los temas relacionados a la regularización de su documentación. Zulema es abogada y nos relata la crítica situación que están viviendo las mujeres migrantes víctimas de violencia doméstica en esta etapa de pandemia.
Múltiples escenarios frente a la violencia doméstica
Habiendo el gobierno decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, muchas familias se han quedado en sus casas en estas circunstancias y se han detectado muchas situaciones de violencia psicológica, sexual y económica. Por lo que algunas mujeres, han llamado a Yanapacuna en esta situación para pedir asesoría jurídica. Nosotras, desde la asociación, lo que solemos hacer es animarlas a hacer la denuncia en la comisaria de la mujer, si es en provincia, y en Capital, en la oficina de Violencia Doméstica. En algunos casos hemos acompañado estas denuncias y hemos hecho presentaciones on line porque no se puede hacer de manera presencial. Si bien las resoluciones demoran un poco, dada la situación en la que nos encontramos. Pero al final, salen las medidas cautelares, como por ejemplo la perimetral, esto es para que el hombre violento no se acerque a la mujer (y a sus hijos e hijas en algunos casos). Luego, también se fija la cuota alimentaria, pero hay que tener las partidas de nacimiento y la documentación necesaria para poder acreditar la filiación.
Pero esta forma de actuar de los estados, varía de un lugar a otro. En algunas localidades con llamar a la Línea 144 basta para dar salida a la medida perimetral. En otras jurisdicciones la mujer tiene que hacer necesariamente la presentación y además tiene que presentar un patrocinio legal, o sea, no basta con la denuncia en la comisaría de la mujer. Sino que después, la denuncia tiene que ser ratificada en el juzgado por un abogado o abogada de oficio o particular. Y ahí está el problema más grande de las mujeres víctimas de violencia porque generalmente, es dependiente económicamente y muy pocas son independientes. Entonces no pueden pagarle a una abogada o abogado particular. Incluso, en algunos lugares se tiene que pagar un bono de acceso a la justicia y eso implica un gasto que tiene que hacer la mujer.
En muchos casos, en la comunidad boliviana, nosotras tratamos de hablar con la familia. Principalmente en los casos que no son graves. Vamos a los domicilios para conversar con la pareja y ver la posibilidad de que sigan, o no, conviviendo. Hacemos una mediación, esto se hace mucho en nuestro país. Algunas parejas suelen arreglar su situación de la mejor forma, en otras no. Se tiene que evaluar caso a caso.
La mano del hombre violento y la espalda del Estado
Otra situación que estuvimos viendo, que muchas mujeres que han logrado renunciar a sus parejas violentas, han quedado totalmente desamparadas, desprotegidas y en estados de vulnerabilidad. Puesto que han quedado a cargo de los niños y niñas y muchas viven de la economía informal, del trabajo día a día, y con la cuarentena no se les ha permitido más la venta y se han quedado sin recursos económicos. Lo que hemos visto, en la mayoría de los casos los padres, es decir los violentos denunciados, se han ido del hogar y no se sabe su paradero, no se hacen cargo en absoluto de pasar dinero por los alimentos. En muchas casos ni siquiera habían empezado la demanda por los alimentos y eso es un problema porque vemos que la mujer que denuncia violencia para pedir alimentos, en algunos casos se fijan medidas cautelares con cuotas por alimentos. Pero en otros casos, la mujer tiene que iniciar otro tramite por alimentos y muchas no lo hacen. Entonces se quedan sin ese aporte, piensan, para qué voy a perder más dinero y perder más tiempo, mejor mantengo sola a mis hijos e hijas. Pero ahora, en esta crisis, se la ven muy duro.
Desde la asociación estamos haciendo llegar alimentos, porque en algunos casos no han realizado el trámite en ANSES para cobrar la Asignación Universal por Hijo y en otros casos es el violento quien cobra esa asignación y luego, no se las da. Por otro lado, también vemos que en caso del Ingreso Familiar de Emergencia es peor. Porque a las migrantes no les llego esa ayuda, solo le llego al 20% de la población. Pero tras los reclamos que hicimos, aumentó al 40%. Es decir que el 60% de la comunidad migrante no tiene ese beneficio extraordinario que brinda el estado durante la pandemia. Entonces la situación de estas mujeres, es realmente crítica en esta época de cuarentena.
Exigencias
Desde el Ministerio de la Mujer es importante que se encaren políticas públicas a favor de las mujeres. Es decir, que se les brinde asistencia jurídica, psicológica, contención y seguimiento durante la etapa de la denuncia y posdenuncia. Pero sobre todo, soporte económico. Porque sin este apoyo económico por parte del estado, difícilmente vayan a denunciar y entonces vamos a seguir teniendo femicidios como los que estamos teniendo en este tiempo de cuarentena, y que se han incrementado bastante.
Es fundamental que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad brinde estadísticas oficiales que incluyan información diferenciada por género para poder entender mejor las circunstancias de esta población. La vulnerabilidad agravada en estos casos es causada por la discriminación que genera: ser mujer, ser migrante, a veces indocumentada, y ser pobre. La gestión de Gómez Alcorta debe atender esta suma de vulnerabilidades y tomar medidas efectivas para prevenir y atacar las violencias que se derivan de esta triple condición.
Prostitución es violencia
Por Carolina Barone y Micaela Saban Orsini, Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2020
La primera pregunta que se nos presenta es si el Estado al enmarcar este tipo de prácticas como «trabajo» no se convierte en un legitimador del proxenetismo. ¿Todo es comercializable? ¿Cuál debe ser el rol del Estado ante la prostitución? ¿La decisión de ejercer la prostitución es realmente libre? En su obra Lo que el dinero no puede comprar , Michael Sandel problematiza los límites del mercado y su todo lo que existe puede estar a la venta: personas, vientres de alquiler, satisfacción sexual.
Quienes nos encontramos a favor del modelo abolicionista que rige en nuestro país y que, no pena la prostitución, sino a aquellos que se benefician con ella (proxenetismo), nos encontramos convencidas de que el hecho de que exista la prostitución responde a la desigualdad estructural e histórica entre varones y mujeres. Los cuerpos femeninos o feminizados se convierten en objetos susceptibles de ser mirados, tocados, e incluso comprados.
Desde la perspectiva de género, no podemos dejar de ver que siempre como eje transversal encontramos a la pobreza y la exclusión social que muchas veces conducen a tomar caminos, aún en contra de la propia voluntad, significando ello un condicionamiento en la autodeterminación. La prostitución ha estado vinculada a la pobreza, presentándose como posibilidad concreta de supervivencia, en tanto permite a mujeres y travestis acceder a un ingreso más o menos estable capaz de elevar las posibilidades materiales de vida.
Negar la exclusión social que lleva a muchas personas a tomar este camino, es negar también que la prostitución replica las desigualdades de un sistema económico y político discriminatorio. Es en estos casos donde resulta fundamental la intervención del Estado, no desde los valores morales de una sociedad, sino a través de un paradigma de protección de los derechos humanos, siempre en el entendimiento que el derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad son fundamentales.
En torno a este debate es válido preguntarnos ¿Quién va a ser el jefe o la jefa en este tipo de relaciones laborales?¿Se estaría legalizando el proxenetismo? ¿Cómo vamos a hacer para establecer las condiciones de contratación y para cuidar a quienes prestan el «servicio»? ¿Se va a tributar por este «servicio» prestado? ¿Las facturas se van a hacer digitales? ¿Se van a enviar a la casa del «cliente»? ¿Cuál va a ser la cobertura por riesgos de trabajo si ya el trabajo por sí mismo implica un alto riesgo?
Resulta indispensable dejar de romantizar la prostitución creyendo que se trata de una libre elección
No podemos considerar que cualquier actividad humana es sindicable; básicamente porque el rol de los sindicatos es mejorar las condiciones laborales de sus afiliados, y en este caso puntual no resulta posible de manera alguna, puesto que las condiciones parten siempre debajo de la línea de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, podemos señalar que no ha existido a lo largo de la historia un sindicato de esclavos. Sin embargo, igual se organizaron, pero lo hicieron para abolir su esclavitud, no para negociar el tipo de castigo que iban a recibir.
Resulta indispensable dejar de romantizar la prostitución creyendo que se trata de una libre elección y que cualquiera de nosotras puede pararse en una esquina y «comenzar a trabajarla», porque pensarlo de esa manera sería negar la realidad. Sería cegarnos ante la idea de la existencia de estrategias de captación y el estrecho vínculo con las redes de trata de personas que incluyen distintos métodos criminales de incorporación que admiten engaños, incluso amenazas. Esto implica que la trata de personas con fines de explotación sexual sea constitutiva del negocio millonario de la prostitución . Los consumidores son los mismos tanto para la trata de personas como para la prostitución, por ello la delgada línea entre uno y otro no puede invisibilizarse.
Existen argumentos por parte de quienes defienden el reglamentarismo en relación con los casos denominados «prostitución vip», en los cuales se argumenta una supuesta libertad de elección por tratarse mayormente de mujeres de clase media o alta. Entendemos que al ser éstos la menor cantidad de casos, y existiendo también como denominador común la mercantilización de cuerpos femeninos o feminizados casi en su totalidad, por parte de varones, se continúa perpetrando un sistema de dominación patriarcal que avala el consumo de cuerpos de mujeres como si se tratasen de mercancías.
Por su parte, no podemos dejar de mencionar que muchos de estos casos no son «autogestionados» o realizados de manera independiente, sino que se requiere de estructuras como ser páginas web, publicidad, incorporación en diversos tipos de plataformas.
La falacia es considerar que puede existir una libertad en la toma de decisiones siendo que esto no es posible al existir condiciones desiguales en la negociación. Se intenta mostrar que varones y mujeres inician una negociación del contrato sexual, como si de alguna forma partiesen de una misma línea de base. En la prostitución lo que surge es un «contrato desigual» que evidencia la desigualdad estructural de poder entre los «consumidores», mayoritariamente varones quienes históricamente fueron y son los dueños de los medios de producción, del poder político y económico, y por otro lado sus «mercancías», casi en su totalidad mujeres, trans, travestis y niñas y niños.
En palabras de Françoise Héritier, antropóloga feminista francesa, «Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es ocultar que los hombres tienen derecho a comprarlas».
En medio de una emergencia sanitaria y económica, donde se agrava aún más la situación de miles de mujeres en situación de prostitución, el rol del Estado es generar políticas que promuevan la igualdad de trato y oportunidades a través de políticas públicas como el acceso a la educación, a la formación profesional, al acceso a justicia. Lejos están estas funciones de aquella que promueve a través de la reglamentación legitimar la explotación de algunas personas sobre otras.
Desde hace 106 años, con la Ley Palacios, Argentina es abolicionista. La prostitución no es delito, lo que no significa que la prostitución sea un trabajo.
Fuente: Diario Femenino
26 años de Operaciones de la derecha en connivencia con la lógica imperial
Por Jorge Norberto Elbaum, Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2020
Más de un cuarto de siglo después del criminal atentado de 1994, la impunidad sigue rodeando las diferentes causas judiciales que surgieron a partir de la tragedia. Una de ellas es la que se encuentra solapada tras el mutismo enmascarado de la Corte Suprema de la Nación desde hace casi tres décadas. La segunda es la ligada al atentado en sí, que fue manipulada por el menemismo para alinearla con las demandas geopolíticas. Dicha contaminación fue perpetuada por Natalio Alberto Nisman, quien escenificó su labor de procurador con el doble objetivo de mantener sus prerrogativas y convertirse en un eslabón funcional (y redituable) de intereses extranjeros: desde 2010 se acomodó a las demandas de la derecha israelí y se adaptó a la seducción de los Fondos Buitre, intentando no despertar sospechas que motivaran su posible apartamiento de la causa.
El tercer capítulo judicial remite al encubrimiento erigido en torno a la causa del atentado, que devino en condenas para el propio juez instructor, Juan José Galeano, y una corte de funcionarios menemistas cómplices en fraguar pormenores de los sucesos. El cuarto apartado remite a la causa del Memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, impulsado por Nisman antes de su fallecimiento y desestimado inicialmente por diferentes instancias judiciales. Las presiones del macrismo en el poder se combinaron con la fermentación obscena de algunos inquilinos de Comodoro Py. Ambos lograron resucitar el expediente con el objeto prioritario de lograr la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). El quinto eslabón remite al pretendido asesinato de Nisman que el macrismo intentó transformar en un magnicidio, para instituir en el imaginario social la complicidad del gobierno popular con la violencia homicida.
No pueden desestimarse la ramificación de litigios futuros. Uno de ellos relativo a la denuncia efectuada por Mario Cimadevilla, otrora Secretario de Estado en el periodo macrista, quien divulgó la solicitud extorsiva, expuesta por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, destinada a garantizar la absolución de uno de los acusados por el TOF 2, el destituido fiscal José Barbaccia. Otra de las posibles derivaciones se vincula con el manejo fraudulento de las pericias encargadas a la Gendarmería Nacional por Patricia Bullrich, cuyos resultados contradicen los relevados oportunamente (in situ, dentro de la vivienda del fiscal) por el Cuerpo Médico Forense.
La ambigüedad, la confusión y la sistemática superposición de operadores judiciales influenciables contribuyen a garantizar el desconcierto y la impunidad. La suma kilométrica de expedientes y su falta de ordenamiento y jerarquización facilita la diversificación de operaciones de ocultamiento, plantación de pistas falsas e intentos de destruir evidencias. El derrotero de todas estas causas enmascara de todas formas una lógica coherente. Todas han sido sistemáticamente utilizadas y manoseadas por los alfiles del poder fáctico, con el objetivo de aprovechar su trascendencia geopolítica para para impulsar alineamientos internacionales adscriptos a la voluntad de Washington. Esa asociación evitó que varios funcionarios integrantes de los gobiernos del riojano y de Mauricio Macri fuesen imputados, juzgados o condenados. La confraternidad con el Departamento de Estado motivó que el menemismo respondiese a los requerimientos supra jurídicas planteadas por el gobierno de Israel, originando un galimatías progresivo en las líneas de investigación.
Esa deriva generó la necesidad de direccionar la pesquisa hacia Irán –más allá de las evidencias existentes–, esquivando toda pesquisa relativa a los parientes sirios de Menem, vinculados con la comercialización de drogas y aparatología bélica. El 3 de noviembre de 1995, un poco más de un año después del atentado a la AMIA, estalló la Fábrica Militar de Armamentos en Río Tercero. Luego de ese hecho se empezó a desentrañar el contrabando de armas con Croacia y Ecuador por el que fue condenado años después el riojano, sin que se profundizara la investigación que relacionaba ambos sucesos.
Encubrir/descubrir
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La causa del encubrimiento evidenció esa misma lógica. En 2015 se inició el juicio oral y público en el que se juzgó a operadores del menemismo residual aliados al macrismo emergente. Ambos colectivos se esmeraron en lograr el salvataje mutuo, con apoyo de Comodoro Py y las embajadas de Estados Unidos e Israel. Entre los acusados figuraba el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, quien terminó absuelto por presiones de quien fungía –en tiempos que se desarrolló el juicio por encubrimiento– como Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Mientras los familiares de las víctimas del atentado se constituían en querellantes, las autoridades de las dos instituciones de la calle Pasteur (DAIA y AMIA) defendían a los acusados. El gobierno de Macri, por su parte, apelaba a los tentáculos de su poderosa mesa judicial para evitar que los fiscales acusados se conviertieran en convictos y que funcionarios policiales, como Jorge el Fino Palacios, pudiesen ser condenados.
El suicidio de Nisman fue un elemento clave en el triunfo electoral de Mauricio Macri. Desde el 18 de enero de 2015, la derecha encontró el mártir apócrifo que toda confrontación necesita para darle sustento emocional a una contienda política. Para garantizarse la impunidad de una acusación delirante (el magnicidio), fueron capaces de remover a su jueza natural y a su fiscal respectiva. Luego se ocuparon de propalar a nivel internacional que el kirchnerismo era una sociedad criminal. La derecha de la colectividad judía tuvo un rol central en ese esquema porque le sumó el componente de judeofobia, para hacer más creíble y convincente el pretendido homicidio. El actual presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, concertó una gira por Estados Unidos en febrero de 2015 para denunciar que el gobierno popular ejecutó a Nisman porque pretendía el levantamiento de las alertas rojas para proteger a los iraníes acusados del atentado. Sin embargo, cuando un mes atrás un ex agente de inteligencia del Mosad (Uzi Shaya) confesaba que el extinto fiscal colaboraba con Paul Singer y Sheldon Adelson en la tarea de extorsionar a CFK, los inquilinos de la calle Pasteur se llamaron a silencio. Eso mismo hicieron cuando se conocieron las cuentas no declaradas por el fiscal y sus propiedades en Miami y Uruguay. La ruta del dinero que podría explicar el derrotero final del fiscal aún permanece inmovilizada en el laberinto judicial de Comodoro Py –con imputaciones contra la madre de Nisman y su hermana–, como evidencia de una Caja de Pandora que no se resiste a ser abierta.
La organización que invitaba a Nisman en forma recurrente a Estados Unidos es la Fundación para la Defensa de la Democracia (FDD). El lema de dicha entidad es “Combatiendo al terrorismo y promoviendo la libertad”. Su director es Mark Dubowitz, quien se consideraba un amigo entrañable de Nisman. Su organización está casi íntegramente financiada por los referentes máximos de los fondos buitre, Singer y Adelson, a su vez aportantes de Donald Trump y Bibi Netanyahu. Singer había aportado desde 2007 a 2014 la suma de 3,5 millones de dólares a la FDD, mientras que –en ese mismo lapso– Adelson se convirtió en su segundo donante con un aporte de 1,5 millones. Cuando falleció el fiscal, su amigo Dubowitz inauguró el portal AlbertoNisman.org que concede un premio a quienes enfrentan al terrorismo internacional. Uzi Chaya era uno de los agentes –no el único– que conectaban al procurador con estos buenos muchachos.
La causa del memorándum es la más explícita en lo que respecta a la injerencia internacional. Cuando se firmó el acuerdo entre Argentina y la República Islámica de Irán, el 27 de enero de 2013, el Secretario General de Interpol, Ronald Noble, dejó en claro que “el status de la presente notificación de las capturas permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General”, acotando que solo el juez de la Causa (en este caso Rodolfo Canicoba Corral) podía solicitar su remoción. Poco tiempo después de la firma en Addis Abeba (Etiopía), entre Ali Akbar Salehi y Héctor Timerman, la oficina de Interpol recalcó, el 15 de marzo de 2013, que “dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas”.
Las diferentes causas que rodean las tragedias de 1992 y 1994 fueron utilizadas por distintas fracciones de los grupos concentrados para solidificar sus alianzas internacionales y contribuir a la persecución de dirigentes populares, sobre todo a CFK. La subalternización a los intereses geopolíticos de Washington continúa siendo una de las plataformas empleadas por las corporaciones para conservar la hegemonía económica, cultural y mediática que brinda cobertura a la concentración inequitativa de la propiedad, la renta y la riqueza. En ese entramado, las causas que rodean los atentados de 1992 y 1994 –y sus víctimas primigenias, ávidas de verdad y justicia– son solo subterfugios para legitimar los privilegios que se niegan a abandonar.
Fuente: RedhArgentina
El Sistema extractivista y contaminante no paró durante la cuarentena
Resumen Latinoamericano, 15 de julio de 2020
Durante la cuarentena los grandes medios y las redes instalaron la imagen de los animales silvestres visitando la ciudad, como una liberación de la naturaleza de la mano destructiva del humano. En Chaco, sin embargo, el desmonte no para. En la provincia se ha incorporado la actividad forestal como actividad agropecuaria, haciendo del desmonte una actividad esencial. “Se pueden calcular 14 camiones por día por lo menos, que vienen del Impenetrable” afirma Diana, integrante de la Agencia Timbó y del colectivo Somos Monte. También escuchamos la voz de Nora Giménez, abogada de la ONG Consciencia Solidaria.
Terminamos el Enredando Las Mañanas de este miércoles con la columna de la Agencia Periodística Timbó para informarnos acerca del avance del desmonte en la provincia de Chaco. Lejos del enfoque romántico de la naturaleza recuperándose por la cuarentena obligada, el Impenetrable chaqueño sigue siendo deforestado. El 13 de marzo el gobierno convocó una reunión del Consejo Ambiental para realizar el ordenamiento territorial que corresponde a la Ley de Bosques, en un lapso de 90 días. En la situación actual, esta medida impedirá la participación popular, y la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas.
Diana, integrante de la Agencia Timbó y del colectivo Somos Monte, nos decía: “Diste en la tecla de esta romantización que hay de la cuarentena… que con esto vamos a detener el cambio climático y le damos un respiro al planeta. Me parece que todo lo contrario. En realidad hay una buena posibilidad para el capitalismo de tenernos a todos encerrados mientras siguen haciendo sus negocios que parecen no tener límites. Desde la asamblea Somos Monte nos reunimos desde febrero del 2019 para frenar los desmontes. En 8 años se han desmontado casi 29 mil hectáreas en la provincia y se han otorgado permisos de desmonte por más de 475 mil estamos hablando de casi 500 mil hectáreas”.
“Nos reunimos también para pensar en la actualización de los ordenamientos territoriales de la Ley de Bosques que es la que pinta el mapa de verde, amarillo y rojo para diferenciar las zonas que se pueden desmontar, las que se pueden manejar forestalmente y en cuáles está prohibido el desmonte. Han querido ampliar la zona verde del Impenetrable, que es el segundo bosque más importante de América latina, y uno de los bosques secos más importantes del mundo. Hemos frenado este ordenamiento territorial por pedido de la asamblea, nosotros queremos que haya ordenamiento pero que exista participación popular”.
“Durante la cuarentena, el 13 de marzo el gobierno convocó a una reunión del Consejo Ambiental para hacer este ordenamiento en 90 días, lo que para nosotros es terrible ya que no se va a poder garantizar la participación popular y la consulta libre previa e informada a las comunidades indígenas.”
Por otra parte lo que sucedió con todas las actividades extractivas que fueron exceptuadas de la cuarentena por el decreto 297/20, que ha incorporado a la actividad forestal como actividad agropecuaria y por lo tanto los desmontes no se han detenido. Así, por denuncia de la gente del Impenetrable que se realizan con mucho miedo, se pueden calcular unos 14 camiones por día por lo menos que vienen del Impenetrable trayendo los rollizos de algarroba, de guayacán y de quebracho.
“Nos reíamos porque para poderte talar quebracho se lo debe declarar enfermo para extraerlo y cualquier agujerito que le encuentran a un tronco, lo declaran quebracho enfermo y lo sacan del monte. Estamos perdiendo árboles centenarios y se puede tornar irreversible la recuperación del monte. Para ilustrar un poco lo que pasa hablamos con Nora Jiménez que es una abogada de la ONG Consciencia Solidaria perteneciente a las asambleas que trabajaban en las presentaciones judiciales que hace Somos Monte para frenar los desmontes. A fines de mayo se presentó una medida cautelar para poder frenar esto y no hay respuesta todavía mientras los desmontes siguen.”
En audio de Nora ella nos contaba: “Con respecto al desmonte la actividad forestal por el primer decreto nacional 297 no fue permitida a nivel nacional, sí estuvo exceptuada del aislamiento la actividad agrícola. En el Chaco exceptuaron la actividad forestal antes de que lo haga la nación, a través de una decisión administrativa por facultades que le delegara el presidente en el 297 al jefe de gabinete. La provincia lo primero que hizo es interpretar sin competencia si la actividad forestal estaba dentro de la actividad agrícola, y para eso usó decretos del gobierno de Menem que decía que se podía considerar actividad agrícola a la minera y a la forestal. Estoy hablando de un decreto del año ‘92”.
“Esto lo pueden ver en la resolución del doctor Olivares donde hace mención de los antecedentes de su decisión administrativa. Realmente y técnicamente la fundamentación no tiene relación y desde lo legal te puedo decir que hace referencia a las decisiones administrativas locales. Solamente tienen en cuenta el 297 para interpretar y exceptuar la actividad forestal. Ahora en un caso de emergencia sanitaria la competencia es nacional y concurrente con la provincia en la medida en que se acate lo nacional”.
“Esta fue la primera irregularidad que nosotros pudimos percibir en la provincia, apurados para exceptuar la actividad forestal. Esta decisión del gobierno permitió que se acelerará el desmonte y se sacara toda la madera que pudieron con la perspectiva de que pudieran no exceptuarla. Tenemos conocimiento del transporte de la madera desmontada desde el monte a Resistencia. Yo vivo en frente del galpón de una sociedad que trabaja con madera para construcción y doy testimonio de que no pararon de llegar camiones de todos lados, bajando y subiendo madera”.
“Esa actividad cesó únicamente los primeros días de cuarentena. Desde entonces cualquier persona que está en el interior puede dar cuenta que la circulación de camiones no paró. El conocimiento de las situaciones irregulares están plasmadas en los medios. Los empresarios desautorizaron nuestros informes en las redes y los avisos que nosotros hacíamos de toda esta situación. La agresión fue continua cada vez que nosotros presentábamos informes o pedidos. Las autoridades nunca respondieron nuestros reclamos pero si designaron gente en Bosques para dar los permisos de desmonte”.
“En el Chaco el problema es el desmonte pero en la zona oeste de nuestro país es la actividad minera, en la zona de Entre Ríos y la llanura son los agrotóxicos. El sistema extractivista y contaminante no se paró en nada durante la cuarentena”.
Fuente: AnRed
Envio:RL
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