El expresidente preocupado por la causa de las presiones al Grupo Indalo
Macri pidió que no investiguen sus celulares
La jueza había ordenado el 6 de julio una serie de medidas de prueba, entre las que se destacaba un amplio entrecruzamiento de llamados entre Macri, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados en la causa, a fin de establecer si había comunicaciones entre ellos en los días en los que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones o en los que el Gobierno de Cambiemos dictó medidas que perjudicaron al Grupo Indalo.
El expresidente reclamó además que su apelación tenga efectos "suspensivos" sobre las medidas dispuestas en la causa, en la que interviene el fiscal Guillermo Marijuan, porque podría generar "perjuicios irreparables".
"Lo dispuesto carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta", sostuvo el exmandatario.
Otra de las cosas que pidió Macri fue acceder a copias de todo el expediente y de la eventual documentación que se pudiera encontrar reservada y que se lo exima de la de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a ratificar presencialmente el escrito "por el estado de excepción" en el que se encuentra la Argentina debido al aislamiento social preventivo y obligatorio.
Macri sostuvo que la medida dispuesta por Servini precisa una "urgente e imperiosa fulminación por la Alzada" (en relación a la Cámara Federal porteña) y sostuvo que de llevarse a cabo se estaría violentando su "intimidad privada y familiar", la cual "se debe unir inescindiblemente" a su condición de expresidente de la Nación.
Cuando dispuso las medidas ahora cuestionadas, la jueza Servini sostuvo que se trataba de diligencias que "permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad", y además recalcó que, en lo que va de la pesquisa, "todas las reuniones, como así también las comunicaciones" denunciadas entre imputados "fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas".
Servini había ordenado en primer lugar que se requieran los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.
Posteriormente, solicitó los "registros de comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019".
Con toda esta información -dispuso- se "deberá realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados" y "sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de los informes", y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.
En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la "supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional".
En la causa hay un pedido de citación a declaración indagatoria contra el extitular de AFIP, Abad, hecho por el fiscal del caso Marijuan hace dos semanas y sobre el cual la magistrada aún no resolvió.
"Lo dispuesto carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta", sostuvo el exmandatario.
Otra de las cosas que pidió Macri fue acceder a copias de todo el expediente y de la eventual documentación que se pudiera encontrar reservada y que se lo exima de la de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a ratificar presencialmente el escrito "por el estado de excepción" en el que se encuentra la Argentina debido al aislamiento social preventivo y obligatorio.
Macri sostuvo que la medida dispuesta por Servini precisa una "urgente e imperiosa fulminación por la Alzada" (en relación a la Cámara Federal porteña) y sostuvo que de llevarse a cabo se estaría violentando su "intimidad privada y familiar", la cual "se debe unir inescindiblemente" a su condición de expresidente de la Nación.
Cuando dispuso las medidas ahora cuestionadas, la jueza Servini sostuvo que se trataba de diligencias que "permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad", y además recalcó que, en lo que va de la pesquisa, "todas las reuniones, como así también las comunicaciones" denunciadas entre imputados "fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas".
Servini había ordenado en primer lugar que se requieran los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.
Posteriormente, solicitó los "registros de comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019".
Con toda esta información -dispuso- se "deberá realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados" y "sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de los informes", y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.
En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la "supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional".
En la causa hay un pedido de citación a declaración indagatoria contra el extitular de AFIP, Abad, hecho por el fiscal del caso Marijuan hace dos semanas y sobre el cual la magistrada aún no resolvió.
La causa
La causa a cargo de Servini se abrió en base a hechos denunciados por De Sousa inicialmente en el fuero comercial, en el expediente concursal de Oil Combustibles, donde relató presiones sobre él, su socio López y sus empresas por parte del gobierno de Macri y a través de la AFIP. Esto derivó en la apertura de una causa penal a cargo de Servini, donde fueron denunciados el propio ex Presidente, el asesor José Torello, el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, su sucesor, Leandro Cuccioli, el hombre de la mesa judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el empresario Nicolás Caputo. A todos se les atribuye alguna participación en presiones sobre López y De Sousa para desapoderarlos de sus empresas.
Según los denunciantes el objetivo de fondo era ahogar a Indalo, Oil y los medios de comunicación del grupo, con un doble objetivo: por un lado encarcelar a la ex presidenta y, por el otro lado, para que todo el grupo termine en manos de amigos del actual gobierno o que quiebre y quede como un símbolo de lo que le pasa a los empresarios que no se sumaron a la guerra contra el gobierno anterior.
La declaración de López
El propio López declaró como testigo el 5 de noviembre de 2019 y reveló que en un encuentro con Macri el 25 de octubre de 2015, el mismo día de las elecciones presidenciales, el entonces candidato le advirtió: “Necesito el canal para ir por Cristina”. “¿Qué significa ir por Cristina?” dijo que le preguntó. La repuesta fue: “Hay que meterla presa”. “No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró”, declaró López. La reunión, dijo, había sido en Barrio Parque, en la casa de Franco Macri. Macri le había dicho que sabía que ganarían en un ballottage, porque se los había dicho “la embajada”.
La declaración de López abarca 18 páginas del expediente y detalla la forma en que se manifestaron las presiones de todo tipo, incluyendo la amenaza de la prisión, algo que finalmente se concretó con el protagonismo del propio Macri, quien llegó a quejarse porque López y De Sousa habían recuperado la libertad. A lo largo de la declaración van apareciendo varios compradores, todos relacionados con los entonces ocupantes de la Casa Rosada, pero en algún momento se frenan las operaciones con una consigna asombrosa: "no queremos que López y De Sousa vendan. Queremos que quiebren. Es un tema político", relató López.
La mano oculta del expresidente apareció en forma permanente en la declaración testimonial del empresario. Tras la reunión en casa de Franco Macri, dos meses después, ya en enero de 2016, el empresario relata que fue citado por Fabián (Pepín) Rodríguez Simón, en el Palacio Duhau y en el Hotel Hayatt. "El presidente quiere que no ganen nada en los cuatro años que vienen", cuenta López que le dijo Pepín. "Es eso, o les rescindimos todos los contratos de las empresas de juego", amenazó el referente judicial de Macri. En el testimonio de López, el apriete concluyó cuando vendió sus participaciones en esas empresas. "Después de eso, no se habló más del juego en la Ciudad de Buenos Aires. El problema era que yo vendiera", razonó el empresario.
"En determinado momento, le dijeron a nuestro abogado que arregle los honorarios con nosotros porque empezó la guerra. Y ese domingo, se publicó una nota de Hugo Alconada Mon y a la noche Macri concedió una entrevista a Luis Majul. En los dos lugares nos acusaban de que le debíamos ocho mil millones de pesos a la Afip". Como se demostró en la pericia realizada por contadores de la Corte Suprema, esa deuda no existía y el grupo Indalo estaba al día con los planes de pago que se le habían otorgado. Fueron planes de pago que se le habían concedido a muchísimas otras empresas. "Con esas acusaciones, nos sentimos dos perejiles contra el estado completo. Era como ir a la guerra contra Estados Unidos con dos escarbadientes", sintetizó López.
En los momentos de mayor presión, siempre aparecía un comprador ligado a la casa Rosada de Macri. El primero, Orly Terranova, que hasta envió a sus gerentes a sentarse en las oficinas de Indalo. "Decía que actuaba en acuerdo con Macri y con Nicky Caputo. Se pactó un lanzamiento de la venta, pero una aparente interna en el gobierno, derrumbó el acuerdo de un día para otro. A Orly no lo vi nunca más, se esfumó".
Después apareció en escena Ignacio Rosner, supuesto representante de un fondo de inversión norteamericano, quien se presentó como "muy muy amigo de Mauricio": "Fui al Newman, tengo llegada a Magnetto porque fui director de Cablevisión y también llego a Alberto Abad". En el trasfondo también solía aparecer Mario Quintana, uno de los hombres fuertes de la jefatura de Gabinete, a veces como mediador de las posibles operaciones de compra, pero en otra ocasión directamente interesado en participar. Otro que habría funcionado como intermediario es José Torello, también integrante de la mesa judicial. Se llegaron a firmar convenios por alguna parte del grupo, siempre sujetos a la aprobación del juez Julián Ercolini, pero parecía haber dudas permanentes porque seducía el impacto de hacer quebrar Indalo, exhibirlo políticamente.
El relato de López sobre las amenazas de prisión resultó crudo. El empresario contó que le empezaron a llegar los rumores de que lo detendrían, por lo que decidió consultarle, a través de un amigo, a Daniel Angelici, íntimo amigo y colaborador de Macri. El presidente Boca le dijo: "andate a Sudafrica, vas a ir preso. Con Sudáfrica no hay convenido de extradición".
En el camino hubo otros posibles compradores, como el grupo petrolero Trasfigura, e incluso se firmó algún convenio para ser presentado ante el juez Ercolini. La oferta era por 420 millones de dólares, tres veces más de lo que al final se vendió por parte de la intervención judicial del grupo empresario. Siempre Ercolini rechazó las propuestas y siempre apareció el obstáculo de la Afip, que nunca buscó cobrar los impuestos, sino empujar al grupo a la quiebra.
Lo concreto, es que como había adelantado Angelici, en la previa de las elecciones de 2017, Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron apresados con el argumento de que habían intentado una venta del Grupo Indalo a espaldas del juez. La investigación de ese hecho, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, determinó que nunca ocurrió tal venta, es decir que la razón por la que se encarceló a los empresarios resultó falsa.
15 de julio de 2020
El riesgo de contagio en espacios interiores
Todo lo que hay que saber sobre la transmisión del coronavirus en ambientes cerrados
Por Manuel Ruíz de Adana (Agencia SINC)
Las personas infectadas asintomáticas no suelen generar toses o estornudos que generen aerosoles de tamaño mayor a 5 micras. En estos casos deben considerarse otras vías de transmisión.
El uso compartido de espacios interiores se está confirmando como un riesgo importante para la transmisión del coronavirus. En un estudio realizado entre el 4 y el 11 de febrero de 2020 en más de 320 municipios de China se comprobó que la mayor parte de los brotes donde intervienen más de 3 personas ocurren en ambientes interiores.
Las características de algunos eventos de superpropagación del coronavirus en ambientes interiores son compatibles con las características de la transmisión mediante aerosoles de pequeño tamaño, o transmisión mediante núcleos de gota.
Dicha transmisión aérea por núcleos de gota (airborne transmision) es la propagación de un agente infeccioso causado por la diseminación de núcleos de gotas, aerosoles con diámetro inferior a 5 micras, que permanecen infecciosos cuando se suspenden en el aire a largas distancias y en el tiempo.
Tras la publicación de la carta firmada por 239 expertos y el impacto de la misma en los medios de comunicación internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconsiderado las evidencias existentes en el ámbito de la transmisión aérea por medio de núcleos de gota.
Aunque la institución reconoce que, en la actualidad, las evidencias científicas no son concluyentes, la vía airborne podría explicar algunos de estos contagios. Así, el ARN del virus ha sido encontrado en el aire en bioaerosoles de diámetro inferior a 5 micras en distintos estudios a distancias mayores de 2 metros en ambientes de hospitales y sistemas de expulsión de aire.
El tiempo medio de vida del virus en términos de infectividad para aerosoles de menos de 5 micras es de 1 hora. En consecuencia, conviene considerar la posibilidad de que la transmisión del virus se pueda realizar mediante aerosoles de pequeño tamaño.
Sin embargo, considerando los tiempos de permanencia de los aerosoles de pequeño tamaño en el aire, la persona expuesta podría inhalar un número mayor de aerosoles de pequeño tamaño. Por tanto, la mayor exposición ocurriría en el rango de aerosoles de pequeño diámetro, incluso en pequeñas distancias al punto de emisión.
Estas y otras evidencias científicas invitan a considerar que el virus SARS-CoV-2 puede emplear de forma simultánea la vía de propagación por aerosoles de tamaño superior a 5 micras (droplets) y la vía de propagación mediante aerosoles de tamaño inferior a 5 micras (airborne).
Más estudios contra la incertidumbre
Si se aceptase la transmisión del virus mediante aerosoles de pequeño tamaño, se deberían establecer medidas específicas para reducir el riesgo de transmisión en ambientes interiores. Entre estas medidas se deberían considerar:
- Incremento de las tasas de ventilación mediante aire exterior. Bien mediante el propio sistema de climatización (si dispone de tomas de aire exterior y la potencia instalada del equipo lo permite) o bien mediante apertura de puertas o ventanas, priorizando la adecuada ventilación y renovación del aire al confort térmico.
- Adecuación de las tasas de ocupación de los locales al nivel de ventilación existente. Como cifra orientativa, se debería garantizar una tasa de ventilación equivalente a 12,5 litros por segundo y por persona.
- Empleo de filtros de aire de alta eficacia de retención (HEPA 13 o superior) en equipos de climatización existentes, o sustitución de los filtros existentes por otros de mayor eficacia hasta donde lo permita la presión disponible en el ventilador del equipo.
- Utilización de equipos de filtración y purificación de aire que empleen tecnologías con eficacia probada para la retención de aerosoles de pequeño diámetro (filtros de alta eficacia) y sistemas germicidas con eficacia probada en inactivación del virus. Estas tecnologías se pueden implementar en equipos de climatización existentes o bien en equipos autónomos suplementarios, siempre que se garantice la seguridad de las personas y la no emisión de subproductos perjudiciales como el ozono.
- Revisión de los patrones de flujo de aire existentes en los espacios interiores, evitando en lo posible los flujos cruzados de aire entre personas especialmente a la altura respirable.
- Verificación de presiones negativas en zonas de posible aerosolización del virus, como aseos y sus zonas adyacentes, para garantizar la contención de aerosoles y limitar su propagación al resto de zonas del edificio.
- Uso de los EPI, como mascarillas N95 en ambientes sanitarios.
A pesar de todas estas consideraciones, es importante destacar la necesidad de nuevos estudios científicos que permitan reducir las incertidumbres sobre el papel que tiene la ruta airborne en la transmisión del SARS-CoV-2. En definitiva, poner en contexto su importancia relativa respecto a otras rutas de transmisión en ambientes interiores.
De Público, especial para Página/12
16 de julio de 2020
Alberto Fernández recibió a Axel Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta
La definición sobre la cuarentena pasó al viernes
Pese al récord de contagios registrado el miércoles, sigue en pie la idea de flexibilizar y volver a la fase 3. Hoy el Presidente recibirá a los epidemiólogos en Olivos.
Por Fernando Cibeira
Alberto Fernández ayer en Olivos junto a Cecilia Todesca y Fernanda Raverta.
El presidente Alberto Fernández esperará hasta el viernes al mediodía para anunciar cómo sigue la cuarentena, después del récord de contagios y de fallecidos registrados este miércoles. Fernández se reunió durante dos horas en Olivos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quienes le acercaron sus propuestas de flexibilización y vuelta a una fase 3. Pero ahora será crucial lo que le digan los infectólogos, a quienes recibirá esta tarde. En principio, sigue firme la idea de flexibilizar. Tanto en la gestión bonaerense como en la porteña respondían que el número de contagios se mantenía dentro de lo esperable y que no es el único indicador que se debe atender.
Kicillof y Rodríguez Larreta llegaron junto a sus principales funcionarios. El gobernador y jefe de gobierno habían mantenido un primer encuentro el lunes, al que luego siguieron el martes una reunión de sus jefes de gabinete y ministros, con el objetivo de afinar detalles sobre la apertura. Después de algunas declaraciones públicas en las que parecía que cada jurisdicción iba a tomar caminos diferentes, estos encuentros sirvieron para mantener la unidad de criterios en el AMBA, desde hace varias semanas el epicentro de la pandemia en el país. El gobierno nacional insistió para que la unidad no se rompiera con la idea de que a la gente le da mayores certezas ver a las tres gestiones decidir de común acuerdo.
Fernández los recibió pasadas las 19 junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García, y los secretarios de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y Julio Vitobello. A Kicillof lo acompañó su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro Daniel Gollán mientras que Rodríguez Larreta llegó junto a Diego Santilli, Felipe Miguel y Fernán Quirós. Para esa hora ya conocían los números de contagios, que se suponía que serían más bajos, consecuencia del endurecimiento de la cuarentena decidida dos semanas atrás. Así lo habían marcado los especialistas, que explican que los contagios del día son los que se produjeron entre 10 y 14 días atrás. Pero ocurrió lo contrario, los números del miércoles pegaron un salto hasta los 4.250 casos -2.734 en la Provincia y 1.220 en la Capital- y 82 muertes. Esta tarde, como hace habitualmente cada vez que decide una nueva prórroga, el Presidente recibirá junto a Ginés González García al comité de infectólogos que lo asesora para hacer un análisis de la situación y resolver qué decisión tomar.
"Siguen estando dentro de lo esperado", comentaban en la gobernación respecto a los casos. Tanto los funcionarios de Kicillof como de Rodríguez Larreta explicaban que no era el único número que se debía observar, porque hay que tener en cuenta también la ocupación de camas -que ayer alcanzó el 63,7 por ciento- y el ratio de contagios, que mide la velocidad de duplicación de casos. Eso es lo que también se verá en detalle en el encuentro de hoy.
Kicillof y Rodríguez Larreta tienen listo los protocolos para la reapertura de las actividades que se habían flexibilizado durante la fase 3. Principalmente industrias en la Provincia y comercios en la Capital. Igual, en territorio bonaerense también planean reabrir los comercios de cercanía e ir hacia una apertura progresiva, algo que vienen reclamando muchos intendentes, quienes a su vez reciben a diario las quejas de los comerciantes. También habrá salidas recreativas breves para los niños, que además podrán seguir acompañando a sus padres para las compras.
En este nuevo esquema, la idea de la gobernación es darle mayor autonomía a los intendentes para que resuelvan las flexibilizaciones de la manera que crean más conveniente. La intención es ir permitiendo la vuelta de todas las actividades posibles con protocolo sanitario, manteniendo el veto respecto a lo que represente conglomeración de personas en lugares cerrados: cines, teatros, restaurantes, bares, salones de fiesta y demás.
En la Ciudad desde hace días vienen insistiendo sobre la posibilidad de reabrir unos 70 mil comercios de cercanía, más otros 10 mil que se distribuyen a lo largo de las avenidas principales. Hay más de 100 protocolos de actividades que ya pasaron el filtro de las autoridades sanitarias y que ahora esperan el momento de ponerse en marcha. También volverán las actividades físicas al aire libre, los famosos "runners" en los parques y plazas. Por otro lado, los chicos podrán salir todos los días de las vacaciones de invierno que arrancan el lunes para hacer salida recreativa junto a sus padres, en un horario determinado que se fijará entre la media mañana y la tarde.
Hay rubros más complicados que todavía deberán esperar unos días, como es el caso de las peluquerías. También continuará la prohibición respecto a las reuniones sociales, con un primer alerta con el Día del Amigo, que justamente se celebra el lunes.
Nunca hubo confirmación, pero se suponía que el adelantamiento de la reunión entre Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta obedecía al deseo de anticipar el anuncio para hoy y no esperar hasta el último día, dado el acuerdo que existía respecto a lo que se debía hacer. Pero el récord de casos llevó a esperar un poco y escuchar nuevamente la opinión de los especialistas. Tal vez el número de contagios hoy ayude y baje un poco.
16 de julio de 2020
El ministro de Salud de CABA presentó un estudio sobre la Villa 31
Fernán Quirós: "Por cada caso positivo detectado hubo nueve no descubiertos"
La Fundación Instituto Leloir, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Departamento de Investigación del Hospital Italiano investigaron la curva de contagios en el barrio.
Imagen: Sandra Cartasso
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, informó este miércoles que un estudio realizado en el Barrio Mugica (ex Villa 31) sobre "la evolución completa de la curva de contagios" de coronavirus, que incluye los test PCR para su diagnóstico y de seroprevalencia (para determinar si la persona tiene anticuerpos), arrojó que por cada caso positivo de coronavirus hubo nueve infectados que no fueron detectados.
"Lo que hicimos en el Barrio 31 (de Retiro) fue un estudio de investigación que consistió en esperar la evolución completa, que dura entre seis y ocho semanas, ya que cada barrio tiene su propia curva, y cuando el R (índice de contagiosidad) estaba en 0,6% se hizo un estudio de seroprevalencia, con el método Elisa, para saber cuántas personas del barrio estuvieron enfermas", explicó Quirós durante una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño.
Al respecto, el funcionario indicó que se identificaron 2.949 personas con PCR positivo en todo el Barrio Mugica, lo que significa que "el 5,9% tuvo enfermedad con testeo positivo", explicó. "Pero si uno hace muestreo con seroprevalencia o test de anticuerpos, el 53 por ciento del barrio tuvo coronavirus", describió en base al trabajo realizado junto a la Fundación Instituto Leloir, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Departamento de Investigación del Hospital Italiano.
"La relación entre los PCR positivos y los que tuvieron la enfermedad (detectados por seroprevalencia) es de 1 a 9", precisó Quirós y explicó que se trata de lo que definió como la lógica del iceberg: "Nosotros diagnosticamos la parte de arriba, los que tienen síntomas, y algunos contactos estrechos, pero debajo del agua está el resto, los asintomáticos". "Este número se ha reportado en varias ciudades del mundo, por cada uno que da positivo hay otros 9 o 10 contagiados, que ya tuvieron la enfermedad y anticuerpos. Actualmente, más de 10 barrios porteños han tenido la curva completa", concluyó el funcionario al brindar hoy en la sede del Gobierno porteño un informe de la evolución de la pandemia en el distrito.
"Lo que hicimos en el Barrio 31 (de Retiro) fue un estudio de investigación que consistió en esperar la evolución completa, que dura entre seis y ocho semanas, ya que cada barrio tiene su propia curva, y cuando el R (índice de contagiosidad) estaba en 0,6% se hizo un estudio de seroprevalencia, con el método Elisa, para saber cuántas personas del barrio estuvieron enfermas", explicó Quirós durante una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño.
Al respecto, el funcionario indicó que se identificaron 2.949 personas con PCR positivo en todo el Barrio Mugica, lo que significa que "el 5,9% tuvo enfermedad con testeo positivo", explicó. "Pero si uno hace muestreo con seroprevalencia o test de anticuerpos, el 53 por ciento del barrio tuvo coronavirus", describió en base al trabajo realizado junto a la Fundación Instituto Leloir, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Departamento de Investigación del Hospital Italiano.
"La relación entre los PCR positivos y los que tuvieron la enfermedad (detectados por seroprevalencia) es de 1 a 9", precisó Quirós y explicó que se trata de lo que definió como la lógica del iceberg: "Nosotros diagnosticamos la parte de arriba, los que tienen síntomas, y algunos contactos estrechos, pero debajo del agua está el resto, los asintomáticos". "Este número se ha reportado en varias ciudades del mundo, por cada uno que da positivo hay otros 9 o 10 contagiados, que ya tuvieron la enfermedad y anticuerpos. Actualmente, más de 10 barrios porteños han tenido la curva completa", concluyó el funcionario al brindar hoy en la sede del Gobierno porteño un informe de la evolución de la pandemia en el distrito.
16 de julio de 2020
Científicos de la UNLP desmienten una fake news televisiva
Coronavirus: el donante de plasma no pierde sus anticuerpos
En la donación de plasma, las células sanguíneas se reintegran al donante.
Imagen: EFE
Imagen: EFE
Investigadores de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata aclararon este miércoles que el paciente recuperado de coronavirus que dona plasma no pierde anticuerpos, como circuló en medios televisivos, informó esa casa de altos estudios.
Los especialistas alertaron sobre informaciones falsas respecto de este tratamiento experimental para coronavirus y destacaron que "si bien todavía no hay resultados que puedan certificar científicamente que el tratamiento funciona, lo que sí se sabe es que no perjudica a la persona donante". "Resultados preliminares permiten considerar a esta terapia como promisoria, principalmente en casos severos", afirmaron en un comunicado desde la facultad platense.
Guillermo Docena, investigador del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP) de la facultad de Ciencias Exactas (UNLP-Conicet) expresó que, frente a testimonios que circularon en medios televisivos, "es importante afirmar que donar plasma no disminuye los anticuerpos de la persona donante".
Algunas investigaciones están demostrando que los anticuerpos que genera el organismo luego de padecer la enfermedad disminuyen pasados los primeros 2 o 3 meses de la infección, pero es algo que todavía está en estudio. A diferencia de lo que ha pasado en infecciones con otros virus, como el SARS o el MERS, "el SARS-COV-2 genera una inmunidad protectiva que dura unos pocos meses". "Se trata de una enfermedad emergente y estamos aprendiendo cómo funciona el sistema inmune", aclaró el científico.
También se están conociendo hipótesis de investigaciones que alertan sobre la posibilidad de reincidencia de la enfermedad o reinfecciones en personas que hayan sido contagiadas con el coronavirus que pueden generar las formas más severas de la covid-19, como plantea una reciente publicación de la revista cientfica BMJ Global Health.
"Si bien se trata de una hipótesis, de confirmarse tendría implicancias relevantes en el tratamiento de coronavirus. Pero de momento, estas son solo hipótesis y se requiere de más estudios para confirmarlo o descartarlo", sostuvo Docena.
Destacó que "lo cierto es que en esta enfermedad --que sigue siendo desconocida en muchos aspectos-- el cuidado, el distanciamiento y la higiene son los métodos más seguros de prevención, hasta tanto tengamos una o más vacunas aprobadas para un uso seguro y eficaz en humanos".
Además, los académicos recordaron: "Cuando se le saca plasma a una persona convaleciente, las células se le reintegran al paciente dador y sólo se extrae el líquido que las contiene. El dador mantiene las células y la capacidad de seguir produciendo anticuerpos".
Los especialistas alertaron sobre informaciones falsas respecto de este tratamiento experimental para coronavirus y destacaron que "si bien todavía no hay resultados que puedan certificar científicamente que el tratamiento funciona, lo que sí se sabe es que no perjudica a la persona donante". "Resultados preliminares permiten considerar a esta terapia como promisoria, principalmente en casos severos", afirmaron en un comunicado desde la facultad platense.
Guillermo Docena, investigador del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP) de la facultad de Ciencias Exactas (UNLP-Conicet) expresó que, frente a testimonios que circularon en medios televisivos, "es importante afirmar que donar plasma no disminuye los anticuerpos de la persona donante".
Algunas investigaciones están demostrando que los anticuerpos que genera el organismo luego de padecer la enfermedad disminuyen pasados los primeros 2 o 3 meses de la infección, pero es algo que todavía está en estudio. A diferencia de lo que ha pasado en infecciones con otros virus, como el SARS o el MERS, "el SARS-COV-2 genera una inmunidad protectiva que dura unos pocos meses". "Se trata de una enfermedad emergente y estamos aprendiendo cómo funciona el sistema inmune", aclaró el científico.
También se están conociendo hipótesis de investigaciones que alertan sobre la posibilidad de reincidencia de la enfermedad o reinfecciones en personas que hayan sido contagiadas con el coronavirus que pueden generar las formas más severas de la covid-19, como plantea una reciente publicación de la revista cientfica BMJ Global Health.
"Si bien se trata de una hipótesis, de confirmarse tendría implicancias relevantes en el tratamiento de coronavirus. Pero de momento, estas son solo hipótesis y se requiere de más estudios para confirmarlo o descartarlo", sostuvo Docena.
Destacó que "lo cierto es que en esta enfermedad --que sigue siendo desconocida en muchos aspectos-- el cuidado, el distanciamiento y la higiene son los métodos más seguros de prevención, hasta tanto tengamos una o más vacunas aprobadas para un uso seguro y eficaz en humanos".
Además, los académicos recordaron: "Cuando se le saca plasma a una persona convaleciente, las células se le reintegran al paciente dador y sólo se extrae el líquido que las contiene. El dador mantiene las células y la capacidad de seguir produciendo anticuerpos".
16 de julio de 2020
Secretarios de Derechos Humanos contra la violencia institucional
Pietragalla: "Todos necesitamos saber qué pasó con Facundo"
El Consejo Federal de Derechos Humanos se reunió en forma remota. Marcaron la urgencia de un cambio en la formación de las fuerzas de seguridad, y la necesidad de que en los casos de violencia institucional actúen todos los poderes del Estado.
Todos los participantes del Consejo Federal de Derechos Humanos estuvieron de acuerdo en que la erradicación de este tipo de violencia no es solo tarea de los poderes ejecutivos. “Los graves casos que se reiteran y en los que se vieron involucrados miembros de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, en casi todo el territorio nacional, nos llevan a manifestar que, para erradicar de una vez por todas la violencia institucional de nuestra democracia, necesitamos el compromiso de todos”, dicen en el documento que firmaron. "Es necesario un Poder Judicial que avance con rapidez para el esclarecimiento de los casos, que enjuicie y castigue a los responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos", enumeraron.
Ante la pregunta por la agenda específica sobre la que trabajaron durante la reunión, Pietragalla respondió que “tratamos de no hablar de una provincia o situación puntual. La situación es compleja en todo el país, aunque hay jurisdicciones más difíciles por la historia más compleja que tienen con las fuerzas de seguridad”.
Sobre el caso de Facundo Castro -el joven que lleva más de 70 días desaparecido y que fue visto por última vez cuando dos policías lo subían a una camioneta cerca de Mayor Buratovich- Pietragalla Corti comentó que, durante el encuentro, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, explicó en la reunión en qué instancia se encuentra la búsqueda y la investigación. "Desde ambas secretarías se puso todo a disposición de los abogados y la familia del joven", aseguró Pietragalla. “Hoy está actuando la Justicia en una causa federal y esperemos que rápidamente tengamos una respuesta. Todos tenemos la necesidad de saber qué pasó con Facundo. La familia está pasando por la situación sumamente angustiante, pero todos queremos respuestas y estamos poniendo todas las herramientas del Estado a disposición de la Justicia para que se pueda avanzar en la investigación", aseguró.
El funcionario resalta que el concepto de derechos humanos debe ser amplio y, por tanto, el combate a la violencia institucional es para su gestión un eje fundamental: “no nos puede pasar más que nos pongamos contentos por señalizar una comisaría donde se torturó en la última dictadura cívico-militar a compañeros detenidos-desaparecidos o sobrevivientes, y que después de eso, salgamos felices, y en esa misma comisaría señalizada, esa noche pueda ocurrir un caso de tortura, de apremios ilegales o un caso de violación a los derechos humanos”, graficó. “Esto es un compromiso que tenemos que asumir todos los que formamos parte del Estado y también la ciudadanía, denunciando y no avalando estos casos, ni la justicia por mano propia”.
Los funcionarios de Derechos Humanos de todo el país marcaron como prioridad la necesidad de un cambio en la formación de las fuerzas de seguridad y de que éstas lo asuman como un mayor compromiso. “Es importante que los miembros de las fuerzas entiendan que llevar adelante políticas contra la violencia institucional es una clara defensa de las instituciones y sus miembros. La habilitación a cometer actos ilegales sólo responsabiliza y genera futuras sanciones a ellos mismos y casi nunca a las conducciones políticas”, aseguraron.
Pietragalla Corti sumó que “además de ser necesarios los cambios en la formación, también es importante que las normativas provinciales y municipales estén enmarcadas en los respetos a los derechis humanos y las garantías constitucionales”. “También es fundamental garantizar los mecanismos provinciales contra la tortura. Hay provincias que todavía no los tienen aprobados y tenemos que trabajar arduamente para que todas cuenten con ello”, concluyó.
Informe: Melisa Molina.
16 de julio de 2020
El fiscal Pollicita solicitó rastrear e intentar recuperar los fondos del Banco Nación
En busca del dinero que evaporó Vicentin
Le encomendó la tarea a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. El foco está puesto en los directivos de la empresa y los funcionarios macristas.
Se estima que Vicentin fugó unos 88.000 millones de pesos en 100 días.
Imagen: Sebastián Vargas
Imagen: Sebastián Vargas
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes rastrear e intentar recuperar los fondos provenientes del fraude al Banco Nación cometido por los directivos de la empresa Vicentin en connivencia con funcionarios del macrismo.
El funcionario judicial remarca en su dictamen que el Procurador General de la Nación ha instruido a los fiscales a través de diversas resoluciones para que en las causas donde se investigan hechos de corrupción se soliciten en forma temprana las medidas necesarias para asegurar el recupero de los activos provenientes de hechos de corrupción.
Con ese fin se creó dentro de la Procuraduría la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, cuya función central es justamente la de detectar y decomisar bienes y fondos provenientes de delitos, especialmente los vinculados con la criminalidad compleja y el crimen organizado.
En línea con esas recomendaciones es que el fiscal pide avanzar en la investigación patrimonial de las personas físicas y jurídicas sobre las que se requirió adopción de medidas cautelares, así como también rastrear los fondos derivados del presunto otorgamiento irregular de los préstamos, así como también del dinero que Vicentin y Algodonera Avellaneda poseían en las cuentas de garantía en el Banco Nación
Página/12 detalló este martes la sospechosa desaparición de los activos de la empresa desde las semanas previas a que declarara el default hasta el momento en que presentara el pedido de convocatoria de acreedores. Concretamente, entre el 31 de octubre de 2019 y mediados de febrero los activos de Vicentin sufrieron pérdidas por más de 88.000 millones de pesos, unos 1450 millones de dólares (al valor de la divisa comercial en diciembre). La cifra equivale al total de la deuda con terceros por la que se decretó la convocatoria.
La estimación fue realizada por el investigador Juan Chiummiento, del portal de negocios Puntobiz, quien comparó datos de KPMG, auditora de Vicentin, e información volcada por la cerealera en otras causas judiciales, al 31 de octubre de 2019, con los saldos registrados en las mismas cuentas declaradas a mediados de febrero de este año, momento en que se pidió la apertura del concurso de acreedores.
Por ejemplo, el principal ítem del activo de la cerealera es Bienes de Cambio, que entre materias primas (granos comprados a los productores), productos elaborados (aceites, harinas y otros derivados del procesamiento) y otros rubros menores (insumos, productos de reventa) totalizaba una cifra superior a los 84.000 millones de pesos a octubre de 2019. Cien días después, en el informe de activos y pasivos que Vicentin presentó al momento de solicitar el concurso de acreedores, la cuenta Bienes de Cambio presentaba un saldo de 610 millones de pesos. Es decir, menos del uno por ciento que el saldo que tenía a fines de octubre.
El foco judicial está puesto en 26 personas sobre las que el fiscal ya solicitó la inhibición general de bienes. Entre ellas figuran el ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, el exvicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach, y los directores Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Ercilia Antonia Nofal. También le apuntó al gerente general Juan José Fragati, la subgerente general de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda, el subgerente general de Banca Corporativa, Martín Enrique González, la subgerente Departamental de Soporte Crediticio, Maricel Moschini, los gerentes de la zonal Reconquista José Luis Testa y Luis María Restelli, y los gerentes de la sucursal Reconquista Darío Giaccosa y Néstor Ariel Bled. La lista también incluyó a los directivos de la compañía Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) había pedido la inhibición general de bienes también para el ex presidente Mauricio Macri, el presidente del Banco Central Guido Sandleris y los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, pero en su dictamen de la semana pasada Pollicita sostuvo que por ahora no hay datos en la investigación que los impliquen.
Fuente:Pagina12
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