Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2020
La Legislatura porteña aprobó esta tarde la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).El proyecto de ley fue aprobado con 49 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones.
El proyecto de Ley para la adhesión al protocolo ILE había sido presentado en febrero último por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de más de 40 diputados, de un total de 60.
Sin embargo, la iniciativa no había sido tratada en comisiones y su debate en el recinto no estaba anunciado para la sesión ordinaria de hoy. Por lo tanto, se estima que su ingreso al recinto fue resultado de negociaciones que llevaron adelante los bloques políticos hasta último momento.
Debido a los protocolos establecidos para contener la propagación del coronavirus, la sesión de hoy se realizó con modalidad mixta, es decir con algunos diputados presentes y otros que participaron de manera remota.
El legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, autor del proyecto original de adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo del Ministerio de Salud Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el mes de diciembre de 2019, saludó la aprobación de este protocolo y reclamó la aprobación del aborto legal en el Congreso de manera urgente»
Resumen Latinoamericano, 16 julio de 2020.
En diálogo con Víctor Hugo Morales, el mandatario desmintió que la Argentina haya cambiado su postura. Dijo que ante la ONU se pidió que «se preserve el respeto a los derechos humanos» y «el fin del bloqueo». Ratificó que no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y aseguró que «la Argentina no ha renunciado al Grupo de Lima pero no participa”.
Imagen: NA
En diálogo con AM750, el presidente Alberto Fernández negó que la Argentina haya emitido alguna nueva condena hacia la administración de Nicolás Maduro y salió a aclarar la postura del Gobierno sobre la situación en Venezuela que, según dijo, en las últimas horas fue “sesgada por algunos medios de comunicación”.
Al referirse a la exposición que realizó durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas, Fernández puntualizó que sus planteos fueron “que se preserven los derechos humanos en Venezuela, como en cualquier lugar del mundo”; que se levante “el bloqueo” contra Venezuela porque “condena al pueblo” a la pobreza; y que en la vida política de ese país no haya intromisión “de ninguna potencia extranjera”.
“No soy yo el que tiene que decirle a los venezolanos lo que tienen que hacer. Ni yo ni (Donald) Trump ni nadie”, sentenció el jefe de Estado durante una entrevista con el programa La Mañana de Víctor Hugo Morales.
Sin cambio de postura
Fernández criticó a los medios de comunicación que hicieron hincapié en una supuesta nueva condena del Estado argentino sobre los derechos humanos vigentes en ese país. “Lamentablemente se sesga la información y se termina diciendo solo una parte”, cuestionó.
“La Argentina ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y gobierno”, y también se manifestó “preocupada por el bloqueo, porque es un castigo que no merece el pueblo venezolano”. Además, se mostró a favor de “recuperar el diálogo” político “sin intromisión de potencias extranjeras” en la vida institucional venezolana, expresó el Presidente para sintetizar los ejes centrales de la posición expresada en la ONU.
El mandatario aclaró que esa postura fue la misma que él expresó durante lal última reunión por teleconferencia del G-20, ante los líderes internacionales. «Hemos dicho lo que siempre hemos dicho», y en esa ocasión “dije que Argentina veía con mucha preocupación quede que en medio de la pandemia se condene a pueblos como el de Venezuela y Cuba a bloqueos solo condenan a la miseria”, insistió. “Y se lo he dicho a los líderes del mundo, no a los compañeros del partido”, remarcó.
“Lo que debemos hacer los pueblos hermanos es ayudar al diálogo”
“Yo no voy a promover ningún golpe de Estado contra ningún presidente. Por eso no reconocí al gobierno de Bolivia. Yo soy un hombre de la democracia”, sentenció Alberto Fernández.
“Lo que debemos hacer los pueblos hermanos es ayudar al diálogo”, prosiguió y expresó su “preocupación” por lo que ocurre en países como Ecuador y Bolivia. “He recibido refugiados de Bolivia para preservar sus derechos” que fueron afectados por “un régimen que también está cuestionado”, dijo en referencia al gobierno de facto de Jeanine Áñez.
“Para cualquier argentino de bien, los derechos humanos son una obligación de la cual tenemos que preocuparnos”, pero esto “no significa que avalemos cuestiones que tienen más que ver con la geopolítica que con la política real de los pueblos”, definió y negó que su gobierno esté a favor de “intervenir en Venezuela para hacer una democracia a medida de otros”.
En este sentido, ratificó “la legitimidad” del gobierno de Maduro y aseveró que por ello la Argentina “no reconoce a (el autodesignado presidente Juan) Guaidó, como sí lo hizo el gobierno anterior”, a cargo de Mauricio Macri.
Por otra parte, evitó referirse al informe de comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, quien emitió un crítico informe sobre la situación en el país caribeño. “No sé lo que dijo el Alto Comisionado, sé lo que dije yo” y “no es cierta la idea que está ventilándose”, criticó.
Elecciones, Grupo de Lima y ProSur
El Presidente aclaró que cuando en la declaración argentina se habla del proceso electoral venezolano, se refiere al actual calendario aprobado por el gobierno bolivariano. “Hay un proceso electoral, con Consejo Electoral para el cual se convocó a la oposición. Tenemos que ayudar a que los venezolanos encuentren una solución”, definió.
Alberto Fernández también se refirió al rol de la Argentina en la región y cuestionó al Grupo de Lima y al ProSur, los organismos impulsados por los gobiernos de derecha durante los últimos cuatro años, en detrimento de los que ya existían.
“Se crearon con cierta ideología y para dividir al continente, y yo quiero unir al continente”, aseguró y aclaró que “en el Grupo de Lima solo nos quedamos para presentar nuestras diferencias y nunca participé de ninguna discusión del ProSur”.
Esta fue textualmente la posicion argentina en DD.HH de la ONU, a través del embajador argentino Fernando Villegas:
Señora Presidenta:
Leímos con detenimiento el informe y las recomendaciones.
Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela. Esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como ha reconocido la Alta Comisionada.
También coincidimos en que sólo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado de la Alta Comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos.
Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada por los propios venezolanos, a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este Consejo.
Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y sus mecanismos, a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en su informe y a continuar incrementando la cooperación con su Oficina.
Muchas gracias.
25 claves del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela
A continuación, presentamos 25 claves de la investigación expuesta por Bachelet:
“El ACNUDH sigue preocupado por la falta de independencia que padece el sistema de justicia en la República Bolivariana de Venezuela, como fue manifestado en sus informes anteriores por los órganos de tratados y de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, durante el examen periódico universal de la República Bolivariana de Venezuela y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Refiriéndose al principio de independencia del sistema judicial, “el ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical. Todo ello merma la capacidad del poder judicial para
controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los
derechos humanos”.
“Al ACNUDH le preocupa que la inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deje expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas. La información de que dispone el ACNUDH refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal”.
“Según la información recibida por el ACNUDH, el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares de los Estados Unidos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia”.
La alta comisionada llamó la atención sobre “la composición actual del TSJ”. “Según la información recibida, dicho proceso de nombramiento no respetó los plazos previstos por la ley y los recursos legales presentados a posteriori en relación con las calificaciones de los candidatos no fueron resueltos”.
“El ACNUDH está también preocupado ante el continuado uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles”.
“Otra fuente de seria preocupación es el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando interno del TSJ en lugar de mediante una ley de la Asamblea Nacional, y cuyos procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo”.
“Las víctimas de violaciones de los derechos humanos se ven confrontadas a barreras jurídicas, políticas y socioeconómicas para acceder a la justicia; las mujeres, en particular, enfrentan retos específicos por motivos de género”.
“En los casos de violaciones del derecho a la vida presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, el ACNUDH detectó los obstáculos con los que se enfrentaba el Ministerio Publico para llevar a cabo investigaciones eficaces. Uno de los principales obstáculos estructurales es el hecho de que las investigaciones de delitos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad están supeditadas al trabajo forense del Cicpc, el cual rinde cuentas directamente al Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz”.
“En cuanto a los casos de muertes en el contexto de protestas, familiares de las víctimas manifestaron al ACNUDH que, si bien el Ministerio Publico cursó numerosas solicitudes de información, la Guardia Nacional Bolivariana se negó a transmitir los nombres de los agentes que habían participado en las operaciones”.
“El ACNUDH identificó desafíos para garantizar la debida diligencia en la atención a las víctimas. Las personas entrevistadas indicaron que quienes trabajan en el sistema judicial son o incapaces de tramitar tales casos y realizar un seguimiento de los mismos (por falta de capacitación o infraestructura), o bien no están dispuestos a hacerlo”.
“El ACNUDH documentó que en los presuntos casos de desapariciones forzadas los tribunales no actuaban generalmente con la debida diligencia”.
“Varias fuentes informaron al ACNUDH de que, cuando en las audiencias se daba cuenta a los jueces de casos de tortura o malos tratos, ellos solían responder que el examen de tales denuncias no formaba parte de su competencia a pesar de que la obligación de investigar cualquier alegato de tortura se encuentra tanto en la legislación nacional, como en los tratados internacionales de los que la República Bolivariana de Venezuela es parte”.
“El ACNUDH documentó 16 casos de tortura o malos tratos cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020. El número real podría ser significativamente más elevado en vista de los patrones de desapariciones forzadas por un breve periodo de tiempo, detenciones arbitrarias y prisión incomunicada, los cuales suelen aumentar el riesgo de tortura y malos tratos”.
“Además, el ACNUDH recibió informes en que se señalaba la existencia de estereotipos de género indebidos en el sistema jurídico y violencia de género en forma de amenazas, maltrato y violencia verbal por parte de funcionarios públicos y agentes judiciales”.
“El ACNUDH recibió información sobre obstáculos adicionales en el acceso a la justicia desde la declaración del “estado de alarma” el 13 de marzo debido al COVID-19. Abogados y ONG que brindan a apoyo a víctimas reportaron que el sistema de justicia no había establecido mecanismos eficaces para procesar acciones urgentes”.
“El ACNUDH recibió información sobre presuntos casos de trata de personas, inclusive de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, que eran llevadas a Trinidad y Tobago y Curaçao”.
“Debido a la falta de transparencia sobre esta materia, el ACNUDH no es capaz de determinar en qué medida el Gobierno ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal en el Arco Minero del Orinoco (AMO)”.
“La información de que dispone el ACNUDH indica que gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados. Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”.
“Diversos testimonios documentados por el ACNUDH indican que los niveles alcanzados por la explotación de la mano de obra, el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales”.
“La mayor parte del trabajo en el AMO es informal, y las personas que lo realizan no tienen contratos. El ACNUDH ha identificado un patrón de explotación laboral en cuyo marco los mineros se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro extraído a los diversos actores que controlan las minas”.
“Otra repercusión grave sobre la salud y el medio ambiente en el AMO es la contaminación resultante del uso generalizado de mercurio”.
23. “Entre los castigos también se incluyen asesinatos. Por ejemplo, el ACNUDH recibió información sobre dos hombres adolescentes que fueron ejecutados tras ser acusados de ser agentes infiltrados de otro “sindicato”; un minero de 27 años fue asesinado por un miembro de un “sindicato” que le acusó de tener una aventura amorosa con su esposa, y un joven fue asesinado por robar 25 gramos de oro”.
24.- “La violencia también se origina en disputas por el control de las minas. A partir de un análisis de información de fuentes abiertas, el ACNUDH identificó 16 enfrentamientos violentos de este tipo ocurridos en las minas del AMO o en sus alrededores entre marzo de 2016 y marzo de 2020, en el curso de los cuales habrían muerto 140 hombres y nueve mujeres”.
25.- “Los pueblos indígenas informaron al ACNUDH acerca del aumento de la violencia y los actos de intimidación desde 2018. La presencia de unidades militares, bandas criminales y elementos armados menoscaba por lo general la paz y la seguridad en sus comunidades”.
Aquí puedes leer el informe de Bachelet.
“No es la primera vez que preguntamos Dónde está un pibe o una piba en democracia”
Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2020
La histórica organización antirepresiva Correpi motorizó una charla para abordar la exigencia de la inmediata aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Estuvo coordinada por el abogado Ismael Jalil y contó con la participación de Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro; Dante Patrigani, Secretario de DDHH de la CTA Bahía Blanca y Sergio Maldonado, quien aún lucha por justicia en el caso de la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano Santiago. Un diálogo virtual en torno al rol desaparecedor del Estado que aún tras 77 días desde el 30 de abril no explicó qué rol tuvo la policía bonaerense en la desaparición forzada de Facundo. Aparicio anunció que no hará declaraciones hasta que terminen las declaraciones testimoniales que comienzan mañana y explicó que espera que la justicia abra el libro de guardia para tener los dos nombres que faltan de los policías implicados en la desaparición forzada de Facundo y pedir las detenciones. Por su parte, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se presentará mañana en la casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir una audiencia con el gobernador de la Provincia, Axel Kicilof.
La noche del 24 de diciembre de 1983 José Luis Franco de 23 años fue levantado por un patrullero que luego reconoció que lo trasladó a la comisaría N° 11 de esa ciudad. Cuando la familia preguntó por él les informaron que lo habían soltado. Nunca más apareció. Tiempo después, la policía provincial comunicó que el joven resultó “muerto en un enfrentamiento con la policía” y su cuerpo fue hecho aparecer con signos de tortura. Así José se constituyó como el primer desaparecido en democracia. “Aproximadamente hoy hay más de 200 casos de desaparecidos en democracia con intervención estatal previa. La historia dura que tenemos va a ir marcando los casos de Miguel Bru, Luciano Arruga, Jorge Julio López y Santiago Maldonado. Entendemos que debe haber una inmediata aclaración, tiene que aparecer Facundo y nos pareció importante juntar a una serie de compañeros y compañeras que viven muy de cerca esto” introdujo Ismael Jalil, abogado integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
“Cristina Castro no pudo estar porque está destrozada; no puede ni hablar, las operetas desmovilizan. Está sentada para tomar fuerzas para mañana“ explicó Leandro Aparicio. Hoy jueves comenzarán las declaraciones testimoniales con el testimonio de las tres personas que coinciden en que Facundo estuvo a bordo de una camioneta policial entre las 15.30 y las 15.5o del 30 de abril en Mayor Buratovich.
Aparicio hizo mención a su rol como abogado para que los policías que desaparecieron a Daniel Francisco Solano estén condenados, pero hizo hincapié en las maniobras del poder judicial y policial que tuvo que enfrentar y los años que llevó ese trabajo. Aún hoy los policías permanecen libres, portando armas y cobrando el sueldo porque la Corte Suprema de Justicia no confirmó la sentencia. “Hicimos experiencia para advertir lo que está pasando acá. La madre de Facundo, Cristina, me contó lo que percibió en esos rastrillajes; que caiga una testigo de la estratósfera para que no rastrillen la comisaría. La mamá tiene la sensación que lo mataron” afirmó.
Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro, no pudo participar de la charla virtual. “Está sin voz, necesita recuperar fuerzas” | Foto: Vanesa Ganduglia
“Es muy claro que estamos ante una desaparición forzada. Estamos esperando para pedir la detención de los policías el libro de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich; ya tenemos los testimonios, tenemos ubicada la camioneta por el VAIC (sistema gps de los móviles policiales) y restaría identificar a esos dos policías y pedir la detención como para empezar” concluyó. También remarcó que exigen “el perro de Marcos Herrero para que vaya a lugares determinados que queremos marcar” pero precisó que encuentra resistencia en el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.
Desde su hogar, Sergio Maldonado surfeó problemas técnicos para comunicarse y aportó con la experiencia en su lucha por justicia por la desaparición forzada de su hermano Santiago Maldonado en 2017 durante una represión de la gendarmería a la comunidad mapuche Lof en resistencia Cushamen. En Septiembre de 2019 un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia admite que no se realizaron las medidas de pruebas necesarias y reconoce que la autopsia debe ampliare pero descarta la desaparición forzada seguid de muerde de Santiago
“Cuando hablamos de desaparición forzada hablamos de ese conjunto de cosas: aparecen testigos que mágicamente se acuerdan detalles que no podrían haberse acordado, el tema de desviar, esta desidia que hay de parte del poder judicial. Imagínense que a nosotros el Juez Otranto no nos recibió nunca. Eso es el encubrir del Estado”.
Sergio también se refirió a la necesidad de apoyo que tiene la familia de Facundo Astudillo Castro y adhirió al derecho que tienen para solicitar al rastreador Marcos Heredia. “El Estado tiene que garantizarle a la familia todo lo que pida y dar garantías, no tiene que ser un obstáculo o entorpecer. Los organismos, la Correpi generando esta difusión es acoplarse y visibilizar. La familia es la que tiene el sartén por el mango, dictamina, avanza, no tenemos al Estado que cumpla ese rol. Ayer veía cómo a una chica de 14 años la encontró el hermano, a Luis Espinoza también, a Santiago lo encontramos nosotros”, reflexionó Sergio.
“Luis Espinoza fueron seis días y apareció el cuerpo, debería haber aparecido vivo, no su cuerpo. Ahora son más de 70 días y es como el día cero. Como pueblo tenemos que salir y preguntar dónde está Facundo y quiénes son los responsables” planteó Sergio con más de ochoscientas personas participando del vivo que ya cuenta con más de 11.000 reproducciones.
Responsabilidades políticas
En cuanto a la responsabilidad el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el abogado querellante dijo que “si está la Justicia Federal interviniendo, que es un poder independiente del poder ejecutivo y está investigando a un organismo de una provincia, entiendo que también tendría que estar investigado el jefe de ese organismo. Ahora bien, en plena investigación de esa desaparición el jefe de ese organismo viene y hace una auditoría interna y entiendo que recaba más información de la que tengo yo y el fiscal. Entonces el señor Berni se va con toda esa info y entiendo que el fiscal tendría que decirle venga para acá, a ver qué recabo; obviamente no lo hizo. Berni si es que advirtió algo tendría que poner esa información a disposición de la justicia. O también entiendo que puede preparar un escenario para pagar el menor impacto posible”.
Leandro Aparicio también representa a la familia de Katerine Moscoso, víctima de femicidio en Monte Hermoso en 2015, donde él también acusó al Estado. “A esa chica la desaparecieron y pusieron 300 policías que plantaron el cuerpo, estuve 4 años y medio sin ver el expediente. Denuncié a todos esos fiscales, yo ya no puedo probar más nada, ahí si les pediría ayuda a ustedes. Después de 7 días fue enterrada viva en la arena en un pueblo narco como Monte Hermoso, denuncié al procurador, ya no sé a quién más denunciar. Entonces ahí sí creo que las organizaciones vengan a ayudarnos” pidió Leandro y luego se refirió a la causa de Facundo Castro. “En esta causa en concreto, la estrategia es más simple. Berni se fue de Buratovich con más información de la que tengo yo y después mandó 300 federales”.
Por su parte Dante Patrigani, Secretario de DDHH de la CTA Bahía Blanca, hizo referencia al caso del fusilamiento del maestro neuquino Carlos Fuentealba en 2007 donde Jorge Omar Sobisch quedó sin responsabilidad judicial siendo el gobernador de la provincia en ese momento. “Hemos sufrido muchos casos de homicidio y desaparición donde son condenados los autores materiales pero no así los responsables políticos, como en el caso de Kosteki y Santillán donde Solá sigue en un puesto político. Y en este caso es responsabilidad de Berni como Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el gobernador Axel Kicillof” y concluyó “que paguen los ejecutores directos de Facundo y también los responsables políticos”.
Sergio Maldonado se mostró asqueado por las insistentes llamadas que realiza la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich y actual jefa de Cambiemos a Cristina Castro, la madre de Facundo; y también criticó la participación de Berni en el almuerzo televisado con Juanita Viale. “Patricia Bulrrich hizo lo mismo que Berni, la diferencia es que Berni dijo que no descartaba la desaparición forzada; el gobierno de Bullrich dijo no voy a tirar gendarme por la ventana porque necesito la gendarmería para lo que hay que hacer”. El hermano de Santiago Maldonado también hizo referencia indirecta a las declaraciones del gobernador de Buenos Aires que exigió la actuación de la justicia en el caso de Facundo Castro y dijo “hoy el rol no es claro, estamos con sectores que dicen que hay que investigar pero la policía hace lo que se les antoja, gendarmería mata un pibe en bajo flores y no pasa nada, en el gobierno anterior había una clara decisión de ir con las fuerzas para adelante, acá no se dice pero eso está instalado, entonces me parece que habría que tomar una postura y que el gobierno tiene que bajar una línea clara y ahora” afirmó. “La necesidad es hoy hoy tenemos un desaparecido, y el campo popular está muy dividido con la cuarentena, estamos haciendo una charla virtual cuando en otra época estaríamos en la calle manifestándonos para evitar que se siga reprimiendo. Esto va en crecimiento todos los días matan pibes” dijo y concluyó: “me desespera el estar inmovilizado y no poder salir a manifestar, y es necesario porque cuando se dice nunca más es nunca más“.
Audiencia a Axel Kicillof
A 77 días de la desaparición de Facundo Astuillo Castro hoy comenzarán las audiencias donde declararán los tres testigos que vieron al joven a bordo de un móvil policial el 30 de abril en la localidad de Mayor Buratovich. Al mismo tiempo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se presentará en la casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir una audiencia y una entrevista con el gobernador de la Provincia, Axel Kicilof “por la evidente participación de la policía bonaerense” que el gobernador tiene a su cargo.
Fuente: AnRed
Envio:RL
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