17 de julio de 2020
Para preservar el lugar donde podría haber restos de desaparecidos
Ordenan no hacer fosas en el Cementerio de la Santa Cruz
Lo dispuso el juez federal Julio Bavio, a pedido de la Fiscalía Federal en una causa en la que se buscan restos de víctimas del terrorismo estatal.
Por Elena Corvalan
La excavación realizada en 2015
Imagen: megacausasaltablogspot
Imagen: megacausasaltablogspot
La Municipalidad de Salta no podrá abrir una fosa común en el Cementerio de la Santa Cruz. Así lo dispuso ayer el juez federal Julio Bavio al hacer lugar a una medida de no innovar solicitada por el fiscal federal Carlos Amad en el marco de una causa en la que se buscan restos de desaparecidos que habrían sido enterrados en ese lugar durante la vigencia del terrorismo estatal.
"Hacer lugar a la medida cautelar –prohibición de innovar- solicitada en autos y ordenar al Secretario de Ambiente Municipal Aroldo Tonini y al administrador del cementerio de la Santa Cruz de Salta que se abstengan de realizar trabajos de excavación en el Sector 'C'", mandó el juez en una resolución en la que también ordenó a los funcionarios municipales que deben "mantener bajo su responsabilidad, dicho estado en las mismas condiciones en que se encuentra a la fecha".
Se sospecha que en ese sector está la fosa común en la que el Ejército enterró a víctimas del terrorismo estatal, según refieren testigos que han declarado en la Justicia Federal de Salta.
El 14 de este mes el fiscal Amad, tras enterarse por los medios de comunicación de que se iba a excavar una fosa en el Cementerio San Antonio de Padua, solicitó la medida de no innovar. Luego se supo que también había se preveía abrir otra fosa en el Cementerio de la Santa Cruz.
El fiscal señaló que si bien excavaciones realizadas en este último Cementerio en 1984 y 2015 "no arrojaron resultado positivo", en la primera búsqueda se encontraron monedas emitidas en 1975, que indican "que en ese lugar se encontrarían los cuerpos correspondientes al período investigado", por lo que la investigación debería profundizarse. Amad advirtió que "existe un riesgo cierto de que se vea frustrado de manera irreparable el derecho a la verdad, a raíz de los trabajos que puedan desplegase con el propósito de atender la mayor demanda de cementerios locales".
En su resolución el juez destacó que en el marco de la investigación de los delitos de lesa humanidad "el Estado Argentino ha asumido el compromiso de remover cualquier obstáculo que impida la investigación y juzgamiento de los responsables de estos crímenes" y consideró que el pedido de medida cautelar "tiende a lograr que se conserve el estado actual en el que se encuentra el Sector 'C' hasta tanto se diluciden los hechos denunciados". Añadió que por esto "se debe actuar con extrema rigurosidad en pro de la conservación del estado actual del sector 'C' del cementerio de la Santa Cruz".
Tres testigos han referido la existencia de un enterratorio común de víctimas del terrorismo en este Cementerio municipal de Salta. El odontólogo Manuel José Costello contó que había una fosa común “enorme” y que podía asegurar que eran restos de más de una persona. Ubicó esta fosa en el fondo del predio. En 2015 se excavó en un lugar del fondo del Cementerio pero se determinó que correspondía a un depósito de sepulturas individuales. Antes, en 1984, se había excavado en el sector C, ahí se encontraron las monedas de 1975.
Costello fue convocado en 1977 por Julio Gamboa, cuñado de la docente Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, quien fue secuestrada y desaparecida en septiembre de 1976, junto a su marido, Domingo "Guilo" Gamboa. Julio Gamboa obtuvo el dato de que su cuñada y su hermano habían sido asesinados y sometidos a explosiones y luego sus restos depositados en una fosa común en el Cementerio municipal. Gamboa convocó a Costello porque había sido el odontólogo de Gemma y de hecho logró identificar un maxilar suyo.
"Sabemos que están ahí"
Mariana Gamboa, hija de Gemma y "Guilo" es querellante en esta causa. Ayer celebró la medida de no innovar, y se esperanzó en que se lleve a cabo otra excavación en el sector C, una vez que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), desfinanciado en la gestión de la alianza Cambiemos, se encuentre en condiciones. "Si tenemos una medida de no innovar nos parece justo poder culminar con un proceso muy doloroso y que no llegamos nunca al final", para que "finalmente se pueda terminar y culminar con ese proceso y poder así poder reencontrarnos con los restos de nuestros familiares".
Gamboa destacó "la importancia de poder aportar a que se continúen las investigaciones por la restitución de los cuerpos de los detenidos desaparecidos en Salta" y aseguró que como organizaciones de derechos humanos que vienen bregando por memoria verdad y justicia en las causas de delitos de lesa humanidad pretenden "poder llegar al final de los procesos de investigación que fueron interrumpidos históricamente desde la década del 70 hasta hoy por no haber tenido la capacidad, tampoco la perseverancia de la justicia".
"Nosotros sabemos que existen los restos de nuestros familiares en fosas comunes y que están en el Cementerio de la Santa Cruz", enfatizó.
Por otro lado, señaló que les "llama poderosamente la atención que el Estado, en este caso el Estado municipal, que se encarga de los cementerios, no se haya comprometido en un proceso de demarcación y señalización de memoria en donde nosotros también, aparte de encontrar los restos, podamos tener alguna placa significativa". Que, "aunque no encontremos el pedacito de hueso que andamos buscando de nuestros familiares", implique un reconocimiento de la responsabilidad que le cabe al Estado municipal por haber sido parte del terrorismo estatal. "Entender que hubo una connivencia de distintos estamentos del Estado, incluido el municipal, que se encargaba de los tratamientos de los muertos en la ciudad de Salta, en donde el terrorismo de Estado tuvo una participación para poder deshacerse de la última parte de los restos de nuestros familiares".
En la causa también declaró el ex empleado municipal Rubén Américo Molina, quien refirió que una noche vio que ingresaban al Cementerio tres camiones Unimog del Ejército, que descargaron cajones, y que él mismo con sus compañeros los enterraron en una fosa ya cavada, ubicada en el noroeste de la parte trasera del panteón del Centro Argentino. Silvano Benancio Gutiérrez, describió que era una fosa común tipo una zanja, que los cajones fueron colocados en fila, a un metro y medio de profundidad. También dijo que escuchó al administrador del cementerio decir que esos cuerpos eran de personas que habían participado en la lucha subversiva de Tucumán.
17 de julio de 2020
Detallado estudio del Banco Nación sobre la "llamativa" pérdida patrimonial en seis meses
Vicentin: No tienen cómo explicar que el capital se esfumó
Un pormenorizado informe echa por tierra con los argumentos de Vicentin que pretenden justificar su colapso financiero. Más de u$s 1300 millones en activos que desaparecen sin explicación, y un balance que se niegan a hacer.
Por Raúl Dellatorre
Activos por más de U$S 880 millones se fueron de Vicentin sin dejar nada a cambio.
Imagen: Sebastián Vargas
Imagen: Sebastián Vargas
Las cifras son contundentes. Las fuentes, irrefutables. El estudio que el Directorio del Banco Nación, a pedido del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, le encargó a dos expertos dio por resultado un informe revelador sobre el comportamiento de los responsables de Vicentin SAIC entre julio de 2019 y febrero de 2020. En apenas seis meses, entre el cierre del último informe trimestral que se conoce de Vicentin (31 de julio) y el momento en que presentó formalmente el pedido de convocatoria de acreedores, la cuarta exportadora cerealera del país perdió el 93 por ciento de su patrimonio neto, que pasó de 616 millones de dólares a 41 millones, las deudas comerciales y financieras (principalmente con el Banco Nación) "crecieron desmedidamente, siendo su destino un fenómeno sumamente llamativo ya que no fueron correspondidos con (un aumento de los) activos del mismo tipo" (dinero en caja o bancos) cuyos saldos, por el contrario, "se vieron reducidos a una mínima expresión". La fecha de cierre de balance, el 31 de octubre, es intermedia a este período de derrumbe inexplicable de la empresa. Pero el balance no se presentó hasta ahora. Su sola inexistencia sugiere que la conducción de Vicentin no tiene forma de explicar lo que, en teoría y por los estudios de procesos de estas características, tendría la apariencia de una maniobra de "vaciamiento de empresa" en perjuicio directo de sus acreedores.
Tras analizar las conclusiones del informe preliminar encargado a los analistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, el Directorio del Banco Nación decidió presentar, junto al comité de acreedores que integra con cooperativas y sindicatos de trabajadores, un nuevo escrito ante el juzgado civil y comercial de Reconquista reclamando una vez más que le exija sin más dilaciones a la concursada Vicentin que presente el balance al 31 de octubre de 2019, ineludible para seguir adelante con el proceso concursal. Máxime cuando, a medida que surgen nuevos elementos, crecen las sospechas sobre maniobras ilegales. Fuga de divisas, ocultamiento de activos y una situación de cesación de pagos que, si se comprobara que estuvo teñida de alguna intencionalidad, supondría un grave delito penal. En similares términos se refirieron al caso los bancos intgrantes del Comité de Acreedores que tramita un procedimiento de "discovery" ante tribunales de Nueva York.
El informe
Los elementos reunidos en la investigación encargada por el Banco Nación revelan que buena parte de los argumentos presentados por las autoridades de Vicentin para justificar el súbito "estrés financiero" de diciembre pasado, declarándose en default, carecen de sustento. La evolución del patrimonio neto de la empresa osciló entre los 150 y 300 millones de dólares entre 2010 y 2016, a partir de allí tuvo un crecimiento explosivo a 365 millones de dólares en 2017, 561 millones en 2018 y alcanza a 616 millones de dólares al 31 de julio de 2019. Pero cae de manera llamativa y sin explicación a 41 millones de dólares seis meses después, de acuerdo a la documentación y los saldos de cuenta que presentó Vicentin a la Justicia Comercial en febrero de este año al pedir la convocatoria de acreedores.
Al respecto, el informe de Gaggero y García Zanotti señala:
"La foja presentada (al juzgado) referente a la situación patrimonial de febrero de 2020 mostró una gran incongruencia. El principal deterioro patrimonial estuvo vinculado a la evolución de los actvos y pasiovos comerciales de Vicentin SAIC. Los activos correspondientes a los créditos por ventas y los bienes de cambio tuvieron una variación negativa por u$s 886 millones entre julio de 2019 y febrero de 2020; del mismo modo, los pasivos comerciales aumentaron en u$s 442 millones en igual período. De esta forma, estos movimientos dieron cuenta de un deterioro patrimonial por u$s 1328 millones. Desde ya, esta variación resultó ser inexplicable dado que ante tal aumento de las deudas debieran ser correspondidos por aumentos de los mencionados activos".
Los 442 millones de dólares referidos como aumento de pasivos comerciales en esos seis meses surgen de la comparación entre el total de deudas de ese origen al 31 de julio, u$s 107,2 millones, y el valor del mismo rubro en los primeros días de febrero, 549,6 millones. Es decir, que la deuda comercial se multiplicó por cinco en seis meses.
Si esto se explicara simplemente por las materias primas recibidas y no pagadas a los productores, al menos ese producto debería figurar en el activo como bienes de cambio. Pero no está. Tampoco como producto procesado si ese hubiera sido su destino, o como fondos líquidos o créditos, si se hubiera exportado.
Esta incongruencia es la que hace insostenible la posición de las autoridades de Vicentin al justificar el colapso por los supuestos cambios en las condiciones de mercado. Y descoloca al propio juez Fabian Lorenzini en su afán de seguir adelante el proceso concursal sin asumir una posición más firme con respecto a la falta del balance.
Estresado y endeudado
Con un endeudamiento creciente, y un patrimonio diluido, Vicentin llegó a febrero de 2020 con una relación de deuda a patrimonio neto de 25 a 1. Claramente, imposible de pagar. La pregunta es si hubo una razón lógica para esa evaporación del activo, mientras seguía trepando el endeudamiento, o fue una situación provocada para justificar un default. Es una hipótesis que ni los investigadores que hicieron el trabajo, ni las autoridades del Banco Nación, descartan.
"Al Banco Nación le interesa poder cobrar el crédito y destinar esos fondos a las pymes y al resto de la actividad productiva, poder dotar de recursos a la entidad que quedó muy golpeada tras la última gestión, y tener mucho cuidado con el trato a las grandes empresas clientes del banco, porque hay que revertir esta tendencia a la concentración del crédito en clientes grandes", subrayó Guillermo Wierzba, director del banco e impulsor de la investigación.
"Hay muchos aspectos en el estudio que merecen una mirada más a fondo sobre el caso Vicentin y nos advierte sobre conductas que pueden no ser exclusivas de esta empresa. Los negocios financieros, la triangulación de exportaciones, el despliegue de empresas controladas en Uruguay, un endeudamiento excesivo y la pérdida de activos. Los números no le cierran y todas las sospechas se resumen en una sola: la falta de balance", sintetizó.
La caída
La escalada
La vuelta a la fase 3 del aislamiento social
Alberto Fernández anuncia la nueva cuarentena con mención a la responsabilidad social
Pese a que los casos no bajaron como se esperaba, hoy se anunciará la reapertura de actividades en el AMBA. Apelarán al cuidado de la gente y advertirán que se puede volver atrás.
Por Fernando Cibeira
Carla Vizzotti expone ayer en Olivos en la reunión con Alberto Fernández y los epidemiólogos.
El presidente Alberto Fernández apelará a la "responsabilidad social" al anunciar hoy la vuelta a la fase 3 de la cuarentena, con reapertura escalonada de comercios e industrias y reanudación de los ejercicios al aire libre. Además, advertirá que si se produce un brote de casos que ponga en riesgo la capacidad del sistema sanitario se volverá todo de nuevo para atrás. Fernández hablará junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la novedad será la participación virtual de los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, de Chaco, Jorge Capitanich, y de Jujuy, Gerardo Morales, tres de las provincias con mayor tasa de contagios en los últimos días.
La reapertura en la Ciudad se iniciará con los comercios de cercanía para seguir con las tiendas de ropa y calzado. Se trata de unos 70 mil comercios barriales más otros 10 mil que funcionan en avenidas principales. Además, volverá la posibilidad de realizar ejercicio al aire libre, con un horario más extenso. También se extenderán las salidas recreativas de los chicos a los días de semana. En la Provincia, se privilegiará la reapertura de industrias y de comercios de cercanía. Otro tipo de actividades quedarían a criterio de los intendentes, que a partir de ahora tendrán mayor autonomía.
Ayer fue el día de la reunión con los especialistas. Lo hizo el Presidente en Olivos y Kicillof en La Plata. Los contagios mostraron una leve baja: fueron 3.624 casos (2.545 en Provincia y 854 en la Capital) y 62 fallecidos. Un alivio respecto a lo sucedido el miércoles, cuando los números se dispararon y por primera vez superaron los 4 mil casos. "Fue como una piña en los dientes", graficó la novedad el infectólogo Tomás Orduna, uno de los integrantes del comité que asesora al Presidente. Explicó que habían anotado el amesetamiento de la curva en torno a los 3 mil y 3.500 casos diarios y se suponía que a partir del miércoles comenzaría a darse una baja, consecuencia del ingreso a una cuarentena más estricta de dos semanas antes. Ocurrió lo contrario. Eso obligó al Presidente a esperar un día más para hacer el anuncio de las flexibilizaciones y tomarse un tiempo para consultar con los sanitaristas.
A esta altura es muy difícil contener la apertura que se viene prometiendo desde hace varios días, algo que comerciantes e industriales esperan con ansiedad para poner en marcha sus negocios. A los gobiernos también les urge que se reanude la actividad económica, con algunos índices en caída libre. Por eso los sanitaristas no cuestionaron la repertura, pero pidieron que esta vuelta a la fase 3 se haga de manera escalonada. Las experiencias en el mundo indican que las reaperturas totales de un día para el otro derivaron en nuevos brotes y la necesidad de volver a cerrar. "Será un reinicio escalonado, siempre acompañando a la gente", sostuvo el infectólogo Eduardo López. Respecto al pico de casos del miércoles, lo adjudicaron en parte a un retraso en la carga de análisis de los laboratorios por el fin de semana largo anterior. Los números de ayer, más a tono con los que se venían dando en la semana, los dejaron más tranquilos.
En definitiva, los integrantes del comité de expertos avalaron la vuelta a las flexibilizaciones pero de manera gradual y con el mantenimiento de las prohibiciones que regían anteriormente: evitar las aglomeraciones en lugares cerrados y también las reuniones sociales. Los asados, cumpleaños, baby shower y demás, mostraron ser importante focos de contagios. En especial en localidades del interior que tienen pocos casos y de repente se encuentran con un rebrote indeseado.
También como hace antes de cada prórroga, Kicillof convocó por su parte a sus funcionarios y su comité de especialistas junto a un grupo de intendentes que pudieron participar de la reunión vía teleconferencia. “Como Estado tenemos la responsabilidad de no dejar que el aislamiento se regule automáticamente. Con la presencia del Estado, nuestra cuarentena ha sido profundamente equitativa, igualitaria y justa", comentó Kicillof. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y su vice, Nicolás Kreplak, detallaron el trabajo realizado durante estos días que permitió seguir ampliando el número de camas y de equipamiento disponible.
Los especialistas coincidieron en la necesidad de promover el uso del tapaboca y de las medidas de higiene y también sugirieron continuar mejorando los sistemas de rastreo para aislar a los pacientes y sus contactos estrechos ante los primeros síntomas. Al respecto, el gobernador explicó lo que se había avanzado en la capacidad de testeo y en el seguimiento de los contactos estrechos. Además, se "sofisticó" el aislamiento de los pacientes leves en centros extrahospitalarios.
Lo extraño del anuncio de hoy será que se relajará la cuarentena cuando los casos siguen subiendo y "se transita hacia el pico", al decir del infectólogo López. Los especialistas sostienen que no hay fijarse en un único índice y mirar también otras variables. Sin embargo, como es lógico, la ocupación de camas también sube: en todo el AMBA ya llegó al 64 por ciento pero el número más preocupante es el que muestra la Capital, ya con el 72,4 por ciento de ocupación. La variable de la que más se agarran los funcionarios bonaerenses y porteños es el de la tasa de duplicación de contagios, que es lenta. También es baja la letalidad, un dato alentador.
17 de julio de 2020
Sorprendentes declaraciones ante la bicameral de Inteligencia
Una ex agente contó cómo la AFI espiaba a Cristina Kirchner
La ex espía describió con lujo de detalles cómo se armaron informes truchos para dar aspecto de legalidad al espionaje a la vicepresidenta y al Instituto Patria. Entre otras cosas, que ella misma tuvo que confeccionar documentación falsa con el contenido que le indicaba un ex secretario del fallecido Claudio Bonadio.
Por Irina Hauser
La mujer que declaró trabajaba en el área de jurídicos de la AFI.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
Una ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que trabajaba en “Asuntos Jurídicos” contó con lujo de detalles ante la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades del organismo cómo se armaron informes truchos para dar aspecto de legalidad al espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria. Uno de los datos que más sorprendió a los diputados y senadores que la escuchaban fue que contó que ella misma tuvo que confeccionar esa documentación falsa con el contenido que le indicaba un ex secretario del fallecido Claudio Bonadio, a quien el juez federal habría mandado a trabajar a la central de espías en 2016.
La mujer dejó mal parada a la ex cúpula de la AFI, al ex jefe de operaciones Alan Ruiz, y a los jefes del área legal, entre ellos Juan Sebastián De Stéfano. También dijo que fueron espiados abogados de las querellas del D’Alessio Gate y que hubo un intento que no prosperó de seguir al diputado Rodolfo Tailhade.
La ex espía es abogada y trabajó en la AFI hasta el 30 de mayo último, según pudo saber Página/12 a través de funcionarios de la investigación sobre el espionaje ilegal. Desde 2016 se desempeñó en los sectores especializados en asuntos jurídicos de las direcciones de Terrorismo y Contrainteligencia. Una de las personas con las que trabajó fue Martín Coste, que estuvo en ambas dependencias. Coste hizo un relato en la Bicameral días atrás en la misma dirección: describió el armado de una ingeniería jurídica sobre los seguimientos en el Patria y en la casa de Recoleta de CFK. Este viernes responderá preguntas en la causa judicial ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
La descripción de la mujer, cuyo nombre aún se mantiene en reserva, confirmó un encuentro que describió Coste donde dijo que él fue enviado por la entonces segunda de la AFI, Silvia Majdalani, a hablar con el ex jefe de jurídicos, De Stéfano, que lo esperaba con Ruiz y que ahí le dijeron que tenían que armar más documentos para justificar el espionaje ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que había abierto una causa penal ante la denuncia de Oscar Parrilli a comienzos de agosto de 2018. La respuesta a ese juez se entregó dos meses después: decía que no hubo espionaje ilegal sino que se intentaba resguardar a la ex presidenta de una alerta de seguridad de grupos anarquistas en el contexto de una causa sobre la organización de la cumbre de G-20. La supuesta advertencia terrorista también llegó tardíamente a esa causa, que instruía Federico Villena.
La abogada y ex espía relató que fue ella la encargada de redactar el informe y que el funcionario que indicaba el contenido era Bernardo Miguens, un ex secretario de Bonadio asignado a la AFI en 2016. Dijo que ocurrió en septiembre de 2018 y que le era imposible negarse porque no tenía ante quién denunciar la situación. Uno de los detalles que dio es que incorporaron algunos nombre de personas “amenazadas” solo para disimular el ensañamiento con CFK, entre los que señaló a Graciela Ocaña y Waldo Wolff.
También dijo que la organización de base anarquista ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje), sobre la que había en teoría alertas de otros servicios de inteligencia, nunca fue investigada realmente. ITS había cometido ataques reales en Chile. A la ex presidenta nadie le notificó amenaza alguna.
Ante la bicameral la ex agente mostró un organigrama de cómo funcionaban sectores claves de la AFI y explicó que las transcripciones de escuchas telefónicas históricamente se hacían en Contrainteligencia pero que, a comienzos de 2018, pasaron a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que también montó una oficina que hacía operaciones de espionaje en la calle, algo atípico en ese sector. Un dato que agregó es que quien hacía transcripciones era la hermana de la jueza federal María Eugenia Cauchetti. De Stefano, jefe de Jurídicos, fue uno de los denunciados el año pasado por el juez Luis Carzoglio como uno de los que le llevaron la orden de detención redactada para Hugo y Pablo Moyano. Otro hombre que daba instrucciones ahí, dijo la ex espía, era Hernán Martiré.
También contó algunos otros episodios de los que supo, como que se intentó espiar al diputado Tailhade, algo a lo que según su versión se habría negado Coste, y que se investigó a un grupo de abogados ligados a las querellas del D’Alessiogate, donde el denunciante Pedro Etchebest dio pie a la mesa investigación sobre una trama de espionaje paraestatal a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Un punto de contacto con el juzgado de Bonadio es que allí se intentaba investigar a los letrados en la causa del llamado “operación puff”, que era un expediente usado para atacar y debilitar al que instruía Ramos Padilla.
El nombre de Bonadio ya había aparecido en la causa en una presentación del abogado de CFK, Carlos Alberto Beraldi, quien entregó actas que muestran que dos ex espías habían participado de allanamientos del caso Hotesur cuando se desempeñaban en la Policía de la Ciudad, fuerza que intervenía de manera atípica por pedido expreso del juez fallecido.
17 de julio de 2020
Derogado durante el macrismo, fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019
Aborto: la Legislatura aprobó la adhesión al protocolo ILE
"La adhesión (al protocolo ILE) es un paso más en la Ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres", dijo la diputada Patricia Vischi, de UCR-Evolución, quien fue la primera oradora del debate y es presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura. Vischi también destacó que el proyecto de ley tuvo el apoyo "transversal de todas las fuerzas políticas" y que la decisión fue tomada "en articulación con la sociedad civil".
El proyecto para la adhesión al protocolo ILE fue presentado en febrero último por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de 42 diputados, de un total de 60.
Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa había representantes de casi todos los bloques políticos presentes en la Legislatura porteña: Vamos Juntos (VJ), Frente de todos (FdT), UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista.
Sin embargo, la postura de cada bloque no fue unánime y, entre los diputados que no apoyaron la adhesión se encuentra Guillermo González Heredia (VJ), quien se definió como "el primer orador (de la sesión) del grupo llamado celeste". "¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo", sostuvo.
De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años, "se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección". En cambio, las niñas menores de 13 años "podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado".
Al respecto, Manuela Thourte (UCR-Evolución), apuntó que "el 90% de los casos de abuso sexual contra niñas son por parte de alguien del entorno familiar, por lo que mal podrían ir a acceder a una ILE con sus padres".
El protocolo ILE establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 --y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012--, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.
En este sentido, Laura Velasco (FdT) afirmó en la sesión, durante el debate, que en Argentina "cada tres horas una menor es madre" y que en la mayoría de los casos, son niñas y adolescentes que sufren situaciones de "violencia intrafamiliar". Y luego agregó: "Vamos por la soberanía sobre nuestros cuerpos, sabiendo que son las más pobres y las más jóvenes quienes mueren por aborto clandestino".
Lucía Romano (VJ), por su parte, mencionó que en el caso de los embarazos que son resultado de una violación, para acceder a la ILE "no hace falta hacer denuncia penal, alcanza con una declaración jurada". Y, respecto a las adolescentes de entre 13 y 16 años, Romano mencionó que el Código Civil de la Nación, reformado en 2015, "reconoce su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo".
Entre las voces que se opusieron al protocolo ILE también se encontró la de Carolina Estebarena (VJ), quien consideró que "se le tiene que dar a las mujeres la opción de no abortar y para eso hay que dar educación y contención", y pidió al Estado "considerar esa tarea y no dejarla solo en manos de las ONG".
En este sentido, el protocolo establece que el acceso a la ILE "implica necesariamente el consentimiento informado por parte de la persona titular del derecho", a quien "el equipo de salud debe brindarle la información necesaria, en lenguaje claro, no sesgada y accesible". El resultado de ese "proceso de consentimiento informado --agrega-- es el documento por el cual, luego de recibir la información pertinente, la persona manifiesta haber decidido en forma autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos".
También participó del debate Ofelia Fernández (FdT), quien afirmó que "en Argentina cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y parir", y agregó que "la ILE ya es un derecho y este protocolo viene a terminar con las restricciones" que impiden acceder a esta práctica.
El protocolo nacional al que adhirió este jueves la Ciudad fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019, ya que había sido derogado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo. Como consecuencia, regía en la Ciudad un protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ana María Bou Pérez (VJ) fue una de las últimas oradoras, y afirmó que "mas allá de las diferencia, el Estado tiene que estar siempre presente en cuestiones de salud".
Actualmente, las provincias de San Juan, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes no tienen protocolo propio ni adhesión al que rige desde 2019, según un relevamiento de la Campaña.
17 de julio de 2020
También impulsa la producción pública del aceite y su expendio en farmacias
Cannabis medicinal: el Gobierno prevé autorizar el cultivo con fines terapéuticos
El Ministerio de Salud elaboró, junto a organizaciones sociales y organismos públicos, una propuesta para reemplazar la reglamentación restrictiva que hizo el macrismo de la ley de cannabis medicinal. Por Nicolás Romero
El borrador que presentó el Ministerio de Salud recoge buena parte de las propuestas de las ong.
Imagen: Dafne Gentinetta
Imagen: Dafne Gentinetta
Haciéndose eco del reclamo de las organizaciones de cultivadores y usuarios del cannabis medicinal, el Ministerio de Salud de la Nación presentó el borrador de una nueva reglamentación de la Ley 27.350, conocida como Ley de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. De acuerdo al texto, se impulsará la producción pública de aceite de cannabis, se permitirá el cultivo con fines terapéuticos y el expendio de aceites en farmacias. Además, amplía las patologías que podrán ser tratadas con cannabis (sólo se autorizaba para pacientes con epilepsia refractaria) y garantiza el acceso gratuito a pacientes que no tengan obra social o prepaga. La propuesta, que recoge gran parte de las demandas de los usuarios, busca reemplazar la reglamentación restrictiva de la ley que hizo el macrismo en 2017, que, además de acotar su uso, criminaliza y mantiene en la ilegalidad a los cultivadores terapéuticos.
La propuesta fue presentada por el titular de la cartera sanitaria, Ginés Gonzáles García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el encuentro virtual de la primera reunión del Consejo Consultivo Honorario sobre la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados. Integrado por representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat); del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); del Instituto Nacional de Semillas (Inase); del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); del Consejo Interuniversitario (CIN); de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLA). A los que se suman integrantes de seis organizaciones civiles que tienen entre sus fines la investigación y el uso terapéutico del cannabis: Mamá Cultiva Argentina, Ciencia Sativa Bariloche, Cannabis Medicinal Río Negro, Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (Cecca) y Cannabis Medicinal Argentina (Cameda).
Alejandro Sierra, integrante de Cecca y director de la revista THC, dijo a este diario que "es un gran avance que en medio de la pandemia el gobierno se esté ocupando de este tema para reemplazar la anterior reglamentación que estuvo muy mal hecha, ya que restringió los alcances de la ley, mantuvo en la ilegalidad a los cultivadores, y fue contra el principal reclamo de las organizaciones que iniciaron el proceso por el cual se sancionó la ley".
Y agregó que en el borrador presentado, que todavía será objeto de discusiones ya que los participantes del encuentro podrán elevar sus opiniones al Ministerio hasta el lunes próximo, hay un esbozo en el que se contemplan las tres formas más comunes del cultivo medicinal: el cultivo personal, el cultivo solidario para terceros y el cultivo agrupado, todas modalidades que excluyen el lucro, y que quedaron plasmadas en el artículo 8 de la reglamentación propuesta.
Este artículo es el eje central de la nueva reglamentación, ya que crea en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el registro nacional voluntario para la inscripción de los pacientes y familiares de pacientes que sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados, al que se denomina “Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). La ley sancionada el 29 de marzo de 2017 establecía la creación del registro, pero la reglamentación punitivista, custodiada por el Ministerio de Seguridad, de septiembre de ese año, no lo hizo, impidió avanzar en la cuestión del cultivo y acotó la utilización del cannabis medicinal a pacientes con epilepsia refractaria.
En el borrador se establece que en ese registro deberán inscribirse: "pacientes en protocolo de investigación y pacientes en tratamiento asistencial". Y agrega que "esta nómina incluye: con prescripción de la especialidad medicinal o producto magistrales; con autorización para cultivar para sí; con autorización para cultivo controlado en red e integrar una red de pacientes". Para las organizaciones que vienen luchando por la descriminalización del cultivo terapéutico es un gran avance aunque aún falta determinar los alcances de quiénes se van a poder anotar y con qué requerimientos. Así como también hay cuestiones de lenguaje por saldar. Se sabe que el lenguaje importa y no es ascético a la hora de organizar el mundo: mientras el borrador habla de pacientes, las organizaciones buscan modificar esto para hablar de "personas usuarias de cannabis".
Además, la propuesta establece la promoción y apoyo a la investigación clínica para la generación de evidencia para la indicación terapéutica en otras patologías. En referencia a la gratuidad, el proyecto establece que "estará contemplado para las personas con cobertura pública exclusiva"; en tanto que sobre la investigación estipula que "los proyectos que no involucren ensayos clínicos en seres humanos no requerirán autorización del Ministerio de Salud". Por otra parte, la calidad del aceite será evaluada por las universidades, las cuales "a través de sus programas de extensión vinculados al cannabis medicinal trabajarán para el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso".
"Esta reglamentación tiene el desafío de volver a incluir a la gente que el Estado dejó en la ilegalidad, por eso tiene que ser una reglamentación amplia y simple de llevar a la práctica, y garantizar el acceso a todos los que lo necesitan", remarcó Sierra. "Si bien el reclamo comenzó por los niños que eran usuarios, hoy son adultos, especialmente adultos mayores los que necesitan poder acceder al cannabis medicinal por lo que es importante que la ley habilite a cualquier persona con indicación médica, no según la patología que termina siendo restrictivo, para que se inscriba en el registro para poder cultivar", agregó.
La presidenta de Mamá Cultiva Argentina, Valeria Salech, dijo a Página/12 que "en febrero pasado las organizaciones fuimos convocadas junto con investigadores, científicos y organismos oficiales por la presidenta del Conicet, Ana Franchi, para elaborar un documento consensuado. Tras una ardua tarea, en la que nos reunimos cada quince días, llegamos a un documento conjunto que el Conicet presentó al Ministerio. Después todo quedó frizado por la pandemia. Por eso, esto fue una buena noticia, en la que vimos volcado bastante de lo que se trabajó en el Consejo Consultivo".
Salech remarcó que la decisión "es importante y abre el juego a la sociedad civil, tanto a los individuos como a nivel de las organizaciones sociales y al sector privado. No restringe las patologías y lo deja abierto a criterio del médico. Contempla el cultivo personal y comunitario, el expendio en farmacias, y se garantiza la distribución a todo el país a través del Banco de drogas oncológicas".
" Aunque quedan cosa por definir, reconocemos la escucha de un Estado que se hizo eco de los pedidos de los usuarios", dijo Salech y remarcó que con el cambio en la reglamentación "terminaría la criminalización de quienes cultivamos para la salud, aunque después viene una tarea, en la que venimos trabajado desde hace años, que es la de la formación y capacitación sobre los efectos terapéuticos que tiene en toda la esfera pública, tanto en el ámbito de la salud como en el de las fuerzas de seguridad y la justicia, para luego ir construyendo una nueva ley que regule el cannabis en todas sus variantes".
17 de julio de 2020
Guzmán analizó la deuda y la pos pandemia con empresarios
"Somos optimistas para lo que viene"
El ministro de Economía mantuvo un encuentro virtual con los ejecutivos que respaldaron la oferta argentina ante los acreedores.
Martín Guzmán en camino en la Casa Rosada: "Administramos la emergencia".
Imagen: NA
Imagen: NA
El Ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunión este jueves con empresarios para conversar sobre la deuda y el panorama de la economía para la pos pandemia. “La reactivación del mercado interno y el fomento de las exportaciones deben ir de la mano”, dijo el funcionario. Planteó que en 2021 habrá capacidad instalada ociosa y la reactivación del mercado interno será clave para la recuperación económica.
“La demanda interna va a ser el motor central pero al mismo tiempo necesitamos generar condiciones para que crezcan las exportaciones y así asegurar la estabilidad de la balanza de pagos. Sino la recuperación tiene un horizonte corto”, planteó Guzmán. “Vemos un 2021 mucho mejor, compartimos el optimismo para lo que se viene”.
El ministro volvió a destacar el plan de contención aplicado por el Gobierno para hacer frente a la covid-19, al mismo tiempo que sostuvo que “el escenario pos pandemia en gran parte va a depender de cómo lidiamos con el virus a partir de las medidas aplicadas para contener sus efectos sobre la economía”.
El encuentro de Guzmán con los empresarios se hizo a través de un zoom virtual. Contó con la participación de distintos referentes industriales de empresas como Celulosa Argentina (José Urtubey), Laboratorios Richmond (Marcelo Figueiras), Globlant (Martín Umaran), Toyota (Daniel Herrero), Cabrales (Martín Cabrales) y Fecoba (Fabián Castillo), entre otros.
El ministro les aseguró que “hoy estamos administrando la emergencia, entendiendo y trabajando en el horizonte hacia el que vamos, en un contexto de restricciones duras”.
La deuda
La conversación no sólo fue sobre temas productivos sino que se abordaron cuestiones financieras. Al referirse a la reestructuración de la deuda, el ministro agradeció el apoyo empresario, reafirmó que la última oferta del Gobierno a los bonistas es el máximo esfuerzo que Argentina puede hacer y reiteró que hoy la decisión está del lado de los acreedores (puntualmente del grupo de inversores liderado por BlackRock).
“Tenemos un compromiso muy fuerte de llegar a un acuerdo. Nosotros buscamos que no haya confrontación con los acreedores y hemos hecho lo máximo que se podía hacer”, puntualizó Guzmán.
En el encuentro virtual los empresarios destacaron las políticas para estimular el mercado interno y normalizar la curva de deuda en pesos. Entre los puntos para avanzar mostraron preocupación por la brecha cambiaria y pidieron mejorar los incentivos de parte del Estado para las inversiones. “Somos muy conscientes que Argentina necesita reformas estructurales que conduzcan hacia una estructura productiva inclusiva, dinámica y que garantice la estabilidad macroeconómica”, sostuvo Guzmán a los empresarios.
“Trabajar en la consistencia macroeconómica es para nosotros esencial y tener un sistema de incentivos que genere un campo nivelado es un objetivo de este Gobierno”, enfatizó. En ese sentido, mencionó el proyecto de “armonización tributaria” en el que trabaja el Poder Ejecutivo, el cual, dijo, dará “incentivos a la generación de empleo, al mismo tiempo que se fortalece la sostenibilidad fiscal".
El grupo de empresarios que participó del encuentro había emitido semanas atrás un comunicado en el que respaldó fuertemente la enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública bajo legislación extranjera presentada por el Gobierno.
“Consideramos que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía, ha trabajado en una oferta justa y acorde a las posibilidades del país, que permitirá alcanzar el acuerdo con los acreedores y logrará que la economía argentina pueda retomar la senda del crecimiento”, manifestaron en el comunicado.
17 de julio de 2020
Marcó del Pont expuso en la comisión de presupuesto de Diputados
La moratoria ya se debate en el Congreso
La deuda exigible de empresas y personas con la AFIP aumentó 90 por ciento en la pandemia y suma 282 mil millones. "Es importante un alivio", dijo la funcionaria.
Por Florencia Barragan
Marcó del Pont respondió a las preguntas de los legisladores.
La deuda exigible de empresas y personas con la AFIP aumentó 90 por ciento desde que comenzó la pandemia, y alcanzó los 282 mil millones de pesos. Si se agrega la deuda regularizada con algún plan de pagos, los contribuyentes le deben al organismo recaudador 534 mil millones de pesos, equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito al sector privado del sistema financiero.
Los datos surgen de la presentación que realizó la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en el Congreso, durante el comienzo del debate de la ley de moratoria ampliada. “Es muy importante generar un alivio”, afirmó. De aprobarse, podrán sumarse no sólo pymes como es actualmente, sino también personas y grandes empresas. Podrán regularizarse deudas generadas durante la cuarentena y empezar a pagarlas recién en noviembre.
La economista se presentó ante la comisión de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados. La finalidad del encuentro, que se realizó por videoconferencia, no fue obtener dictamen, sino responder a las preguntas de los legisladores. Los principales cuestionamientos de la oposición fueron la posibilidad del ingreso de las grandes empresas y las condiciones que deberán cumplir por dos años.
El martes podría haber una sesión para el debate, informó Carlos Heller, presidente de la comisión. También estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien aseguró que la medida busca responder a una “doble crisis”, la del coronavirus y la recesión que arrastra la economía desde hace dos años. Además adelantó que el alivio a las empresas buscar afrontar la etapa que viene que será “difícil”.
Kulfas explicó que la tasa de interés, que hasta el año pasado estaba por encima del 80 por ciento, llevó a la caída de un 35 por ciento del crédito en términos reales. “Las empresas se quedaron sin financiamiento, y la AFIP quedó como prestamista de último recurso”, detalló.
Exposición
Apenas asumió el actual gobierno, promovió la aprobación a fin de año de la ley de solidaridad social. Uno de sus capítulos contemplaba una amplia moratoria para pymes. Ante la consulta de por qué en el actual proyecto de ampliación de moratoria se incluye a grandes empresas, Marcó del Pont afirmó: “La mochila de endeudamiento con el fisco se extrapoló a todo el sector productivo”.
En diciembre 2019, el nivel de deuda exigible a los contribuyentes era de 130 mil millones de pesos, de los cuales sólo 29 mil millones correspondía a grandes empresas y personas humanas. Ese dato ascendió a 69 mil millones. Sin embargo, Marcó del Pont aseguró que como hay algunos que tienen “mayor espalda y otros son más débiles”, hay distinciones en los planes de pago, con mayor cantidad de cuotas para las pymes. “La experiencia indica que la tasa de recupero de las acreencias del Estado con empresas liquidadas es del 3,6 por ciento. En cambio, cuando existen facilidades el recupero asciende al 63 por ciento del total de la deuda”, detalló.
Por primera vez, una moratoria tiene condicionalidades. Las grandes empresas que ingresen no podrán durante dos ejercicios fiscales distribuir utilidades, realizar pagos al exterior y realizar operaciones de arbitraje con títulos. Este fue uno de los cuestionamientos de diputados de la oposición, como Luis Pastori de la UCR, quien dijo que “limitar el reparto de dividendos es excesivo”.
La economista contestó que deberán cumplir un “compromiso a partir de un beneficio que les otorga el Estado”. Además, dijo que el objetivo es que el dinero se reinvierta en producción y generación de trabajo. Sobre los pagos en moneda extranjera, aclaró que no hace referencia a importaciones. “Es para los pagos que suelen utilizar las multinacionales para eludiar a través del precio de transferencia”, explicó.
Otra de las consultas tuvo que ver con que si la moratoria buscaba beneficiar a cierto tipo de empresas, como Oil Combustibles, con el impuesto a los combustibles. “No hay ninguna suspicacia, el esfuerzo es para garantizar la vida del mayor universo de empresas. Hay 39 empresas que tienen deuda con combustibles. Es un impuesto indirecto como el IVA, que estuvo presente en todas las moratorias”, aseguró.
Hay 930 mil contribuyentes, de los cuales el 54 por ciento son pymes, que estarían en condiciones de ingresar a la moratoria recargada. Al actual plan de pagos adhirieron 265 mil pymes por una deuda de 138 mil millones de pesos. De aprobarse la ley, podrán regularizarse deudas hasta el 30 de junio. Pero el proyecto plantea facultades del ejecutivo para prorrogar. “En este marco de incertidumbre que nos rodea es una posibilidad que no se puede cerrar. Hay que tener la capacidad de maniobra y reacción muy ágil para salir a amortiguar los efectos de una crisis inédita”, aseguró Marcó del Pont.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario