TROPEL 2 del 26.07.2020.

26 de julio de 2020
El debate sobre el acompañamiento y la despedida a enfermos terminales de coronavirus 
La muerte y el duelo en la era covid-19 
En la Argentina no hay protocolos que regulen los contactos con familiares, y cada institución habilita distintos lineamientos. Los expertos advierten sobre las consecuencias de la muerte aislada. Por María Daniela Yaccar

Imagen: EFE

El coronavirus lo cambió todo radicalmente, incluso el modo de morir. ¿Las muertes en el aislamiento y en soledad son muertes dignas? ¿De qué modo podrían serlo? Miles de personas dejaron este mundo sin poder despedirse de sus seres queridos o haciéndolo de modo virtual. Si bien en la Argentina el Estado no prohíbe las visitas a enfermos terminales de covid-19, no existen lineamientos para su habilitación y desarrollo. Una red de expertos anclada en el Conicet propone una serie de recomendaciones que incluye este tema.

Esta semana se supo que un hospital de La Plata, el Rossi, había diseñado un protocolo para que los familiares de enfermos de cuidados paliativos que tuvieran coronavirus pudieran acompañarlos (ver recuadro). En rigor, se viene implementando desde mayo. Tal vez su alcance no sea tan importante como lo que simbólicamente implica o puede disparar: es una “fisura” a esta nueva y dolorosa, casi insoportable, idea de la muerte en soledad. Así lo entiende la directora ejecutiva de la institución, María Cecilia Jaschek. Lo cierto es que incluso dentro de ese mismo hospital el protocolo --que no parece tener precedentes en ningún lugar del país-- tiene sus limitaciones: no aplica, por ejemplo, para los enfermos de terapia intensiva. Está exclusivamente pensado para los pacientes de cuidados paliativos que estaban en sus domicilios, contrajeron coronavirus y debieron ser internados.

Así y todo, es el primer documento preciso que se conoce sobre el tema y está puesto a disposición de todas las instituciones que deseen aplicarlo y adaptarlo de acuerdo a posibilidades y recursos. Jaschek remarca que el eje de cuidados paliativos es “el acompañamiento de la familia y del paciente” por parte de un equipo interdisciplinario. Por eso dentro del área “apareció rápidamente la pregunta” sobre cómo continuar con ese acompañamiento en una pandemia que impone otro modo de morir y, también, otro modo de iniciar un duelo. La cuestión es bien compleja pero hay un único “nudo”, según la perspectiva de Juan Carlos Tealdi, integrante del Comité de Bioética que asesora al Gobierno: “cómo se hace para, manteniendo las medidas de seguridad, mantenerle al paciente sus contactos. Y eventualmente si llega a estar por morir que pueda tener una despedida acorde. Es lo que se empezó a debatir, porque al principio era ‘te aislo y chau’: no ves más a nadie'”.

Generalidades no pueden establecerse porque en la Argentina, al menos de momento, no hay lineamientos sobre este asunto que los ministerios hagan llegar a las instituciones de salud. Por lo menos no en el caso de Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. La cartera de Salud de la Nación propone, tan sólo, recomendaciones para los cuidadores --los familiares que acompañan-- en casos de pediatría. Pero "fisuras" hay varias. Un caso que se hizo público es el de Manolo Juárez. Se supo que en su último momento el pianista y compositor, quien falleció este sábado , pidió escuchar Chopin. Y también que estuvo acompañado por sus hijos Mora y Pablo, quienes le sostuvieron la mano hasta su último momento. Fue en la Fundación Favaloro. Juárez tenía coronavirus.

Otra fisura se registra en el hospital Cestino, de Ensenada. "Hemos hecho excepciones en terapia intensiva, con todas las medidas de protección, para que los familiares directos puedan despedirse", revela Roque Gutiérrez, su director, refiriéndose tanto a casos de coronavirus como sospechosos. En realidad, lo han determinado para enfermedades terminales. Puede ingresar un solo familiar, una vez por día, apenas un rato. Y hacer un "acompañamiento solamente con la voz". "Ningún médico terapista, ningún director, pretende que alguien muera totalmente aislado", afirma Gutiérrez. En cambio aquél protocolo del Rossi no se implementó sin resistencias.

"Estoy segura de que muchos lugares dejan pasar a familiares. Sería loco si no pasara. Estaríamos al rojo vivo si nadie pudiera conmoverse con el otro. El protocolizarlo es darle un marco para que todos puedan hacerlo en condiciones seguras, aceptables, infectológica, moral y culturalmente", concluye Jaschek.

Trauma colectivo

"Trauma colectivo." Esta es la expresión que utiliza Tealdi para alertar sobre los riesgos de no dar atención a lo que está sucediendo en torno al coronavirus, el último período de la enfermedad, la muerte, el duelo. "Hay que instalar el tema, prestar atención a que la gente está muriendo mal y que los familiares se están despidiendo mal. Eso causa un impacto. Genera un trauma colectivo que vamos a ver después. Es como la guerra de Malvinas: los que volvieron con todas sus secuelas. Es otro tema, pero hay que ver cómo se previene de alguna manera, cómo se mitiga el daño que ocasione la pandemia." 

Este es un dilema en el que entran en juego "la vida del paciente y la vida de los otros". Para el experto, no se puede considerar solamente la dimensión de "los derechos humanos y la ética". No sin tener en cuenta la importancia de los recursos para "respetar y no avasallar a los demás". "El tema es que cada lugar tiene sus posibilidades. La presencia del familiar tiene que ser con el Equipo de Protección Personal, que no abunda en todos los hospitales ni mucho menos. No hay muchas veces para el personal de salud. Son caros y hay que renovarlos. No es fácil. Hay que procesar todo ese material, tiene que haber gente que lo recoja, que lleve, que lave... no es fácil la mecánica. Pero hay que trabajar sobre la mentalidad, que es más difícil de vencer que otras cosas", se explaya. Se refiere a la mentalidad que demarca qué es importante y qué no en la pandemia. Cuáles son las prioridades. Por qué una buena despedida no sería una. Los muertos parecen volverse números, pero son historias, y "el colapso parece llevarse todo puesto".

No obstante, Tealdi considera que una visita "directa" es "extremadamente complicada". Sería "ultra difícil" establecer un protocolo para terapia intensiva, por ejemplo, "por no decir imposible". "No se puede por la extrema complejidad del tratamiento y la circulación. Sí se puede pensar para pacientes en sala general, tanto moderados como leves, que no han accedido a terapia intensiva", explica. 

Un dilema, recuerda el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), Santiago Levín, se presenta cuando "dos soluciones traen problemas". "Si uno pone sobre la balanza el aspecto estrictamente del manejo del virus, la persona debería morir sola, sin tocar a nadie para no propagar la enfermedad. Si uno pone el aspecto de la dignidad humana de morirse acompañado, la cuestión cambia. Frente a un dilema no existe una solución enteramente satisfactoria: hay que debatir los valores que están en juego", sostiene.

Para el psiquiatra, en principio no está bien que cada institución haga lo que pueda/ quiera en relación al tema de las visitas. "La necesidad del acompañamiento, para que se cumpla el derecho a una muerte digna, tiene que tener como condición previa una claridad meridiana en las normas a aplicar. Algunas de estas cosas pueden no hacerse no por mala práctica. A veces es falta de recursos. Además, estamos aprendiendo día a día. Esta no es una situación que se haya dado en el pasado", sugiere. Además, considera "razonable" que en el inicio de la pandemia se haya "puesto el valor del aislamiento" como principal y que ahora empiecen a aparecer otros debates, como éste, que no son secundarios, sino "esenciales".

"Lo que hay en el fondo es qué hacemos nosotros, los seres humanos del siglo XXI, con la muerte. Qué rol cumple. ¿Tratamos de no morir nunca o la tratamos de incorporar dentro de nuestras preocupaciones? ¿La incluimos en protocolos, en medidas de prevención, etcétera? Es recontra interesante, de impotancia ética, y para la salud mental de los que están muriendo y los que quedan. Morirse es una etapa de la vida. Forma parte de vivir. Es trascendente hablar de estos temas. No sólo de los números, la tasa de mortalidad, cuántos infectados y recuperados o muertos hay: ¿cuántos de los que van muriendo tienen acompañamiento?"

La imposibilidad o el obstáculo a la hora de ver al familiar que está internado se conjuga, claro, con la alteración en los rituales de despedida una vez que falleció. Así como la muerte en la era de la covid-19 es otra, es distinta, distintos son los duelos. ¿Qué impacto tiene el hecho de no poder visitar a una persona, no poder verla antes de que muera, no poder después ver su cuerpo, no poder dedicarle un ritual? Sobre este punto reflexiona Víctor Rodríguez, psicólogo del equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "El duelo es un proceso que nos sucede a todas las personas ante una pérdida, particularmente de un ser querido. Pero no se da naturalmente. Tiene que haber condiciones para que sea posible. Por ejemplo, pienso en los familiares de desaparecidos. Es imposible darle inicio porque el registro de la muerte no está dado, no se pudo formalizar ni oficializar. No tiene que ver con los trámites, sino con el contacto de una persona que atestigua por sí misma, o por alguien de confianza, que ese deceso sucedió. La prueba de realidad de la muerte inaugura la pérdida", define.

"No puede ser la norma que se devuelva un cajón cerrado y no haya un último momento de despedida. No es menor", destaca Rodríguez. El CELS trabaja en conjunto con el Equipo de Antropología Forense, y si bien está más abocado a la cuestión puntual de los fallecimientos, también le preocupa la instancia previa. Busca instalar el tema y apoyar a los profesionales de la salud, como los del Rossi, que estén tomando iniciativas al respecto. "Las situaciones varían mucho, las condiciones materiales siempre condicionan, pero aún teniendo en cuenta eso nos parece que siempre unos lineamientos claros y comunes orientan, establecen prioridades. De lo contrario, queda al arbitrio de cada lugar establecer qué importancia le da al acompañamiento del familiar", explica. El CELS apoya el protocolo del Rossi porque es muy "cuidadoso y preciso" y porque "ni siquiera desde los ministerios" han surgido documentos como éste.

En sintonía con la opinión de Tealdi, el psicólogo cree que los contextos de emergencia llevan a la primacía de la dimensión "física" del problema. "Obviamente importan el virus, el contagio, los síntomas, el respirador. Pero parece que todo eso es más importante que la salud mental, cuando la salud es integral. No puede todo eso llevarse puesto cuestiones relevantes. A medida que se multiplican los casos hay menos posibilidades de incidir. Empiezan a pesar más los argumentos de orden logístico y operativo. No quiere decir que no sean ciertos: pero también se está jugando algo totalmente importante para las personas que sobreviven", advierte.

Cuidados y derechos en el fin de la vida

"En tiempos de pandemia pasamos del paradigma del cuidado centrado en la persona al cuidado centrado en la comunidad", afirma en un documento una veintena de expertos --entre los que hay bioeticistas, filósofos, sociólogos, abogados, paliativistas, psiquiatras y psicólogos--. Este grupo se corrió de la mirada hegemónica de la pandemia y armó una red llamada "Cuidados, derechos y decisiones en el fin de la vida", anclada en el Conicet. El objetivo es generar un espacio de intercambio entre los investigadores y entrar en diálogo con quienes gestionan instituciones públicas y privadas, siempre en torno a las decisiones del "fin de la vida". Su coordinadora es Graciela Jacob, socióloga, médica máster en medicina paliativa, expresidenta de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer.

"Hay infinidad de personas que no tienen idea de lo que les va a pasar --dice Jacob--. Y no se les ocurre pedir por sus derechos porque no los conocen. Cuando un paciente empieza a ir mal, le ponen un respirador, está sedado y deja de tener la capacidad de tomar decisiones. Las puede tomar antes, no durante de ese período. Hay que ver cómo se desarrollan estrategias como para que cuando alguien ingresa a un hospital se pueda saber si tiene decisiones anticipadas tomadas. Todo paciente, por ley, tiene derecho a decir cómo quiere ser atendido."

Dentro de un documento de recomendaciones que configuró esta red se encuentra el tema del entorno afectivo. "La muerte aislada y en soledad impone una condición de sufrimiento insospechado y agrava, para el/ la paciente, para su familia y/o entorno afectivo y la sociedad en su conjunto, las consecuencias emocionales en el procesamiento de despedida y duelo", plantea el texto. En el ítem número 8, recomienda "facilitar el contacto y la comunicación del paciente con su familia y entorno durante todo el proceso de internación y extremar las medidas para facilitar el acompañamiento, prioritariamente a las personas en situación de agonía y previsible muerte inminente, por un acompañante (familiar, referente afectivo, asistente espiritual y/o voluntario/a)". Más adelante, en el punto 12, apela a "garantizar el derecho a la despedida de los seres queridos durante el proceso de final de vida y que dicha instancia sea lo más humanizada y confortable posible". Propone también garantizar el acceso a medidas de protección y bioseguridad para que los seres queridos puedan ver el cadáver.

A todo esto, Jacob añade: "Si no tratamos al enfermo y a su familia con algún grado de empatía vamos a ver duelos traumáticos, mal procesados, que van a durar mucho tiempo, que van a llevar a la gente a enfermarse, a tener más accidentes, perder capacidad laboral. Tenemos que pensar también en términos emocionales y psicológicos la pospandemia. No podemos resignarnos pensando que somos un país con dificultades económicas. Por lo menos, si no lo hacemos, tenemos que saber que no se pudo, y poder decirlo".

26 de julio de 2020
El PRO acusa al oficialismo de buscar "impunidad" pero solo quiere asegurarse la suya 
Traslados ilegales de jueces: el macrismo quiere mantenerlos para tener protección en los futuros juicios
Nadie discute en el Consejo de la Magistratura que la forma en que Macri armó los tribunales a su antojo fue anómala, pero se debate cómo repararlo. Está en discusión un pedido al Ejecutivo para que envíe los casos irregulares al Senado.
Por Irina Hauser

Mauricio Macri quiere que le cuiden las espaldas. 

El Consejo de la Magistratura se encamina a votar un pronunciamiento que diga que diez jueces federales fueron nombrados de manera irregular, mediante un mecanismo de traslado de un puesto a otro, que no cumplió todos los pasos y requisitos legales, como recibir acuerdo del Senado. Ocho de esos nombramientos fueron parte de una estrategia del gobierno de Mauricio Macri para llenar a dedo cargos judiciales claves para las causas contra empresarios y ex funcionarios y cuestiones electorales. Es improbable que el organismo anule esas designaciones por sí mismo, pero todo indica que se conformará una mayoría, liderada por el oficialismo, que deje en claro que deben ser revisadas y que un camino posible es que el Poder Ejecutivo envíe sus nombres a la Cámara alta y que ésta decida si los refrenda o no. Los borradores en estudio incluyen un pedido a la Corte Suprema para que evalúe la vigencia de los “traslados” concretados, teniendo en cuenta que, en otra ocasión, ya dijo que no son permanentes sino situaciones transitorias.

Lo que hace unos días era una discusión de apariencia técnica en el Consejo sobre la validez de nombramientos por “traslado”, fue transformado por la oposición política en una campaña instrumentada a través de tapas y títulos catástrofe en Clarín y La Nación, cuyo mensaje se sintetizaba en que el oficialismo pretende sacar jueces de cargos estratégicos para lograr la impunidad de ex funcionarios del kirchnerismo en los procesos judiciales. El argumento es absurdo, en esencia, porque las causas a las que aluden ya pasaron por los juzgados de primera instancia y por la Cámara Federal y están elevadas para que se hagan los juicios orales. Hasta se los dijo la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) a algunos colegas consejeros en charlas por fuera de las reuniones oficiales. Al macrismo, a su entender, no le importan la moral y las buenas costumbres sino “salvarse ellos, que sí tienen causas más recientes”, la escucharon comentar. El voto de Camaño podría ser determinante ya que todo indica que entre el resto de los consejeros habrá empate.

El meollo de la cuestión y que tiene al macrismo en alerta es que dos de los traslados cuestionados son los de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que integraban un tribunal oral y saltaron en 2018 a la Cámara Federal de Comodoro Py, que tiene fuerte incidencia en el devenir de los expedientes, y que ya impulsó causas contra CFK pero ahora debería intervenir en las que afectan a Macri y compañía. Es bastante obvio que la oposición teme quedarse con pocos aliados en ese tribunal de alzada que ya tiene dos vacantes y donde se multiplicarían los cargos con la reforma judicial en puerta. Pero no es el único punto: si los nombramientos por traslado van al Senado, como podría ocurrir, el oficialismo tendrá elementos para negociar votos de los senadores provinciales para asuntos que podrían perfilarse peliagudos, como la designación de Daniel Rafecas en la Procuración General de la Nación. Un clásico: jueces por votos. Todo apoyo vendrá bien, además para la reforma judicial.

El plan colonizador

Los nombramientos por medio de “traslados” fueron parte de una gran ingeniería del gobierno de Macri para manejar o incluso colonizar parte del Poder Judicial. Como primer paso logró la aprobación de una ley, a fines de 2016, que permitía transformar tribunales orales ordinarios (que juzgan delitos comunes) en federales (que se ocupan de corrupción, narcotráfico, trata, lesa humanidad) con una simple mayoría de votos en el Consejo. Había en Comodoro Py tribunales orales que aún no habían sido puestos en marcha, por lo que el macrismo vio la oportunidad de llevar allí sin concurso a jueces de otro fuero, con competencia bien distinta, pero que le inspiraban confianza. Así fue que se apuraron en convertir el Tribunal 10 (TOC10) en Tribunal Oral Federal 9 (TOF9), con el cálculo de que, como no tendría casos pendientes, allí llegarían de cajón las primeras causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Los jueces elegidos eran Alejandro Nocetti Achával, Alejandro Becerra y Silvia Mora. Para funcionar, la Corte Suprema debía habilitar el tribunal. Pero antes de que eso ocurriera, la Cámara de Casación lo incluyó en el sorteo de causas, y sucedió lo que el oficialismo de entonces esperaba: le tocaron dos causas contra CFK, la del Memorándum con Irán basada en la denuncia de Alberto Nisman y la de la obra pública en Santa Cruz, además de la de lavado de dinero contra Lázaro Báez.

La sorpresa fue la Corte puso el grito en el cielo, y firmó una acordada que anuló los nombramientos en el TOF9 y ordenó volver a sortear las causas. Los ejes de la argumentación fueron dos: el tribunal no había sido habilitado, pero antes que eso, los jueces no habían pasado por el proceso constitucional completo que incluye el acuerdo del Senado. A esa altura, Cambiemos ya motorizaba traslados de jueces con diferentes metodologías, no solo la de los tribunales orales. Pasaban jueces y juezas de un cargo a otro, a veces a otra jurisdicción y/o con distinta competencia o jerarquía, con la sola aprobación del Consejo y un decreto del Poder Ejecutivo. Por eso, los supremos incluyeron algunos párrafos taxativos que decían que cuando alguien es nombrado juez/a no obtiene una designación general que le permite pasear de un lado a otro sino que es nombrado/a en un cargo, y que para ocupar otro hay un mecanismo constitucional, previsto en el artículo 99 inciso 4, que incluye “la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante el acuerdo del Senado” en una sesión pública.

El macrismo, que ya edificaba su estrategia con obsesión, estaba advertido de lo que resolvería la Corte. El mismo día exacto, 15 de marzo de 2018, horas antes de que los supremos firmaran aquella acordada, en el Consejo de Magistratura –donde entonces era mayoría— propusieron el traslado de Bruglia a la Cámara Federal, desde el Tribunal Federal 4, donde el juez había tenido algunas participaciones conocidas mucho antes como la condena por enriquecimiento ilícito a María Julia Alsogaray. Para que no quedaran dudas de que en el Poder Ejecutivo conocían perfectamente la anomalía de estos traslados, el decreto presidencial que confirmó a Bruglia fue publicado el 9 de abril, dos días antes de una nueva acordada de la Corte que reconfirmaba su postura sobre esos nombramientos.

El traslado de Bertuzzi fue en septiembre, después de que el tribunal que presidía condenara y detuviera a Amado Boudou por el caso Ciccone. La defensa del ex vicepresidente denunció que fue una forma de premiar al juez en cuestión. Bruglia y Bertuzzi asumieron, así, en cargos para los que había concursos en marcha, por los que ellos no pasaron. Fue uno de los motivos por los que el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, se pronunció en contra de los traslados y el camarista Mariano Llorens adhirió tras su desembarco, en junio de ese año. Ni Bruglia ni Bertuzzi prestaron juramento. En tribunales dicen “tomaron posesión del cargo”.

El gobierno de Cambiemos --hoy Juntos por el Cambio-- puso mucha energía en las cuestiones judiciales. Las incluyó en su táctica de marketing político, tanto para atacar como para cuidar sus intereses. Por eso, en el relevamiento que hizo el consejero Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, se advierte que hubo “traslados” por fuera de las normas antes y después de los de la Cámara Federal. El detalle es que de diez casos detectados de este tipo, ocho ocurrieron durante la gestión de Macri. El resto de los traslados analizados desde 1998 por Ustarroz, que son 28 más, cumplen con requisitos constitucionales y reglamentarios. La base de esas disposiciones es que si un juez o jueza cambia de jurisdicción, competencia y/o jerarquía, necesitan un nuevo acuerdo del Senado. Sólo si el traslado se produce dentro de un mismo tribunal o fuero, en forma lineal, se puede prescindir de ese paso.

En la lista de traslados objetados están también Eduardo Farah, que integraba la Cámara Federal de Comodoro Py pero pidió un traslado después de que el gobierno lo criticara por el fallo que concedió la libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Su colega Jorge Ballestero renunció. Farah se fue primero a un tribunal penal económico y luego a otro en San Martín. Germán Castelli fue trasladado de un tribunal en San Martín al Tribunal Oral Federal 7, que ahora tiene la causa de los cuadernos. Federico Villena había sido designado en Moreno y fue trasladado a Lomas de Zamora, un juzgado federal con poder, ya que tiene jurisdicción --por ejemplo-- en el aeropuerto de Ezeiza. En algunas provincias hubo jueces que consiguieron sin concurso competencia electoral: Zunilda Niremperger, en Chaco; María Verónica Skanata pasó de un juzgado de Oberá a otro con competencia electoral en Posadas; lo mismo que Esteban Hansen, en Jujuy.

Soluciones en puerta

La presentación de Ustarroz tiene como excusa que hay dos jueces que pidieron traslados este año. Son Roberto Naciff, de Mendoza, y Alejandro Esmoris, de La Plata. El consejero, en consenso con el resto del cuerpo, planteó revisar todos los traslados existentes y definir criterios. El jueves último se reunión por Zoom la Comisión de Selección, con este tema como eje de la agenda. Bajo la prolija presidencia de Camaño quedaron en claro las posiciones sobre los traslados irregulares ya concretados.

* La principal coincidencia entre todos y todas es que el Consejo por sí mismo no puede revocar las designaciones. Pero puede comunicar si algo está mal. ¿A quién? Al Poder Ejecutivo, que es el que elige nombres de jueces/as y tiene la potestad de mandarlos al Senado o bien decretar nulos sus nombramientos. En algún momento, tras la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada, se analizó la posibilidad de anular todos esos nombramientos por decreto e incluso las resoluciones que hubieran adoptado.

Todavía, algunos funcionarios cerca del presidente tienen en cuenta que eso sería legalmente posible, pero implementar una salida por la vía del Consejo parecía más prolijo y apropiado. Anular resoluciones generaría polémica: es algo que la Corte nunca aceptó.

* El oficialismo plantea con claridad que hay diez designaciones mal hechas y se las debe “sanear” o “revisar”. El borrador que circulaba hasta el viernes a la noche proponía una “comunicación” al Poder Ejecutivo con los casos evaluados y el señalamiento de que son nombramientos incompletos, para que éste considere enviarlos al Senado, donde podrían obtener acuerdo o no, o tomar otra decisión. A la vez hay variantes para hacer llegar esto al Gobierno: una simple comunicación podría sumar votos de consejeros como el del camarista Ricardo Recondo, que dijo que las designaciones estaban mal pero que dudaba sobre si revisar el pasado; podría hacerse una exhortación u orden al Ejecutivo. Como reaseguro algunos consejeros plantearon pedir que la Corte se expida sobre la vigencia de los traslados y su carácter: ¿son permanentes o no? La Corte ya dijo que no lo son, pero se busca que lo diga para estos casos y ahorrarse litigios posteriores.

* Los portavoces opositores han sido el diputado macrista Pablo Tonelli y el juez Juan Manuel Culotta. El primero presentó una nota diciendo que revocar los traslados sería ilegal. El segundo dijo que hay derechos adquiridos. En su caso, Culotta supo pelear porque lo trasladaran desde 3 de febrero al juzgado electoral de La Plata (el distrito más grande del país), pero precisamente por toda esta discusión no lo logró. Lo notable es que ya casi nadie discute el proceso de traslados que se utilizó fue anómalo.

El jueves próximo dictaminará la Comisión de Selección en base a una propuesta que se terminará de pulir en estos días y podría resolver ese mismo día el plenario. El Consejo tiene 13 miembros: el oficialismo cree tener seis votos asegurados y lee una buena predisposición en Camaño, con lo que lograría mayoría, y chances de sumar a Recondo. Para la oposición será una ofensiva del kirchnerismo, para el oficialismo una forma de desarmar maniobras macristas para expandir sus tentáculos en tribunales y volver a la legalidad.

26 de julio de 2020
La conducción política de AEA continúa asediando al gobierno de Alberto Fernández. 
El encuentro con pymes fue aire fresco 
El pliego de condiciones del poder económico Cerrar el acuerdo para salir del default de Macri es clave para la economía pospandemia. Mientras se define esa negociación crucial, los titulares de las grandes corporaciones (AEA) plantean exigencias conservadoras de política económica sin respaldar la oferta argentina.
Por Alfredo Zaiat

Cuatro eventos de los últimos días permiten observar con más nitidez cómo intervienen actores económicos relevantes en la disputa sobre el rumbo del gobierno de Alberto Fernández.

1. Los titulares de corporaciones reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), conducidos por Techint y Clarín, emitieron un comunicado, luego de la reunión virtual con dirigentes de la CGT, que es un pliego de condiciones ortodoxas de ajuste fiscal, desconociendo el papel central del Estado en la pandemia y minimizándolo para la pospandemia, además de no apoyar la estrategia oficial en la negociación con los acreedores. La declaración fue difundida el martes pasado y fue acompañada por la CGT.

2. Al día siguiente, esa misma conducción de la CGT reparó en parte haber participado de ese grotesco político contra el gobierno y emitió un comunicado afirmando que los acreedores deben comprender que la última oferta presentada por el gobierno es "el máximo esfuerzo que el país está en condiciones de realizar".

3. El viernes, el presidente Alberto Fernández tuvo un encuentro virtual cálido y de mucha densidad política con la amplia representación de dirigentes pymes y sindicales para anunciar la continuación del apoyo del Estado al tejido productivo y laboral a través del ATP mientras continúe la pandemia. Se amplió así la incompleta e insuficiente foto del 9 de Julio en la Quinta de Olivos.

4. Finalmente, ese mismo día las cámaras del establishment reunidas en el G-6 difundieron un comunicado constipado respaldando la oferta argentina, invitando a que "los acreedores externos cooperen con un esfuerzo final para concretar la reestructuración consensuada". Es mejor que nada.

Deuda

La reestructuración de la deuda en default de Macri, que está transitando el último tramo de negociación, es la pieza relevante y más notoria de la tensión estructural acerca del proyecto económico en disputa. Queda de manifiesto en las expresiones públicas que ha emitido cada uno de los actores económicos en estos meses. 

Un camino es intentar el complejo que propone el desarrollo nacional con inclusión social. Otro ofrece una economía subordinada y proveedora mundial de materias primas con fragilidad laboral y social.

Como se sabe, el desastre financiero que dejó en tiempo récord de cuatro años el último experimento neoliberal será un fuerte condicionante de la economía durante muchos años, incluso con una renegociación exitosa de la deuda privada, en los tramos internacional y local, y de la acumulada con el FMI.

Pese a ello, y siendo una cuestión no menor para evaluar las restricciones de la economía en el mediano plazo, el acuerdo con los acreedores que impulsa el gobierno de Fernández es la apuesta oportuna para aspirar a reconstruir una economía pospandemia de desarrollo nacional.

A esta altura no es un misterio que no es el proyecto que quiere la conducción política del poder económico, que tiene su base de operaciones en AEA. Esa oposición no es sólo por una cuestión ideológica conservadora y política de rechazo al peronismo-kirchnerismo, también es por la defensa de sus propios intereses inmediatos (los titulares y sus empresas son también acreedores al poseer bonos de deuda) y estructurales, que están referidos a expandir la base material de sus negocios corporativos.

Impunidad

El último comunicado de AEA deja en evidencia que a ese club de dueños de grandes empresas no le interesa la expansión del mercado interno ni la reconstrucción del mercado de deuda en pesos.

Estos dos objetivos próximos son postulados por el equipo económico liderado por Martín Guzmán, que tiene la salida del default de Macri como precondición para desplegarlos en plenitud para financiar la pospandemia y comenzar la reparación del tejido productivo, laboral y social.

El plan que propone la cúpula del poder económico, en cambio, es arreglar rápido la deuda con los acreedores externos, sin importar si se supera el límite superior de sustentabilidad de la deuda. Pretende también pagar pocos impuestos y no tener controles de capitales para dolarizar sus excedentes sin restricciones.

No es necesario ser un experto en el lenguaje de gestos para darse cuenta de ese plan: la amplia red de economistas de la city postulan esa receta y sus medios de comunicación (Clarín, La Nación e Infobae) la amplifican en forma coordinada.

Como cada uno y entre ellos se miran en forma permanente al espejo no registran que para observadores atentos exhiben un nivel de impunidad e impudicia mayúsculo.

Si en el último tramo de una compleja negociación con los más poderosos fondos de inversión del mundo, liderados por BlackRock, cuyo dueño Larry Fink tiene estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos (es agente financiero de la Reserva Federal), se vocifera que el ministro Guzmán que lidera las conversaciones "miente", como afirmó el economista Carlos Melconian en estos días, no se requiere mucho esfuerzo para darse cuenta del lado del mostrador en que se ubican.

Mesa

No mencionan -ni agradecen por lo tanto- al Estado como actor relevante en el diseño de un dispositivo de emergencia con recursos públicos para proteger empresas y trabajadores en la pandemia.

No hacen referencia a la necesidad de fortalecer el mercado interno.

No consideran que el Estado vaya a tener un rol central en la recuperación económica de la pospandemia.

No apoyan al gobierno en la negociación de la deuda en default con los acreedores privados.

Ese comunicado de AEA es revelador de cuál es el plan de la conducción política del poder económico. Para lecturas mezquinas es necesario aclarar que esas compañías deben ser parte de una mesa de diálogo y de elaboración de políticas específicas para rescatar la economía.

La clave se encuentra en quién se sienta en la cabecera de esa mesa; o sea, quién define los tiempos y la orientación de la política económica.

La conducción política del poder económico pretende definir las reglas de juego, como lo ha hecho en otras oportunidades, la más reciente en la gestión macrista. La prueba de ello es la Ceocracia de la administración del Estado en esos años.

El gobierno de Alberto Fernández está convencido de que al frente de esa mesa debe estar el Estado para impulsar el desarrollo nacional, lo que no significa desplazar al sector privado como confunde el discurso vulgar de defensa de escándalos empresarios, como Vicentin y Edesur, sino potenciarlo con políticas públicas para alcanzar ese objetivo.

Mercado interno

La estrategia oficial de la pospandemia no excluye sino que incorpora en sentido amplio a cada uno de los actores económicos del entramado productivo, laboral y social, estableciendo prioridades.

Plantea que la economía necesita poner a trabajar los recursos ociosos y recuperar el mercado interno en forma inmediata (2021), al tiempo de generar las condiciones para aumentar las exportaciones posteriormente (2022-2023, cuando el comercio internacional también mejoraría).

De ese modo aspira a no toparse con la restricción externa, o sea la escasez relativa de divisas, origen de todas las últimas grandes crisis económicas locales.

Esa secuencia requiere como precondición el acuerdo de la deuda en default (alivio en los pagos próximos) para que haya margen fiscal para utilizar recursos públicos en esa política expansiva. Una mala resolución con los acreedores, que implica pagar lo que ellos quieren, no lo ofrecería.

Si se entiende ese recorrido queda al descubierto por qué la conducción política del poder económico combate el proyecto oficial, puesto que ella postula una secuencia inversa.

Propone un arreglo rápido con los acreedores, para poder así conseguir endeudamiento en dólares para sus compañías, privilegiar la salida exportadora con un tipo de cambio todavía más elevado, y postergar la mejora del mercado interno.

Confusiones

AEA dejó escrito lo que pretende en ese comunicado que incluyó a la CGT como representantes de los trabajadores. Es notable como esos dueños de grandes empresas ignoran la existencia de la parte de la economía que está en la informalidad. Postulan la necesidad de implementar "políticas específicas" y que ellas son "aún más urgentes en vista a la crítica situación económica y al esfuerzo enorme que implicará mantener en actividad al dispositivo productivo y al empleo formal en el país".

La pandemia dejó al descubierto la existencia de amplios sectores desamparados y en situación económica muy frágil, y ellos sólo hacen referencia al "empleo formal".

Es tan fuerte el antikirchnerismo de sus integrantes que los lleva a confundir el recorrido histórico de la economía local. Dicen que "Argentina viene de muchas décadas de un mal rendimiento económico". Podrían afirmar que no están de acuerdo cómo se creció en ese ciclo, pero las estadísticas públicas y privadas muestran que en esos años, con no tan buenos resultados en el último mandato de CFK, hubo un importante aumento del PIB. También lo hubo en el ciclo 1991-1998.

La clave es entender las razones de la posterior caída, no desconocer los períodos de auge. Lo que sucede es que avanzar en esa comprensión puede ubicarlos en el lugar de ser unos de los principales responsables de esas debacles.

El pliego de condiciones de AEA es el siguiente:

1. "El papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el proceso de desarrollo y especialmente para la salida de esta crisis.

2. Políticas específicas para promover el empleo registrado.

3. Políticas públicas destinadas a movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios.

4. La inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Específicamente, se aspira a un resultado positivo en las decisiones con los acreedores externos.

5. La necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales.

6. Educación Técnica y Formación Técnico-Profesional".

Aire fresco

El último punto, así presentado, no ofrece mucha precisión de qué se trata. Reitera además el papel clave de las empresas privadas, como si el gobierno de Fernández no lo considerara ni tampoco un proyecto de desarrollo nacional.

Se trata de una consigna que la conducción política del poder económica está instalando en el debate público sólo con el objetivo de erosionar a la coalición gobernante.

Esa campaña no se sustenta en un análisis ni descripción rigurosa de lo que está pasando. Más aún cuando AEA fue uno de los principales soportes financieros y políticos de la administración macrista, que no se inhibió de atropellar al mundo empresario.

El macrismo, además de promover la destrucción de miles de compañías, en especial pequeñas y medianas, con su política económica, persiguió empresarios, los metió presos, incentivó el procesamiento de decenas de ellos con fotocopias de cuadernos, intentó que amigos de Macri y de funcionarios se quedaran con compañías, despreció a industriales, utilizó a miembros del Poder Judicial para apretarlos, los espió en forma ilegal y les hizo perder plata como nunca.

En esos años no había preocupación por la propiedad privada por parte del establishment y sus voceros, lo que deja al descubierto que esa consigna ahora es un instrumento para horadar la gestión Fernández.

El encuentro con las pymes, en el cual hubo intercambios fructíferos para construir un proyecto de desarrollo nacional, fue aire fresco ante el agobio permanente que la conducción política del poder económico somete a la mayoría de la sociedad.

26 de julio de 2020
Las medidas económicas que aplica y que proyecta el Gobierno
Entre la emergencia y la pospandemia 
Políticas anticrisis que se prolongan. Moratoria, pago adicional a docentes. Teletrabajo, dos visiones en disputa. El canje de deuda, en recta final. Sesenta medidas, entre la coyuntura y el plan de desarrollo. Obra pública, pedidos de los gobernadores. La tragedia sanitaria y los cambios de la conducta ciudadana.
Por Mario Wainfeld

Imagen: NA

El Gobierno sostiene y prolonga las medidas de emergencia: llega el ATP 4, se va pagando la nueva ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE III). Se tratan proyectos de leyes congruentes con el sesgo oficial: moratoria amplísima, teletrabajo con un piso de garantías para los laburantes.

La crisis sanitaria no da respiro. Las cifras de contagios y muertes en el AMBA llegan al record desde marzo. Hay retrocesos en varias provincias que estaban en fase 5. La relajación colectiva, las reuniones descontroladas suelen ser una clave. Se cuartea el consenso ciudadano que signó los primeros meses.

El presidente Alberto Fernández, los ministros repasan indicadores día y noche. La urgencia los motiva y los envuelve. Se planean sesenta medidas económicas para la pospandemia.

El canje de deuda sujeta a legislación extranjera entra en su sprint final, tal parece. Las diferencias se acortan. La prensa dominante y la claque de gurúes económicos simplifican: quedan apenas 3,20 dólares de diferencia. Si así fuera, este cronista se animaría a hacerse cargo. Si en realidad treparan a cerca de 3.200 millones de dólares, alguien estaría mintiendo o jugando como aliado de los bonistas. La élite del empresariado profiere un desabrido apoyo a la última oferta estatal. Culposo, tardío, hipócrita por el momento y porque sus medios aliados siguen con la camiseta de los acreedores. Serruchan el piso al gobierno en bloque y al ministro de Economía Martín Guzmán en especial. El establishment está en la vereda de enfrente, más allá de “esa foto” del 9 julio que promovió el Secretario Gustavo Beliz, con anuencia presidencial.

Los ganadores de estos meses procuran consolidar posiciones, ganar terreno. Conciben un mundo pospandemia flexibilizado, con mayor desempleo, con trabajadores domesticados por la malaria. Los cambios de época inclinan la cancha.

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Teletrabajo y otras explotaciones: Episodios congruentes se narran separados aunque los enlaza un hilo visible. LAN (Latam argentina) quiere irse sin pagar indemnizaciones ni quebrar. El Ministerio de Trabajo le demarca un límite legal, la empresa aprovecha la necesidad de los empleados y va pactando “retiros voluntarios”. La implementación es válida e injusta a la vez.

Adrián Suar, empresario que se la llevó con pala durante décadas, resuelve cerrar Polka, la gran productora de ficción. Concede una publinota en el multimedio Clarín, lo tratan como si fuera un filántropo y no un capitalista sin responsabilidad social, un artífice de la participación laboral en las pérdidas. Clarín predispone la maraña leguleya para no hacerse cargo como grupo de las obligaciones de uno de sus emprendimientos exitosos.

La ley de teletrabajo se inscribe en la tradición peronista, con modestia y coherencia. Estipula un piso de derechos para una modalidad irresistible que acentuará el poder patronal. Menos empleados, menos costos empresarios, dilución de la experiencia grupal, aislamiento individual frente a los conflictos con los dueños. El distanciamiento de los cuerpos es inversamente proporcional al desarrollo de las solidaridades.

El diario La Nación y los portavoces de la Unión Industrial Argentina (UIA) concuerdan: el teletrabajo es pura ventaja para el personal. Ahorra viáticos, gana tiempo porque no viaja, se queda en casita con la familia. ¡Encima piden tener un horario, desconectarse algunas horas! Para compensar tanto lucro plebeyo (la codicia es un pecado, caramba) proponen no regular nada. “Si ustedes quieren una ley…”, musita desdeñoso Daniel Funes de Rioja. Los capos empresarios defienden “su ley”: la del más fuerte. No dejan pasar una, no se equivocan nunca. En ese aspecto claman para que el Estado no intervenga. En otros, tiran la manga.

El acuerdo paritario con los gremios docentes nacionales contrapesa la tendencia, reconociendo un plus a les trabajadores de la educación. El valor político de la medida potencia o tal vez supera al económico, una señal en el buen sentido.

El Estado interviene para compensar las asimetrías que tienen raíces hondas. La bienvenida protección ratifica las desigualdades dentro de la clase trabajadora. Teletrabajo y suplemento para docentes conciernen a trabajadores formales, onda un tercio de la totalidad.

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Un paquete de sesenta: Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y del Interior, Eduardo de Pedro, cosechan y sistematizan las demandas de los gobernadores.

Entre tanto, pispean datos cotidianos que parecen alentar un cachito de esperanza. El consumo de electricidad, por ejemplo, arroja resultados que sintonizan con la percepción a ojímetro. Comenzó a hundirse en marzo, tocó fondo el 19 de abril, insinuó repunte en mayo y sigue en alza. Fuera del AMBA empieza a parecerse al de la pre pandemia. Se sabe que no se vivía un festival productivo: el ex presidente Mauricio Macri dejó un legado deprimente. Pero las curvas de consumo de energía suben.

De cualquier modo las actividades prósperas o los microclimas de bonanza son la excepción. La demanda no acompaña las reaperturas de comercios o fábricas. Funcionarios avezados imaginan que cuando se pongan en práctica las sesenta medidas un tercio de la población gastará más que ahora, tiene un “consumo postergado”. Un enfoque optimista aunque asuma que dos tercios de los argentinos siguen a nivel de supervivencia, con suerte. Hasta acá solo registran guarismos satisfactorios las compras con “Ahora 12”, que comienzan a empardarle a las del verano, fuera del área metropolitana.

Las sesenta medidas están pensadas, hasta escritas, aseguran los funcionarios concernidos. “Embargan” información hasta que llegue el anuncio presidencial. En general, la opinión pública desconfía de los anuncios y presta atención a los hechos. Ni qué decir en condición de encierro. La narrativa oficial, para colmo, coquetea demasiado con la costumbre de pre anunciar anuncios.

En el corto plazo se apuntará a incentivar la demanda mediante créditos blandos, rumbo similar al de los meses recientes, reforzado.

Para el mediano plazo se imagina un abanico de acciones coordinadas con los gobernadores. “Un plan de desarrollo”, comenta un ministro y bromea: “aunque la expresión no le guste a Alberto”.

La obra pública ranquea en primer nivel: gasoductos, redes viales, puentes, hidrovías, ferrocarriles según necesidades de cada comarca.

El fomento a las producciones regionales es otro ítem del paquete.

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Una semana crucial: La Reforma Judicial se anunciaría mañana, para el fin de semana tiene que haber decisiones sobre la cuarentena, los plazos del canje expiran en estos días. Sobran oportunidades para que el oficialismo recobre el timón de la agenda pública. La oposición se la birla a menudo, ora por destreza ora por carencias del Gobierno.

Meses atrás Alberto Fernández congregaba porcentajes de aprobación insostenibles en el mediano plazo. “Los expertos” infectólogos ganaban autoridad y respeto. Las vicisitudes de la pandemia, las idas y vueltas acaso inevitables, la repetición de las presencias tienden a restarles consenso. Si los médicos descienden al barro de las redes sociales se enchastrarán aunque sus contendientes sean ignorantes e impresentables. El medio es el mensaje.

Las proyecciones de médicos y funcionarios son honestas y serias en un contexto de incertidumbre. Las enuncian a diario, se exponen, pueden fallar. La franqueza y el sentido del deber les juegan en contra cuando desde la otra vereda hay impunidad discursiva, ánimo de asustar, una apuesta ostensible a favor de la catástrofe.

Media, además, una cuestión técnica, primaria, una falla de origen. Mantener tácticas, referentes y discursos en una realidad mutante deteriora los relatos. Quizá, opina este cronista fundado en datos surtidos, la saturación del sistema hospitalario derive de un modo distinto al imaginado. El refuerzo a la infraestructura, la incorporación de camas de terapia intensiva bancan las necesidades. El cuello de botella se genera en la atención a personas con síntomas leves, que deben internarse para pasar cuarentena en camas comunes. Crece la retracción ciudadana porque se sabe que hisoparse es incómodo, que los traslados saben ser agobiantes, que los resultados demoran. Porque hay temores a dejar la casa, el barrio, las pertenencias. Escenas de pugilato en Costa Salguero repetidas hasta el hartazgo por los medios agravan los resquemores.

En las vísperas de una semana crucial el gobierno sostiene el rumbo, pulsea con firmeza en el canje, promueve medidas pro operario, atiende a la emergencia, hasta imagina movidas para el mediano plazo. Acierta en lo esencial, a veces se trabuca en sus propias carencias o en internismos apenas velados.

La pandemia condiciona todo, es un mal exterior, mutante, inédito. En cuestión de días se definirá si es imprescindible un retroceso que nadie quiere, que costaría explicar. Y que, pese a todo, podría ser impuesto por la ética de la responsabilidad.

26 de julio de 2020
Conflictos intrafamiliares demoran una definición
Perotti negocia con el clan Vicentin el control de la empresa
El gobernador santafesino necesita el traspaso de las acciones para avanzar en su plan de poner la firma bajo control de un fideicomiso. Por ahora, los dueños traban y condicionan esa salida
Por Raúl Dellatorre

Omar Perotti (gobernador de Santa Fe), con el presidente Alberto Fernández 

El futuro del caso Vicentin pasa, en estos momentos, por una negociación, mano a mano, entre el gobierno de Omar Perotti y los dueños de la empresa, por la entrega de las acciones y, consecuentemente, el control de la firma en concurso de acreedores. El juez comercial Fabián Lorenzini, a cargo del proceso concursal, prácticamente cedió el manejo del conflicto a las mencionadas partes, desbordado por una situación que ya no controla en ningún sentido. Perotti confía en lograr que le cedan el control accionario para así poder constituir un fideicomiso, que quedaría al frente de la empresa en esta transición. Luego, buscaría un acuerdo con los acreedores, el Estado nacional y algún inversor privado para constituir una empresa mixta continuadora de la actual.

Hay varios inconvenientes a sortear en el camino, el más inmediato es convencer al clan Vicentin para que entregue las acciones. Pero, además, ¿qué van a entregar? ¿Las acciones de una Vicentin SAIC vaciada y en virtual quiebra, luego de haber transferido gran parte del patrimonio a las otras empresas del holding, que mantienen fuera del concurso? Un pedido presentado este jueves al juzgado de Lorenzini por el Banco Nación, en carácter de acreedor, pretende impedir esta maniobra, reclamando que todas las empresas en las que participa Vicentin sean incorporadas como activo comprometido en la causa, o bien sean incluidas en el patrimonio a gestionar por un eventual fideicomiso (ver nota aparte sobre esta presentación).  

Todas las idas y vueltas, avances y marcha atrás, de la frustrada intervención federal de Vicentin y la propuesta y desactivación oficial de expropiación, derivaron en la convocatoria a conciliación que realizó el juez Lorenzini el miércoles 15, juntando en su despacho a los directivos de la empresa y a los representantes del gobierno santafesino (IGPJ y Ministerio de Justicia). "Ahí empezó la verdadera negociación", cuenta un participante clave de todo el proceso transcurrido hasta este momento.

El punto a conciliar era si los miembros del clan Vicentin debían continuar o no al frente de la empresa. Padoán, Nardelli, Buyatti, Colombo y Vicentin son los principales apellidos, todo ligados entre sí por vínculos familiares. Recibieron el respaldo del juez cuando desplazó a la intervención nombrada por el presidente de la Nación y repuso al Directorio anterior al frente de la empresa. Pero la inspección general de personas jurídicas provincial (IGPJ) arremetió con munición pesada: enumeró la larga serie de irregularidades de las que son responsables, incluso bajo riesgo de ser condenados por delitos penales, lo que hacía imperioso su desplazamiento y la designación de una intervención con aval del juez Lorenzini. La respuesta de este último fue convocar a ambos, IGPJ y Directorio, a una reunión de conciliación.

Del lado del clan familiar empresario, la negociación tiene varios flancos desequilibrantes, según confió la misma fuente consultada. No existe hoy un liderazgo claro, quienes ejercían la conducción hasta 2019 (Alberto Padoán, Gustavo y Sergio Nardelli) hoy son los que están más expuestos públicamente. Y más cuestionados puertas adentro. "Prácticamente, le han cedido la conducción a la generación siguiente", señala el informante, con nombres que no tienen el peso sobre el resto que tenían sus mayores en algún momento. De hecho, no logran unificar criterio entre los 130 parientes accionistas. 

Tampoco quieren dividirse (unos aceptarían entregar las acciones, otros no), porque además deben resolver qué posición va a tomar Vicentin Family Group Uruguay, accionista de peso en Vicentin SAIC que, como es obvio, tiene que dar una única respuesta. Y en VFG, que "es la joya a preservar si entregan a Vicentin SAIC como cordero sacrificial", participan todos. Por ahora, la salida ha sido ir cargando de "condiciones" la eventual entrega del paquete accionario. Lo cual, por lo pronto, logró demorar una definición.

Si Perotti logra vencer este escollo y obtiene el paquete de control de Vicentin SAIC, empezará a lidiar con los acreedores comerciales buscando su respaldo a la futura administración del fideicomiso, lo cual le demandará no pocos inconvenientes. Ya está moviendo piezas anticipándose a esa tarea, y para ello cuenta con el respaldo de Alberto Fernández. El presidente nombró dos "asesores" --así los denominó-- para colaborar en la tarea y hacer el seguimiento. Uno es su jefe de asesores en el gobierno, Juan Manuel Olmos, el otro es Gabriel Delgado, quien había sido designado interventor en Vicentin, un profesional joven pero de larga experiencia en el sector. Esta semana ya estuvo en Rosario tratando el tema con referentes locales. 

El gobernador de Santa Fe le había prometido a Alberto Fernández que tendría "novedades" antes del viernes 31. Esto es, el acuerdo para constituir el fideicomiso. "Los Vicentin" se la están haciendo difícil, pero todavía tiene chances de llegar. Las probables complicaciones ante la justicia penal en la Capital y las que deriven de la causa abierta por los bancos extranjeros en Nueva York pesan fuerte sobre el ánimo de los más renombrados del clan familiar, lo cual puede demorar definiciones. O acelerarlas, eventualmente. El paraguas de protección de funcionarios y "fuerzas vivas" del pago chico de Avellaneda (Santa Fe) alcanzaba para los primeros chubascos, pero no para la tormenta que se avecina. 

Fuente:Pagina12