Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020.
Lo aseguró la especialista en salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Ciudad, Viviana Mazur, durante la charla virtual “ILE y Pandemia”, organizada por la Comisión de Mujer de la Legislatura porteña.
Del encuentro organizado por la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, a cargo de la legisladora Laura Velasco, también participaron la abogada y referente feminista, Nelly Minyersky, y la legisladora y ex Ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez.
En este marco, Viviana Mazur, integrante del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud porteño, alertó sobre los problemas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la emergencia sanitaria: “Cuando estalló la pandemia en nuestro país, tanto desde el Programa de Ciudad como desde el de Nación, se enviaron recomendaciones a los equipos en pos de seguir garantizando los derechos sexuales y reproductivos. Pero observamos que a pesar de contar con los insumos y el personal, las prestaciones disminuyeron enormemente. Hay muchas mujeres que no están llegando al sistema de salud por el método anticonceptivo que venían usando y esto es una alerta enorme. Estamos revisando justamente esos números y nos estremecen, nos preocupan”.
“Antes, muchas mujeres salían para llevar a los chicos a la escuela o ponían alguna excusa y se hacían ‘la escapada’ al centro de salud en busca de los anticonceptivos. Hoy ya no pueden hacerlo o tienen miedo de salir. Creo que confluyen muchos factores para que hoy exista un enorme riesgo en el acceso a la salud sexual y reproductiva y tenemos que revertirlo rápidamente porque las consecuencias se van a ver pronto”, agregó Mazur, quien informó que ya están recibiendo “muchos pedidos de ILE de embarazos avanzando, cuando en 2019 el ochenta y cinco por ciento de las solicitudes se realizaban antes de las doce semanas de gestación: “Hoy tenemos una importante demanda de mujeres que no pudieron hacerse ni siquiera un test, ni hablar de una ecografía”.
Todas las participantes de la charla coincidieron en la necesidad de encarar una campaña de difusión urgente respecto a la posibilidad de salir para denunciar casos de violencia de género, hacerse de métodos anticonceptivos o solicitar una ILE. “Muchas piensan que necesitan una orden médica para poder salir y transitar”, aseguró Mazur, mientras que Minyersky, quien se comprometió a colaborar con el tema desde el Parlamento de las Mujeres que preside en la Legislatura porteña, instó a no perder de vista que “muchas mujeres viven siempre en pandemia, porque están obligadas a no salir, a no cuidarse, a limitarse, a ser las últimas”.
“Antes, muchas mujeres salían para llevar a los chicos a la escuela o ponían alguna excusa y se hacían ‘la escapada’ al centro de salud en busca de los anticonceptivos. Hoy ya no pueden hacerlo o tienen miedo de salir. Creo que confluyen muchos factores para que hoy exista un enorme riesgo en el acceso a la salud sexual y reproductiva y tenemos que revertirlo rápidamente porque las consecuencias se van a ver pronto”, agregó Mazur, quien informó que ya están recibiendo “muchos pedidos de ILE de embarazos avanzando, cuando en 2019 el ochenta y cinco por ciento de las solicitudes se realizaban antes de las doce semanas de gestación: “Hoy tenemos una importante demanda de mujeres que no pudieron hacerse ni siquiera un test, ni hablar de una ecografía”.
Todas las participantes de la charla coincidieron en la necesidad de encarar una campaña de difusión urgente respecto a la posibilidad de salir para denunciar casos de violencia de género, hacerse de métodos anticonceptivos o solicitar una ILE. “Muchas piensan que necesitan una orden médica para poder salir y transitar”, aseguró Mazur, mientras que Minyersky, quien se comprometió a colaborar con el tema desde el Parlamento de las Mujeres que preside en la Legislatura porteña, instó a no perder de vista que “muchas mujeres viven siempre en pandemia, porque están obligadas a no salir, a no cuidarse, a limitarse, a ser las últimas”.
Fuente: RedEco
Denuncia de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Necochea
A través de un comunicado se refirieron a la situación de maltrato y abandono hacia las personas gestantes que acuden a solicitar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por parte de las autoridades y profesionales del sistema de Salud Municipal de Necochea y Quequén, lo que genera distintos riesgos para la salud.
Reproducimos comunicado:
En este nuevo contexto de pandemia mundial y de aislamiento obligatorio, las autoridades del Hospital Dr. Emilio Ferreyra y del Hospital Dr. José Irurzun han decidido continuar sin brindar respuestas respecto a una práctica esencial como es el derecho a acceder a un aborto por causales, práctica que además de ser legal desde 1921 ha sido caracterizada como prioritaria en el contexto del ASPO tanto por el Gobierno Provincial como Nacional.
En este nuevo contexto de pandemia mundial y de aislamiento obligatorio, las autoridades del Hospital Dr. Emilio Ferreyra y del Hospital Dr. José Irurzun han decidido continuar sin brindar respuestas respecto a una práctica esencial como es el derecho a acceder a un aborto por causales, práctica que además de ser legal desde 1921 ha sido caracterizada como prioritaria en el contexto del ASPO tanto por el Gobierno Provincial como Nacional.
En nuestro distrito, las malas prácticas de algunes profesionales de la salud con respecto a la ILE (negación, dilación, violencia) y la falta de intervención de lxs funcionarixs responsables, atentan contra las normativas y protocolos vigentes, contra la salud, riesgo de vida y la dignidad de lxs pacientes.
En base al marco legal actual, es necesario poner a disposición de quien solicita la ILE las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarla a cabo de manera rápida, accesible y segura. Asimismo, el protocolo 2019 incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)–.
En Necochea y Quequén, aunque la medicación actualmente está garantizada por el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, es preciso tener en cuenta que la crisis sanitaria multiplica las barreras para su futura disponibilidad, por eso urge que el Estado municipal tome medidas al respecto. Además, la ILE sólo es practicada por un único Centro de Salud, obstaculizada o abandonada en muchas instancias por el resto del sistema, y la AMEU no es desarrollada por ningún/a profesional.
Los riesgos asociados con la interrupción del embarazo, si bien son mínimos cuando se realiza adecuadamente, aumentan a medida que incrementa la edad gestacional. Por esta razón el derecho a la ILE debe otorgarse en no más de 10 días de solicitado y debe garantizarse en cada institución de salud, ya que, no existe la objeción de conciencia institucional. Ésta no puede invocarse para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE si no existe otro/a profesional que pueda garantizar la práctica, según lo establece la Ley de Derechos del Paciente 26.529. Tampoco si se trata de una situación de emergencia.
La objeción de conciencia puede ser invocada respecto a realizar la práctica en sí, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral, sean previas o posteriores al aborto. Además, el protocolo de Provincia 2020 explicita que la consulta por ILE debe considerarse una urgencia, en consecuencia, no puede posponerse, ni derivarse a otro centro del mismo nivel.
La interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros que cualquier otra prestación del servicio de salud, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada. Se debe velar por la garantía de los derechos consagrados en el marco normativo y los/as efectores/as de salud y los/as funcionarios/as vinculados/as, son responsables de garantizarlo. En tanto no se aborde la situación con la profundidad y compromiso necesarios, continuarán los casos en perjuicio de la salud de las mujeres y de las personas con capacidad gestante.
Por estas razones, responsabilizamos a Arturo Rojas, intendente municipal; Lic. Ruth Kalle, secretaria de Salud; Gabriel González, director del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra; Nicolás Salguero, director del Hospital Municipal Dr. Jose Irurzun; Dr. Ricardo Russo, Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Dr. Emilio Ferreyra de desconocer, omitir y desatender, en el mejor de los casos, y obstaculizar, en el peor, el Código Penal de la Nación en su art 86 inc 1 y 2, las directivas emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo F.A.L. de 2012, el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE), actualización 2019, ratificado por la Provincia de Buenos Aires en 2020, y las “Recomendaciones para la atención integral de las personas con derecho a interrumpir el embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos, en el marco de la pandemia por coronavirus” de marzo del 2020 establecidas por el Ministerio de Salud de la Provincia.
Ante la falta de respuesta al pedido de reuniones, exigimos a las autoridades municipales que nos reciban a la brevedad.
Ante la falta de respuesta al pedido de reuniones, exigimos a las autoridades municipales que nos reciban a la brevedad.
LA PRÁCTICA DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO ES LEGAL. NEGARSE A REALIZARLA ES ILEGAL Y PASIBLE DE SANCIÓN
¡Seguiremos reclamando nuestro derecho a la salud integral, continuaremos exigiendo al Estado lo que nos corresponde!
¡LA ILE NO ES UN FAVOR, ES UN DERECHO Y ES URGENTE!
#AbortoLegal2020 #Quesealey
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Necochea – Quequén
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Necochea – Quequén
Fuente: RedEco
Amenaza de desalojo del acampe de la Comunidad de Chuschagasta en Tucumán
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020.
Integrantes de la Comunidad se encuentran en Plaza Irigoyen, frente al Palacio de Justicia de Tucumán, para exigir que la Corte Suprema deje firme la sentencia y ratifique las penas de los condenados por el asesinato de Javier Chocobar, quienes fueron liberados a principios de mes. Durante la noche del miércoles la Comunidad fue intimada a levantar el acampe antes de las 9 de este jueves.
Según el abogado de la Comunidad, empleados de la Dirección de Espacios Verdes del municipio de San Miguel de Tucumán intentaron este miércoles por la noche desalojarlos. Ante este intento, se acercaron distintos organismos de derechos humanos para acompañar a los integrantes de la Comunidad de Chuschagasta, quienes se encuentran acampando por tiempo indeterminado desde el lunes.
“Las y los Chuschagasta resolvimos iniciar una Asamblea Comunitaria por tiempo indeterminado frente al Palacio de Justicia de Tucumán para hacer visible una vez más nuestro repudio por la liberación de los asesinos: el terrateniente – usurpador Dario Amín y los ex policías Humberto «niño» Gómez y José Valdivieso Sassid quiénes fueran condenados el 24 de octubre de 2018 a: 22 años, 18 años y 10 años de cárcel por el asesinato de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar.
Exigimos a la Corte Suprema de Justicia qué deje firme la sentencia y ratifique las condenas a los asesinos. Repudiamos enérgicamente a la justicia Tucumana racista qué una vez más vulnera nuestros derechos humanos y colectivos como Pueblo originario preexistente exponiéndonos de nuevo a situaciones de violencia y hostigamientos por parte de éstos asesinos”, afirmaban desde la Comunidad a principios de esta semana.
“Las y los Chuschagasta resolvimos iniciar una Asamblea Comunitaria por tiempo indeterminado frente al Palacio de Justicia de Tucumán para hacer visible una vez más nuestro repudio por la liberación de los asesinos: el terrateniente – usurpador Dario Amín y los ex policías Humberto «niño» Gómez y José Valdivieso Sassid quiénes fueran condenados el 24 de octubre de 2018 a: 22 años, 18 años y 10 años de cárcel por el asesinato de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar.
Exigimos a la Corte Suprema de Justicia qué deje firme la sentencia y ratifique las condenas a los asesinos. Repudiamos enérgicamente a la justicia Tucumana racista qué una vez más vulnera nuestros derechos humanos y colectivos como Pueblo originario preexistente exponiéndonos de nuevo a situaciones de violencia y hostigamientos por parte de éstos asesinos”, afirmaban desde la Comunidad a principios de esta semana.
Ante la resistencia de la comunidad de abandonar su reclamo y el acompañamiento de los organismos, el funcionario a cargo del operativo los intimó a a levantar el acampe antes de las 9 de la mañana de este jueves.
Desde H.I.J.O.S. Tucumán advirtieron que el secretario de Gobierno de la municipalidad es el abogado Rodolfo Ocaranza, quien fue legislador del partido del genocida Domingo Bussi.
Imagen: H.I.J.O.S. Tucumán
Fuente: RedEco
Después de ser reprimidos varias veces l@s vecin@s ocupantes de tierras en el barrio bonaerense Numancia (Guernica) obtuvieron una primera victoria
Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020.
Alrededor de 300 familias que desde hace tres días ocuparon un terreno de unas 15 hectáreas en el barrio Numancia (Presidente Perón) en Guernica, continúan en el sitio resistiendo. No solo han aguando el frío y la lluvia, sino que el primer día sufrieron la prepotencia policial habitual que quiso desalojarlos, pero este miércoles la situación se agravó cuando llegó al lugar una patota armada y a caballo, que a después de gritar que ellos eran «los dueños» comenzaron a embestir contra los hombres, mujeres y niñes que se hallaban alli.
A consecuencia de este ataque realizado con total impunidad una adolescente fue atropellada por un caballo que la pasó por encima varias veces, y una mujer recibió un latigazo en la cara quedando ambas muy mal heridas.
Video; Relato de la ocupación por un militante de la OLP-Resistir y Luchar
La reacción de los vecinos, en general gente joven, fue inmediata y no solo frenaron a los atacantes sino que los hicieron huir arrojándole piedras y palos.
Después de este ataque, y a través de gestiones que se hicieron con la intendencia se logró que desde esa institución llegara el primer mensaje positivo, concediendo que los ocupantes se puedan quedar allí y pidiéndoles que demarquen las calles del terreno para que luego las máquinas de la municipalidad puedan trazar la división entre lotes.
Los vecinos y vecinas ocupantes son generalmente parejas jovenes que viven hacinados con sus familias en casas muy humildes y pequeñas. La mayoría de ellos y ellas son trabajadores eventuales o desocupados producto de la brutal crisis económica, y que están necesitados de una vivienda. Varios de los ocupantes pertenecen a la OLP-Resistir y Luchar que ha acompañado dia a día la permanencia en el sitio y apoyado esta lucha indispensable por el derecho humano de lograr una vivienda digna.
En la mañana del jueves, entre el barro y una temperatura invernal, muchos de los jóvenes ocupantes no pensaban en el Covid ni en la cuarentena, sino en como ir arreglando esas tierras que no eran de nadie y que algunos especuladores amparados por algún funcionario venal, quería lotearlas para obtener ganancias aprovechando las duras situaciones que genera la desesperación y la pobreza. Por eso, cabe hablar de una primera victoria que solo da la lucha. Cuando el pueblo ayuda al pueblo no hay obstáculo imposible de sortear, y en Numancia ha quedado de manifiesto otra vez que la unión hace la fuerza.
Gremial de Abogados y Abogadas afirma que no existe la “justicia” tal como nos dicen que debería existir
Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020
La Gremial de Abogados y Abogadas ante los asesinatos masivos, desapariciones y otros crímenes de los Estados Nacional y Provinciales.
El rol de las instituciones oficiales y las secretarias de DDHH ante esas atrocidades. Desafiamos discutir abiertamente.
Vimos hace poco sin sorpresa como la Policía del Chaco, reventaba literalmente a un par de familias Qom, y al poco tiempo nos sorprendimos como “Comités contra la Tortura”, “Secretarías de DDHH” y otras instituciones estatales o para-estatales de la misma provincia corrieron a presentarse frente a esos hermanos Qom, a requerirles firmas para ir contra los policías.
Por supuesto, los policías están libres, y aquí no ha pasado nada, y esos organismos estatales ni parpadean. En algunos casos porque realmente creen en la Justicia y en el Derecho, (y además creen aún más en sus rentados puestos administrativos) no hacen mucho más de lo que su protocolos y códigos de procedimiento les especifican.
Esto lo venimos viendo desde (mínimo) hace diez años, o sea, desde que volvimos a reflotar la Gremial de Abogados y Abogadas.
Esto lo venimos viendo desde (mínimo) hace diez años, o sea, desde que volvimos a reflotar la Gremial de Abogados y Abogadas.
Montones de organismos del Estado, o con sueldos del Estado que salen apresurados a “contener” a las familias de los asesinados por fuerzas de seguridad a quien les paga el mismo patrón que a ellos.
Lo grave es, justamente, que esas instituciones estatales o para-estatales con sueldos del Estado, jamás considerarán la responsabilidad del propio Estado, sea por sus limitaciones ideológicas, sea porque tienen otras ideas políticas, sea para mantener sus puestos rentados.
Lo grave es, justamente, que esas instituciones estatales o para-estatales con sueldos del Estado, jamás considerarán la responsabilidad del propio Estado, sea por sus limitaciones ideológicas, sea porque tienen otras ideas políticas, sea para mantener sus puestos rentados.
Porque de lo que se trata es de establecer la máxima responsabilidad ante una muerte, una desaparición o una tortura, y eso corresponde al Estado.
El máximo responsable de las torturas a los Qom en el Chaco es el Gobierno del Chaco y su gobernador. El máximo responsable de la desaparición de una persona en la Provincia de Buenos Aires o Tucumán son igualmente las máximas autoridades provinciales.
El máximo responsable de las torturas a los Qom en el Chaco es el Gobierno del Chaco y su gobernador. El máximo responsable de la desaparición de una persona en la Provincia de Buenos Aires o Tucumán son igualmente las máximas autoridades provinciales.
Si quieren pensar, decir y tratar de quitarles responsabilidades políticas a sus jefes y empleadores pueden hacerlo, pero no pretendan que todos los demás lo creamos así.
Hace años que los familiares de Kosteki y Santillán bregan por tratar de que los administradores de Justicia accedan a hacer lugar al planteo respecto de la responsabilidad jurídica y penal, de los funcionarios políticos del Gobierno (de Duhalde primero, de los Kirchner después y hoy nuevamente de este actual Gobierno) pero ahí empieza la divisoria de aguas, porque ni muchos organismos de DDHH acompañarán a las familias de esos dos cros caídos, ni mucho menos las “Secretarías” de DDHH de Nación o Provincia de Buenos Aires.
Y es entendible, no se tirarán contra sus empleadores o contra las conducciones de las fuerzas políticas que esos funcionarios “de DDHH” integran.
Y es entendible, no se tirarán contra sus empleadores o contra las conducciones de las fuerzas políticas que esos funcionarios “de DDHH” integran.
Junto a ésta nota, la Gremial de Abogados y Abogadas adjunta una planilla detallada de los casos de muertos, o desaparecidos durante la cuarentena, que hasta el momento que la elaborábamos eran veinte pero al escribir esto ya son veintidós y siguen subiendo. (en el enlace a la web)
Pero para ayudar a pensar (o a que nos puteen) vayamos a lo concreto de un ejemplo con algunas preguntas:
Pero para ayudar a pensar (o a que nos puteen) vayamos a lo concreto de un ejemplo con algunas preguntas:
La Gendarmería Nacional, es una fuerza nacional o provincial??
Es Nacional y depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Ministerio de Seguridad es una estructura autónoma o dependiente??
Es dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación o sea del propio Presidente de la Nación.
Entonces, si la gendarmería asesina a un chico como lo hizo en el Bajo Flores, con personal uniformado, en funciones de prevención, con armas reglamentarias, ¿el responsable es solo el gendarme que dispara o hay una responsabilidad en la cadena de mandos? Lo que se llama responsabilidad indirecta.
Para la Gremial de Abogados y Abogadas la responsabilidad de la muerte de ese chico llega hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación y alcanza a la Presidencia.
Es Nacional y depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Ministerio de Seguridad es una estructura autónoma o dependiente??
Es dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación o sea del propio Presidente de la Nación.
Entonces, si la gendarmería asesina a un chico como lo hizo en el Bajo Flores, con personal uniformado, en funciones de prevención, con armas reglamentarias, ¿el responsable es solo el gendarme que dispara o hay una responsabilidad en la cadena de mandos? Lo que se llama responsabilidad indirecta.
Para la Gremial de Abogados y Abogadas la responsabilidad de la muerte de ese chico llega hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación y alcanza a la Presidencia.
Acaso no se planteó así cuando desapareció Santiago Maldonado?
Acaso no culpábamos a la Ministra Bullrich y al Presidente Macri? Acaso no nos enfrentamos con Bullrich y Macri cuando asesinaron a Rafita Nahuel?
Es distinta la Gendarmeria de Bulrich que la de Fernández?
Demos otro ejemplo, los juicios de Lesa Humanidad, en estos juicios se ha condenado a altos oficiales de las FFAA por atroces delitos como muertes, torturas, etc.
Por supuesto no habrá una sola prueba que indique que Videla o Massera mataron o torturaron ellos personalmente a alguien. La responsabilidad es indirecta, si Videla era el Presidente o fulano o mengano eran los Jefes de Ejército o Armada, tendrán entonces una responsabilidad por torturas, fusilamientos o apropiación de bebés.
Los organismos de DDHH, las Secretarías de DDHH (querellantes en esas causas), festejan las condenas cuando se aplican las responsabilidades indirectas, pero miran para otro lado cuando se asesina alevosamente a un pibe pobre de un barrio pobre en un proceso de control poblacional como se viene haciendo durante la cuarentena.
Acaso no culpábamos a la Ministra Bullrich y al Presidente Macri? Acaso no nos enfrentamos con Bullrich y Macri cuando asesinaron a Rafita Nahuel?
Es distinta la Gendarmeria de Bulrich que la de Fernández?
Demos otro ejemplo, los juicios de Lesa Humanidad, en estos juicios se ha condenado a altos oficiales de las FFAA por atroces delitos como muertes, torturas, etc.
Por supuesto no habrá una sola prueba que indique que Videla o Massera mataron o torturaron ellos personalmente a alguien. La responsabilidad es indirecta, si Videla era el Presidente o fulano o mengano eran los Jefes de Ejército o Armada, tendrán entonces una responsabilidad por torturas, fusilamientos o apropiación de bebés.
Los organismos de DDHH, las Secretarías de DDHH (querellantes en esas causas), festejan las condenas cuando se aplican las responsabilidades indirectas, pero miran para otro lado cuando se asesina alevosamente a un pibe pobre de un barrio pobre en un proceso de control poblacional como se viene haciendo durante la cuarentena.
He ahí la certeza de la Gremial cuando afirma que no existe la “justicia” tal como nos dicen que debería existir.
Los organismos estatales o para-estatales ahora se hacen los tontos cuando las fuerzas de seguridad del gobierno que integran producen semejantes matanzas.
Porque en este caso las instituciones que dirigen esas fuerzas de seguridad también les pagan sus sueldos a ellos y además son dirigentes del mismo proyecto político que es el del gobierno, o los de los gobiernos provinciales cuando es el caso.
Porque en este caso las instituciones que dirigen esas fuerzas de seguridad también les pagan sus sueldos a ellos y además son dirigentes del mismo proyecto político que es el del gobierno, o los de los gobiernos provinciales cuando es el caso.
Desde la Gremial de Abogados y Abogadas somos conscientes que hay muchos que no acordarán con estos planteos nuestros, sea por convicción o por conveniencia, pero instamos a las militancias de partidos y organismos de DDHH y sobre todo instamos a los familiares de muertos y desaparecidos a que hagan un esfuerzo para pensar, para reflexionar y para llevar la discusión de estas cuestiones a donde sea que haga falta.-
Ya no podemos ser “cuidadosos” o “diplomáticos” para tratar de evitar una discusión real y concreta que tiene responsables reales y concretos en una situación de represión que avanza y que será cada vez peor.
No podemos decir y repetir como lo hacemos “El Estado es responsable” pero callar ante determinado gobierno. Si el estado es responsable lo es con Duhalde, con Macri, con Kirchner o con Fernández.
La Gremial de Abogados y Abogadas se pondrá a la cabeza de esta discusión y no cederá ni un milímetro en estos planteos, porque surgen de hechos indiscutibles como son los que acá volcamos en la lista que adjuntamos.
Y quisiéramos ser objeto, más de críticas que de aplausos o acuerdos, porque estos últimos nos vienen siempre en la cara, pero los primeros son solapados y no se animan a decírnoslo.
Desafiamos a las autoridades de las Secretarías de DDHH de Nación y de cualquier provincia, a las Fiscalías de DDHH, de Género, de Violencia Institucional, a los jueces y fiscales de cualquier jurisdicción, a los Organismos de DDHH o colectivos de juristas y, por supuesto al o los Ministerios de Seguridad sea Nación o provincia. A cualquiera de todos estos, a que se animen a debatir con la Gremial de Abogados y Abogadas, en los términos que nos impongan, con los moderadores que nos indiquen y con los temarios que acordemos.
Ya no podemos ser “cuidadosos” o “diplomáticos” para tratar de evitar una discusión real y concreta que tiene responsables reales y concretos en una situación de represión que avanza y que será cada vez peor.
No podemos decir y repetir como lo hacemos “El Estado es responsable” pero callar ante determinado gobierno. Si el estado es responsable lo es con Duhalde, con Macri, con Kirchner o con Fernández.
La Gremial de Abogados y Abogadas se pondrá a la cabeza de esta discusión y no cederá ni un milímetro en estos planteos, porque surgen de hechos indiscutibles como son los que acá volcamos en la lista que adjuntamos.
Y quisiéramos ser objeto, más de críticas que de aplausos o acuerdos, porque estos últimos nos vienen siempre en la cara, pero los primeros son solapados y no se animan a decírnoslo.
Desafiamos a las autoridades de las Secretarías de DDHH de Nación y de cualquier provincia, a las Fiscalías de DDHH, de Género, de Violencia Institucional, a los jueces y fiscales de cualquier jurisdicción, a los Organismos de DDHH o colectivos de juristas y, por supuesto al o los Ministerios de Seguridad sea Nación o provincia. A cualquiera de todos estos, a que se animen a debatir con la Gremial de Abogados y Abogadas, en los términos que nos impongan, con los moderadores que nos indiquen y con los temarios que acordemos.
Quizás un debate de este tipo, por duro y áspero que sea, pueda evitar mas muertes y la sangría que están produciendo en los barrios y zonas de los pobres, o al menos determinar las responsabilidades.
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina
Julio 2020.
Julio 2020.
Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020.
Hoy, a las 6 de la mañana un operativo policial sin orden judicial desalojó a familias en el barrio Los Eucaliptus en Quilmes. A pesar del decreto que prohíbe los desalojos y el pico de la pandemia, varias viviendas fueron derribadas por topadoras y unas 36 familias quedaron en la calle.
Luego del operativo vecinos y vecinas afectadas cortaron la intersección de avenida La Plata y Lamadrid. Denunciaron el derribó de al menos 8 viviendas precarias que estaban sobre un sector donde el municipio planifica construir viviendas y un playón deportivo. Señalaron al municipio como responsable del desalojo, aunque desde la intendencia se desentendieron.
“Estaba durmiendo en una casa prestada porque me estoy construyendo mi casa. Agarré el terreno porque lo necesito. Me levanto porque me dicen los vecinos que me estaban tirando la casa. Vengo con todo mi esfuerzo para tener un techo mío y vienen a hacerme esto”, dijo Bárbara, al portal Hecho en Quilmes.
La CTA Autonoma y ATE Quilmes repudiaron los hechos:
“Desde ATE Quilmes y la CTA Autonoma repudiamos el desalojo y los hechos de violencia que sufrieron las 36 familias del Barrio Los Eucaliptos de Quilmes por parte del Estado.No podemos tolerar este tipo de atropellos así como ningún acto de violencia institucional como el que ejerció el Estado, con complicidad de las Fuerzas Policiales, contra estas familias”, expresó a través de un comunicado ATE y la CTA Autónoma de Quilmes.“Esperamos que esta situación se revierta permitiéndoles a estas familias tener un lugar digno para vivir ya que no podemos permitir que el Estado deje sin un techo digno a ningún vecino y vecina.ATE y la CTA Autonoma no permitirá que en nuestros distritos haya políticas represivas propias de los Gobiernos Neoliberales que atenten contra cualquier ciudadano o ciudadana”.
Fuente: AnRed
Día del Trabajo Doméstico: cuidar en tiempos de pandemia
Por Florencia Trentini, Resumen Latinoamericano, 23 de julio de 2020.
Cada 22 de julio se celebra el Día Internacional del Trabajo Doméstico, establecido durante el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Lima en 1983. Este año se da en un contexto donde las tareas de cuidado cobraron una especial centralidad, obligándonos a (re)pensar el conflicto capital-vida.
De acuerdo con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo doméstico es el realizado en un hogar u hogares, y quienes lo llevan a cabo lo hacen en el marco de una relación laboral. Se define entonces por el lugar de trabajo: un hogar privado en el que se prestan tareas y servicios de cuidado tanto de la casa como de las personas que allí habitan. Esta definición no contempla el trabajo doméstico que se realiza en hogares familiares, por fuera de una relación laboral.
El pensamiento ortodoxo asociado a la economía neoclásica ha sedimentado la fuerte relación entre economía-actividades mercantiles-producción de riqueza, poniendo el foco en la reproducción del capital, invisibilizando la reproducción de la vida. En este proceso ciertos actores (y actrices) fueron históricamente invisibilizados al momento de pensar la Economía con mayúsculas.
Así el concepto de trabajo se cristalizó como sinónimo de trabajo asalariado o empleo, separando de forma tajante el ámbito laboral del ámbito familiar, escindiendo lo público de lo privado. El trabajo doméstico quedó relegado al mundo del hogar, oculto, en un ámbito no pensado como económico. Por esto nos acostumbramos a repetir: “Mi mamá no trabaja, es ama de casa”. Y aun hoy muchas mujeres que salen de sus casas a “trabajar” sostienen que eso que hacen es una “ayuda” y no un trabajo, mientras en paralelo los hombres “ayudan” en la casa levantando la mesa.
“Trabajo”, “ayuda”, “ingreso”, “renta”, “salario”, “cuidado” no son conceptos libres de cargas fuertemente hegemónicas, son construcciones de sentido que instantáneamente asociamos a determinadas prácticas y determinades sujetes. Sus significados son también fuertemente asimétricos. Así aprendemos desde niñes que hay ciertas tareas por las que mereceremos recibir dinero y derechos y otras, generalmente las asociadas al cuidado, serán una “vocación” (dícese de una llamada o inspiración procedente de Dios para llevar una forma de vida o una inclinación que sentimos en nuestro interior para dedicarnos a algo) y será mal visto exigir derechos o una remuneración económica por realizarlas.
Sin embargo, en los últimos años, desde la economía popular y el movimiento feminista los grandes castillos inexpugnables de “la Economía”, “el Trabajo”, “el Salario” comenzaron a ser disputados. La “Economía Popular”, “el Salario Social Complementario”, “la Economía Feminista”, el “Trabajo de Cuidados” vendrán a usar esos conceptos para resignificarlos, convertirlos en arenas de disputa, porque las palabras también señalan relaciones y poderes materiales, sociales, económicos y políticos. Por eso no es lo mismo recibir un salario que un ingreso, aunque ambos sean dinero.
En el caso de “trabajo doméstico”, durante las décadas de 1970 y 1980, a partir del movimiento feminista y la reivindicación por los derechos de las mujeres, empezó a ser tomado en cuenta desde una dimensión objetiva: bienes, servicios, vestimenta, alimentos. Pero a partir del Siglo XXI, su carácter subjetivo vinculado a la dimensión de los cuidados fue puesto sobre la mesa para remarcar su centralidad en el proceso de reproducción del capital.
En este marco, los planteos de la economía feminista y los estudios de género evidenciaron la dificultad de separar la producción de la reproducción, lo privado de lo público y la casa del trabajo al momento de pensar la economía (o las economías). En los últimos años tanto la economía de los cuidados como los planteos del buen vivir han trastocado “lo obvio” en materia de relaciones económicas y desafiado las estructuras de un sistema fuertemente capitalista, colonialista, heteropatriarcal y también destructor del medio ambiente. Un sistema que actualmente funciona derivando la responsabilidad de sostener la vida a las esferas invisibilizadas del trabajo doméstico.
Cuidar a las que cuidan
Desde chiquitas, mientras hermanos, primos y compañeritos de colegio juegan al fútbol, manejan autitos, o son superhéroes, a las mujeres nos acostumbraron a cuidar muñecas, jugar a la casita, tener changuitos de plástico, bolsitas de mandados en miniatura, escobitas, tablitas de planchar, todas las versiones tamaño niñas de lo que se necesita para hacerse cargo de la casa. Nos dicen desde entonces que esas son nuestras tareas, y a la inversa, los varones aprenden que no son las suyas. De hecho, cuantas abuelas se siguen indignando si su nieto juega con un bebé o agarra una escoba.
En este proceso (sumamente social) se va naturalizando la capacidad de las mujeres para cuidar, se nos va haciendo responsables del cuidado y nosotras nos vamos sintiendo responsables de los mismos, y terminamos sintiendo culpa hasta por no ofrecer un café. Algunas tenemos la suerte de poder tercerizar esas tareas, y que otras ofrezcan el café por nosotras. Pero para los sectores populares, en los que esta posibilidad casi no existe, son las políticas públicas las que pueden garantizar derechos que mitiguen –al menos en parte- la desigualdad.
El contexto de pandemia amplió muchas de estas desigualdades. En el aislamiento, sin escuelas y espacios de cuidado de niñes la carga de trabajo doméstico no remunerado fue en aumento, y en muchos casos a las tareas habituales se sumó la de ser docentes de sus hijes en casa. Asimismo, gran parte de los trabajos denominados esenciales son tareas feminizadas. Y a esto debemos sumarle el trabajo comunitario fundamental que las mujeres llevan adelante en las ollas y comedores para combatir el hambre en el marco de la crisis económica profundizada por la cuarentena.
Frente a esta situación, se comenzaron a implementar políticas que permitieran achicar –al menos un poco- la brecha de género. El informe Políticas públicas y perspectiva de género elaborado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género a cargo de Mercedes D´Alessandro muestra que el 55,7% de quienes accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) son mujeres, y esto no es una casualidad, sino que se debe a un diseño de la política con perspectiva de género, que entre otras cosas planteó la necesidad de incluir a las trabajadoras de casas particulares, debido a que ésta es la principal ocupación de las mujeres en Argentina.
El 93,6% de las personas que trabajan en el sector doméstico son mujeres, y el 76% no percibe descuento jubilatorio, ni todos los otros beneficios que sí tienen las personas con trabajos formales (licencias, vacaciones, aguinaldo). Este es uno de los sectores que presenta mayores niveles de informalidad, con uno de los salarios más bajos del mercado de trabajo. En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) la mayoría de estas trabajadoras no pudo seguir asistiendo a su lugar de trabajo, y por eso se pensó especialmente su inclusión dentro del IFE.
En función de estos datos es que el informe sostiene que un efecto no explícito de esta política podría ser el reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas.
La sostenibilidad de la(s) vida(s)
Como se viene repitiendo, la pandemia no generó las desigualdades, sino que las expuso y potenció. Hoy ya nadie puede discutir que estamos enfrentando una crisis civilizatoria sin precedentes. 500 años de capitalismo han generado un sistema que no es sostenible para la mayoría de la población del planeta que vive cada vez una mayor crisis económica, más austeridad, y tiene menos trabajo. Tampoco lo es para el planeta, cada vez más saqueado y devastado por la codicia humana.
La pandemia evidenció crudamente el conflicto entre los procesos de acumulación del capital y los procesos de sostenibilidad de la vida (humana y del planeta), pero también mostró a quienes sostienen esas vidas. Mostró cómo las redes de cuidado colectivas eran más necesarias que las individualidades egoístas que se mueven pensando en su conveniencia (generalmente a costa de otras vidas humanas y del planeta). Como sostiene Amaia Pérez Orozco, “si alguna vez pretendió maquillarse, el conflicto con la vida hoy es impúdico, por eso la subversión ha de ser desde la vida común. Porque vivas nos queremos”.
Pensar el mundo que nos espera post pandemia es un ejercicio de extrema incertidumbre. Sin embargo, existen cuestiones que sin duda serán parte de nuestra nueva normalidad. Una de ellas será la de haber evidenciado que nuestras vidas no necesitan al capital, como el capital sí necesita del cuidado de la vida que miles de compañeras llevan adelante diariamente. Cuando la crisis golpeó más fuerte fueron ellas, en cada barrio y en cada olla, las que sostuvieron la vida.
Entonces, a partir de las discusiones el feminismo sostiene y colectiviza, una pregunta obligada en el mundo post pandemia será: ¿cuáles son las vidas que queremos sostener? ¿Cuál es la vida que merece ser vivida? ¿Si esos trabajos son tan esenciales que sostienen la vida, por qué no se recibe un salario digno y derechos laborales por realizarlos? Y más aún debemos pensar cómo lejos de los ámbitos domésticos y privados, ese trabajo es común y comunitario, porque se construye y sostiene en las redes que hemos logrado construir, y que está ahí para contenernos cuando todo lo demás está en crisis.
Fuente: Diario Femenino
Envio:RL
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