Alerta en el Gobierno por el nuevo pico en el AMBA
La curva de casos de coronavirus crece y también las preocupaciones
Con un nuevo récord de contagios , en el Gobierno reconocen preocupación pero que por ahora no habrá cambios. En la Provincia adelantaban una posible vuelta a las restricciones.
Por Fernando Cibeira
Alberto Fernández y Ginés González García en la reunión por la vacuna de Oxford.
El Gobierno sigue con preocupación el rápido ascenso de la curva de contagios de los últimos días, que marcó que ayer se superaran por primera vez los seis mil casos en todo el país y los cuatro mil en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, sostuvo que si los casos siguen en ascenso "casi con seguridad" deberá resolverse una nueva etapa de endurecimiento de la cuarentena luego de esta flexibilización de 15 días. Cerca del presidente Alberto Fernández respondían que aún no veían razones para volver atrás dado que la letalidad -ayer hubo 114 fallecidos- se mantiene en un porcentaje muy bajo y el sistema de salud todavía tiene capacidad de respuesta. "No estamos relajados, pero la situación se mantiene dentro de los márgenes esperados y en la comparación seguimos mucho mejor que la mayoría de los países de la región", afirmaban.
Fernández recibió ayer en Olivos al ministro de Salud, Ginés González García, quien llegó junto a directivos de la farmacéutica AstraZeneca, que junto a la Universidad de Oxford trabaja en el desarrollo de una vacuna contra la Covid-19 que arrojó muy buenos resultados en la fase I y II de los ensayos. El Presidente habló de la necesidad de un acceso rápido y equitativo a la vacuna, que priorice el cuidado a las poblaciones de riesgo. El encuentro sirvió también para que Fernández y González García mostraran que no habían quedado secuelas respecto a las diferencias surgidas en torno al proyecto sobre fibrosis quística que ayer fue aprobado en el Senado (ver página 5).
El Presidente quisiera ya dar vuelta la página y poner todo el empeño en preparar las 50 o 60 medidas que integrarán el paquete para la post pandemia, pero la realidad lo lleva de nuevo para atrás. Ayer hubo 6.127 casos en todo el país, de los cuales 4.300 fueron en la provincia de Buenos Aires y 1.267 en CABA. La anunciada reforma judicial ya pasó para la semana que viene y el paquete económico quedaría para la otra, luego de que se resuelva qué se hará respecto a la próxima etapa de la cuarentena, que vence el 2 de agosto. Como es habitual, resultará decisivo lo que digan los especialistas.
González García reconoció que, aunque había visto algunos síntomas que no le gustaban, esperaba mejores resultados respecto a la última fase del aislamiento estricto cuyo número de contagios se ven reflejados por estos días. "Evidentemente no tuvo el efecto de cuarentenas anteriores. Esto es porque no fue hecha de la manera correcta por todos los argentinos. Seguramente la mayoría lo hizo bien", concluyó.
El ministro llevó los últimos números al encuentro con el Presidente en Olivos. "No es dramático, está dentro de lo esperable", coincidieron. El índice que ven más alentador es el de la letalidad. Incluso, al subir mucho los contagios, el porcentaje de letalidad baja. Está en 1,6 por ciento cuando en países como Estados Unidos y Brasil se acerca al 5. Eso, subrayaban, es una clara muestra de que el sistema sanitario sigue respondiendo y puede dar atención a los pacientes de manera adecuada. De acuerdo a los números oficiales, la ocupación de camas en el AMBA se mantiene en el 64 por ciento, por lo que entienden que todavía hay margen.
Además de Gollán habló el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Un día después de que se resolviera la apertura de los comercios no esenciales en la Ciudad, el ministro centró sus preocupaciones en los "cruces sociales". Esto es, los encuentros familiares en lugares cerrados, que presentó como un gran foco de contagio. Alertó a la gente a no relajar los cuidados y avisó que la situación se mantendrá durante algunas semanas más.
De nuevo, desde la Provincia analizaron el panorama de manera más cruda. "Interpreto que si esto sigue a este nivel de crecimiento como estamos observando, de acá al 2 de agosto es muy probable, es altamente probable, modificar el status quo actual e ir a medidas que vuelvan a retrasar un poco la velocidad de los contagios", advirtió Gollán. En diálogo con PáginaI12, su viceministro, Nicolás Kreplak, comentó: "venimos planteando que la prioridad es mantener la mayor cantidad de argentinos y de bonaerenses con un sistema de salud que los pueda atender. Una de las herramientas que tenemos para que eso suceda es la cuarentena, que a veces hay que hacerla más laxa y a veces más estricta. Tenemos un sistema de salud como para seguir evaluando la situación, pero es probable que tengamos que volver a mayores restricciones, incluso en un tiempo más corto al que estaba previsto". Es decir, en la Provincia creen que si los casos siguen creciendo a este ritmo tal vez se debería cerrar antes del fin de semana que viene.
En la gestión bonaerense consideran que la cuarentena estricta consiguió frenar el ritmo de ascenso de los contagios y que ahora está sucediendo lo que hubiera ocurrido dos semanas atrás de no haber tomado esa medida. Que estos días sirvieron para sumar más camas y liberar algunas otras en el sistema sanitario provincial. Respecto a lo que ocurre con las camas en la Capital hay diferentes versiones. En el gobierno nacional le creen a los funcionarios porteños respecto al aceptable nivel de ocupación y aseguran que algunos dueños de clínicas buscaron hacer ruido respecto a una supuesta saturación del sistema privado. "La realidad no es así, los números no marcan eso. Buscan algunas noticias con impacto mediático", respondían cerca de Fernández.
Sin embargo, en la gestión de Axel Kicillof manejan su propio tablero de ocupación de camas en el AMBA y aseguraban que, efectivamente, hay sanatorios privados de Capital con el cupo completo y con una mayoría por encima del 80 por ciento de ocupación. Es uno de los índices que los hacían creer que se podía tomar una medida antes del fin de esta fase y criticaban que los funcionarios porteños dijeran que estábamos atravesando lo peor de la pandemia y que sólo duraría un par de semanas. "Hay una aceleración de la curva, es algo que un punto es geométrico. Si no hacés algo para que se desacelere, va a seguir creciendo. Decir otra cosa es dañino porque ofrece una esperanza que muy probablemente no sea real", concluían.
24 de julio de 2020
Los infectados ya se acercan a los 150.000
Coronavirus en Argentina: nuevo record con 6.127 casos y 114 muertes en 24 horas
El AMBA volvió a concentrar la inmensa mayoría de los contagios, pero se complica la situación en Jujuy, Chaco y Córdoba. Ya son 2702 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. A pesar del tercer día record de casos, las internaciones en terapia intensiva siguen estables.
Coronavirus en Argentina: nuevo record con 6.127 casos y 114 muertes en 24 horas.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
El Ministerio de Salud reportó un nuevo record de casos, por tercer día consecutivo, con 6.127 nuevos casos de Covid-19 confirmados en el último día, lo que eleva el total de positivos en el país a 148.027. Las víctimas fatales fueron 85 en el reporte vespertino, lo que suma 114 en las últimas 24 horas el último día, y ya son 2.702 los fallecidos por la pandemia en el país.
A pesar del crecimiento del número de contagios, el incremento de casos confirmados internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) fue de 11 casos, 913 reportados hoy, respecto de los 902 informados ayer. El porcentaje de ocupación total de camas UTI por adulto mostró una leve suba de 0,4 puntos: 55,4% a nivel nacional, pero bajó un 0,3 en la zona más comprometida, el AMBA, a 64%.
Buenos Aires volvió a registrar la mayoría de los nuevos contagios con 4.300 casos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires continúa por encima del promedio que las autoridades porteñas marcaban como esperable con 1.267 nuevos casos.
En el resto del país, la situación sigue siendo alarmante en Jujuy, que registró 158 nuevos casos y llegó a los 1.197 contagios. Chaco tuvo 51 nuevos casos, superado por Córdoba, que muestra un incremento de casos en las últimas semanas, y tuvo 102 nuevos contagios en el último día.
Del total de esos casos, 1.101 (0,7%) son importados, 45.026 (30,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 76.114 (51,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Desde el último reporte emitido, que había registrado 29 muertes, se rsumaron 85 nuevas. Corresponden a 43 hombres, 30 residentes en la provincia de Buenos Aires; 9 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 residente en la provincia de Chaco; uno residente en la provincia de Mendoza; y 42 mujeres; 29 residentes en la provincia de Buenos Aires; 13 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.300 | 84.919
Ciudad de Buenos Aires 1.267 | 50.817
Catamarca 0 | 61
Chaco 51 | 3.155
Chubut 1 | 254
Córdoba 102 | 1.566
Corrientes 4 | 134
Entre Ríos 31 | 711
Formosa 1 | 77
Jujuy 158 | 1.197
La Pampa 0 | 8
La Rioja 9 | 205
Mendoza 52 | 674
Misiones 2 | 43
Neuquén 25 | 983
Río Negro 54 | 1.486
Salta 1 | 197
San Juan 2 | 19
San Luis 1 | 18
Santa Cruz 24 | 263
Santa Fe 34 | 836
Santiago del Estero 4 | 43
Tierra del Fuego** 4 | 262
Tucumán 0 | 99***
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
***La provincia de Tucuman reclasificó un caso a la provincia de Buenos Aires y uno a CABA.
24 de julio de 2020
En reemplazo de Rodolfo Canicoba Corral
Quién es Julián Ercolini, el camaleónico juez que se quedará con la causa AMIA y la del espionaje ilegal
Calificado por Cristina KIrchner como "El Mutante", quedará a cargo de las causas Amia, Peajes y el espionaje a jueces y políticos. En tanto, el juez federal Sebastián Casanello quedó sorteado para subrogar el juzgado federal 12, del que también se ocupaba Canicoba Corral.
Por Sofía Caram
El juez federal Julián Ercolini reemplazará a su par Rodolfo Canicoba Corral que se jubila a fin de mes.
Imagen: NA
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El reemplazante de Rodolfo Canicoba Corral será el juez federal Julián Ercolini, quien deberá hacerse cargo del juzgado Federal 6, que quedará vacante el 29 de julio cuando se efectivice la renuncia que presentó el magistrado para poder acceder a la jubilación. Ercolini tiene a su cargo el juzgado 10 y varias causas en contra de Cristina Fernández de Kirchner, quien supo calificarlo como "el mutante" por la velocidad que le imprimió a los procesos contra la expresidenta una vez que asumió el entonces presidente Mauricio Macri. Con el presidente Alberto Fernández supo tener una relación de amistad pero que desde hace tiempo se enfrió. A partir de agosto, este magistrado tendrá a su cargo el atentado a la AMIA, el negociado de los peajes del gobierno de Macri y el espionaje ilegal a jueces y dirigentes políticos.
La salida de Canicoba Corral provoca otros movimientos en los tribunales de Comodoro Py porque una vez que se concrete su retiro, el juez federal Sebastián Casanello subrogará el juzgado federal 12, que estaba a cargo de Sergio Torres, quien fue nombrado en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y del que también se ocupaba Canicoba. El sorteo fue realizado este jueves en la Cámara Federal porteña.
El recorrido de Ercolini
En 2004 fue designado al frente del Juzgado Federal 10 por el entonces presidente Néstor Kirchner y con el tiempo recayeron en su despacho varias causas contra la por entonces presidenta Cristina Kirchner y parte de su gobierno. Tuvo a su cargo la detención de Ricardo Jaime y así se transformó en el primer juez en apresar a un exfuncionario kirchnerista. Además, instruyó la causa Hotesur y envió a la actual vicepresidenta a juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. En su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2, CFK se refirió en duros términos al magistrado a quien calificó de "el mutante", porque --según afirmó-- "cambió el gobierno y cambió Ercolini", en alusión al avance de las causas en su contra cuando Mauricio Macri llegó a la Rosada.
La vicepresidenta lo acusó, junto a Bonadio, de formar parte de un "plan sistemático" de "persecución judicial" y lo señaló por los "sorteos dudosos" en los tribunales de Comodoro Py. "Debería jugar a la lotería. Tengo una suerte. Siempre me tocan Bonadio y Ercolini. Siempre me tocan los que me van a condenar", había dicho la entonces senadora.
El presidente Alberto Fernández supo calificarlo como amigo pero esa condición ha cambiado y cada tanto le dispensa comentarios críticos, aunque sin nombrarlo. Fue durante un homenaje a Esteban Righi donde ambos habían participado de la cátedra del exprocurador. "Faltan algunos otros adjuntos que hoy son jueces, pero se olvidaron de todas las enseñanzas de Righi", había dicho el primer mandatario en un acto en la Facultad de Derecho.
Ercolini también fue quien ordenó la detención de los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa en la causa Oil Combustibles, fallo que luego fue revocado por la Cámara, ya que se trataba de un delito excarcelable. El caso ahora está en juicio. López y De Sousa fueron liberados y sus detenciones fueron calificadas de arbitrarias.
Por sus manos pasó la causa Papel Prensa, en la que se negó a indagar a los directivos de Clarín y La Nación, a quienes los terminó por sobreseer. También está bajo su órbita la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Hace 5 años y medio que orienta la causa hacia el homicidio contrariando todas las pericias iniciales. Entre otras cosas, autorizó la realización de un peritaje de la Gendarmería --sin experiencia en autopsias-- al inicio de la gestión macrista. Aquel procedimiento se realizó sin que estuvieran las partes presentes y sin que permitieran la presencia de los peritos y forenses anteriores. Tampoco confrontó los resultados con las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, altamente calificado en ese tipo de estudios.
Las causas
Ercolini quedará a cargo de investigaciones de alto impacto político: el atentado a la AMIA, el negociado de los peajes del gobierno de Macri y el espionaje ilegal a jueces, juezas y dirigentes políticos. La primera se transformó en la causa emblema de la falta de justicia en la Argentina, con veintiséis años de investigación y ni un sólo culpable tras las rejas. Entre las últimas medidas de peso de Canicoba Corral estuvo el pedido a Interpol para emitir las alertas rojas sobre los cinco exfuncionarios iraníes sospechados.
La causa por las irregularidades en las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste tiene un año de recorrido. Esta semana fueron procesados por administración fraudulenta el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el exprocurador Bernardo Saravia Frías. Este viernes está prevista la indagatoria del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el lunes del extitular de Hacienda, Nicolás Dujovne. El fiscal del caso es Carlos Stornelli, pero Canicoba decidió no delegarle la investigación. Ahora, el futuro de una de las causas que más complican a Macri y sus funcionarios es una incógnita. Sobre todo si Ercolini decidiera delegarla en el fiscal, exjefe de Seguridad del Club Boca Juniors y de excelentes lazos con el exjefe de Estado.
En el caso por el espionaje ilegal a jueces/as y funcionarios políticos, el juzgado de Canicoba, recibió informes de la Dirección Nacional de Migraciones que confirmaron que fueron espiadas las entradas y salidas del país de gobernadores, magistrados, diputados y senadores, empresarios y hasta Lionel Messi. "No sólo incluyó sus viajes, sino también datos surgidos en Policía Federal, antecedentes, y datos financieros de la UIF y de la Oficina Anticorrupción", había detallado el magistrado. La semana pasada su juzgado había realizado nuevos pedidos de informes a los diferentes organismos.
Tanto Ercolini como Casanello, tienen posibilidad de excusarse en los próximos días y, si esto sucede, habrá que realizar un nuevo sorteo. En caso de aceptar la subrogancia, ocupará el cargo hasta que se nombre un titular. Antes del sorteo, se habían excusado de participar los jueces del fuero federal porteño María Servini; Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya subroga el juzgado que dejó Bonadio; Daniel Rafecas, candidato a la Procuración y Luis Rodríguez.
24 de julio de 2020
Deben decidir sobre controvertidos nombramientos hechos durante el macrismo
Traslados de jueces: postergan la definición en el Consejo de la Magistratura
El Frente de Todos y sus aliados en el organismo intentan buscar el modo de deshacer los traslados, o al menos plantear el requisito del acuerdo del Senado. El bloque en el extremo opuesto plantea que los jueces y juezas trasladados tienen derechos adquiridos. Aparecen ideas intermedias.
Por Irina Hauser
La reunión del Consejo de la Magistratura fue por Zoom.
Después de varios días de títulos catástrofe que anunciaban un supuesto escándalo en puerta por el futuro de diez jueces designados mediante el mecanismo de “traslado”, sin acuerdo del Senado, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura tuvo una civilizada reunión por Zoom en la que sus integrantes acordaron postergar propuestas sobre qué hacer con esos nombramientos controvertidos. Por supuesto hubo debate, ya que hay diferencias entre el oficialismo y la oposición, conocidas desde hace rato, pero por ahora se limitaron a medir fuerzas. El Frente de Todos y sus aliados en el organismo intentan buscar el modo de deshacer aquellos traslados, o al menos plantear el requisito del acuerdo del Senado, pero aún no arriesgan el cómo. El bloque en el extremo opuesto plantea que los jueces y juezas trasladados tienen derechos adquiridos, aunque despuntan ideas intermedias.
El disparador de la discusión y las versiones de que el oficialismo buscaría desplazar a jueces de cargos o juicios claves, fue un informe que elaboró el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, que analizó tres tipos diferentes de designaciones hechas por medio de traslados de jueces y juezas de un cargo a otro pero encontró las mayores irregularidades en un grupo de diez, concretados durante el gobierno de Mauricio Macri, que no pasaron por concursos ni por el Senado. Son casos que, además, al momento de su aprobación, ya habían desatado polémica. Entre ellos incluyó nombres conocidos, como dos miembros de la Cámara Federal de Comodoro Py que venían de un tribunal oral, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia; el juez Federico Villena que pasó de ser nombrado en Moreno a Lomas de Zamora; Eduardo Farah, que era camarista federal y fue mudado a un tribunal oral de San Martín, Germán Castelli que pasó de un tribunal en San Martín a otro en el fuero federal porteño que ahora tiene la causa de los cuadernos; así como jueces de provincias que de golpe adquirieron competencia electoral.
“Nosotros no venimos, como se dice públicamente, a darle impunidad a nadie: no van a ser nulos esos actos (decisiones tomadas por los jueces trasladados), actuamos conforme a lo que dice la Constitución Nacional”. La frase no era de un representante del estamento político, sino de un camarista, Alberto Lugones, que es el presidente del Consejo y cuestiona las designaciones que se hicieron por traslado, que cree deben ser revisadas. Dijo específicamente que si hay preocupación por decisiones tomadas en la Cámara Federal, “esos actos van a ser válidos”. Pero, enfatizó, “los que aceptaron entrar a un cargo por la ventana no pueden decir que se está afectando su independencia”, que fue uno de los argumentos opositores más rutilantes de esta semana.
La reunión fue comandada por la diputada Graciela Camaño, que preside Selección, y a quien muchos consejeros/as señalan como un voto clave a la hora de someter este intríngulis a consideración en el plenario, ya que todo indica que podría haber un empate. El organismo tiene trece miembros y las posturas suelen estar muy reñidas. Camaño no dio pistas sobre qué hará. Deslizó frases con aire cociliador: “No puede haber tantas formas de trasladar un juez. Lo que ponemos en discusión en este punto es qué entendemos por traslado”. “La solución a este problema –dijo—debe ser lo más ajustada a la Constitución”. La diputada ya había dicho que el documento de Ustarroz no había sido una ocurrencia de él sino que los consejeros habían acordado pedirle un relevamiento para este tema conflictivo.
Ustarroz, por su lado, expuso que hay traslados que no son problemáticos, que son aquellos donde el pase es de un cargo a otro en un mismo tribunal o fuero. En cambio sí lo son, a su entender, los que cambian de jurisdicción y de competencia sin obtener acuerdo del Senado. A su entender, que el Consejo eleve una terna al Poder Ejecutivo y que éste envíe un nombre al Senado para que preste acuerdo, es “el mecanismo natural y único de magistrados impuesto por la Constitución”. También es lo que surge, señaló, de dos fallos (Rosza y Uriarte) y una acordada de la Corte Suprema, que se expidió en 2018 a raíz del intento de que comenzara a funcionar un tribunal oral federal constituido por traslado al que se le dio la primera causa contra Cristina Fernández de Kirchner aunque no estaba habilitado. En ese momento, los supremos precisaron casos en los que debía intervenir el Senado. En coincidencia con otros consejeros, Ustarroz señaló que hará falta una ley que establezca precisiones, pero que ahora hay que corregir lo que se hizo mal. Pidió una “discusión institucional”.
Al enfoque del joven representante del Ejecutivo se sumó el académico Diego Molea, quien dijo que se pueden revisar los nombramientos irregulares, que lo permite la ley de procedimientos administrativos, y que se debe respetar lo que estableció la Corte. “Siento vergüenza ajena de los magistrados que habiendo concursado para un cargo determinado, luego pidan un traslado para un cargo donde la competencia no es la misma”, se quejó. “Debemos fijar un criterio claro, entender lo que plantea la Constitución Nacional y comprometernos a que no haya más traslados, porque no corresponde. Para atrás nos encontramos con errores que debemos sanear”, agregó. Criticó fuertemente a los jueces que aceptaron traslados a competencias electorales. Hubo quienes leyeron una crítica a uno de los consejeros presentes en el Zoom, Juan Manuel Culotta, que intentó pasar de Tres de Febrero al juzgado electoral de La Plata durante el gobierno de Macri, aunque naufragó en su intento y sólo consiguió ser subrogante.
Culotta, de hecho, fue uno de los que consideró que cuando un juez es trasladado tiene derechos adquiridos y no se lo puede remover, a menos que sea con un enjuiciamiento. “Con la pretendida revisión no solo se están afectando derechos subjetivos de los magistrados, sino que se estaría desconociendo la garantía de la inamovilidad de los jueces", regañó. Es la misma línea que ya había planteado, incluso públicamente y con una nota ante el Consejo, el diputado macrista Pablo Tonelli, donde decía: “Llamo a la reflexión de todos mis colegas consejeros respecto de la inconveniencia de avanzar con una eventual revisión del os traslados objetados, que no sería procedente en términos estrictamente legales y que en nada contribuirá a una más eficaz prestación del servicio de justicia”. Señaló que aunque se llegara a considerar que los traslados fueron actos administrativos irregulares, no podría revocarlos, ni anularlos o dejarlos sin efectos porque se afectaría la división de poderes. “El Consejo carece de atribuciones para revisar los traslados concretados. Podemos establecer pautas para el futuro pero nada debemos opinar de los traslados ya concretados”, dijo ante la comisión.
El camarista Ricardo Recondo sorprendió con una postura a mitad de camino, ya que reconoció que hay traslados cuestionables pero señaló que el Consejo no es competente para volver sobre ellos, aunque dejó la puerta abierta a que lo haga el Poder Ejecutivo.
En este escenario, con cierto margen para la negociación, los consejeros no arriesgaron ninguna propuesta firme, y decidieron postergar la discusión de soluciones para el jueves próximo.
24 de julio de 2020
Deberá explicarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Alfredo Cornejo y una denuncia internacional por achicar el organismo de prevención de tortura
El diputado es autor de la norma que disminuye de doce integrantes ad honorem que componían el comité a cuatro, pero rentados. Mendoza supera por lejos a todas las demás provincias argentinas en el porcentaje de detenidos desde 2015 a la fecha “tomando en cuenta la media nacional, que la acerca a los índices de Brasil”, según los abogados que presentaron el escrito.
Por Gustavo Veiga
La degradación de las políticas públicas sobre Derechos Humanos en Mendoza llegó a la CIDH en forma de denuncia.
Imagen: NA
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La degradación de las políticas públicas sobre Derechos Humanos en Mendoza llegó a la CIDH en forma de denuncia. A la provincia se le imputa la reducción a una dotación mínima y afín al poder ejecutivo local del Comité de Prevención de la Tortura que dispuso el ex gobernador Alfredo Cornejo. Lo hizo mediante un proyecto de ley que ahora está por aprobar la legislatura provincial. El presidente del comité nacional de la UCR lo firmó pocos dias antes de alejarse del ejecutivo: el 3 de diciembre de 2019. Por su decisión, el Gobierno argentino tuvo que comparecer este jueves en una audiencia ante la Comisión de la OEA. La historia del político radical y actual diputado es prolífica en avances contra las garantías constitucionales y el menosprecio a los derechos humanos. Durante su mandato entre 2015-2019 degradó la Subsecretaría del área a dirección y las prisiones mendocinas aumentaron la cantidad de detenidos un 70 por ciento, la mayoría sin condena firme. Un índice insuperable en el resto del país, según el grupo de abogados denunciante.
Cornejo es el autor de la norma que disminuye de doce integrantes ad honorem que componían el Comité de Prevención de la Tortura a cuatro, pero rentados. En su proyecto propone que el poder ejecutivo ocupado por su sucesor, el radical Rodolfo Suárez, designe a quien lo encabezará: un procurador de las personas privadas de libertad. Suprime de ese modo la disposición que establecía su elección mediante un concurso de antecedentes. Los restantes tres miembros de esta comisión independiente del Estado reemplazarían a los doce no remunerados que mantenían las organizaciones de la sociedad civil. A una de ellas, la Asociación para la Promoción y Protección de los DDHH local, Xumek, pertenece el abogado Pablo Salinas, quien junto a tres colegas más llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Se está produciendo un avasallamiento institucional en Mendoza porque se elimina un mecanismo de control que le hace bien a la democracia y que además permite proteger los derechos de las personas privadas de la libertad. En Derechos Humanos el interpelado siempre debe ser el Estado y en este caso, el proyecto de Cornejo afecta los mecanismos de contrapeso y de control para debilitar a la provincia y hacerla caer muy bajo en su calidad institucional”, le dijo el letrado a PáginaI12.
En el escrito de 35 carillas que fue presentado ante la CIDH se solicita “que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dirija en forma directa a las autoridades legislativas de la Provincia de Mendoza a los efectos de que se abstengan de dar sanción legislativa al proyecto de ley que modifica el Comité Provincial de Prevención de la Tortura por resultar incompatible con el derecho internacional y un incumplimiento del acuerdo de solución amistosa”. Esta última línea del petitorio se refiere a un documento donde el Estado provincial aceptaba su responsabilidad internacional en política penitenciaria que la CIDH ratificó el 12 de octubre de 2007.
Salinas Moyano junto a los abogados Diego Lavado, Carlos Varela Alvarez y Alfredo Guevara Escayola sostienen en su denuncia que Mendoza supera por lejos a todas las demás provincias argentinas en el porcentaje de detenidos desde 2015 a la fecha “tomando en cuenta la media nacional, que la acerca a los índices de Brasil”. Advirtieron en su escrito enviado a la CIDH que hubo “un incremento irracional de personas privadas de su libertad, que crecieron en un 70 por ciento en ese período”. El propósito del Comité para la Prevención de la Tortura es lidiar con temas como ése desde su constitución el 4 de abril de 2014. El organismo ha denunciado tratos crueles y degradantes en las cárceles provinciales como las de Boulogne Sur Mer y San Felipe del barrio Intersección, situado en la capital.
La primera fue construida en 1904. No tiene las condiciones habitables mínimas que se agravaron por la pandemia. En abril fue escenario de una protesta de presos. Tomaron los techos, algunos se cosieron la boca y finalmente consiguieron hacerse escuchar. Pero la situación que empeoró en la gobernación de Cornejo y se mantiene durante la gestión de Suárez, llegó de todos modos a la CIDH.
En su denuncia los abogados solicitaron que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente con el Estado Nacional, el Estado Provincial y los peticionarios conformen un grupo de trabajo a fin de analizar medidas urgentes para preservar la salud de las personas privadas de libertad ante la emergencia sanitaria covid-19”. Además pidieron estudiar “medidas urgentes a fin de garantizar el derecho al trabajo y educación de las personas privadas de libertad” y “fijar plazo y cronograma de cumplimiento de cada una de las obligaciones internacionales asumidas en el acuerdo de solución amistosa”.
La defensa del organismo provincial del que Cornejo hizo una caricatura con su proyecto de ley, la tomó en sus manos el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Juan Manuel Irrázabal, quien le envió una nota a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la bicameral mendocina en diciembre de 2019. Creado por la ley 26.827, la principal tarea del CNPT es el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad en cumplimiento con un protocolo de Naciones Unidas. En el país hay siete provincias que tienen su propio Comité: además de Mendoza, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Misiones, Chaco y Chubut.
La ley provincial 8284 que creó el Comité mendocino y modificará la Legislatura local en los próximos días a instancias del proyecto que envió Cornejo, “generará impunidad y crueldad en cárceles, comisarias, en hogares de niños y niñas, geriátricos y hospitales de Salud Mental” según los abogados que acudieron a la CIDH.
24 de julio de 2020
Negociación de cláusulas legales, la crítica de un fondo acreedor a BlackRock y la reiteración del respaldo del FMI
El acuerdo por la deuda ingresó en la recta final
Las negociaciones de la reestructuración de la deuda continúan concentradas en aspectos legales. Los fondos piden contratos con cláusulas distintas a las del estándar global. El Gobierno plantea que no modificará estos términos y condiciones de los contratos sin recibir el visto bueno del FMI y de la asociación internacional de capitales.
El ministro de Economía, Martín Guzmán.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
Las negociaciones de la reestructuración de la deuda continúan concentradas en aspectos legales. Los fondos piden contratos con cláusulas distintas a las del estándar global. El Gobierno plantea que no modificará estos términos y condiciones de los contratos sin recibir el visto bueno del FMI y de la asociación internacional de capitales.
El vocero del Fondo volvió este jueves a respaldar el acuerdo propuesto por la Argentina y los bonistas continúan con diferencias respecto de la forma de negociar con el equipo económico. El inversor de Greylock Capital Hans Humes volvió a plantear que los bonistas agresivos liderados por BlackRock no se encuentran negociando con buena fe. Mencionó que la propuesta argentina es justa para cerrar un acuerdo.
“Hay mucha gente en este Gobierno que tiene la experiencia de lo que ocurrió hace 15 años. Se aprendió de los errores. El presidente Alberto Fernández es pragmático y se hizo un gran esfuerzo por escuchar qué se pedía del otro lado”, aseguró Humes.
Agregó que “el ministro Guzmán empezó sin experiencia y llevó muy bien el tema. No es un proceso perfecto, pero se maneja bastante bien”.
Planteó además que es momento de llegar a un acuerdo y evitar que los tiempos se continúen estirando. “Se debe llegar a un acuerdo pronto porque esto ya lleva demasiado tiempo, y los culpables de que esto se haya prolongado tanto en las últimas semanas es responsabilidad de los acreedores, que esperan demasiado”, criticó Humes.
El fondo Greylock decidió aceptar la propuesta del Gobierno hace unas semanas y en los últimos días rompió su vínculo con el comité de acreedores ACC, el cual se alineó en una estrategia única con BlackRock.
Humes consideró que el valor de recupero que ofrece el equipo económico permite terminar de cerrar un acuerdo sin vencedores ni vencidos. “Es muy difícil saber cuánto realmente puede pagarla Argentina. Pero prometer pagar demasiado ahora, sin dudas puede generar desconfianza en el país. Discutir cuánto podrá pagarla argentina en 5 o 10 años es complicado. No tiene sentido empujar a la Argentina en un momento complejo como el actual”, sentenció.
Declaraciones del FMI
El vocero del Fondo Gerry Rice sostuvo que es clave que la Argentina avance en un acuerdo con los bonistas para cerrar el capítulo de la deuda.
“Esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando constructivamente y en los tiempos adecuados para lograr un acuerdo que ponga la deuda pública en un camino sustentable y siente las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo”, aseguró.
Rice repitió que “las autoridades argentinas continúan buscando un acuerdo con los bonistas privados para reestructurar su deuda externa soberana y como ya dijimos antes, en línea con nuestras normas de larga data, las negociaciones son una cuestión bilateral entre la Argentina y sus acreedores, este es el caso de la Argentina y es el caso general”.
También reiteró que “las autoridades argentinas no han solicitado un programa del FMI a estas alturas”. Agregó que “el financiamiento que correspondería a un nuevo programa del Fondo contribuiría a alcanzar los objetivos de balanza de pagos, sus necesidades, incluyendo las obligaciones del sector oficial”.
Fuente:Pagina12
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