Las causas que pueden meter preso a Macri
A PESAR DE LAS EVIDENCIAS LA PRENSA AMIGA NUNCA HABLA DE CORRUPCION M
11/08/2020
La gran cantidad de causas penales que se acumulan contra el expresidente le añaden suspenso a su reciente viaje a Europa. ¿Volverá en septiembre como dicen que dijo?
FRANCO MIZRAHI
ARI LIJALAD
El expresidente Mauricio Macri viajó a Europa en medio de la pandemia y justo cuando las causas judiciales en su contra lo complican cada vez más. Según hizo trascender por los medios hegemónicos tiene previsto regresar el 8 septiembre. La incógnita que se abre es si volverá en caso de que las investigaciones que lo incumben avancen aún más.
FRANCO MIZRAHI
ARI LIJALAD
El expresidente Mauricio Macri viajó a Europa en medio de la pandemia y justo cuando las causas judiciales en su contra lo complican cada vez más. Según hizo trascender por los medios hegemónicos tiene previsto regresar el 8 septiembre. La incógnita que se abre es si volverá en caso de que las investigaciones que lo incumben avancen aún más.
Espionaje ilegal.
En la justicia federal de Lomas de Zamora avanza una investigación que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri. Esta pesquisa se divide en dos partes, una chica donde se aborda el espionaje a Cristina Kirchner y al Instituto Patria y otra más grande que tiene por víctimas a la actual vicepresidenta pero también a dirigentes del entonces oficialismo como Horacio Rodríguez Larreta, a sindicalistas, empresarios y hasta al cuñado del ex presidente.
En la causa «chica» fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El juez Juan Pablo Augé consideró que ambos ordenaron el espionaje y luego crearon toda una cobertura «legal» para esconder sus maniobras. Es difícil creer que Arribas, íntimo amigo de Macri, actuó por la libre. El caso se abrió por la denuncia de la interventora Cristina Caamaño, quien pidió que también se avance contra Macri, ya que el jefe de los espías depende directo del Presidente.
El la causa «grande» se imputó a Susana Martinengo, quien estaba a cargo del área de Documentación Presidencial y tenía despacho en la Casa Rosada. Se allanó al secretario privado de Macri, Darío Nieto, a quien se le secuestró el celular que aportó datos que pueden complicar aún más al exmandatario.
En la justicia federal de Lomas de Zamora avanza una investigación que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri. Esta pesquisa se divide en dos partes, una chica donde se aborda el espionaje a Cristina Kirchner y al Instituto Patria y otra más grande que tiene por víctimas a la actual vicepresidenta pero también a dirigentes del entonces oficialismo como Horacio Rodríguez Larreta, a sindicalistas, empresarios y hasta al cuñado del ex presidente.
En la causa «chica» fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El juez Juan Pablo Augé consideró que ambos ordenaron el espionaje y luego crearon toda una cobertura «legal» para esconder sus maniobras. Es difícil creer que Arribas, íntimo amigo de Macri, actuó por la libre. El caso se abrió por la denuncia de la interventora Cristina Caamaño, quien pidió que también se avance contra Macri, ya que el jefe de los espías depende directo del Presidente.
El la causa «grande» se imputó a Susana Martinengo, quien estaba a cargo del área de Documentación Presidencial y tenía despacho en la Casa Rosada. Se allanó al secretario privado de Macri, Darío Nieto, a quien se le secuestró el celular que aportó datos que pueden complicar aún más al exmandatario.
Peajes.
Antes de jubilarse, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los exministros de Transporte y Hacienda de Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, en el marco de la «causa peajes», donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado en la renovación de las concesiones de los peajes de Acceso Norte y Oeste. El juez procesó también al exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. A los últimos dos y a Dietrich se les imputa defraudación contra la administración pública, y a Dujovne el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Se trata de una estafa al Estado que supera los 1.000 millones de dólares.
Antes de jubilarse, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los exministros de Transporte y Hacienda de Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, en el marco de la «causa peajes», donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado en la renovación de las concesiones de los peajes de Acceso Norte y Oeste. El juez procesó también al exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. A los últimos dos y a Dietrich se les imputa defraudación contra la administración pública, y a Dujovne el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Se trata de una estafa al Estado que supera los 1.000 millones de dólares.
Correogate.
El juez federal Ariel Lijo investiga si el expresidente y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo intentó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal. Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos.
El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió el contrato. La empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año por lo que al 2001 la deuda del Correo ya ascendía a 296 millones pesos/dólares (entonces regía la convertibilidad). Aquel año, la empresa entró en concurso de acreedores que lleva más de 18 años.
El Correo Argentino realizó propuestas irrisorias que fueron rechazadas por los representantes del Estado, que es el acreedor mayoritario. Cuando Macri llegó a la Casa Rosada, su gobierno aceptó una oferta de su propia familia que implicaba la condonación del 98,82% de la deuda. Allí apareció la fiscal Gabriela Boquin quien rechazó la propuesta por «abusiva». El escándalo estalló en febrero de 2017 y se abrió una causa penal. En las últimas horas la empresa de los Macri quedó a un paso de la quiebra.
El juez federal Ariel Lijo investiga si el expresidente y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo intentó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal. Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos.
El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió el contrato. La empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año por lo que al 2001 la deuda del Correo ya ascendía a 296 millones pesos/dólares (entonces regía la convertibilidad). Aquel año, la empresa entró en concurso de acreedores que lleva más de 18 años.
El Correo Argentino realizó propuestas irrisorias que fueron rechazadas por los representantes del Estado, que es el acreedor mayoritario. Cuando Macri llegó a la Casa Rosada, su gobierno aceptó una oferta de su propia familia que implicaba la condonación del 98,82% de la deuda. Allí apareció la fiscal Gabriela Boquin quien rechazó la propuesta por «abusiva». El escándalo estalló en febrero de 2017 y se abrió una causa penal. En las últimas horas la empresa de los Macri quedó a un paso de la quiebra.
Persecución.
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK. El caso lo investiga la jueza María Servini. Este viernes, la Cámara Federal porteña le brindó un salvavidas a Macri al revocar la decisión de Servini de peritar los teléfonos. Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia resolvieron que las llamadas sean peritadas, pero de forma acotada. La jueza había ordenado un estudio que se ampliaba entre enero de 2016 y agosto de 2019 e incluía entrecruzamientos de contactos de Macri con varios miembros del gobierno y empresarios. En este expediente se investiga el accionar de varios integrantes de la Mesa Judicial como Fabián «Pepin» Rodríguez Simón.
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK. El caso lo investiga la jueza María Servini. Este viernes, la Cámara Federal porteña le brindó un salvavidas a Macri al revocar la decisión de Servini de peritar los teléfonos. Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia resolvieron que las llamadas sean peritadas, pero de forma acotada. La jueza había ordenado un estudio que se ampliaba entre enero de 2016 y agosto de 2019 e incluía entrecruzamientos de contactos de Macri con varios miembros del gobierno y empresarios. En este expediente se investiga el accionar de varios integrantes de la Mesa Judicial como Fabián «Pepin» Rodríguez Simón.
Parques eólicos.
En enero de 2018 se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con una serie de parques eólicos. La historia es así: el ministerio de Energía licitaba contratos de venta de energía renovable por 20 años, en dólares. En 2016, se presentó la empresa española Isolux, que estaba quebrada pero aún así ganó varios contratos. Lejos de desarrollarlos se los vendió al Grupo Macri, que pagó 25 millones de dólares. Después de algunas medidas del Estado que hicieron más rentable el negocio, el Grupo Macri vendió ese paquete de contratos a dos empresas, por un total de 73 millones de dólares. Es decir, se hizo un «pasa manos» en apenas 6 meses por una importante diferencia económica. Por esa operatoria Macri y varios funcionarios fueron señalados en 2018 por favorecer de «manera ilegal» al grupo empresario de la familia presidencial en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos.
En enero de 2018 se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con una serie de parques eólicos. La historia es así: el ministerio de Energía licitaba contratos de venta de energía renovable por 20 años, en dólares. En 2016, se presentó la empresa española Isolux, que estaba quebrada pero aún así ganó varios contratos. Lejos de desarrollarlos se los vendió al Grupo Macri, que pagó 25 millones de dólares. Después de algunas medidas del Estado que hicieron más rentable el negocio, el Grupo Macri vendió ese paquete de contratos a dos empresas, por un total de 73 millones de dólares. Es decir, se hizo un «pasa manos» en apenas 6 meses por una importante diferencia económica. Por esa operatoria Macri y varios funcionarios fueron señalados en 2018 por favorecer de «manera ilegal» al grupo empresario de la familia presidencial en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos.
Vicentín.
Otro caso que puede complicar al expresidente es el de Vicentín. Durante la gestión de Javier González Fraga como presidente del Banco Nación, Vicentín recibió un préstamo de 18.700 millones de pesos. La empresa no saldó esa deuda y se declaró en default el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción de Alberto Fernández. La firma agroexportadora fue uno de los principales aportantes privados a la campaña de Cambiemos de 2019, con 13,5 millones de pesos.
Datos del celular de Darío Nieto, el secretario privado de Macri, podrían complicar al exmandatario en esta causa. El fiscal Gerardo Pollicita ya mostró su interés en esos mensajes. (Extractado de El Destape).
Otro caso que puede complicar al expresidente es el de Vicentín. Durante la gestión de Javier González Fraga como presidente del Banco Nación, Vicentín recibió un préstamo de 18.700 millones de pesos. La empresa no saldó esa deuda y se declaró en default el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción de Alberto Fernández. La firma agroexportadora fue uno de los principales aportantes privados a la campaña de Cambiemos de 2019, con 13,5 millones de pesos.
Datos del celular de Darío Nieto, el secretario privado de Macri, podrían complicar al exmandatario en esta causa. El fiscal Gerardo Pollicita ya mostró su interés en esos mensajes. (Extractado de El Destape).
Fuente:LaArena
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