Su nombramiento tuvo numerosas impugnaciones de organismos de derechos humanos
Quién es Santiago Ulpiano Martínez, el fiscal del caso Facundo Castro
La madre del joven pide que sea apartado de la causa. Lo acusa por su proceder actual pero también por los vínculos con otros encubrimientos a la Policía Bonaerense y a cómplices de la última dictadura. Fue propuesto como fiscal en 2018, durante el gobierno de Macri y el Senado, pese a que los organismos alertaron sobre su mal desempeño, acabó confirmándolo.
Por Ailín Bullentini
Hace un mes que Cristina Castro recusó por primera vez al fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, para apartarlo de la causa que investiga la desaparición de su hijo Facundo Astudillo Castro, de quien nadie sabe desde abril pasado: desconfía de que no sea imparcial en su investigación, lo acusa de integrar “la trama del encubrimiento” en la causa, le enrostra que no la recibió más de una vez en cuatro meses y que no participó de ninguna medida de prueba. Sus razones para no quererlo cerca de la búsqueda de Facundo no solo descansan en su proceder hasta el momento, más bien conforman un prontuario que se extiende por años y teje vínculos con otros encubrimientos a la Policía Bonaerense y a cómplices de la última dictadura.
Martínez es funcionario judicial desde 1981 y siempre se desempeñó en Bahía Blanca. Antes de que el presidente Mauricio Macri lo designara y el Senado lo convirtiera en fiscal federal de esa ciudad subrogó dos juzgados desde los que garantizó la impunidad para represores y civiles cómplices del terrorismo de Estado juzgados e investigados en esa ciudad: habilitó beneficios de arrestos domiciliarios que no controló, rechazó detenciones, procesamientos y extradiciones --incluida la de Alfredo Astiz, reclamado por Francia para ser enjuiciado por el secuestro y el asesinato de las monjas Alice Domont y Leonie Duquet--, facilitó la impunidad de Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia.
Sus asistencias a represores desde el Juzgado Federal de Instrucción número 1 de Bahía Blanca fueron detalladas en las impugnaciones que los organismos de derechos humanos locales y nacionales presentaron ante el Senado cuando esa Cámara se dispuso a aprobar su designación como fiscal federal.
“Respecto de la intervención de Martínez en las causas por delitos de lesa humanidad, encontramos que se manejó con coherencia: sus intervenciones obstaculizaron los avances en la investigación de distintas causas. Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria”, destacó en su momento el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Aportes a la impunidad
La filial bahiense de H.I.J.O.S. elaboró un documento detallado, al que respaldaron la regional porteña de esa agrupación, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y la APDH entre otres, en el que consignó cada mal desempeño del entonces juez para que les senadores que debían ratificar o rechazar su designación como fiscal supieran de quien estaban hablando:
Así, mencionaron que Martínez rechazó pedidos de indagatoria y detención de represores vinculados a delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad emitidos por la Fiscalía y cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó su decisión y le ordenó tomar otro camino, el funcionario se negó, admitiendo una “actuación completamente irregular y violatoria del código”, planteó en su momento H.I.J.O.S.
En mayo de 2013, rechazó el pedido de detención de Aldo Omar Vara, quien fuera capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones de Comando 181 con asiento en la ciudad de Bahía Blanca. Vara había reconocido, en el marco de los Juicios por la Verdad que tuvieron lugar a finales de los 90 en la ciudad, haber tenido contacto con exalumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas. Cuando la Cámara revocó su rechazo, Martínez se apartó de la causa. Para entonces, Vara se había escapado a Paraguay. Finalmente fue detenido, pero falleció sin dar explicaciones por los delitos cometidos.
Respecto de esa causa que investiga los crímenes cometidos dentro de la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército, Martínez hizo lo que quiso para impedir que avanzara. “Sus reiterados intentos de fragmentar la investigación en expedientes inconexos entre sí son violatorios del principio de economía procesal y demuestran una intención de obstaculizar el avance de la instrucción, al descomponer el plexo probatorio y separar hechos íntimamente vinculados entre sí”, denunciaron desde la agrupación de derechos humanos. Allí también se negó a investigar delitos sexuales.
Su protección a quien fue dueño del diario La Nueva Provincia, señalado como partícipe en los secuestros, torturas y asesinatos de los obreros gráficos y delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola en 1976, fue más allá incluso de su actuación en el expediente. Comenzó rechazando un pedido de la Fiscalía para que investigue a Massot, continuó apartándose de la causa y culminó siendo el eslabón fundamental en una operación que dejó fuera de juego al fiscal que había solicitado indagatoria del empresario, Álvaro Coleffi, quien fue denunciado e investigado y estuvo a punto de ser destituido.
Tras esa maniobra, en la que también participó Néstor Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura e imputado en la causa Triple A, a Massot se le dictó la falta de mérito, confirmada hace poco por la Corte Suprema. También le aseguró la impunidad a Hugo Sierre, ex secretario del juez cómplice de la dictadura Guillermo Madueño, y también a Guillermo Garlatti, el exarzobispo de Bahía Blanca señalado como encubridor y hasta sostén financiero del cura Vara mientras estuvo prófugo, a quien Coleffi había procesado e imputado.
La recompensa
La recompensa para Martínez fue el cargo de fiscal federal. En 2018 el Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri lo propuso y el Senado, pese a las impugnaciones, acabó confirmándolo. “El macrismo lo metió por la ventana y acá está”, sostuvo Alejandra Santucho, de H.I.J.O.S. Bahía Blanca. El interventor en la Procuración, Eduardo Casal, le tomó juramento con sonrisas y apretón de manos en octubre de ese año. Para entonces, ya no estaba a cargo del Juzgado de Instrucción número 1, en donde fue reemplazado por Alejo Ramos Padilla.
Cuando asumió el cargo, Ramos Padilla se asombró del “cuadro generalizado de desorden, desidia, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial”, destacó el CELS como un elemento más que aportaba a la impugnación de su designación en representación del Ministerio Público Fiscal. El organismo citó el informe que redactó entonces Ramos Padilla sobre el estado de situación con el que se encontró: explosivos, armas y drogas esparcidos por toda la oficina, un disco rígido con información sobre la Triple A descuidado y sin copia de seguridad, “gran cantidad de detenidos sin indagar, algunos incluso llevaban meses privados de su libertad; había detenidos que no tenían resuelta su situación procesal, a pesar de haber sido indagados y otros que, por falta de registro, ni siquiera se sabía adónde se encontraban”, puntualizó el magistrado.
24 de agosto de 2020
La mamá de Facundo se reunió con el Presidente y habló junto a sus abogados
Cristina Castro: "Nunca más Facundos, ni chicos desaparecidos, ahorcados en comisarías"
Castro y los letrados calificaron como positiva la reunión con Alberto Fernández, de la que también participó la ministra Frederic, y reiteraron sus denuncias sobre las irregularidades del caso.
Por Adriana Meyer
Imagen: NA
"Lo miré a los ojos y me ha dejado conforme. El señor Presidente ha sido muy amable y muy sincero, pero eso no quiere decir que vaya a dejar de exigir respuestas". Más de dos horas estuvo Cristina Castro, la madre de Facundo, en la residencia de Olivos con Alberto Fernández. Por iniciativa del propio Presidente tuvieron primero una reunión privada, y luego al encuentro se sumaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los abogados de la madre de Facundo, Leandro Aparicio y Luciano Peretto. "El Presidente se ha comprometido desde lo institucional en la búsqueda de la verdad, ha puesto a disposición todas las garantías que nuestra querella pidió para que la investigación se de en un marco de transparencia, independencia y celeridad. Estamos conformes con el acompañamiento que representan los mecanismos que dispuso, acordes a los imperativos que se piden al Estado argentino en esta causa a nivel internacional, y que para nosotros son esenciales para llegar a la verdad", sintetizó Peretto durante la conferencia de prensa posterior, organizada por Amnistía Internacional Argentina.
"Fue una buena reunión de trabajo, hablamos muchas cosas en blanco y en limpio", describió Cristina. Respecto de la autopsia que se realizará este martes a partir de las 9 en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Peretto anticipó que para la aplicación del protocolo de Minnesota --utilizado en los casos de las muertes en custodia de fuerzas policiales o de seguridad--, entregaron a su perito forense Virginia Creimer todos los cuerpos de la causa que dan contexto a los hechos.
En el lugar --ubicado dentro del predio de la ex Esma-- hay una sala para los familiares, donde esperará la madre de Facundo y donde seguramente se cruzará con la jueza de la causa, María Gabriela Marrón. El material genético será extraído de los restos óseos que aparecieron en el canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo hace ocho días, e irá a la sede cordobesa del EAAF, donde ya están los datos de los padres del joven. Los abogados estimaron que el 5 de septiembre se podría saber la identidad del cuerpo.

"Sin palabras", dijo Cristina cuando le preguntaron su opinión sobre el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a quien recusaron dos veces. "El Poder Judicial es desastrozo, miran para otro lado por amiguismo con la policía, dejan hacer", acotó. "Más allá de lo que diga la señora jueza, no hay mejor defensor de la policía bonaerense que el fiscal Martínez, evaluaremos los pasos a seguir con todos los elementos irregulares que estamos recogiendo sobre la policía descontrolada en medio de la pandemia, y lo vamos a denunciar también penalmente", dijo Peretto.
"El fiscal no fue a ningún procedimiento, no dialoga ni respeta a la víctima, no avisa cuando pide detenciones, no participó de las testimoniales, el Estado debe cambiar esta situación, la Procuración de la Nación debe escuchar a Cristina para terminar con este funcionario nefasto que no quiere llegar a la verdad", acusó el letrado de la querella particular.
En ese momento tomó la palabra Aparicio para recordar que "no es la primera vez que suceden casos así, Katherine Moscoso estuvo desaparecida una semana en un caso donde está implicado el poder político de Monte Hermoso, fueron 300 policías a ayudar a los políticos y a los narcos a desviar la investigación, amenazaron a testigos, incendiaron medio pueblo, y culparon a una amiga discapacitada. Tardamos cuatro años en poder ver la causa y lo logramos porque el tío se vino caminando hasta la Rosada". A criterio del abogado, "el poder judicial bonaerense, la fiscalía de Bahía Blanca y algunos comisarios están corrompidos hasta la médula, así en algún momento la policía ayuda a los políticos con sus crímenes y ahora se dió una devolución de favores".
Testigo con custodia
Peretto ponderó la intervención de la querella de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que presentó un habeas corpus preventivo para la protección de Marcelo González, el hermano de la ex novia de Facundo, quien denunció haber sido torturado por policías bonaerenses para inculparse, y luego fue hostigado y perseguido. "La jueza proveyó custodia, reconoció las circunstancias intimidatorias que está sufriendo esta persona, que tuvo que dejar su casa, su trabajo y su familia para irse a un lugar seguro, porque está siendo víctima de acoso policial", dijo el letrado. En su visión, este episodio "pone en evidencia la desesperación de la Bonaerense para inculpar a alguien y hacerlo partícipe de manera forzada, un hecho que gracias a Dios pudo salir a la luz".

Una sola zapatilla
La foto que muestra a Facundo al lado de un patrullero en Mayor Buratovich a las 10 hs. del 30 de abril "confirma que fue un procedimiento apartado del protocolo presidencial sobre la cuarentena. Es simbólica de la violencia comprobada en el expediente, y será sometida a nuevo peritaje para observar lo que nos planteó Cristina, ciertos signos de violencia en su ropa", dijeron los abogados Peretto y Aparicio.
La mamá de Facundo sostuvo en la entrevista con este diario que allí puede verse que le falta la zapatilla izquierda, que está esposado y que sus ropas indican que fue revolcado. "A Cristina le dijeron que no existía esta imagen y apareció en (el medio local) La Brújula con el objetivo de confundir, para que se piense que esa fue la última vez que se vio a Facundo con vida, y en realidad es la última foto de Facundo, sabemos que fue visto cinco horas y media después a cinco kilómetros de ese lugar", destacó Aparicio.

La Bonaerense
"El gobernador me ha llamado varias veces, me gustaría hablar con él, creo que su ministro (de Seguridad) está tratando de ensuciarlo poniendo en su boca cosas que nunca dijo. Axel Kicillof debería abrir los ojos para fijarse lo que está diciendo", dijo Cristina Castro sobre el mandatario bonaerense. En ese momento una periodista quiso saber cuál habría sido el móvil para desaparecer a Facundo. "Lo reconoció el propio Sergio Berni cuando admitió que esto sucedió en el peor momento de la pandemia y cuando mayores potestades se dieron a la policía. Hay que hacerse cargo de esa situación de descontrol de uniformados en territorio bonaerense. En ese contexto a Facundo justo le tocaron los policías más piolas, que no le tocaron un pelo, se ofrecían llevarlo en su vehículo particular y lo dejaron seguir viaje", contestó Peretto con ironía. "No cabe duda que es un caso de violencia institucional, hubo un incremento en cada contacto policial que Facundo tuvo ese día para forzar su retorno a Luro, y de alguna manera se salió de las manos, la desaparición vino a ocular ese hecho", aseguró.
En relación a las pruebas contra los policías, Aparicio expresó que "hay pericias técnicas sobre los teléfonos que no están completas, no estamos conformes con lo realizado por la Policía Federal, siguiendo con los lineamientos de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional) creemos que hay que hacer un peritaje integral. Hay mensajes borrados, una aplicación de WhatsApp desinstalada, aún así evidencian contradicciones en un contexto más amplio que es el protocolo de encubrimiento totalmente acreditado en el expediente en base a pruebas testimoniales y objetivas".
El abogado manifestó que tomaron conocimiento de "una especie de carta blanca que tenía la policía para comunicar o no a la jueza federal si detenían o no a tal o cual persona, tenemos pruebas de que esto fue delegado en la policía bonaerense por una cuestión de comodidad de trabajo". El letrado, que intervino en el caso por la desaparición de Daniel Solano, dijo que "aún si le creyéramos a los policías, es irregular que lo hayan dejado seguir, que lo hayan levantado haciendo dedo, que lo lleven a Origone y que desde Médanos les digan que lo dejen seguir". Por otro lado, "los teléfonos fueron secuestrados cuando vino el ministro Berni a Bahía Blanca, aunque él dice que los entregaron voluntariamente".
Tres testigos, tres pescadores
"Queremos aclarar que la denuncia fue presentada por Cristina por desaparición forzada, la fiscalía estuvo de acuerdo, la jueza Calcinelli entendió que los testimonios de personas que decían que Facundo había sido subido a un móvil policial entre las 3 y media y cuatro de la tarde, situación todavía negada por la policía de la provincia de Buenos Aires y por el ministro de Seguridad, abrían la vía del fuero federal", apuntó Aparicio.
"Lo que no queda claro es por qué el señor Berni dice lo que dice e involucra al gobernador", agregó, en referencia a los dichos del funcionario sobre la presunta intervención de Kicillof en el pase al fuero federal. Sobre los inicios del caso, Aparicio enfatizó que los testigos llamaron a la comisaría el 19 de junio y les dijeron que el chico estaba con la novia en Bahía Blanca, de modo que ellos se comunicaron con Cristina, y de ahí en más fueron a declarar ante fiscalía federal.
"Quiero explicar a todo el mundo que esos testigos sí pasaron ese día por la ruta, así consta en el informe de tránsito que los toma volviendo desde Bahía Blanca, pero aportaron desde la municipalidad de Villarino un segundo informe trucho donde no están. Por eso denunciamos al intendente, porque así dieron pie a las declaraciones del periodista Sasso que repite el señor Berni para invalidar a nuestros testigos", indicó el letrado.

Consultados sobre los pescadores que dieron aviso del hallazgo del cuerpo esqueletizado en Villarino Viejo, Peretto respondió que "es una situación que aún no ha quedado aclarada en el marco de la causa, hay un pescador que, muy atemorizado, acudió a la Policía Federal, pero de manera informal tomamos conocimiento de otros dos pescadores que podrían haber visto el cuerpo y acudieron a una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Va de la mano del testigo que apareció de manera voluntaria ante esta querella y pide garantías para testimoniar, algo que este fiscal que interviene no puede dar".
Se refirió así al trabajador del Puerto de Ingeniero White que el 11 de agosto al anochecer vio luces en el lugar donde cuatro días más tarde avistaron los restos óseos que podrían ser de Facundo. "En la costa de Cola de Ballena fue algo muy llamativo, es un lugar hostil, en invierno, de noche y en cuarentena", describió.
El accidente
"No hay ningún elemento de prueba en la causa para sostener lo que dice el ministerio de Seguridad bonaerense sobre un posible accidente de Facundo. El único ánimo que tiene esa hipótesis es tratar de derrumbar la hipótesis mayoritaria, en palabras del juzgado que ha definido el fuero, es la única sustentable en prueba hasta la fecha, pero hacen muchísimos esfuerzos para ubicar esa idea del accidente", contestó Peretto sobre el enfoque que también suscribe la fiscalía de Martínez.
"En cambio, sí hay muchas evidencias de quienes operan para que esto se archive como un accidente, los teléfonos y los silencios hablan más que las palabras, no los van a dejar dormir. Las actitudes que tomaron, la sandía en el calabozo de Origone, las ubicaciones de los patrulleros, la falta de registro de las comunicaciones de Motorola que milagrosamente se han borrado, las contradicciones del personal policial, los testigos falaces que trataron de desviar la investigación hacia Bahía Blanca, y la aparición dudosa de un cuerpo como una herramienta desesperada para fortalecer esa hipótesis que se cae por falta de pruebas", enumeró. Para su colega, "el plan de encubrimiento se hizo de manera torpe, porque el esqueleto descarnado estaba al lado de una huella de 4x4, con una zapatilla nueva que dudamos si fue una torpeza más o un mensaje que nos interpela a todos".

Con ayuda de un mapa, Aparicio mostró durante la conferencia de prensa virtual la distancia entre el sitio donde apareció el cuerpo y el lugar del presunto accidente, en las vías que corren paralelas a la ruta 3 en casi todo su trayecto. "Son cuatro horas caminando, es imposible que desde Origone haya aparecido esa zapatilla intacta en el cangrejal. Hay testigos que dijeron que vieron a Facundo tirado en la ruta nacional, el fiscal no hace el peritaje del hallazgo de la sandía y está buscando peritos que le digan que los perros no sirven. Les falta decir que la puso Cristina, pero lo dice el periodista Sasso", dijo con su habitual tono vehemente.
"La testigo H (N.d.R en el expediente E.R) es una parte del plan de encubrimiento, fue utilizada para tratar de desviar la investigación. No puede precisar que haya sido Facundo, ni que haya sido el 30, habla de fines de abril, no queda claro dónde dice que lo levanta. Creemos que fue colocada otra persona que no es Facundo para desvirtuar el caso y sostener la coartada que repite Berni", dijo Peretto.
"La policía bonaerense estaba desafectada desde el 6 de junio, pero aún así esta persona ingresa al expediente porque dos policías bonaerenses hacen un informe sobre ella, casualmente son (Gabriel) Sosa, el de la foto, y (Siomara) Flores, la que dice que lo levanta en la ruta, es decir la metieron por la ventana, y el policía federal que recibió el dato dijo que no tenía ni idea quiénes eran Sosa y Flores, que él sólo buscaba gente", graficó Aparicio.
Suicidados en comisarías
Sin perder la calma, la madre de Facundo escuchó que le preguntaban sobre los dichos de Sergio Berni, quien declaró que la causa por desaparición forzada de su hijo era "un gran show para imputar gente inocente". "Así como me trata a mí, está tratando a cientos de padres cuyos hijos ingresaron a una comisaría y aparecieron suicidados por la policía. Son muchísimos los casos. El hace show en lugar de hablar con las familias", contestó.
"Me tocaron un hijo y me di cuenta de cuántos chicos desaparecidos hay. El señor Berni está enojado en su rol masculino de que alguien como yo le haga frente. No tenemos que tener miedo, esto no tendría que haber pasado, no debe pasar nunca más. Un hijo es el alma de las mamás, hay que escuchar a las mamás de los desaparecidos, de los pibes que aparecen suicidados en las comisarías. Nuestros hijos tienen que poder circular, tiene que haber un cambio. Nunca más Facundos, ni chicos ahorcados, desaparecidos, suicidados en comisarías. El nunca más tiene que ser realmente nunca más", cerró Cristina.




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