Infierno en Ingenio Ledesma: ya murieron 9 trabajadores dentro de la empresa
Gremios repudian el accionar de la compañía azucarera y aseguran que el mensaje patronal es que “los que tengan que morir tendrán que morir”.
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) volvió a denunciar al Grupo Ledesma, de Jujuy, por la alta tasa de contagios de Covid-19 en el Ingenio Ledesma y la alarmante cifra de trabajadores fallecidos que ya escaló a nueve.
En tanto, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), y secretario de Derechos Humanos de la CTAA, Rafael Vargas, aseguró que “desde marzo le estamos pidiendo a la empresa un Comité Mixto de Salud donde tengamos la información”.
“Nosotros no le pedimos a la empresa que pare la producción porque se nos antoja, sino porque lo recomienda el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud. Hay que bajar la circulación”, sentenció el dirigente.
Desde el sector trabajador ya vienen llevando adelante el reclamo desde hace semanas y presentaron una denuncia penal contra la empresa que “se niega a elaborar protocolos”. Hasta el momento, el Ingenio ya cuenta con 343 casos positivos y 9 muertes.
“El mensaje de la empresa es contágiense, enférmense, hagan los anticuerpos necesarios y los que tienen que morir tendrán que morir porque la economía tiene que seguir”, reflexionó Vargas.
Desde las organizaciones sindicales explicaron que si se hicieran la cantidad de test necesarios esa cifra podría incluso triplicarse, en un universo donde conviven 3.800 trabajadores de la actividad azucarera y 7.000 distribuidos en papel, azúcar, frutas y jugos.
“Se nos están muriendo en la casa los compañeros. Nosotros ya contabilizamos 9 fallecidos dentro de la compañía. El sistema de salud en Jujuy no tiene camas, no hay terapia intensiva”, alertó Vargas ante esta situación crítica.
La renta universal, lejos: Arroyo aseguró que Argentina «no tiene condiciones fiscales» para implementarla
El ministro de Desarrollo Social descartó que se vaya a implementar un pago universal por ahora, pero dejó una puerta abierta al remarcar que el Gobierno está «evaluando distintas alternativas para el después» de la pandemia.
A pesar de los rumores crecientes sobre una posible Renta Básica Universal, tal como se puso en marcha en varios países en medio de la coronacrisis, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, descartó que pueda implementarse en el país en el corto plazo ya que «la Argentina no tiene condiciones fiscales en este momento».
En cambio, destacó que ahora el Estado debe cubrir «un ingreso que vincule al empleo y articule lo informal con lo formal». Aún así dejó la puerta abierta a la posibilidad de que surja un pago básico, al ratificar que el Gobierno está «evaluando distintas alternativas para el después», aunque «no hay nada definido». Mientras tanto, continúa el pago del tercer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10000 pesos.
«El IFE 3 se está pagando ahora con un cronograma hasta septiembre. Estamos evaluando distintas alternativas para el después, la verdad es que no hay nada definido», sostuvo el ministro durante una entrevista con La Nación. Además, remarcó que espera que hacia fin de año los recursos de la cartera que conduce estén orientados en un «50% y 50%» entre planes asistenciales y de trabajo.
Respecto a la posibilidad de un «ingreso universal», recordó que ese debate sucede a nivel «mundial» ya que «lo puso en marcha España», pero «la Argentina no tiene condiciones fiscales en este momento para llevar adelante un ingreso universal». «La salida de la política social tiene que estar en el plan Potenciar Trabajo, en el ingreso de base para quienes no lo tienen y en la urbanización para 4000 barrios populares, que es una política a diez años», planteó.
Consultado sobre su propuesta de «generar un empalme que devenga en renta universal», afirmó que se refería a que «hay personas que no pueden trabajar por falta de mercado, hay personas que no pueden trabajar por falta de capacitación y hay personas que están más lejos, por un problema de salud o de adicciones, por ejemplo», por lo que «debe haber un ingreso de base asociado a trabajar, a capacitarse en oficios y a terminar la secundaria». «Un ingreso de base que vincule con el empleo y articule lo informal con lo formal», remarcó.
Arroyo destacó que la idea de esos planes laborales apunta a un «salto de calidad» en relación a que «la persona que tiene un plan social, manteniendo ese plan, dé un salto hacia el empleo».
«Con Potenciar Trabajo, la persona cobra de este ministerio la mitad de un salario mínimo, pero cuando el sector privado o público lo contrata para algo, le completa ese ingreso. Y hay que darle una cuenta bancaria para enlazarlo con la formalidad, para que pueda facturar sus trabajos. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser como las inferiores de un club, mi tarea es reconstruir la movilidad social ascendente», explicó.
«En términos laborales a Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri»
El Presidente, Alberto Fernández, ponderó el impacto del ATP y de la prohibición de despidos y aseguró que «En términos laborales a Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri».
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se metió de lleno sobre la situación laboral que atraviesa el país en el contexto de la pandemia, ponderó las políticas públicas y aseguró que «a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de (Mauricio) Macri».
Además Fernández resaltó que «la actividad industrial está produciendo más (ahora) que lo que producía el 19 de marzo» último, cuando se dispuso el aislamiento por la pandemia.
«Si nosotros revisamos los primeros cinco meses de la Argentina de 2020 en términos laborales, producto del ATP y todas las medidas como prohibición de despidos, doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri», le dijo el primer mandatario a Radio 10.
Las declaraciones van en sintonía con los informes oficiales que indican que la caída de empleo privado en el país es muy inferior a lo que ocurre en otros territorios. Lo aducen a la prohibición de despidos y al programa ATP que permitió otorgar un Salario Complementario a las empresas en crisis.
Según las cifras que circularon, en Argentina se perdió el 2,5 del empleo registrado, mientras que en Brasil el porcentaje ascendió al 7,5%, en Chile al 12,2% y en EEUU el 13.8%.
La CGT y las dos CTA celebraron la declaración de servicios esenciales a la telefonía, internet y TV paga
Las entidades sindicales destacaron también la decisión de congelar tarifas en el marco de la pandemia.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA celebraron este sábado en sendos comunicados la decisión del Gobierno Nacional de declarar servicios públicos esenciales a la telefonía fija y móvil, a los servicios de internet y TV paga.
“Es importante que el Estado realice el seguimiento necesario sobre la evolución de precios de determinados servicios públicos, cuidando al usuario, atacando la inflación y sobre todo, tutelando derechos básicos como el acceso a la educación, a la cultura y a la comunicación fomentando la inclusión y ejerciendo su indelegable rol de organismo de control autorizando aumentos solo cuando estos sean razonables”, destacaron desde la calle Azopardo.
También destacaron la decisión de congelar tarifas hasta el 31 de diciembre la que calificaron de “oportuna” en el marco de la crisis que atraviesa el país.
En tanto, las conducciones de la CTA y CTA Autónoma celebraron la sanción del decreto presidencial, al coincidir que se trata de «una medida justa que viene a reparar los efectos antisociales de las políticas depredadoras del macrismo».
El congelamiento de las tarifas respectivas hasta el próximo 31 de diciembre y la recuperación de la potestad del Estado para establecer el monto de las mismas son disposiciones que garantizan a todos los usuarios la máxima protección contra la voracidad de las empresas prestadoras», señaló un documento difundido por la CTA que encabeza el diputado nacional y dirigente sindical docente Hugo Yasky.
En ese sentido, indicaron que para esa Central, «estas decisiones gubernamentales justifican plenamente los esfuerzos de diferentes organizaciones ciudadanas, como ?Internauta, Asociación Argentina de Usuarios de Internet? entre otras, que bregaron desde hace tiempo para que estos servicios fueran declarados públicos y esenciales».
«No es de extrañar que ciertos sectores de la oposición, precisamente los más vinculados al ala irreductible del macrismo y a la comunidad de negocios emergente de éste, se opongan a la decisión presidencial», se interpretó en el comunicado.
En tanto que desde la CTA Autónoma que encabezan el dirigente del gremio de Visitadores Médicos Ricardo Peidro y el estatal Hugo «Cachorro» Godoy, se aseguró que se trata de una iniciativa «reclamada por la ciudadanía que, en el contexto de la pandemia, se volvió impostergable».
«El Decreto de Necesidad y Urgencia asegura el control estatal sobre las mismas en el futuro. Exige además a las empresas que se establezcan planes accesibles e inclusivos que «garanticen una prestación básica universal obligatoria», subrayó un comunicado.
En ese sentido, desde la CTA Autónoma consideraron que «es necesario y urgente que el Estado asegure la accesibilidad de todos y todas a los servicios de las telecomunicaciones, de modo que en todo el territorio nacional se pueda tener conexión de calidad y a precios razonables».
Córdoba. Desde que se firmó el Pacto CGT-UIA, se firmaron más de 40 acuerdos de suspensión de personal
Lo destacó un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que censó 43 acuerdos para suspender personal en la crisis del coronavirus, con rebajas salariales de hasta un 25 por ciento. Además, el trabajo analizó las paritarias que se cerraron, en medio de las dificultades por el aislamiento. El acuerdo, avalado por ministros del gobierno, generó internas en el Frente de Todos.
Por Diego Lanese
La semana pasada, la CGT anunció que llegó a un acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA) para prorrogar hasta fines de septiembre el acuerdo que permite las suspensiones de personal pagando el 75 por ciento de los salarios. La medida, que fue duramente criticada por varios sectores, se había vencido en julio, pero fue ampliado como un instrumento de contención de la crisis laboral que genera la pandemia. En estos meses, la destrucción de empleo fue una de las consecuencias más importantes en el país, por lo cual la cúpula cegetista aseguró que mantuvo su postura de permitir estas suspensiones para evitar despidos masivos. Este acuerdo permitió que en distintas ramas se realicen más de 40 convenio de suspensiones, con distintos alcances.
Así lo destacó un informe del Observatorio del Derechos Social de la CTA Autónoma, que analizó estos acuerdos y concluyó que paradójicamente el instrumento fue usado principalmente por las grandes empresas, incluso aquellas que tuvieron altos niveles de rentabilidad en los meses anteriores. El acuerdo generó cierta tensión interna en el Frente de Todos, ya que mientras los ministros de Trabajo y Producción respaldaron el acuerdo entre gremios y empresarios, desde el Congreso el presidente del bloque Máximo Kirchner cuestionó el mismo.
El informe de la entidad que pertenece a la CTA Autónoma analizó los acuerdos firmados en las distintas ramas bajo el amparo del acuerdo. En total, el observatorio detectó “al menos 43 acuerdos colectivos por rama de actividad que establecieron diversas modalidades para implementar suspensiones colectivas con la inclusión de una prestación no remunerativa en los términos del artículo 223 bis de la LCT”. Entre los acuerdos más salientes, se encuentran los visitadores médicos –el único que paga el 100 por ciento de los salarios, el 80 por ciento no remunerativo y el 20 restante remunerativo –comercio, construcción, gastronómicos y metalúrgicos, entre otros tanto.
“El efecto inmediato del acuerdo UIA-CGT fue la generalización de las suspensiones laborales que ya venían siendo negociadas incipientemente durante abril y que a partir de entonces se expandieron a la mayoría de las actividades”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical.
El objetivo declamado de estos acuerdos, agregó el observatorio, fue “sostener los puestos de trabajo en el marco de la actual crisis económica y provocó que en abril y mayo la cantidad de trabajadores y trabajadoras que experimentaron una suspensión con el pago de una contraprestación no remunerativa alcanzó al 7,5 y 8,8 por ciento del total respectivamente, quintuplicando el máximo registrado desde que el Ministerio de Trabajo comenzó a relevar esta variable en el año 2006”.
Uno de los acuerdos más destacados de los firmados fue el de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA), que acordó con los laboratorios productores de medicamentos que operan en el país para sostener el 100 por ciento de los salarios durante la pandemia. Pese a esto, desde el mes pasado el gremio que lidera Ricardo Peidro denuncia que muchas farmacéuticas buscan romper el convenio, y hacer que los visitadores médicos vuelvan a la actividad, pese a los riesgos de contagio que genera ir presencialmente a los consultorios y centros médicos.
Además, desde el gremio denunciaron despidos en cubiertos, como los que suceden en la firma nacional Roemmers, el mayor laboratorio del país. “El viernes pasado hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde se denunció la violación del acuerdo de suspensiones y el decreto nacional que prohíbe los despidos. La cartera sanitaria dijo que analizará el expediente y en estos días decidirá si dicta la conciliación obligatoria como pidió el gremio”, le explicó a Gestión Sindical una fuente de la entidad gremial.
Por otra parte, desde la AAPM afirman que se debe llamar a la paritaria del sector, otro de los temas que preocupa a los dirigentes. En diciembre, luego de más de tres años sin acuerdo, laboratorios y visitadores médicos acordaron un nuevo convenio laboral, que este mes debe revisar el impacto de la inflación en los salarios, para aplicar la cláusula gatillo.
Sobre las paritarias, el Observatorio del Derecho Social también analizó las firmas alcanzadas, que por la cuarentena y el coronavirus fueron muchas menos que las esperables para esta época del año. “El cambio en la dinámica y contenidos de la negociación colectiva generados a partir de abril implicaron una postergación, en los hechos, de la negociación salarial. Sin embargo, a partir de mayo comenzaron a impulsarse acuerdos en distintas actividades que dan cuenta que la emergencia sanitaria no constituye, de por sí, un obstáculo para la renovación de los acuerdos salariales que en su mayoría se encuentran vencidos.
En todo caso, será necesario considerar la situación de cada actividad y/o empresa en particular, por cuanto la suspensión ‘de hecho’ de la negociación salarial implica un tratamiento similar para situaciones que son manifiestamente distintas”, destacó respecto de la paritarias el informe de la CTA Autónoma. En otras palabras, agregó, “mientras existen actividades y establecimientos que fueron duramente afectadas por las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, otras tantas han acumulado ganancias muy importantes a lo largo de los últimos años y aún hoy siguen funcionando con un impacto no tan importante”.
Entre los sectores que negociaron acuerdos salariales durante la vigencia del aislamiento social se encuentran “la industria aceitera, la actividad desmotadora de algodón, sanidad para las ramas laboratorios y droguerías, la actividad bancaria, la industria de la carne para las ramas carnes roja y avícola, la industria molinera, la industria papelera en Misiones, entre otras”.
Además, cerraron un acuerdo los empleados de farmacias, una de las actividades esenciales que se mantuvo abierta desde el inicio de la pandemia. El acuerdo alcanzado por la Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF) contempla un aumento en los básicos del mes de julio 2020 del 5,3 por ciento, sumado a un incremento no remunerativo del 1,5 por ciento. Así se totalizó una suba del 6,8 por ciento sobre el salario básico de febrero 2020. El gremio venía presionando para lograr un convenio en plena pandemia, y había pedido que se incluya a los trabajadores de las farmacias en el pago del bono de 5 mil pesos que recibe el personal de salud.
Según puso saber Gestión Sindical, el pedido “fue rechazado por el Ministerio de Salud nacional, que tampoco sumó a personal sanitario que trabaja en el sector público y no fue incluido”. Así, se logró evitar bloqueos de protesta, como había anunciado ADEF. Además, el gremio alertó sobre la ley de receta electrónica, aprobada hace unas semanas y reglamentada por el gobierno nacional, porque según sus cálculos podría afectar los puestos de trabajo. “Será un foco de conflicto”, dijo el gremio, que rechazó entre otras cuestiones que se habilite la dispensa de medicamentos en lugares que no son farmacias autoridades.
Trabajadores acusan a Molinos de querer aumentar la producción sin respetar protocolos y paralizan La Salteña
Tras un brote con 54 infectados que obligó a frenar las máquinas por dos semanas, trabajadores de la fábrica de tapas para empanadas de Molinos Río de la Plata denuncian que los quieren obligar a cumplir con turnos de 12 horas. Dicen que eso los obligaría a amontonarse todos los días en el comedor y los vestuarios.
La fábrica de tapas La Salteña ubicada en el polo industrial bonaerense de Burzaco, que emplea a 350 trabajadores, acaba de superar dos semanas de aislamiento debido a un brote de contagios que afectó a más de un tercio de la planta. Al volver los empleados se encontraron con que los turnos ahora son de 12 horas lo que, entienden, sería obligarlos a amontonarse y a romper los protocolos de distanciamiento social.
La comisión interna denunció que desde la empresa aprovecharon la situación para cambiarles arbitrariamente las condiciones de trabajo, empeorando su calidad de vida, y declararon la huelga.
Todo empezó hace un par de semanas con 10 casos positivos en 3 días. Ante el reclamo de los trabajadores, y luego de 48 horas de paro, la empresa detuvo la producción una semana para realizar testeos masivos. Gran parte de los positivos que se detectaron, eran asintomáticos.
En el día de hoy, los trabajadores se dispusieron a volver a sus puestos de trabajo pero cuando afirmaron que cuando llegaron los del turno tarde les impidieron el paso por un cambio de horario que decidió la empresa en forma unilateral, generando turnos de 12 horas.
«Los trabajadores que están trabajando en la planta turno mañana se encuentran de paro junto con la comisión interna a modo de que se pueda resolver el conflicto y asegurar que la empresa respete los derechos y condiciones de trabajo. Estamos esperando la llegada del Ministerio de Trabajo de la Provincia para que pueda constatar el accionar de la empresa», explicaron en un comunicado.
«Si se hacen 2 turnos de 12 horas, como propone la empresa, 150 trabajadores nos vamos a cambiar en un vestuario para 25 personas, y vamos a tener que comer en un comedor en donde entran 15 mesas.», detallaron y calificaron el sistema de turnos como «inhumano» y «un castigo físico» a lo que se le suma el contexto de la pandemia y el riesgo de contagios.
«Hace más de 10 años que tenemos este esquema de turnos y condiciones de trabajo y no estamos dispuestos que nos impongan una forma de trabajo que solo nos llevará a tener una calidad de vida inferior.», denunciaron.
Esta estrategia de avanzada de la empresa se da en un contexto de discusiones paritarias, por lo cual los trabajadores sospechan que «quieren sacar eso de foco pretendiendo hacer que retrocedamos en nuestros derechos.»
Otra de COTO: gerente pide que rompan los protocolos para no perder ventas
En un audio al resto de los gerentes Eduardo Bufalo Gerente Operativo de COTO, pide que rompan los protocolos y apuren el ingreso de gente en las tiendas. Se trata de la cadena con más contagios.
Otro escándalo vuelve a envolver a supermercados COTO en el contexto de la pandemia. Es que luego de haberse convertido en la cadena con más contagios de la zona metropolitna, y de haber tenido un episodio de violencia con inspectores de Lanús que querían sancionarla, ahora un audio vuelve lo ubica al topa de la irresponsabilidad por la falta de cuidados para el personal y los consumidores.
«Señores gerentes, que tengan buenos días», abre el audio de Eduardo Búfalo, el ya conocido Gerente Operativo de la firma que le pide a sus pares que apuren los ingresos a los salones para no perder ventas.
«Por favor, acelerar el ingreso de la gente a los salones de venta», sostiene Búfalo y repite sílaba por sílaba para que no haya ningún tipo de confusión en la orden que emite por Whatsapp: «Acelerar el ingreso de la gente que está en la calle a los salones de venta».
«Por favor, miren como podemos hacer para acelerar esto. No perdamos ventas por ningún motivo«, especifica el Gerente.
Búfalo no es personaje secundario en la cadena de mandos de la empresa. Se trata de una de las manos derechas de Alfredo Coto y en quien el propio supermercadista había deslindado responsabilidades ante la justicia por el arsenal que le encontraron en su momento en La Paternal.
Educación Pública
Docentes de la Ciudad rechazan la propuesta de apertura de escuelas como cibers
Luego de la reunión convocada por el Ministerio de Educación de la Ciudad desde la Multisectorial por la Escuela Pública rechazaron la vuelta a clases presenciales y solicitan una reunión con Nicolás Trotta.
Foto: UTE
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación, rechazaron la propuesta de apertura de los edificios escolares en ¨formato cibers¨, así lo expresaron luego de la reunión convocada por las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de analizar el protocolo de apertura de los espacios digitales en las escuelas porteñas.
Entre los motivos por el rechazo se encuentran la falta de política e inversión educativa y en conectividad, además denuncian que se pretende cómo única solución exponer a la comunidad al contagio del virus en las semanas donde el pico de contagiados por Covid-19 sigue creciendo en CABA y en el AMBA.
La decisión fue tomada unilateralmente por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue rechazada de manera explícita por los gremios UTE, ADEF y ADEMYS. Así afirmaron que se oponen a la vuelta de clases en la Ciudad ya que ¨Larreta desconoce una vez más el grave momento epidemiológico que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y presiona para abrir las escuelas poniendo en riesgo la salud y la vida¨ y solicitan una reunión con el Ministro de Educación Nacional, Nicolas Trotta para presentar su posición con respecto a la propuesta de Larreta.
La decisión fue tomada unilateralmente por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue rechazada de manera explícita por los gremios UTE, ADEF y ADEMYS. Así afirmaron que se oponen a la vuelta de clases en la Ciudad ya que ¨Larreta desconoce una vez más el grave momento epidemiológico que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y presiona para abrir las escuelas poniendo en riesgo la salud y la vida¨ y solicitan una reunión con el Ministro de Educación Nacional, Nicolas Trotta para presentar su posición con respecto a la propuesta de Larreta.
¨Cómo venimos reclamando desde hace meses, el Gobierno de la Ciudad debería invertir en equipamiento y conectividad para terminar con la brecha educativa¨ afirmaron en su página web y redes oficiales desde la Unión de Trabajadores de la Educación.
Sin solución salarial, empleados de la Algodonera Avellaneda paralizan buena parte de la aceitera Vicentin
Son unos 430 trabajadores de la Algodonera Avellaneda, parte del Grupo Vicentin, que cobran salarios de entre 20 y 25 mil pesos. Hoy paralizan la balanza de la aceitera para que la firma se siente a negociar.
24/08/2020
Los trabajadores de la Algodonera Avellaneda continúan con su escalada de protestas. Es que el Grupo Vicentín volvió a negarse a dialogar para actualizar los salarios, que vienen cobran con problemas, y hoy decidieron trasladar el conflicto al frente de la Aceitera del conglomerado empresario.
Según pudo saber InfoGremiales, desde la mañana los 430 empleados de la algodonera se concentraron en los portones de ingreso y luego decidieron paralizar la actividad de la balanza para evitar la entrada y salida de camiones.
Con buena sintonía con el gremio de Camioneros local, la medida se sostiene sin conflicto. La profundización del conflicto se decidió el viernes cuando los empresarios insistieron, en el marco de una reunión informal, en su negativa de sentarse en una mesa de negociaciones.
En Avellaneda los operarios cobran salarios de entre 20 y 25 mil pesos. La situación se agrava por los problemas para el pago que demostró la empresa desde febrero de este año.
«En Vicentín no entienden por qué le siguen haciendo un paro. Hace 4 meses que están de paro por sueldos de hambre» porque al ver que el gobierno nacional y provincial retroceden, «se piensan que pueden hacer lo que quieren», sostuvo el viernes Daniel Yofra, líder de los Aceiteros.
«Queremos visibilizar el conflicto para que se sepa que no es un problema de encuadre sindical, ni encuadre convencional. Lo que estamos diciendo es que hay un grupo mayoritario de esos compañeros que se afiliaron al gremio nuestro y nosotros los estamos representando. Lo importante es que salgan de esos salarios miserables de 20 mil, 30 mil pesos que cobran«, agregó el gremialista.
Y cerró: «Acá no hay un conflicto intersindical como ellos están planteando, hay un conflicto de trabajadores que se están muriendo de hambre»
Bajo amenaza de despidos, Paolo Rocca logra perforar el pacto entre la CGT y la UIA y pagarle sólo el 70% a los suspendidos
El entendimiento se firmó con la UOM. La firma de Paolo Rocca había amenazada con más de medio centenar de cesantías. Logró que el gremio acepte que los suspendidos cobren el 70% de sus salario en lugar del 80% como sucedía hasta ahora. Perfora el piso «garantizado» por la CGT.
24/08/2020
En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y bajo una amenaza de que más de medio centenar de trabajadores perderían su empleo, Paolo Rocca lo hizo de nuevo. Volvió a conseguir reducir el ingreso de los operarios que están suspendidos y le arrebató otra pequeña victoria económica al contexto dramático que se vive en materia sanitaria y económica.
Así, según se firmó el pasado viernes con la UOM Campana, que lidera Abel Furlan, un pacto por el que desde ahora y hasta el 31 de octubre, los empleados suspendidos de Tenaris Siderca percibirán el 70% de sus salarios y no el 80% como venía ocurriendo desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio.
«Tras intensas negociaciones hemos arribado a un acuerdo de suspensiones, hasta el 31 de octubre del corriente año, que garantiza la percepción del 70% del salario y la inmediata reincorporación de los trabajadores y trabajadores que fueron despedidos», explica la comunicación oficial de los metalúrgicos a la que accedió InfoGremiales.
Además se especificó que continúa la conciliación para el conflicto con las contratistas de Siderca y avisa que el miércoles habrá una nueva audiencia para tratar de zanjarlo.
Desde la UOM especifican que el entendimiento lo firmaron porque en este contexto económico priorizan «la defensa y la protección de los puestos de trabajo, en la convicción de recuperar la normalidad con todas y todos los trabajadores dentro del sistema de empleo».
La particularidad de lo firmado es que también perfora el piso del acuerdo firmado por la CGT y la UIA para ponerle un piso a las suspensiones. El acuerdo, que se viene renovando con el sostenimiento del aislamiento, apuntaba a «garantizar» que ningún operario suspendido cobre menos del 75% de sus salarios.
Paritarias 2020: el ranking de los gremios que mejor actualizaron sus salarios este año
El Ministerio de Trabajo difundió un informe con los acuerdos salariales del año. Los incremento oscilan entre el 22% y el 30% y, a diferencia de otros años, se acortaron los tiempos.
24/08/2020
El Ministerio de Trabajo de la Nación difundió, en las últimas horas, un informe para graficar la reactivación de la negociación colectiva. Con las actividades industriales esenciales como punta de lanza, ya pactó sus salarios 2020 una porción del mercado laboral.
«En general, los actores que integran estos sectores productivos postergaron el inicio de las negociaciones de los Acuerdos 2020, a la espera de la evolución de la pandemia, expectantes de un retorno a la ‘normalidad’, recordó el trabajo.
De entre las actividades que continuaron trabajando a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio «surge la mayoría de los convenios que retomaron las negociaciones entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresariales para definir aumentos salariales en el marco de la ronda anual de paritarias».
Según lo relevado por la cartera laboral, «hasta agosto de 2020, se firmaron 23 acuerdos salariales sectoriales que establecieron aumentos salariales para un millón de asalariados privados en relación de dependencia, número que representa un 19% del total del empleo del sector privado».
El ranking de quienes mejores acuerdos consiguieron lo lideran los Camioneros, Madereros y Cerveceros con un incremento salarial del 30%. Lo siguen los Encargados de edificio con un 29% y los Bancarios: y Papeleros con 26%.
Una particularidad de esta ronda de negociación tiene que ver con la temporalidad. «Se destaca que en este contexto, un 43% de los acuerdos salariales pactados establecieron una vigencia anual para los niveles salariales, con la aplicación de los mecanismos de revisión que se hacen efectivos antes de finalizar el año o a comienzos del próximo», añade el trabajo.
Y se remarca que «En las actividades donde se registran los menores porcentajes de incremento salarial durante el período calendario, se incluyen cláusulas de revisión antes de finalizar el año».
El Malbrán sigue con salarios por debajo de la linea de la pobreza
Es el principal organismo de ciencia aplicada en la salud del país y su rol de coordinación de laboratorios en esta pandemia es fundamental. Sin embargo, las autoridades continúan sin resolver los recortes salariales y presupuestarios del macrismo. Entrevista a Fabian Martin, trabajador del Instituto Malbrán.
Canal Abierto Radio | “No solo venimos de cuatro años de recorte salarial sino que sigue habiendo inflación, seguimos cobrando los mismos salarios y la gente se va”, comentó el virólogo Fabián Martín, delegado de ATE en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”. Durante la gestión Cambiemos también hubo recortes de presupuesto que alcanzaron el 50% y de personal en un 10%.
Lejos de mejorar, la pandemia no hizo mas que complicar la situación: la crisis sanitaria obligó a posponer la discusión paritaria nacional de salud. De esta manera, se dilata una recomposición que pareciera urgente en el Malbrán, donde más de la mitad del personal cobra sueldos que están por debajo de la línea de pobreza.
“Somos el único organismo en el Ministerio de Salud que hace ciencia básica y ciencia aplicada a la salud, con impacto directo sanitario. Pertenecemos al gabinete científico tecnológico con todos los organismos de Ciencia y Técnica. Hay un trabajo hecho donde se hace una evaluación de los sueldos, y se demuestra que el Malbrán es el que gana menos que todos los demás organismos de ciencia y técnica, como el INTA, el INTI, el ARSAT”, indicó Martín.
Una técnica recién ingresada al laboratorio -o un administrativo- percibe 24.000 pesos mensuales, mientras que una científica que recién ingresa cobra unos 38.000 pesos. Es decir, salarios por debajo de la canasta básica calculada por el INDEC: «y tiene que estar más de 6 años de carrera para superar esa línea de pobreza”.
Según explicó el delegado de la Asociación Trabajadores del Estado, son muchos los profesionales que dejan la institución para tomar guardias en un hospital público, donde por 24 horas una vez a la semana ganan lo mismo que en el Malbrán: “estamos perdiendo la formación que le dimos durante años ya que para trabajar en el sector de virus respiratorio y coronavirus necesitas una formación de por lo menos tres años mientras que las guardias las puede hacer cualquier bioquímico recién recibido”.
En marzo le entregaron el proyecto de igualación del salario a los organismos de ciencia y técnica al ministro Ginés González García, e incluso mantuvieron un intercambio con el propio presidente Alberto Fernández, quien visitó personalmente el Malbrán tras el descubrimiento de tres secuencias genómicas del COVID-19. De hecho, durante la recorrida el mandatario hizo mención a los salarios de miseria y se comprometió resolverlo a la brevedad. Los trabajadores del Instituto aún aguardan dicha solución.
PRIMERO, AUMENTAR LOS SALARIOS
Para estimular la demanda, es imprescindible aumentar los salarios y hacer obra pública
Con la tenacidad y paciencia del artesano, el equipo que dirige el ministro Martín Guzmán logra postergar para el año 2024 el pago de la amortización del capital tanto de la deuda externa en jurisdicción extranjera, 21 bonos por 66.137 millones de dólares y, por extensión por la cláusula RUFO, también extiende los vencimientos con los tenedores de títulos públicos de deuda con jurisdicción nacional que asciende a 41.715 millones de dólares que es ley. Por eso ahora el camino es reestructurar el acuerdo con el FMI en el mayor plazo posible, abonando aproximadamente 300 millones de dólares por trimestre como se viene haciendo y no pagar nada de capital hasta 2025.
Los capitales financieros se mueven por su propia cuenta (autónomos de los gobiernos, incluso del de Estados Unidos) y saben que la Argentina no está en condiciones de amortizar capital de la deuda. La situación es similar a la de al menos otros 50 países y, los administradores de fondos no quieren lidiar con una cadena de default, porque los dueños de las divisas que ellos administran querrán retirar esos recursos, entonces van a tener que mal vender activos para poder cubrir dicho retiro y, ante el primer problema, se produce una fuga en estampida.
Por lo tanto, el pago de los intereses de los 152.000 millones de dólares que es la masa crítica por la suma adeudada al FMI y a los bonistas (en jurisdicción local y extranjera), irrogará en total unos 11.200 millones de dólares desde septiembre de 2020 hasta diciembre 2024, suma que se debe pagar con la recaudación de impuestos y derechos de exportación (retenciones) ante un superávit comercial esperado de no menos de 15.990 millones de dólares para este año 2020 (repitiendo la cifra en que las exportaciones superaron a las importaciones en el año 2019) y en los años subsiguientes.
Y decimos esto porque la Argentina que es sólo el 0,3% del PIB mundial, es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja, en un mundo que en mayor o menor medida tuvo que aislar a su población y garantizarle el sustento por una parte. Por otro lado, estructuralmente, gran porcentaje de la población rural de la República Popular China y los súper habitados países del este asiático ha migrado en los últimos años a las ciudades. A su vez han mecanizado e industrializado la producción sobre todo de carne aviar y porcina. El consecuente hacinamiento de los animales provoca la mutación de los virus y su contagio a las personas humanas. Para evitar el problema, van a importar sistemáticamente parte de las proteínas que consumen y la Argentina con sus actuales 37,5 millones de hectáreas cultivables y para cría de animales es un referente obligado a tener en cuenta.
Ahora bien, si ese es el estado de situación y su posible evolución, el superávit comercial referido y los menores pagos de la deuda (básicamente intereses) hasta diciembre de 2024, implican que la oferta de divisas supera y superará a la demanda, por lo que deberían converger el tipo de cambio oficial de 77,77 pesos por dólar y el paralelo en cualquiera de sus formas (contado con liqui, dólar bolsa, informal, etc.). Sin embargo eso no está ocurriendo y la pregunta es por qué.
¿Por qué ocurre?
Hay varios factores que se conjugan.
- Entre quienes estuvieron comprando dólares, sobre todo los 100 grandes que adquirieron en menos de cuatro años de la gestión de Cambiemos 24.679 millones de dólares y los fugaron, están los mayores bancos privados (Galicia, Macro, Santander, Bilbao Vizcaya, City, HSBC, BNP Paribas, Patagonia, Supervielle), y
- En todas las investigaciones anteriores que realizaron distintas comisiones investigadoras del Congreso de la Nación había tres empresas con sus principales socios y CEOs que encabezaban la fuga: los Arrieta-Blaquier del Ingenio Ledesma; los Magnetto, Aranda, Rendo, Herrera de Noble y Pagliaro del Grupo Clarín; y los Rocca, Betnazza y Zavaleta del Grupo Techint. Es más, son tan miserables los Rocca de Techint, que apenas comenzó la pandemia no dudaron en echar a 450 trabajadores, e insisten en hacer trabajar a los que quedaron en condiciones de inseguridad laboral por el Covid-19. Peor si cabe es el caso del Ingenio Ledesma, con seis mil trabajadores en Villa Libertador General San Martín en Jujuy: al 18 de agosto 2020 tenía 11 muertos y 306 infectados. Estos son los grandes fugadores y su única obsesión es que el salario que paga su empresa sea, medido en dólares, menor que el salario en Brasil.
- Por su parte, el grupo Clarín que tiene su mercado cautivo en la clase media que se subordina ideológicamente al gran capital, presiona al gobierno por ser el poseedor del 5 G que es la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil y, como el gobierno no se lo cede, tiene una prédica constante contra la administración nacional.
Pero siendo una parte importante de la burguesía argentina, no son todos los empresarios locales y como “negocios son negocios”, obviamente que el potencial que implica la demanda de alimentos posicionaría a los productores agro industriales que incluso se unieron y armaron su propia propuesta para los próximos años, generando con su actitud una fisura en la ex Mesa de Enlace, donde los sectores más reaccionarios de la Sociedad Rural Argentina quedan marginados, y lo mismo pasa en la Unión Industrial Argentina cuyo presidente y su familia política polarizan la prédica en que el futuro es nuestro.
El problema es que la economía complementaria es China, y si bien la Embajada no vio con buenos ojos que la Argentina no haya acompañado las decisiones del Grupo de Lima, no haya reconocido al gobierno golpista de Jeanine Añez en Bolivia, pero sí reconoce como gobierno legítimo al de Nicolás Maduro en Venezuela, el acrecentamiento comercial y de inversiones con el país asiático, a lo que se suma la renovación de los swaps chinos y sin quedar sujeto a revisión por el FMI, excede su nivel de tolerancia.
Los principales referentes de la convocatoria del 17 de agosto 2020 fueron los grandes medios de comunicación y figuras de segundo orden, todos ellos asiduos concurrentes a la Embajada y no solo los 4 de julio.
Por lo tanto el dólar refleja una puja mucho más gravitante que la oferta y la demanda, es una cuestión de qué país vamos a ser.
Si se elige el propuesto por la Embajada y en segundo término por los grupos encabezados por Ledesma, Techint y Clarín, la combinación de devaluación y suba de la tasa de interés producirá de hecho un aumento de los precios, y eso implicará menores ventas y menor consumo, profundizando la depresión económica y el padecimiento de nuestro pueblo, sin trabajo y el poco que se genera, mal remunerado.
Si se elige defender el mercado interno y la inserción internacional que le corresponde a la Argentina, el hostigamiento de los nombrados en el párrafo anterior va a ser permanente, que vamos camino a ser Venezuela y otras canalladas por el estilo van a ser su prédica diaria.
A Juan Domingo Perón le gustaba decir: “La economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este». A Perón y al peronismo también lo acusaban de todo para derrocarlo en 1955.
Por lo tanto un gobierno nacional y popular debe emprender un camino distinto que parta de fortalecer al Estado y eso se consigue con medidas firmes, cobrando impuestos y disciplinando (con pena y multa) la evasión, los sobreprecios, el desabastecimiento, etc.
Un Estado fortalecido puede estimular la exportación mediante la suba de ciertos reintegros y la baja de determinadas retenciones a economías regionales; reactivar las obras públicas con las provincias y los municipios, hay al respecto un interesante trabajo denominado “Iniciativas interprovinciales para el desarrollo” del Ministerio del Interior de la Nación que puede ser la guía a seguir; transformar los IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en salarios de inserción social; y sobre todo aumentar los salarios para generar un creciente mercado interno, al principio por Decreto y luego con paritarias libres.
Un país con casi nueve millones de personas que reciben el IFE porque no tienen trabajo o si lo tienen es precarizado; donde el Estado abona prácticamente la mitad del salario de 2.040.000 empleados de 242.000 empresas en un universo de 7.595.704 trabajadores en 520.507 establecimientos; donde el salario bruto promedio es de $ 58.000 por mes y la Canasta Básica Total para una familia constituida por matrimonio y dos hijos en junio 2020 fue de $ 43.811; donde la industria reconoce una capacidad ociosa del 47% en promedio y, en la construcción es aún mayor el efecto; debe estimular la demanda a como dé lugar, primero aumentando los salarios por Decreto y segundo haciendo obra pública e incentivando la construcción y el comercio.
Lo decía Néstor Kirchner: “El PBI se conforma de consumo, inversión y comercio exterior. En los ’90, se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de fútbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones y la economía vuela”.
Cuando asumió el 25 de mayo de 2003 lo hizo con el 22,5% de los votos y la desocupación abierta de ese mes fue del 25%. Haciendo una política de decisiones claras y contundentes (lo primero que hizo por ejemplo fue remover a la corte menemista), con lo que no se pagó afuera de deuda aumentó los salarios y las jubilaciones y las pensiones (dio jubilaciones a los que tenían la edad y no los aportes), propició acuerdos comerciales con los países que nos compran y tenemos economías complementarias, acordó con China la venta de alimentos a cambio de inversiones públicas (represas, trenes, energía nuclear, etc.), se opuso al ALCA.
Kirchner afirmaba: “El crecimiento sostenido de China, India y demás países emergentes configura una nueva realidad internacional, de la que nuestro país debe saber sacar provecho, vendiendo cada vez más productos, primero alimentos y materias primas y luego acordar productos con mayor cantidad de mano de obra y tecnología nacional”.
“Para ello se debe contar con soberanía fiscal (incluido el Programa Financiero), monetaria, cambiaria, fuerte intervención en resortes claves (energía y transporte), y con acuerdos comerciales, productivos y financieros en la región que permitan emplear tecnología propia”
Y durante sus cuatro años de gobierno crecimos a tasa del 9% anual.
En la Argentina tenemos que decidir nosotros, para ello se necesita concientizar a la población y tomar medidas ejemplificadoras, de otro modo, una parte de nuestro pueblo va a creer que el camino propuesto por Clarín es el que vale.
Y la Embajada y su país tienen que respetar la soberanía de las otras naciones, quieran o no quieran, porque la dominación se basa en la sumisión del dominado, el solo hecho de levantar la frente y asumir el principio de la igualdad entre pares ha sido siempre el camino de la independencia y de la justicia.
RUFO es la sigla de Rights Upon Future Offers. Se trata de una cláusula que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010, a partir de la cual se prohíbe pagarle a los holdouts (que son los que no entran en el canje) más que los que sí lo hicieron. Por extensión implica que a los bonistas con jurisdicción Argentina se le da las mismas condiciones que a los de jurisdicción extranjera.
ALGODONERA SE LA BANCA
No se trata de salir a defender al gobierno, se impone defender los derechos de la clase trabajadora
Cuando iba amaneciendo y las cosas afirmando su contorno, podía divisarse en la madrugada un piquete de obreros de la Algodonera Avellaneda alrededor de la fogata que se iba extinguiendo. Montaban guardia a pocos metros del portón de entrada, cuando irrumpieron unas 15 ó 20 motos y se detuvieron a pocos metros en actitud amenazante. Los habían escuchado; no fue sorpresa, apenas la impotencia que genera la traición de gente que habitualmente trabaja en la misma empresa; intentaron forzar la entrada y poner en marcha de prepo la producción, sin que se cumpliera con ninguna de las condiciones exigidas por los trabajadores.
Lo más llamativo fue constatar la presencia de Héctor Vizcay, abogado de la firma (y socio familiar, por ser esposo de una de las Vicentin), acompañado por efectivos de la policía provincial. dirigiéndose a los rompehuelgas con total impunidad: “Vamos, muchachos, aceleren las motos y encaren”. La consigna fue acatada al pie de la letra y los ciclomotores aceleraron a fondo y arremetieron contra la masa humana que impedía el paso.
Gritos, trompadas, patadas empujones y una furiosa resistencia impidieron que se cumpliera su objetivo ante la histérica mirada del “combativo” personaje antiobrero. Vizcay tuvo que retirarse acompañado por la pasiva actitud de la policía, que había presenciado todo lo sucedido sin intervenir. Curiosamente, parece que las cartas ya estaban echadas. Ayer mismo fueron inhibidos los directivos de la empresa La Algodonera por el juez Julián Ercolini, todo al mismo tiempo que sus directores pergeñaban y ejecutaban el ataque.
Sonia Zanel, delegada de los trabajadores, debió ser hospitalizada junto a otra compañera debido a los golpes recibidos de parte de los atacantes. Jorge Villán fue identificado encabezando la patota patronal de agresores, su función en la empresa es servir café a los gerentes. La reacción de los trabajadores no se hizo esperar y el piquete se trasladó, aumentado, esta vez a la ruta nacional número 11, donde permaneció cortando el tránsito hasta última hora.
Apoyo de medio mundo
Por la mañana una reunión vía Zoom improvisada por los propios trabajadores puso al alcance virtual de los Aceiteros y Desmotadores de Reconquista la presencia los principales dirigentes del sindicalismo que viene de confrontar con el gobierno de Macri. El diputado Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Daniel Yofra (Federación de Aceiteros), Héctor Amichetti (Gráficos y representante de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT) y Pablo Moyano (Camioneros, CGT) arengaron a los huelguistas brindándoles su apoyo y comprometiéndose a acompañarlos hasta lograr el triunfo. Yasky ofreció todo el apoyo a la huelga en nombre de la CTA y se comprometió a formar junto con Moyano y Amichetti un fondo de huelga solidario para sostener el conflicto.
A su turno Daniel Yofra denunció “la impunidad con la que Vicentin estafó al Estado, a los productores agropecuarios y hambrea a sus propios trabajadores. Una parte cautiva de la sociedad de Avellaneda lo apoya y se pasean con total impunidad mientras que los trabajadores son perseguidos, hostigados y reprimidos. Hay que terminar con esto para evitar derramamientos de sangre”. El gobierno provincial y nacional debe obligar a la empresa a respetar las leyes y sobre todo los derechos de los trabajadores. Las marchas contra el gobierno son protegidas por la policía local y las que se hacen para protestar son reprimidas bajo el mando de MPA local (Ministerio Publico de la Acusación), explicó Yofra.
El gráfico Amichetti agregó: “Junto a ustedes estamos los que resistimos cuatro años al macrismo en la calle, cuando otros dirigentes sindicales decían que Macri no era tan malo, que había que ganar las elecciones. Nosotros dijimos que a eso había que ayudarlo resistiendo en la calle y eso hicimos durante cuatro años. Somos los que creemos que las cosas no se arreglan desde arriba. Si no nos unimos y organizamos desde abajo, si no luchamos, las cosas no se solucionan nunca, aunque tengamos un gobierno favorable a los derechos de los trabajadores como tenemos ahora. El compromiso fundamental de la etapa es impedir el aislamiento y asumir como propias todas las peleas que tenga que dar cualquier sector de trabajadores”.
El referente del poderoso sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, hizo referencia a la reciente lucha de su sindicato contra la empresa Mercado Libre, una de las mayores del país, y ratificó su oposición a la reforma laboral propuesta por Roberto Lavagna cuando dijo: “La mejor forma de salir de la pandemia es mediante la reforma laboral”. Moyano fue tajante: “Queremos dejar en claro que la reforma laboral no va a pasar, este sector del movimiento obrero siempre se va a unir para resistir cualquier intento de flexibilizar el trabajo. De paso, quiero aprovechar la presencia de Hugo (Yasky) en su rol de diputado para que insista en que de una buena vez salga ese proyecto de gravar a los grandes grupos económicos”, insistió el camionero, quien recordó varios temas de la agenda de los trabajadores: “Sigamos luchando para que Vicentin termine en mano de los trabajadores y para que Mercado Libre respete los derechos de los trabajadores. Ojalá que el año que viene tengamos una CGT que realmente esté a la altura de las circunstancias”.
Para el secretario general del Sindicato del Subte, Beto Pianelli, “la pandemia mostró el rostro descarnado de las patronales que lo único que les interesa es la ganancia a costa de la salud y la vida de los trabajadores. Ya va a llegar el momento de ganar nuevamente las calles para que ningún compañero quede desprotegido. El triunfo de la pelea de ustedes nos da fuerza para enfrentar todas las peleas que nos quedan pendientes”. Edgardo Carmona, de la CTA de Santa Fe, resaltó “la importancia de la solidaridad cuando se atraviesa una lucha como la de Algodonera”. Kiki Trigo, del Sindicato de Manufacturas de Cuero, se expresó “contra esa patronal que hizo negocios turbios junto al gobierno que los trabajadores sufrimos durante cuatro años”.
Buscan consolidar el fraude
Cerró el turno de los expositores el ex juez Aldo Casella, representante legal de los Aceiteros en el concurso de acreedores de la firma Vicentin. Al respecto, dijo que el sindicato forma parte del conjunto de los acreedores y como tal participa del comité de vigilancia. En tal carácter denunció que la empresa inventó una serie de empresas vinculadas, varias de ellas en el exterior, provocando un vaciamiento de la firma Vicentin SA. En el conflicto actual en la Algodonera la participación de Vicentin es de apenas el 3% de las acciones. En realidad la empresa es propiedad de Vicentin pero ha sido desvinculada del patrimonio de Vicentin. La misma maniobra hicieron con el frigorífico Friar y ahora lo que está en juego es cómo demostrar que todos son parte de un mismo grupo económico. Según explicó Casella, “si logran aislar a Vicentin del resto de las empresas, los trabajadores verán peligrar su fuente de trabajo. El hecho trascendental es haber logrado nacionalizar este conflicto porque su destino era el aislamiento”.
La intervención de los referentes locales se focalizó en el pedido de que no se los abandone y su disposición a seguir la lucha hasta las últimas consecuencias. Luciana González, abogada de los huelguistas, denunció que los trabajadores están siendo privados de sus derechos a la defensa, criminalizados por la protesta, amenazados por los fiscales penales y obligados a comparecer a reuniones con la patronal con la presencia de los fiscales penales y sin derecho a llevar a sus propios abogados. En la mañana del jueves, los dirigentes sindicales más reconocidos a nivel nacional repudiaron una solicitada la agresión patronal a los huelguistas en presencia de la policía.
“Patéticas miserabilidades”
Techint sigue generando conflicto en todas sus plantas. Ahora fue el caso de Villa Constitución, cuando se dio por finalizado el contrato de la contratista EMET dejando sin trabajo a cinco operarios, entre ellos dos delegados. La situación generó el viernes de la semana pasada el bloqueo de la entrada a la planta por parte del sindicato y la comisión interna, impidiendo la salida de dos directivos de la planta. Luego de la intervención de una fiscal local, los ejecutivos se retiraron protegidos por la policía y se produjo la intervención del ministro de Trabajo de la provincia, quien tras algunas diligencias citó una audiencia para el día miércoles, sin resultados dada la intransigencia de Tenaris, y los cortes se volvieron a instalar a las pocas horas.
En la misma dirección el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó conciliación obligatoria en la planta de Siderca en Campana por el despido de trabajadores tercerizados. La medida abarca a las empresas contratistas y a la propia Siderca. La severidad de la resolución es un principio de respuesta a los ajustes que pretende Paolo Rocca sobre los trabajadores tercerizados para incrementar la carga de trabajo de los operarios directos de la fábrica. “Patéticas miserabilidades”, diría Hipólito Yrigoyen. Es evidente que la discusión de los grandes empresarios con el gobierno se expresa por la aplicación de los hechos consumados, que van acumulando conflictos y actúan de consuno. En tiempos de baja de producción y de sobrante de mano de obra en medio de una cuarentena que desmoviliza de por sí a los sindicatos, se ofrece a las empresas una oportunidad ideal para ganar terreno sobre los derechos laborales y las organizaciones sindicales. Rocca actúa, mientras que su vocero político Roberto Lavagna proclama que para salir de la pandemia hay que hacer la reforma laboral.
El periodista especializado Jorge Duarte reveló en el portal Infogremiales que “a pesar de que Antonio Caló firmó un bono de $ 6.000 mensuales para los metalúrgicos hace apenas 48 horas, la rama siderúrgica sigue protestando».
«A pesar de que hace escasos días y luego de semanas de negociaciones, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró las paritarias sectoriales, los siderúrgicos mantienen firme el reclamo para su rama de la actividad. Es que buscan mejorar lo pactado por Antonio Caló y piden un bono de $ 10.000 pesos mensuales».
«De hecho, se mantuvieron las asambleas en Acindar que habían comenzado la semana anterior. La siderúrgica es la Rama 21 de la UOM y la idea de los empleados de la actividad es conseguir un incremento salarial que sea superador al que Caló firmó para la rama 17. Es que se trata de la fracción de la actividad que está compuesta por las empresas más grandes, algunas de las más importantes del país. y que tienen más espalda para sostenerse en medio de la crisis que generó el coronavirus”.
Milagro presa y Jujuy colapsada
El gobernador Gerardo Morales busca desconocer una de las más flagrantes injusticias del período macrista. Milagro Sala continúa injustamente detenida mientras el gobernador sigue con la peregrina hipótesis de que el brote de coronavirus que tiene a la provincia de Jujuy colapsada por la imposibilidad de atención médica a sus habitantes resultó de un viaje de dos personas a comprar hojas de coca a la vecina Bolivia. Omite que eran muchos más e integraban su comitiva en un viaje a la Quiaca y hace silencio sobre la actividad de la principal empleadora de la provincia, la empresa Ledesma, y sus empresas subsidiarias.
El Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), manifestó que “la empresa insiste en mantener la circulación” y “expone a trabajadores mayores de 60”. Es obvio que el rebrote masivo proviene de la gran actividad y movimiento de las empresas de los Blaquier, que nunca fueron suspendidas ni cuidadas.
Según la agencia Télam, fuentes del gremio señalaron que se llegó al final de la conciliación obligatoria, “no obteniendo el acuerdo que resuelva los puntos planteados a la empresa, dejando a las partes liberadas para accionar con las medidas que se consideren necesarias”. En ese marco la empresa ha procedido a ajustar la disciplina sin un protocolo ajustado a su realidad. “La empresa insiste en mantener de manera normal la circulación de trabajadores, no buscando alternativas de trabajo que se ajusten a cada sector”, reclamaron, a lo que añadieron que “se sigue exponiendo a los mayores de 60 años aduciendo la actividad esencial, negándoles las licencias a uno de los grupos con más riesgos”.
Y lamentaron que no se “realizaran los testeos a todo el personal. Seguirá el trato diferenciado hacia los fuera de convenio, quienes no tienen límites en los tiempos de recuperación”. Sobre un comité de emergencia interno, denunciaron que “no se pondrá en funcionamiento ya que Ledesma continúa escudándose en la denuncia penal” efectuada por el sindicato. “Desde marzo que le pedimos discutir sobre la manera en que debíamos cuidar de los trabajadores”, acentuaron, y denunciaron que Ledesma “ha especulado para que los trabajadores deban hacer los anticuerpos y debamos considerar al Covid una gripe más”.
La familia Blaquier sigue acumulando muertos por coronavirus en su personal de planta y de zafra. La salud pública y privada de la provincia está colapsada y se repiten los casos de pobladores que mueren en sus casas por no encontrar camas disponibles en los hospitales y el personal de salud está diezmado como consecuencia de los contagios. El darwinismo primitivo de estas patronales salvajes es el principal ariete político contra el gobierno de Alberto Fernández, que ha hecho de la salud pública el eje de su política en esta etapa. Un lógica bestial, atada a una decisión que supone que cuantos más casos de Covid-19 haya y cuantos más muertos se registren, más ineficaz resultará la política del gobierno.
La Capital del descontrol
En CABA, una desordenada apertura anticuarentena de Larreta y compañía busca conquistar a la derecha cerril que vota en el distrito y apuesta por la “inmunidad de rebaño” para confrontar con la política sanitaria del gobierno nacional. Desde la apertura de las escuelas para convertirlas en locutorios de los estudiantes pobres (con el riesgo inminente de contagios) hasta la negativa a entregar las computadoras que corresponden, los gremios docentes, con UTE a la cabeza, denuncian al gobierno local en variados conflictos. La dirigente de CTERA, Sonia Alesso, puso el ejemplo de lo que ocurrió en la provincia de Jujuy, “donde (el gobernador) Morales sacó un decreto para la vuelta a clases y luego tuvieron que cerrar”. La secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angélica Graciano, recordó a las autoridades porteñas que “le pidan explicaciones y la renuncia” a Fabián Capponi, el funcionario a quien se vio bailando sin barbijo en el Ministerio de Educación de la Ciudad en un video difundido por redes sociales. El episodio ocurre en un contexto en el que “se cobran los aguinaldos en cuotas”, advirtió, ante la “amenaza de volver a clases”, y remarcó que a la renunciante viceministra de Educación nacional Adriana Puiggrós «podrán sacarla del Ministerio, pero nunca saldrá de la Biblioteca y del corazón de los maestros”.
“Con mucho dolor, bronca e impotencia, comunicamos que ayer falleció una compañera enfermera del Hospital Durand con Covid-19” notificó la Directiva de los trabajadores estatales (ATE Capital), quienes realizaron un reclamo general en nombre del personal de hospitales. Ezequiel Romero, de la Verde y Blanca del Hospital Zubizarreta, se encargó de destacar que “el problema de la carga horaria en los hospitales de mi zona (Vélez, Alvear, Tornú), hace inminentes los errores debido al cansancio. En el mismo sentido, una denuncia de los trabajadores del Alvear pone en evidencia la escasa empatía de las autoridades con el personal, ya que invierten en camas de UTI sin tomar en cuenta el personal para atender a los pacientes”.
Virginia Bouvet, del secretariado de AGTSyP, señaló que la decisión aceptada por el gobierno de la Ciudad de interrumpir el funcionamiento de la Línea C del subte, en realidad la tomó la empresa Metrovías. Los trabajadores están amontonados en los cuartuchos de descanso a la espera de que la empresa decida reanudar el servicio. “Metrovías paralizó el servicio porque tiene necesidad de inventar un conflicto con los trabajadores”, advirtió el secretario general del sindicato, Beto Pianelli. Centenares de mensajes de trolls acusan a los trabajadores de estar “enamorados de la cuarentena”, como si los cien contagios y los tres muertos no fueran empleados de Metrovías, señalan los trabajadores.
La Comisión Interna de Perfil expresó su agradecimiento a los compañeros por la contundencia del paro del miércoles 19. “Terminamos este miércoles de lucha más fuertes de como lo empezamos. Ahora esperamos que Perfil se corra de su posición y se digne a cumplir con lo que le corresponde: el pago del aguinaldo a sus trabajadorxs y el de las obras sociales en este contexto de pandemia.” En la audiencia de conciliación posterior, la empresa no aportó soluciones para el pago del aguinaldo.
La irrefrenable lucha interna en el Sindicato de Comercio de Capital continúa al rojo vivo. Con miles de contagiados en sus filas, a las puertas de la Faecys llegaron centenares de trabajadores esenciales de Carrefour en reclamo de paritarias. Las agrupaciones opositoras se alistan a derribar la gestión de Armando Oriente Cavalieri. Preparan la unidad de todos los sectores para dar el golpe de gracia. Mientras, las empresas esconden los contagios.
La pandemia en ascenso, las provocaciones patronales creciendo, la histeria anticuarentena convocando al contagio empiezan a generar respuestas orgánicas como la huelga de la Algodonera de Avellaneda. Hay una manera de respaldar al gobierno de Alberto Fernández y sostener su política que es dando respuesta ahí donde se produzcan los golpes. El quietismo del movimiento obrero puede ser el factor que desequilibre en favor de la derecha. No se trata de salir a defender al gobierno recién elegido, se impone defender los derechos ganados por la clase trabajadora y el pueblo a lo largo de la historia. Hay una nueva clase obrera organizada, hay una nueva generación de dirigentes con vocación de lucha y de mucha lealtad con sus representados que es cada vez más necesario que aparezcan y convoquen.
Envio:RL
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