El gobierno de Alberto Fernández empieza a reparar el desquicio financiero heredado.
Uno por uno los responsables del endeudamiento macrista
Deuda: El éxito de Guzmán descolocó a los economistas de la City y sus medios amigos y alivió a la gente El alivio para los próximos años. Los financistas de Wall Street en la administración Macri que lideraron el endeudamiento. El caso Bausili en la Oficina Anticorrupción. Gobiernos democráticos populares se hacen cargo y remedian la resaca de la deuda y del default de gobiernos autoritarios y neoliberales.
Por Alfredo Zaiat
El acuerdo con acreedores privados para dejar atrás el default de Macri ofrece el siguiente resultado:
* El alivio de pagos para los próximos cinco años suma 42.500 millones de dólares.
* La tasa de interés de los nuevos bonos será en promedio 3,07 por ciento anual, cuando la anterior era de casi 7,00.
* Los pagos de deuda en los próximos cinco años serán de sólo 4500 millones de dólares, cuando el monto original era de 30.200 millones.
* En este proceso de reestructuración se pagaron a los bancos las comisiones más bajas de la historia por emisión de deuda. La era Macri pagó de 0,14 a 0,18 por ciento, y en este acuerdo sería de 0,10 por ciento o un poco menos en el momento de cerrarse la operación global.
El Lobo de La Plata
El éxito de la negociación liderada por el ministro Martín Guzmán ha sido tan contundente que descolocó a la legión de economistas del establishment, a la mayoría de los financistas de la city y a la prensa de derecha que apostaban al fracaso o al sometimiento del gobierno a cada una de las demandas de los acreedores.
Es una legión conocida. Es la misma que operó a favor de los fondos buitre durante el último mandato de CFK, hasta que consiguieron lo que querían con la subordinación del gobierno de Macri. Ese fue el primer paso para iniciar el más fabuloso ciclo de endeudamiento externo argentino, que culminó en default.
El equipo local proacreedores aseguraba que la estrategia oficial era equivocada, cuando se demostró en los hechos que fue acertada. Afirmaba que se perdió mucho tiempo hasta acordar, cuando el promedio mundial de este tipo de reestructuraciones es de 13 meses y este acuerdo se concretó en 7 en medio de una pandemia y una negociación compleja que tuvo que ser mantenida vía comunicación virtual.
Distribuía pronósticos de catástrofe que no se cumplieron. Despreciaba a Guzmán por ser un "académico" que vino a la Argentina a preparar una investigación universitaria o se mofaba de que era un "pasante" que estaba aprendiendo finanzas. El colaborador del premio Nobel Joseph Stiglitz los dejó en ridículo.
Los temibles "lobos de Wall Street" tuvieron que aceptar, finalmente, las reglas de juego de Guzmán, fanático del Lobo de La Plata (Gimnasia), rescate futbolero del último reporte de la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de CFK.
Responsables
La reacción más impactante, sin embargo, fue la de los miembros del equipo económico del gobierno de Mauricio Macri, quienes inmediatamente después del anuncio salieron a comentar el cierre de las negociaciones con los acreedores privados.
Por sentirse impunes algunos y muestra de tradicional soberbia otros, saludaron el acuerdo pero sumando advertencias o dando consejos de cómo seguir.
Uno de ellos, en cambio, preocupado por sus causas judiciales, reveló su sangre especuladora y elogió sin ningún agregado apostando a la simpatía del oficialismo. Se probó que no se necesitaron sus consejos informales en la Casa Rosada para cerrar una negociación exitosa con los acreedores.
Los miembros de los equipos económicos de Macri fueron los responsables del más impresionante ciclo de endeudamiento, por magnitud y velocidad, desquicio financiero que el gobierno de Alberto Fernández empieza a reparar con el canje de deuda .
Algunos de ellos todavía tienen que dar cuenta en Tribunales por participar en operaciones financieras sombrías durante su paso por la función pública.
Uno por uno
Mientras los especialistas de pronósticos fallidos siguen girando en falso y el dispositivo de presión del poder económico se ha activado apuntando ahora a la negociación con el FMI, resulta ilustrativo detallar quiénes fueron los principales protagonistas de ese vertiginoso endeudamiento.
Es un ejercicio saludable de memoria y un aporte para que la historia de este proceso no sea adulterada:
* Alfonso Prat-Gay: Fue el principal responsable de la entrega a los fondos buitre. Pagó todo y más de lo previsto en las demandas. No sólo rifó años de defensa de la soberanía financiera en tribunales hostiles de Nueva York, sino que esa capitulación fue también el puntapié para el inicio del costoso ciclo de endeudamiento macrista. Tiró por la borda el extraordinario apoyo a la posición argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas: nueve principios impulsados por el gobierno de CFK y consensuados con el Grupo de los 77 más China, para la reestructuración de las deudas soberanas.
* Luis Caputo: Como secretario de Finanzas lideró negociaciones opacas con los buitres, a los cuales se les abonaron el capital e intereses de los títulos que reclamaban más "algunos costos y gastos legales" no precisados. Coordinó todo el ciclo de endeudamiento macrista hasta la insólita emisión de un bono a 100 años con una tasa efectiva elevadísima de 7,9 por ciento anual. Facilitó negocios fabulosos a un grupo de bancos internacionales que embolsaron unos 610 millones de dólares con la emisión y posterior distribución de bonos en el exterior . HSBC y Deutsche Bank lideraron esas operaciones diseñadas por Caputo.
* Santiago Bausili: el subsecretario de Financiamiento y luego secretario de Finanzas, mano derecha de Caputo tiene en el subtítulo siguiente de esta nota un capítulo exclusivo. Aquí va sólo una cifra: de abril de 2016 a enero de 2018, junto con Caputo, emitió bonos en el exterior por 43.687 millones de dólares con un grupo de bancos y fondos de inversión internacionales con los cuales mantenían estrechos vínculos personales y profesionales.
* Federico Sturzenegger: presidente del Banco Central, y su segundo, Lucas "Metas de inflación 2018: 10% (+ - 2)" Llach, fueron los responsables de alimentar la más fabulosa bomba de deuda interna: las Lebac. Fue el instrumento financiero para una obscena bicicleta aprovechada por inversores locales e internacionales. El volumen de esa deuda de cortísimo plazo superó el billón de pesos, llegando a representar el equivalente a 48.000 millones de dólares. Hasta octubre de 2018 (después empezaron a ser reemplazadas por Leliq), en 33 meses de gestión macrista en el Banco Central, se abonaron intereses de Lebac por 455.859 millones de pesos, monto que al tipo de cambio de cada vencimiento, representaron 25.323 millones de dólares.
* Nicolás Dujovne: el ministro de Economía que corrió desesperado a abrazarse con el FMI tiene en su haber un doble record negativo. La primera marca es el incumplimiento del primer acuerdo, rubricado en junio de 2018 por 50 mil millones de dólares, apenas a los tres meses. Después cerró otro por una suma todavía más elevada: 57 mil millones de dólares, que también fue un fiasco. La segunda marca es haber pactado el monto de préstamo más grande de la historia entregado por el Fondo a un solo país. Parte de ese crédito fue utilizado para financiar la fuga de capitales, violando de esa manera el estatuto del Fondo. Dilapidó 44 mil millones reincorporando al FMI en la economía argentina, lo que constituye una pesadísima herencia de condicionalidades por muchos años.
* Guido Sandleris: presidente del Banco Central cambió la Bomba Lebac por la Bomba Leliq. Deuda de cortísimo plazo, en este caso sólo para los bancos, que también superó el billón de pesos y fue equivalente a casi toda la base monetaria. Llegó a pagar una tasa delirante del 86 por ciento anual por colocaciones a 7 días. Se desembolsaron unos 650 mil millones de pesos de intereses de Leliq .
* Gustavo Cañonero: vicepresidente del Banco Central durante la gestión Caputo y la siguiente de Sandleris. Fue socio de Templeton, uno de los principales fondos acreedores, con la firma SBS. Trabajó con Caputo en el Deutsche Bank.
* Hernán Lacunza: el último ministro de Economía de Macri cerró el ciclo de endeudamiento con la declaración insólita de un default de la deuda en pesos, que denominó "reperfilamiento". El 28 de agosto de 2019 reconoció que no podía cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas. Fue un default inédito porque tuvo la particularidad de que fue de la deuda emitida por el mismo gobierno. Las anteriores cesaciones de pagos fueron por deudas heredadas de administraciones anteriores. Fue un default excepcional también porque ese incumplimiento fue con deuda nominada en pesos, o sea en la moneda que emite el país.
Conflicto de intereses
Como se prometió arriba, el capítulo especial de esta historia es Santiago Bausili, porque es representativo del abierto conflicto de intereses y operaciones financieras opacas que significó el desembarco en el Estado de un grupo de ejecutivos del sistema ligado a las finanzas internacionales.
Un reciente informe de la Oficina Anticorrupción presentado en el juzgado Federal 7, en el expediente "Singer Paul y otros s/traición con sometimiento y otros", es una ilustrativa guía. Existe una resolución firme que determinó la violación de la Ley de Ética Pública de Bausili porque intervino en actuaciones vinculadas a su ex empleador Deutsche Bank:
* Debió abstenerse de mantener reuniones con directivos del Deutsche Bank, que fue una de las entidades designadas como colocadora de deuda.
* Se investigó su relación con el Deutsche antes, durante y después de la colocación de bonos.
* Fue denunciado por continuar recibiendo "emolumentos" del Deutsche.
* Fue denunciado por participar en el canje de deuda donde se contrató al Deutsche para la colocación de bonos.
El informe precisa que Bausili gestionó asuntos "sumamente sensibles para los intereses de la Nación, enormemente onerosos para las arcas públicas y significativamente importantes para la confianza en las instituciones". Durante ese tiempo la OA de Laura Alonso no hizo nada para observarlo, y recién lo hizo cuando Bausili estaba en los últimos días de gestión pública.
Zorro en el gallinero
El informe de la OA a cargo de Félix Crous detalla:
* El decreto presidencial designa a Bausili cuando todavía seguía siendo ejecutivo del Deutsche. Él alegó que la relación había finalizado informalmente por haber tomado vacaciones antes del decreto que lo nombrara. Este descargo no incluyó el emoticón del rostro guiñando el ojo.
* Bausili reconoció que se había reunido en Nueva York con inversores en bonos argentinos, abogados, el representante de la Corte de Nueva York y la Task Force Argentina, agrupación de bonistas italianos (fondos buitres), antes de asumir el cargo, en el marco de un equipo de trabajo convocado por Luis Caputo.
* Se debía abstenerse de reunirse con el Deutsche. Pero lo hizo en cinco oportunidades según consta cada una de las fechas de esos encuentros, entre abril de 2016 y agosto de 2017.
* En el expediente hay correos electrónicos de Bausili con el Deutsche Bank entregando información (contactos y cuentas bancarios) de diferentes bonistas del acuerdo con los buitres.
* Participó como funcionario público en la contratación del Deutsche como agente colocador de la deuda.
* Como funcionario siguió cobrando del Deutsche: acciones y dinero que, según Bausili, quedaban pendientes de pago por su trabajo en el banco.
* Esos compromisos no fueron formalizados en su acuerdo de desvinculación formal en el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) del Ministerio de Trabajo. Sólo figura un monto de 6.175.478 pesos como "diferencias indemnización por Antigüedad".
* En 2016 adquirió bonos de deuda mientras era funcionario. "Sus decisiones políticas podían influir en la cotización de esos bonos. Estaba en mejor posición de contar con información privilegiada para decidir sobre su cartera y mejorar el beneficio económico personal", apunta el informe. Según su declaración jurada, compró 9.979.902 pesos de Bonar 24.
En síntesis, "Santiago Bausili infringió la Ley de Ética Pública, pero además mantuvo una relación económica con la entidad bancaria", concluye el informe de la OA.
Wall Street en la Casa Rosada
El gobierno de Macri fue hegemonizado por la fracción del poder económico de las finanzas globales. Una legión de por lo menos 27 financistas ocuparon diferentes cargos estratégicos en la estructura del Estado, y la mayoría había trabajado en Wall Street.
Financistas del JP Moran, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, Citi, Deutsche, Chase, Barclays, Merrill Lynch se instalaron en dependencias públicas.
Estuvieron en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Anses, Unidad de Información Financiera, YPF, Banco Nación y hasta en el Ministerio de Desarrollo Social.
La administración Macri entregó de ese modo el manejo de varios organismos estatales al mundo de las finanzas internacionales. Wall Street se instaló de ese modo en la Casa Rosada como no lo había hecho en ningún otro gobierno.
Fue tan impactante este desembarco que sorprendió a los propios protagonistas del mercado financiero internacional, que lo festejaron pero también les generaba intriga el experimento.
Pasado esos cuatro años esas dudas tienen certezas. Fue un desastre en términos de bienestar general y, a la vez, una fuente de negocios fabulosos para el mundo de las finanzas.
Tan impresionante fueron las ganancias iniciales que el frenesí especulativo culminó como toda burbuja especulativa, en este caso con la deuda argentina: explotó, generó fuertes quebrantos y, finalmente, el default.
Nunca más
El vicepresidente segundo del Banco Central, Jorge Carrera, fue contundente en su cuenta de Twitter: "Los que incendiaron el bosque nos explican cómo apagar un incendio".
Guzmán fue el bombero del desquicio que dejaron los financistas de Macri. Impuso las condiciones conceptuales para una reestructuración de deuda soberana. Y lo hizo teniendo enfrente a Larry Fink, quien hoy es el hombre de las finanzas más poderoso del mundo, uno de los dueños de BlackRock, el principal fondo de administración de carteras del mercado global con más de 7 billones de activos.
En la historia económica argentina los endeudadores seriales han sido gobiernos autoritarios, de facto, neoliberales, mientras que los que resolvieron crisis de deuda con default y además han cumplido con los compromisos fueron los gobiernos democráticos populares.
En esta oportunidad le tocó esa tarea a la administración liderada por Alberto Fernández y ya comenzó a reparar el desastre financiero que dejó el fiasco del tercer ciclo neoliberal de las últimas cuatro décadas.
Fernández no tiene vocación política de apuntar a la herencia recibida pero resultaría útil abrir un espacio de debate sobre cuál debería ser la sanción social a la impunidad y desvergüenza de quienes lideraron ese endeudamiento.
Se trata de definir qué grado de responsabilidad y cuál el costo que deberían asumir los protagonistas de este brutal ciclo de endeudamiento.
La traumática historia argentina con la deuda permite abrir la posibilidad de avanzar con leyes o incluso una disposición constitucional para precisar responsabilidades políticas y personales y límites en la emisión de deuda.
Sería el camino para cumplir con el mensaje que Alberto Fernández ofreció en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso , el primero de marzo pasado:
"Nunca más a un endeudamiento insostenible.
Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas y de espaldas al pueblo.
Nunca más a la puerta giratoria de dólares que se fugan dejando tierra arrasada a su paso".
09 de agosto de 2020
Las reuniones con empresarios y movimientos sociales
Cristina Kirchner también trabaja en la pospandemia
La vicepresidenta cree que el Estado debe jugar un rol protagónico. Plantea generar empleo a través de la reconversión de los planes. "El capitalismo mostró ser el sistema más efectivo, por eso va a seguir. Ahora lo que queda por resolver es quién continuará dirigiendo ese sistema, si el Estado o el mercado", planteó en una de esas conversaciones.
Por Fernando Cibeira
Cristina Kirchner recibió a dirigentas territoriales del MTE.
Junto a sus preocupaciones por los asuntos institucionales, la vicepresidenta Cristina Kirchner no pierde de vista los planes para la recuperación económica en la pospandemia. Ya se reunió con dirigentes vinculados a la producción agropecuaria que trabajan en un interesante propuesta a diez años para generar más divisas y sumar valor agregado a la producción y también sigue de cerca las iniciativas que manejan los movimientos sociales para transformar los planes en trabajo para el sector de la economía popular. Cerca del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirman que la vicepresidenta siempre tuvo una mirada similar a la que ellos manejan para la reactivación, de no perpetuar los planes asistenciales y convertirlos en proyectos productivos.
El encuentro de Cristina Kirchner con la conducción del flamante Consejo Agroindustrial generó algo de ruido en las entidades del campo más tradicionales, a las que les gusta considerarse la vereda de enfrente de la vicepresidenta. "Fue una reunión muy cordial. Nos sorprendió el conocimiento que ella tenía de nuestro proyecto", comentó luego el presidente de la Bolsa de Cereales, José Carlos Martins, quien fue a la reunión junto a los titulares de las Cámaras de Empresas Avícolas y de la Industria Aceitera. El plan que Cristina había estudiado prevé que entre 2020 y 2030 se pueden generar 210 mil empleos directos en el interior del país y 700 mil en el total de la economía, y lograr 100 mil millones de dólares anuales de exportación a través de la producción agroindustrial.
La vicepresidenta los felicitó por la propuesta y le pareció bien que se aprobara a través de una ley nacional, como busca el Consejo Agroindustrial. Lo único que les pidió fue que también se tuviera en cuenta al mercado interno y que no provocara un aumento en el precio de los alimentos. Los empresarios agropecuarios le acercaron el proyecto esta semana también al presidente Alberto Fernández en Olivos.
Cristina Kirchner mantuvo además encuentros con dirigentes de los movimientos sociales, preocupada por la continuidad de las políticas públicas mientras dura la pandemia pero también en el post, principalmente por la reconfiguración del sistema económico. "El capitalismo mostró ser el sistema más efectivo, por eso va a seguir. Ahora lo que queda por resolver es quién continuará dirigiendo ese sistema, si el Estado o el mercado", planteó en una de esas conversaciones que mantuvo en su despacho. Entre quienes recibió estuvieron los dirigentes de Barrios de Pie encabezados por Daniel Menéndez, quien ocupa la subsecretaría de la Economía Social en el Ministerio de Desarrollo.
Esta semana, junto al ministro Daniel Arroyo, estuvieron lanzando algunos propuestas englobadas en el programa Potenciar Trabajo, por el que las personas pueden optar por finalizar sus estudios, realizar una capacitación sociolaboral o incluirse en alguna línea productiva a cambio de 8.500 pesos mensuales, la mitad de un salario mínimo. "Apuntamos a crear 300 mil puestos de trabajo en los próximos meses con una inversión de 20 mil millones de pesos", explicaban en Desarrollo. Menéndez le detalló a la vicepresidenta el plan de su subsecretaría Obras más Trabajo, que apunta a generar empleo en los barrios populares refaccionando centros comunitarios o el espacio público.
La idea que manejan, que la vicepresidenta comparte, es que el IFE no podrá seguir mucho más tiempo. De esas 9 millones de personas que lo perciben muchas podrán reinsertarse en el mercado laboral, pero quedarán millones que no lo harán. La idea de una renta universal perdió terreno dentro del Ejecutivo. Ahora se habla de un ingreso de base, un piso a percibir pero que deberá estar asociado a alguna tarea, ya sea de trabajo o de capacitación. Cristina les dijo que debía considerarse algo así como un "trabajo mínimo garantizado" y que el trabajo debía tomar el rol de dinamizador de la economía de la pospandemia, en donde el Estado tiene que asumir un papel preponderante. Algo que llamó la atención a sus interlocutores es que vieron a la vicepresidenta mucho más empapada en los temas de gestión de lo que imaginaban y sin ninguna fisura respecto a la línea que marca Alberto Fernández.
También conversó con tres dirigentas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que orienta Juan Grabois. El lunes, Grabois presentará su propuesta -que finalmente se denominará "Plan de Desarrollo Humano Integral"-, apodada como "Plan Marshall criollo", que propone la generación de cuatro millones de puestos de trabajo mediante un programa descentralizado de obras públicas realizados por organizaciones sociales, iglesia y ONG en coordinación con sindicatos y municipios. Habrá que esperar a mañana para conocer los detalles de la iniciativa, pero el plan que Grabois le llevó dos meses atrás al Presidente establecía el pago de un salario de 10 mil pesos por 60 horas de trabajo mensual a cada trabajador de la economía popular, que pasaría a estar sindicalizado, bancarizado y con obra social. El consenso entre todas las ideas, hay otras dando vueltas, es que los planes tienen que transformarse en empleo y producción, y que la vicepresidenta está en las propulsoras de la idea.
09 de agosto de 2020
Investigan la responsabilidad del expresidente en la inteligencia ilícita
Macri, el espionaje ilegal y los 100 celulares encriptados
Los teléfonos móviles, que fueron comprados por la cúpula de la AFI macrista, se distribuyeron entre funcionarios pero también a operadores de la "mesa judicial" del anterior gobierno.
Por Irina Hauser
Investigan la responsabilidad de Mauricio Macri en el espionaje ilegal.
Anochecía el 17 de julio último cuando un exjefe de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, se zambullía, luego de horas, en el tramo final de su declaración indagatoria. En el juzgado de Lomas de Zamora los presentes respiraban, sin saberlo, microgotas de coronavirus que hacían el aire aún más denso. Todos se despabilaron cuando el espía contó que el exdirector del organismo, Gustavo Arribas, y Mauricio Macri, se comunicaban por teléfonos celulares que habían sido encriptados por la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Había más de diez de esos teléfonos, seguro”, afirmó Coste. El dato se volvió un elemento clave para la fiscalía de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para comenzar a indagar en la posible responsabilidad del expresidente en el espionaje ilegal cuya existencia, para ellos, ya está fuera de toda duda. Pero además dio pie a un gran hallazgo dentro de la propia AFI: durante el macrismo la central de espías repartió más de 100 celulares encriptados, pero no sólo se los dio a funcionarios del gobierno de Cambiemos sino que también se los entregó a operadores y amigos.
En oficinas de la AFI fueron encontradas dos órdenes de compra de celulares en Estados Unidos. Son exactamente los mismos que Coste indicó en su declaración ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales: “modelo Nexus, marca Huawei”. “Contenían un desarrollo propio de la agencia para encriptar de modo seguro, voz y datos”, explicó ese día. También precisó que el sistema había sido instalado por “el área de ciberinteligencia de la agencia sin el consentimiento, hasta donde yo puedo afirmar, de Contrainteligencia”. Los equipos, dijo el agente, “deberían estar en la agencia, creo que se podrían pedir”. En el área de Ciberseguridad y la oficina de Tecnología aparecieron varios de los aparatos buscados. Coste había explicado que sabía que Macri y Arribas tenían esos celulares para comunicarse entre ellos en forma secreta; que también tenía el suyo la número dos del organismo y funcionarios como el exjefe de gabinete, Marcos Peña.
En la AFI está la lista de los adjudicatarios de celulares encriptados: fueron más de 100. Habían sido distribuidos entre funcionarios jerárquicos. Hasta Laura Alonso tuvo su Nexus blindado. Pero entre los beneficiarios había personas sin otra relación con el Gobierno más que la de ser amigos o lobbistas. Uno de los casos más elocuentes es el de Daniel Angelici, expresidente de Boca y conocido operador judicial. ¿Por qué la AFI le daba y le pagaba un teléfono, según las evidencias encontradas en el organismo, si no tenía ninguna función, por lo menos formal, en el gobierno? El dato tiende un vínculo, una vez más, entre la central de inteligencia y el universo de las operaciones judiciales del gobierno de Macri. Tanto Arribas como Angelici están señalados como integrantes de la “mesa judicial”, por la que hay una causa penal abierta.
El reparto de celulares encriptados, pagados con dinero público, podría derivar en una nueva denuncia judicial, con una agravante que la intervención de la AFI intenta dilucidar: algunas personas no devolvieron los teléfonos y trata de determinar quiénes son. Angelici sí lo retornó. Fue hallada una cajita con su nombre. Los fiscales de Lomas pedirán información sobre los teléfonos que usaron Macri, Arribas y Silvia Majdalani, y establecer quiénes más los utilizaban. Más allá de que sea inaccesible el contenido se pueden analizar la frecuencia de llamadas y con quién eran asiduas, fechas y horarios.
La megacausa, Macri y su hermana
El juez Augé procesó a la cúpula de la AFI por violar la Ley de Inteligencia por el espionaje en el Instituto Patria y a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, y por falsificar documentos para dar aspecto de legalidad a esas tareas de espionaje ilegal. Coste fue procesado por no frenar esas actividades. Pero Incardona y Eyherabide ya remarcaron que esos hechos sólo reflejan un caso de muchos entre 2017 y 2019. Dijeron que hubo “una verdadera estructura de inteligencia ilícita dentro del Organismo de inteligencia del Estado Nacional que los imputados dirigían y que damnificó a una multiplicidad de víctimas sobre las que se realizaron acciones de inteligencia prohibidas por la ley y que estuvieron motivadas en intereses de orden político…”.
En las últimas semanas se avanzó poco en este terreno quizá a raíz de que la fiscal Incardona se contagió covid tras la declaración de Coste, que también tenía el virus, y luego dio positivo el juez Augé. Es la causa que tuvo originalmente el juez Federico Villena y de la que fue apartado por la Cámara de La Plata por temor de parcialidad.
Villena llegó a identificar a los exespías del grupo “Super Mario Bros” que hicieron seguimientos a políticos, algunos del propio macrismo como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Waldo Wolff. También integran la lista de víctimas el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, su hermano Luis, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, el exintendente de La Plata Pablo Bruera, la diputada Graciela Camaño, el dirigente Hugo Moyano, el cura Francisco Paco Olveira, dirigentes mapuches y sociales y periodistas como Hugo Alconada Mon.
Los exagentes “Super Mario Bros” –en su mayoría expolicías de la Ciudad—fueron indagados por Villena y la fiscal Incardona. Los más conocidos son Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge "el Turco" Sáez. Su jefe de Operaciones era Alan Ruiz y fue interrogada la ex directora de documentación de la Casa Rosada Susana Martinengo, ligada a ellos. La fiscalía debe definir si pide procesarlos, o antes ampliar sus interrogatorios. Será pronto. También fue allanado el secretario de Macri, Darío Nieto, e incautado su celular, que acaba de pasar por un tercer análisis. Hasta ahora nada contundente lo liga al espionaje. Se verá, ya que borró contenido.
Arribas y Majdalani son candidatos a una nueva indagatoria por todos los casos de espionaje. Mientras tanto, la fiscalía analiza elementos que podrían conectar de manera bastante directa las propias operaciones ilegales con el expresidente Macri quien --están convencidos pero deben probarlo-- recibía la información recolectada.
Una clave que mencionaron los espías lleva al ex mandatario: Florencia Macri, su hermana, aseguraron, fue espiada por ellos mismos, junto a su pareja, Salvatore Pica. Sacaron fotos de la casa, en San Isidro, desde una obra en construcción lindera, ya que Ruiz decía conocer al arquitecto encargado de la remodelación. ¿Por qué espiaría la AFI a la hermana presidencial si no era por interés del propio presidente? Los exagentes, decían que el argumento era que Pica tenía una causa judicial (hay versiones de contrabando, lavado y hasta narcotráfico) que podían rozar a Macri.
Florencia no fue citada hasta ahora porque no se halló un legajo sobre ella, pero queda mucho material sin analizar en la causa: hay 110 teléfonos incautados. Algunos no se sabe ni dónde quedaron tras el cambio de juez. De Sáez y su círculo, por ejemplo, hay 9 celulares, 7 de Mercedes Funes Silva, 5 de Araque, 4 de Melo.
Coste declaró que es impensable que la orden de espiar a CFK no haya salido de Macri y los ex jefes de la AFI. Fue categórico. No pudo ser un agente de operaciones por sí solo.
Espionaje en la cárcel
En los próximos días se activarán medidas sobre un tema clave: el espionaje en la cárcel de Ezeiza y otros penales. Ezeiza se allanó tras el aporte de un testigo de identidad reservada del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que reveló que habían cámaras y micrófonos para espiar a los presos del kirchnerismo y empresarios, que copiaban los celulares de las visitas y que todo era monitoreado por el Area 50 (inteligencia del SPF), en Varela 266, Flores, del mismo SPF. Su extitular, Cristian Suriano, sospechan los investigadores, recibía la información que iba a la AFI, y quizá a la Casa Rosada. El testigo secreto dijo que Fernando Carra, asesor del ex titular del SPF, Emiliano Blanco, "ablandaba" a los presos usando la información obtenida para que, entre otras cosas, declararan contra CFK. Habló de aprietes a Roberto Baratta, Luis D’Elía y Jorge Chueco.
En Ezeiza se hallaron dos cámaras, un micrófono y cables donde habrían estado otras instalaciones de "cableado" para espiar en áreas comunes y donde se entrevistaban abogados y presos. Los primeros estaban dentro y cerca de la celda donde fue enviado adrede el narco Mario Segovia, en el pabellón bautizado IRIC, de los detenidos por corrupción. Segovia, todo indica, fue usado de excusa para espiar a los demás. Con el pretexto de monitorearlo, se pincharon nueve teléfonos públicos en los módulos 1 y 6, de donde salieron las escuchas de la “operación puf” que se usó para atacar la causa del “D’Alessiogate” con conversaciones privadas de presos. A la causa contra Segovia no se envió material alguno de escuchas.
* La fiscalía busca más cámaras. La empresa Hurin vendió unas 40 al SPF, y no están. También se verificará si hubo “cableado” en otros penales, como Marcos Paz.
* Por el celular de un espía se supo que circulaba una planilla con datos de los presos, ubicación y seguimientos. Allí figuraban: Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Oscar Thomas, Carlos Zaninni, Fabián de Sousa, Cristóbal López, Carlos Kirchner, Fernando Esteche, Julio De Vido y Rafael Llorens. Algunos serán citados. Quien se presentó pidiendo querellar fue el ex jefe del Ejército César Milani, ex jefe del Ejército. Los espías armaron un gráfico sobre sus abogados, visitas en la cárcel, familia, bienes y sociedades.
· Habrá una pericia tecnológica para saber cómo se conectaban Ezeiza y el Area 50.
· Se analizarán celulares de Suriano, Carra, Blanco, Miguel Angel Perrotta (Asuntos Internos del SPF) y Juan C. Silveira (director de Seguridad).
Causas armadas
El papel de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI será central en el caso. Hubo espías que contaron ante la Bicameral de Inteligencia cómo esa área acumuló poder en el armado de causas. La dirigía Juan Sebastián De Stefano, cercano a Angelici y Arribas. El agente Andrés Bertolini, que será citado, dijo que era "una agencia dentro de la agencia", que se metía en expedientes y transcribía de escuchas. Algunas fueron las conversaciones de los presos políticos, con familiares, amigos y abogados, que terminaron en manos de ciertos medios, de Elisa Carrió y del fallecido Claudio Bonadio.
09 de agosto de 2020
Contratos truchos y pagos indebidos
¿Cuál es el impacto de la ley de alquileres?
Los inquilinos denuncian un "golpe de mercado". Los precios subieron 11,9 por ciento y los propietarios aseguran que la oferta se retrajo. Hay aspectos clave que no están reglamentados, como la obligación de declarar contratos a la AFIP.
Por María Daniela Yaccar
Imagen: Sandra Cartasso
Múltiples amenazas se tejieron en torno a la ley de alquileres. Se vaticinaba, por ejemplo, que el costo de los alquileres iba a aumentar. Que, así, acabaría perjudicando a quienes pretende beneficiar: los inquilinos. A cerca de dos meses de su sanción, algunos datos reafirman la suba. La Federación de Inquilinos Nacional habla de un “golpe de mercado” surgido para instalar la idea de que la ley es la culpable. Casi el 90 por ciento de los inquilinos que respondieron a una encuesta considera que la norma no se aplica. La situación se agrava por los incumplimientos del decreto 320, que suspende desalojos y congela los valores de los contratos en marcha hasta el 30 de septiembre.
No hay estadísticas oficiales sobre la situación de los precios de los inmuebles en alquiler. Los datos que circulan los manejan sectores involucrados en la disputa. Los que se hicieron célebres por estos días son los del sitio de clasificados online Zonaprop. En un informe plantea un incremento de un 11,9 por ciento en los últimos dos meses en las propiedades en oferta. Alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad cuesta 24.549 pesos por mes, y uno de tres, 33.323, lo que representa una suba del 7,9 por ciento en julio, el mayor incremento mensual en ocho años. Entre los números e incluso en el título, el documento vincula a la nueva ley con los aumentos.
En diálogo con Página/12, dos entidades del sector aportan informaciones contrapuestas. La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), que no posee cifras, niega que haya aumentos. En contraste, el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (Capra), Enrique Abatti, alerta sobre un impacto mayor: “Al día siguiente de la entrada en vigencia de la ley los precios aumentaron de base entre un 20 y un 25 por ciento por el susto y la incertidumbre de los propietarios”. Quienes representan a los inquilinos --y ven a la norma como una herramienta de protección de derechos--, cuestionan los “enormes” aumentos. No los consideran tan distantes a los de otras épocas, pero sí graves por la crítica situación económica de quienes alquilan (casi un 30 por ciento no podrá pagar agosto). Además no ven a este panorama acorde a la "baja inflación".
La lectura del presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, es que se está produciendo un “golpe de mercado”. La ley llegó para cambiar las reglas del juego y, en combinación con el decreto 320, “generó mucho odio” en quienes ven sus intereses afectados. De ahí la “agresiva batería de medidas” que, denuncia, despliegan las inmobiliarias: aumentos para las renovaciones, imposición de aumentos semestrales cuando deberían ser anuales, rechazos a la posibilidad de renovar “si no se aceptan condiciones contractuales actualmente ilegales”, entre otras.
Un 88,9 por ciento de los inquilinos consultados para una encuesta respondió que la nueva ley de alquileres --en vigencia desde el 1° de julio para los contratos que se firmen desde esa fecha-- no se cumple. Un inquilino comparte a este diario su experiencia: le quisieron hacer firmar, en julio, un contrato con fecha de mayo para que quedara por fuera de la nueva normativa. Es decir, para que los aumentos continúen siendo semestrales y discrecionales. "En mayo pagaba 12.500 y en septiembre me pedían 28 mil para una casa que se está cayendo a pedazos", cuenta. Cuando habló a la inmobiliaria de la ley se le "rieron en la cara". "La toman como excusa de los aumentos pero no la aplican", desliza. Finalmente consiguió un hogar por dueño directo y con las condiciones que impone el cambio de legislación.
Muñoz amplía el panorama: "Las personas que no pueden pagar se endeudan, hacen uso del decreto, pero las aprietan para que se vayan. Cuando se quieren ir se encuentran con que el mercado hace todo lo posible para no cumplir la ley o les plantea aumentos. A los que se les venció el contrato durante la pandemia y tienen la posibilidad de extenderlo hasta octubre los amenazan con aumentos o les piden que renueven sin considerar la nueva ley". También advierte sobre desalojos diarios y "violentos", que avanzan más que nada sobre mujeres y sectores de bajos recursos, como los habitantes de los hoteles de la ciudad.
"Nadie sabe cuáles son los precios", aporta Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires (ver recuadro). Aún no está reglamentado uno de los aspectos clave de la ley: que todos los contratos estén declarados ante la AFIP. "El día en que estén registrados el Estado va a saber el verdadero precio", explica. Más que el aumento de precios, lo preocupa el de las irregularidades que los inquilinos vienen denunciando en la Defensoría. El 50 por ciento de los planteos que llegaron al organismo en julio tuvieron que ver con incumplimientos del decreto 320 y “abusos de mercado” como "reacción a la conquista" de la ley.
El referente de los propietarios asegura que el decreto se cumple "a rajatabla", en tanto que la CIA atribuye las malas prácticas al sector informal. En cambio, la Federación de Inquilinos asegura que la problemática abarca a todo el espectro inmobiliario.
Ley e ideología
La ley 27.551 fue sancionada en medio de la pandemia, en una sesión virtual inédita. La norma representa un avance en la búsqueda de volver transparente al mercado y regular aspectos centrales de la relación entre partes en el alquiler. Entre otras cosas, pone fin a los incrementos semestrales reemplazándolos por ajustes anuales que se realizan en torno a una fórmula compuesta en un 50 por ciento por la evolución de los salarios y un 50 por ciento por la evolución de la inflación medida por el INDEC. El plazo mínimo de contrato se amplía de dos a tres años. El mes de anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al monto equivalente a un mes de alquiler.
Esta ley, que impacta en las vidas de 9 millones de personas en todo el país, despertó, antes de su sanción e inmediatamente después, una serie de fantasmas que empiezan a volverse realidad. Las visiones contrapuestas quedan sintetizadas en las palabras de Abatti y Gervasio Muñoz. Abatti dice, directamente, que "nació mal". Que surgió para proteger a los inquilinos y terminó perjudicándolos. Que el Estado "no debería entrometerse en relaciones entre particulares: si no, sucede lo que está sucediendo ahora". Gervasio Muñoz cree que el Estado sí debe entrometerse, porque de lo que se está hablando es del derecho a la vivienda, "totalmente privatizado" en el país. "La disputa es de los inquilinos contra todos. No es casual que los diputados de Cambiemos presentaran un proyecto de ley para volver atrás", sentencia.
Precios, oferta y demanda
“Quiero contarte las últimas novedades del mercado inmobiliario. Los alquileres subieron un 11, 9 por ciento en los últimos dos meses, ¿consecuencia de la nueva ley?" Esta leyenda se le aparece a quien se propone alquilar un inmueble en Zonaprop.
“Ni la ley ni la demanda han hecho aumentar los alquileres”, subraya Alejandro Benazzar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina. “No hay tanta presión de alquileres, en lo comercial ni hablar, y en lo habitacional tampoco, por la pandemia. Siempre es creciente pero no se agrandó. Hubo menos gente movilizándose, pudiendo ver propiedades. La oferta sigue pareja”, añade. Con este criterio coincide Diego Migliorisi, dueño de la inmobiliaria que lleva su apellido: “El cliente que nos ha dejado la propiedad para alquilar quiere alquilarla. No quiere esperar. Un aumento complicaría más al mercado. La gente venía ajustada de los últimos dos años. Con la pandemia se ha complicado. Si le aumentan no va a poder alquilar. Sí puede ocurrir que al propietario esto no le sirva y saque su propiedad del mercado, pero no está pasando”.
Por su parte, Abatti postula que el aumento es innegable, como lo es la baja en alquileres de locales comerciales y oficinas, terreno en que las relaciones "todavía se rigen por oferta y demanda" ("valen un treinta por ciento menos que el año pasado").
Argumenta que los aumentos en el alquiler de propiedades se deben al “susto e incertidumbre” de los propietarios, quienes ahora deben afrontar "alquileres planchados por un año" y dudas respecto de un índice "elaborado y publicado por el Banco Central" ("no sabemos de qué trata"). "El locador no puede exigir garantías por un monto mayor de cinco alquileres. Se están retirando inmuebles del mercado. Cualquier destrozo que haga el inquilino no se puede cubrir con cinco alquileres ni el depósito de un mes. La gente está reticente a alquilar en estos momentos: espera a tiempos mejores", dice. También señala una preocupación por la "mediación previa obligatoria" que se exige para los desalojos, que "demorarán más en concretarse". "La rentabilidad que produce un inmueble está en el tope más bajo de los últimos 40 años: es el 2 por ciento anual o menos", concluye Abatti. La demanda, por otro lado, es "constante", según él: en algún lugar las personas tienen que vivir.
Argumenta que los aumentos en el alquiler de propiedades se deben al “susto e incertidumbre” de los propietarios, quienes ahora deben afrontar "alquileres planchados por un año" y dudas respecto de un índice "elaborado y publicado por el Banco Central" ("no sabemos de qué trata"). "El locador no puede exigir garantías por un monto mayor de cinco alquileres. Se están retirando inmuebles del mercado. Cualquier destrozo que haga el inquilino no se puede cubrir con cinco alquileres ni el depósito de un mes. La gente está reticente a alquilar en estos momentos: espera a tiempos mejores", dice. También señala una preocupación por la "mediación previa obligatoria" que se exige para los desalojos, que "demorarán más en concretarse". "La rentabilidad que produce un inmueble está en el tope más bajo de los últimos 40 años: es el 2 por ciento anual o menos", concluye Abatti. La demanda, por otro lado, es "constante", según él: en algún lugar las personas tienen que vivir.
"Hoy la demanda del sector de inquilinos es que no puede pagar el alquiler. Hay 400 mil hogares que acumulan deuda de hasta cuatro meses. Lo que está frenando un desalojo masivo de 1 millón 200 mil personas es el decreto 320, que vence el 30 de septiembre. Se sabe que se va a extender, pero es importante que el Gobierno lo anuncie: hay un montón de familias que se van de la vivienda por presión o viven profundamente angustiadas", manifiesta Gervasio Muñoz.
La ley 27.551 llegó para cambiar las reglas del juego, para instalar un equilibrio, pero la foto actual demuestra que la puja previa a su sanción continúa. En esa puja algunos creen que el Estado está estorbando en una relación que funcionaba bien. En la vereda de enfrente, quienes representan a los inquilinos creen que se necesita de un Estado más presente para que la norma se cumpla.
Los planteos en la Defensoría
Fernando Muñoz detalla los planteos que recibió en julio el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. "Hacía casi tres años que no teníamos tantas denuncias por intentos de cobro de comisión. En la Ciudad el inquilino está liberado por ley. En los contratos que terminan, las inmobiliarias le tienen que hacer saber que puede prorrogarlo y comenzar uno nuevo el 1° de octubre, pero le piden una comisión para quedarse". Además, continúan exigiendo pagos en efectivo, cuando el decreto 320 establece su bancarización. En relación con la ley, Muñoz señala que en muchos casos se toma una reserva y luego se modifican las condiciones, y así se imponen los dos años de contrato y el aumento semestral. Los mismos avisos "incumplen" la norma, porque exigen como garantía un seguro de caución, "cuando está claro que el inquilino debe ofrecer dos y la otra parte elige una". Esto se debe a que "más de mil inmobiliarias tienen acuerdo con Finaer -sistema de garantías- y reciben comisión".
09 de agosto de 2020
Hubo, además, 113 muertes
Coronavirus en Argentina: se registraron 6.134 nuevos casos
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas horas el total de contagios por covid-19 ascendió a 241.811. La cartera comunicó en el reporte vespertino que se sumaron 73 muertes a las 40 anunciadas más temprano. En tanto que la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA y en todo el país se mantiene por debajo del 70 por ciento.
Imagen: Leandro Teysseire
El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 6.134 nuevos casos de coronavirus en todo el país y que hubo 113 muertes por la enfermedad, lo cual indica que hubo una baja respecto del reporte de ayer. Con estos datos, la cantidad total de contagiados en todo el país es de 241.811 y la cantidad de fallecidos ascendió a 4.523.
Hasta el momento, la respuesta del sistema sanitario se mantiene estable. El total de personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es de 1502 pacientes en todo el país. La ocupación de camas de esa especialidad en todas las provincias es del 56,3 por ciento, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es de 65,8 por ciento.
Desde el reporte emitido esta mañana, se registraron 73 nuevas muertes. 45 hombres, 31 residentes en la provincia de Buenos Aires, 7 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 2 en Córdoba, 1 en Mendoza, 1 en La Rioja, y 3 en Río Negro.
Se les suman 27 mujeres; 22 residentes en la provincia de Buenos Aires, 3 en CABA, 1 en Santa Fe y 1 en Córdoba (el reporte oficial aclaró que una persona fallecida en la provincia de Buenos Aires, fue cargada sin dato de sexo).
El detalle de cantidad de casos en las últimas 24 horas y del total acumulado provincia por provincia es el siguiente:
Buenos Aires 4.053 | 148.360
Ciudad de Buenos Aires 966 | 69.183
Catamarca 1 | 62
Chaco 54 | 4.003
Chubut 16 | 327
Córdoba 150 | 3.307
Corrientes 3 | 207
Entre Ríos 31 | 1087
Formosa 1 | 82
Jujuy 328 | 3.354
La Pampa 1 | 178
La Rioja 36 | 513
Mendoza 124 | 2.042
Misiones -2 | 49
Neuquén 18 | 1.436
Río Negro 70 | 2.841
Salta 68 | 539
San Juan 1 | 23
San Luis 0 | 33
Santa Cruz 8 | 707
Santa Fe 137 | 2.049
Santiago del Estero 9 | 114
Tierra del Fuego 52 | 949
Tucumán 9 | 366
09 de agosto de 2020
Lo que hay que aprender de la negociación de Martín Guzmán
Canje de deuda: lo bueno, lo malo y lo original
Lograda la reestructuración con acreedores privados, el objetivo de la economía argentina es identificar una senda sostenible y equitativa de crecimiento, en este mundo turbulento, para generar una adecuada capacidad de pago.
Por Alberto Müller
El ministro de Economía, Martín Guzmán.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
Una manera elegante de criticar un trabajo académico es decir que contiene elementos originales y elementos buenos, siendo que lo original no es bueno y lo bueno no es original. Sin necesidad de tanta elegancia, cabría preguntar qué hay de bueno y qué hay de original en el endeudamiento argentino y la reciente renegociación lograda por el gobierno de Alberto Fernández.
La deuda y su moratoria de facto en 2018 mediante el “reperfilamiento” no es buena, pero tiene algo de original: lo ocurrido entre 2016 y 2018 pasará probablemente a la historia como uno de los procesos más acelerados que recorrió un país desde un bajo endeudamiento a un default.
Esto tiene cierto parecido a lo que ocurrió entre 1979 y 1982, el preludio de la primera crisis de la deuda externa. Pero esa crisis fue gatillada por la triplicación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (banca central estadounidense), y nada parecido ocurrió en estos últimos años, donde esas tasas fueron muy bajas, incluso negativas en términos reales. Esta vez fue un complejo de causas, entre ellas la decisión política del actual gobierno estadounidense de sostener una administración políticamente afín.
Hay también algo a la vez bueno y original: mucho más que en la anterior renegociación, el gobierno de Fernández puso el énfasis en las tasas de interés a las que se había tomado la deuda. Por ejemplo, en el caso del famoso bono a 100 años, el verdadero problema no pasaba por el plazo (en última instancia, el bono se puede rescatar con anterioridad), sino en la elevada tasa de interés pagada, de 7,9 por ciento, frente a una tasa de poco más de 0 por ciento para los bonos del Tesoro estadounidense.
El ministro Martín Guzmán argumentó acertadamente que los fondos de inversión que adquirieron deuda a tasas semejantes eran perfectamente conscientes de que existía un riesgo. Así funcionan las finanzas: ante una mayor percepción de riesgo, crece la tasa de interés; con lo cual, además, crece el propio riesgo, en un caso más de probable profecía autocumplida.
Cualquier inversor que presta caro sabe a qué se enfrenta. Lo que ocurre aquí es que hay un doble estándar: el mejor “negocio” es prestarle a un gobierno como si fuera un convencional deudor privado de riesgo determinado, y después reclamar cuando hay default, porque se supone que los gobiernos “nunca quiebran”. Pero si nunca quiebran, ¿por qué elevar la tasa de interés? Esta postura oportunista se ha repetido una y otra vez (típicamente, durante la crisis de la deuda de los años '80), y ha fundamentado abultamientos de intereses no justificables.
El planteo de Guzmán en este punto fue prístino: no afectar el capital y reducir la tasa de interés. Es claro que esto significa una pérdida para los tenedores de bonos con relación a la promesa nominal de pago. Esa promesa no era creíble como el propio interés del bono atestigua.
Al cabo del proceso, los inversores habrán ganado más de lo que habrían logrado de haberse situado en una colocación segura. De hecho, en el anterior default, una quita de algo menos de 40 por ciento podría haber significado para los inversores de entonces una ganancia similar a la brindada por los bonos del Tesoro estadounidense. Es importante indicar que la quita efectiva fue menor (en el orden de 20 por ciento) gracias en buena medida a los cupones ligados a la evolución del PIB. O sea, ganaron más que si se hubieran posicionado en bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Esta forma de plantear la cuestión fue probablemente lo más positivo de este proceso porque por una vez puso el énfasis donde debía estar (y no en la ganancia de fondos buitres, que fue el leit motiv de la argumentación argentina en tiempos del juez Griesa). Sería bueno que este concepto se instale en forma duradera.
Ojalá sea así. Porque el aprendizaje no parece campear en estos lados. Por ejemplo, hay algo ni bueno ni original que ha persistido: la propensión patológica a tomar deuda asumiendo que es un signo de robustez de la economía (“nos prestan porque confían en nosotros”; “tenemos déficit comercial porque entran capitales”).
Es una historia que, con variantes, se ha repetido en la Argentina una y otra vez, sin que se logre sacar algo en limpio. Esto ocurre entre otras razones porque buena parte de la opinión media cree que la deuda es tomada por gobiernos populistas, que conducen el país al default, de donde nos rescatan programas sanos, que luego el populismo desmonta. Huelga mencionar la colaboración de medios y opinadores para sostener esta fábula.
La historia enseña lo contrario: el primer gobierno de esa encarnación del populismo que fue Juan Domingo Perón rescató la totalidad de la deuda pública, y mantuvo a la Argentina al margen del Fondo Monetario Internacional y de las finanzas internacionales. Fue la Revolución Libertadora la que hizo brotar la deuda externa, al reconvertir los convenios de intercambio bilateral en pasivos. Y fueron la dictadura militar de 1976 y los gobiernos de Menem/De la Rúa y Macri los que protagonizaron sendas crisis de endeudamiento. La fuerza de este equívoco es tan grande, que hizo que Guido di Tella tildara a la gestión de Martínez de Hoz de “populista” porque solo los populistas endeudan.
El tiempo dirá si esta reestructuración será sostenible. Esto depende menos de ella – los intereses son bajos y la deuda no es muy abultada con relación al PIB – y mucho más de que la Argentina logre identificar una senda sostenible y equitativa, en este mundo turbulento, para generar una adecuada capacidad de pago.
Se trata de que pase algo bueno y original que nos aleje de algún nuevo experimento de endeudamiento. Ya se sabe qué no tenemos que hacer; que la experiencia por lo menos sirva de aprendizaje.
* Alberto Müller: Cespa-FCE-Universidad de Buenos Aires.
Fuente:Pagina12
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