Escriben Agustina Ll. y Xime Arrece, Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2020.
Marina Martínez, de 17 años, de José C. Paz, desaparece el pasado jueves 6, mientras se dirigía a retirar el bolsón de mercadería del colegio donde estudia, la secundaria N°17, a un tan sólo un kilómetro de su casa. La organización y la acción en las redes y en la calle de la familia, vecinos y organizaciones zonales, consiguió que a Marina la suelten. La tiraron de un auto cerca de su casa, en estado de shock, a menos de 48 horas de su desaparición, después de un corte de ruta.
Marina salió de su casa a las 10 de la mañana a retirar la mercadería. Llevaba solamente su DNI y su celular, sin dinero ni sube. Media hora más tarde, envía el último mensaje a su mamá diciendo que estaba a la espera de los alimentos. Poco tiempo después, deja de contestar. Intentan llamarla, pero el teléfono ya daba apagado.
La desesperada búsqueda de la familia comenzó a las 11. Cuando se acercan al establecimiento educativo, les informan que nunca retiró la mercadería. Inmediatamente, realizan la denuncia y se arma un flyer que se comienza a difundir por las redes masivamente, por grupos de WhatsApp y logran llegar a algunos medios de comunicación. La familia imprime volantes y comienza a pegarlos y repartirlos por todos lados. Se acercan al centro de monitoreo de las cámaras del distrito, pero les niegan el acceso, aduciendo que solamente pueden ver las grabaciones el personal policial a cargo.
Rita, la hermana mayor, empezó a golpear puertas y moverse por cada lugar que la mandaban: reuniones con secretarios de fiscales, con secretarias del Ministerio de la Mujer, sin encontrar salida alguna, excepto algún que otro trámite. El estado intenta esconder su responsabilidad, planteando la búsqueda de una mujer desaparecida como si fuera un problema administrativo, y no político.
A 24 horas de la desaparición, la policía y la fiscalía N°19 a cargo no habían hecho nada. No rastrearon las llamadas de las últimas 24 horas del celular de Marina, no intentaron rastrear la señal de GPS, no hackearon sus redes sociales en busca de indicios, no pidieron las grabaciones de las cámaras aledañas, no llamaron a declarar a ningún testigo. Nada.
Ante la omisión de la justicia, la familia refuerza la campaña en las redes sociales. La comunidad educativa de la escuela secundaria se organiza para difundir masivamente su foto. Finalmente, y sin respuestas, la familia junto a vecinos y organizaciones sociales de la zona, convocan a un corte que termina en piquete sobre la Ruta 197, al cual se suma hasta el Sindicato Luz y Fuerza de José C. Paz.
Horas más tarde, por la noche, un vecino ve como tiran a Marina de un auto, cerca de su casa. Estaba viva, pero en llanto y gritando.
El caso de Marina muestra un método de acción ante cada desaparición de una mujer. No hay que esperar ni un minuto para hacer la denuncia, que debe ser tomada de manera inmediata: nada de esperar 48 horas, que son cruciales para la búsqueda. Ninguna confianza en el Estado, cómplice y responsable de las desapariciones, pues a las compañeras no se las traga la tierra. Las familias trabajadoras deben organizarse y salir a la búsqueda, no lo va a hacer la policía. La coordinación entre vecinos, amigos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, junto con las familias obreras, enseñan que el único camino posible para recuperar a las chicas es la lucha independiente y en las calles contra este régimen social. La clase obrera entiende, que sólo haciéndose oír, mediante sus métodos históricos como el piquete y la movilización, consiguen torcer el destino de la brutal cifra de femicidios y desapariciones que vivimos cotidianamente.
Exigimos la investigación a fondo de lo sucedido con Marina. El Estado debe garantizarle la atención médica, psicológica y legal que necesite, tanto ella como su familia, y el resguardo necesario.
Fuente: Política Obrera
Caso Lucas Verón: nueva movilización a la Fiscalía de San Justo en pedido de justicia
Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2020.
A un mes del asesinato del adolescente, familiares y amigos marcharon hacia la Fiscalía para pedir que los policías involucrados sean condenados. Además, adelantaron que realizarán nuevas manifestaciones cada mes.
En la noche del pasado 10 de julio, Lucas Verón festejaba sus 18 años y salió con un amigo en su moto. Dos policías comenzaron a perseguirlos hasta la intersección de las calles Juan Llerena y Domingo Victorio de Achega, en la localidad de González Catán. Allí, uno de los efectivos no dudó en usar su arma reglamentaria y el disparo dio en el pecho de Verón, quitándole la vida. Los efectivos involucrados fueron detenidos.
En la mañana de este lunes, a un mes de este presunto caso de gatillo fácil, los familiares y amigos del joven marcharon hacia la Fiscalía de San Justo, ubicada en la intersección de las calles Florencio Varela y Marcón, para pedir justicia. En comunicación con Radio Universidad, Cintia Verón, hermana de la víctima, señaló: “Los días 10 de cada mes vamos a movilizarnos para pedir justicia. El día de su cumpleaños estaba festejando, salió y fue perseguido por los policías sin ningún motivo y le dispararon. Lo mataron porque se les antojó”.
Según señaló Verón, quedó demostrado que la bala que le causó la muerte al joven provenía del arma reglamentaria de uno de los oficiales, que presentaba pólvora en sus manos. “Hubo testigos que vieron lo que sucedió y los efectivos Ezequiel Benítez y Cintia Duarte quedaron detenidos y apartados. Además, hubo un cambio de fiscales, ya que el anterior, Juan Pablo Tathagian, no estaba haciendo las cosas bien, quería ocultar información”, sostuvo.
“Por el momento, se niegan a declarar y hay nuevos fiscales que nos dan una caricia al alma. Tenemos abogados que nos dicen que es un camino largo, que tenemos que ir despacio y tranquilos. Nosotros pedimos reclusión perpetua, vamos a ir por todo”, comentó la joven.
Durante la jornada, la familia pegó afiches con los rostros de los oficiales acusados y del adolescente. “Lucas era puro y todos saben que era un chico sano. No entiendo por qué la policía hizo lo que hizo, lo fusilaron de un tiro en el pecho y lo dejaron tirado. Todos los días hay un caso de gatillo fácil”, lamentó.
Por Matias Ferrari, RedEco, Resumen Latinoamericaano, 10 de agosto de 2020.
«Alberto nos dijo que nuestros problemas eran ahora su problema también, pero no pudimos volver a comunicarnos con él y los problemas siguen creciendo», dispara Nacho Levy. En diálogo con El Grito del Sur, el referente de La Poderosa describe la situación de los barrios populares y pone la lupa sobre las infancias: «hay pibes y pibas que están perdiendo el año escolar y nadie dice nada».
Estos meses de pandemia están siendo un «torbellino» para una organización como La Poderosa, dice su referente, Nacho Levy, con la voz más ronca que nunca: hay tanto atropello para denunciar y tanto problema urgente para resolver que casi no hay tiempo para otra cosa. En su cabeza hay una lista de dramas que van desde las familias que «hacen fila en el basural del Volcadero, en Entre Ríos, como si fuera el Mercado Central» a los miles de chicos y chicas de las villas de la Ciudad y el conurbano que «llevan tres meses sin contacto con la escuela». Más: en el barrio Mosconi, en Formosa, dice Nacho, cuentan cinco meses sin alumbrado público; en el barrio La Tosquera, en Corrientes, la crisis disparó el trabajo infantil: «hay nenes de menos de diez años tirando del carro, hasta pescando». La lista es interminable y la información proviene de las asambleas de base de La Poderosa en todo el país. Nacho la recita antes de dialogar largo y tendido por teléfono con El Grito del Sur, en una entrevista donde deja en claro su enojo con los gobiernos, las promesas que no se cumplieron y la situación actual de los barrios populares, dos meses después que pasara el pico de casos y se «corriera la lupa» hacia otro lado.
Matías Ferrari: El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la Ciudad «logró contener» los contagios en los barrios populares y que se trabajó «con las organizaciones sociales”. ¿Es tan así, está superado el problema?
Nacho Levy: El día que dijeron que en la Villa 31 hubo cero casos, y que estaba todo resuelto, habían hecho un solo testeo. Eso nos generó mucha indignación e impotencia y nos puso frente a la necesidad de desnaturalizar la facilidad con que la mayoría del sistema político puede mentir con semejante impunidad. Larreta puede decir eso en cadena nacional porque nadie sabe realmente si es cierto o no, porque nadie se lo pregunta, porque nadie vino a los barrios a preguntar tampoco. A Larreta le sale más barato comprar silencio y censura con la pauta que invertir realmente en garantizar los derechos de miles de compañeros y compañeras que viven en los barrios populares de la ciudad más rica del país, donde dicho sea de paso van por el cuarto mandato y los problemas que tenemos vienen de mucho antes de la pandemia. El Covid se sumó a todo un tendal de problemas que ya teníamos y que siguen sin solución. La verdad es que si hoy hay menos casos, probablemente tenga que ver con que casi todos los vecinos y las vecinas ya se contagiaron. En la 31, donde viven 50 mil personas, llegó a haber un resultado positivo de cada dos testeos. Aun así, si fuera cierto que hay cero casos como dice Larreta, sería imposible esconder debajo de la alfombra el nivel de desidia con el que se manejó y que permitió la expansión del virus en los barrios. Si eso no hubiera sido así, si hubieran trabajado con las organizaciones como ellos dicen, hoy tendríamos al Negro, a Anita, a Ramona y a tantos otros tal vez aislados en el Bauen o en sus casas, pero no en un cementerio.
Nacho Levy: El día que dijeron que en la Villa 31 hubo cero casos, y que estaba todo resuelto, habían hecho un solo testeo. Eso nos generó mucha indignación e impotencia y nos puso frente a la necesidad de desnaturalizar la facilidad con que la mayoría del sistema político puede mentir con semejante impunidad. Larreta puede decir eso en cadena nacional porque nadie sabe realmente si es cierto o no, porque nadie se lo pregunta, porque nadie vino a los barrios a preguntar tampoco. A Larreta le sale más barato comprar silencio y censura con la pauta que invertir realmente en garantizar los derechos de miles de compañeros y compañeras que viven en los barrios populares de la ciudad más rica del país, donde dicho sea de paso van por el cuarto mandato y los problemas que tenemos vienen de mucho antes de la pandemia. El Covid se sumó a todo un tendal de problemas que ya teníamos y que siguen sin solución. La verdad es que si hoy hay menos casos, probablemente tenga que ver con que casi todos los vecinos y las vecinas ya se contagiaron. En la 31, donde viven 50 mil personas, llegó a haber un resultado positivo de cada dos testeos. Aun así, si fuera cierto que hay cero casos como dice Larreta, sería imposible esconder debajo de la alfombra el nivel de desidia con el que se manejó y que permitió la expansión del virus en los barrios. Si eso no hubiera sido así, si hubieran trabajado con las organizaciones como ellos dicen, hoy tendríamos al Negro, a Anita, a Ramona y a tantos otros tal vez aislados en el Bauen o en sus casas, pero no en un cementerio.
MF: Cuando los convocó Alberto Fernández, en mayo pasado, La Poderosa y otros referentes de organizaciones populares presentaron una serie de propuestas y medidas urgentes para los barrios, que también recibió más tarde Rodríguez Larreta. Pareció haber un compromiso y una escucha. ¿Por qué no volvimos a ver otras fotos como esas?
NL: Cuando nos reunimos con Alberto, la pregunta más difícil de responder para nosotros fue por qué esa reunión no había sido antes. Después de 13 días sin agua en la 31, después de que se contagiara toda la camada fundacional del barrio y que Ramona se muriera, Alberto nos recibió. Dijo haberse enterado de la situación por una nota con Tenembaum en la que me escuchó hablar de Ramona, con toda la carga de dolor y dramatismo con que denunciamos que su muerte era producto del abandono del Estado. Él me dijo personalmente que la Ciudad le había mentido sobre la situación real de los barrios. Y que ahora que la conocía, era su problema también y se iba a poner al frente para que solucionaran los problemas que habíamos presentado.
NL: Cuando nos reunimos con Alberto, la pregunta más difícil de responder para nosotros fue por qué esa reunión no había sido antes. Después de 13 días sin agua en la 31, después de que se contagiara toda la camada fundacional del barrio y que Ramona se muriera, Alberto nos recibió. Dijo haberse enterado de la situación por una nota con Tenembaum en la que me escuchó hablar de Ramona, con toda la carga de dolor y dramatismo con que denunciamos que su muerte era producto del abandono del Estado. Él me dijo personalmente que la Ciudad le había mentido sobre la situación real de los barrios. Y que ahora que la conocía, era su problema también y se iba a poner al frente para que solucionaran los problemas que habíamos presentado.
MF: ¿Y eso pasó?
NL: No. Sí pasó que nos recibieran y nos escucharan, que no es poco y lo valoramos, lo celebramos, como celebramos no habernos convertido en Brasil y celebramos, o al menos suspiramos de alivio, frente a lo que hubiera sido esta pandemia con una gestión como la de Macri. Nosotros tenemos muy clara esa diferencia. Ese día fuimos a Olivos veinte referentes de 20 villas distintas y nunca ninguno había hablado con un presidente, ni había estado en Olivos en su vida, ni tenía siquiera un antepasado que hubiera estado. Y claro que nos entusiasmamos con que todo el gabinete se sentara a escuchar nuestras propuestas, que surgen de la experiencia comunitaria de organización. Pero lo cierto es que lo que se nos prometió, en la práctica no se consumó, y ni siquiera pudimos hacer un seguimiento porque no pudimos volver a comunicarnos con él. No sólo no pudimos, sino que vimos una conferencia de prensa donde se presenta a Larreta como un amigo; no soy quién para juzgar las amistades de nadie, pero hasta donde entiendo los amigos no te mienten. Entonces si Larreta le miente sobre la realidad de miles de vecinos y vecinas de los barrios populares de esta Ciudad, cuanto menos lo que esperamos es que se ponga la verdad sobre la mesa.
NL: No. Sí pasó que nos recibieran y nos escucharan, que no es poco y lo valoramos, lo celebramos, como celebramos no habernos convertido en Brasil y celebramos, o al menos suspiramos de alivio, frente a lo que hubiera sido esta pandemia con una gestión como la de Macri. Nosotros tenemos muy clara esa diferencia. Ese día fuimos a Olivos veinte referentes de 20 villas distintas y nunca ninguno había hablado con un presidente, ni había estado en Olivos en su vida, ni tenía siquiera un antepasado que hubiera estado. Y claro que nos entusiasmamos con que todo el gabinete se sentara a escuchar nuestras propuestas, que surgen de la experiencia comunitaria de organización. Pero lo cierto es que lo que se nos prometió, en la práctica no se consumó, y ni siquiera pudimos hacer un seguimiento porque no pudimos volver a comunicarnos con él. No sólo no pudimos, sino que vimos una conferencia de prensa donde se presenta a Larreta como un amigo; no soy quién para juzgar las amistades de nadie, pero hasta donde entiendo los amigos no te mienten. Entonces si Larreta le miente sobre la realidad de miles de vecinos y vecinas de los barrios populares de esta Ciudad, cuanto menos lo que esperamos es que se ponga la verdad sobre la mesa.
En mayo pasado, Nacho Levy fue recibido por el presidente Alberto Fernández. «Lo que se nos prometió, en la práctica no se consumó», dijo el referente de La Poderosa.
MF: ¿Cuáles fueron esas propuestas que se presentaron y en qué situación están los problemas que describís en los barrios?
NL: Nosotros propusimos, por ejemplo, que los comedores comunitarios tuvieran baños químicos, para que todas las cocineras que trabajan ahí, en la línea de fuego de la terapia intensiva del hambre, estuvieran menos expuestas al contagio de lo que ya estaban, porque después dan de comer y están mano a mano con 700 vecinos. Se solucionaba con baños químicos: nunca llegaron. Tampoco aparecieron los generadores eléctricos que pedimos: ya habíamos previsto, tres meses atrás, lo que está pasando ahora, que hay riesgo de incendio permanente en la Villa 21-24 por el pésimo estado del servicio de luz, que se corta dos o tres veces por semana. Nosotros decimos que el invierno, por estos motivos, es temporada alta de incendios, y con la cuarentena aún más, porque aumenta el consumo. Los cortes de luz, además, generan que dejen de funcionar los comedores populares, que no ande la heladera y se fomente otro tipo de enfermedades porque no hay calefacción. Otro caso en particular: a la Poderosa nos debían muchísima comida para los merenderos y los comedores, que Daniel Arroyo nos solucionó enseguida, pero el tiempo pasó y hoy nos deben 38 toneladas de comida para los merenderos solamente del mes de julio.
MF: ¿Cuáles fueron esas propuestas que se presentaron y en qué situación están los problemas que describís en los barrios?
NL: Nosotros propusimos, por ejemplo, que los comedores comunitarios tuvieran baños químicos, para que todas las cocineras que trabajan ahí, en la línea de fuego de la terapia intensiva del hambre, estuvieran menos expuestas al contagio de lo que ya estaban, porque después dan de comer y están mano a mano con 700 vecinos. Se solucionaba con baños químicos: nunca llegaron. Tampoco aparecieron los generadores eléctricos que pedimos: ya habíamos previsto, tres meses atrás, lo que está pasando ahora, que hay riesgo de incendio permanente en la Villa 21-24 por el pésimo estado del servicio de luz, que se corta dos o tres veces por semana. Nosotros decimos que el invierno, por estos motivos, es temporada alta de incendios, y con la cuarentena aún más, porque aumenta el consumo. Los cortes de luz, además, generan que dejen de funcionar los comedores populares, que no ande la heladera y se fomente otro tipo de enfermedades porque no hay calefacción. Otro caso en particular: a la Poderosa nos debían muchísima comida para los merenderos y los comedores, que Daniel Arroyo nos solucionó enseguida, pero el tiempo pasó y hoy nos deben 38 toneladas de comida para los merenderos solamente del mes de julio.
MF: También hubo reclamos por la conectividad de los barrios a Internet, para que los pibes y las pibas puedan estudiar. ¿Cómo se está sosteniendo ahora la escolaridad de los chicos?
NL: Tuvimos una reunión muy dura con subsecretarios del Ministerio de Educación esta semana. Para graficar: si no hubiera habido Ministerio de Educación en esta pandemia, nadie lo hubiera notado. Lo digo con dolor, pero es así. De todas las respuestas insuficientes que estuvieron dando los ministerios, ninguna fue tan al límite como Educación. En nuestros barrios hay pibes que no tienen clases hace tres meses. Mientras, tenemos que ver al ministro decir que 9 de cada 10 chicos tienen contacto semanal con los maestros. Un disparate total. Esa fantasía de que los pibes de los barrios que no tienen Internet iban a caminar 15 cuadras a lo de un compañerito que tuviera datos en el teléfono para copiar la tarea y después volver a su casa sin luz, hacinado, y hacerla, no duró ni dos días. Ante eso, lo que recibimos fueron disculpas, que entendemos, pero nadie puede esperar cuando la variable de ajuste son tus hijos. Propusimos de todo: desde imprimir contenido curricular con un lenguaje más llano garantizando la llegada a las casas hasta montar imprentas y salas con conexión, que vamos a hacer con o sin ministerio. Hay por lo menos 60 barrios sin conectividad, y hemos conocido casos de familias vendiendo sobre una manta los útiles para poder comer. Los pibes de 6 o 7 años van a llegar con un año de retraso, la brecha de la desigualdad se amplió. Y quiero que quede clara una cosa: los maestros villeros son la segunda familia para nuestros pibes, la voluntad de ellos es absoluta y ya no se les puede pedir más que lo están haciendo, el problema es del Estado.
NL: Tuvimos una reunión muy dura con subsecretarios del Ministerio de Educación esta semana. Para graficar: si no hubiera habido Ministerio de Educación en esta pandemia, nadie lo hubiera notado. Lo digo con dolor, pero es así. De todas las respuestas insuficientes que estuvieron dando los ministerios, ninguna fue tan al límite como Educación. En nuestros barrios hay pibes que no tienen clases hace tres meses. Mientras, tenemos que ver al ministro decir que 9 de cada 10 chicos tienen contacto semanal con los maestros. Un disparate total. Esa fantasía de que los pibes de los barrios que no tienen Internet iban a caminar 15 cuadras a lo de un compañerito que tuviera datos en el teléfono para copiar la tarea y después volver a su casa sin luz, hacinado, y hacerla, no duró ni dos días. Ante eso, lo que recibimos fueron disculpas, que entendemos, pero nadie puede esperar cuando la variable de ajuste son tus hijos. Propusimos de todo: desde imprimir contenido curricular con un lenguaje más llano garantizando la llegada a las casas hasta montar imprentas y salas con conexión, que vamos a hacer con o sin ministerio. Hay por lo menos 60 barrios sin conectividad, y hemos conocido casos de familias vendiendo sobre una manta los útiles para poder comer. Los pibes de 6 o 7 años van a llegar con un año de retraso, la brecha de la desigualdad se amplió. Y quiero que quede clara una cosa: los maestros villeros son la segunda familia para nuestros pibes, la voluntad de ellos es absoluta y ya no se les puede pedir más que lo están haciendo, el problema es del Estado.
MF: Hubo mecanismos como el IFE implementados por el Gobierno que buscaron dar alivio a las familias de los barrios. ¿Alcanzó hasta ahora?
NL: El IFE es una medida importante. Pero tenemos barrios como Los Álamos, en La Matanza, donde sólo lo cobró el 25 por ciento. El restante 75, por residencia compartida u otras incompatibilidades, no lo pudieron cobrar. Y los que sí lo cobraron, tienen que hacer diez kilómetros para cobrarlo. Con esto quiero decir que por más buena voluntad que haya, que reconocemos, incluso frente a la magnitud del problema que hay, el Estado no está pudiendo ser garante de derechos y ante eso nosotros no podemos quedarnos callados, ser cómplices de la falta más mínima de empatía. Por ejemplo, la manzana 6 de la Villa 21 no tiene agua desde que empezó la pandemia. En el Barrio Mosconi, en Formosa, están sin alumbrado público hace 5 meses. En el Sauce, Córdoba, como hay paro de transporte, los vecinos tienen que caminar cuatro kilómetros hasta Salsipuedes para cobrar la AUH. En Tierras Argentinas, en Bahía Blanca, se cortó la luz y hay temperaturas de menos 7 grados, tuvieron que reconectarla los vecinos, después de tres incendios en el barrio. Así hay decenas de situaciones dramáticas. No quiere decir que la IFE no sirve para nada, pero vago favor le haríamos al Gobierno si desde nuestra posición, de organizaciones de base, no contamos la situación que vivimos, esa realidad que el Presidente dijo que era suya también.
NL: El IFE es una medida importante. Pero tenemos barrios como Los Álamos, en La Matanza, donde sólo lo cobró el 25 por ciento. El restante 75, por residencia compartida u otras incompatibilidades, no lo pudieron cobrar. Y los que sí lo cobraron, tienen que hacer diez kilómetros para cobrarlo. Con esto quiero decir que por más buena voluntad que haya, que reconocemos, incluso frente a la magnitud del problema que hay, el Estado no está pudiendo ser garante de derechos y ante eso nosotros no podemos quedarnos callados, ser cómplices de la falta más mínima de empatía. Por ejemplo, la manzana 6 de la Villa 21 no tiene agua desde que empezó la pandemia. En el Barrio Mosconi, en Formosa, están sin alumbrado público hace 5 meses. En el Sauce, Córdoba, como hay paro de transporte, los vecinos tienen que caminar cuatro kilómetros hasta Salsipuedes para cobrar la AUH. En Tierras Argentinas, en Bahía Blanca, se cortó la luz y hay temperaturas de menos 7 grados, tuvieron que reconectarla los vecinos, después de tres incendios en el barrio. Así hay decenas de situaciones dramáticas. No quiere decir que la IFE no sirve para nada, pero vago favor le haríamos al Gobierno si desde nuestra posición, de organizaciones de base, no contamos la situación que vivimos, esa realidad que el Presidente dijo que era suya también.
MF: Hace poco, en una entrevista con Socompa, te leímos decir que «se le quitó la lupa» a la realidad de los barrios populares cuando el pico de casos pasó. ¿Tiene que ver con el blindaje que marcabas de algunos medios?
NL: Claro, porque pareciera que lo mejor que podemos hacer nosotros es ocultar la situación, que esté todo bien, que acá no pasa nada. Eso, acá en los barrios, no funciona. Ahí entonces, desde ese lugar, nos ponemos a discutir los medios. No nos interesa polemizar con los que salen en la tele. Pero el silencio no es salud, es mala educación. Muchas de las cosas que se dicen, como lo de Larreta con los barrios populares, se pasan por alto porque no hay ninguno de los representantes de esa realidad, de nuestros barrios, que estén ahí, representados con su voz, para preguntar. Nosotros teníamos un espacio en C5N cuando convenía y ahora no lo tenemos, hasta nos sacaron del aire cuando criticamos al Jefe de Gobierno. Además, creemos que éste es otro momento bisagra, donde se alumbra por un rato la conciencia de la sociedad, como el caso de 2001, cuando estas situaciones de las que hablo se visibilizan, y no queremos que otra vez los medios fomenten que las cacerolas son bonitas pero se vuelven a casa cuando volvió la plata a los cajeros y entonces los piqueteros volvimos a ser sucios y feos.
NL: Claro, porque pareciera que lo mejor que podemos hacer nosotros es ocultar la situación, que esté todo bien, que acá no pasa nada. Eso, acá en los barrios, no funciona. Ahí entonces, desde ese lugar, nos ponemos a discutir los medios. No nos interesa polemizar con los que salen en la tele. Pero el silencio no es salud, es mala educación. Muchas de las cosas que se dicen, como lo de Larreta con los barrios populares, se pasan por alto porque no hay ninguno de los representantes de esa realidad, de nuestros barrios, que estén ahí, representados con su voz, para preguntar. Nosotros teníamos un espacio en C5N cuando convenía y ahora no lo tenemos, hasta nos sacaron del aire cuando criticamos al Jefe de Gobierno. Además, creemos que éste es otro momento bisagra, donde se alumbra por un rato la conciencia de la sociedad, como el caso de 2001, cuando estas situaciones de las que hablo se visibilizan, y no queremos que otra vez los medios fomenten que las cacerolas son bonitas pero se vuelven a casa cuando volvió la plata a los cajeros y entonces los piqueteros volvimos a ser sucios y feos.
MF: La pandemia también expuso casos graves de violencia institucional, como la desaparición de Facundo Castro, a manos de la Bonaerense, que casualidad o no responde a Sergio Berni, quien estaba a cargo de Gendarmería cuando mataron a tu ahijado, Kevin. ¿Cómo te sentís frente a eso?
NL: Nosotros, en general, no estamos de acuerdo con las manifestaciones públicas de Berni. Es un funcionario que se califica o se autopercibe de derecha, es casi lógico que no tengamos la misma interpretación de lo que sucede en la realidad. Viene jugando un rol sobreactuado y bastante nocivo en varios puntos, no sólo en el caso de Facundo. Nunca se resuelve nada con la violencia, matar a quien luce indefenso está mal y quien roba debe ser sometido a un proceso. Berni se la pasa horas en la televisión diciendo quién debe estar en su casa o no, como si manejara la justicia cuando el que debería estar en su casa es Facundo, y esa sí era una responsabilidad del propio Berni.
NL: Nosotros, en general, no estamos de acuerdo con las manifestaciones públicas de Berni. Es un funcionario que se califica o se autopercibe de derecha, es casi lógico que no tengamos la misma interpretación de lo que sucede en la realidad. Viene jugando un rol sobreactuado y bastante nocivo en varios puntos, no sólo en el caso de Facundo. Nunca se resuelve nada con la violencia, matar a quien luce indefenso está mal y quien roba debe ser sometido a un proceso. Berni se la pasa horas en la televisión diciendo quién debe estar en su casa o no, como si manejara la justicia cuando el que debería estar en su casa es Facundo, y esa sí era una responsabilidad del propio Berni.
Fuente: RedEco
Más de 1 millón de mujeres no puede acceder a un aborto seguro con pastillas
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2020.
El dato es del Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol, que releva información sobre el medicamento considerado esencial por la OMS para un aborto seguro. Durante el macrismo no hubo control de precios y la venta en farmacias aumentó hasta un 1300%. Abortar en nuestro país sigue siendo ilegal, lo que conlleva que miles de mujeres y personas con capacidad de gestar lo hagan de manera clandestina, en muchos casos mediante el uso de pastillas. En Santa Fe se distribuye gratis desde 2019.
A dos años del #8A y el rechazo vergonzoso de 38 senadoras y senadores nacionales a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se presentó el primer informe del Observatorio Nacional de acceso al Misoprostol interpelando al Estado con la pregunta ¿Accesible para quienes?
La desinformación genera miedo y angustia, por eso diferentes grupos se organizan para acompañar en la clandestinidad a quienes no desean continuar con sus embarazos. El misoprostol es uno de los medicamentos indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar una interrupción legal del embarazo (ILE).
En la Argentina hay dos medicamentos que contienen misoprostol habilitados para su comercialización en farmacias: Oxaprost, que está combinado con diclofenac, indicado para patologías gástricas y se consigue en farmacias con una presentación de 16 pastillas; y el Misop 200 -que es la presentación más económica de misoprostol que puede conseguirse en farmacias, aún cuando su distribución sea desigual en distintas ciudades de la Argentina- con una presentación de 12 pastillas.
El MISObservatorio publicó el primer informe sobre el monitoreo de precios “El costo del Misoprostol. ¿Accesible para quienes?”, el precio del misoprostol registró una “aceleración descomunal” entre 2015 y 2019 de 1.280%, mientras la inflación acumulada (según el IPC San Luis) de ese período se ubicó en un 287,2%, dejando a 1,2 millones de mujeres fuera de la posibilidad de acceder a este medicamento.
El costo mínimo al que se pudo acceder en farmacias en marzo de 2020 fue de 4.828 pesos, cuando el ingreso promedio más bajo de 1.2 millones de mujeres en Argentina fue de $3.949 en el primer trimestre de este año, es decir, un 18,2% por debajo del costo del medicamento.
En los datos publicados, se observó que de 2011 a 2015 el precio aumentó 91% con una inflación acumulada de 198,1%, cuando pasó de $320 -en 2011- a $611,48 -en 2015- en tanto que, medido en dólares, arrancó en torno de los US$74,24 y cerró en US$ 62,26, según la organización.
Asimismo, entre 2015 y 2019 la suba del Oxaprost se disparó en 1.280%, al pasar de $611,48 a $8.441,43 (en dólares, el costo de una caja era de u$s 62,26 en 2015 y terminó en US$ 134 el 9 de diciembre de 2019).
Estos datos cobran mayor relevancia al compararse con los niveles de ingresos de las mujeres: según el último dato disponible del informe de distribución del ingreso del Indec para el primer trimestre de 2020, las mujeres que pertenecen al decil más pobre tienen ingresos promedio de $ 3.949 por mes, mientras que el precio del Misop 200 fue de $4.828 en marzo de este año, lo cual significa que tuvieron ingresos 18,2% por debajo del costo de una caja de misoprostol.
En esta situación se encuentran alrededor de 1,2 millones de mujeres que viven en los aglomerados urbanos. La coordinadora general de la organización civil MISObservatorio, Candela García, afirmó que el observatorio tiene dos objetivos principales: difundir información sobre avances científicos y construir un monitoreo nacional sobre el acceso al misoprostol.
El MISObservatorio surge con el objetivo de investigar y divulgar información sobre el misoprostol. Está formado por un equipo interdisciplinario que recolecta, monitorea, produce y sistematiza información sobre el acceso al misoprostol; compañeres de distintas ciudades con sede en C.A.B.A.
Se proponen recopilar datos de fuentes secundarias y realizar informes acerca del precio y los puntos de ventas, entre otros. A sus integrantes les unió el hecho de ser militantes por el acceso democrático al medicamento desde hace años y llevan adelante Consejerías de Aborto con Pastillas desde el año 2013.
En épocas de fake news y viralización de datos no chequeados, la circulación de información falsa sobre misoprostol puede poner en riesgo la salud de las personas. Antes preguntas o dudas acerca de qué es el misoprostol y cómo utilizarlo podes consultar la web de MISObservatorio o también consultar con las Socorristas en red, quienes brindan apoyo e información a personas que transitan un embarazo no deseado. Otra opción es visitar la página de International Women’s Health Coalition, donde se aportan datos a nivel mundial.
Fuente: RedEco
“En Córdoba hay mucha violencia de la policía y hay un silencio corporativo ante estos hechos”
Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2020.
Enredando las mañanas conversó con Marysel Segovia, integrante del Colectivo Cordobés por los derechos del niño y del Colectivo Nacional por los derechos de infancia y adolescencia, sobre el caso de violencia policial que se cobró la vida de un adolescente de 17 años, Blas Correa, en Córdoba.
La entrevistada arranca la intervención contando la situación en la que Blas pierde la vida: “Los chicos estaban en un bar y se van en un auto. En ese recorrido, dos personas en moto intentaron robarles, ellos se asustaron, dan la vuelta y se van acelerando. En eso pasan por un control policial y no se detienen, sumado a que la policía no representa ningún tipo de confianza acá. Al no detenerse, los policías salen del patrullero y les disparan directamente, y después salen a perseguirlos”
Blas recibió un impacto de bala, y tras ser rechazado su ingreso en una clínica, muere en el trayecto hacia otro hospital. Durante esas dos horas, la policía limpia toda la escena del crimen. Marysel nos cuenta que además “apareció un arma tirada en la escena y la policía declara que esa arma la tiraron desde el auto. Todo para plantear que hubo un enfrentamiento. Todos sabemos que tal intercambio de balas no existió, que los chicos habían salido de un bar. Un encubrimiento nefasto, al que la policía nos tiene acostumbrados”
La entrevistada continua y da lugar a una reflexión sobre este accionar policial: “Una se pregunta hasta dónde llega el nivel de impunidad. Si los policías se atreven a proceder de esta manera es porque de algún modo saben que en Córdoba no son sancionados. No es un hecho aislado, son homicidios estatales porque la policía es parte del Estado”. También nos cuenta que los medios dieron una mayor visibilización al caso porque Blas pertenece a las clases medias y no a un barrio popular, donde siempre existe una mayor estigmatización ante casos de gatillo fácil.
Mas allá de este trato diferencial, “la actitud homicida de la policía sigue siendo la misma” cuenta Marysel. Luego nos dice que situaciones como estas son “muy preocupantes, muy graves. Acá se han hecho marchas, movidas, investigaciones de la universidad, pero no se logra ninguna modificación. No hay un protocolo claro, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que habría que reglamentar con mucha claridad un artículo del Código Penal donde habla del uso de armas de fuego. Este debería estar reglamentando a nivel provincial, especificando en cuales son los casos que se habilita el uso del arma”
La entrevistada nos señala que ante una fuga de un auto que no se detuvo en un control la policía debería poder utilizar otras herramientas, para eso deben estar capacitados, y tener en claro que lo que tienen que proteger es la vida. “En Córdoba hay mucha violencia de la policía y hay un silencio corporativo ante estos hechos. En este caso nos parece bárbaro que hayan imputado a los policías, pero sabemos que por mas que se investigue y se los llegara a condenar, eso no resuelve nada. Ojalá la justicia no ensucie e investigue a fondo, pero lo que hay que hacer es generar modificaciones concretas en el accionar policial” comenta la abogada.
En este sentido, Marysel señaló que desde el colectivo denuncian la urgente necesidad de que los organismos de protección de derechos, que en Córdoba depende del Ministerio de Justicia, se junten con el Ministerio de Seguridad y armen protocolos de actuación donde la intervención policial cuando son adolescentes se tenga en cuenta mininamente los principios del enfoque de derechos humanos de niños y niñas, ampliando las garantías.
Por último, la entrevistada nos contó sobre el destino de las denuncias del accionar policial en los barrios populares que se hacen frente al tribunal de conducta policial. No solo nos dijo que estas nunca avanzan sino que lo preocupante es que, en conclusión, “no hay una respuesta política y judicial frente a esta violencia estatal”.
Fuente: AnRed
¡Basta de gatillo fácil! Debates abiertos en medio del dolor
El asesinato de Valentino Blas Correas sacudió a una Córdoba acostumbrada a silenciar los abusos cotidianos de la Fuerza Policial, institución con extenso prontuario en la violación de Derechos Humanos. #JusticiaPorBlas
El miércoles 6 de agosto de 2020, amanecimos con una noticia que conmocionó a la provincia: Valentino Blas Correas de 17 años fue asesinado por agentes de la Policía de Córdoba en un control policial. Se trata del quinto caso de gatillo fácil desde el comienzo de la cuarentena, sin embargo, la onda expansiva de este hecho entró en la mayoría de las casas y desacomodó algo que parecía estar en orden. El asesinato en manos de la Policía era un destino posible para los pibes de sectores populares de los barrios más pobres, una población que lleva de estigma su color de piel, su estética y su empobrecimiento. Sólo así se explica que las escandalosas cifras divulgadas por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y denunciada desde diversos sectores no generen empatía o indignación.
En lo que va del 2020, CORREPI registró cinco casos de gatillo fácil en Córdoba Capital, dos en los barrios Villa la Tela y San Roque, provocando la muerte de Gastón Mirabal y de Fabián Perea. Gastón fue asesinado de un disparo por la espalda por una pareja de policías y a Fabián lo mataron miembros de las fuerzas que atienden una pizzería, también de un disparo y desarmado, según indicaron desde CORREPI. En Ciudad Evita, Franco Sosa fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho y, hace pocas semanas, enterraron a José Ávila de Villa El Libertador. En Río Tercero, un gendarme mató a Lorenzo Rodríguez, mientras, en Córdoba, CORREPI dio cuenta de la situación de Alejandro Amaya de 15 años, herido de gravedad por balas policiales, y de Horacio Romero, atropellado por un patrullero, brutalmente golpeado y encerrado sin recibir atención médica adecuada por violar la cuarentena.
El caso de Blas visibiliza en la agenda pública una situación de mayor gravedad, especialmente, por la situación económica y social de su familia. Esto permite debatir el accionar de la fuerza y poner en duda la versión policial, muchas veces, racismo mediante, la única que se tiene por legítima.
Pandemia y control policial
Diversas organizaciones e instituciones vienen alertando por el aumento de la violencia institucional en el contexto de pandemia y cuarentena. La doctora y abogada Valeria Plaza, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), habló con La tinta y subrayó la importancia de “considerar que no es un caso aislado, sino que tiene que ver con un contexto de profundización de la violencia institucional que se ha dado en el marco de la pandemia, teniendo al actor policial como garante de la no circulación”. Explica, además, que, en Córdoba, una vez instalado el aislamiento y distanciamiento social, “las prácticas que veníamos observando en el territorio como de baja intensidad se profundizaron”.
En el relevamiento sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en nuestra provincia, realizado con organizaciones sociales, detectaron la profundización de la intensidad -para determinados sectores sociales- del hostigamiento policial. “Por otra parte, observamos cierta expansión punitiva relacionada a la interacción policial violenta que empezó a abarcar otros sectores sociales -que no habían sido abarcados previo la pandemia- como los sectores medios y otros barrios que no eran los tradicionales barrios con interacciones frecuentes”, enfatizó Plaza.
Nuevos viejos debates
El caso de Blas Correas evidencia debates que, si bien no son nuevos, no preocupan cotidianamente a la sociedad. Asistimos a la visibilización, y desde otro ángulo, de una problemática que tiene décadas.
“El caso de Valentín no hace más que desnudar ciertas prácticas que hemos visto en otros casos. En los anteriores, se presenta la escena como un supuesto enfrentamiento con jóvenes que estaban cometiendo un delito. Esas versiones son rápidamente compradas desde muchos sectores sociales y no pudo ser instalada en el caso de Valentín, lo que genera justamente los interrogantes necesarios”, explica Plaza.
En general, la voz legitimada es la de las fuerzas de seguridad con relatos que, en la mayoría de las ocasiones, distan de las narrativas de los testigos, pero que el silencio cómplice del racismo social admite sin objeciones.
Para la abogada, este hecho hace que nos preguntemos “cómo puede ser que la única versión en estos casos sea la policial y que eso no pueda ser cuestionado socialmente, ni ser analizado desde el control ciudadano y desde el control judicial, que pueda ser observado y examinado en detenimiento para poder individualizar en qué casos hubo abusos de la fuerza”.
Gatillo Fácil: la pobreza como condena
Uno de los debates que ocupó las redes sociales fue el alcance del concepto de Gatillo Fácil, que, en muchos casos, evidenció una línea divisoria entre clases sociales, la construcción de un “otro” que le pasan “otras” cosas. El 7 de agosto, el político cordobés Luis Juez, actual diputado nacional por Juntos Por el Cambio –alianza que, en su paso por el ejecutivo nacional, impulsó la cuestionada Doctrina Chocobar-, publicó en Twitter: “Lo de Blas Correas no se puede meter en la bolsa indiscriminada y rutinaria del Gatillo Fácil. Fue un ASESINATO”. ¿Qué fibras sensibles se apagaron para que no nos escandalice que un político en ejercicio diga con total naturalidad que el Gatillo Fácil es “rutinario”? ¿Cuál es esa diferenciación que propone Juez? ¿Asesinato es más que Gatillo Fácil? ¿Qué condenas cargan esas palabras? ¿Qué justificativos habilitan?
Lore Barraza es referente en la lucha contra el Gatillo Fácil desde que el policía Pablo Álvarez mató a su hermano Ezequiel Barraza, de 22 años, el 24 de marzo de 2014. Junto con Nancy Sosa, mamá de Ismael Sosa, fueron impulsoras de movilizaciones y espacios de organización de familiares de víctimas de Gatillo Fácil.
“Con Blas, se me movió todo”, dice Lorena y explica que el color de la piel y el barrio en que vivís condicionan el accionar policial. “A mi hermano se le paró la moto y lo fusilaron, cambiaron la escena del crimen, baldearon la calle, movieron la moto y no pasó nada con eso”, subraya.
“Estos policías han sido acusados por la posición social de Blas, porque, si hubiese sido un ´negro de mierda´ como nosotros, los policías estarían libres y acomodando todo como quisieron hacer: que los de la moto eran choros, que fue una persecución, les quisieron plantar un arma, pero, como no son pobres, es distinto”. Para Lorena, es claro que, cuando un policía mata, se trata de Gatillo Fácil y “son asesinos, no héroes, y son discriminadores, no hay igualdad”.
Consultamos a la abogada de Derechos Humanos, Victoria Siloff, quien explica que estas personas diferencian entre casos de Gatillo Fácil y otros casos que son considerados “peores”; son quienes definen el Gatillo Fácil como “el homicidio policial cometido frente a una víctima que es una persona que representa a ‘un enemigo’, que es un pibe pobre que era delincuente o parecía”. Para la abogada, el centro del debate “tiene que estar en cómo cambia el tratamiento que tienen las causas tanto a nivel mediático, político y judicial cuando la víctima es otra, cuando es aquella persona ´que no merecía morir así´ porque era inocente”.
Protocolos
La visibilidad del caso de Blas también deja al descubierto cómo llegan los procedimientos a la fiscalía, “después de horas que se da anuncio, lo que da lugar a la alteración de la escena del crimen”, dice Valeria y propone “pensar un nuevo protocolo de investigación y actuación para la justicia, donde inmediatamente intervenga otra fuerza y no se permita que se altere lo ocurrido, de modo que el poder judicial pueda actuar de la manera más transparente posible”.
Victoria Siloff explica que “existe normativa al respecto, pero el problema es que no se aplica. Las fuerzas son formadas, aunque en un brevísimo tiempo, en la legislación del Código Penal como en la normativa provincial y la Ley del Personal policial, la ley de Seguridad Ciudadana provincial y los tratados internacionales, donde están los protocolos de actuación policial, que regulan el uso del arma de fuego, y son parte de nuestra ley, pero casi no se aplican en el ámbito del poder judicial”.
Esa normativa determina límites y modos de obrar de los agentes de las fuerzas, haciéndonos ver “cuándo obra al margen de toda esa ley, y, por eso, está cometiendo una violación a los Derechos Humanos donde el responsable es el Estado, y cuándo es un homicidio agravado y no una legítima defensa o un ejercicio legítimo del cargo, como intentó llevarlos para ese lado Bullrich en su momento”, concluye la abogada.
Medidas de gobierno
Un día después del asesinato de Blas, el Gobierno de Córdoba dispuso el relevamiento de una parte de la cúpula provincial de la fuerza. El Ministerio de Seguridad de la Provincia, a cargo de Alfonso Mosquera, nombró a la Comisaria Mayor Zárate Belletti como directora general de Seguridad.
“La medida de remover la cúpula policial es una medida que siempre se toma ante casos repudiables políticamente y para evitar un costo político”, expresa Siloff.
Entiende que son “lavadas de cara” porque la cúpula policial responde al Ministerio de Seguridad, es decir, al Poder Ejecutivo “que es quien ordena las políticas criminales, en este caso, y también es quien debe controlar a las fuerzas de seguridad. Remover las cúpulas no soluciona el problema si en realidad hay prácticas racistas que responden al Estado, a su naturaleza, a sus miembros, a la clase dominante que los contiene y están dentro del Estado”.
Este nuevo caso de violencia letal refleja una “expansión punitiva y la expresa en su peor faceta”, explica Plaza, “porque ya no hay posibilidad de reversión o prevención, sino solo queda la posibilidad de sanción, tanto individual, pero, sobre todo, institucional”. La remoción de la cúpula no resolverá los problemas estructurales de la fuerza policial, “pero es importante reconocer la rapidez de la medida, que, en otros casos, no se había hecho”, agrega. Reflexiona también sobre una necesaria modificación de las políticas implementadas: “Esto no se va a resolver de un día para otro, es un trabajo largo de modificación de violencia estructural”, concluye.
Para Barraza, “lo mejor que podría pasar a partir de este caso es que a todos los policías que matan se los saque de la fuerza y sean condenados, porque son asesinos”. Además, demanda una prueba “anti-doping” periódica, entendiendo que el consumo de sustancias agudiza la problemática.
“Que nadie se confíe con la policía, ellos quieren marcar el autoritarismo en la sociedad… nunca creamos que no nos va a pasar, porque eso quedó claro, nos puede pasar a todos”, termina Lorena.
Fuente: La tinta
Envio:RL
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