El San Martín, una idea para la reactivación del trabajo
El Plan Marshall criollo para la post pandemia
Movimientos populares y dirigentes sindicales presentaron en la sede de la Uocra el Plan de Desarrollo Humano Integral, pensado para ocupar a 4 millones de personas de la economía popular. Por Laura Vales
Sergio Sassia, de la Unión Ferroviaria, Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán, Gerardo Martínez, de la Uocra, Juan Grabois, del MTE y Pablo Moyano, de Camioneros, durante la presentación.
Los movimientos populares de la UTEP y un grupo de sindicatos de peso –como Camioneros, Smata, la Unión Ferroviaria y el gremio de la construcción– presentaron en la sede de la Uocra el Plan de Desarrollo Humano Integral o Plan San Martín, una propuesta para la reactivación del trabajo en la Argentina de la post pandemia. El programa, una suerte de Plan Marshall criollo, ya había sido llevado al presidente Alberto Fernández en mayo, y la semana pasada fue tema de una reunión que la vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo con un grupo de referentas del Movimiento de Trabajadores Excluidos . Tiene como eje la promoción del trabajo y un reordenamiento de la población del país, hoy concentrada en el AMBA. Su costado más novedoso es que propone que el Estado genere un nuevo tipo de empleo, el trabajo mínimo garantizado, para ocupar a 4 millones de personas de la economía popular. El programa incluye medidas como la realización de obras públicas, la urbanización de barrios, la creación de colonias agrarias, el desarrollo de polos textiles, de cooperativas de recicladores y de circuitos de cuidado. En ese sentido, coincide con muchas de las políticas que hoy están siendo implementadas desde el Estado, pero plantea que se realicen a una escala mucho mayor. En concreto, invirtiendo 2,5 puntos del PBI (o 750 mil millones de pesos por año) durante cuatro años. Y con una planificación que fije metas a la manera de los Planes Quinquenales de Juan Domingo Perón.
Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, aseguró que en las próximas semanas se realizarán charlas virtuales con la militancia, dirigentes sociales, sindicales y políticos para “profundizar y debate sobre los ejes de la iniciativa conjunta con el fin de enriquecerla en la búsqueda de ampliar consensos”. “Es un aporte para pensar la pospandemia en unidad”, dijo Gildo Onorato, del Movimiento Evita. Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, también destacó el trabajo conjunto de sindicatos y movimientos sociales.
Poco antes de la presentación Juan Grabois dijo a PáginaI12 que la crisis generada por la pandemia exige un plan de reconstrucción “con metas ambiciosas”. Su mirada es que la gravedad de la crisis, que se asienta sobre un piso de pobreza estructural, no tendrá solución con programas abordados en forma fragmentada por distintos ministerios. “Es necesario un plan integral que contemple las realidades de quienes tienen un empleo registrado y quienes trabajan en la economía popular”, explicó el dirigente del MTE.
Qué dice el plan
Los principales puntos del programa presentado abarcan:
- La idea base es la del Estado como garante del empleo. Una de las razones señaladas es que hoy en la Argentina el sector privado está dando empleo en blanco a sólo un tercio de su Población Económicamente Activa, situación que va a agravarse con la pandemia. El concepto es entonces, para la economía popular, crear puestos de trabajo mínimo garantizado, con el Estado como empleador, en ocupaciones socialmente valiosas que sean remuneradas con un salario social complementario. Para este momento, la propuesta es de un salario social de 10 mil pesos por trabajos con una carga mínima de 60 horas mensuales.
- Parte del programa consiste en generar empleo formal, mediante la realización de obra pública (Uocra), y desarrollo del transporte de cargas (Camioneros y la Unión Ferroviaria). El programa menciona que con cada puesto de trabajo en la construcción se crean tres empleos en la economía formal, porque se activan otras actividades como la siderurgia, madera, la industria química, mecánica y de productos de electricidad.
- La propuesta habla así de la creación de 4 millones de trabajos garantizados y 170 mil empleos registrados.
- Junto con el salario social, propone reconocer a los inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular otros derechos laborales como obra social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo, aportes jubilatorios y el derecho a sindicalizarse.
- El programa toma como modelo de referencia, para un marco de comprensión rápida, a los planes quinquenales de Perón. Rescata en este sentido la planificación de obras de manera centralizada, con metas y cronogramas. “En el primer plan quinquenal se construyeron 350 mil viviendas”, es una de las referencias dadas.
- Esa planificación es propuesta para una serie de objetivos que la pandemia volvió relevantes, como la necesidad de descomprimir las grandes ciudades, urbanizar las villas y asentamientos, proteger la producción de alimentos saludables y baratos, ir hacia la producción de energía con métodos no contaminantes.
- Para su financiamiento, plantea que una parte de la inversión ya está cubierta por programas existentes, como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentaria, que totalizan 128 mil millones pesos anuales (sobre un total a invertir de 750 mil millones). El programa sostiene que el 36 por ciento de ese monto tiene un reingreso o recupero fiscal. Para el resto propone una serie de reformas impositivas y “un esfuerzo fiscal adicional del Estado nacional”.
La alianza con los gremios
La presentación del programa junto a los sindicatos es parte de un nuevo intento de las organizaciones sociales de unir fuerzas con la CGT, o con aquellos sindicatos que estén más abiertos a mirar a los trabajadores formales e informales como parte de la misma clase. Este es un viejo deseo –una mirada estratégica– de los movimientos que integran la UTEP, que hasta ahora no han podido convertir en realidad. Al momento de mayor acercamiento lo lograron en noviembre de 2016, cuando la CGT, la CTA y los movimientos sociales hicieron una marcha al Congreso por la ley de emergencia social.
El impulso a esta propuesta de “Plan Marshall criollo” también pone sobre la mesa un dilema de los movimientos populares: las organizaciones consiguen muchos recursos (claro que de planes focalizados) cuando son oposición a gobiernos de derecha, frente a los que se sienten con vía libre para salir a la calle. En cambio, están limitados para visibilizar sus reclamos, sobre todo si son de fondo, con gobiernos aliados (que, en general, gestionan jaqueados por los medios hegemónicos y no pueden darse el lujo del llamado fuego amigo). No pueden usar con la misma fuerza su principal herramienta, que es la movilización. En tiempos de pandemia tienen limitaciones peores: lo que pueden hacer, en términos de calle, es prácticamente cero.
Como resultado, ven la paradoja de que las organizaciones sociales crecen en la oposición, pero se achican cuando en la Casa Rosada hay un gobierno afín. Al acceder a cargos en la gestión, incuso algunas políticas diseñadas desde las organizaciones logran volverse realidad, pero a una escala que no alcanza para revertir el problema de la pobreza estructural.
“En esta etapa histórica tenemos que romper el techo de las pequeñas medidas sueltas, porque para hacer 40, 50 o 60 polos textiles ya estamos los movimientos, a eso se lo arrancamos en la calle a cualquier gobierno”, definió Grabois sobre el tema de la escala de los programas que dan impulso a la economía popular. El dirigente define que el gobierno tiene con los movimientos populares “una sensibilidad compartida”, pero “distinta ambición”.
Estuvieron en la presentación, por el lado sindical Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Gerardo Martínez (Construcción), Laura Avalos y Julián Domínguez (Smata). Por los movimientos populares hubo dirigentes de Somos Barrios de Pie, la CCC, el Movimiento Evita, el MTE, el Frente Darío Santillán y el MP La Dignidad, el cartón completo de las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Entre ellos, Gildo Onorato, Esteban “Gringo” Castro, Daniel Menéndez, Dina Sánchez, Jackie Flores y Luciano Alvarez. También hubo integrantes de la Iglesia Católica, como el obispo Oscar Carrera y el padre Charly Olivero. El plan fue definido como inspirado en la consigna de Tierra, Techo y Trabajo, que Jorge Bergoglio, el papa Francisco, viene haciendo visible junto a movimientos populares de todo el mundo.
En busca de darle volumen político a la propuesta, en los próximos días los movimientos organizarán la acción posible en estos días de covid: charlas virtuales con militancias y dirigentes sociales, sindicales y políticos, con el objetivo de instalar en la agenda los diversos ejes de este plan.
11 de agosto de 2020
Aparecieron nuevos usuarios de los teléfonos que la exSide compró en California
Espionaje ilegal: la increíble lista de celulares encriptados de la AFI macrista
Eran distribuidos entre funcionarios y operadores de la "mesa judicial" del anterior gobierno. Surgen nombres como el de Alejandro Pérez Chada, histórico abogado de Macri y ahora del propio Arribas en la causa del espionaje ilegal. El denominador común es la cercanía con el expresidente y Juntos por el Cambio.
Por Irina Hauser
Jaime Durán Barba, Nicolás Caputo y Julio Conte Grand, entre los que tuvieron líneas.
La Agencia Federal de Inteligencia de Mauricio Macri y Gustavo Arribas compró en Estados Unidos 120 teléfonos celulares que fueron encriptados por el propio organismo y repartidos no sólo entre ex funcionarios --lo que en ciertos casos podría tener explicación-- sino entre personas que no tenían ningún cargo en el Gobierno nacional. El denominador común es la cercanía con el expresidente y Juntos por el Cambio. Entre los beneficiarios más llamativos que aparecen en una lista que encontró la intervención de la central de espías, figuran el empresario amigo y viejo socio del ex presidente Nicolás Caputo, el consultor Jaime Durán Barba, el procurador bonaerense Julio Conte Grand y el abogado Alejandro Pérez Chada (histórico letrado del expresidente y ahora del propio Arribas en la causa del espionaje ilegal). Los nombres se agregan a otros que reveló Página/12 el domingo último , como el del expresidente de Boca y operador judicial Daniel Angelici. También tenían teléfonos blindados la mayoría de los integrantes de la llamada “mesa judicial”, casi todo el gabinete --hasta el ex ministro de ambiente, Sergio Bergman-- y Laura Alonso, así como la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
La AFI comenzó a rastrear si existían estos teléfonos celulares dotados de una tecnología especial de encriptación para volver inaccesible su contenido y las conversaciones, a raíz de que uno de sus agentes declaró en la causa sobre espionaje ilegal que Macri y Arribas se comunicaban de esa manera. Martín Coste, ex jefe de contrainteligencia, reveló ese dato cuando le preguntaron en su indagatoria sobre la vinculación entre el ex presidente y el director de la AFI. No parece descabellado que ellos dos hablaran por teléfonos secretos, pero a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide sí le interesa analizar la frecuencia y el contexto de aquellas comunicaciones, dado que Coste --además-- fue contundente al decir que el expresidente podía ser una de las fuentes de las órdenes para hacer inteligencia ilegal con fines políticos. Por eso le pidieron información a la central de inteligencia, que ya envió un primer informe.
Para sorpresa de las/los colaboradoras/es a quienes la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, les encomendó buscar los celulares, no eran unos pocos para un grupo selecto de funcionarios que pudieran tener comunicaciones críticas. Encontraron dos comprobantes de compra de la Dirección Operacional de Inteligencia sobre Ciberseguridad a la empresa Edmar Technologies Inc., en un shopping en California: en una tanda compraron 100 teléfonos a 470 dólares cada uno (por un total de 47.769 dólares), el 17 de junio de 2016; en una segunda adquisición figuran 20 celulares a 445 dólares cada uno (9906 dólares), un precio algo menor que el anterior pero el 5 de junio de 2018. El modelo adquirido es “Nexus 6P H1512” y la marca es “Huawei”, tal como había indicado Coste en su declaración. Dijo que a él también le habían dado uno, pero que no lo usó. Hasta ahora, fueron encontrados 100 aparatos, estarían faltando al menos 20. No está claro el total, porque incluso el número de chips con este tratamiento secreto era mayor. Lo que tienen claro en la AFI es que semanas atrás dieron de baja a decenas de líneas que todavía seguía pagando el organismo y que nadie sabía quién utilizaba.
En la planilla Excel donde están detallados las/os adjudicatorias/os, hay una columna donde se consignaba la dependencia o lugar en la propia AFI donde supuestamente trabajaba cada quien y el “IMEI” del teléfono (el código que lo identifica). En algunos casos ese número está ausente. La interventora Caamaño analiza si hay posibles delitos en puerta que justifiquen una denuncia penal: por un lado es dudoso que hubiera celulares asignados y cuyo uso era pagado por el Estado para personas que no eran parte del Gobierno; y se intenta establecer quiénes se quedaron con el aparato y la línea. Hay constancias de devoluciones, pero sobre algunos no hay nada y esto es algo que habrá que dilucidar.
A los celulares en cuestión en la AFI los llaman “Criptex”. En algunos casos guardaría cierta lógica que los tuvieran, por tratar asuntos vinculados con inteligencia, o seguridad, algunas cuestiones de política internacional o acuerdos con empresas. Pero la línea es muy difusa, porque hay nombres asociados a grandes operaciones mediáticas y judiciales. Hay varios de la famosa “mesa judicial” que asesoraba al ex presidente y que está sospechada de incidir en tribunales y casos puntuales. En ese grupo se mezclan personas con cargos en el Gobierno como Pablo Clusellas, que fue secretario Legal y Técnico, José Torello, ex jefe de asesores en la Presidencia, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano y otras sin ningún cargo formal, como Angelici, conocido por sus habilidades como operador en tribunales. Patricia Bullrich también tuvo su celular blindado, lo que podría explicarse, aunque también genera dudas su papel en casos donde se generaron fuertes operaciones mediáticas, como el de la desaparición de Santiago Maldonado, y su relación con personajes como el falso abogado Marcelo D’Alessio, señalada en la causa de Dolores.
Hay un grupo de personas sobre quienes será difícil justificar por qué el Estado les daba y pagaba estos teléfonos: uno es el consultor Durán Barba, que siempre fue un asesor en las sombras y nunca tuvo cargo formal. Tuvo un contrato con el PRO cuando se volvió muy polémica su relación con el gobierno. También figura “Nicky” Caputo, adjudicatario estrella de obras en la ciudad de Buenos Aires, ex socio del propio Macri y titular del Grupo Caputo (con firmas en el negocio de la construcción y energía, entre otras cosas), y ex cónsul en Singapur. Otro es el procurador bonaerense Conte Grand, antes secretario legal y técnico de la ex gobernadora Vidal. Tanto ella, como su ex ministro de seguridad, Cristian Ritondo, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, tuvieron Nexus encriptados. Lo mismo Horacio Rodríguez Larreta. Y otro nombre que generó sorpresa, que no era funcionario, fue el del abogado Pérez Chada, letrado de Macri y ahora de Arribas en todos sus frentes judiciales.
Del gabinete macrista y otros cargos jerárquicos señalados como beneficiarios que identificó la AFI se suman: Andrés Ibarra (Modernización), Guillermo Dietrich (Transporte), Sergio Bergman (Ambiente), Alberto Abad y Leandro Cuccioli (AFIP), Jorge Faurie (Cancillería), Jorge Triaca (Trabajo), Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas), Gustavo Lopetegui (ex vicejefe de gabinete), Mario Quintana (ex secretario de Coordinación), Fernando de Andreis (es secreatrio presidencial), Jorge Greco (el ex secretario de Comunicación cuyo patrimonio en el macrismo aumentó más de 3000 por ciento), Mariano Federici (Unidad de Información Financiera) Laura Alonso (Oficina Anticorrupción), el ex diputado Emilio Monzó, el ex senador Federico Pinedo, el ex senador Ernesto Sanz. Hay varios de todos los señalados de quienes no hay constancia de que hayan devuelto los celulares.
11 de agosto de 2020
La estrategia opositora para frenar el proyecto en la Cámara baja
Juntos por el Cambio se niega a tratar la reforma judicial en forma remota
El Senado continúa el martes el debate con una decena de expositores.
Por Miguel Jorquera
Imagen: NA.
Mientras el debate por la Reforma Judicial continúa el martes en el Senado, la estrategia de Juntos por el Cambio es frenar el proyecto del Gobierno en la Cámara baja negándose a tratarlo en forma virtual, a pesar del aumento de contagios por la pandemia de la covid-19. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó la postura del Ejecutivo y del Frente de Todos, al afirmar que están dispuestos a incorporar “herramientas y propuestas para mejorar el proyecto”, pero también cuestionó a la alianza opositora por rechazar la iniciativa antes de conocer su texto.
La estrategia opositora se ratificó en una reunión por Zoom de todo el espacio que se realizó este lunes y del que participó Mauricio Macri desde Francia, incluidos sus bloques de senadores y diputados: “no tratar la reforma judicial de manera remota”. Aunque la postura no forma parte de ningún documento oficial ni del “punteo” que difundieron sus voceros, la decisión está tomada.
Pero la actitud del interbloque de JpC no podrá ser uniforme. El debate continuará en el Senado en su tercera jornada sobre la reforma judicial con una decena de expositores ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. En la Cámara alta, está vigente por 60 días la prórroga del protocolo para sesiones remotas y sin condicionamientos sobre el temario a tratar.
Allí, el FdT no tiene obstáculos para avanzar con la discusión en forma virtual y cuenta con las manos suficientes para darle media sanción. El oficialismo quiere agotar esta semana (durante el plenario que volverá a reunirse este jueves) el paso de todos los expositores propuestos –desde el FdT y JpC— para avanzar en la discusión en el seno de las comisiones.
A partir de las 14, expondrá por videoconferencia la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Luego será el turno de la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky. A ellas se sumarán el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal de la CABA y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Carlos Rívolo; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes del consejo asesor creado por el Ejecutivo para impulsar cambios en la administración de justicia.
También fueron convocados Jorge Rizzo, de Espacio Gente de Derecho; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; y el ex consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, en representación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Además de la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py, Gabriela Baigún; el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón; y la fiscal Mónica Cuñarro.
El plenario "recepciona y sistematiza” las propuestas de modificaciones realizadas por los expertos que participan del debate para evaluarlas. “El Gobierno está abierto a escuchar las propuestas de modificación siempre y cuando no se lo modifique en su esencia que es poder reestablecer la garantía constitucional que durante los cuatro años de Mauricio Macri se vieron fuertemente vulneradas”, afirmó a PáginaI12 la senadora María de los Angeles Sacnun (FdT), quien preside el plenario.
En el mismo sentido se pronunció Cafiero. “Nosotros siempre hemos sido parte de promover el diálogo democrático, ese fue nuestra forma de trabajar. Cuando enviamos proyectos a las Cámaras promovemos el diálogo y el debate y muchas propuestas han sido modificadas con mejoras”, sostuvo el jefe de Gabinete. Pero ante la consulta sobre la negativa de la oposición de tratar la reforma judicial en forma virtual, Cafiero expresó que “sorprende bastante que quienes siempre declamaban el diálogo político que antes de leer el proyecto ya planteen que lo van a votar en contra. Lejos de fortalecer la democracia lo que hace es perjudicarla”.
En minoría, los senadores de JpC plantean cuestionamientos como “la oportunidad” del debate y el “costo” de la reforma. Pero sin ninguna chance de bloquear el proyecto.
Diferente es la situación en Diputados, donde la última prórroga por 30 días del protocolo para las sesiones virtuales, que JpC condicionó a proyectos “con dictamen de comisión” y “temario acordado por todos los bloques” está vencido.
Las condiciones para una nueva prórroga del protocolo será el argumento que utilizará la alianza opositora para negarse a tratar de frenar la reforma judicial, si el debate en la Cámara baja no se realiza en forma “presencial” a pesar de los aumentos de contagios de coronavirus que tensionan el sistema sanitario.
Habrá que ver como sorteará el oficialismo este obstáculo opositor para cuando la reforma llegue a la Cámara de Diputados, previsto para el mes de septiembre.
11 de agosto de 2020
Declaró el funcionario de carrera Raúl Rigo
Un testimonio arrasador en el juicio de la obra pública
A lo largo de tres horas precisó que todas las rutas construidas en Santa Cruz, con sus detalles y sus costos, fueron aprobadas por las dos cámaras del Congreso Nacional, que la ejecución fue controlada por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, y que el Congreso aprobó lo hecho todos los años.
Por Raúl Kollmann
Rigo es uno de los mayores especialistas en cuentas públicas del país. Dejó en claro su nivel de conocimientos y precisión. El contador no fue designado a cargo del presupuesto por el gobierno de Néstor Kirchner, dado que ingresó en 2002, ni dejó su cargo con Cristina Kirchner, sino que renunció en 2017, transcurridos dos años del gobierno de Mauricio Macri. Después estuvo en un cargo en la provincia de Buenos Aires y ahora regresó a la administración nacional. Es esencialmente un técnico del máximo nivel.
Una de las acusaciones más insólitas del expediente de la obra vial fue que a Santa Cruz se le adjudicó la construcción de demasiadas rutas. Rigo explicó que todo se votó en el Congreso después de un arduo proceso que fue -y sigue siendo- la elaboración del presupuesto nacional. En el proyecto que se lleva al Congreso, cada obra tiene adjunto una especie de folleto en el que se explican los motivos y los costos y nada es sencillo, porque los legisladores de cada provincia tratan de que se voten las obras que favorecen a sus distritos. El presupuesto es limitado, por lo que si se incluye una obra adicional, se le quitan fondos a las obras que vienen en el proyecto. No es que se le da un cheque en blanco al Ejecutivo, sino que el presupuesto indica qué ruta y qué tramo se va a construir.
Todo pasa por la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se discute fuertemente y luego se aprueba en las dos cámaras. En ocasión de esos debates, lo habitual es que esté presente y explique las obras el titular de Vialidad Nacional. En paralelo, los movimientos de dinero quedan registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera, que maneja el Ministerio de Economía, es decir que no se pueden mover fondos bajo cuerda.
La ejecución del presupuesto se refleja en lo que se conoce como Cuenta de Inversión, que indica cómo se llevó adelante cada obra y cada gasto. Rigo explicó que ese trámite se cumplió normalmente todos los años y que fue aprobado por la Auditoría y la Sigen. No es una planilla, son dos libros con el detalle de cómo se cumplió o se desarrolló cada punto del presupuesto.
Más allá de los aspectos de procedimiento, es una obviedad que los presupuestos reflejan una mirada política, porque cada gobierno elegido democráticamente tiene desarrollos que privilegia. Los fiscales, por ejemplo, objetaron que Santa Cruz tuviera el 12 por ciento de la obra pública vial, por encima de otras provincias, pero para nada desproporcionado respecto del 11 por ciento del territorio nacional que ocupa la provincia sureña. Y, aunque lo fuera, surge de la decisión política, votada por el Congreso. Por ejemplo, durante los gobiernos de CFK el presupuesto del Ministerio de Planificación rondó siempre el 12 por ciento, es decir esa era la proporción para obras viales, energéticas, de vivienda. Al pago de la deuda pública se destinaba aproximadamente el siete por ciento. En cambio, en la administración de Macri, la obra pública estuvo entre ocho y el seis por ciento y los pagos de la deuda pública llegaron hasta el 20 por ciento. Cada gobierno, que llegó a la Casa Rosada democráticamente, tuvo sus prioridades.
Lo que demostró Rigo es que todo se debatió en el Congreso, en las comisiones y en las dos cámaras. No hay una disposición discrecional del Poder Ejecutivo o de un presidente: nada se puede hacer sin voluntad política, pero se requiere el voto en el parlamento. El contador explicó que incluso en los Decretos de Necesidad y Urgencia, el gobierno de CFK reasignó una inmensa cantidad de partidas, siempre dentro del presupuesto, pero para todas las jurisdicciones y de forma equitativa.
Para la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, el testimonio de Rigo fue fundamental porque está claro que la exmandataria no podía ni debía tener control alguno en la marcha de las obras porque estas se licitaron, se adjudicaron y controlaron en Santa Cruz. De manera que para CFK lo decisivo era demostrar que los proyectos de las rutas pasaron por el Congreso en tiempo y forma, que se aprobaron sin ningún trámite extraño y que la ejecución se controló como todas las obras, antes y después de su gobierno. Es más, Rigo relató que ajustes en los costos y atrasos en los tiempos son fenómenos habituales de prácticamente todas las obras del país. El contador detalló que la Oficina Nacional de Presupuesto tiene personal especializado en el control de las obras viales, de manera que cada gasto tiene quien lo analice y, por supuesto, nada se paga sin el certificado de obra que tiene numerosas firmas. "Ni en el congreso ni en el ministerio ni por parte de los organismos de control ni por parte de la oposición hubo nunca una objeción", redondeó el funcionario.
11 de agosto de 2020
Los voluntarios comenzaron a recibir las dosis en el Hospital Militar
Vacuna contra el coronavirus: empezaron las pruebas en la Argentina
Por Pablo Esteban
Imagen: NA
Este lunes comenzaron las pruebas de la vacuna elaborada por la compañía estadounidense Pfizer y su par alemana BioNTech en Argentina. Desde el Hospital Militar, los ensayos son coordinados por el equipo del doctor Fernando Polack, director de la Fundación Infant y médico especializado en virus respiratorios. En esta instancia, se espera que los equipos de especialistas comprueben la eficacia de la fórmula. Según los ensayos preliminares realizados en EE.UU. y Alemania, la vacuna candidata permite desarrollar un nivel alto de anticuerpos, tanto como los de los enfermos que se lograron recuperar.
La convocatoria se abrió y en poco tiempo ya había cerrado. Según señaló Sergio Maldonado, el director del Hospital, “se anotaron 25 mil pero solo participarán 4500 de esta instancia”. La muestra será variada e incluirá a personas con diferentes perfiles: médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud, personas jóvenes y adultos mayores, militares y también individuos con otras profesiones. Los datos personales de todos los postulantes, según las autoridades del Hospital, serán resguardados. La mitad recibirá la vacuna, mientras que la mitad restante tendrá placebo (en forma de inyección de solución fisiológica). El propósito de contar con un grupo control radica en que es la única manera de supervisar si el fármaco realmente funciona.
El ensayo podrá ser abandonado por cualquier postulante en cualquier etapa del proceso. Ésta constituye una cláusula fundamental que, en general, incluye a cualquier prueba de vacuna y en este caso no supone una excepción.
Los voluntariosrecibirán dos dosis, la primera en estos días y la segunda luego de tres semanas. Durante el procedimiento, los equipos de la Fundación Infant y del Hospital Militar estarán en constante diálogo con ellos, a través de llamadas telefónicas y de una aplicación creada a tales efectos. El propósito será realizar un seguimiento para ir advirtiendo posibles efectos adversos y sus síntomas, aunque la vacuna ya atravesó con éxito las fases 1 y 2 que evalúan esas respuestas secundarias que el cuerpo podría manifestar. En una primera etapa, el fármaco sorteó el examen de seguridad y toxicidad en Alemania y Estados Unidos, con lo cual recibió la aprobación de la FDA (Food and Drugs Administration, institución equivalente a la Anmat pero en Estados Unidos) para avanzar hacia las siguientes fases. En aquella oportunidad fue suministrada a 45 adultos (entre 18 y 55 años) que recibieron dosis distintas entre sí (10, 30 y 100 mg) y a nueve de ellos les tocó placebo. Las personas que se sometieron a las pruebas desarrollaron una cantidad de anticuerpos que superan a los que presentaron los pacientes recuperados de la covid-19. Los expertos señalaron que “fue bien tolerada”, aunque en algunos casos generó fiebre y otros daños colaterales menores.
En Argentina, la meta será convertir un experimento chiquito en uno de dimensiones mucho más importantes. Luego, el paso siguiente para las compañías biotecnológicas será fabricar 100 millones de dosis y, para el año que viene, 1200 millones. El trabajo, finalmente, tendrá que someterse a la lupa de los colegas y, para obtener mayor fuerza, ser publicado en alguna revista médica de prestigio internacional.
Cuando la vacuna esté finalmente lista y si esta versión que se probará a nivel local obtiene buenos resultados, el país podrá colocarse en un lugar de preferencia al momento de disputar el acceso a las dosis necesarias. Se espera que obtenga algunas ventajas en los procesos de compra y distribución, aspecto que entusiasma a las autoridades de Salud. La cartera abocada al área representada por Ginés González García mantiene conversaciones periódicas con otras empresas biotecnológicas del rubro que también manifestaron su interés por probar su fármaco en arenas domésticas.
Sus características
Cuando se diseña una vacuna lo primero que hay que pensar es en qué necesitan los pacientes. En este caso, son defensas para que reaccionen ante un microorganismo específico como es el Sars CoV-2. En base a ello, se selecciona el tipo que se fabricará. Hay muchas estrategias disponibles y muchas vacunas candidatas (la OMS ha reconocido nada menos que 165): algunas utilizan al virus inactivado --como la hepatitis A--, otras emplean al virus atenuado --como la Sabin--, unas actúan sobre el ARN viral, o bien, están las que solo incorporan una proteína --en este caso la “S”, Spike, puerta de entrada al coronavirus--. La de Pfizer y BioNTech, precisamente, emplea la tecnología de ARN. Ello prevé una mala y una buena noticia. La mala es que no es una técnica muy probada a nivel internacional, de hecho, no existe ninguna de este tipo en el calendario obligatorio. La buena es que se trata de una opción muy interesante porque se puede escalar industrialmente a una gran velocidad.
La vacuna utiliza moléculas de ARN que tienen el código para la síntesis de la proteína viral. Están recubiertas (por una vesícula) y son inyectadas. Se supone que, si todo funciona como debería, cuando llegan a las células del organismo, los genes que están en el ARN se expresan y se generan los anticuerpos. De esta manera podrían permanecer y proteger a los seres humanos ante una futura infección.
11 de agosto de 2020
Contra la difamación en las plataformas masivas
Cristina Kirchner notificó a Google que la Justicia aceptó su demanda
Imagen: NA
Luego de que el viernes 7 de agosto el juez en lo Civil y Comercial Federal, Javier Pico Terrero, aceptara la solicitud de prueba anticipada presentada por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, por la difamaciones publicadas en el panel de conocimiento de la página principal de Google, la defensa de la vicepresidenta notificó a la empresa la resolución judicial que ordenó el peritaje contra el gigante informático para determinar el alcance del daño causado.
Además, se obliga a Google a conservar todos los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la pericia.
De esta manera, aduce la defensa de la la expresidenta de la Nación, se reconoce a Google como la exclusiva propietaria, administradora y responsable del contenido de la plataforma y del riesgo que conlleva la pérdida de la información a la hora de mensurar los daños y perjuicios.
En su momento, la actual titular del Senado explicó que había decidido demandar a la empresa, porque se había sentido difamada cuando el sitio, en vez de poner su cargo actual, la tildó de "Ladrona de la Nación", y que esa mentira multiplicada por los buscadores “sin límites" generaba un daño "incalculable".
Fuente:Pagina12
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