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Presentado por el diputado sindical Walter Correa, el proyecto apunta a que se declare la emergencia productiva, económica, financiera y tarifaria de las recuperadas de servicios, cuero, gráficas y educación. «Busca preservar los puestos de trabajo que con tanto esfuerzo han defendido estos trabajadores», resalta el texto.
11/08/2020
El secretario general de la Federación del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores (SOCRA), Walter Correa, presentó en su carácter de Diputado (FdT) un proyecto de ley para que se declare la emergencia productiva, económica, financiera y tarifaria de las empresas administradas por cooperativas de trabajo; su interés social, suspensión de desalojos, así como de acciones judiciales y cortes de servicios públicos.
Entre los fundamentos del proyecto, especifica que «Resulta prioritario que en el contexto actual se ejecuten resortes urgentes de asistencia y sostenimiento de esta experiencia que resulta pieza indiscutida de la industria argentina y genera puestos de trabajo genuino en el país.»
Teniendo en cuenta el triple rol que cumplen este tipo de organizaciones: «La declaración de emergencia para el sector de las cooperativas de trabajos de servicios, cuero, gráficas y educación, pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer a la asistencia y trato diferencial que se requiere, en función del rol productivo, social y económico de estas empresas recuperadas organizadas bajo la naturaleza jurídica de cooperativas de trabajo».
El proyecto se sustenta también por el reconocimiento de organismos internacionales que valoran especialmente las decisiones orientadas a la protección de los sectores más vulnerabilizados por el contexto generado por el Coronavirus: «Esta situación es puesta en resalto por organismos internacionales como ONU y OIT, quienes destacan la necesidad de atender de manera especial y con medidas apropiadas a los grupos más desprotegidos en el marco de la crisis desatada por la pandemia del Covid-19.»
Luego de acampar por 80 días, empleados de Expreso Argentino se lanzan a cortar rutas
Los operarios hace 80 días mantienen una acampe para que les paguen los salarios adeudados. Tienen resoluciones judiciales a favor que declaran nulas las suspensiones y obligan a abonar los salarios caídos.
11/08/2020
Trabajadores de Expreso Argentino realizan un corte total sobre Ruta 22 a la altura de Saavedra, en Río Negro, en reclamo de cinco meses adeudados de sueldos y solicitando ser reincorporados a sus puestos laborales. La interrupción del tránsito se mantendrá hasta las 15.
«Se decidió esta medida porque hace 80 días que estamos acampando, hemos entregado petitorio por todos lados, tanto en el Municipio, Casa de Gobierno, al Ministerio de Trabajo, y no hemos tenido contestación alguna y somos 12 trabajadores que hace cinco meses no cobramos», manifestó Luis Cruces, uno de los voceros del grupo que lleva adelante la protesta al Diario Río Negro.
Desde el grupo de trabajadores demandan que la empresa cumpla con la sentencia judicial que dictaminó el juez Daniel Ferreyra a fines de junio, que ordenó a la entidad de transporte que se le pague a los empleados tres meses de salarios adeudados y que declaró la ilegalidad de las suspensiones de los trabajadores.
Desde abril los doce empleados mantienen un acampe en el portón de la empresa de transporte, pero a tres meses de esa decisión siguen sin respuestas.
Movimientos sociales y gremios impulsan fondo fiduciario de 750 millones de pesos anuales para crear 4 millones de empleos de 10 mil pesos mensuales
Por Santiago Dapelo
Sindicatos y movimientos sociales avanzan con un anteproyecto para crear un fondo fiduciario de 750.000 millones de pesos anuales que impulse la creación 4.000.000 de puestos de trabajo. Con el respaldo de Alberto Fernández y el impulso de Cristina Kirchner, los ideólogos de la iniciativa, entre ellos Gerardo Martínez (Uocra) y Juan Grabois (CTEP), intentarán ahora sumar nuevos apoyos para blindar el proyecto.
Los 4.000.000 de trabajadores contarán con un salario social complementario de 10.000 pesos -mismo monto que reciben casi 9.000.000 de personas con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) – y tendrán derechos laborales básicos. Como contraprestación, deberán trabajar 60 horas por mes. También está previsto la creación de 170.000 empleos registrados regulados por convenio colectivo.
El «Fondo Mugica», así fue denominado, tendrá como principal objetivo financiar el trabajo comunitario y unificar todos los planes sociales bajo un nuevo esquema, que se llamará Potenciar Trabajo. Los impulsores del plan proponen costearlo con una «profunda reforma impositiva que grave las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas».
Además, según las estimaciones que realizaron los movimientos sociales, con los recursos que el Estado ya proporciona con el programa Alimentar, el monotributo social y otros planes provinciales, se podría cubrir el 35% del fondo. Se trató de un primer encuentro; el próximo, donde se terminarán de ajustar los detalles, se realizará en las próximas semanas.
«Fue una muy buena reunión y un capítulo más en la alianza estratégica con los movimientos sociales. Es un plan que le vamos a acercar al Gobierno para dar los primeros pasos pospandemia», dijo a LA NACION Martínez que, con la presencia de Pablo Moyano (Camioneros) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), logró sumar al proyecto a todo el movimiento obrero.
De esto hablaron el último viernes el Presidente y Grabois en la quinta presidencial de Olivos. Según contó el representante social, Alberto Fernández le brindó su apoyo al plan de Desarrollo Humano Integral y le pidió que lo articule con Martínez.
El encuentro se dio después de que tomara estado público que Cristina Kirchner trabaja en un rediseño de los programas sociales. Lo imagina como la viga maestra de un proyecto para evitar que se dispare el índice de pobreza por la crisis que ahondó el coronavirus.
Lo que está en evaluación es cómo reemplazar el auxilio estatal, representado por el IFE, para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías por un plan con un perfil más laboral que asistencial. Según las estimaciones que realizan en el Ministerio de Desarrollo Social, un tercio de ese universo se quedaría sin ingresos cuando concluya la asistencia.
El primer paso lo dieron hoy en una reunión que se realizó en la sede de la Uocra. Preocupados por el impacto de la crisis económica, líderes sindicales y de organizaciones sociales resolvieron generar un espacio para definir una estrategia común para la pospandemia.
Otro de los objetivos es llevar gran parte de los trabajadores a «pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas», para poblar el país. En el documento que oficializaron esta tarde quedó plasmado el consenso de sindicatos y movimientos sociales.
Además de Martínez, Moyano, Sasia y Grabois, estuvieron Laura Ávalos y Julián Domínguez (Smata), Esteban Castro (UTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Jacqueline Flores (MTE), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Cristian Romo (Movimiento Popular La Dignidad) y Juan Carlos Alderete (CCC). Y envió su apoyo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).
En las próximas semanas, según anticiparon, se desarrollarán una serie de charlas virtuales con militancias y dirigentes sociales, sindicales y políticos para profundizar el debate sobre cada uno de los ejes del plan y enriquecer la propuesta a partir de los aportes que fortalezcan la iniciativa en la búsqueda de ampliar la base de consensos alcanzada. La meta es lograr el mayor respaldo posible antes de llevarle el proyecto cerrado al Presidente.
En principio, los nuevos trabajadores estarán divididos en varias áreas como reciclado social (cartoneros, carreros, recicladores), costura (polos textiles y de corte), fomento productivo para fábricas recuperadas, comercio popular y trabajos en espacios públicos, comedores, guarderías y bachilleratos populares, entre otras.
Tras presentar su programa para crear 4 millones de empleos, Grabois le pide un «mini Plan Quinquenal» a Fernández
El líder de la CTEP Juan Grabois consideró hoy que el presidente Alberto Fernández debe generar un «mini Plan Quinquenal» para implementar un «Plan de Desarrollo Humano Integral» que genere trabajo para 4 millones de personas y brinde soluciones habitaciones para «evitar» la toma de terrenos.
11/08/2020
«Me gustaría que el Presidente cree una unidad ejecutora que desarrolle un plan Marshall, un mini Plan Quinquenal», sostuvo el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
En declaraciones a AM 550, el abogado y dirigente social precisó que su propuesta no tiene que ver con los planes sociales, sino con la creación de «4 millones de puestos de trabajo de 10 horas semanales y con un salario mínimo garantizado», que entre otras cosas permita «solucionar el déficit habitacional» y discutir «las políticas con mayúsculas».
«Acá lo fundamental es que tiene que haber un plan», remarcó Grabois, al tiempo que indicó que un programa de 750.000 millones de pesos permitirá el pago de salarios de «11.500 pesos mensuales por 40 horas» a los trabajadores que se dediquen a las tareas de «reciclados con derivados de plásticos y agricultura familiar», entre otras actividades.
Para Grabois, la futura implementación de su propuesta que también «puede ser otra, depende que el Gobierno decida una planificación de los puntos centrales».
En ese sentido, advirtió que hay un «desbarajuste» en el accionar del Gobierno con los sectores más vulnerables originado por la pandemia y señaló que todo lo que hay son programas «inconexos».
El dirigente del Frente de Todos lamentó «la guerra todos contra todos» por la toma de terrenos ante el déficit habitacional y consideró que la solución pasa por «disponer terrenos fiscales o comprar medio millón de lotes, colocar los servicios básicos, que los trabajadores con una inversión muy baja de 2.500 pesos por mes y lo paguen en 20 años como lo hicieron nuestros padres y abuelos».
El dirigente social precisó que su propuesta debería ser contralada por organismos internacionales, como Naciones Unidas,
CARLOS MINUCCI: «Las empresas de energía no van a invertir para sostener un proyecto productivo»
Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de las Empresas de Energía (APSEE) fue entrevistado en Radio Gráfica. La participación de la Corriente Federal en una reunión preparatoria para el Primer Congreso del Consenso de la Industria Nacional. Su visión de la situación de la energía en el país, los debates alrededor de la CGT.
CONGRESO INDUSTRIA: «Uno de los planteos que hicimos en el Congreso es la necesidad de elevarle al Gobierno propuestas, entre ellas creemos que tiene que haber cambios en el sistema enérgetico para hablar de producción y crecimiento. Estamos convencidos que las empresas de energía tienen que volver a manos del Estado para responder a las necesidades del país de acuerdo al programa de Gobierno. Eso lo vamos a plantear para el Congreso que se viene en noviembre».
LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO: «Las empresas van a decir en la pospandemia que no pueden hacer inversiones porque les congelaron las tarifas. Es el mismo argumento para no discutir paritarias. Con ese argumento vuelven a estafar al Estado argentino. Las empresas tienen que entender que no nos gobierna ni Ménem ni Macri. Que hay otro gobierno y proyección de país».
«No olvidemos que hoy la energía está en manos extranjeras más allá que Midlin que es socio de (Joseph) Lewis (creemos que también de Macri). Esta gente no va a invertir para que en el país haya un proyecto productivo«.
«El ENRE, al igual que el ENARGAS, están analizando tarifas. Hoy deberían estar por debajo de lo que se está pagando. Llevamos 28 años de privatizaciones y las empresas no han invertido nunca, el que invirtió fue el gobierno kirchnerista. Tampoco van a invertir porque vienen a hacer caja y llevarse toda plata que puedan. Nosotros creemos que terminada la pandemia hay que darle fin a esas concesiones. Tenemos que volver a una empresa del Estado con una visión de servicio público que incluya a la energía, el gas, el agua y agregamos que la telefonía e internet deberían tener más regulaciones».
CGT, CRÍTICAS Y EL ROL PARA LO QUE VIENE. «La lucha para recuperar el ser nacional no la vamos a hacer desde una CGT como la que tenemos hoy que va a reunirse con los empresarios y no con los trabajadores. Necesitamos llevarle al Gobierno esa voz. Como está hoy, terminamos desde CGT dando apoyo a sectores empresarios después de las barbaridades que hicieron durante muchos años. Los grupos económicos son parte de la deuda externa, de los fondos buitres. No podemos seguir viviendo con esa agenda. El movimiento obrero debe ser la columna vertebral para salir a combatir a todos estos grupo económicos que nos viven usando como excusa para bajar costos y fugar capitales«.
«En este momento las reunión de CGT son de cinco personas. Falta un programa, desde la Corriente Federal tenemos 27 puntos, pero no nos están dando la posibilidad de dar el debate. La agenda la están haciendo otros y a mí me da la sensación que el Ministerio de Trabajo ayuda a esta CGT. En su momento, mientras a nosotros nos tiraban gases ellos estaban negociando el pago de un bono que ni se pagó».
EL ACUERDO DE LA DEUDA. «Si logramos un marco para crecer durante los próximos años, el acuerdo por la deuda es bueno. Si seguimos viendo como se llevan la plata los extranjeros el arreglo no nos va a servir de mucho porque vamos a tener que ajustar para pagar deuda. Veremos cuales son las trabas que se le ponen a los saqueadores de los trabajadores. No podemos depender de las multinacionales, hay que apoyar a las PyMES que son las que dan el empleo».
Entrevista: Gabriel Fernández
Moyano crece y se queda con la representación de los transportistas de residuos industriales, patológicos y no industriales
El Ministerio de Trabajo le habilitó a Hugo Moyano la posibilidad de incorporar en su actividad la representación de quienes transporten residuos industriales, patológicos y no industriales. El macrismo se lo había frenado.
11/08/2020
Mediante resolución 932/2020, el Ministerio de Trabajo de la Nación incorporó al Convenio Colectivo Trabajo de los camioneros la representación de 3 nuevas ramas. Concretamente se trata de los ítems 5.13. Rama de Residuos Patológicos, 5.14 Rama de Residuos Industriales y el ítem. 5.15 Rama Residuos no Industriales a nivel nacional.
Este es un viejo anhelo de Hugo Moyano, experto en los menesteres de crecer en cuanto a estrategias de encuadre de operarios, y desde ahora a través de la Rama Residuos Pagologicos va a tener la chance de formalizar la representación de unos 10 mil empleados que se desempeñan en el sector.
El plan Moyano para los residuos patológicos no es novedad. De hecho su tramitación llevó más de 5 años. Luego de alguna percepción positiva inicial, el camionero encontró una fuerte resistencia del macrismo a proveerle de una nueva fuente de poder y financiamiento tras el quiebre con la gestión de Cambiemos.
«Hoy son trabajadores declarados esenciales por el decreto 297 del Gobierno Nacional, y están prestando una tarea fundamental para toda la población en la difícil situación que atravesamos como consecuencia de la pandemia del Covid-19», señaló la comunicación formal del gremio.
«Son los compañeros Camioneros los que permiten que el sistema sanitario no colapse, retirando los residuos que genera el sistema de salud», añadieron.
El nuevo engorde de Moyano no estará exento de conflicto. Ya se presumen conflictos por encuadre, como el que el propio camionero tiene abierto en Mercado Libre, con los sindicatos de la carne y de sectores industriales. Y hasta podría volver a colisionar con el gremio de lavaderos industriales. Todo un escenario de conflictividad intersindical que resurgirá con la pospandemia.
Reclaman el pase a planta permanente de 745 trabajadores del INTI que ya tienen vacante
ATE conformó la comisión pedida por el PEN para relevar el personal no permanente con miras a definir su estabilidad laboral. Desde el sindicato aseguran que el INTI ya tiene financiadas un 35% de las vacantes que necesitan y piden su pase inmediato.
11/08/2020
A mediados de julio el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero firmó la Resolución 48/2020 donde indica que hasta el 15 de agosto las dependencias del Estado Nacional deberán llevar adelante un relevamiento del Personal No Permanente con el objetivo de regularizar su situación.
En un comunicado, el sindicato de estatales informó: «Recientemente la Junta Interna de ATE-INTI conformó la Comisión Planta Permanente donde se nuclean los auxiliares, técnicos y profesionales de todas las sedes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para definir acciones en torno a conseguir la estabilidad laboral que hasta el momento les fue negada«
Así mismo actualizaron los datos que muestran la necesidad que tienen de regularizar la situación laboral de más de 2 mil trabajadoras y trabajadores: «De la totalidad del personal precarizado (2160 trabajadores), el 55% tiene más de 10 años de antigüedad, un 40% tiene entre 5 y 9 años de trayectoria y un 5% se incorporó al Organismo en los últimos 4 años.«
«Los trabajadores del Instituto, que además fueron víctimas de los despidos masivos en 2018, hace décadas que reclaman la estabilidad laboral y consideran que el Pase a Planta Permanente es una deuda histórica con los trabajadores que el Estado empleador debe saldar a brevedad.», cierran.
Grave Larreta despidió cientos de docentes en medio de la pandemia
Se trata de suplencias que el Gobierno decidió no renovar y dejó en la calle a cientos de docentes que ahora no tienen chances de conseguir otro cargo. Le piden que respete la prohibición de despidos.
11/08/2020
En medio de una de las peores crisis económicas de la historia generada por la pandemia de Coronavirus, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó en la calle a cientos de docentes.
Desde el 30 de junio, «los maestros de las distintas áreas del Ministerio de Educación de GCBA estamos siendo despedidos sin previo aviso», advierten en un comunicado de prensa.
La situación se generó por la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de dar de baja la resolución 2020-11163089-SSSDOC que les permitía preservar su puesto de trabajo en la situación de emergencia económica. Ahora se quedan sin empleo y sin posibilidad real de conseguir otro cargo hasta vaya uno a saber cuándo.
«Esto se suma a muchísimos otros compañeros que están sin trabajo desde marzo», añaden.
Además denuncian que «Los actos públicos que realiza de manera virtual tienen irregularidades y son totalmente iinsuficientes. Por ejemplo, en el último realizado, para 22 puestos de trabajo hubo 222 postulantes».
«De este modo, el Gobierno dejó, en medio de una pandemia, a muchísimos alumnos sin los docentes que los acompañaron durante todos estos meses de encierro y a muchísimos docentes sin trabajo, incumpliendo con el DNU 329/2020 que prohíbe realizar despidos en el marco de la emergencia sanitaria», concluyen.
Oficial: las suspensiones alcanzaron a 740 mil trabajadores registrados del sector privado
Por el impacto de la pandemia sobre la actividad económica, 740 mil trabajadores privados, el 12% del total, fueron suspendidos durante mayo, según un informe del Ministerio de Trabajo.
11/08/2020
De acuerdo con el relevamiento oficial, en un año la cantidad de empleados en blanco disminuyó 3,4% y los salarios perdieron un 4% de poder adquisitivo, entre mayo e igual mes del 2019.
Para paliar los efectos de la pandemia y la cuarentena, el Gobierno impulsó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y a las empresas otorgó los denominados ATP, por el cual abonó la mitad de los salarios.
A su vez, para dinamizar la actividad económica y alentar el empleo, el Ejecutivo anunció la implementación de un plan de obras públicas y del programa Procrear.
Según datos oficiales, alrededor de 740 mil empleados del sector privado sufrieron suspensiones, que generalmente son acordadas entre los gremios y las cámaras empresarias, como una manera de evitar despidos.
Los rubros más afectados por las desafectaciones fueron los trabajadores de comercio, los de la construcción y el personal de casas de familia.
Entre mayo e igual período de 2019 perdieron su trabajo alrededor de 409.000 personas, de los cuales 294.600 correspondieron a asalariados privados.
En menor medida, también quedaron desafectados unos 88.800 monotributistas y 24.100 autónomos, cifras que muestran la crítica situación que atraviesa el mercado laboral.
Para determinar el impacto real de la pandemia, al realizar la comparación entre mayo y marzo anterior se observa que la pérdida de empleos formales fue de 302.200, de los cuales 187.000 son puestos asalariados registrados privados.
En cuanto al poder adquisitivo de los salarios, el estudio oficial indica que hasta mayo perdieron un 4% en la comparación interanual, pero la caída se eleva a 12% si se lo analiza con relación a 2018
Los consejos ejecutivos seccionales del SUTEBA exigen la apertura de los actos públicos
Desde los Consejos seccionales del Suteba le exigen a la ministra Agustina Vila que abran los actos públicos virtuales. Los mismos se encuentran cerrados desde hace 5 meses. Además, solicitan que la conducción provincial de SUTEBA convoque a asambleas para resolver las medidas a seguir. Por ANRed.
A través de un documento, los Consejos seccionales del SUTEBA (integrados por la conducción Multicor, Tigre, Ensenada, La Matanza, Bahía Blanca, Marcos Paz, General Madariaga, Escobar y Minoría La Plata) sostienen que “el gobierno de Axel Kicillof y la ministra Agustina Vila” incumplieron con la fecha pactada para el inicio de los actos públicos.
Según afirman en el documento, la fecha de apertura tendría que haber sido el 10 de agosto. Sin embargo, y después de 5 meses, todavía se encuentran cerrados. Además, sostienen que “a la fecha la aplicación no está disponible, tampoco los manuales, por lo tanto tampoco se realizó la carga de los cargos a cubrir”.
En el documento, aclaran que “ante este nuevo incumplimiento del gobierno”, la conducción provincial del SUTEBA debe “convocar a asambleas para resolver las medidas a seguir. Miles de compañerxs sobrevivieron estos meses con la mitad o menos de su salario habitual, mientras otrxs tantos estuvieron sobrecargadxs de tareas”.
Y, en la misma línea, informan que: “El PIEDAS demostró su insuficiencia y el avance en la precarización, y a pesar de los repetidos pedidos, no incorporaron a nuevxs compañerxs y lo utilizaron para cubrir cargos de planta”. “Hubo cientos de compañerxs cesadxs que perdieron salario, la nueva aplicación de licencias también provocó el cese de suplentes”.
Al cierre del documento, sostienen que “no podemos esperar más, van 5 meses de suspensión de los actos públicos y muchas anuncios sin hechos concretos, si la patronal no cumple, lxs trabajadorxs debemos organizarnos para conseguir nuestras sentidas demandas“. A su vez convocan a acompañar el reclamo en las redes bajo el hashtag: #ActosPúblicosVirtualesYa
Jujuy. Dirigentes de la CTA Autónoma denunciaron penalmente a Gerardo Morales
La presentación contra el Gobernador jujeño estuvo a cargo de: Santiago Zamora, referente barrial que coordina comedores populares; el secretario General CTA-A Jujuy, Matías Brizuela, y el Secretario Adjunto, el Doctor Víctor Aramayo, y fue por ejercicio ilegal de la medicina. Compartir este articulo:
En la última emisión televisiva del informe del Comité Operativo de Emergencia (COE), Gerardo Morales, en reiteradas oportunidades, prescribió en vivo y en directo el consumo de medicinas contra el COVID 19 de forma pública y masiva.
La denuncia (que cuenta con el patrocinio legal de la doctora Mariana Vargas, militante feminista, referente del movimiento de mujeres en la provincia), en su texto argumenta: «no importa señor fiscal si esta conducta del Gobernador causa o no causa daño en quienes sigan las indicaciones dadas por el denunciado en el informe citado, ya que en esta conducta contra la salud pública no es necesario que se constituya el daño para que se configure el delito. Tampoco es necesario que quienes fueron a comprar en la mañana del día siguiente de transmitirse este vídeo la Azitromicina -hasta acabarla en algunas farmacias- la administren o no, o si habiéndolo hecho aceptaran voluntariamente el tratamiento prescrito por el gobernador mediante medios y redes sociales».
El hecho revistió tal gravedad, que tanto el Colegio de Farmacéuticos como entidades que representan a los Médicos de la provincia, emitieron comunicados públicos previniendo del riesgo social que la acción del Gobernador representaba.
Se adjunta a continuación, el texto completo de la denuncia:
FORMULAN DENUNCIA PENAL
SEÑOR FISCAL:
Los abajo firmantes, SANTIAGO ZAMORA, dni. 24612383, argentino, CRISTIAN MATIAS BRIZUELA, DNI. 25423454, y VICTOR HUGO ARAMAYO, dni 8.203.811, todos con el patrocinio letrado de la Dra. Mariana Vargas, abogada del foro local, y constituyendo con ella domicilio legal en estudiojuridicovargas@yahoo.com.ar y Jose de la Iglesia 1381 B° Cuyaya de esta ciudad a V.F. decimos:
OBJETO
Que venimos por este acto a denunciar al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, a fin de que vuestra fiscalía analice los hechos que se denuncian a continuación, a fin de determinar la existencia de relevancia penal en las conductas realizadas por el denunciado, y en su caso se formule requerimiento de investigación jurisdiccional, por los delitos que pudieran corresponder, conforme art. 370 y 371 del CPP. Solicitan acumulación: en caso de que se haya promovido de oficio acción penal pública por los hechos relatados, se solicita la inmediata acumulación de los expedientes.
HECHOS
Que en fecha domingo 9 de agosto de 2020, pasadas las 21 hs., se emitió un nuevo informe del COE mediante la pagina de Facebook del gobierno de la provincia de Jujuy, que a la vez de transmitió por canal 7 de Jujuy y otros medios (el mismo puede verse haciendo click acá). En la misma participó el denunciado, gobernador de la provincia, que textualmente dijo a los minutos 40:00 “Cuando están en esa situación lo primero que tienen que hacer es el antibiótico, paracetamol, y el médico inmediatamente y la citromicina, y tener el antibiótico para irla peleando y meterle ahí para irla peleando porque sino lo que estamos viendo, díganme si me equivoco, séptimo octavo día el bicho te clava cuando te descuidas”.
Luego, a los minutos 45:13 el gobernador insiste: “Es decir atención primaria de la salud, seguimos buscando terapistas, fortalecer atención primaria de la salud y llegar con el kit y que se metan antibiótico de entrada nomas apenas tengan síntomas, el corticoide el médico tiene que decir cuando, cuando desatura, eso ya todo lo tienen que ver con los médicos pero digo atento también los médicos porque a veces hay médicos que le dan solo paracetamol, están con síntomas y no les dan la citromicina, entonces es importante irla peleando de entrada, los tres caminos…”
La conducta de recetar medicamentos incluso en debate con profesionales médicos de modo público, tuvo una repercusión extrema, ya que no solo se trata de 34 mil reproducciones del video a las 20 horas de emitirse el informe del COE número 152, sino que al medio día ya se había agotado la Azitromicina en varias farmacias y dicho video fue transmitido por la televisión pública que llega hasta el último pueblo de nuestra provincia.
Señala el art. 208 del Código Penal en el capítulo IV dedicado a los delitos contra la salud pública: “Será reprimido con prisión de quince días a un año: 1º El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito;
También señala el artículo 207: “En el caso de condenación por un delito previsto en este Capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un año.”
No importa Señor Fiscal si esta conducta del gobernador causa o no causa daño en quienes sigan las indicaciones dadas por el denunciado en el informe citado, ya que en esta conducta contra la salud pública no es necesario que se constituya el daño para que se configure el delito. Tampoco es necesario que quienes fueron a comprar en la mañana del día siguiente a transmitirse en directo este video la Azitromicina -hasta acabarla en algunas farmacias- la administren o no, o si habiéndolo hecho aceptaran voluntariamente el tratamiento prescripto por el gobernador mediante medios y redes sociales.
Debemos sumar, además, como una pluralidad de actos al de mantener ese video en la página de Facebook del Gobierno Provincial, y garantizar la reproducción del mensaje, el flyer que en consonancia con las expresiones del gobernador se subió en la misma página de Facebook, que también se adjunta a la presente en copia, que fue notificada a seguidores de dicha página. La prescripción de tomar los medicamentos dejó de ser una conducta “aislada”.
Ello motivó que debieran pronunciarse colegios profesionales, habiendo emitido un comunicado oficial el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy.
Como ha dicho la jurisprudencia: El delito previsto en el inc. 1, art. 208, Código Penal, en el supuesto imputado, tutela la salud pública contra el ejercicio del arte de curar por parte de quién no tiene título ni autorización para hacerlo. Así, el autor afecta la salud pública, estado de bienestar físico, psíquico y social de personas indeterminadas, mediante un tratamiento inadecuado por parte de quién carece de título habilitante; que posibilita la creación de un riesgo para la salud de los pacientes. El título profesional es el que otorga una habilitación para ejercer o enseñar la ciencia. Es el que otorga la condición de «habilitado» en sí misma. 0.6683 || Haggi Lacerda, Felipe Nori s. Ejercicio ilegal de la medicina en concurso ideal con usurpación de título y honores, en concurso real con uso de documento falso, todos en concurso real entre sí /// Trib. Crim. Nº 1, La Plata, Buenos Aires; 13/12/2019; Rubinzal Online; 2908; RC J 13353/19.
La prescripción de medicamentos específicos por parte del gobernador en medios de difusión masiva, siendo una persona que no tiene el título habilitante para ello, implica, en medio de la peor emergencia sanitaria de Jujuy, la creación de un nuevo riesgo para la salud de quienes de a miles padecen y se contagian de COVID en Jujuy.
El problema es que a partir de las nuevas tecnologías, dicha conducta puede llegar a muchas comunidades, no solo limitarse a la provincia de Jujuy. De hecho si bien la transmisión de canal 7 de Jujuy llegó solo a nuestra provincia, la reproducción del video en la página de Facebook puede darse en cualquier otro lugar y llegar a cualquier otra comunidad. La prescripción de un medicamento en esta nueva etapa de las comunicaciones, implica abordar esta conducta, insistimos, no como un hecho aislado, sino como una conducta de intensa incidencia, lo que se prueba no solo con la numerosa reproducción del video en la Página Oficial del Gobierno de la Provincia, sino en las consecuencias que prueban ello, y que se acreditan con el agotamiento del medicamento en las farmacias al día siguiente.
PRUEBA
Se acredita lo denunciado con el video subido en la página de Facebook del Gobierno de la Provincia de Jujuy, que se remitirá vía e mail al correo de la Fiscalia o en cd o pendrive.
Se adjunta copia del flyer que sigue en la tesitura del gobernador de prescribir medicación.
Se solicita se cite al presidente del Colegio de Farmacéuticos.
PETITORIO
Por todo lo expuesto, de V.F. se solicita:
Se tenga por formulada formal denuncia penal, tramitando la misma conforme art. 370 y 371 y ss. del CPP.
Proveer de conformidad. Será Justicia.
Gabriela Reartes, rurales Salta: «Molestamos a los terratenientes y grupos económicos de la provincia»
Gabriela Reartes, Secretaria administrativa de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES) denunció en Radio Gráfica el hostigamiento judicial, mediático y político que recibe la organización sindical por parte de los grupos económicos agropecuarios de la provincia.
El pasado viernes 31 de julio, la sede del gremio ATRES en Rosario de Lerma, Salta, junto a otros dos domicilios, tuvieron violentos allanamientos ordenados por el Poder Judicial de la provincia. El mismo se produjo tras una campaña mediática de desprestigio por parte de los medios de comunicación locales. Un lawfare en escala sobre un sindicato que impulsa la organización de trabajadores rurales de la región.
“Venimos hace ya más de quince días que nos vienen ‘volteando’ en todos los medios, tanto en radio como en televisión, y hemos salido en un par de diarios también, donde se acusa a la organización, a los dirigentes, y a mi persona, de robo, de corrupción, nos acusan de estafa hacia trabajadores”, puntualizó Gabriela Reartes, una de las referentes de la organización.
ATRES representa a trabajadores rurales en un sector donde la UATRE, gremio reconocido del sector tiene una ya larga historia de complicidad con las cámaras patronales.
Esta agrupación que es atacada y hostigada constantemente en Salta, según Reartes se debe a que “logramos hacer tantas cosas que, a estos terratenientes, a estos grupos económicos, que tenemos aquí en la Provincia, les molesta”.
“Hay que tener un poder muy fuerte como para hacer un allanamiento sin ninguna clase de prueba porque le molesta al poder político que una organización haga tantas cosas”, indicó la referente social.
“Como no hay forma de encontrar algo malo en la organización, empezaron a pegar con el tema de la corrupción, con que manejamos ‘guita’ del Estado, que hablemos de los millones que nos quedamos, que teníamos casas y terrenos guardados, o inclusive sobre autos o camionetas a nuestro nombre”, detalló.
Sin embargo, a pesar del mal momento que pasaron el viernes con el allanamiento, Reartes manifestó que “nos asombró el apoyo de los trabajadores, afiliados, militantes, vecinos y vecinas. También de las compañeras de los merenderos, porque tenemos quince merenderos en todo el Valle”.
“No hay ninguna imputación, tienen todos los papeles para seguir revisando. Nosotros vamos a estar haciendo una contradenuncia por calumnias e injurias, por daños, porque no solo afectaron a los dirigentes, y militantes, sino también a su familias”, advirtió.
LA TAREA DE ATRES
Reartes destacó “venimos laburando hace muchísimo tiempo, estamos más empoderados que nunca, porque nos dimos cuenta que, en esta Provincia, los trabajadores siempre agachamos la cabeza, pero si las gente se siente representada por su sindicato que pelea por ellos que está siempre presente”.
Desde ATRES “no cobramos cuota sindical, porque sabemos que la UATRE les descuenta a los trabajadores, y la verdad es que el salario es tan poco que terminan cobrando una miseria”, evidenció, agregó que “a través de una organización social que es La Martín Fierro empezamos a conseguir recursos, para potenciar el trabajo de cada compañero que milita y que participa en la organización, para que tengan recursos en sus bolsillos”.
“Durante este contexto, a través de la mercadería hemos recorrido toda la Provincia, llevando bolsones a los barrios, a las fincas y parajes rurales porque sabíamos que ninguno de ellos en plena pandemia pudieron acceder a los beneficios que brindaba el Estado, por encontrarse registrados no pudieron obtener el IFE, ni la tarjeta Alimentar”, describió.
ATRES ha conseguido diferentes beneficios para los y las trabajadores, entre ellas el beneficio del programa Intercosecha con un aumento de más del 100%, un convenio en el Hospital zonal para que puedan trabajar allí, y la firma de un convenio con los productores a cambio de quince hectáreas para las cosechas.
En estas tierras la militante subrayó que “los trabajadores son autogestionados, ellos mismos van y producen. En esta época del año estamos a punto de cosechar, y una parte va al arriendo, y otra para ellos mismos, para que puedan seguir progresando”.
Finalmente, Reartes resaltó que “si fuéramos tibios, y si no hiciéramos nada, y nos quedamos atrás de un escritorio, esto no pasaría, pero la decisión de la organización es movernos, hacemos lo que nos gusta y tenemos que hacer, que es defender los derechos de los laburantes. Tocamos callos, y les molesta”.
- Entrevista: Lautaro Fernández Elem y Leila Bitar (Lunes a Viernes 10 a 13 hs.)
- Redacción: Carolina Ocampo
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