11 DE AGOSTO 2020
Este martes fue presentado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales. En la presentación que hicieron el procurador General de la Provincia y la fiscal de Derechos Humanos, participaron integrantes de la Mesa de Derechos Humanos, de la Asociación HIJOS y de la Asociación de Pensamiento Penal, además de legisladores y funcionarias.
Este martes fue presentado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales https://www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial. En la presentación que hicieron el Procurador General de la Provincia y la fiscal de Derechos Humanos, participaron integrantes de la Mesa de Derechos Humanos, de la Asociación HIJOS y de la Asociación de Pensamiento Penal, además de legisladores y funcionarias.
El procurador general, Abel Cornejo, se refirió al nuevo canal que puso a disposición el Ministerio Público Fiscal y mediante el cual, cualquier ciudadana o ciudadano, podrá denunciar abusos policiales en un trámite sencillo y seguro, sin necesidad de asistir a una comisaría.
Cualquier ciudadano o ciudadana podrá denunciar abusos policiales en el sitio: https://www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial.
Cornejo afirmó que las denuncias y posteriores investigaciones, permitirán combatir los atropellos, torturas, violaciones y vejaciones, a la vez que calificó como “repugnante” que esos delitos sean cometidos por funcionarios del Estado. Citó al autor de “La Sociedad Docente”, Avishai Margalit, quien sostiene que “una sociedad civilizada es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros” y aclaró que la política pública para avanzar contra los abusos, no significa “estar en contra de nadie y sí a favor de la vida digna y de la plenitud como sociedad, la cual debería poder ser diversa e igualitaria”.
En el mismo sentido, dijo Cornejo que en Salta debe garantizarse el derecho a la expresión y que éste se ejerza sin miedo. “La cultura es expresión. Un artista sin sustento -más que el de su propio talento- y sin posibilidad de ejercer su arte, es coartado en su libertad”, afirmó el Procurador. Al mismo tiempo, consideró que “es saludable que la sociedad tenga expresiones de disconformidad, porque desde la diferencia y la armonía, se forma la convivencia”. Pidió tener presente el artículo 14 de la Constitución Nacional y expresó que no debería existir un avasallamiento del Estado, “porque eso, a la Argentina, ya le costó muchísimo dolor”.
Entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el Ministerio Público Fiscal espera el tratamiento de la Ley de Creación de Juzgados Contravencionales (con media sanción del Senado) y del proyecto para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. Ambas iniciativas se encuentran en la Cámara de Diputados de la Provincia.
Por su parte, la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, destacó la posibilidad de acercar la justicia a la ciudadanía y evitar la revictimización. Aclaró asimismo, que si bien el modelo de radicación de denuncias a través de un sitio web se adoptó del existente para denunciar hechos de microtráfico y robos, el Ministerio de Seguridad de la Provincia no tendrá acceso a las denuncias de abuso policial, ya que las personas denunciadas pertenecerían a esa cartera.
Finalmente, la coordinadora de Informática del MPF, Patricia Aballay, compartió una simulación del sistema.
Con el procurador y la fiscal, estuvieron la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, María Martínez Morales Miy; el del INADI en Salta Gustavo Farquharson; la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, Walter Cruz. También asistieron Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet; Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo; Cristina Cobos y Rodrigo Solá, de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura; Blanca Lescano, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Causas políticas y Gremiales; Canela Álvarez y María José Castillo, de HIJOS Salta; Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, de la Asociación Pensamiento Penal Salta, entre otros.
Fuente:ElTribuno
Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2020.
Recientemente, entre gallos y medianoche, se pudo conocer que está muy avanzado en Cancillería y próximo a la firma un acuerdo con China para dar luz verde a mega-granjas industriales que multiplicarían la cantidad de cerdos que habitualmente se utilizan en el país para la alimentación y la exportación. El acuerdo habla hasta un total de 100 millones de cerdos que serían destinados a la alimentación del pueblo chino, muy adicto a este tipo de carnes. Como contrapartida, y eso es lo que vende como «positivo» el gobierno, entrarían dólares, «muchos dólares», segun sostienen. Lo que no cuentan pero es fácil deducir es que estas mega-granjas son un expecie de «campo de exterminio para cerdos», donde nacen y crecen ultra hacinados, y para que no se coman entre ellos le extraen los colmillos y les cortan la cola. Detrás de esta superpoblación vendrán nuevas y viejas pandemias, como la «peste porcina africana» y otras similares. O sea un verdadero desastre ecológico y sanitario, como si no bastara con lo que ahora ocurre con el Covid-19 (también producto de este tipo de experimentos).
Para ejemplo, de lo que ocurre con este tipo de «proyectos» en otros países vale la pena leer lo que se denuncia desde Yucatán, México:
EXCREMENTOS DE MEGAGRANJAS PORCINAS DE YUCATÁN ESTÁN DAÑANDO SELVAS Y CENOTES
El creciente apetito por la carne y el incremento en el consumo de proteína a nivel nacional, ha provocado un aumento exponencial de megagranjas de cerdos en la Península de Yucatán, cuyas aguas residuales se descargan en la selva maya, acabando con la vegetación en donde se riega en al menos cinco municipios yucatecos: Kinchil, Maxcanú, Opichén, Chocolá y Homún.
Ahí, las comunidades temen que las descargas de las granjas se infiltren al acuífero del cual dependen, además de que ya no soportan el hedor que genera la creciente industria porcícola y la proliferación de moscas verdes en sus domicilios, poniendo en riesgo la salud e incluso la actividad apícola que caracteriza a la región.
Un estudio lanzado hoy por Greenpeace México, que forma parte de la campaña “Mi dieta salva el planeta” encontró que en la Península de Yucatán –Campeche, Quintana Roo y Yucatán– existen 257 granjas porcinas registradas en las bases de datos públicas, de las que solo 22 por ciento presentaron Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Esto, a pesar de que el 45 por ciento de la industria porcícola se desarrolla sobre la selva seca y en áreas naturales protegidas, justamente sobre la mayor zona de recarga del acuífero en el país, la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes donde operan 36 granjas megaporcinas.
“Encontramos que se ha llevado a cabo una deforestación de aproximadamente 10 mil 992 hectáreas, también que están vertiendo estos desechos, principalmente nitratos, nitritos, nitrógeno, y fósforo directamente al suelo, ocasionando una infiltración de estos contaminantes hacia los cenotes y también dejando en el suelo metales pesados, lo que provoca que la fauna y la flora muera”, denunció Viridiana Lázaro, campañista de Alimentación y Agricultura de Greenpeace México.
Pero las cifras oficiales son más alarmantes. Tan solo en Yucatán existen 410 granjas porcinas que en 2019 produjeron 2 millones 200 mil cerdos, reveló el representante de la Secretaría de Agricultura en la entidad, Juan Carlos Gamboa Bustamente. Se espera que ese volumen se incremente este año aún frente a la pandemia de covid-19.
Si se estima que cada cerdo en engorde produce entre 4 y 5 kilos de excrementos al día, significa que esos 2 millones 200 mil cerdos generaron alrededor de 11 mil toneladas de heces y orina en un año.
La historia de Agustín: ocho meses preso político en Chile
Por Federico Paterno, Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2020.
Agustín David Maril es oriundo de la localidad de Burzaco en el conurbano bonaerense. Durante el mes de enero se encontraba en Chile a metros de la Plaza Dignidad. Un lugar que, para esa época, era el epicentro de las marchas y reclamos populares que advertían al mundo entero que Chile despertó. Fue detenido el día 23 por Carabineros. Su familia viajó a los pocos días para poder acompañarlo. El Gobierno argentino y la Cancillería no se pronunciaron aún sobre este tema. Tampoco dieron respuestas claras a la familia.
La causa del joven está caratulada como lanzamiento de artefacto incendiario. Su detención ocurrió cuando Agustín se encontraba almorzando en una de las carpas que se dedicaba a los primeros auxilios durante el estallido social que tuvo el pueblo chileno. Ángel es uno de los ocho hermanos de Agustín, y accedió a hablar con ANCAP de la situación que padece hoy su hermano en el país trasandino: “como familia, nos enteramos a los cuatro o cinco días que él estaba detenido. Entonces, tomamos la decisión de viajar hacia Chile mi hermana Mara, mi hermana Luján, mi madre Cecilia y yo. Fue transcurriendo el tiempo, yo me volví, ahora hace poco se volvió mi hermana Luján y en Chile siguen estando mi hermana Mara y mi madre, acompañando a mi hermano, con el tema de las encomiendas, llevándole lo que se puede”. El contexto de la pandemia de Covid-19, hace que la familia no pueda tener contacto con Agustín por el momento.
El joven argentino de 20 años está hoy alojado en el módulo 12 de la cárcel de Santiago de Chile. En el módulo 14 era donde estuvo en primera instancia. Las fuerzas de seguridad alojaban a los presos de la revuelta social en ese lugar. Tras años de opresión de los gobiernos chilenos el pueblo se puso de pie y dijo basta. En ese contexto estaba Agustín dando su apoyo solidario. Malabarista por su afecto al arte circense y con un oído puesto en la música punk, llegó a Chile en julio del año pasado, tras su paso por la Costa Atlántica argentina, Rosario, San Luis, La Rioja, y Mendoza. Su última parada fue Chile. En el país vecino estuvo alojado en la comuna de Estación Central, siempre presente en las cotidianas marchas de la plaza Dignidad.
La defensa
En un primer momento el abogado de Agustín fue Arturo Vergara. Actualmente lleva adelante la defensa Oscar Magister del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo. “Al principio le dieron 45 días de investigación y prisión preventiva y se siguieron extendiendo. Tuvo dos audiencias para revisar su medida cautelar y en las dos, reiteraron que siga con prisión preventiva”, aseguró el hermano. Y en cuanto a los avances que pueda tener su causa advirtió Ánge: “el juez determino en la audiencia del viernes que se hacia el cambio a prisión domiciliara, la fiscalía y la abogada del Ministerio del Interior, que esta como querellante, apelaron esa decisión y ahora hay que esperar que decide la cámara de apelaciones”. El pedido de la familia y el letrado fue ante el juzgado N °7 de Garantías de Santiago.
La detención
Agustín, como ya dijimos, se encontraba en la carpa de primeros auxilios almorzando cuando fue bruscamente detenido. En primera instancia, Agustín fue trasladado a la Comisaría de Ñuñoa y posteriormente pasó al Penal de Santiago 1 en el módulo 14, el cual estaba destinado por los Carabineros a manifestantes de los reclamos sociales en Chile. Desde hace meses que la APDH de Rosario, encabezada por el abogado Federico Pagliero, está apoyando a la familia y exigiendo la libertad del joven. Este organismo de DD.HH. fue parte observadora en la audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes vía zoom.
Respecto al vínculo que sostiene la familia con Agustín, su mamá y una de sus hermanas son quienes pueden aún estar en Chile y tener contacto con él. Sobre esto nos comentó Ángel: “las veces que podemos llegar a comunicarnos con él, es más que nada para saludarnos, brindarnos apoyo y cariño”.
¿Y el gobierno argentino?
La familia intentó tener acercamientos al Gobierno Nacional para que puedan interceder por Agustín en esta causa que no se sostiene en ningún argumento certero. En reiteradas oportunidades la familia se acercó al Consulado argentino en Chile, sin éxito hasta el momento: “en Argentina, en la Cancillería, hemos llevados varias cartas, con organizaciones de Derechos Humanos también, solicitando que intervengan. Una de esas cartas fue recibida y nos recibieron a mí y a mi padre, y nos dijeron que iban a arbitrar todos los medios posibles para obtener la liberación de Agustín, cosa que al momento no vimos nada de eso, porque no se han pronunciado o por lo menos nosotros no lo sabemos. Nos reciben las cartas, nos reciben a nosotros, pero no han hecho nada por el momento, nos dicen que van a hacer todo lo posible para arbitrar, pero no lo hacen”, afirmó Angel.
Agustín, es uno de los más de 2500 presos políticos que tiene Chile actualmente. El afecto de su familia es un gran respaldo durante su vivencia en la cárcel de Santiago. Su mirada de solidaridad respecto a cómo pensar la sociedad lo llevó a Chile, lo hizo parte de un reclamo justo y hoy se encuentra después de ocho meses preso allí. Es un preso político. Está detenido de manera injusta y el gobierno argentino hasta el cierre de esta nota no tuvo ninguna acción concreta para que esto cambie. Su familia, amigos, y organismos de derechos humanos reclaman su inmediata libertad.
Fuente: AnRed
Por Daniel Díaz Romero, Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2020.
Esta historia podría haber comenzado así: cualquier día, a cualquier hora, un peón sale del casco de la estancia de una tradicional familia cordobesa con un bidón colmado de combustible y recorre a caballo la inmensidad de Pampa de Achala.
De un lado, la enormidad, el sonido quieto de un arroyo. El combustible vuela por el aire y cae pesado. El sobrevuelo de un cóndor como único testigo del fósforo que cae encendiendo los primeros bocados de vegetación. El silbido del viento, la quietud y miles de vertientes brotando del suelo. Las columnas humeantes, el chasquido del pastizal que se empieza a consumir. Aves que agitan el cielo y un zorro que deja de perseguir a su presa presintiendo el peligro de las llamas por detrás.
Cualquier día, a cualquier hora, asoma la silueta del vigía subido al techo de una camioneta observando el horizonte con sus binoculares. Se detiene siempre en el mismo punto del horizonte y, otra vez, su voz anuncia: “…Hay fuego en los Becerra…”.
Una frase que fue repetida 208 veces en 4 años, por fuegos iniciados en 2 estancias: 170 incendios en Paso de las Piedras y 38 en San Alejo.
El primer gran incendio de este año en las sierras de Córdoba ocurrió el 17 de mayo en Pampa de Achala, en un campo propiedad de la familia Becerra. Las llamas ingresaron, una vez más, al Parque Nacional Quebrada del Condorito.
Incendiarios seriales en una historia abarrotada de avaricia, impunidad y desidia. Esta es la historia de los Becerra, sus estancias y el Parque Nacional Quebrada del Condorito; el retrato de una familia de empresarios ganaderos que mantiene en vilo a un parque nacional cada vez que sus fuegos invaden el área protegida amenazando la biodiversidad que contiene especies únicas en el mundo.
Los incendios en los campos Becerra se originan allí, desde hace décadas, en territorio de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, contigua al parque y de estratégica importancia como bien común porque es la “fábrica de agua” donde nacen los ríos que abastecen a buena parte de la provincia. Todo esto bajo la mirada pasiva de la Secretaría de Ambiente de Córdoba que ve cómo se inician los fuegos en un área natural protegida que está bajo su tutela.
Alejandro y Francisco Becerra son apuntados como propietarios de las 2 estancias en Pampa de Achala que, en 4 años, registran 208 incendios intencionales: San Alejo y Paso de las Piedras, donde inician fuegos recurrentes para el rebrote de pastos que engordan su ganado, en la alta montaña cordobesa.
Contrafuego
Según el cálculo presentado por Germán Jaacks -intendente del Parque Nacional Quebrada del Condorito- a la justicia provincial, el último de los 208 incendios provocados intencionalmente en estas 2 estancias demandó más de $ 2 000 000 provenientes de fondos públicos para financiar el operativo de 2 días en el que debieron participar cuarteles de bomberos voluntarios de diferentes regionales, personal de Parques Nacionales, brigadistas, integrantes del Plan Provincial de Manejo del Fuego -incluido 1 avión hidrante- y efectivos policiales. La presencia de estos últimos, relacionada con que los bomberos voluntarios deben ingresar a los campos contiguos de la familia Becerra -desde hace años- con escolta policial debido a las amenazas recibidas.
Nunca, en los 208 incendios registrados en sus campos, los Becerra avisaron a los bomberos para que acudan a apagar el fuego. Cuando estos asistían alertados por vecinos, los recibían con disparos al aire.
Sergio Acosta tiene 32 años de experiencia como guardaparque y 15 de ellos los dedicó a especializarse en el tema de incendios forestales. Actualmente, es el intendente del parque nacional más importante de la Argentina: el Parque Nacional Iguazú. Hasta el año pasado, fue el responsable de Quebrada del Condorito, y allí debió enfrentar episodios relacionados con las estancias de los Becerra.
Acosta, en comunicación desde Iguazú con Sala de Prensa Ambiental, señaló que: “Los Becerra son quemadores desde tiempos inmemoriales, tanto en Paso de las Piedras como en San Alejo. Ya van por la segunda o tercera generación que tiene por costumbre quemar para que el pasto rebrote: provocan incendios para que el ganado tenga mayor pastura y han hecho de eso una práctica habitual. No miden si es la época apropiada o si se trata de la temporada alta de incendios; cuando se les canta, queman. Se jactan de que lo han hecho toda la vida y que a ellos no se les escapan los fuegos, cosa que no es así, podemos dar fe de ello”, sentencia el funcionario de la Administración de Parques Nacionales.
Germán Jaacks da cuenta que “en la mayoría de los campos vecinos al Parque Nacional, es muy extraordinario que haya una columna de humo, excepto por 2 estancias en las que hay fuego muy seguido: si calculamos un promedio semanal en los últimos 4 años, hablamos de 1 incendio por semana. Es una bestialidad”, sentencia Jaacks y afirma que “no existe en toda la provincia de Córdoba un promedio así. ¿Quién es el responsable de esas estancias? Es lo que la justicia tiene que investigar porque son campos que, según los registros catastrales, tienen varios dueños. La mayoría tiene el mismo apellido: Becerra”.
Los sospechosos de siempre: “Hay fuego en los Becerra”
Según el testimonio del anterior intendente del parque nacional, Sergio Acosta,“a los Becerra, en el 2017, se les escapó un fuego de la estancia San Alejo (en el límite oeste de El Condorito) que entró a un campo vecino dentro de la reserva del Parque Nacional”. En esa ocasión, actuaron los bomberos de Mina Clavero y la policía de La Posta junto a una fiscal de la provincia: “En esa oportunidad -dice Acosta-, allanaron el campo, pero Becerra no estaba, o, si estaba, se escondió muy bien porque no lo encontraron. Pasado un año de aquel incendio, con nuestro abogado nos dimos cuenta que esa causa judicial estaba frenada”.
—¿Fueron un dolor de cabeza los Becerra durante su gestión?
—“Para el parque El Condorito, fueron un dolor de cabeza y por eso me ocupé de registrar cada uno de los incendios que generaron desde sus campos hacia la reserva o al parque. Fuimos minuciosos en la toma de datos”, asegura Acosta y agrega que “el resto de los propietarios de campos privados en Pampa de Achala no son así. Los Becerra no aceptan las políticas de Parques Nacionales, nos han dicho: …“Ustedes crían pumas en ese pajonal inmundo que no sirve para nada”…
“…Hay fuego en los Becerra… y teníamos la obligación de ir porque, si no acudíamos, se nos podía quemar el Parque, recuerda el exintendente de El Condorito y agrega que “la asistencia a esos incendios hizo que tuviéramos un desgaste prolongado, porque íbamos para ver si el fuego entraba o no… y, en algunas oportunidades, entraba, como era sabido.
Ellos ni siquiera avisaban que habían iniciado el fuego en sus campos y eso es muy grave. Incluso cuando los índices eran extremos en Córdoba (durante los grandes incendios provinciales del 2013 y 2015), los Becerra seguían: todo el mundo estaba a 18 manos tratando de apagar el fuego en media provincia y ellos seguían quemando”, dice Acosta y agrega que “durante semanas en las que la provincia estaba ardiendo, seguían prendiendo fuego en el campo. No les importaba nada y eso me daba mucha bronca realmente, mucha bronca”.
Los becerros de los Becerra
La familia Becerra es fundadora de la genética Brangus colorada desde hace 30 años y exportan sus animales a Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. Alejandro y Francisco son la tercera generación del establecimiento ganadero que inició su abuelo Rodolfo, hace 66 años, un campo de cría de vacas Angus en las sierras grandes de Córdoba. Desde entonces, vuelven de la Rural de Palermo con toros y vacas campeonas.
Sergio Acosta, a pesar de estar abocado a sus funciones en el Parque Iguazú, ha seguido el caso del último incendio provocado intencionalmente en Pampa de Achala: “Esta vez, la policía llegó a la estancia y lo llevaron detenido”. La detención de Alejandro Becerra y dos de sus peones, por parte de la justicia cordobesa, duró sólo unos días.
En declaraciones a Sala de Prensa Ambiental, la Fiscal de Instrucción de Villa Cura Brochero, Analía Gallarato, da cuenta que “en esta causa, se detuvieron a 3 personas quienes, después de la declaración indagatoria, recuperaron la libertad; uno de ellos bajo fianza: Alejandro Becerra, propietario de una estancia”.
El 31 de julio pasado, la Fiscal Gallarato pidió la elevación a juicio de la causa por el incendio originado, el 17 de mayo último, en estancia San Alejo. La fiscal no quiso dar precisiones a este medio acerca del monto pagado por Alejandro Becerra para recuperar su libertad bajo fianza: “No es una información útil para darla a conocer”, sostuvo.
“Los tres están imputados por el incendio y ahora la causa va a juicio, es decir que se han recolectado pruebas suficientes para considerar que han sido los responsables de un delito caratulado como incendio intencional”, afirma la Fiscal de instrucción de Villa Cura Brochero.
Por su parte, Martín Cascone (abogado que asistió al intendente Acosta durante el periodo 2015-2019) señaló a Sala de Prensa Ambiental que “sabemos que son infractores habituales, todos conocemos quiénes son. Evidentemente, la fiscal debe estar en conocimiento de que se producen supuestos hechos delictivos referidos a quemas intencionales y supuestas intimidaciones a los bomberos provinciales en el campo de esta gente”.
A los tiros contra los bomberos
Sergio Acosta asegura: “Cuando los bomberos de Mina Clavero se notifican que hay incendio en las estancias Paso de las Piedras o San Alejo –propiedad de los Becerra-, primero, pasan por la policía para pedir custodia: no suben a la montaña si no los acompaña un patrullero porque el tipo ya los ha corrido a los tiros del campo”. En el mismo sentido, comenta el abogado Cascone: “He escuchado acerca de que los bomberos manifestaban temor por ingresar a estos lugares donde no les franqueaban el paso”.
Consultado por Sala de Prensa Ambiental, Ariel Machuca -jefe de Bomberos Voluntarios de Mina Clavero- señala: “Siempre solicitamos escolta policial cuando entramos a esas estancias”.
—¿Es habitual que soliciten escolta policial cuando acuden a sofocar un incendio?
—“Nos pasa con estas 2 estancias, en otros incendios, ingresamos con tranquilidad a los campos porque se supone que vamos a colaborar para defender un bien común, no debería haber objeción de nadie, pero bueno… tenemos antecedentes ahí, así que, para acercarnos a esa estancia, nuestro cuartel solicita la escolta policial. Queda asentado en actas, nos movemos y se mueve el patrullero con nosotros”, indica el jefe de Bomberos Voluntarios de Mina Clavero.
—¿Los amenazaron cuando quisieron apagar incendios en esos campos?
—“Hubo amenazas, claro. Se escuchaban disparos cuando nos acercábamos”.
El abogado Cascone indica que “hay actuaciones penales en el Juzgado Federal N° 2, identificado como FCB1607/2014, en una causa anterior que lo tuvo como imputado a Alejandro Becerra y como denunciante al guardaparque intendente de ese momento, Marcelo Ochoa -otro ex intendente de El Condorito, actualmente al frente del Parque Nacional Tierra del Fuego-. Se trata, en este caso, de un incendio del 2013 en donde puede que su hermano, Francisco Becerra, también haya estado sindicado. Ambos tenían imputaciones y no podían salir del país por eso. Agrega Cascone: “También, hay otra denuncia presentada el 14 de noviembre de 2012 -actuaciones 120232/12- que investiga el mismo fiscal federal, por un incendio que provino del campo de Francisco Becerra, Paso de las Piedras”.
Respecto de los procesos judiciales anteriores, Cascone indica que “hicimos otra denuncia con Acosta, en septiembre de 2017, y consta en las actuaciones N° 1210596/17, sumario interno 848/17 a cargo de la Unidad Judicial de Mina Clavero, por el penúltimo incendio, esta vez, proveniente de estancia San Alejo. En su momento, le dijimos a la fiscal que tomó la denuncia que, entre los años 2014 y 2017, en la estancia San Alejo, se habían registrado 23 eventos de columna de humo que produjeron 28 incendios, es decir, más de una columna de humo en el mismo evento”.
“En 14 de esos 28 incendios, ante el riesgo probable de que el fuego ingresara al Parque o a la Reserva -continúa diciendo Cascone-, tuvo que intervenir el cuerpo de guardaparques nacionales, la brigada de incendios forestales y agentes que estaban en terreno; hubo que desplazar todo ese equipo 14 veces para proteger los límites del Parque Nacional Quebrada del Condorito porque la Nación no tiene jurisdicción sobre los campos de Becerra. En 5 de esas 14 ocasiones, también tuvo que intervenir el Plan Provincial de Manejo del Fuego con infantería de bomberos de la provincia y aviones hidrantes, todos poniendo en riesgo su vida para proteger los bienes de todos”, explica el abogado.
Todos los focos de incendio, a excepción de uno, se observaron en los meses de junio a noviembre, coincidiendo con la temporada de riesgo extremo de incendios. El abogado Cascone señala que “esto no es un dato menor porque advertimos que hay un evidente y total desinterés por el riesgo creado. También, por el enorme daño que los incendios pueden producir en época de máxima restricción en la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, donde está prohibido el uso del fuego. Esta es información objetiva que consta en los registros de parques nacionales”, afirma el letrado.
—¿Estamos hablando de 30 años de impunidad de la familia Becerra en Pampa de Achala?
—“No sabría decir desde cuándo son impunes estos muchachos. Estamos hablando de impunidad y de desidia por parte de la justicia, hablamos de la falta de cuidado de los recursos naturales y de la desprotección de los bienes de las personas”.
Mandale mecha
Jaacks indica que “lo que más preocupa es la recurrencia de estos incendios, pero, además, en Córdoba, tenemos una Ley de Manejo del Fuego que obliga a todas las personas del territorio provincial a denunciar cualquier columna de humo que observen, entonces: ¿Cómo puede ser que algunas personas que han convivido con el fuego nunca denunciaron que los tenían en sus campos? Lo objetivo es que se producen muchos incendios y nunca dan aviso, eso está probado, falta saber quién encendió el fosforito. No hay un solo aviso en años por parte de la gente que habita o posee esos campos ante semejante cantidad de columnas de humo”.
—¿Para qué prenden fuego?
—“Los intendentes que me anteceden consideraron que tenían pruebas suficientes para denunciarlos por quemar para obtener pasturas. En Pampa de Achala, hay épocas del año donde falta alimento, queman y listo: no hay que comprar rollos de alfa y ya está, le dieron de comer a sus vaquitas”.
Ana Cingolani, bióloga e investigadora del CONICET, desde hace 21 años realiza estudios sobre el ecosistema de Pampa de Achala y explica que “la quema es para el rebrote del pasto en época seca: queman porque los pastos en invierno se secan y, con el fuego, rebrotan antes de la época de lluvias; pero el problema de fondo es que tienen más animales de los que el sistema ecológico puede sostener, una cantidad que, además, va a producir erosión de suelo. También, en los lugares donde hay plantines de tabaquillo, el ganado se los come y no deja que el bosque se regenere”, expresa la científica y aclara que “hay productores ganaderos que no queman y pueden producir, es decir que pueden solucionar el problema de la falta de alimento para su ganado manejando el campo de otra manera”.
—¿Por qué no hay que quemar pastizales en Pampa de Achala?
—“Suceden dos cosas muy graves: una es que se pierde suelo. Con mi equipo, hicimos mediciones acerca de la cantidad que se pierde en lugares incendiados: cuando se quema, queda todo descubierto y las primeras lluvias se llevan, por lo menos, un milímetro de suelo.
Los suelos que tenemos en Pampa de Achala son los que guardan el agua de lluvia y, de ese modo, podemos tener ríos en invierno. Es un problema que puede parecer pequeño (1 milímetro de suelo perdido), pero que, en la sumatoria de los años, es gravísimo porque ya perdimos un 20% de esos suelos; esto se debe al fuego y a la ganadería con cargas excesivas”, aclara la especialista que completa diciendo: “El otro grave problema que causa el fuego es que, al año siguiente del incendio, se reducen los caudales de los arroyos que nacen en Pampa de Achala”.
—¿Pampa de Achala es la fábrica de agua de Córdoba?
—“La gran mayoría de los ríos cordobeses nace allí y son los que traen más agua. El dique San Roque, por ejemplo, depende de Pampa de Achala. La mayor cantidad de agua viene de allá arriba, por eso, es muy importante el manejo de esas cuencas y su ecosistema”.
—¿Cuál ha sido su experiencia respecto de los incendios en las estancias San Alejo y Paso de las Piedras?
—“Es habitual que en San Alejo y Paso de las Piedras se vea fuego. En particular, me tocó vivir algunas situaciones mientras medíamos caudales de varios arroyos en 2016 y 2017, después del gran incendio que hubo en el Parque en el 2015. En agosto y septiembre, íbamos a hacer ese trabajo una vez por semana para evaluar cómo el fuego afectaba los caudales y teníamos algunos puntos de medición cerca de Paso de las Piedras. Recuerdo estar trabajando y que estuvieran quemando en esa estancia, bastante cerca de donde estábamos, por lo que lo hacíamos con miedo, al punto que pensamos en dejar de hacerlo. Digamos que tuve miedo unas cuantas veces”, expresa la científica.
Números que queman
Para sofocar el incendio iniciado en la estancia San Alejo, el 17 de mayo pasado, tuvieron que movilizarse numerosos vehículos, dotaciones de bomberos y brigadas forestales que debieron trasladarse hasta el lugar durante dos días. Para sofocar este incendio, también hubo que recurrir a un avión hidrante ante la amenaza de que el fuego llegara a la ruta de las Altas Cumbres. Según fuentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego consultadas por Sala de Prensa Ambiental, la hora de vuelo del avión hidrante tuvo un valor de U$S 1 300. Comenta Jaacks: “En esas dos jornadas de trabajo, en la que una aeronave tuvo que trabajar 7 horas, se fueron más de $ 2 000 000 que pagamos todos los cordobeses. Esa cifra representa más del 30% de lo que desembolsa Parques Nacionales en sus gastos operativos anualmente”.
—Desde el punto de vista jurídico: ¿cómo es posible que se hayan registrado 208 columnas de humo en tan sólo 4 años si Pampa de Achala es un área natural protegida donde está prohibido el uso del fuego?
—“La respuesta es muy clara y no hace falta ser abogado para dársela -indica el abogado Martín Cascone-: Esto es producto de la desidia de la justicia cordobesa que no se interesa en las cuestiones ambientales. No es posible que, habiendo, al menos, 4 denuncias, en la justicia federal y provincial, relacionadas con incendios que pusieron en riesgo, más de una vez, al parque nacional más importante que hoy tiene la provincia de Córdoba, la justicia siga como si nada. Es producto de la negligencia de los jueces y fiscales cordobeses, y su decisión de no avanzar con las investigaciones”, concluye el letrado.
Fuente: La Tinta
Crece la tensión con Estados Unidos: advierten que el nuevo presidente del BID no puede ser elegido virtualmente
Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2020.
El gobierno de Donald Trump aspira a quedarse con un cargo que tradicionalmente ha ocupado América Latina.
El canciller argentino, Felipe Solá, advirtió que la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no debe llevarse a cabo en septiembre de manera virtual a pesar de las insistencias del Gobierno de EE.UU., debido a la importancia que reviste el cargo.
«El aplazamiento es necesario porque no puede salir algo tan vital para nosotros, como lo es el nuevo presidente del BID, de una reunión virtual», señaló al proponer, como ya lo hicieron Chile, México y la Unión Europea (UE), que la reunión se postergue para el próximo año.
También reiteró que Argentina sostiene la candidatura de Gustavo Béliz, actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, quien se enfrentará en la votación a Mauricio Claver-Carone, representante de EE.UU.
Con respecto a la fecha, Solá consideró que la votación, que hasta ahora está programada para el 12 y 13 de septiembre, no puede realizarse en medio de la pandemia de coronavirus, ya que ello imposibilita la negociación personal de «los gobernadores», tal y como se define a quienes votan en el organismo
El ministro de Relaciones Exteriores ratificó sus críticas al Gobierno estadounidense y sus aliados, que en esta ocasión pretenden romper con una norma no escrita de la diplomacia internacional.
«Desde que nació el BID en 1959, el presidente (Dwight D.) Eisenhower dijo que tendría sede en Washington pero con una presidencia latinoamericana, y ahora algunos quieren romper con esa tradición que es muy importante para nosotros», lamentó.
Además, añadió, el BID es fundamental para el futuro, pensando en el final de la pandemia, para que la reconstrucción de las economías se lleve a cabo con una visión latinoamericana, ya que esta región es la más golpeada por la emergencia sanitaria.
Agresión al sistema multilateral
La elección del nuevo presidente del BID estaba prevista a realizarse en marzo pasado en Colombia, pero se postergó para septiembre debido a la pandemia.
Desde su creación, el BID ha sido presidido por el chileno Felipe Herrera (1960-1970), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005) y el colombiano Luis Alberto Moreno, quien asumió en 2005 pero termina su gestión en septiembre próximo después de haber cumplido tres gestiones de forma consecutiva.
En junio pasado, el Gobierno de EE.UU. sorprendió al postular a Claver-Carone, actual secretario de Estado para América Latina y uno de los funcionarios de mayor confianza de Trump, ya que ello rompió con las normas no escritas del reparto de cargos en los organismos multilaterales.
De acuerdo con esta tradición, la presidencia del Banco Mundial siempre es ocupada por algún personaje estadounidense; el Fondo Monetario Internacional, por un europeo, y el BID, por un latinoamericano.
A pesar de ello, Claver-Carone recibió un inmediato respaldo de gobiernos de la región alineados con Trump, como Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, Paraguay y Uruguay, lo que desató una inesperada pelea regional ya que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y México, Andrés Manuel López Obrador, se oponen a que EE.UU. se quede con el cargo.
Su posición, sin embargo, es minoritaria, ya que para encabezar el organismo se requiere la mayoría absoluta del poder de sufragio y el país con mayor capacidad de voto es EE.UU. (30 %), seguido por Argentina y Brasil (11,35 % cada uno), México (7,29 %), Japón (5 %), Canadá (4 %), Venezuela (3,4 %), Colombia y Chile (ambos con 3,11 %).
La semana pasada, el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, respaldó la propuesta de Chile y de la UE para posponer la elección de la presidencia del BID porque los gobernadores no han podido reunirse para debatir presencialmente.
El Grupo de Puebla y los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Juan Manuel Santos (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) ya habían rechazado la candidatura de Claver-Carone, al considerar que su postulación representa una agresión de Trump al sistema multilateral.
Fuente: RT
Envio:RL
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