23 de agosto de 2020
La reunión entre el jefe de Estado y el dirigente gremial se extendió por más de 6 horas.
El sábado el presidente de Alberto Fernández y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, se reunieron para hablar sobre temas de actualidad y se analizó el desarrollo de un plan estratégico a implementar en los próximos meses para recuperar puestos de trabajo.
El encuentro en la Quinta de Olivos se extendió durante 6 horas, y se charlaron principalmente temas de actualidad como por ejemplo: "las consecuencias que está generado la pandemia en el sector laboral y la labor esencial de los trabajadores Camioneros" en el marco de la pandemia, según informó ambito.com.
Además, se estudió la reactivación en el ámbito laboral y el desarrollo de un plan estratégico a implementar para los meses post pandemia.
El último encuentro entre el Jefe de Estado y el sindicalista había sido en febrero en la Casa de Gobierno. En esa oportunidad, Moyano se retiró de la reunión sin hacer declaraciones a la prensa, aunque el Presidente aclaró que la visita respondía a "una serie de reuniones con sindicalistas" para hablar del tema paritarias.
En abril, Fernández definió a Moyano como "un dirigente ejemplar" en un acto durante el cual se inauguraron nuevas obras del Sanatorio Antártida. “Hugo es un dirigente gremial ejemplar. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos; nunca cedan, sean como él”, fue una de las frases del jefe de Estado que tuvieron como destinatario al dirigente de Camioneros.
En el mismo discurso en el que también calificó como “inmenso” al presidente del club Independiente, el mandatario planteó que durante muchos años “les quisieron hacer creer a los argentinos que el problema eran los dirigentes políticos y los sindicalistas”. “Y el problema de la Argentina son los que creen que sobra gente, no los que creemos que todos tenemos un lugar. El problema son los que especulan y no creen en construir un país trabajando y produciendo”, afirmó en aquel entonces Fernández.
Fuente:M1
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Por Estefa González, Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2020.-
En el día de ayer, 22 de Agosto, la Multisectorial por la ley de Humedales, comunicaba oficialmente que un fuego intencional sin control avanzó sobre la zona conocida como la ” Boca de la Milonga”,a la altura de las localidades de Capitán Bermudez y Baigorria. “Tanto bomberos, defensa civil como Prefectura, fueron avisados de la situación desde las primeras horas del medio día del sábado, pero nunca llegó la ayuda a esta emergencia” informaron. Ante esto, fueron los mismos integrantes de la Multisectorial, junto a vecinos y vecinas, quienes se organizaron para sofocar el tremendo fuego.
A Aas 14:30 hs del día de hoy, la Multisectorial actualizaba que los incendios en la zona habrían rebrotado y avanzado con intensidad, poniéndo en peligro, personas, viviendas y colaboradores. Desde sus redes oficiales llamaban a colaborar con lanchas, nafta, dinero, agua, bombas hidráulicas para asistir a los isleños en la dificíl situación. Ante la falta de respuesta oficial denuncian el ” abandono de personas por parte de los gobiernos provinciales y nacionales en esta situación de emergencia extrema”.
Desde febrero, las quemas intencionales no cesan, 90 mil hectáreas de uno de los humedales más importantes del mundo, han sido arrasados por el fuego. Rosario ha sido la ciudad con el aire mas contaminado a nivel mundial en los últimos meses. Mientras tanto la Multisectorial no cesa en su reclamo por el cese del ecocidio, una ley de humedales, y aplicación del Piecas, organizando distintas actividades en la ciudad y en el Puente Rosario Victoria.Compromisos que se queman con el fuego.
El jueves 13, el ministerio de Medio Ambiente, su ministro Juán Cabandié, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el de Entre Ríos, Gustavo Bordet, presentaron via videoconferencia el primer faro de conservación para monitorear y evitar focos de incendios. En relación al fallo de la Corte Suprema, que ordenó a los municipios y provincias con jurisdicción en la zona de las quemas, conformar un Comité de Emergencia Ambiental para prevenir, controlar y cesar los incendios, el ministro Cabandié declaró en la conferencia que : “Estamos avanzando en la implementación de políticas para el desarrollo sostenible del delta del Paraná. Por eso nos reunimos con el objetivo de conformar el Comité de Emergencia en el marco del Piecas en pos de la conservación y protección de la zona” y que “La protección de los humedales del delta del Paraná no puede esperar un día más”.
Lo cierto es que el humedal sigue ardiendo, el humo llegó en las últimas semanas a Ensenada y Berisso, desde Villa Constitución también podía observarse las quemas, e importantes focos se registraron en la costanera de Quilmes, afectando 20 hectáreas de los humedales de Berazategui.La Multisectorial que se replica en otras en localidades denuncia el ecocidio, señalando el agronegocio, la especulación inmobiliaria y la ganadería industrial como origen del problema. Mientra el gobernador de Santa Fe, desde su ministerio de Producción anuncia la llegada de inversiones chinas en la cría de ganado porcino y demuestra interés en no quedan afuera del acuerdo con XI Jinping .” Se habla de más de 20 granjas, que 4 o 5 se instalen en Santa Fe es un montón de empleos”, declaró públicamente Jorge Torelli, secretario de Agroalimentos de Perotti.
En estas horas se convoca a un corte del Puente Rosario Victoria ante el avance del fuego y la falta de respuesta estatal.
Pueblos Originarios: una gota de esperanza en un océano de desigualdad
Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2020
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA JUSTICIA ARGENTINA
Una gota de esperanza en un océano de desigualdad
“El más inteligente de los pobres tiene menos chances que el más mediocre de los ricos». Con esta frase, el Presidente Fernández lanzó el nuevo contrato social que propone dejar de lado la injusticia de la meritocracia para reemplazarla por un modelo basado en la solidaridad y la inclusión.
El cambio esencial está en dejar de lado el principio de igualdad formal para sustituirlo por el real: considerar las condiciones de posibilidad según las circunstancias de vida, de la historia de los grupos sociales, qué oportunidades tuvieron —o no—, definirán las políticas de Estado bajo su mandato. Con este fundamento, anuncia medidas positivas, concretas, para apoyar a las y los más vulnerables.
Entre ellas, el Ministerio que institucionalizó las demandas de las mujeres y de los grupos por la diversidad de género, cuya perspectiva de equidad aún está lejos de plasmarse en el Poder Judicial, tal como lo demostró Elizabeth Gómez Alcorta en su contundente intervención en el plenario de reforma judicial el 11-8-2020 del Senado de la Nación.
El Consejo de “personalidades del ámbito del Derecho” para Reformar la Justicia tiene equidad de género, pero entre sus personalidades no hay indígenas, quienes están bien arriba en el podio de los que menos oportunidades tienen.
En este olvido resuenan las tensiones del modelo extractivo donde los indígenas no tienen lugar. Sólo su activismo, y la unión intergeneracional, que tuvo por ejemplo el movimiento de mujeres, permitirá a los indígenas conquistar algún poder, con participaciones relevantes en ese Poder del Estado y, en especial del sistema federal, donde hoy sufren la exclusión, negación y discriminación.
Sin defensorías públicas especializadas gratuitas y con los mismos recursos que tienen los demás fiscales, defensores y jueces, sus derechos tienen pocas chances de éxito frente al poderío, influencias, conocidxs y entenadxs del devaluado sistema de Justicia argentino.
Quienes litigamos del lado de los pueblos indígenas vemos su lucha monumentalmente desigual, primero para acceder, luego para ser oídos, por un poder regido por lógicas totalmente ajenas, que los niega, discrimina y reprime.
La quimera del acceso a la justicia de los indígenas
Formalmente, el régimen procesal federal contempla el “Beneficio de litigar sin gastos” (BLSG) para quienes no pueden afrontar los gastos de un litigio. La crueldad de verificar la patente de pobreza “BLSG” la exige desde la Corte Suprema para eximir del pago de tasas como los $ 100.000 del recurso de queja hasta cada juez federal para eximir las tasas de un informe a un registro público.
La igualdad es sólo formal: deben tramitar el BLSG por separado, demostrar su pobreza con documentos, testigos, informes etc que les insumen el tiempo y los recursos de los que carecen cuando se debe presumir su vulnerabilidad según las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en esa condición, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008.
En su Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina (2012) el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, le recomendó al Estado argentino: “…adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los impedimentos que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia, especialmente en relación con sus esfuerzos para la protección de sus derechos a sus tierras y recursos naturales”.
Nota completa aquí: https://www.elcohetealaluna.com/los-pueblos-indigenas-y-la-justicia/
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”) también ha puesto el acento en los costos de los procesos judiciales como uno de los factores que pueden redundar en la imposibilidad de acceder a la Justicia y señala que existen ciertos sectores de la sociedad que atraviesan procesos estructurales de desigualdad y exclusión y se ven, consecuentemente, imposibilitados de obtenerla.
Tanto la Comisión como la Corte Interamericana coinciden en señalar que los excesivos costos de los procesos judiciales, cuando se convierten en un obstáculo para el acceso a la Justicia, constituyen una violación a las garantías judiciales.
A nivel provincial, Río Negro (1) y Chubut (2) sancionaron leyes para que el BLSG sea otorgado de oficio, o sea, automáticamente, evitándoles a las comunidades o personas indígenas la carga de su trámite.
En la esfera nacional, en 2012 y 2014 perdió estado legislativo el proyecto de la ex diputada María del Carmen Bianchi, reingresado en el año 2017 por les diputades María Teresa García, Héctor Recalde, Rodrigo Rodríguez, Andrés Larroque, que ya caducó. En la Justicia federal, los indígenas siguen sin la gratuidad de oficio.
Tan ausentes están de la reforma judicial, que el Consejo Consultivo no previó la obligación de la consulta previa, libre e informada en contra de lo que establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. El informe de 4 meses de gestión del INAI enuncia sus intervenciones en conflictos a lo largo y a lo ancho del país, tanto en reclamos territoriales, mesas de diálogo y otros asuntos conflictivos que casi invariablemente terminan en el sistema de Justicia, Ministerio en cuya esfera está el INAI, pero que hasta ahora no ha anunciado ninguna acción para promover ni facilitar la participación indígena en esa reforma.
El Amparo de la Lofche Quijada
En julio pasado, la comunidad Mapuche Lofche José Celestino Quijada, con territorio en la ciudad de Bariloche, promovió un amparo contra el Estado Nacional y contra terratenientes que con barrios cerrados de lujo, les cercaron con alambres electrificados y seguridad armada el único paso tradicional a la ruta, reclamando la restitución de su territorio de ocupación tradicional del que se apropiaron con desplazamiento forzoso de las familias indígenas.
Productores familiares de subsistencia viven en la extrema pobreza agravada por la distancia, las nevadas y con enorme dificultad para acceder a los juzgados.
Con base en la interpretación de los organismos internacionales de derechos humanos antes mencionados, como abogados de la Comunidad Quijada, le requerimos al juez federal de Bariloche que le otorgue el BLSG sin más trámite, como una medida de discriminación positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato para así equilibrar la manifiesta desigualdad entre las partes. Pedimos que valore como suficiente la declaración de vulnerabilidad de la comunidad que surgía de los hechos y evidencias de la presentación.
El juez sentenció (5-8-2020) concediendo el BLSG para: “…eliminar las diferencias socioeconómicas que pudieran llegar a existir entre la comunidad accionante y el resto de partes involucradas en el presente litigio, someter a la parte actora a un proceso judicial a fin de obtener el beneficio previsto en el artículo 78 del C.P.C.C.N., resultaría una medida que podría dificultar el correcto y eficaz acceso a la justicia de la misma”.
Así reconoció que tramitar un BLSG agrava la vulnerabilidad de la comunidad y la eximió del “mini juicio” destinado a demostrar su situación de pobreza. Citó el artículo 12 del Convenio 169 de la OIT remarcando que: “…los pueblos interesados deberán poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de sus derechos; y que se deberán facilitar medios eficaces para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan hacer valer los derechos reconocidos por dicho Convenio”.
Tal como lo señalan Brigin y Kohen (3), el acceso a la Justicia para ejercer derechos y defender las libertades es el principal derecho —el más importante de los derechos humanos— en un sistema moderno e igualitario que tenga por objeto garantizar, y no simplemente proclamar los derechos de todos.
Los indígenas son víctimas del genocidio y del desconocimiento del Estado argentino. La extrema vulnerabilidad para obtener el reconocimiento territorial y la garantía de sus derechos exige medidas de acción positiva del Estado.
A pesar de ser imperiosa la adecuación cultural de los procesos, de las competencias, de las estructuras, de la formación de les magistrades que desconocen los elementos esenciales de los derechos indígenas, no advertimos del INAI ni del Ministerio de Justicia del que depende, acciones para facilitar la participación indígena en la reforma judicial que, una vez más, pareciera que tendrá a los indígenas como grandes ausentes.
Anhelamos que, inspirado en las normas de Río Negro y recientemente de Chubut, el Congreso nacional sancione pronto una ley nacional de presupuestos mínimos de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, que incluya, entre otros puntos básicos, el derecho de litigar sin gastos como parte de la reparación histórica, con una asignación adecuada de recursos para defender y reclamar sus derechos.
Mientras tanto, que se multipliquen precedentes como el del Juzgado Federal de Bariloche para que el Poder Judicial deje de revictimizar a los indígenas como condición de acceso a los Tribunales.
Notas:
[1] Ley 4777 (Sancionada el 29/06/2012 Promulgada el 13/07/2012 Por Decr.Nº: 918
Publicado en el B.O.Prov. Nº: 5060 Pag.: 2). Artículo 1º. Incorpórase como artículo 78 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro (ley P Nº 4142), el siguiente texto:
“Artículo 78 bis. – Las comunidades indígenas asentadas en la República Argentina y sus organismos representativos, conforme definiciones adoptadas por las leyes nacionales y por la ley provincial D Nº 2287, gozarán en la provincia del beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales donde se reclame el ejercicio de derechos de incidencia colectiva. La gratuidad aquí dispuesta comprende la exención, de pleno derecho, del pago de impuestos, sellado de actuaciones, costas y gastos, cualquiera fuere el resultado del proceso…”.
Publicado en el B.O.Prov. Nº: 5060 Pag.: 2). Artículo 1º. Incorpórase como artículo 78 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro (ley P Nº 4142), el siguiente texto:
“Artículo 78 bis. – Las comunidades indígenas asentadas en la República Argentina y sus organismos representativos, conforme definiciones adoptadas por las leyes nacionales y por la ley provincial D Nº 2287, gozarán en la provincia del beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales donde se reclame el ejercicio de derechos de incidencia colectiva. La gratuidad aquí dispuesta comprende la exención, de pleno derecho, del pago de impuestos, sellado de actuaciones, costas y gastos, cualquiera fuere el resultado del proceso…”.
[2] El 11-8-2020 el gobernador Arcioni vetó “parcialmente” el proyecto en su art. 3º y le remitió a la Legislatura este otro proyecto, que copia el texto del Río Negro.
[3] Expediente 1758-D-2009 – Sumario: Comunidades Indígenas: Beneficio de Gratuidad en los Procedimientos Judiciales Y/O Administrativos – Fecha: 17/04/2009
FUENTE: El Cohete a la Luna
50 familias peruanas varadas exigen ser repatriadas
Resumen Latinoamericano, 23 de agosto de 2020.
Son al menos 50 familias que se encuentran en nuestro país y quedaron varadas en plena pandemia. Ayer se movilizaron al Consulado en Buenos Aires para exigirle respuestas al gobierno de Martín Vizcarra. “No es que extrañan a sus familias, es que están sin trabajo, sin poder pagar un alquiler que acá es carísimo y desean volver a Perú, aunque sea el segundo país con más casos de Covid-19”, explicaron las organizadoras.
Más de 50 familias peruanas se encuentran varadas en nuestro país y exigen al gobierno de Martín Vizcarra una solución que les permita retornar a sus lugares de origen. La gran mayoría de les migrantes han visto muy afectada su situación económica por la pandemia de coronavirus y ayer se movilizaron al consulado peruano en Buenos Aires para visibilizar el reclamo frente a las autoridades de su país. Bajo la consigna «Ante la indiferencia del consulado nos organizamos», decenas de ciudadanos peruanos en situación vulnerable exigieron la repatriación gratuita y aprovecharon el evento para recolectar alimentos y ropa en beneficio de las familias más afectadas.
Giovana Bendezú es peruana y vive hace 6 años en nuestro país. «Ésta es la segunda protesta que hacemos. La primera fue el 13 de agosto, que fuimos con peruanos varados, gente en situación de extrema vulnerabilidad que necesita volver a su país. No es que extrañan a sus familias, es que están sin trabajo, sin poder pagar un alquiler que acá es carísimo, y desean volver a Perú, aunque sea el segundo país con más casos de Covid-19», explica Giovana.
Desde la agrupación Nuevo Perú, organizadora de la iniciativa, declararon que la concentración obedece a la preocupante situación de «un grupo de mujeres peruanas varadas hace cinco meses en Buenos Aires y que sólo han tenido desprecio e indiferencia por parte del Cónsul General de dicha oficina consular». Desde la organización política peruana, que nuclea a migrantes en Argentina, explicaron que la protesta busca la «repatriación gratuita para ellas y para todas las que necesitan regresar al Perú por cuestiones humanitarias».
«La comunidad migrante peruana es una de las más empobrecidas en la Argentina, somos el blanco fácil de la crisis económica, sanitaria y social, somos el reflejo de un Estado peruano que sólo privilegia a las grandes multinacionales. Como resultado de ello nos vimos en la extrema decisión de abandonar nuestro querido Perú porque no contamos con un sistema digno e inclusivo para todas y todos en materia de salud, educación, vivienda y alimentación. Creemos que esto no debería ser un privilegio sino un derecho. Nos quieren hacer creer que hay peruanos de primera y segunda clase», explicaron desde la agrupación Nuevo Perú en Buenos Aires.
Por su parte, Giovana explica que esta vez, a diferencia de la primera protesta, no salió ningún funcionario peruano a recibirlos. «En agosto se habían comprometido a garantizar vuelos humanitarios gratuitos, pero finalmente el llamado fue para pedir un pago en dólares para retornar al país. La situación de las familias es compleja: algunos no tienen donde dormir y desde el Nuevo Perú intentamos garantizar techo solidario y bolsones alimentarios para estas familias», comenta la joven migrante.
«Ahora estamos armando la lista definitiva de peruanos varados y familias que desean volver. A diferencia de otras organizaciones, nosotros tenemos contacto directo con el Cónsul General pero nunca contesta a los pedidos. Le envío las solicitudes y nos clava el visto. Esto genera mucha impotencia», concluye Bendezú.
Fuente: An Red
Las y los más pequeños de un barrio de Varela festejaron su día con «La esquina itinerante»
Resumen Latinoamericano, 23 agosto 2020.
Los barrios más humildes del conurbano también tienen momentos de alegría, de esparcimientos para sus niños y niñas, de juegos y de mucho compartir entre vecinas y vecinos.
Eso es lo que ocurrió este pasado sábado en el barrio Cura Brochero, de Florencio Varela, donde el grupo juvenil La esquina itinerante y la OLP-Resistir y Luchar organizaron una fiesta para los más chiquites, en el marco del día de la niñez. El festejo consintió en compartir juegos y cultura a través de estrenar un ciclo de recuperar historias y hasta un teatro de títeres cuyos personajes hicieron reir y pensar al público pequeño.
Los títeres narraron una historia sobre la fábrica recuperada Mielcitas, y también se repartió un cuento elaborado por los y las jóvenes del barrio.
Por último, hubo festejos de cumpleaños que se debían los vecinos desde que comenzó la cuarentena, y por eso los niños y niñas tomaron refrescos y comieron los dulces y saladitos que más les gustan.
El mejor balance de lo realizado, lo expresó Cari, una de las integrantes de la OLP-Resistir y Luchar; «Pudimos ratificar lo que dice José Martí: para los niños y niñas trabajamos, porque son los que saben querer, porque ellos y ellas son la esperanza del mundo. Y queremos que nos quieran desde su corazón».
Por Julio Gambina, Resumen Latinoamericano, 22 de agosto de 2020.
Las políticas preventivas ante la emergencia del coronavirus se extienden y, más allá de la fecha dispuesta por la continuidad del aislamiento a fines de agosto, el impacto en las condiciones de vida de la sociedad de menores ingresos presenta una enorme gravedad.
Por un lado, la suba de precios es un continuo que se manifiesta en una tendencia a la baja desde el pico del 2019, pero elevada en términos de posibilidad de satisfacer las demandas reproductivas de la mayoría empobrecida. El dato de inflación anualizado, según el INDEC es de 41,4% a julio 2020 y según el BCRA podría llegar a 39,5% en todo el 2020, cuando en diciembre pasado alcanzó 53,8%. Es una tendencia a la baja, sí, pero no favorece la ausencia de actualizaciones por suspensión de paritarias o el caso de las jubilaciones con ajustes por decreto, incluso con mínimos percibidos por una mayoría importante, que apenas llega al tercio de las necesidades del adulto mayor. Por otro lado, merman los ingresos populares por variadas razones, entre los que destaca una carrera a pérdida contra los precios, pero muy especialmente por la baja del empleo registrado, el incremento del desempleo, la subocupación y la creciente precariedad laboral. El Ministerio de Trabajo informa en agosto los datos de julio del 2020 en materia de empleo registrado, resaltando la disminución de 409.000 trabajadores y trabajadoras respecto de mayo 2019, incluso 92.000 menos respecto del mes inmediato anterior, abril del 2019.
Los precios de julio 2020 subieron 1,9% y se temen rebotes en el corto plazo, con presiones incluso del poder económico, que demanda actualización del precio del dólar para mejorar ingresos por exportaciones, pero también de actualización del precio de los combustibles, con las petroleras induciendo la suba, entre ellas YPF, empresa privada con capitales externos, aun cuando sea de gestión estatal.
¿Por qué es más importante la demanda de rentabilidad de las empresas que la de los jubilados y las jubiladas por actualizar sus ingresos?
¿Por qué los exportadores demandan mayor precio de la divisa cuando el proceso de producción para la exportación supone una diversa articulación productiva para la obtención del producto o servicio exportable?
La respuesta a esos interrogantes es política y se reduce a la capacidad de intervenir en la lucha de clases, es decir, quien tiene la fuerza para imponer su precio, el que se deriva de la propiedad privada de los medios de producción o quien lo deriva del precio de venta de la fuerza de trabajo, pauta válida para asociar a los ingresos previsionales.
El empleo registrado viene retrocediendo desde hace tiempo. En el corto plazo, la tendencia es a la baja desde septiembre del 2019, agravada desde marzo pasado por la lógica del parate de la actividad económica; pero en el largo plazo y de modo absoluto las personas con trabajo registrado están al mismo nivel que en 2016, aun con incremento de la población, por lo que en términos relativos existe un fuerte retroceso.
Son 11,7 millones los trabajadores y trabajadoras registrados/as y al mismo tiempo existen unos 5 millones no registrados/as, una cifra equiparable a las trabajadoras y trabajadores registrados. Este dato de no registrados es señal de la impunidad empresaria y de la debilidad del movimiento obrero que no puede imponer los derechos sociales, individuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras. Estos datos ofrecen el real panorama de deterioro de las condiciones de empleo en el país, un objetivo buscado desde mediados de 1975 y afianzado con el golpe genocida de 1976. En rigor, nunca se dejó de lado ese objetivo, que aún se proyecta sobre el país ante la demanda empresarial y de los organismos internacionales por las regresivas reformas laborales y previsionales.
¿Por qué pesa más la demanda empresarial para reducir costo de producción, que la realizada por trabajadores y trabajadoras para mejorar los ingresos populares por salario, prestaciones sociales, jubilaciones o asignaciones diversas que hace a la calidad de vida?
Nuevamente, la respuesta está en la lucha de clases, en la capacidad de intervenir en un sentido o en otro. La ofensiva del capital es la tendencia que se impuso en este tiempo histórico que señala su inicio hacia 1975/76, y no es solo una referencia local, es parte de lo que acontece en el mundo, especialmente luego de la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.
Falta una estrategia popular y un nuevo internacionalismo
La gran discusión remite al qué hacer. En ese sentido, cada cual atiende su juego. Hablando desde los trabajadores y las trabajadoras, lo que existe es dispersión de estrategias, lo que nos permite decir que no hay estrategia del movimiento obrero. La CTA en los 90 pretendió construir un nuevo modelo sindical, generando expectativas y entusiasmo.
Fue el de la CTA un proyecto en expansión hasta el ciclo 2001-03, cuando encontró sus límites, que llevaron a sucesivas fracturas en varias expresiones que demandan ser portadoras del legado histórico. No solo existen tres agrupamientos nacionales que se asumen en ese sentido, sino que se suman algunas realidades locales o provinciales que están por encima y más allá de esas tres que pretenden la representación histórica del proyecto originario.
En la CGT, las idas y vueltas en torno a su conducción y el camino de conciliación, especialmente en los acuerdos con las centrales patronales, la deslegitiman y define, pese a contener en su seno a importantes e históricos sindicatos.
Un dato relevante es la extensión del movimiento social de trabajadoras y trabajadores, que en los 90 tuvieron conchabo y capacidad de acumulación en la CTA, en tanto Central de trabajadoras y trabajadores, pero que al compás de la fragmentación debilitó esa potencia de articular lo sindical y lo social territorial, aun manteniendo una cuota de adhesión de movimientos en los fragmentos de las CTA.
El movimiento social sigue creciendo al amparo del deterioro de las condiciones de vida que venimos señalando y por eso no sorprende la actividad de auto-organización socioeconómico, en simultaneo con la canalización de demanda de ingresos por vía estatal desde la misma crisis del 2001/02.
De hecho, el plan jefes y jefas de hogar, con 2 millones de subsidios fue el inicio de la multiplicidad de planes que llegan al IFE actual, con una demanda de 12 millones de personas que se consideran con derecho a su percepción.
Con esta base surgieron variadas organizaciones populares, que hacen visible ahora su demanda para resolver ingresos a 5 millones de personas y lo visibilizan con principales dirigentes sindicales de la CGT, entre ellos enfrentados en la disputa por la conducción.
Dijimos que cada cual atiende su juego y en efecto, en este acto resulta evidente que cada quien busca la legitimación de su demanda.
El reclamo de los movimientos trasciende el ingreso monetario e incluye tierra para la construcción de viviendas y asentamientos de emprendimientos productivos para la reproducción de la vida cotidiana.
Con ello, puede discutirse la inmediatez del reclamo o la puerta que habilita ingresar un debate más amplio sobre el orden económico, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.
El límite del capitalismo impone la defensa de los intereses por empleo y salario adecuado en las condiciones de la relación capital trabajo, mientras, que, si vamos más allá de las relaciones capitalistas, las experiencias de auto-gestión en movimientos territoriales o en empresas recuperadas, entre otras expresiones de la economía popular, pueden dar sustento a una discusión que trasciende el orden económico capitalista.
La tendencia derivada de la ofensiva capitalista lleva a la pérdida de derechos laborales, por lo que no alcanza con su defensa, sino que se impone ir más allá y construir una estrategia que se proponga lo esencial en materia de objetivos.
Esto supone la definición de objetivos anticapitalistas, los que se construyen en la cotidianeidad del presente, tal como lo intentan en la defensa de los derechos y en contra de la mercantilización cuantiosas organizaciones sociales y territoriales. Estas, disputan recursos públicos para sus objetivos al tiempo que descreen de la estructura estatal en permanente búsqueda de cooptación. Es una relación dialéctica de inserción en el Estado y al mismo tiempo su rechazo. Un entrar y salir complejo según el interés del propio movimiento. Claro que en ese ir y venir se cometen errores o suceden acontecimientos no buscados, entre los cuales sobresale la corrupción, pero no mella el objetivo de búsqueda propuesto.
La variedad de estrategias de supervivencia, algunas más efectivas que otras, hacen evidente la ausencia de una estrategia integral del movimiento de trabajadoras y trabajadores tal como se presenta en esta actualidad de ofensiva capitalista. Es una cuestión para pensar, que trasciende el debate local y tiene proyecciones regionales y globales en el marco de la tercera década del Siglo XXI, lo que requiere de un nuevo internacionalismo de los pueblos.
Fuente: AnRed
Envio:RL
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