Por María Cafferata, Resumen Latinoamericano, 06 de agosto de 2020.
El humo de los incendios en el delta del Paraná, que invade la ciudad de Rosario hace días, llegó a la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles 05 de agosto a la mañana, la ciudad amaneció cubierta por una densa columna de humo y olor a quemado que obligó a dirigir las miradas hacia la catástrofe ambiental que se está desarrollando hace más de tres semanas en los humedales del Río Paraná.
Son alrededor de 5 mil focos de incendio que, desde hace más de un par de semanas, cubren los humedales del Río Paraná, resecos debido a la pronunciada bajante del río. Mientras que organizaciones ambientales cortan el puente Rosario-Victoria denunciando un “ecocidio”, el gobierno de Entre Ríos reconoce que la situación “se les fue de las manos”, que la sequía histórica los “desbordó”, y demanda más ayuda del gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe. La Justicia, mientras tanto, investiga a productores agropecuarios de la zona, denunciados penalmente por quemar los pastizales del delta para el desarrollo de la producción ganadera.
“Impresiona ver la dimensión del daño que este ecocidio está causando sobre el humedal. Los responsables de estas quemas tan dañinas para la salud de las personas y tan brutales con nuestra tierra tienen que pagar por lo que han hecho”, declaró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, quien hace un par de semanas denunció penalmente y pidió la detención de los propietarios de los terrenos en donde se realizaron las quemas. En diálogo con Página 12, Cabandié aseguró que los responsables de los incendios son “los productores agropecuarios de la zona que están quemando los pastizales para mejorar el forraje“, y se mostró convencido de que, para resolver el problema, la Justicia debe detenerlos y apresarlos. “El Ministerio de Ambiente no tiene competencia sobre los recursos naturales, no tiene poder de policía, quien sí lo tiene es la provincia de Entre Ríos”, determinó.
“Todo lo que la provincia de Entre Ríos tenía disponible para apagar los incendios lo destinó ahí: comisarías, brigada de delitos rurales, bomberos. Pero la verdad es que la provincia cuenta con pocos recursos, porque no hay infraestructura y no es que se puede entrar ahí con camiones hidratantes o lanchas, la única manera es con helicóptero y por eso pedimos ayuda al gobierno nacional”, explicó, por su parte, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes. “El delta tiene un millón y medio de hectáreas, representa el 20 por ciento de la superficie total de Entre Ríos. Empezaron con la quema de pastizales hace unos meses y los incendios se fueron propagando como nunca por la condiciones meteorológicas: no llueve, el río está en una bajante histórica, casi no hay agua, así que el fuego comenzó a expandirse de forma espontánea. Esta vez la situación se desbordó, es imposible de controlar”, argumentó Rodríguez Signes, quien sin embargo admitió que la quema de pastizales es una práctica ilegal que se repite todos los años. Consultados sobre por qué el Estado no sancionaba a los productores que, cíclicamente, prendían fuego los pastizales del delta, fuentes del gobierno de Entre Ríos respondieron: “Fracasa el sistema, la provincia no tiene los recursos para hacer uso del poder de policía que necesitás para controlarlos. Generalmente ellos hacen los incendios, pasa y nos olvidamos”.
Desde febrero, los incendios han consumido un total de 50 mil hectáreas (una superficie que equivale a tres veces la ciudad de Rosario), según el relevamiento de una organización ecologista llamada “Naturalistas santafecinos”.
Si bien el gobierno nacional destinó helicópteros, aviones hidratantes, efectivos del Grupo Albatros (el cuerpo de elite de Prefectura Naval), que se sumaron a los esfuerzos conjuntos de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, el impacto ambiental del fuego en los humedales es devastador. “Lo grave no es sólo que afecta un importantísimo recurso natural estratégico, en tanto que es uno de los reservorios más grandes de agua dulce, sino que también impacta sobre las funciones ecosistémicas que tiene, como evitar inundaciones. Los humedales son, además, grandes consumidores de carbono y, en el caso del Paraná, cuentan con más de 700 especies de plantas, 100 especies de peces y 200 especies de mamíferos”, explicó el diputado socialista de Santa Fe, Enrique Estévez, que presentó un proyecto de ley para la protección de los humedales.
“Basta de quemar las islas”, “No al ecocidio”, “No es pasto quemado, es bosque nativo ardiendo”, “Ley de Humedales Ya”, rezaban los carteles de la protesta que el sábado cortó el punte Rosario-Victoria. La convocatoria, organizada por la Multisectorial por la Ley de Humedales, reclama, además del cese de las quemas y la efectiva sanción de los responsables, la sanción de una Ley de Humedales.
“La Ley de Humedales tiene un largo derrotero, se intentó sancionar en el 2013 y en el 2016 pero las dos veces terminaron dormidas en alguna de las Cámaras por el lobby de los agronegocios. Una Ley de Humedales te permite realizar un inventario de los humedales, te da unas pautas mínimas y, además, te permite evidenciar y desnaturalizar la quema como actividad”, indicó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien también acusó al gobierno de Entre Ríos de “ser históricamente muy sumiso a los intereses del agronegocio y de relativizar las quemas en la zona”.
Por otro lado, Cabandié aseguró también haber intentado conciliar con la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos la creación de un área protegida – “que contemplara lo productivo, pero desde un punto de vista sostenible” -, pero que el gobierno de Entre Ríos se negó.
Según una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Rosario, el 60 por ciento de la población local responsabiliza a los empresarios ganaderos por los incendios. Hasta el momento, la Justicia Federal está investigando a ocho personas por las quemas, todos propietarios de lotes que fueron incendiados. Uno de ellos es Rufino Baggio, empresario y descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio.
Los productores rurales de Entre Ríos, por otro lado, niegan tener responsabilidad sobre los incendios y aseguran que estos se producen por culpa de la circulación de personas en el terreno en un contexto de gran sequía, en el que “ante cualquier descuido puede ser fácil presa del fuego”. Siguiendo esta línea, el domingo pasado fueron detenidos dos pescadores santafecinos, acusados de haber iniciado uno de los focos de incendio en las islas del Departamento Diamante. Sin embargo, los funcionarios de Entre Ríos y Santa Fe coinciden en que, si bien es cierto que pueden ocurrir ciertos “descuidos” que provocan algunos focos de incendio, los principales responsables son los productores agropecuarios de la zona.
Fuente: La Tinta
Vecinxs Autoconvocadxs por la contaminación de Klaukol inician acampe para exigir justicia
Resumen Latinoamericano, 06 de agosto de 2020.
El miércoles comenzó el acampe, con distanciamiento social, porque no pueden escapar de la contaminación de una fábrica de categoría ambiental 3, que no tendría que estar en el barrio, que provocó más de 100 muertes. La empresa sigue trabajando sin importar los daños irreversibles a la salud que les ocaciona a las familias
Comunicado de Vecinxs Autoconvocadxs por la contaminación de Klaukol, Virrey del Pino, La Matanza
La falta de respuestas, al último encuentro realizado en una mesa de hábitat en ciudad de La Plata, el día 11/03/2020 donde participaron representantes de todas las partes, vecinos con su abogado, Municipalidad de La Matanza, Gobierno de la provincia de Bs. As., Abogados de Klaukol, tanto de los dueños anteriores Parex, como de los actuales Sika, también estuvieron OPDS, ACUMAR, APDH, etc. En la misma se comprometieron a darle fin a este conflicto donde la vida de los vecinos de barrio, se ven comprometida, debido a la alta contaminación ocasionada por KLAUKOL hoy SIKA.
Debido a lo anterior mencionado y al incumplimiento de la ley ambiental 11459, dada la categorización de KLAUKOL, que es la tres y es la más alta por su contaminación, ya que esta causa daños irreversibles a la salud de los habitantes y al medio ambiente y que la misma ley da como aptitud de “Zona E Rural” que es donde tiene que estar emplazado este tipo de fábricas y que nuestro barrio es “Zona B Residencial mixta” donde solo pueden convivir con fábricas de categoría ambiental uno, según la misma ley. También se sabe que todas las fábricas que contaminen tienen que hacer una reconversión industrial, pero esto es para que contaminen menos el medio ambiente y no para permitirles que estén en zonas prohibidas por su categorización y enfermen y maten a sus habitantes.
Tampoco se está respetando la constitución nacional art. 41. Por eso los vecinos nos vemos obligados a partir de la fecha a tomar medidas, que es realizar el acampe al costado del portón de Klaukol y con huelga de hambre y no toma de medicación de la Sra. Susana Arande, hasta que todo lo hablado en dicha reunión se concrete, haciendo énfasis, en que los mayores culpables son Espinoza, intendente de La Matanza, Axel Kicillof Gobernador de la Provincia de Bs. As. y Sika dueña de Klaukol, ya que ellos son los que tienen la solución, para que los vecinos del barrio, no padezcan más, esta odisea de vivir en esta desidia, donde la contaminación es sinónimo de muerte. Esperamos una rápida respuesta y solución por la salud de nuestras familias.
Klaukol se instaló en Virrey del Pino en los 80. Pero el barrio en donde vive Susana junto a trescientas familias existe desde 1965. Según Susana Aranda (Vecinxs Autoconvocadxs por la contaminación de Klaukol): «Son diez años de lucha, jueces y políticos corruptos, mentiras. Klaukol factura, los funcionarios miran para otro lado y nosotros nosotros nos morimos. Son más de 100 vecinos que ya no están. Otro tanto que ahora está con problemas terminales esperando el desenlace. Bueno esa es la historia.»
El Estado reconoce que Klaukol es incompatible con la vida, pero no hace nada
La de Virrey del Pino es planta madre de Klaukol en toda latinoamérica. Según los informes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) la fábrica entra en la categoría 3, porque contiene y emana químicos letales. Debido a esa categoría no podría estar siquiera en un parque industrial. Debería estar en una zona rural apartada de todo. Pero no. Esta en medio de un barrio, a 10 metros de donde comienzan las casas.
Los vecinos piden que de manera urgente cese la producción, hasta que se compruebe que no contamina. Pero Susana cuenta que hasta el momento lo único que reconoció la justicia es un reciente recurso de amparo en el que obligó a Klaukol a pagar el alquiler en otro barrio de una familia con un niño enfermo. Benjamín nació prematuro con 23 semanas de gestación. Estuvo internado en Figueroa paredes un año y después le dieron el alta con respirador y oxígeno, teniendo que continuar un tratamiento que requiere ir quitándole el oxigeno de a poco. Pero las pericias determinaron que ese tratamiento no lo puede hacer en su barrio por la constante caída de sílice. Su familia vive a 100 metros de la tolva que expulsa el material particulado constantemente.
Entonces Benjamín con sus padres se tuvieron que mudar. Klaukol está obligado a pagar el alquiler, pero ellos se tuvieron que comparar todo el resto de las cosas para mudarse. Afortunadamente hubo vecinos solidarios que le donaron algunos elementos.
Una familia de padres adolescentes tuvo que mudarse, para que Klaukol pueda seguir contaminando. Pero con este amparo la justicia vuelve a reconocer la contaminación que imposibilita la vida en el lugar. ¿Por qué sigue produciendo Klaukol impunemente? Porque invirtiendo el lema de la izquierda, para los gobiernos, jueces y empresarios nuestras vidas valen menos que sus ganancias.
Los vecinos piden que de manera urgente cese la producción, hasta que se compruebe que no contamina. Pero Susana cuenta que hasta el momento lo único que reconoció la justicia es un reciente recurso de amparo en el que obligó a Klaukol a pagar el alquiler en otro barrio de una familia con un niño enfermo. Benjamín nació prematuro con 23 semanas de gestación. Estuvo internado en Figueroa paredes un año y después le dieron el alta con respirador y oxígeno, teniendo que continuar un tratamiento que requiere ir quitándole el oxigeno de a poco. Pero las pericias determinaron que ese tratamiento no lo puede hacer en su barrio por la constante caída de sílice. Su familia vive a 100 metros de la tolva que expulsa el material particulado constantemente.
Entonces Benjamín con sus padres se tuvieron que mudar. Klaukol está obligado a pagar el alquiler, pero ellos se tuvieron que comparar todo el resto de las cosas para mudarse. Afortunadamente hubo vecinos solidarios que le donaron algunos elementos.
Una familia de padres adolescentes tuvo que mudarse, para que Klaukol pueda seguir contaminando. Pero con este amparo la justicia vuelve a reconocer la contaminación que imposibilita la vida en el lugar. ¿Por qué sigue produciendo Klaukol impunemente? Porque invirtiendo el lema de la izquierda, para los gobiernos, jueces y empresarios nuestras vidas valen menos que sus ganancias.
#10AñosDeLucha
#KlaukolMata
#EsGenocidio
#JusticiaYEstadoSonCómplices
#KlaukolMata
#EsGenocidio
#JusticiaYEstadoSonCómplices
07 de agosto de 2020
Las imágenes de una vereda en Recoleta que evidenciaron un creciente descontrol
Coronavirus: alarma en la ciudad por las reuniones en bares
La polémica se desató por las fotos del amontonamiento en el famoso Buller. Cómo actuó el gobierno porteño. Preocupación de infectólogos y advertencias desde la oposición.
Noche de miércoles: cerveza en el conocido bar Buller, frente al Cementerio de la Recoleta.
Las imágenes eran propias de los días previos al aislamiento social: en la puerta del famoso bar Buller, en la Recoleta, decenas de personas tomaban cerveza, todos amontonados. Ninguna distancia social, obviamente ningún tapabocas. La indignación generada en las redes sociales derivó inicialmente en que el Gobierno porteño anunciara la clausura del local, pero luego el caso cerró solo con una multa. Más allá de la particular difusión que tuvo, el episodio no fue aislado: cada vez más escenas de ese tipo se repiten en la ciudad, particularmente en polos gastronómicos como el de Palermo. "Hay una tendencia de una irresponsabilidad muy grande de un sector de la sociedad", advirtió el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. Desde la Sociedad Argentina de Infectología alertaron sobre los riesgos que implica esa tendencia. Y legisladores porteños de la oposición denunciaron que, a la par de la falta de controles, el discurso oficial en la ciudad minimiza los peligros de la apertura para mostrarse "cercano a los vecinos".
La polémica en torno a Buller sucedió en un día con otro record de casos: hubo 7513 infectados nuevos, de los cuales 1446 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires. Los casos fatales fueron 147 en todo el país.
Las fotos y videos del bar, ubicado en Junín y Vicente López, frente al cementerio de Recoleta, comenzaron a circular el miércoles a la noche. La Policía y la Agencia Gubernamental de Control llegaron entonces hasta allí para dispersar a la gente. ”Se pidió a cada uno que vuelva a su domicilio, la Agencia desalojó el bar y emitió una clausura --contó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli--. “La sociedad argentina ha aguantado 139 días, con lo cual tenemos que cuidarnos el doble”, agregó.
Pero ayer la polémica continuó cuando se supo que la clausura fue solo momentánea. Consultado por Página/12, un vocero del Ministerio de Seguridad confirmó que la policía "procedió con el Juzgado Federal 4 y se notificó a los encargados del comercio por infracción al artículo 205 del Código Penal, por no respetar la distancia social".
Precisamente, aunque los locales gastronómicos solo están habilitados para la modalidad delivery o "take away", en los hechos hay un creciente permiso para que los clientes se queden consumiendo en las mesas de la vereda. Estas situaciones se vieron sobre todo en los últimos fines de semana y en los insólitamente primaverales días recientes. “Es realmente increíble, las imágenes que vimos no pueden seguir ocurriendo. Aunque estén al aire libre y coman algo al paso, no deben reunirse”, se alarmó ante este diario Leda Guzzi, médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).
Y luego continuó con la descripción de las escenas: “Es imposible mantener la distancia social recomendada. Además, como es natural, nadie puede comer o beber con un barbijo puesto, así que esto también complica las cosas. En situaciones como esas se incrementa mucho el riesgo de transmisión y la exposición junto a personas potencialmente infectadas”.
Una de las principales causas de la propagación del patógeno, además de los transportes públicos, lo constituyen los eventos sociales. Y esto no representa una característica privativa de la Argentina sino que se destaca como rasgo en todo el globo: en aquellos lugares en los que flexibilizaron, el aspecto que más debieron controlar fue el de las aglomeraciones. “Las reuniones sociales han demostrado ser las principales causas de los brotes y focos infecciosos. Sin dudas, en los lugares cerrados es en dónde más peligro se corre, pero que se estén tomando una cerveza en el cordón con el barbijo abajo también es muy peligroso, por supuesto. Hay que evitar estos eventos de contagio por todos los medios si lo que queremos es revertir la curva y cortar con la diseminación”, subrayó Guzzi.
El ministro bonaerense sumó su preocupación sobre la situación que desnudó el caso de Buller. “Vi esa foto y pensé que era 'fake', la verdad que hay una tendencia de una irresponsabilidad muy grande de un sector de la sociedad", señaló el ministro. Aunque destacó que "hay un montón de gente que se está cuidando", hizo hincapié en que "con un 30 por ciento que no cumple, puede pasar esto”, en alusión al aumento de contagios. "Hay sectores que quieren instalar que a partir de ahora es todo apertura y no es así”, advirtió Gollan.
Mientras en la ciudad consideraron que el de Recoleta fue un caso aislado, desde la oposición porteña alertaron por un riesgo de desmadre. El legislador del FdT Matías Barroetaveña sostuvo que "a diferencia del Gobierno nacional, que viene tomando una serie de medidas activas con inversiones para sostener la economía y el trabajo en la cuarentena, la Ciudad no sólo no está haciendo su aporte sino que para mostrarse del lado de los vecinos hace una apertura indiscriminada y permisiva, dejando hacer lo que está prohibido en este contexto de la pandemia".
"Si bien la mayoría de la gente sigue respetando las normas, hay un discurso oficial que minimiza la situción de riesgo sanitario, en base a la curva y el R de la Ciudad y sin tener en cuenta que lo que hay que mirar es el AMBA", señaló a este diario.
En el mismo sentido, Santiago Roberto, también del FdT, aseguró que "la situación en la Ciudad es preocupante porque se ve una ausencia total del Estado para hacer cumplir las normativas. Quienes son funcionarios públicos tienen la responsabilidad de tomar medidas por antipáticas que sean para velar por la seguridad de las personas. Y lo que se ve es que no se está controlando a quienes circulan dentro de la ciudad". "Aunque es entendible el cansancio y el agotamiento que hay por la extensión de la cuarentena --recalcó--, el Estado no puede delegar sus facultades y responsabilidades y tiene que estar presente para que la gente cumpla con el aislamiento social".
No parece ser la preocupación de la Coalición Cívica: anoche se conoció que el partido integrante de Juntos por el Cambio impulsará la presentación de amparos judiciales contra el decreto presidencial que veda las reuniones sociales.
07 de agosto de 2020
En la causa donde lo investigan por la persecución al Grupo Indalo.
Cristina Kirchner denunció que Irurzun y Bruglia "garantizan la impunidad de Macri"
Lo aseguró la vicepresidenta luego de que los camaristas limitaran el peritaje ordenado por la juez María Romilda Servini a las llamadas telefónicas del ex mandatario. “La prueba iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y miembros del Poder Judicial para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas”, aseguró.
Cristina Kirchner denunció que Irurzun y Bruglia "garantizan la impunidad de Macri".
La vicepresidenta Cristina Fernández denunció que los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consagraron “una vez más la impunidad para Mauricio Macri”. La afirmación llega después de que los jueces federales limitaran el peritaje ordenado por la juez María Romilda Servini a las llamadas telefónicas del ex mandatario.
Cristina Fernández criticó fuertemente la resolución de los integrantes de la Cámara Federal y recordó a Irurzun como el responsable “de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri”. También hizo referencia al “traslado flojo de papeles” de Bruglia que se realizó “sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de Ley”.
A través de un hilo en su cuenta de Twitter agregó: “La jueza Servini de Cubría había solicitado a las empresas telefónicas `las llamadas realizadas entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo`. ¡Ojo!: no el contenido de las llamadas”.
Según la vicepresidenta, “la prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial de la Nación para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas”.
Y no se privó de marcar la doble vara con que sectores de la justicias, la oposición y los medios que le responden se plantan frente a las iniciativas de reforma judicial del actual Gobierno.
“Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente… Y se llenan la boca hablando de la República. Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. El Poder Judicial argentino se la garantiza”, agregó.
Asimismo, acusó al Poder Judicial de garantizar a Macri “la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos y en la causa por escuchas ilegales como Jefe de Gobierno de la Ciudad y apenas 19 días después de haber asumido como Presidente”.
“No hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta”, finalizó.
Más allá de los señalamientos de la vicepresidenta, la causa, con los límites que le puso la Cámara Federal, seguirá su curso. Ni la investigación ni la prueba pedida por Servini de Cubría quedaron descartadas. Ante el cúmulo de pruebas ni siquiera Irurzun y Bruglia, dos de los jueces más comprometidos con el macrismo, se atrevieron a hacerlo. Le exigieron a la jueza que ponga límites más estrechos a su pedido, algo que nunca hicieron con las "excursiones de pesca" del fallecido Claudio Bonadio, pero cuando la jueza lo determine, Mauricio Macri tendrá que presentar su teléfono.
La Cámara también le advirtió a la jueza que “se deberá asegurar allí que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias (elaboración de los listados de llamados de los abonados individualizados), esa información sea recibida únicamente por el juzgado, para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.
La advertencia tiene dos objetivos. Por un lado, prevenir sobre posibles "filtraciones", algo que esos jueces y buena parte de sus colegas se especializaron en hacer para perjudicar la situación de los ex funcionarios kirchneristas investigados. Por el otro, impedir que los informes que consiga Servini puedan ser usados en otras causas de las que ya están abiertas contra el ex presidente. Otro recaudo legal que no existió en el anterior Gobierno.
Cuando toda la prueba llegue finalmente a manos de Servini, es más que probable que la misma justicia que fue parte de tantos atropellos durante el gobierno de Juntos por el Cambio, volverá a protegerlo. Por lo menos, en eso confía Macri.
07 de agosto de 2020
La ANMAT aprobó su comercialización
Los superbarbijos desarollados por científicos del Conicet ya se pueden comprar
La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) informó este miércoles que ya se firmó la licencia que permite comercializar los superbarbijos de uso común Atom-Protect que fueron desarrollados en conjunto por la empresa KOVI, el CONICET, la UNSAM y la UBA .
La mascarilla tiene triple capa de protección -antibacterial, antiviral y antihongos- y una durabilidad equivalente a 15 barbijos descartables, señaló la UNSAM en un comunicado.
A su vez, se trata de un tapabocas de larga duración, reutilizable y autoestirilizante. Esto significa que dura 8 horas seguidas, resiste 15 lavados sin perder efectividad y es capaz de dejarse estéril en pocos minutos.
Cómo son los superbarbijos
La primera capa de la mascarilla es impermeabilizante, ya que se adhiere a la primera tela para frenar el ingreso de fluidos y la salida de partículas de la boca.
La segunda capa, por su parte, fue realizada con diferentes tipos de nanopartículas que destruyen el virus, bacterias y hongos.
En tanto, la tercera capa es el soporte de las anteriores y está hecha de una tela de algodón-poliéster que absorbe la humedad emitida al hablar y respirar.
Por el momento, los barbijos pueden adquirirse en la fábrica al por mayor o a través de su tienda en línea . Se envían por correo o vía cargo a todo el país.
Fuente:Pagina12
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