El gobierno nacional insiste en que crece el número de adultos mayores de CABA que se atienden en el Conurbano
Todo está guardado en los registros del PAMI
Santiago Cafiero aseguró que no se critica a nadie sino que es un dato de la realidad. Volnovich dice que la migracion ronda entre el 15 y el 20 por ciento.
La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.
Para el Gobierno nacional, la situación del sistema sanitario porteño sigue siendo motivo de preocupación. Por caso, la directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, insistió en que el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires está "mucho más saturado que el de la provincia" y precisó que entre el "15 y 20 por ciento de los pacientes" porteños de esa obra social "terminan migrando" al sistema sanitario provincial. En el mismo sentido se expresó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al sostener que esta situación "está sucediendo desde hace un tiempo y consta en nuestros registros. El PAMI les da cobertura a sus afiliados y esto no habla de cómo está llevando las cuestiones ni la Ciudad ni la Provincia. Es innegable, es un dato de la realidad", aseguró.
Todo comenzó cuando el presidente Alberto Fernández dijo, durante la inauguración del Hospital Bicentenario de Ituzaingó, “El mundo padece una pandemia que arrastra vidas. Los adultos mayores hoy se enferman en covid en la Ciudad y vienen a atenderse en la Provincia porque en la Ciudad no tienen lugar donde atenderse. Sepan que ellos son merecedores de toda nuestra atención”. La frase provocó la reacción del gobierno porteño a través del ministro de Salud, Fernán Quirós, quien reconoció que el PAMI hizo acuerdos con clínicas del conurbano y dijo que "es parte de la autonomía del PAMI hacerlo”.
"Lo que dijo el Presidente se basó en datos de la realidad", indicó Volnovich y señaló que "el 15 o 20 por ciento de los pacientes que tendrían que ser internados en la Ciudad, terminan siendo internados en la Provincia porque los prestadores de PAMI no tienen camas. Esto explica la migración que hacemos". La funcionaria advirtió además, durante una entrevista radial, que muchos de los afiliados "van a los centros que fuimos abriendo en la Provincia y otros en clínicas privadas. Que los familiares no puedan visitarlos por el protocolo de Covid, hace que eso sea más fácil".
En ese sentido, la titular del PAMI indicó que hubo que "agrandar nuestra capacidad de atención en 1.000 camas. El PAMI estaba virtualmente quebrado, con una situación que no podía comprar una aspirina", dijo y agregó que "hoy funciona gracias a la asistencia del Gobierno nacional".
A su turno, y también a través de una entrevista radial, Santiago Cafiero afirmó que lo que ocurre con los afiliados a la mayor obra social del país "está sucediendo desde hace un tiempo y consta en nuestros registros. El PAMI les da cobertura a sus afiliados y esto no habla de cómo está llevando las cuestiones ni la Ciudad ni la Provincia. Es innegable, es un dato de la realidad", sostuvo Cafiero aunque se preocupó en no profundizar la descripción de la situación que atraviesa el sistema sanitario porteño.
Por otra parte, el jefe de Gabinete reconoció que en la Casa Rosada hay preocupación por el aumento de los casos de covid-19. En ese sentido aseguró que "estamos analizando permanentemente la evolución de los casos y no descartamos ningún tipo de medidas".
"Se va sumando complejidad al análisis. Los casos, la ocupación de la terapia intensiva. La carga sobre vectores donde circula mucho el virus como los medios de transporte. Haciendo mucho hincapié en evitar las reuniones sociales porque ahí no hay protocolos", evaluó en declaraciones radiales.
07 de agosto de 2020
"Los productos clorados pueden producir toxicidad", explicaron a Página/12
Expertos alertaron sobre los riesgos de consumir dióxido de cloro
El debate se instaló también en Argentina, y hace algunos días, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó un comunicado donde recomendaba "no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina) ya que "no hay evidencia científica sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”.
En diálogo con Página/12, el infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Pablo Scapellato, señaló que debe haber cierto orden a la hora de analizar estos temas, ya que “antes de pensar en si es peligroso, hay que centrarse en si es útil o no para lo que se usa”. En ese sentido, explicó que “no hay evidencia de que el dióxido de cloro tenga utilidad para prevenir o tratar el coronavirus”.
"Cualquier cosa que tomamos potencialmente puede tener efectos adversos y los productos clorados pueden producir toxicidad, pero el punto más importante no es si puede o no ser tóxico, sino jerarquizar que no tiene evidencia”, manifestó.
En relación a la reproducción de distintas noticias falsas en torno a la Covid-19, Scapellato indicó que “la realidad es que el coronavirus nos puso frente a una andanada de fake news contra las cuales estamos discutiendo y contrastando en el día a día. Desconozco la génesis primaria de esto”.
Al ser consultado sobre la forma más segura para informarse en tiempos de pandemia, el infectólogo recomendó “estar alerta con respecto a las fake news”, al tiempo que ponderó los sitios oficiales de los ministerio de Salud (nacionales, provinciales y municipales), y los sitios de sociedad científica como la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Fundación Huésped o la Organización Mundial de la Salud (OMS) como lugares donde hay información "segura y fácilmente digerible".
Derribando Mitos
El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel, en plantas públicas de tratamiento de agua y en el proceso de descontaminación de construcciones. Al reaccionar en agua, el dióxido de cloro genera iones clorito. Ambas especies químicas son altamente reactivas, por lo cual cuentan con capacidad de eliminar bacterias y otros microorganismos en medios acuosos.
En diálogo con Página/12, el jefe de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz e integrante del Comité que asesora al Gobierno, Tomás Orduna, expresó su total preocupación ante el uso del dióxido de cloro, apoyándose en el último documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), titulado "La OPS no recomienda tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados".
"No solo no hay ninguna evidencia cientifica, sino que por el contrario puede ser tóxico. El que no tenga capacidad de tamizar eso desde el conocimiento va a pensar que eso está bien. Es como cuando lo hace un presidente como Jair Bolsonaro tomando hidroxicloroquina, cuando no hay ninguna comprobación cientifica. Lo hace un Presidente y todo el mundo lo quiere hacer", alertó.
Desde la OPS señalaron que hace varios años, algunos productos que contienen dióxido de cloro o derivados, se han promocionado como “terapéuticos” para la cura de diversas afecciones, sin contar con ninguna evidencia científica sobre su eficacia. Estas ideas volvieron a aparecen en el marco de la pandemia.
"Ha venido siendo proclamado o dicho que podía prevenir muchas enfemedades, no solo infecciosas. Se generan panaceas sin ningún tipo de evidencia científica. La gente se aferra antea la situación potencial de enfermar a morir", describió Orduna.
Y concluyó: "Nosotros tenemos la obligacion de poder cambiar eso tratando de balancear. Si se puede esclarecer, sería bueno que se viralizara la verdad de la misma manera".
07 de agosto de 2020
El escándalo había derivado en un recambio en la cúpula policial provincial
Se reactiva la causa por el ataque a la familia qom en Chaco
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se presentó como amicus curiae de la querella, y se concretó una audiencia virtual donde se presentaron testigos clave.
Por Patricia Chaina
“No calificar como tortura los hechos de Fontana atenúa su gravedad", advierten.
Con dos hechos relevantes se reactivó esta semana en Chaco la causa donde se investiga la responsabilidad de los efectivos policiales en los hechos ocurridos en la localidad de Fontana, donde fueron torturados cuatro jóvenes de la comunidad qom. Por un lado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se presentó como amicus curiae de la querella. Y además se concretó una audiencia virtual, donde se presentaron tres testimonios que podrían ser claves en la investigación.
En la audiencia declararon dos testigos presenciales, familiares de los jóvenes violentados en los allanamientos, del 31 de mayo, y un tercer testimonio no solicitado por la querella que podría dar un giro en relación a la veracidad de las actas labradas en la comisaría luego de los operativos realizados.
Los familiares son Ignacio y Sara Fernández, abuelo y hermana de dos de las víctimas, respectivamente. Sara, además, es quien graba el video que, al volverse viral, expuso la violencia institucional que derivó en la causa judicial. El tercer testigo podría dar un nuevo perfil a la veracidad de las actas labradas en la comisaría de Fontana en relación a los hechos que implican allanamientos a casas de familia sin orden judicial, abuso sexual, detenciones y torturas a los jóvenes qom.
En tanto el CNPT, además de su participación como amicus, afirma en una comunicación oficial que “no calificar como tortura los hechos de Fontana, atenúa su gravedad y dificulta la prevención de situaciones similares”. Realiza además una recomendación que busca la protección de las víctimas y de sus familias, y advierte sobre la necesidad de revisar el régimen de disciplina aplicada sobre los imputados.
Esto respalda el trabajo de los organismos provinciales, dado el cambio de carátula en la causa el último día antes de la feria judicial. Ese 8 de julio, la investigación contra los cuatro efectivos policiales involucrados -a cargo de la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos de Chaco-, tuvo una modificación sustancial: el cambio en la nominación del expediente definida por la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli. Esto permitió la excarcelación de los imputados que hoy se mantienen en funciones, aunque en forma pasiva. Lo cual no deja de ser preocupante para las víctimas y sus familias, señalan los abogados querellantes.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia “se celebra que el Comité se construya en amicus”, explican a Página/12. Destacan que “los imputados están en libertad por decisión de la Justicia” y no han retomaron la actividad por decisión del gobierno provincial. Se refieren al episodio que culminó con un recambio en la cúpula policial , cuando “desde la conducción de la fuerza se había pedido que se los pase a servicio activo, pero se pudo frenar desde el Ejecutivo”, recuerdan. Aseguran que “la familia tiene asistencia y se encuentra en constante diálogo con los equipos de la Secretaría y con acompañamiento psicológico”.
El proceso es complejo y el CNPT recomienda que se “investiguen los patrones de violencia y discriminación contra la comunidad qom”, dado que no es el primer caso con estas características. Y promueven “incorporar la perspectiva de género”, ya que los actos incluyen abuso sexual a las víctimas.
La abogada Antonia Cuadra, quien representa a las víctimas por parte del Estado, detalló la importancia de la audiencia, donde dos testigos testimoniaron sobre allanamientos a las casas de las familias qom en el barrio Banderas Argentinas, de Fontana. La declaración de Ignacio Fernández, el abuelo de dos de las víctimas, confirma que el allanamiento fue a las 4 de la mañana, que entraron a la vivienda donde él estaba durmiendo con su nieto Cristian y dos niños, sus bisnietos. Dispararon al aire –al otro día se recogieron varios casquillos que lo prueban- y se llevaron a Cristian por la fuerza.
En tanto Sara Fernández tomó el registro de video del ataque en casa de Elsa, su mamá, y también madre de los jóvenes atacados. Eso fue central para la relevancia que toma el caso a nivel nacional. Y pone en evidencia el abuso de autoridad y la discriminación que señalan los hechos, tanto en relación a la pertenencia a un pueblo originario, como a los ataques sexuales.
El tercer testimonio en la audiencia es considerado clave, ya que puede poner en cuestionamiento la verdad o falsedad de las actas que se firmaron en la comisaría 3ra. de Fontana, dado que es uno de los firmantes por ser vecino de esa comisaría.
Junto a la abogada Cuadra, trabajan los letrados Kevin Nielsen, por parte de la Secretaría de Derechos HUmanos, y Selva Nazaruka, patrocinante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura que preside Silvio Del Balzo. “Nosotros presentamos un habeas corpus durante el ASPO –detalla Del Balzo- por el abuso en los procedimientos, hace más de dos meses. Los sucesos de Fontana sólo confirman lo que estábamos denunciando”, sostiene Del Blazo. “La presencia del CNPT como amicus va a generar un efecto positivo en el expediente –sostiene el abogado- porque siempre es bueno determinar formas y métodos que ayuden a clarificar las causas donde se involucran fuerzas de seguridad y haya violencia institucional, porque esto no es un delito común”.
Al respecto, Del Blazo señala que durante los primeros meses del ASPO, “la policía detenía a los jóvenes y los encerraba en grupos, en las comisarías, mientras que la indicación sanitaria era no generar tumultos ni aglomeración de personas”. Un ejemplo entre otros de abuso de poder y violencia institucional denunciados ante el comité provincial.
Fuente:Pagina12
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