TROPEL 2 del 10.08.2020.

El hambre no espera: vecinos de Quilmes y Varela cortaron frente al Carrefour /La Coordinadora Barrial Resistencia exige alimentos para los comedores

Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2020.

La Coordinadora Barrial Resistencia en Quilmes. Con los vecinos de distintos barrios de Solano, Quilmes y Varela cortando la Av. La Plata, frente al Carrefour. Exigiendo a los que acumulan todas las riquezas de nuestro pueblo para su propio beneficio que respondan al menos a las necesidades urgentes que sufrimos. Sólo nuestra propia lucha y protagonismo nos garantizan la subsistencia y la dignidad. Acá no se entrega nadie.

COMUNICADO

El hambre avanza. La terrorífica suma de la desocupación, la miseria y la epidemia hacen estragos en nuestros barrios humildes.
No nos engañamos: no hay soluciones verdaderas para los males que nos atacan sin afectar los intereses mezquinos y criminales de quienes pretenden acumular más y más riquezas, de quienes pretenden administrar esta realidad de mierda para lxs humildes, lxs desposeídos.
La CBR no viene a administrar la miseria ni a gestionar las necesidades humanas elementales. La CBR viene a ocupar su lugar en la historia de luchas y resistencia de nuestro pueblo; viene a recordar e insistir en que el camino de toda conquista, de toda dignidad, de todo derecho, es la lucha, la lucha de calles, la rebeldía popular; y eso significa, en las últimas décadas, los métodos piqueteros.

Esta vez, la actividad consistió en una movilización, con las limitaciones propias de la situación sanitaria, de un sector de la gente que concurre y participa de nuestras ollas y merenderos de Quilmes (Solano: El Tala, La Paz, Agustín Ramírez, La Matera) y Varela hasta el hipermercado Carrefour de Quilmes.
Los empresarios trataron de derivar la situación al municipio, el que envió una delegación al corte. Esto, en sí, significó un triunfo, ya que la burocracia municipal hasta acá se había mantenido inalcanzable para los comedores que integran la CBR. Pero, insistimos en que exigíamos un compromiso de parte de la empresa; quedando una instancia de mediación del municipio abierta en los próximos días.
Además, el propio municipio, sus funcionarios de desarrollo social, se comprometieron a incorporar nuestros comedores al compromiso estatal y entregar alimentos el lunes próximo.
Nuestra decisión está clara: seguiremos movilizando, adonde sea necesario (supermercados, frigoríficos, municipios, gobiernos y empresas varias) para conseguir respuestas concretas y soluciones mínimas.
No hay posibilidad alguna de quedarnos pasivxs y ver morir de hambre, o de todos los males que sufrimos, a nuestras familias. No abandonaremos la calle, la pelea, hasta conseguir la plena dignidad para la vida de nuestro pueblo: no para otra cosa nació la CBR.
Sabemos que en ese camino se irá consolidando la organización popular, se irán construyendo las herramientas organizativas necesarias, se irá abriendo la senda de la liberación de nuestros pueblos trabajadores, cuya victoria es inexorable.
Por ahora, cada unx de lxs que participaron, cada unx de lxs que esperaron su regreso en el barrio, se queda con la clara conciencia de que la senda ya está trazada.

COORDINADORA BARRIAL RESISTENCIA

Vecin@s resisten desalojo de tierras tomadas en San Francisco Solano

Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2020.

Comunicado:

90 familias, en su mayoria jóvenes, estamos resistiendo el desalojo policial del predio ubicado entre las calles 824, 887 bis, 824bis y 887 en San Francisco Solano, partido de Quilmes, con el fin de hacer efectivo nuestro derecho a tener un lugar donde vivir.

Este pasado viernes 7 de agosto, fuerzas policiales se hicieron presente, amenazando a vecinos y vecinas de tener orden judicial de barrer el lugar si no desalojábamos el predio en cuestión (sin nada que acredite dicha orden), ante esta situación y frente a la destrucción de algunas de las carpas por parte de la infantería, decidimos retirarnos a la calle 824 bis y permanecer en el lugar.

El predio que queremos recuperar para poder construir nuestras viviendas, es en la mayoría de su superficie un pantano, con alrededor de 50 cm de agua y juncos, donde todas las administraciones municipales prometieron construir diversos proyectos que nunca fueron concretados.

Somos vecinos y vecinas de Quilmes que no tenemos donde vivir y estamos dispuestos a transformar estos terrenos, hoy inhabitables, en un lugar donde 90 familias tengamos donde poder vivir digamente.

Es por estos motivos que hacemos un llamado a las autoridades municipales, provinciales, nacionales, organizaciones sociales, políticas y gremiales para que nos ayuden.

Tenemos necesidades de todo tipo. Necesitamos: alimentos para las ollas populares, herramientas, camiones de tierra, frazada, abrigo, pero principalmente necesitamos de la solidaridad y la intermediación de todos ante el peligro inminente de ser reprimidos por no tener un lugar donde vivir.

Contacto:
Nair 1130436676
Sebastián 1569581448

Vecinos y vecinas construyendo codo a codo un lugar donde poder vivir dignamente.

140 días de aislamiento obligatorio y 102 Femicidios

Resumen Latinoamericano, 08 de agosto de 2020.

Los últimos 14 días se produjeron 10 femicidios según un nuevo informe del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, el décimo desde que se implementó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Una cifra sostenida durante estos más de 100 días que las medidas tomadas no han logrado revertir.

Al 6 de agosto son 102 las mujeres asesinadas. Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos. El 68% fue asesinada en su vivienda, dejando 118 hijas e hijos sin madre. El 65% de los femicidas eran parejas o exparejas y 1 de cada 7 mujeres contaban con denuncias previas. El detalle del informe muestra– igual que los anteriores- que la vivienda compartida es el sitio más inseguro para las mujeres y que los golpes son la principal causa de muerte.

Es importante destacar que, desde el 20 de marzo, 7 de las mujeres asesinadas eran migrantes ya que muestra la interseccionalidad a considerar al momento de valorar las vulnerabilidades en relación con el género, la nacionalidad y la violencia sexista.

También consideramos que los “femicidios estatales”, categoría elaborada por nuestro Observatorio, se producen por los abortos clandestinos y el entorpecimiento de la aplicación de la ILE que es responsabilidad del Estado garantizar en todo el país otorgando a las mujeres y personas gestantes la posibilidad del acceso a una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita.

Observando las aristas de la violencia de género, registramos los “femicidios vinculados”1 de hombres y niños, que desde el 20 de marzo suman 4 varones adultos y en las últimas horas un niño en Baradero, Provincia de Buenos Aires, Lorenzo de apenas 2 años. El culpable de este femicidio vinculado fue su padre, un oficial de policía que se suicidó.
En nombre de todas las víctimas de violencia sexista, desde La Casa del Encuentro y su Observatorio, sostenemos la urgente necesidad de que el Estado incremente y priorice las medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones.

(1) El “femicidio vinculado” es un aporte teórico de La Casa del Encuentro para nombrar a las víctimas colaterales del femicidio. Existen dos categorías de femicidio vinculado: “Personas que fueron asesinadas al intentar impedir el Femicidio o que quedaron atrapadas ‘en la línea de fuego’”, y “Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad.

Fuente: Facebook Casa del Encuentro

Mendoza: Con el COVID como pretexto, el gobierno avanza en todos los frentes

Resumen Latinoamericano, 08 de agosto de 2020.

Como anticipara CORREPI a fines del mes de junio, la Cámara de Senadores de la Legislatura mendocina aprobó, el 14 de julio, la modificación del Código Contravencional de la provincia, que ya contaba con media sanción de diputados.

De esta manera se agregó un nuevo artículo, el 119 bis, que prevé una pena de 15 a 30 días de arresto o 60 a 80 días de trabajo comunitario para quien “organizare y/o alojare reuniones que impliquen el incumplimiento de las normas que regulan estas actividades y las instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales”.
La medida, que contó con el apoyo del oficialismo y la mayoría del Frente de Todos, es la muestra de un nuevo embate por el control social al que aspira el gobierno y de su impotencia para contener la situación sanitaria en que estamos inmersxs. Ante el colapso del sistema de salud, la angustia económica que viven cientos de miles, la respuesta del estado es la cárcel. Nada hay más contraproducente que la amenaza penal/contravencional para evitar la propagación del virus. Esto generará que las personas no aporten a la investigación médica, o peor aún, que se aporten datos parciales o falsos por el temor a la represalia penal.

Para asegurar el cometido del nuevo artículo, el gobernador Suárez anunció, el pasado lunes 3 de agosto, el ciberespionaje para Mendoza: “Estamos haciendo un sistema de monitoreo de redes para poder llegar a esos lugares y aplicar la sanción”, y recordó el caso del municipio de Ciudad: “La Capital tiene un sistema llamado Ojos en Alerta, y en todo Mendoza se debe hacer igual. Denunciar siempre irregularidades a través del 911, del 0800 COVID y de la app del 148, pero la clave siempre es la conciencia de cada ciudadano”.
Así como a nivel nacional, en otras provincias y municipios, Mendoza se suma a la persecución de lxs que piensan distinto, de lxs que protestan. Sobran ejemplos a lo largo y ancho del país de enormes despliegues policiales tocando a la puerta de personas que se animaron a cuestionar las condiciones de esta cuarentena, las medidas tomadas por los gobiernos o a sus funcionarios. Así se recabarán pruebas e iniciarán investigaciones por medios ilegales (costosos en recursos materiales y humanos) barriendo con los más básicos derechos de las personas, demostrando la verdadera cara de la coalición de gobierno y sus prioridades.
A la vez, el anuncio de cierre de bares y no de restaurantes o de otros comercios pero la prohibición de reuniones familiares, sólo habilita la circulación de quien puede pagar y consumir, lxs pobres serán lxs unicxs perseguidxs. Legislar, espiar y pegar seguirán siendo más baratos que ocuparse de la crisis.

A lo anterior, se suma el intento de reforma de la Ley Provincial nº 8.284, sancionada en el año 2011, que creó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (CPPT). De aprobarse, Cornejo y Suárez darían un nuevo paso en su política punitivista al eliminar sin disimulos las organizaciones civiles de dicho organismo de control.
La CPPT tiene como función principal inspeccionar lugares cerrados o de privación de libertad, (fundamentalmente cárceles, comisarías, instituciones de salud mental, así como también cualquier otro lugar donde haya personas alojadas que no puedan salir por su propia voluntad, como instituciones para niñxs), realizar entrevistas confidenciales y elaborar recomendaciones a las autoridades con el objetivo central de “prevenir” hechos de tortura y/o malos tratos.
Hace más de un año se realizó un dudoso concurso público para el nombramiento del Procurador de las personas privadas de libertad (quien se encarga de presidir la CPPT) donde fue seleccionado Luis Romero, sin experiencia en derechos humanos, y alineado políticamente a la gestión provincial. Indudablemente aquella designación sentó las bases para este proyecto de reforma, cuyos ejes fundamentales son la eliminación del concurso público para el cargo del procurador siendo elegido por el Poder Ejecutivo y la reducción de 12 integrantes de organizaciones civiles a tan sólo 1, sustituyéndolxs por representantes del Ejecutivo y del Colegio de Abogados. Con esto se busca eliminar cualquier sospecha opositora a la gestión de las fuerzas de seguridad y penitenciarias, con un comité afín a los intereses del gobierno.

En todo el contexto analizado, se suma la designación de la abogada María Teresa Day para ministra de la máxima instancia judicial en la provincia. Más allá de la disputa sobre la constitucionalidad de su nombramiento- en que se baten a duelo oficialistas y opositores ligados al PJ/kirchnerismo- está demarcado el camino de retrocesos que la provincia seguirá profundizando.
Es que Day, como Valerio en su momento designado por Cornejo, es una abanderada de la mano dura. Con su asunción, Juntos por el Cambio tiene la mayoría en la Corte y cualquier duda sobre las leyes en que tiene interés el oficialismo cuentan de movida con los fallos favorables de estos jueces.
Day también es una confesa enemiga del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con vínculos con la secta católica Opus Dei, en una clara muestra de profundizar los vínculos que ya unen a Cambiemos con los sectores más concentrados y reaccionarios del catolicismo y evangelismo (MásFe de Bonarrico, el nuevo partido UNO del empresario Lucero) que han entrado al escenario político.

Fuente: Correpi

Franco Martínez lleva 16 días desaparecido: denuncian negligencia policial y de la Fiscalía

Resumen Latinoamericano, 8 de agosto de 2020.

Ya pasaron 16 días desde la desaparición de Franco Martínez en Lomas de Zamora. Comenzaron a buscarlo con perros e intervinieron su celular.

Franco Martínez desapareció el jueves 23 de julio por la tarde cuando se fue de su casa de Villa Albertina, en Lomas de Zamora. Ya pasaron dos semanas desde la última vez que lo vieron y todavía no hay ninguna noticia sobre su paradero.

Desde el primer momento, la familia de Franco dejó en claro que no hubo ninguna situación que hubiera motivado su repentino alejamiento. Se hicieron operativos de rastrillaje, lo buscaron en distintas comisarías y revisaron hospitales, pero nadie dijo haber visto al muchacho.

Sus familiares consiguieron que un abogado interviniera en la causa y así comenzó una búsqueda con perros de rastreo, cuando ya habían pasado diez días de su desaparición. Según contaron desde su entorno a El Diario Sur, «los mismos instructores dijeron que la efectividad de los perros tiene un alcance de tres a cuatro días para su olfato», lo cual fue un duro golpe a las esperanzas de la familia Martínez. «No se trabajó cuando se debía», le dijeron a este medio.

Otro cuestionamiento fue la demora de los peritos informáticos para intervenir el celular del joven, rastrearlo y conocer su ubicación. 14 días después de su desaparición, la familia está como al principio: sin indicios, sin pistas, sin noticias y con una desesperación cada vez mayor.

«Tenemos una fiscalía que no trabajó bien, que no aceptó las medidas propuestas y está encaprichada en su protocolo tan errático como ineficiente«, comentó en las últimas horas Alejandro Biondini, abogado que lleva adelante el caso, a través de sus redes sociales.

Quienes tengan datos sobre el paradero de Franco deben comunicarse al 911 o a los teléfonos 4290-4184, 4285-1786 y 1165162207. También se puede aportar información enviando un correo electrónico a jonathanmartinez.9507@gmail.com

Envio:RL