Distintos sondeos indican que la iniciativa de reforma que impulsa el gobierno nacional cuenta con una materia prima en la sociedad: para la mayoría de los ciudadanos, el Poder Judicial funciona muy mal. Cuándo comenzó la debacle en la consideración social y qué ocurre en el resto de la región.
Por Sebastián Cardozo
2 de agosto de 2020
La Justicia transita uno de sus peores momentos históricos en su vínculo con la sociedad civil. Según la última encuesta realizada por la Universidad de San Andrés, menos de uno de cada diez argentinos tiene una imagen positiva del Poder Judicial. La percepción es incluso peor que la que se tiene del Fondo Monetario Internacional (FMI), de los partidos políticos y de los sindicatos.
La mala apreciación de la Justicia en la sociedad no es nueva, pero en las últimas décadas parece haber empeorado a gran velocidad.
En la segunda semana de julio, la Universidad de San Andrés (Udesa) realizó su habitual estudio de satisfacción. Allí incluyó la imagen de los desempeños de los poderes estatales, otras instituciones y sectores de la sociedad civil. “¿Qué opinión tenés de los siguientes dirigentes políticos y sociales?”, les preguntaron a 1010 personas encuestadas.
Los científicos estuvieron en la punta de la pirámide con 90% de imagen positiva. Pymes, fuerzas de seguridad, campo, los industriales y los movimientos LGBT, todos tienen mayor imagen positiva que negativa. Por debajo aparecen los periodistas, el Estado, medios de comunicación, empresarios y bancos, entre otros.
En el último tercio se concentran los sectores con peor imagen de todo el país. Para los consultados por Udesa, el PRO es “el mejor de los peores” y pelea palmo a palmo con el Congreso, con los otros partidos políticos, el FMI y los sindicatos.
Hay solamente dos ítems que tienen menos del 15% de imagen positiva. Son los grupos anticuarentena y los jueces, que cierran la tabla como “los peores de los peores” de toda la encuesta. Sólo un 10% de los consultados tuvo una opinión positiva sobre los jerarcas del Poder Judicial.
Otro estudio, de Inteligencia Analítica, publicado meses atrás, también ubicó al Poder Judicial como el de peor imagen en el Estado, por detrás del Ejecutivo y el Legislativo. Las cifras eran similares: 9,3% de los consultados tenía una percepción buena o muy buena. En cambio, el 64,8% de los 8000 encuestados por Inteligencia Analítica opinó que era mala o muy mala. El gobierno llegó al 46,5% de positividad y el Congreso a 19,4 por ciento.
La reforma judicial que el gobierno envió al Congreso busca la unificación de los fueros penales económicos, unificación de cámaras y creación de fiscalías y defensorías para los nuevos tribunales, entre otras modificaciones. El tiempo dirá si sirvió para reconciliar al Poder Judicial con la sociedad.
“La imagen de la Justicia fue empeorando. Es un tema estructural. En la Argentina con las crisis económicas aumentaron los delitos, se volvieron más violentos y cometidos por personas más jóvenes. La sociedad tiene una idea abstracta de la Justicia, que es la idea del sentido común”, explicó a Tiempo Ricardo Rouvier, consultor y sociólogo.
“En la mayoría de los países latinoamericanos ocurre lo mismo. La gente no sabe exactamente qué hay dentro de la reforma judicial, pero existe una idea de que la justicia no llega a tiempo, deja a los presos libres o no es lo suficientemente estricta. La gente quiere mayor punitividad”, completó.
El divorcio entre la Justicia y la sociedad atravesó varias etapas desde el fin de la última dictadura. “(Raúl) Alfonsín había intentado devolverle legitimidad a los poderes del Estado con el regreso de la democracia y para eso construyó una Corte con todas las miradas. El Juicio a las Juntas puso a la Justicia argentina en un lugar único en el mundo y después empezó a deteriorase”, recuerda Leandro Halperín, legislador porteño por el radicalismo al tiempo que destaca “fallos históricos” de esa Corte, como el Bazterrica, que sentó jurisprudencia sobre la no criminalización del consumidor de drogas.
Para Halperín, profesor de Derecho Constitucional en el CBC, “la relación espuria entre Justicia y política se consolidó durante el menemismo con los per saltum y la confirmación de los indultos que avaló la mayoría automática de la Corte. Y también con los jueces de la servilleta”.
El legislador explica que en los ’90 “el Poder Ejecutivo ponía jueces y fiscales a dedo. El menemismo hizo de esa discrecionalidad un ejercicio arbitrario y partidario. Los fallos judiciales consagraron la impunidad, muchos jueces y fiscales siguen hasta hoy”.
Halperín concuerda con la necesidad de una reforma, pero rechaza la forma en que fue presentado el proyecto del Ejecutivo. “No convocaron a las universidades públicas, a los consejos. No abrieron una instancia para que participen ONG que están especializadas en el tema. Podrían haber invitado a los presidentes de los partidos políticos. El gobierno, fruto e sus internas, perdió la posibilidad de hacer cambios con los que algunos podríamos haber coincidido”, cuestionó.
El oficialismo buscará ampliar en el Congreso el apoyo a la Reforma Judicial
La ministra Losardo irá al Senado el próximo martes al plenario de sesiones. La posición de todos los sectores políticos.
Por Verónica Benaim - @VeBenaim
2 de agosto de 2020
El proyecto de ley de reforma judicial que anunció esta semana el presidente, Alberto Fernández, comenzará a debatirse el martes en el Senado. El primer paso será la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. En el Frente de Todos aseguran que su tratamiento “no será a libro cerrado” y que aceptarán todos los aportes necesarios para aprobar la mejor ley. La iniciativa podría llegar al recinto que preside Cristina Fernández a finales de agosto.
La convocatoria para el martes a las 16 es para el plenario de comisiones. Son la de Justicia y Asuntos Penales, cuyo titular es Oscar Parrilli (FDT), y la de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora, también del FDT, María de los Ángeles Sacnun. Losardo expondrá -de manera remota- ante los senadores el proyecto. Entre sus puntos principales la iniciativa busca agilizar el fuero federal unificando aquellos que hoy tienen jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires y crear 23 nuevos juzgados. Será la primera vez que la titular de la cartera judicial se presente en el Congreso desde que asumió en su cargo el pasado 10 de diciembre.
El oficialismo tiene pensado tratar la iniciativa durante un mes bajo la modalidad de audiencias. Participarán distintos expositores del ámbito del Poder Judicial que serán propuestos por todos los bloques que componen la Cámara Alta. En principio se espera que por unas cuatro semanas, los días martes y jueves, se escuchen las voces de distintos especialistas, desde abogados a dirigentes gremiales, en torno al impacto de la reforma.
“La idea es abrir la discusión. Escuchar varias opiniones, tal como lo planteó el presidente en su presentación del proyecto”, explicó a Tiempo la senadora Sacnun. Y expresó: “Aspiro a que sea un debate respetuoso y que ojalá podamos consensuar un proyecto de ley de esta magnitud e importancia trascendental para el país con el resto de los bloques. Nadie niega que es necesaria una reforma de la justicia. Estamos asistiendo a una situación de mucha complejidad en cuanto a los manejos y desmanejos, fundamentalmente de Comodoro Py, en estos últimos años”.
Sacnun señaló que uno de los principales objetivos del texto elaborado por el Ejecutivo, a partir de la recopilación de más de 100 proyectos que fueron presentados en el Senado, “es que haya jueces probos”. “Que no se dejen influenciar por ninguno de los poderes, que apliquen la ley con absoluta igualdad. Es un reclamo de la sociedad en su conjunto. Si hay un sector al que claramente le tiene que llevar tranquilidad este proyecto es a la oposición. Esta justicia pendular de Comodoro Py no tiene ningún problema en perseguir opositores”, agregó.
Desde Juntos por el Cambio, la senadora Silvia Giacoppo, señaló que la oposición no “está llena de odio”. Lo hizo ante las acusaciones públicas de algunos dirigentes del oficialismo. Aseguró que, si bien no están de acuerdo con el momento que eligió el gobierno para presentar el proyecto, van “a trabajar, escuchar y tratar de aportar porque es necesaria una reforma judicial”.
En diálogo con este diario, Giacoppo consideró: “En este momento su aplicación va a ser inviable. Porque son más de 270 cargos que hay que crear para estos nuevos juzgados por lo que me gustaría que me expliquen cómo van a conseguir los recursos cuando tenemos al Ministro de Economía – Martín Guzmán- diciendo que nos vamos a morir de hambre si pagamos los compromisos que tenemos con los acreedores”. “El sistema acusatorio está funcionando en Salta, Jujuy, y no se pudo aplicar en otras provincias por cuestiones presupuestarias”, recordó.
Giacoppo coincidió en que “es necesario poner a la justicia en el lugar donde tiene que estar como el soporte y el equilibrio de un sistema republicano”. “Venimos de varias décadas con un sector de la justicia, tampoco vamos a poner a todos los jueces de Comodoro Py en la misma categoría, que se ha manejado según la presión política del gobierno de turno”.
En el Frente de Todos saben que tienen los números para aprobar la iniciativa, pero señalaron buscarán un consenso más amplio con un tema tan especial. En el poroteo y con asistencia perfecta el FDT cuenta con 41 senadores. José Alperovich está de licencia y podrían sumar el apoyo de los monobloques provinciales de Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Ríos Negro. En la vereda de en frente, Juntos por el Cambio tiene una totalidad de 25 representantes y 4 legisladores del Interbloque Parlamentario Federal que suelen ser sus aliados.
Fuente:TiempoArgentino
Deuda: a pesar del éxito con bonistas locales, persiste el bloqueo extranjero y el Gobierno extendería el plazo
A pesar de que el 100% de los inversores que tienen en el país unos USD 5.000 millones en bonos con ley Nueva York habrían aceptado la oferta del Gobierno para la reestructuración de la deuda, la mayoría de los acreedores extranjeros, con Blackrock a la cabeza, siguen intransigentes. El Ejecutivo define si prolonga la negociación, que vence el 4 de agosto.
Esta situación se conoce estos días, luego de que trascendiera un hecho que aporta una arista importante al proceso de negociación. Es así: por un lado están los inversores locales, aquellos que tienen en el país más de USD 5.000 millones en bonos con legislación Nueva York, y el 100 % habría aceptado la oferta del Gobierno para realizar un canje en el marco de la reestructuración de la deuda; pero por otro están los tenedores extranjeros de bonos de deuda emitidos en dólares y bajo ley extranjera por unos USD 60.0000 millones, de los cuales solo alrededor del 25% se presentaron al canje.
Como publicó Ámbito Financiero, si se suman los bonos locales y los extranjeros, la aceptación total estaría rondado el 35%, por lo que el número es insuficiente para conseguir la reestructuración. Ese porcentaje cercano a los dos tercios de respuestas negativas es el que está evaluando el ministro de Economía, Martín Guzmán, para definir si se extiende el plazo de negociación con estos acreedores privados.
La fecha límite, del 28 de agosto, siempre fue la fecha definitiva, pero que por cuestiones legales debieron acortar ese plazo al 4 de agosto. Ahora, con muchos de los acuerdos sin cerrar, los negociadores del Gobierno estimaban que sería necesaria una última ronda de conversaciones. A eso se agregaba otro detalle relevante: en el mensaje del ministro Guzmán a los acreedores, se sostuvo que la oferta registrada era la última, que no iba a tenerse otra enmienda, por ende la apuesta del Gobierno es llegar al 4 de septiembre con los nuevos títulos registrados en la SEC, y para eso el 28-A es el límite.
Sin embargo, en este punto es que se comprende la complejidad de la situación de deuda y fechas límite incumplibles que dejó la irresponsabilidad del gobierno de Mauricio Macri: además de la dura batalla con los grandes fondos extranjeros, con Blackrock en la conducción, el esquema incluye al ahora amigable FMI y también a los pagos al Club de París.
El FMI sabe que eso es táctica, pero también que es preferible, primero, dejar que la negociación con los bonistas llegue a algún puerto, sea esto un acuerdo parcial o total con los acreedores. El organismo que conduce Kristalina Georgieva conoce también que la fecha límite que tiene para negociar es en enero próximo, ya que la Argentina necesita tener el nuevo acuerdo con el Fondo cerrado antes que venza el pago con el Club de París a fines de mayo de 2021.
No lo quieren
La asamblea de argentinos en Francia repudió la visita de Macri y se manifestará en su contra frente a la torre Eiffel
Parece ser que al ex presidente no lo quieren ni siquiera en el país donde "se vive con libertad", como dijo al llegar a París: es que el grupo de ciudadanos argentinos que residen en el país galo repudió su visita, pidió declararlo “persona no grata” y convocó a una manifestación el lunes frente a la torre Eiffel. "Basta de impunidad. Por un poder judicial independiente", dispararon.
La comunidad argentina en Francia repudió el viaje de Macri a París mediante un comunicado en el que resaltan que el ex mandatario “ha ignorado las consignas nacionales de confinamiento e incluso la normativa de excepción de las restricciones de ingreso a Francia”.
“Su ostentación de lujo desde el hotel ‘La Reserve’, contrasta con la grave situación económica que sufre el pueblo argentino producto de las nefastas consecuencias sociales y económicas y del endeudamiento sin precedente en que dejó al país su gobierno entre 2015 y 2019 y de los estragos de la pandemia”, agregan en el documento.
En el texto, el mensaje de repudio a Macri se extiende a Juntos por el Cambio al ponerlo en el contexto de las múltiples causas judiciales que rodean a sus ex funcionarios y la reforma judicial que impulsa el gobierno argentino, que el macrismo rechazó antes de conocer: “Basta de impunidad. Basta de corrupción y de fuga de capitales estatales. Por un poder judicial independiente”.
Macri viajó el pasado jueves junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia a la capital francesa, donde permanecerá 14 días y luego irá a Zurich, Suiza. Fuente:PoliticaArgentina
Avanza la articulación entre la Provincia y organizaciones de la agricultura familiar
Desde jornadas de prevención contra el Covid-19 en zonas rurales hasta proyectos productivos toman forma en el marco del Consejo Provincial de la Economía Popular, Social y Solidaria.
Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular Agraria (Utep Agraria) realizaron esta semana en Florencio Varela, en conjunto con la Subsecretaría de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, un operativo sanitario de prevención de Covid-19 y vacunación. Estuvieron presentes, además, funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación; y de otras áreas de los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal local.
La actividad se articuló en el marco del Consejo Provincial de la Economía Popular, Social y Solidaria, cuya mesa sectorial agraria y campesina se reúne de manera periódica para plantear problemáticas y planificar políticas públicas que respondan a las mismas.
Durante las jornadas, que se llevaron a cabo en la casa de una productora, Mercedes Taboada, también se hizo un registro de trabajadoras y trabajadores de la economía popular para articular políticas públicas entre el sector rural y el Estado. El registro continuó este viernes en la vivienda de otra productora, Andrea Díaz, según informó la agencia Télam.
“Es significativo que el Estado haya venido en su totalidad, tanto Nacional, Provincial y Municipal, por lo que entendemos que hay una línea de políticas públicas positivas para el sector rural”, consideró la dueña de casa, Mercedes Taboada.
Para el subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, Federico Ugo, fue “muy importante que la reunión no haya sido en una oficina, sino en un lugar donde se desarrolla la actividad del sector campesino y de la agricultura familiar”. Y agregó que en esos espacios “se ve la realidad: para llegar tenés caminos que no están en condiciones y falta de acceso a servicios”. No obstante, consideró que cuando el Estado se hace presente, los productores responden.
Desde el Estado Nacional, el director de Innovación Productiva de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Matías Bohl, explicó que la pandemia afecta en profundidad a las zonas rurales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que también existen focos en algunas provincias: “esta misma tarea se está haciendo con organizaciones de La Plata y Berazategui, entre otras, y junto con el Ministerio de Salud trabajamos un proyecto de capacitaciones virtuales de prevención de la salud para los compañeros del interior”.
Durante la jornada, los movimientos campesinos aprovecharon para volver a transmitir las problemáticas de acceso a la tierra para producción, comercialización, regularización de trabajadorxs y de cooperativas, género, juventud, desarraigo y la necesidad de potenciar políticas que favorezcan “la vuelta al campo”. En paralelo, hubo reuniones para avanzar en proyectos productivos.
Tras la realización de las tareas, se entregaron insumos sanitarios y material informativo en el contexto de la pandemia. Los mismos incluyeron barbijos, máscaras, lavandina, alcohol, pulverizadores y guantes descartables, entre otros.
Por parte de los productorxs rurales, estuvieron representantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI VC), el Frente Agrario Evita (FAE), el Frente Nacional Campesino (FNC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural), la Asociación de Productoras Mujeres Rurales, la Fundación de Mujeres Apícolas, la Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares (APF) y la Asociación de Productores Hortícolas de la 1610. En el distrito, esas organizaciones se aglutinan en la Mesa Agraria de Florencio Varela.
También participaron, por parte de los organismos públicos, el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria provincial, Cristian Amarilla; Alejandro Gramajo, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; el director provincial de Agricultura Familiar, Ezequiel Wainer; el subsecretario de Promoción y Producción Agropecuaria municipal, Juan Cruz Daffunchio; y el presidente de la Federación de Cooperativas Evita, Gildo Onorato; entre otros.
Fuente:Infonews
El Gobierno impulsa una reestructuración de los tribunales de Retiro, que fueron el centro del Lawfare durante los últimos cuatro años. Qué opinan jueces y fiscales con despacho en ese histórico edificio.
Por
Franco Mizrahi
La reestructuración de los tribunales de Comodoro Py es uno de los pilares de la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández. El Destape se contactó con jueces y fiscales con despacho en el edificio de Retiro para conocer su visión de la transformación que pretende realizar el gobierno nacional.
“Una incoherencia absoluta”. “Está absolutamente mal concebida”. “No es el momento para la reforma”, afirman distintos funcionarios judiciales con asiento en Comodoro Py, centro del Lawfare durante los últimos cuatro años. Incluso un camarista porteño desafía la voluntad del Poder Ejecutivo: “No necesariamente nos diluye el poder”. Pero la crítica más repetida, incluso en interlocutores cuyo posicionamiento político-ideológico es muy distante, es que “no tiene sentido crear juzgados porque debe darse impulso al sistema acusatorio. Es necesario aumentar la cantidad de fiscalías”.
El presidente anunció el pasado miércoles los pasajes centrales de la reforma judicial que al día siguiente enviaría al Congreso (este martes se espera su primer abordaje en una comisión conjunta del Senado). Una de las columnas vertebrales del proyecto es la transformación del fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como adelantó este medio, el gobierno propuso unificar los fueros Criminal y Correccional Federal (con sede en el edificio de Comodoro Py 2002) y el Nacional en lo Penal Económico y a la vez duplicar la cantidad de juzgados de primera instancia. También se pretende crear fiscalías y tribunales orales federales.
En los tribunales de Retiro hay 12 juzgados de primera instancia, con dos secretarías cada uno. La intención es desdoblar esas secretarías para crear el doble de juzgados. Pasarían a ser 24. En Penal Económico hay 11 despachos. Con la aplicación del mismo mecanismo ascenderían a 22. En total, el nuevo fuero Penal Federal pasaría a tener 46 juzgados y la misma cantidad de fiscalías. Así, el Gobierno busca diluir el poder de los 12 magistrados que habitan en Comodoro Py, donde tramitan las causas políticas más sensibles del país. El rol de muchos de estos jueces durante el macrismo quedó muy expuesto por la persecución de la que formaron parte. El caso de Claudio Bonadío fue paradigmático.
Ante este panorama, ¿qué dicen en Comodoro Py?
“No me parece el momento. Para que empecemos a funcionar mejor hay que apuntarle a otras cosas. Y no a crear cargos. A nosotros esta reforma no nos diluye el poder”, advirtió un camarista ante la consulta de este medio. Acto seguido, retrucó en referencia es a los fueros Civil y Comercial y al Laboral: “La realidad de la gente pasa por otro lado”.
“Si quieren más jueces, hay 400 vacantes para cubrir rápido”, añadió. “Esta reforma no la veo bien. Nos pone a nosotros en un lugar importante y la justicia federal tiene que dejar de ser importante para la gente y para el poder”, aseguró. Lo que sí destacó de la reforma es la revisión de los concursos para acceder a la magistratura.
Un fiscal histórico opina que la reforma “está absolutamente mal concebida y no va a resolver los problemas que pretende”. Por el contrario, considera que “los va agravar”.
Las resistencias en los tribunales de Retiro, que es el epicentro del cambio, son esperables. El accionar judicial de los últimos años en ese edificio es uno de los disparadores de la transformación que se busca implementar. En ese marco, no sorprende que el fiscal procesado Carlos Stornelli, una de las caras visibles del Lawfare, considerase a la reforma “inconstitucional”.
Lejos de la visión de Stornelli, en Comodoro Py el cuestionamiento que se repite entre las fuentes consultadas (que integran las diferentes instancias que habitan esa sede judicial) es que se crean juzgados cuando se busca implementar el sistema acusatorio, que empodera a los fiscales, que son quienes pasarán a impulsar las investigaciones. Una decenas de funcionarios judiciales consultados para este nota coinciden en que se debían haber creado solo fiscalías.
“Creo que se debe aplicar el código acusatorio y punto. No tiene sentido más juzgados porque el trabajo para los juzgados va a disminuir”, indicó una de las fuentes consultadas. “Debiera haber más fiscalías que juzgados. Un código acusatorio es parecido al de las películas yanquis. ¿Cuántos jueces ves? Todo se agota en la fiscalía”, graficó. Por su parte, destacó como positivo el impulso al “tema jurados. Es cumplir con un mandato democrático y constitucional”, señaló.
En el primer piso de Comodoro Py tiene asiento la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, que no fue alcanzada por la reforma. Fuentes de aquel tribunal respondieron a la consulta de este medio: “Veo bien la unificación de Penal Económico con Criminal Federal”, indicaron. Entienden que ordenar Comodoro Py “es la condición para la gobernabilidad democrática de la Argentina”. Sobre todo, a la luz de la persecución que se desató en los últimos cuatro años contra la oposición política.
No obstante, no se mostraron del todo de acuerdo con la duplicación de juzgados: “Para imponer el nuevo Código hacen falta más fiscales no mas jueces. Eso es un conflicto”, aseguraron.
Luego dieron un paso más allá de Comodoro Py y agregaron: “Es imprescindible ampliar la Corte y modificarla”. “Si se no toca la Corte y la Casación y solo se hacen cambios ‘abajo’, no alcanza. ‘El pescado se pudre por la cabeza’”, sentenciaron. La ecuación es simple: el Lawfare que se desató durante el macrismo hubiera sido imposible de ejecutar sin el consentimiento de los tribunales superiores.
Por eso, las modificaciones que se avecinan no podrán disociarse de lo que resuelva el consejo consultivo que asesorará al Presidente en materia judicial. La comisión de once notables hará foco en el funcionamiento e integración de la Corte Suprema y en el desempeño del Ministerio Público Fiscal, entre otras cuestiones. Se tratan de puntos neurálgicos de la reforma que de una u otra forma sellarán los cambios que se buscan concretar en el fuero Penal Federal.
Fuente:ElDestape
REFORMA JUDICIAL
El Presidente defendió la reforma judicial: "Están construyendo ideas que no son ciertas"
Alberto Fernández lamentó que los medios y un sector de la oposición cree "ideas e imágenes que no son ciertas". Sobre la Corte, recordó que en campaña él mismo dijo que "no necesita más de cinco miembros".
También sostuvo que la oposición, "en particular los que fueron funcionarios del gobierno de Cambiemos, deberían estar muy agradecidos de la reforma, porque les garantiza que nosotros no vamos a hacer con ellos lo que ellos hicieron con los funcionarios de Cristina Kirchner" al marcar su distancia respecto de "la doctrina (del camarista Martín) Irurzun", vinculada a las prisiones preventivas indiscriminadas.
El jueves pasado, el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal ingresó a la cámara del Senado de la Nación, tras ser anunciado el día anterior por el Presidente en Casa de Gobierno.
La iniciativa es una de las promesas de la campaña electoral del año pasado, confirmada por el mandatario durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso nacional el pasado 1° de marzo, previo a la pandemia de coronavirus.
En la presentación del jueves último, el Presidente manifestó el objetivo principal de la reforma: "Nunca más a la justicia utilizada para saldar discusiones políticas" y deseó que ese poder del Estado esté "en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión".
La iniciativa del Gobierno nacional se completa con la integración de un consejo consultivo integrado por 11 juristas de diferente pensamiento que debatirán, a pedido del jefe de Estado, diferentes aspectos que hacen al funcionamiento de la Justicia a nivel de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Juicio por Jurados.
De ese debate surgiría un proyecto de "recomendación" que sería "no vinculante" y que luego sería enviado al Congreso para su debate en ambas cámaras.
Desde la presentación de ambas iniciativas, una ya en el Congreso y la otra por empezar a discutirse en el consejo consultivo, la oposición y algunos medios insistieron en afirmar que la vocación de los cambios que impulsaba el Poder Ejcutivo estaba vinculado a modificar el número de integrantes de la Corte, algo que también fue desmentido por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en un reportaje a C5N.
En este contexto, Fernández, volvió a aclarar hoy en El Destape Radio, que "el número de miembros no es la cuestión, eso una discusión falsa", y recordó que en campaña él mismo consideró que "no se necesitan más de cinco miembros" en el Alto Tribunal.
"Esa (el número de la Corte) es la cuestión que imponen", sostuvo el mandatario en referencia a cómo es presentada la información.
Según Fernández, "hay muchas cosas que se tienen que revisar de la Corte" y "la comisión -creada por DNU- tiene que decir cómo es el funcionamiento de la Corte, pero lo de la cantidad de miembros es una discusión falsa".
Asimismo, defendió la integración del consejo consultivo integrado por 11 miembros para que lo asesoren en el proyecto de reforma judicial y mostró la "heterogeneidad" y solidez de sus integrantes, en oposición también a las críticas vertidas desde los medios sobre los diversos especialistas.
"Los diarios clásicos y sus respectivos canales de televisión, cuando se conocieron los miembros dijeron 'un zaffaronista ingresa a la comisión´ en referencia a (Raúl Gustavo) Ferreyra, un casi discípulo de Germán Bidart Campos, que era un hombre liberal. Después, le hacen un reportaje en La Nación al supuesto zaffaronista y él les responde que con cinco miembros la Corte puede seguir funcionando tranquilamente", ejemplificó.
También dijo que "en la comisión hay otro gran constitucionalista que hasta donde sé, es radical, uno de los más tenaces cuestionadores de la Ley de Medios, (Andrés) Gil Domínguez, y sin embargo, yo no leí en ningún lado que alguien que pensaba como (Héctor) Magnetto está en la comisión. Y resulta que cuando le hacen un reportaje, Domínguez dice que la Corte tiene que tener nueve miembros", analizó.
"Yo cuento esto para advertirle a la gente como van construyendo ideas, imágenes que no son ciertas" dijo en referencia a los medios "tradicionales".
Por otra parte, consideró que "la oposición, los exfuncionarios de Cambiemos fundamentalmente, deberían estar muy agradecidos con la reforma porque si tienen que enfrentar procesos penales no les va a pasar lo que les pasó a los funcionarios de Cristina Kirchner, porque no estamos con la doctrina Irurzun y no queremos que eso prospere", agregó por las prisiones preventivas.
"Así que los del anterior gobierno son los principales beneficiados con esta reforma y me comprometo públicamente a no hacer con ellos lo que ellos hicieron. El resto, es mentira", remarcó el Presidente.
Del mismo modo, ejemplificó con las críticas a "(Carlos) Beraldi (en la comisión)", quien "en el 2003, cuando llegamos al Gobierno (con Néstor Kirchner) quisimos hacer esta misma reforma y lo llamamos también para hacerla, y nadie lo cuestionó. Ahora lo cuestionan porque es abogado 'de'", analizó el mandatario en referencia al letrado de la vicepresidenta.
Y disparó: "Mis modos se chocan con la hipocresía, pero me cuesta ser un hipócrita porque no lo soy".
En el mismo sentido, sostuvo que "hay dos tipos de oposición, una con la que se logra mayor nivel de entendimiento para hacer esfuerzos en pos del bienestar de la gente, y después están los que están en Twitter y ahí, son los que arman cacerolazos, los que le hicieron creer a la gente que Vicentin era un acto de expropiación".
"Esos son los que frustran el bienestar de la Argentina y yo espero que eso en algún momento pase, pero no tengo mucha esperanza de que ocurra", lamentó Fernández, tras finalizar con que "sería bueno que reflexionen sobre el país que dejaron".
Fuente:Telam
No hay comentarios:
Publicar un comentario