Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 4 septiembre 2020.-
En Ecuador, el 7 de febrero de 2021 se llevarán a cabo elecciones para renovar el gobierno y el parlamento. De las primarias realizadas por los distintos grupos políticos en agosto surgieron 20 fórmulas, que son candidatos a presidente y vicepresidente, 16 de las cuales se inscribieron en el padrón electoral al 3 de septiembre. Al expresidente Rafael Correa, candidato a vicepresidente de Andrés Arauz por el partido Centro Democrático, también le hubiera gustado hacerlo, a través de una delega entregada a su hermana.
Pierina Correa, junto a Arauz y un notario, acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) con los documentos necesarios y también un iPad con el que estuvieron en contacto directo con el expresidente. Dadas las condiciones de emergencia debido al coronavirus, que requieren limitar los desplazamientos, argumentaron los correístas, los documentos podrían haber sido aceptados.
El funcionario, sin embargo, evitó entregar el formulario a Pierina Correa, diciendo que el candidato debería haber ido en persona: lo que es imposible para el expresidente, dada la persecución judicial de la que es víctima. El CNE – denunció Correa – endureció un reglamento de 2012 para la ocasión, bajo la presión del actual presidente Lenin Moreno, otrora su aliado en la revolución ciudadana, ahora su archienemigo.
El Centro Democrático también ha candidato a Rafael Correa como miembro del parlamento para los distritos electorales de Europa, Asia y Oceanía. El expresidente, que vive en Bélgica, podría haber realizado los trámites de registro presentándose en el consulado, pero anunció que no puede hacerlo ya que se ve obligado a permanecer en cuarentena durante dos semanas, tras regresar de un viaje de trabajo a París.
En cambio, otros dos exponentes de su gobierno pasado, Guillaume Long y Esther Cuesta, pudieron postularse para la circunscripción en el extranjero, con sus suplentes. En tanto, Correa ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación, mientras se evalua la posibilidad de una candidatura alternativa a la vicepresidencia, la del periodista Carlos Rabascall, también elegido en las primarias.
El correísmo ha construido una alianza de izquierdas que, dada la fragmentación del marco electoral y el vaciamiento del gobernante partido Alianza País, podría incluso ganar en la primera vuelta. Sin embargo, debe lidiar con la acción de los tribunales, involucrados en lo que ahora se conoce como lawfare, el uso del poder judicial con fines políticos.
Una tendencia evidente en toda América Latina, a través de la cual las clases dominantes, lideradas por los grandes poderes supranacionales, intentan deshacerse de los líderes carismáticos de la pasada ola progresista latinoamericana. Así fue con Lula en Brasil, así lo intentaron hacer con Cristina Fernández en Argentina, así lo siguen haciendo contra el ex presidente boliviano Evo Morales y con Rafael Correa, que dirigió Ecuador durante una década.
Ahora, el destino político de Correa pende de una sentencia de casación que debe decidir sobre el recurso de apelación presentado por los abogados tras una condena de 8 años por corrupción. Si el CNE hubiera aceptado la candidatura del expresidente, esto le habría permitido gozar de inmunidad temporal. En cualquier caso, una sentencia positiva de la casación también podría pesar sobre el recurso presentado por Correa ante la autoridad electoral, cuyo plazo vence el 17 de septiembre. De lo contrario, de confirmarse la sentencia, Correa quedaría incapacitado durante ocho años.
Con el vuelco de Lenin Moreno, que devolvió al país a la órbita de Washington y el Fondo Monetario Internacional, se inició una fase de gran inestabilidad, atestiguada también por el hecho de que Moreno cambió 4 de vicepresidente en poco tiempo, uno de los quien, Jorge Glas, fue encarcelado por cargos de corrupción.
Las medidas neoliberales implementadas por Moreno en 2019 han provocado miles de despidos, multiplicando los efectos de la crisis del coronavirus en curso. Una crisis social y sanitaria que ya ha provocado la muerte de más de 6.000 personas y que ha acentuado aún más el rechazo de la ciudadanía a Moreno, cuya gestión, según una reciente encuesta de Celag, está mal vista por más del 83% de los ecuatorianos.
El mandatario no vuelve a postularse pero, evidentemente, intenta aprovechar la situación de crisis para realizar el trabajo sucio en nombre de las grandes instituciones internacionales, que había sido impedido por una fuerte movilización popular. A fines de julio anunció que el FMI espera que Ecuador firme un nuevo acuerdo económico que reemplazará al suspendido en 2019 por las protestas populares.
Las condiciones se están materializando estos días. Moreno anunció triunfalmente en twitter el préstamo otorgado por el Fondo Monetario y la rebaja de la tasa de riesgo por parte de las agencias calificadoras. Decisiones que pesarán sobre la campaña electoral y que fortalecerán el apoyo de Estados Unidos a las próximas elecciones para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.
Otro paso adelante en la consolidación de los intereses norteamericanos en la zona. A cambio, Moreno debe pacificar el país, continuando la persecución política de quienes pudieran presentarse como una opción alternativa.
El caso Sobornos tendrá su resolución el 7 de septiembre
Resumen Latinoamericano, 4 de septiembre de 2020.
Quito, 4 sep (La Calle).- Al ritmo de una brevedad poco frecuente en la justicia ecuatoriana, este lunes 7 de septiembre, a las 15:00, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) anunciará la resolución del denominado Caso Sobornos 2012-2016. Esto ocurre después de que los magistrados a cargo del caso tramitaran el pedido de casación interpuesto por la defensa de los implicados.
El 24 de agosto del 2020, el sistema de justicia admitió el recurso de casación de 15 procesados en el Caso Sobornos. Los magistrados Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra conformaron el Tribunal que está encargado de resolver el destino de este recurso.
El Tribunal tiene el deber de analizar si la ley fue aplicada de modo érroneo o, en su defecto, malinterpretada en los procesos anteriores contra los implicados. La existencia del delito no está en discusión dentro del proceso de casación. Quienes interpusieron el recurso están a la espera de que el Tribunal haya revisado con rigor el aspecto legal de la sentencia y su legitimidad.
El 3 de septiembre, Diana Salazar, Fiscal General del Estado, se pronunció sobre el caso: “los acusados se han limitado a indicar, a los jueces, que se les ha aplicado indebidamente la ley. Ellos no han negado la existencia del delito”, manifestó Salazar de modo triunfante. No obstante, demostró poco rigor en sus declaraciones, pues, según la misma CNJ, este recurso tiene como finalidad el control de la legalidad de las sentencias, mas no la discusión sobre la existencia del presunto delito.
Antecedentes
El «Caso Sobornos 2012-2016» es el nombre que reúne a un conjunto de procesos judiciales contra el expresidente Rafael Correa y 20 personas más. Los cargos atribuidos por Fiscalía General del Estado (FGE) acusan a los implicados de presuntos delitos de corrupción. Según el expresidente, este caso constituye un fraude procesal y un intento de judicialización de la política. En este caso, Correa recibió ocho años de prisión preventiva, pero la sentencia aún no se encuentra en firme. (JBS)
Fuente: Radioalacalle.
Envio:RL
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