Resumen Latinoamericano, 4 de septiembre de 2020
McDonald’s logró congelar la investigación por la muerte de dos trabajadores en diciembre de 2019, mientras sus abogados negociaban un millonario acuerdo económico con padres de los fallecidos.
Elizabeth Carmona Marroquín, abogada de Johana Inga Argote, madre de una de las víctimas, contó a ‘Hildebrandt en sus Trece’ cómo la empresa ha hecho todo lo posible para diligencias que muestren los vídeos de las cámaras de seguridad el día de la muerte de los trabajadores.
El 15 de diciembre de 2019, Gabriel Campos Zapata y Alexandra Porras Inga murieron electrocutados en un local de McDonald’s en Pueblo Libre. Según la policía, las muertes de produjeron por una fuga de energía de un dispensador de gaseosas que no tenía el mantenimiento adecuado.
Y según reveló el padre de Porras Inga, la empresa Arcos Dorados, dueña de la franquicia de McDonald’s en Perú, les entregó un total de S/ 1 millón 225 mil. Hasta donde se conoce, los padres de la otra víctima recibieron un acuerdo inicial por S/ 750 mil.
Obstáculos en la investigación
El día de la muerte de los dos jóvenes, la abogada Carmona denunció ante la prensa que la empresa había impedido que las autoridades ingresaran al local para supuestamente limpiar la escena de posibles indicios de negligencia laboral. “La señora Inga me pedía que saliera a la prensa a denunciar estos hechos”, revela.
La visualización de los videos de vigilancia mostrarían el momento de las muertes y con eso el caso estaría resuelto. “Cuando nosotros solicitamos esa diligencia a inicios de enero, la empresa nos contactó. A partir de entonces, la señora Inga comenzó a conversar personalmente con ellos”, dice Carmona.
La abogada estuvo al margen de estas reuniones y continuó luchando contra el equipo legal de McDonalds que hasta hoy se ha negado a entregar el código de seguridad que permitiría visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad.
Según Hildebrandt en sus 13, en unos audios se escucha a Ricardo Elías Puelles, abogado de la franquicia, pidiendo a la División de Homicidios la postergación de la visualización de esos videos. En otros audios, se le oye solicitar que los empleados de McDonald’s se acojan al derecho de guardar silencio hasta la visualización de las imágenes. Incluso se quejo de la presencia de la madre de Alexandra Porras en algunas diligencias.
La estrategia legal ha impedido que José Andrade Roy, gerente general de “Arcos Dorados”, dueño de la franquicia de McDonald’s en Perú, no se presente a rendir su manifestación en varias oportunidades. La PNP lo calificó como “no habido”.
La abogada Carmona comenta que a partir de la última semana de enero la actitud de su clienta empezó a cambiar. “Ya no guerree, doctora”, le dijo. Además, le prohibió declarar a la prensa, ir a la DIRINCRI o presentar algún escrito ante el Ministerio Público.
La investigación se congeló y el 6 de febrero Carmona declaró a Exitosa que las pesquisas estaban estancadas. “Ese mismo día el coronel encargado del caso reactivó el asunto y se reprogramaron diligencias. Cuando la señora Inga se enteró, me llamó la atención duramente”, dice la abogada.
La abogada y su clienta firmaron un contrato en el que se acordaba que por sus servicios la abogada recibiría el 20% de la indemnización que pagara la empresa.
Pero la investigación volvió a obstaculizarse. “Los trabajadores de McDonald’s siguieron faltando a las citaciones y el video continuaba sin poder visualizarse”, narra. El 18 de febrero una diligencia se volvió a frustar pero por una razón muy distinta.
¿Pago por silencio?
El día 17 de febrero, la abogada y su clienta se reunirían con los representantes legales de McDonald’s para firmar un acuerdo extrajudicial. Al lugar también acudió el padre de Alexandra Porras, Ricardo Porras Urbizagástegui.
Durante esta reunión, los padres de Alexandra aceptaron un acuerdo por S/ 750 mil. “Las partes manifiestan su voluntad de renunciar a cualquier acción o pretensión que se encuentre en curso o que eventualmente pueda ser planteada de naturaleza judicial, extrajudicial, civil, comercial, personal, constitucional, penal, cautelar, laboral y de cualquier otra índole, ante cualquier corte, contra La Empresa, sus trabajadores, sus directivos, funcionarios o representantes o en contra de sus empresas vinculadas ya sea en territorio nacional y/o extranjero”.
Un contrato parecido fue firmado por los padres de la otra víctima, Gabriel Campos, asegura la abogada Carmona.
“Se puso a llorar (la señora Johana Inga) y dijo que no quería ver el vídeo porque la iba a poner mal, pero creo que más fue porque le pidieron dejar ahí el tema. El abogado de ‘Arcos Dorados’ decía que si el vídeo se filtraba iba a recorrer el mundo y eso solo le haría daño a la empresa. Luego nos dieron un documento ya redactado como si lo hubiéramos redactado nosotros”, cuenta Carmona.
Al día siguiente de firmar el acuerdo extrajudicial, Inga, su expareja y la abogada cobraron un primer adelanto entregado por la empresa. Sin embargo, Carmona se enteró que su clienta no le pagaría el resto de sus honorarios. Y se quedó aún más sorprendida cuando se enteró que antes de firmar el acuerdo, su clienta Johana Inga había recibido otro cheque extraordinario por más de S/ 800 mil, algo que ni ella ni el padre de la víctima sabían.
Tras enterarse, le reclamó e Inga accedió a completar el pago. “Yo pensé que ahí acababa el asunto”, dice Carmona, pero no.
El pasado 25 de agosto, Ricardo Porras, padre de Alxeandra, se presentó a un programa de televisión para denunciar que la empresa había pagado a Inga S/ 850 mil adicionales por su silencio. En total, la madre recibió S/ 1 millón 225 mil.
El 29 de julio, la Division de Homicidios de la Policía entregó el atestado final al Ministerio Público señalando como responsables de homicidio culposo y acciones contra la libertad de trabajo al mandamás local de la franquicia, José Andrade, y a la administradora de la tienda de Pueblo Libre, María Pisfil Silva. De ser declarados culpables, ambos podrían ser condenados a 8 años de cárcel.
La conclusión del caso es que los dos ejecutivos no se preocuparon por implementar un sistema eléctrico eficiente ni de dotar de implementos de seguridad a sus empleados. Además, la empresa carecía de un reglamento interno en materia de seguridad y salud, no brindó condiciones de autoprotección, ni supervisó si estas existían.
Sin embargo, sin evidencias elementales como el vídeo de seguridad o la participación de los padres de las víctimas, el caso podría quedar archivado.
FUENTE: Wayka.pe
Conflicto en Espinar: comunidades retoman las negociaciones por las demandas no resueltas
Jose Victor Salcedo/ Resumen Latinoamericano, 4 de septiembre de 2020
CONTROVERSIA. Desde hace 35 años Espinar vive un largo conflicto debido a la presencia de la minería en la zona.
Anque el pasado 7 de agosto los dirigentes de la provincia de Espinar, en Cusco, levantaron el paro que mantuvieron durante 23 días, no todas sus demandas han sido atendidas. El último jueves 3 de septiembre se retomaron las negociaciones de la mesa técnica -integrada por autoridades, líderes sociales y representantes de la sociedad civil, la empresa minera y el Ejecutivo- para discutir la reformulación del convenio marco, la afectación de las personas con metales pesados y la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco, de la compañía suiza Glencore.
Estos tres temas integraban las demandas de los manifestantes que acataron el paro desde el 15 de julio hasta el 7 de agosto contra la minera. Sin embargo, el pedido más visible fue la entrega de S/ 1.000 para afrontar la pandemia, solicitud que ya ha sido atendida. Ahora el diálogo se centra en resolver los otros conflictos pendientes, que surgieron con la actividad minera en Espinar.
En ese contexto, el pasado 18 de agosto se publicó en el diario oficial El Peruano la ordenanza municipal Nº 75-2018, que reconoce la “autodeterminación de las comunidades campesinas del pueblo K’ana como comunidades indígenas de la provincia”. Dicha norma fue aprobada el 29 de octubre del 2018 en el concejo municipal, y dispone “el respeto de los derechos colectivos, culturales, sociales, identidad y autodeterminación como comunidades originarias ancestrales con autonomía, libre determinación y reconocimiento de su territorio y sus recursos”.
EN ESPINAR EXISTEN 79 COMUNIDADES DESCENDIENTES DE LOS K’ANAS.
¿Por qué se publicó recién una ordenanza emitida hace dos años? El gerente municipal de Espinar, Werner Salcedo Álvarez, explicó a OjoPúblico que la misma debió publicarse en 2018, pero esto no se hizo por desdén de las anteriores autoridades. “Esta ordenanza no fue debidamente publicada y, con ello, no podíamos cumplir con los requisitos que exigía la ley para declarar a Espinar como pueblo indígena. Es en mérito a esto que hemos hecho dicha publicación”, dijo.
En la provincia de Espinar existen, según la mencionada ordenanza, 79 comunidades campesinas descendientes de los k’anas, un pueblo preinca que habitó el territorio de las actuales provincias de Espinar y Canas. “Todos ellos se autoproclaman indígenas porque tienen una existencia ancestral milenaria de la nación K’ana. Esto les da la potestad de decidir qué hacer en los territorios que habitan”, explicó Santos Cosme Cáceres Quispe, expresidente de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE).
Sin embargo, la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo registra a 74 comunidades indígenas en toda la provincia de Espinar.
TRADICIÓN. Las comunidades indígenas de Espinar defienden su territorio porque se dedican a la agricultura y a la ganadería.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, explicó a OjoPúblico, que dicha norma tiene un carácter declarativo y político, “pero no tiene efectos jurídicos vinculantes, porque ya el viceministerio de Interculturalidad había reconocido a las comunidades indígenas de Espinar”. Y así lo reitera también la ordenanza municipal.
Por su parte, el expresidente de FUCAE, quien fue uno de los impulsores de la ordenanza añadió que buscan “que los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, reconocidas con su resolución y su personería jurídica, se autoproclamen y se autodeclaren como tales en base a sus estatutos.
De Tintaya a Coroccohuayco
Salcedo Álvarez considera que, con la entrada en vigencia de la ordenanza, las comunidades tendrán más beneficios, no solo en lo histórico y cultural. “Por ejemplo, podremos tener dos consejeros regionales por provincias como Quispicanchi, La Convención, Anta, Paucartambo y Canchis”. Actualmente Espinar solo cuenta con un consejero regional.
Además, las comunidades podrán exigir la aplicación de la Ley de la Consulta Previa para cualquier nuevo proyecto extractivo que se quiera ejecutar en sus territorios. “Debería aplicarse para el proyecto Integración Coroccohuayco, pero tengo entendido que las normas no son retroactivas. Más allá de eso, esperemos que ahora podamos tener inversiones que cumplan todos los requisitos del rubro minero”, precisó Salcedo.
Por su parte, Cosme Cáceres dijo que solicitarán que cualquier obra, particular o estatal, sea consultada con los campesinos. “Todas las medidas administrativas, en cualquier procedimiento para una obra o un proyecto, deben ser consultadas. Los proyectos mineros también”, añadió.
LAS COMUNIDADES PODRÁN EXIGIR LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA.
En el caso del proyecto Integración Coroccohuayco, que lleva adelante Glencore, se debe resolver una acción de amparo, interpuesta por las comunidades, para que la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) -aprobada en 2019 por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) del Ministerio del Ambiente- sea sometida a consulta. “Se debe consultar la MEIA y, en la consulta, debería ser desaprobada. Entonces [Glencore] tendrá que hacer un nuevo proyecto con su Estudio de Impacto Ambiental, y ya no una modificación”, explicó.
Las comunidades de Espinar cuestionan que Glencore realice una segunda ampliación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tintaya, que cerró sus operaciones en 2011. Un año después de esto, la minera pidió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la modificación del EIA para Antapaccay Expansión Tintaya, que desde ese año opera en la provincia y funcionará hasta el 2022.
En 2014, Glencore presentó al Ministerio del Ambiente una segunda modificación del EIA para incluir la zona de Coroccohuayco al proyecto minero y extraer cobre por 30 años más. “No debe hacerse de esa forma. Es un nuevo proyecto y deben pedir nuevos permisos y aplicar la consulta previa, amplia e integral en los dos distritos y en las 79 comunidades”, sostiene Cáceres Quispe.
INFORMACIÓN. Las comunidades cercanas al proyecto minero Ampliación Coroccohuayco participan en un proceso de consulta previa.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Consulta previa a medias
Este jueves 3 de septiembre hubo una reunión virtual en Espinar, como parte de la mesa de diálogo para superar el conflicto con la minera, donde se trató el pedido de anulación del MEIA del proyecto Integración Coroccohuayco, la atención a las personas afectadas con metales pesados y la reformulación del convenio marco.
Desde noviembre del año pasado, el Minem implementa la consulta previa por el proyecto Integración Coroccohuayco en 10 comunidades identificadas como parte de los pueblos indígenas en Espinar y que, a su vez, se localizan en el área de influencia de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto. Hasta el momento han avanzando con tres de las siete etapas del proceso de consulta previa.
Se trata de las comunidades Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Huisa Collana, Huisa, Anta Ccollana y Suero y Cama. El 17 de agosto pasado, estas 10 comunidades y el Minem firmaron una tercera adenda al Plan de Consulta Previa y, con ello, reprogramaron las acciones de las etapas de consulta. Así, la etapa 4 -informativa- se realizará el 17 y 18 de setiembre, la etapa 5 -evaluación interna- se realizará del 19 al 25 de setiembre, y la etapa 6 -diálogo- será del 5 al 16 de octubre.
ESTE JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE HUBO UNA REUNIÓN VIRTUAL EN ESPINAR, COMO PARTE DE LA MESA DE DIÁLOGO.
Las comunidades Pacopata, Huini Ccorocohuayco y Alto Huarca -zonas de influencia directa del nuevo proyecto minero- no participan del actual proceso de consulta previa. El presidente de Pacopata, Felipe Kana Chuctaya, dijo a OjoPúblico que están en desacuerdo porque el Minem realiza una consulta de inicio de operaciones, que es la etapa final del proceso. “Son muchos pasos que no se han cumplido, como el EIA, los actos administrativos, las exploraciones y la concesión, inclusive. Una consulta previa tiene un pitazo inicial y otro final. Seguramente vamos a tener que sentarnos con el Minem para discutir este tema”, argumentó.
La autoridad de Pacopata agregó que, para las tres comunidades, “es importante que se discutan los impactos. No solo es consultar si quieres el proyecto o no. ¿En qué condiciones? Ese es el tema. No se quiere hablar de los impactos, pero sí se quiere consultar el inicio de operaciones. No estamos en contra, pero sí hay una preocupación de las comunidades por el Estudio de Impacto Ambiental, sobre cómo nos afectará el proyecto”.
Por ese motivo, anunciaron que enviarán un oficio al Minem para solicitar una mesa de diálogo donde puedan exponer estas preocupaciones.
MIEDO. Las comunidades de Espinar reclaman por la contaminación ambiental, así como la afectación a su ganado y a la salud de las personas.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Heridas de un largo conflicto
La protesta de julio contra la minera Antapaccay dejó heridos por balas, perdigones y bombas lacrimógenas. Uno de ellos es la señora Juana Apaza (35), quien cojea cuando camina. El 20 de julio, cuando protestaba en el corredor vial del sur, una bomba lacrimógena casi le destroza el tobillo del pie izquierdo. “Ese día vivimos como una película de acción. Muchas personas caían. No sé si estarán bien. Ese día hemos corrido por nuestras vidas”, recuerda la mujer que denunció el ataque en la comisaría de Espinar.
Juana Apaza es comerciante, madre soltera y tiene dos hijos. Cuando camina mucho o hace frío, se le hincha el pie. “Ahora cuando escucho gritos o bulla siento que se me vacía el corazón, me asusto”, dice. A su costado, Evarista Ccolqque cuenta la desgracia que vivió su hijo, el 22 de julio. El joven -Wilmer Ilachoque Ccolqque- recibió el disparo de un arma de fuego de la Policía, mientras protestaba en el sector de Tintaya-Marquiri.
El 17 de agosto, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, para responder sobre los hechos ocurridos el 22 de julio -el día más violento del paro en Espinar-. Allí Montoya negó las denuncias vinculadas a excesos policiales durante los enfrentamientos.
EXCESOS. Los enfrentamientos en Espinar dejaron varios heridos de bala. La policía negó haber usado armas letales, pero los testimonios son contundentes.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Aseguró, por ejemplo, que los agentes no usaron armas de fuego, pese a que la médico cirujano del hospital de Espinar -Gloria Cárdenas- confirmó la existencia de, por lo menos, tres manifestantes heridos de bala. El ministro del Interior tampoco reconoció el hostigamiento policial contra la doctora Cárdenas y dijo que, hasta ese día, la mujer no había solicitado garantías ni había denunciado el hecho ante la policía.
También negó que se hubieran efectuado detenciones la noche del 22 de julio. “[Los policías] han actuado al amparo de la ley”, enfatizó. Sin embargo, Evarista Ccolqque cuestiona que la Policía niegue el uso de balas durante la represión. “Los policías se quieren negar, [dicen] que no es bala. A nosotros, la doctora en el hospital nos dijo que es bala. Por eso estamos acá [en Cusco] para hacer revisar a mi hijo”, dice.
La organización Derechos Humanos Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos documentaron varias denuncias por violación a los derechos de los ciudadanos de Espinar. “Efectivos policiales golpearon a un joven y le causaron múltiples lesiones en el cuero cabelludo, rostro, manos y hombro izquierdo. De igual forma, se registraron seis casos de personas heridas por perdigones en el cuerpo, pese a que, por la peligrosidad de estas municiones, desde el 2006, únicamente se autoriza el uso de perdigones de goma”, dijeron en un informe al que accedió OjoPúblico.
TRES DE LOS HERIDOS RECIBIERON IMPACTOS DE BALA POR LA ESPALDA.
El documento añade que tres de los heridos recibieron impactos por la espalda, lo que evidencia que los efectivos policiales violaron la prohibición de usar la fuerza contra personas que huyen. Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, precisó que hay evidencias documentales, testimoniales, partes médicos y videos que acreditan la vulneración de los derechos humanos durante las protestas en Espinar.
“Es preocupante que el ministro haya negado las violaciones. No son especulaciones, las denuncias están respaldadas en documentos oficiales y en grabaciones que no se pueden negar. Sería mucho más saludable que las instituciones del Estado hagan una revisión interna y busquen las fallas institucionales además de las responsabilidades individuales. Es la única forma de avanzar”, reflexionó Pérez.
Ambas organizaciones recomendaron al Ministerio Público iniciar una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y que el Ministerio del Interior implemente reformas institucionales para garantizar la gestión adecuada de las manifestaciones en el país. Añadieron que los policías deben contar con equipos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y recibir un entrenamiento adecuado; que respete los derechos fundamentales de las personas.
En la reunión virtual realizada el último jueves 03 de septiembre entre los líderes de la provincia de Espinar y representantes de la minera Antapaccay y del Ejecutivo se acordó que el próximo martes se definirá cuándo comenzará la entrega de las tarjetas de uso múltiple del Banco de La Nación, con mil soles, a cada ciudadano de la provincia. Asimismo, se estableció que el debate sobre la reformulación del convenio marco, la afectación de las personas con metales pesados y la ampliación del proyecto Coroccohuayco se realizará en una nueva cita programada para el próximo miércoles 9 de septiembre.
FUENTE: Ojo Público
Envio:RL
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