CERDOS & DIVISAS
Respecto de las proporciones y características que tendrían estas instalaciones, Barruti señaló que actualmente no existe en el territorio ningún establecimiento semejante a lo proyectado. Un ejemplo para ilustrar es el de Paladini, el mayor productor porcino del país (a mediados del año pasado envió la primera exportación de carne de cerdo argentina con destino a China), que posee 12 mil madres distribuidas en dos centros: La Toma, en San Luis y Villa Amelia, en Santa Fe. “Estamos hablando de granjas que pueden ser el doble de grandes, manejadas según las lógicas de las necesidades productivas del país que necesita que produzcamos para ellos”, observó.Vía Zoom explicó que, si bien existe mucha producción de autoconsumo o de venta local para pequeños comercios (“que son bastante informales y en algunos casos sumamente desregulados, con situaciones también peligrosas”), la carne de cerdo que llega a las carnicerías y a los supermercados es la producida en megafactorías. “Cuando te dicen granja industrial mediana, te hablan de una granja de 1500 o dos mil madres. Yo visité granjas de esos tamaños y no son pequeñitas, no son granjitas: son 1500 cerdas aprisionadas en jaulas de gestación y parición, con cada una doce cerdos, todo el tiempo en producción, pariendo cada seis meses. Y eso termina siendo un staff completo de cientos de miles de animales. También, por supuesto, están los que tienen 500 madres, los que tienen mil, pero el que termina en la góndola es el sistema de producción industrial”, detalló para dimensionar el peso de instalaciones que multiplicarían por dos y hasta por seis a las mayores plantas que operan en el país.
“Nosotros no estamos produciendo, estamos siendo los integrados de un sistema productivo de otro país”, reafirmó la periodista. “No solamente cambiaron el número de animales, sino que otras cosas que incorporaron al comunicado es la idea de que van a incorporar tecnología de punta para mermar el impacto ambiental. Y eso, en realidad, es pensar que nosotros vamos a tener una disposición absoluta sobre un proyecto que involucra algo tan importante para otro país, como es la producción de un alimento fresco, que se vende y que se consume de manera directa. Nosotros no vamos a tener una injerencia en eso. Y eso es algo que te lo dicen todos los analistas que trabajan con China, que conocen ese país”, profundizó.
Desarrollar la nada
El lunes 3 de agosto, Barruti junto a Eyal Weintraub, integrante de Jóvenes por el Clima, y el abogado santafesino Rafael Colombo, se reunieron con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y con el jefe de Gabinete de Cancillería Guillermo Chaves. Aprovecharon el encuentro para entregarle a los funcionarios un pendrive con las 300 mil adhesiones que recolectó en una semana el documento lanzado el 21 de julio.
Más allá de la oportunidad para realizar los planteos frente a funcionarios, la presentación no fue tranquilizadora. La razón principal, explicó la escritora, es la falta de transparencia. “Se habla de algo que no está claro ni fue presentado de manera oficial. Son palabreríos. ¿Adónde van a ir? ¿se van a alojar en la nada? ¿dónde está la nada? Como si las provincias que se presentan como la nada y esos pueblos no existieran”, machacó, casi como reviviendo el diálogo que se generó en Cancillería cuando Neme intentó evadir los cuestionamientos sobre el impacto ambiental con esa pesada respuesta: no hay que preocuparse porque las megagranjas se van a instalar en lugares en los que no hay nada.
La retórica que promete trabajo y desarrollo para zonas empobrecidas y alejadas de los grandes centros urbanos tiene larga data. La autora de Malcomidos señaló que los resultados son idénticos en todo el continente: “Se ve lo mismo en México, en Colombia, en cada uno de los lugares donde preguntás. La persona que vive al lado de esos establecimientos vive contaminada, con olores nauseabundos, con el agua llena de caca de cerdo, con un lugar donde las viviendas se deprecian un montón, donde no se puede hacer más turismo, donde está lleno de moscas y de ratas, de agroquímicos para sacar las moscas y las ratas”. Un artículo publicado por Barruti en Bocado recopila testimonios de varias comunidades que padecen desde hace tiempo las consecuencias de estos proyectos y dan cuenta de estos efectos. “El relato es exactamente igual en todos lados. Pasa que como siempre están en lugares pobres, a los pobres nadie los escucha”, protestó.
“La empleabilidad que generan es muy poca y la mayor cantidad de empleos son de las calidades más bajas posibles: personas que manipulan los animales, la comida y sus desechos, que ganan una renta mínima y que viven expuestos a todas esas cosas”, afirmó a Enredando. Además, remarcó que las afectaciones en la salud de los trabajadores y de los vecinos cuentan con evidencia científica y empírica: “Por eso nosotros vamos absorbiendo lo que el mundo más desarrollado se está queriendo sacar de encima”.
Un debate que excluye a los productores
Más allá de las chicanas, está claro que las objeciones no surgen sólo de sectores ambientalistas ni de la juventud urbana caricaturizada por el canciller. Son los propios productores porcinos de escalas modestas los que también están preocupados. Razones no les faltan: a algunos de los aspectos ya señalados (como la posibilidad de que la producción se vuelque al mercado interno, depreciando los precios) se le agrega el temor al surgimiento de alguna peste en el circuito industrial que se disemine hacia todo el sector, como sucedió en China con la PPA. Si bien desde Cancillería aclararon que no se importarán cerdos desde ningún país que enfrente esa problemática, admitieron que deberán importar madres desde otros países que cumplan todos los estándares de sanidad para iniciar el proyecto que prevé sumar más de 60 mil en el primer año. Hace apenas unas semanas se encendió la alarma en Brasil por un nuevo virus que enfermó a una trabajadora de un frigorífico de cerdos en el estado de Paraná. El riesgo existe.
El proyecto para instalar megagranjas porcinas para abastecer a China parece avanzar sin replanteos de fondo, pese a los sobresaltos que retrasaron la firma del acuerdo bilateral para blindar las inversiones. Las movilizaciones y el activismo lograron intervenir en el debate público, pero siguen sin tener participación en las negociaciones que se dan a espaldas de la sociedad. Enredando dialogó con el biólogo e investigador Guillermo Folguera y la periodista Soledad Barruti.
El gobierno de Alberto Fernández apura la firma del memorándum de entendimiento con China para instalar megafactorías productoras de carne porcina con destino asiático. La generación rápida de dólares y las promesas de desarrollo productivo y trabajo traccionan las negociaciones. La exposición de Shanghái de noviembre será el escenario en el que se sellará el acuerdo.
El proyecto concentra tantos intereses como críticas. La exclusión de actores clave, incluidas las áreas gubernamentales vinculadas al ambiente y la salud, es una de ellas. El oscurantismo y el apuro con el que se fueron dando a conocer algunos aspectos explican un derrotero que no se puede atribuir a “errores comunicacionales”. Son muchas las señales de alerta y las voces que advierten sobre los riesgos de un proyecto de una escala sin precedentes en Argentina, pero que cuenta con experiencias similares en distintas partes del mundo.
En medio de una crisis de dimensiones aún indeterminadas, agravada por una pandemia que lleva medio año haciendo estragos por el mundo, una oportunidad semejante se presenta como indiscutible. Pero el debate existe y las voces críticas también exigen ser escuchadas.
Cronología de la postergación
Enero 2020. La Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la compañía dedicada a la sanidad animal Biogénesis Bagó hacían llegar a los medios especializados una nota de prensa que se replicó durante la segunda semana del año. En tono celebratorio, destacaban los primeros avances concretos luego de la firma de una carta de intención entre la AAPP y la Asociación China para la Promoción y el Desarrollo Industrial: un proyecto para el desarrollo de megafactorías productoras de carne porcina para abastecer el mercado chino. Hablaban de inversiones de 27 mil millones de dólares en menos de una década que generarían anualmente 20 mil millones de la misma moneda en exportación de carne y derivados. De esta manera, el país pasaría a ocupar un lugar privilegiado entre los principales productores del mundo.
Para entonces, las preocupaciones en el gigante asiático pasaban por varios frentes calientes y aún activos: la guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos; una epidemia de origen zoonótico que empezaba a evidenciarse ingobernable aún para el híper centralizado sistema chino que hizo bajar varias marchas a la segunda economía del mundo, y una crisis generada por la peste porcina africana (PPA) que acabó con una parte importante de la población de cerdos en ese país. Este último dato no es menor: China es el mayor productor y consumidor mundial de esta carne y la sinología da cuenta de la importancia que este consumo adquirió en los últimos decenios, como símbolo de status de sus ciudadanos e, incluso, para la estabilidad política. Teniendo en cuenta que la erradicación de esta enfermedad podría demandar más de una década -y que en dos años ya fueron sacrificados alrededor de 200 millones de cerdos-, la alternativa para abastecer al país que concentra una quinta parte de la población mundial se encuentra fuera de su vasto territorio.
Argentina tiene todo el potencial, dicen, para ocupar ese rol abastecedor. “Frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogénesis Bagó con los principales productores de cerdo de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes para trabajar en una asociación binacional para pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un período de 5 a 8 años”, afirmó en enero Esteban Turic, CEO del trust de biotecnología y sanidad animal que posee una planta en China donde producen la vacuna para la fiebre aftosa. El sector público hizo su parte apoyando desde el inicio estos acercamientos: Cancillería, los ministerios de Agricultura y Producción, junto a gobiernos provinciales, impulsan el acuerdo.
Los interesados no ahorraron en cifras a la hora de la promoción: las pingües ganancias estarían acompañadas por la generación de 100 mil puestos de trabajo directos, impulsando cierto desarrollo industrial, diversificación regional y agregando valor a millones de toneladas de cereales hasta alcanzar -en su etapa de madurez- la exorbitante cifra anual de nueve millones de toneladas de cerdo de exportación.
Julio 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto publicó un comunicado dando cuenta de una reunión a la distancia del canciller Felipe Solá con el ministro de Comercio de la República Popular China, Zhong Shan. En el diálogo se destacaron los avances en el proyecto de producción de carne porcina “ya conversado” entre el gobierno argentino y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales chino. El breve informe puntualizó que Argentina podría alcanzar 900 mil toneladas anuales para la importación en un plazo de cuatro años. En realidad, hubo una corrección sobre el mismo parte oficial varias semanas más tarde: cuando fue publicado, el 6 de julio, hablaba de nueve millones de toneladas de carne (unas 13 veces la producción total actual) que le darían a China “absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años”. Desde entonces, el acuerdo es impulsado abiertamente como una política de Estado, aunque las negociaciones datan de marzo.
Pero el escenario ya no era el de principios de año. El anuncio oficial fue rápidamente vinculado con la pandemia de coronavirus que puso en vilo al mundo, con los propios motivos que impulsaron a China a externalizar su producción (y los riesgos) y hasta con los incendios en el Delta del Paraná como símbolo de un modelo de desarrollo que no mide consecuencias. La falta de transparencia sobre las condiciones del acuerdo y la reticencia hacia la apertura del debate no hicieron más que alimentar los cuestionamientos y rechazos de amplios sectores de la sociedad. Por eso, un documento lanzado por científicos, intelectuales, investigadores y artistas recolectó cientos de miles de firmas en poco tiempo e instaló la preocupación. Se organizaron movilizaciones y foros virtuales, se elevaron petitorios y pedidos de información a las autoridades y se lanzaron campañas por redes sociales (#BastaDeFalsasSoluciones fue tendencia en Argentina). Organizaciones que representan a pequeños y medianos productores del sector y otras vinculadas al agro también expresaron sus inquietudes.
La respuesta llegó, a cuentagotas. En distintas instancias, desde Cancillería dieron a conocer algunos detalles: el memorándum de entendimiento que buscan firmar con la República Popular China comprende la cooperación para el sector porcícola en intercambio de investigaciones científicas y tecnología agropecuaria, sanidad animal e inversión y comercio. Hasta ahí, generalidades. Mientras tanto, los datos y cifras de enero y julio se fueron desinflando: según la información oficial, el proyecto apunta a generar capacidad para producir 900 mil toneladas anuales; sumar unas 300 mil madres en cuatro años (60 mil el primero y 80 mil en los tres restantes) distribuidas en 25 megagranjas de 12.500 (cada unidad productiva comprende todo el circuito de reproducción, engorde y faena), y generar nueve mil puestos de trabajo. Por el lado de la inversión, se calcula que podría alcanzar los 3.700 millones de dólares (alrededor de 150 millones en moneda estadounidense para cada instalación); mientras que las exportaciones podrían generar 2500 millones de dólares anuales.
Entre los datos aportados con mucho celo en entrevistas, foros virtuales y en la respuesta a un pedido que realizaron legisladores del Frente de Izquierda ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, se destacan otras cuestiones. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que conduce Juan Cabandié no está involucrado en las tratativas (además de Cancillería intervienen el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desarrollo Productivo); no se realizarán audiencias públicas ni se abrirá el debate, tampoco se discutirá en el Congreso; las megagranjas se distribuirán en distintas regiones a lo largo y ancho del país, con la intención de disminuir costos y generar empleo en las regiones más postergadas y con mayor “potencial relativo” (léase NOA y NEA, principalmente).
Septiembre 2020. La firma del acuerdo bilateral se iba a concretar el primer día del mes, pero las presiones que surgieron desde distintos sectores obligaron al gobierno a postergar la rúbrica hasta dentro de dos meses. “Hemos incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”, informaron el 30 de agosto a través de las redes sociales de Cancillería, anticipándose a las manifestaciones y actividades que estaban convocadas para los días siguientes. Los aspectos ambientales no estaban contemplados, lo confirmaron. La comunicación no aportó mayor transparencia y las tratativas continúan de espaldas a la sociedad.
Mientras tanto, en el ministerio que comanda Felipe Solá ya descuentan que el memorándum se firmará en noviembre, cuando se realice la feria de importaciones China International Import Expo, en Shanghái.
No es comunicacional, es estructural
Guillermo Folguera es Licenciado en Biología y en Filosofía, Doctor en Ciencias Biológicas (por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA), profesor universitario e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). En un diálogo con Enredando compartió sus impresiones sobre el anuncio de Cancillería de postergar la firma: en primer lugar, sostuvo que en las últimas semanas se fue generando una dinámica de movilizaciones y activismo, a las que se sumaron otros sectores con sus propios planteos (como pequeños productores), que ejerció presión. “Creo que funcionó”, valoró con optimismo.
A su vez, remarcó que el breve comunicado expuso que los aspectos vinculados a cuestiones ambientales no estaban incluidos en el documento original. “También tendría que plantearse el tema de salud. Están metiendo un proyecto que tiene riesgos zoonóticos, que tiene efectos directos en la salud de las poblaciones lindantes, que tiene riesgos con resistencia a antibióticos. Cuestiones que además no sólo son locales: Uruguay, Bolivia y Paraguay tendrían que estar fuertemente preocupados con esto”, advirtió.
“Este gobierno se ha encargado varias veces de señalar que el problema es comunicacional. Acá no hay un problema comunicacional, hay un problema estructural en el cual este tipo de acuerdos se genera, ya lo conocemos. A muchos nos recuerda a como se aprobaron el paquete tecnológico del ‘96 y todo el megaminero a finales de la década del ‘90”, relacionó Folguera, y aseguró que el proyecto actual “tiene las mismas características”, ya que son acuerdos velados y firmados con celeridad “para la entrega de territorios” y que involucran a un sector empresarial en particular.
Si bien el investigador reconoció que la discusión “está sirviendo” para vincular distintas problemáticas e instalar un debate estructural, planteó un panorama menos optimista para el caso en que no se incorpore a los actores involucrados en el proyecto porcino: “Si no se da una apertura hacia varios sectores, por ejemplo los productores o las comunidades en territorios en los cuales se está hablando, no hay ninguna forma de que esto se transforme en algo positivo”.
Un cóctel de riesgos
“Es impresionante el cortoplacismo de nuestra gobernanza, proyecta el país a dos o tres años”, caracterizó Folguera. Para el director del Grupo de Filosofía de la Biología -agrupamiento interdisciplinar que aborda la relación entre ciencia, biología, tecnología, salud y ambiente- hay al menos cinco grupos de problemas que merecen atención.
En primer lugar, advirtió el impacto negativo que podría caer sobre los pequeños productores de cerdos. Se trata de un sector altamente concentrado, con apenas un puñado de grandes instalaciones que explican la mitad de la producción: según datos de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, tan solo 2,5% de los productores del país participan en el 50% de la faena. Los grandes tienen espalda para sumarse a esta empresa orientada hacia China y para sobrevivir a una consecuencia no deseada sobre el mercado doméstico (que la carne no pueda exportarse, algo que podría ocurrir por diversas razones, y se vuelque al circuito interno).
Otro efecto adverso es el corrimiento de la frontera agropecuaria. Desde el gobierno nacional y los sectores interesados respondieron a este punto contraponiendo datos: el país produce unas 50 millones de toneladas de maíz, de las cuales el 60% tienen como destino la exportación, mientras que un 30% es destinada al consumo animal. La industria porcina consume alrededor de 1.200.000 toneladas de maíz y una cantidad menor de granos de soja. Duplicar el ganado multiplicaría por dos ese consumo, agregando valor a una cantidad de granos que actualmente se exportan sin procesar. La lógica matemática estaría a favor de ese argumento, pero sólo si sucediera en un escenario estático. La forma en que funciona la maximización de ganancias es otra y no reconoce límites: los desmontes no se detuvieron en décadas, ¿por qué lo harían ante una nueva oportunidad para generar dólares?
Una de las consecuencias más directas, según Folguera, se va a producir a nivel local y regional. “Se esperan impactos ambientales fuertes tanto en términos de la cantidad de agua que se necesita para alimentar a cada una de estas megafactorías, pero también en términos contaminantes: por la liberación -mediante materia fecal y orina- de nitratos, nitritos, amoníaco y antibióticos”, sintetizó e hizo hincapié en la afectación de cuencas y napas (un estudio reciente detectó altas concentraciones de antibióticos en la Cuenca del Plata, producto de los feed lots).
El biólogo planteó que, si bien las tratativas para el proyecto de megafactorías son previas a la emergencia de la pandemia en curso, “se sabe perfectamente que estos son focos multiplicadores de zoonosis”. Estas se producen cuando una enfermedad o infección se transmite desde animales vertebrados a la especie humana, o viceversa. Es el caso del virus H1N1 (la llamada “gripe porcina”, declarada pandemia en 2009), el HIV, el ébola, el coronavirus SARS-CoV-1 surgido en 2002 y el actual SARS-CoV-2 que mantiene en vilo a todo el planeta, entre tantos otros ejemplos.
Folguera habla de “cóctel” para definir la confluencia de hacinamiento de miles y miles de animales, con sus defensas debilitadas, a los que se les inyectan químicos y antibióticos que generan resistencia en virus y bacterias: una amenaza para la salud humana que es motivo de preocupación global (la Organización Mundial de la Salud advirtió que este proceso es acelerado por el abuso y mal uso de antibióticos tanto en personas como en animales). “Si a eso le ponés al lado megaciudades que tienen las mismas condiciones, que es gente muy hacinada y mal nutrida -como puede ser el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, Gran Córdoba y Gran Resistencia-, tenés un cóctel tremendo. Por ahí no generan pandemias como la actual, pero generan problemas locales y regionales o directamente generan la mortalidad de animales, como le pasó a China”, amplió.
El conocimiento del campo le permite advertir, también, sobre la multiplicación de vectores de enfermedades. “De las consecuencias de las que te hablan en todas las comunidades, las dos cosas que pasaron primero fueron el olor a mierda que aparece por todos lados -que eso no es más ni menos que contaminación del aire- y que después se llenó de moscas. Además de lo asqueroso, la mosca es un vector y más cuando tenés a gran escala. También se llena de ratas y mosquitos, no es un tema menor”, explicó.
Contrariamente a lo que esgrimen los promotores del acuerdo cuando prometen un mayor desarrollo de la ruralidad, Folguera afirma que también es un modelo demográfico el que está en juego. En Argentina, alrededor del 95% de la población vive en zonas urbanas. Para el investigador, el desarrollo de estas megagranjas “no deja de ser la ratificación y la consolidación de un proyecto que quiere a los campos vacíos”, ya que se intensifica la concentración.
El último de los aspectos tiene que ver con el maltrato animal. “Estas megafactorías no dejan de ser una masa uniforme de animales apretujados y hacinados a los que se les da ingesta masiva de cosas”, simplificó.
Contra el modelo de “lo posible”
En un contexto de crisis económica y social como el actual, con el desafío pospandemia por delante, cualquier promesa de inversiones, puestos de trabajo y generación de divisas parece inobjetable. De hecho, la chicana política fue habilitada y está a la orden del día: un Felipe Solá ofuscado monologó vía streaming sobre “cierta juventud urbana” que se “ha sensibilizado” con el tema, mientras que un funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo etiquetó de “ambientalismo falopa” al diverso arco que cuestiona el proyecto porcino.
La situación “encaja muy bien” en la llamada “doctrina del shock”, observó el profesor de la UBA: “Te apretujan a una comunidad y después cualquier oferta laboral mínima la abrazan, por más que eso signifique hipotecar el futuro de sus nietos”. Respecto de los puestos de trabajo que van a traccionar estas mega instalaciones, Folguera se permite dudar de las estimaciones oficiales que prometen 9.500 empleos directos y enriquece la discusión: “Creo que generaría mucha más mano de obra esa cantidad de chanchos en pequeñas producciones. Pero no están dispuestos, ese es el punto. ¿Contra qué están comparando? Contra el vacío están comparando. Por qué no hacen esta inversión en pequeños emprendimientos y vamos a ver cuánta mano de obra cubren. Eso no lo dicen, es fácil comparar contra un cero”.
El análisis no es ingenuo, confronta con la idea de “modelo posible” que utilizó el canciller Solá para definir lo acordado. “Este tipo de proyecto tan tecnificado, altamente concentrado, de inversiones principalmente extranjeras -aunque mixtas-, lo que tiende es a minimizar la mano de obra lo más posible. De hecho, el dato que nosotros tenemos es que China presionó para que sean 25 mil madres por megafactoría y Argentina terminó negociando -pongo las comillas del caso- en 12.500”, relató a Enredando.
Otro aspecto “muy serio” es el efecto sobre otros emprendimientos: “Lo que nosotros vemos en todos estos temas que laburamos, desde el colectivo de Filosofía de la Biología, es que hay un montón de sectores económicos directamente afectados en este tipo de producción”. El investigador detalló con ejemplos que van desde el caso de Freirina, en el norte de Chile, donde los criadores de cabras prácticamente desaparecieron y fueron expulsados del territorio tras la instalación de una megagranja, a la analogía con la megaminería del lado argentino de la Cordillera. “Hace un año estuve en Jáchal, ¿cuántos jachalleros viven o trabajan en la Barrick Gold de Veladero? Menos de 30”, mencionó, y recordó el “imaginario” con el que la actividad ingresó y se promocionó garantizando trabajo y desarrollo. La realidad: “Reventaron la diversidad de la matriz productiva”.
“Es muy fácil generar balanzas en las cuales tomás las aparentes virtudes pero ocultás todo bajo la alfombra”, advirtió, y planteó que la discusión de esos aspectos debe ser un piso mínimo: “Siento que se quiere poner la carreta por delante del caballo. Este proyecto está hecho exclusivamente para obtener rápido dólares, es un proyecto armado por y para China. Casi que preferiría que sean francos, que digan ‘necesitamos dólares a corto plazo y esta es la forma de obtenerlos, tenemos un país que nos puede usar como territorio a nosotros, que quiere externalizar los riesgos y nosotros necesitamos una inyección de dólares rápida’. Todo lo que viene después siento que son añadiduras que me están obligando a discutir cosas que no son lo que realmente está en juego”.
“Una de las cosas que quedan claras es que el Estado la mira de afuera, se ha vuelto meramente en un estratega en ofrecer territorios a grandes intereses internacionales y nacionales”, analizó el científico, que observa el mismo patrón en todos los temas con los que trabaja. “Inclusive lo digo respecto a la vacuna, que tiene el mismo formato: Slim-Oxford/AstraZeneca-Sigman acordando por fuera, ¿y qué hace el Estado? Garantiza el riesgo, porque le garantiza la compra a Sigman y le garantiza a AstraZeneca que, si ocurre un desastre, el Estado se hace cargo”, graficó a partir del evento que fue noticia hace un mes, cuando se anunció que el laboratorio mAbxience, del argentino Hugo Sigman -dueño de un verdadero imperio farmacológico-, producirá la vacuna contra el coronavirus. El empresario también es dueño de Biogénesis Bagó -una de las tantas firmas que integran el Grupo Insud-, la empresa de “sanidad animal” desde la que impulsó el acuerdo porcino con China. Un visionario de esos que ponen un huevo en cada canasta.
Mejorar el envase para preservar el contenido
Soledad Barruti es periodista y escritora. Es autora de los libros Malcomidos. Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando y Mala Leche. El supermercado como emboscada, dos investigaciones rigurosas -resultado de años recorriendo la geografía latinoamericana- sobre el detrás de escena del proceso productivo de la industria de la alimentación. Los trabajos se convirtieron en bestsellers rápidamente y hoy ya son una referencia en América Latina. Con estos datos, no sorprende que haya sido una de las primeras voces que alertó sobre las implicancias del acuerdo bilateral e impulsó -junto a la socióloga Maristella Svampa, el abogado Enrique Viale, la nutricionista Miryam Gorban y el biólogo Folguera, entre otros- el documento “No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias”.
Luego de los “errores” corregidos, de la información dosificada y calculada por los voceros del gobierno, la periodista dialogó con Enredando y analizó el estado de la cuestión. “Lo que pasó es que acomodaron las cosas para que parezcan menos tremendas, menos gigantes. Lo que cambió es la presentación: se le presenta a la sociedad ahora no como un plan de proporciones épicas, sino como un plan que significaría duplicar nuestra capacidad productiva”, observó, y reforzó: “Eso es una trampa: te estoy presentando de otra manera algo que no tiene un límite, no tiene un tope. No es que dicen ‘bueno, vamos a llegar a esto y luego de armar estas granjas nuestro negocio con los cerdos se acaba’”.
Respecto de las proporciones y características que tendrían estas instalaciones, Barruti señaló que actualmente no existe en el territorio ningún establecimiento semejante a lo proyectado. Un ejemplo para ilustrar es el de Paladini, el mayor productor porcino del país (a mediados del año pasado envió la primera exportación de carne de cerdo argentina con destino a China), que posee 12 mil madres distribuidas en dos centros: La Toma, en San Luis y Villa Amelia, en Santa Fe. “Estamos hablando de granjas que pueden ser el doble de grandes, manejadas según las lógicas de las necesidades productivas del país que necesita que produzcamos para ellos”, observó.
Vía Zoom explicó que, si bien existe mucha producción de autoconsumo o de venta local para pequeños comercios (“que son bastante informales y en algunos casos sumamente desregulados, con situaciones también peligrosas”), la carne de cerdo que llega a las carnicerías y a los supermercados es la producida en megafactorías. “Cuando te dicen granja industrial mediana, te hablan de una granja de 1500 o dos mil madres. Yo visité granjas de esos tamaños y no son pequeñitas, no son granjitas: son 1500 cerdas aprisionadas en jaulas de gestación y parición, con cada una doce cerdos, todo el tiempo en producción, pariendo cada seis meses. Y eso termina siendo un staff completo de cientos de miles de animales. También, por supuesto, están los que tienen 500 madres, los que tienen mil, pero el que termina en la góndola es el sistema de producción industrial”, detalló para dimensionar el peso de instalaciones que multiplicarían por dos y hasta por seis a las mayores plantas que operan en el país.
“Nosotros no estamos produciendo, estamos siendo los integrados de un sistema productivo de otro país”, reafirmó la periodista. “No solamente cambiaron el número de animales, sino que otras cosas que incorporaron al comunicado es la idea de que van a incorporar tecnología de punta para mermar el impacto ambiental. Y eso, en realidad, es pensar que nosotros vamos a tener una disposición absoluta sobre un proyecto que involucra algo tan importante para otro país, como es la producción de un alimento fresco, que se vende y que se consume de manera directa. Nosotros no vamos a tener una injerencia en eso. Y eso es algo que te lo dicen todos los analistas que trabajan con China, que conocen ese país”, profundizó.
Desarrollar la nada
El lunes 3 de agosto, Barruti junto a Eyal Weintraub, integrante de Jóvenes por el Clima, y el abogado santafesino Rafael Colombo, se reunieron con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y con el jefe de Gabinete de Cancillería Guillermo Chaves. Aprovecharon el encuentro para entregarle a los funcionarios un pendrive con las 300 mil adhesiones que recolectó en una semana el documento lanzado el 21 de julio.
Más allá de la oportunidad para realizar los planteos frente a funcionarios, la presentación no fue tranquilizadora. La razón principal, explicó la escritora, es la falta de transparencia. “Se habla de algo que no está claro ni fue presentado de manera oficial. Son palabreríos. ¿Adónde van a ir? ¿se van a alojar en la nada? ¿dónde está la nada? Como si las provincias que se presentan como la nada y esos pueblos no existieran”, machacó, casi como reviviendo el diálogo que se generó en Cancillería cuando Neme intentó evadir los cuestionamientos sobre el impacto ambiental con esa pesada respuesta: no hay que preocuparse porque las megagranjas se van a instalar en lugares en los que no hay nada.
La retórica que promete trabajo y desarrollo para zonas empobrecidas y alejadas de los grandes centros urbanos tiene larga data. La autora de Malcomidos señaló que los resultados son idénticos en todo el continente: “Se ve lo mismo en México, en Colombia, en cada uno de los lugares donde preguntás. La persona que vive al lado de esos establecimientos vive contaminada, con olores nauseabundos, con el agua llena de caca de cerdo, con un lugar donde las viviendas se deprecian un montón, donde no se puede hacer más turismo, donde está lleno de moscas y de ratas, de agroquímicos para sacar las moscas y las ratas”. Un artículo publicado por Barruti en Bocado recopila testimonios de varias comunidades que padecen desde hace tiempo las consecuencias de estos proyectos y dan cuenta de estos efectos. “El relato es exactamente igual en todos lados. Pasa que como siempre están en lugares pobres, a los pobres nadie los escucha”, protestó.
“La empleabilidad que generan es muy poca y la mayor cantidad de empleos son de las calidades más bajas posibles: personas que manipulan los animales, la comida y sus desechos, que ganan una renta mínima y que viven expuestos a todas esas cosas”, afirmó a Enredando. Además, remarcó que las afectaciones en la salud de los trabajadores y de los vecinos cuentan con evidencia científica y empírica: “Por eso nosotros vamos absorbiendo lo que el mundo más desarrollado se está queriendo sacar de encima”.
Un debate que excluye a los productores
Más allá de las chicanas, está claro que las objeciones no surgen sólo de sectores ambientalistas ni de la juventud urbana caricaturizada por el canciller. Son los propios productores porcinos de escalas modestas los que también están preocupados. Razones no les faltan: a algunos de los aspectos ya señalados (como la posibilidad de que la producción se vuelque al mercado interno, depreciando los precios) se le agrega el temor al surgimiento de alguna peste en el circuito industrial que se disemine hacia todo el sector, como sucedió en China con la PPA. Si bien desde Cancillería aclararon que no se importarán cerdos desde ningún país que enfrente esa problemática, admitieron que deberán importar madres desde otros países que cumplan todos los estándares de sanidad para iniciar el proyecto que prevé sumar más de 60 mil en el primer año. Hace apenas unas semanas se encendió la alarma en Brasil por un nuevo virus que enfermó a una trabajadora de un frigorífico de cerdos en el estado de Paraná. El riesgo existe.
El Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular es un espacio de articulación que reúne a decenas de organizaciones y surgió en 2019. Muchas de las agrupaciones que lo integran son abiertamente kirchneristas o peronistas, mientras que algunas mantienen una posición crítica respecto de gobiernos pasados y el actual. En un comunicado plantearon sus diez razones para rechazar el acuerdo con China, apuntando que “los únicos beneficiarios de este modelo serán los grupos corporativos chinos y argentinos que lo impulsan sin que haya un ‘derrame’ hacia las comunidades ni el desarrollo local”. Aseguraron que, por el contrario, “proyectos de este tipo son una amenaza para la agricultura familiar campesina e indígena, de pequeña y mediana escala, que irá a la quiebra en caso de un brote como el de PPA en China”.
El Foro Agrario propone “exportar y generar divisas para el país, con un esquema de miles de granjas de hasta 200-300 madres, con una fuerte presencia del Estado en eslabones claves de la cadena de valor”. Este es un esquema, sostienen, “que apunta a la Soberanía Alimentaria porque es capaz de garantizar el cuidado sanitario y ambiental, además de generar verdadero desarrollo y arraigo rural”.
La Federación Agraria Argentina (FAA) también publicó un comunicado donde sentó posición sobre el acuerdo. “Preferimos que haya muchos productores por provincia o región con módulos más pequeños para producir la cantidad necesaria para satisfacer las expectativas, diseminando productores que den trabajo y arraigo en el interior, antes de que haya solo una mega granja”, expresaron, y desplegaron su programa: “La producción porcina puede ser clave en el ideal productivo que tenemos para nuestro interior: la chacra mixta, en donde los productores rotan cultivos y combinan esa actividad con alguna otra producción regional, un tambo, o ganado de diferentes tipos, entre ellos la cría de cerdos. La potencialidad para el desarrollo territorial de este tipo de producción es muy relevante en términos de empleo, mano de obra local, y compra de insumos locales”.
La organización que representa a pequeños y medianos productores no rechaza las potenciales inversiones extranjeras, más bien lo contrario, pero exigen ser parte de la discusión sobre un plan porcino: “No nos parece que el camino sea recibir uno ‘llave en mano’ impuesto por quien sea”. El texto publicado el 2 de septiembre afirma que el planteo fue llevado al ministro de Agricultura, Luis Basterra: “Queremos una producción de carnes en todo el territorio y con cientos de miles de productores, chacras, granjas y empleados. No un proyecto que tienda a concentrar la producción y se parezca más a una extracción de recursos naturales antes que al trabajo del suelo con la dedicación que le dan quienes viven en esa tierra y tienen allí sus familias”.
Concentrando beneficios
El objetivo de un acuerdo bilateral de estas características es el de blindar y garantizar las inversiones entre privados. La pregunta automática, entonces, es por quiénes van a ser parte de un proyecto de características excepcionales para Argentina y hacerse de los beneficios.
“Claramente son proyectos que a mediano plazo generan concentración de productores, no diversificación, aún dentro de la lógica del capital”, respondió Folguera, e insistió con la figura de Hugo Sigman: “Resulta muy emblemático porque está con ‘sanidad animal’ motorizando esto, en paralelo con el tema de la vacuna haciendo negocios y en paralelo tiene una pata en la producción de semillas modificadas genéticamente con Bioceres. Concentra las tres patas que están involucradas acá, principalmente, en términos económicos”.
Soledad Barruti está segura de que los únicos beneficiarios serán “los de siempre”: grandes empresarios del agronegocio y el sector exportador. Además avizoró una gran participación de especuladores de todo tipo: “Van a aparecer en el mercado personas que hacían ollas y de repente se pusieron a hacer chanchos o que estaban haciendo especulación financiera alrededor del Bitcoin y ponen plata en esto. Empresarios rurales que de repente van a empezar a comprar tierras en esos lugares en donde nunca miraron como lugar para trabajar, a muy poca plata”. La periodista lamentó que “los que producen comida viven al margen de todo esto”.
Repensar las coordenadas de desarrollo
El investigador del Conicet propone una alternativa “mucho menos pretenciosa” que tiene que ver con emprendimientos locales, asistidos por el Estado. Folguera enumeró una serie de dificultades que actualmente afectan a los productores, como la falta de infraestructura y la alta informalización entre los pequeños criadores, y planteó que las decisiones estatales deberían direccionarse para solucionar esos problemas.
“Encarar esto obliga a repensar no sólo el proyecto de los chanchos, sino el proyecto agroindustrial argentino, la altísima concentración en propiedad y uso de la tierra, las formas de alimentación, la enorme liberación de agrotóxicos. Tenés un listado de cosas que no están dispuestos a abrir”, reflexionó. “En esta discusión no está en juego un proyecto en ningún sentido que no tenga que ver con obtener dólares rápidos y hacer negocios por parte de un sector. Creo que esas son las únicas dos coordenadas que impulsan este proyecto demencial”, remató el biólogo.
“¿Cuál es el límite? Nosotros necesitamos inversiones, ¿qué nos vamos a volver? ¿vamos a recibir basura nuclear, ponele, que la deben pagar bien?”, extremó Barruti para encarar el debate de fondo: cuál es la idea de desarrollo que está en juego. “Nadie está poniendo en el balance -y esto es en todos los negocios del agronegocio- la contaminación, el desastre en la salud pública que terminan generando. Si ponemos todo eso en los balances, ¿da igual la cuenta? ¿o es que hay vidas que valen menos?”. Los territorios entran en el mismo planteo: “Neme no tendría una granja de cerdos en la esquina de su casa, Hugo Sigman tampoco. Entonces ¿adónde las están llevando?”.
“No queremos ser el chiquero del mundo, no queremos ser el sojal del mundo, tenemos que poder ser otra cosa y justamente terminar de meter estas granjas en estos lugares impide la posibilidad de que emerjan otras formas reales de progreso, buen vivir y soberanía alimentaria. Porque es en estos lugares donde se producen los alimentos sanos”, manifestó la escritora, y completó: “Hay ejemplos muy concretos de lugares que terminaron echando proyectos que eran extractivos y contaminantes, como Famatina que echa a la megaminería y terminan emergiendo un montón de proyectos rurales de producción de nueces, turismo y demás, que hace que la comunidad pueda vivir bien. Y en los lugares donde hay megaminería, en este momento el 65% de las personas están pidiendo un ingreso familiar de emergencia (IFE) porque no logran sobrevivir a las condiciones de pobreza, pese a que la megaminería sigue funcionando porque fue una de las primeras cosas que fue liberada de la excepción de la cuarentena”.
“Todo eso es parte del modelo desastroso en el que nos estamos metiendo cada vez más”, concluyó Barruti, e invitó a repensarlo.
Más allá de los horizontes anacrónicos
“En China fabricar un kilo de carne cuesta el doble que en Argentina. Creo que existe una buena oportunidad para que grandes productores chinos se instalen en la Argentina. Nosotros pusimos en contacto a la asociación de productores porcinos chinos y a los argentinos, y se firmó una carta de intención. Los chinos tienen una producción sofisticadísima. Pero hay gente que entiende que va a complicar la ecología argentina. Yo no lo creo porque es producción limpia y estéril. Va a pasar como con la celulosa, que terminó en Uruguay. Perdemos oportunidades”. Con estas declaraciones rompió el silencio sobre el tema en una entrevista reciente -publicada en Clarín- Hugo Sigman, el nombre que aparece en repetidas instancias por razones evidentes.
En varias ocasiones, Héctor Huergo -una de las firmas estrella de ese diario y responsable del contenido agrario del Grupo Clarín– celebró el interés chino para invertir en Argentina. “En general, todos los países tienden a llevarse el trabajo a su casa. Cuando no lo hacen, es porque no tienen más remedio. Es el caso de los cerdos, donde necesitan diversificar la oferta para evitar el riesgo sanitario”, escribió sin rodeos el periodista agropecuario, y envió un mensaje para sus lectores: “Ahora, cuando la mayor parte del gobierno parece convencida de que la cosa va por el lado del campo y la agroindustria, la cuestión es alinearse”.
El memorándum no fue firmado y hasta tuvo contratiempos, sin embargo varios gobernadores, como el de Santa Fe y Santiago del Estero, entre otros potenciales receptores de las inversiones, hacen cola para participar. El mandatario santafesino Omar Perotti no pierde el tiempo y ya puso a trabajar al Ministerio de Producción para tener carta de presentación cuando inicien los proyectos.
No importa que los números finales y la letra chica del acuerdo sean una incógnita. En el marco de un debate organizado por el Partido Justicialista, que iba a ser abierto y que terminó en una reunión cerrada al público virtual, Solá admitió con naturalidad: “El modelo posible es este, no es el que queremos exactamente, es el que podemos”. Su secretario de Comercio Internacional fue más creativo y evadió los pedidos de detalles excusándose en un “modelo en abstracto” que le evitó trastabillar en varias oportunidades como al canciller.
Tanto los economistas como los gobernantes parecen continuar guiándose por la máxima keynesiana que reza: “A largo plazo todos estaremos muertos”. Aceptarla es admitir unos parámetros cortoplacistas sobre los que operan decisiones económicas y políticas que no solucionan las cuestiones de fondo. De nada sirven las señales más directas y cercanas que demuestran lo absurda y contradictoria que resulta esa lógica.
China quiere externalizar permanentemente una gran parte de su producción porcina porque ya conoce los riesgos, tiene lo que se necesita para imponer las reglas y sus propios métodos productivos híper tecnificados y rentables. ¿Por qué? Básicamente porque es el comprador y ese es un modus operandi comprobable con una rápida búsqueda por Google.
Argentina enfrenta una crisis fenomenal y los fundamentalistas de la realpolitik priorizan la generación de divisas -que se irán para pagar deuda externa, principalmente-, velando el impacto ambiental, en la salud y en los territorios. Es una salida rápida y realista, afirman. Es lo que se puede y el único riesgo es perder la oportunidad.
Del otro lado hay actores que quieren ser parte de la discusión, que contemplan los aspectos positivos y los costos del proyecto. Que exigen transparencia, que no se hagan negocios de espaldas a la sociedad. Que proponen alternativas. Hasta ahora no han sido escuchados.
Fuente:enREDando
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