El Gobierno respaldó la decisión que Rodríguez Larreta recurrirá a la Justicia
Puja abierta entre Nación y Ciudad por los fondos
El Presidente se respaldó en la necesidad de un país "más igualitario" para defender el decreto. El jefe de gobierno instruyó al procurador para que se presente en la Corte.
Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, con miradas muy diferentes.
El Gobierno nacional se unió en una cerrada defensa de la decisión de recortar los fondos que la Nación le envía a la CABA para crear un Fondo de Fortalecimiento Fiscal en la provincia de Buenos Aires, luego del anuncio del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que acudirá a la Corte Suprema por considerar la medida inconstitucional. "Una Argentina solidaria se construye y se integra allí donde los recursos que abundan se distribuyen de otro modo para aquellos que los están necesitando", explicó su resolución el presidente Alberto Fernández. El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, subrayó que si este decreto es inconstitucional entonces también lo fue el que firmó Mauricio Macri a poco de asumir que "casi triplicó arbitrariamente" los fondos que recibía el gobierno porteño con el supuesto objeto de sostener el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. Ajeno a estos argumentos, Rodríguez Larreta instruyó al procurador porteño para que reclame en Tribunales la "suspensión inmediata" del decreto. "Hay un convenio entre partes que hay que respetar y no unilateralmente darlo de baja, y sobre todo, en el marco de la pandemia en donde los Estados provinciales tenemos que afrontar una pérdida de recursos importantes", sostuvo el vicejefe Diego Santilli. La pelea quedó planteada.
Fernández aprovechó que le tocó encabezar un acto de reactivación de obras públicas en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Tierra del Fuego, por una inversión de 31 mil millones de pesos. "Quiero que la Argentina sea un país más igualitario, federal, que crezca no en la concentración de unos pocos sino en la felicidad de millones", expresó en videoconferencia desde Olivos. Por eso, añadió, "las políticas que tomamos no son en perjuicio de nadie, sino en favor de la gente, dictadas en favor de las mayorías argentinas que están dispersas en todo el país". El Presidente insistió con algo que luego repetirían varios de sus principales funcionarios: "Vamos a seguir dialogando porque ningún diálogo se rompe".
El Gobierno encontró en la medida tomada el miércoles como solución a la crisis generada por la protesta de la Bonaerense una bandera en la que encolumnarse, dado que la consideraron "justa y legítima" -según la definición del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- y acorde con la propuesta de campaña de Fernández de impulsar un país con una distribución más federal. Por eso, rescataban el respaldo que rápidamente ofrecieron 19 gobernadores, tanto del oficialismo como de partidos provinciales. Ayer, a través de varios medios, los hombres del Gobierno se dedicaron a desmontar los argumentos con los que Rodríguez Larreta busca frenar la medida.
En un decreto pubicado en el Boletín Oficial porteño, el jefe de gobierno sostuvo que la decisión de Fernández fue "un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional" que "implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad".
"No es la masa coparticipable lo que se está distribuyendo, son fondos directos que se dieron del Tesoro Nacional a la Ciudad", insistió Cafiero en respuesta a esta afirmación. Ayer comenzaron a circular algunos videos de 2016 de los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en los que, por un lado, se validaba la vía del decreto para modificar estas partidas y, por el otro, se reconocía que el cálculo había sido erróneo. Efectivamente, ante el enojo de los gobernadores por la decisión de Macri de elevar de un plumazo la coparticipación de la Ciudad del histórico 1,4 al 3,75 por ciento, el ministro Frigerio decía que se iba a firmar otro decreto corrigiendo el porcentaje a un monto más ajustado a la realidad. Pero el enojo de los gobernadores pasó y el decreto quedó en el olvido.
La encargada de estos temas en el Gobierno es la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, quien reveló -en contradicción con la sorpresa que adujo Rodríguez Larreta- que se venían encontrando con el equipo económico porteño para corregir este desfasaje. En ese rumbo, ya habían coincidido en que la Ciudad volviera a percibir el porcentaje del 1,4 por ciento de coparticipación más el adicional correspondiente al sostén de la policía traspasada, que calculó en un 0,92 por ciento.
Por la tarde, en un formato atípico de mensaje grabado tipo spot, Wado de Pedro insistió que era algo que venían conversando entre las dos gestiones y rechazó los cuestionamientos. "No se le sacaron fondos al gobierno de la Ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada", afirmó. Indicó que seguirían fomentando el diálogo pero que debía ser "sincero y sin picardías".
Así como los gobernadores vinculados al oficialismo expresaron su respaldo al decreto, desde la oposición se alinearon detrás de Rodríguez Larreta, remarcando la presunta arbitrariedad de la medida. "El remedio es peor que la enfermedad y es una mala señal para las provincias", aseguró el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff. Consideró que si ante el reclamo policial se le quitaban fondos a la Capital qué sucederá cuando lo hagan otros rubros como salud o docentes. "¿Quién sigue en el orden de la lista? ¿Por qué provincia van", se preguntó.
Para variar, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, echó culpas para el lado de la vicepresidenta Cristina Kirchner y acusó a Alberto Fernández de hacer "kirchnerismo al palo". "Habló de federalismo siendo el gobierno más unitario de todos y más discrecional todos", marcó Negri. También la titular del PRO, Patricia Bullrich, calificó como "discrecional y arbitraria" la medida. "Defiendo el planteo de Horacio. Mi defensa es y será hacia los tres millones de porteños y también hacia los otros tres millones de bonaerenses que todos los días producen, estudian y se atienden en la Ciudad. El manual del gobierno es nivelar hacia abajo", planteó Bullrich, esta vez sin diferencias con el jefe de gobierno.
12 de septiembre de 2020
Autopista Cirdus
Jueces y medios para sostener la impunidad del macrismo
El fallo de anulación de los procesamientos de tres ministros de Macri, por favorecer fraudulentamente los negocios del propio Macri, quedó tapado por la protesta de los policías bonaerenses. La intervención de Alberto Fernández y el futuro incierto del ejército de 90.000 hombres armados en la Provincia.
Por Luis Bruschtein
Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Una fuerza de tareas macrista en la Cámara Federal.
El negociado con las autopistas debe ser uno de los más descarados en la historia de los negociados en este país. Tres días antes de que Mauricio asumiera la presidencia, una empresa concesionaria de autopistas, en la que los Macri eran socios, hizo una denuncia imposible de ganar. Cualquiera diría que fue hecha para aprovechar la circunstancia. Acusaron al Estado argentino por “tarifas atrasadas” y exigieron una indemnización de 1100 millones de dólares. En condiciones normales era para cajonear, pero Macri, ya en la Presidencia, le dio 500 millones de dólares a su empresa para que la retirara. Circo completo.
Además, con la excusa de la denuncia trucha, el gobierno macrista reformuló los contratos, les dio la concesión por 30 años y dolarizó las tarifas. Con esas condiciones ultrafavorables las acciones de la empresa se dispararon de cuatro pesos a casi 80 en poco tiempo, entonces el presidente Macri vendió su parte.
La decisión de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun de desprocesar al extitular de Vialidad, Javier Iguacel, al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y otros funcionarios que ya habían sido procesados en primera instancia por su participación en la jugada, devela el dispositivo perverso que armó el macrismo en el Poder Judicial.
La vicepresidenta fue clara en sus tuits: “Ayer se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones”.
El pronunciamiento de la Cámara quedó tapado por el levantamiento de la bonaerense. Se produjo además cuando el macrismo se niega a investigar la designación irregular de diez jueces, uno de ellos, Bruglia, y tampoco quiso discutir el proyecto de reorganización de la justicia federal.
Con indignada indignación respaldada por la indignada corporación de medios, el macrismo dijo que con estas medidas, el peronismo trataba de lograr impunidad para Cristina Kirchner y otros ex funcionarios perseguidos por el lawfare.
Pero la decisión de la Cámara apunta en la dirección contraria, como dijo la vicepresidenta. Los que fueron desprocesados por jueces que están en la mira por sus acciones favorables al gobierno macrista, son ex funcionarios macristas.
El gobierno de los Ceos gobernó para sus empresas al tiempo que se derrumbaban todos los índices de la macroeconomía, desde la inflación, la deuda externa, la fuga de capitales, el desempleo y la pobreza. Y operó sobre el Poder Judicial para hacerlo encajar en esa política depredadora del Estado.
Iguacel tiene gran cantidad de denuncias por corrupción en la obra pública, en su mayoría para favorecer a empresas del Grupo Macri y también por obras mal hechas, como un puente ferroviario tan estrecho que no podían pasar los trenes. Dietrich también ha sido acusado en, por lo menos, tres causas, incluyendo la de las autopistas.
El negociado de las autopistas en el que intervinieron Dietrich e Iguacel es tan flagrante, que la Cámara evitó meterse en la cuestión de fondo y los desprocesó con argumentos tecnicistas. Iguacel y Dietrich tienen ese historial. Irurzun es el juez de la Cámara que promovió la llamada “doctrina” para encarcelar --contra todo principio de presunción de inocencia-- a ex funcionarios peronistas sin condena en firme. Y es el que desprocesó ahora a Iguacel y Dietrich. Leopoldo Bruglia es uno de los dos jueces que Macri nombró por decreto sin pasar por el Senado como establece la Constitución. Y es el otro juez que desprocesó ahora a los ex funcionarios macristas involucrados en esa millonaria jugarreta para esquilmar al Estado.
Las decisiones de estos magistrados parecen ser consecuentes con la misma carga política. Con este dictamen le pasaron el problema de fondo al juez Julián Ercolini que, junto con Claudio Bonadío, era el juez favorecido misteriosamente por el sorteo de las causas que armaban los servicios de inteligencia contra ex funcionarios kirchneristas. Esas denuncias eran profusamente difundidas por las corporaciones de medios que ahora ignoran olímpicamente las causas de corrupción del macrismo.
Las campañas mediáticas promovieron situaciones como la que se produjo esta semana cuando los habitantes del country Ayres de Pilar impidieron el ingreso del empresario Lázaro Báez a su vivienda al ser beneficiado por la detención domiciliaria. Sin embargo, los vecinos de Iguacel y Dietrich no han reaccionado de la misma manera, a pesar de este negociado de las autopistas. Así funciona el sistema de medios y el sistema judicial que han sido tan funcionales al macrismo.
Son sistemas que accionan como parte del problema cuando tendrían que ser parte de la solución, al igual que la policía bonaerense que tuvo en vilo durante dos días a los argentinos con un conflicto desmedido y con ribetes antidemocráticos y golpistas graves.
Si el presidente calificaba de golpistas a los policías bonaerenses que rodearon armados la Quinta de Olivos y la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, no dejaba margen de negociación. A los golpistas se los encarcela y se los expulsa. El discurso de Alberto Fernández fue enérgico, pero le bajó el perfil.
Superada esta fase de un conflicto en el que se mezclaron muchas variables, desde los que participaron por el reclamo gremial hasta los exonerados y los retirados, habría que diferenciar. Y separar el afluente politizado que intervino en toda esa maraña y quiso darle al movimiento un cariz macrista antigobierno al estilo de los policías golpistas bolivianos.
Aunque se diga que las reivindicaciones eran correctas, en la misma situación está la mayoría del pueblo porque la pandemia deprimió la economía. Lo que se vio fue a otro grupo, como los que se han manifestado durante la pandemia, al que no le importa la crisis que sufre la sociedad en su conjunto.
Se apiñaron y crearon focos de infección cuando están muriendo miles de argentinos, mientras otros que han perdido sus trabajos o mantienen salarios deprimidos, se mantuvieron en sus casas asumiendo la responsabilidad de no contagiar al prójimo.
Cuando la pandemia le puso una pistola en la nuca que le impide el movimiento a la sociedad, este colectivo se movilizó para plantear su problemática. Se supone que son los que deben proteger a las personas cuando un chorro las encañona y no aprovechar esa situación para sacar unos pesos.
Cuando rodearon la casa de gobierno de la provincia y la Quinta de Olivos, hubo miles de personas que se reprimieron para no movilizarse en defensa de la democracia. Hubo un colectivo responsable y otro irresponsable. Pero el de los irresponsables fue el de los policías, que se supone que están para cuidar de los irresponsables a la sociedad.
Alberto Fernández asumió con responsabilidad el conflicto y resolvió con política la situación creada por irresponsables. Pero la policía bonaerense, como institución, mostró falta de profesionalismo y vocación de servicio. El conflicto volvió a plantear la necesidad de reestructurar esta agrupación de 90 mil hombres armados y diseminados en el territorio, prácticamente inmanejable, así como revisar las formas de reclutamiento y, sobre todo, la formación de los cuadros policiales.
12 de septiembre de 2020
Kicillof había solicitado el retiro de los pliegos que habían sido enviados por Vidal
El macrismo impuso su mayoría en el Senado bonaerense y designó 41 jueces y fiscales
El Frente de Todos se retiró del recinto. El Ejecutivo provincial revisará caso por caso la aptitud de esas postulaciones.
Juntos por el Cambio ocupa 26 de las 46 bancas del senado provincial.
El macrismo hizo valer su mayoría en el Senado bonaerense para aprobar la designación de 41 jueces y fiscales. Estos pliegos habían sido propuestos por la ex gobernadora María Eugenia Vidal, aunque la gestión de Axel Kicillof había pedido que los retiraran para poder analizarlos. Nada de esto le importó a los senadores de Juntos por el Cambio que avanzaron con la aprobación sin acuerdos con el bloque oficialista, ni con el mandatario provincial.
"Este comportamiento de la bancada opositora desconoce el decreto emitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia solicitando la devolución de los pliegos para su evolución, una potestad claramente contemplada por la Constitución provincial", señaló el senador Gervasio Bozzano (Frente de Todos), que calificó como un "escandaloso atropello institucional" a esta decisión.
Juntos por el Cambio cuenta con 26 de al 46 bancas que integran el cuerpo. Esta holgada mayoría le permitió avanzar con la designación de estos jueces y fiscales sin el Frente de Todos, que se retiró del recinto en rechazo a esta votación, al igual que la titular del cuerpo, Verónica Magario.
“Simplemente estamos pidiendo para Axel Kicillof lo mismo que este cuerpo le concedió en 2016 a la entonces gobernadora Vidal, es decir, la posibilidad de retirar los pliegos para revisarlos y luego volver a enviarlos al Senado”, reclamó Bozzano. En la misma línea, agregó: "Actitudes cómo estás demuestran que JxC abusa de su mayoría circunstancial y no acepta que perdieron por casi el 15%".
Sobre esto, el ministro provincial de Justicia y de Derechos Humanos, Julio Alak, señaló que la decisión del macrismo "no modifica la voluntad ni al atribuciones del Ejecutivo provincial de examinar caso por caso la aptitud de esas postulaciones en virtud de los hechos sucedidos desde su formulación a mediados de 2019". Además, antes del tratamiento en el recinto, el Alak había insistido que "corresponde que el Senado devuelva los pliegos para que el Ejecutivo reevalúe pormenorizadamente cada uno”.
"Existen numerosos antecedentes de devoluciones de pliegos del Senado al Ejecutivo, el más reciente es el pedido efectuado por Vidal a poco de asumir, a través del responsable de la cartera de Justicia, Carlos Mahiques”, ejemplificó el ministro de Justicia de Buenos Aires.
La votación de los pliegos no tenía acuerdo con ninguno de los sectores que integran el cuerpo y se hizo cerca de la medianoche, solo con el macrismo en el recinto. Antes de dejar su banca Bozzano dijo: “más que un acto institucional, esto parece un regalo que le están haciendo a Vidal al día siguiente de su cumpleaños”.
Otro de los legisladores que cuestionó la decisión del macrismo fue el ex intendente de San Antonio de Areco Paco Durañona: "No podemos avanzar en más y mejor justicia si no respetamos los resultados electorales. El gobierno de Macri y Vidal terminó el 10 de diciembre".
Si bien los pliegos aprobados fueron 41, la ex gobernadora presentó 42. Hay uno que no fue tratado porque el postulante al cargo en la Justicia bonaerense está preso. Se trata de Maximiliano Jarish, que era candidato para ser fiscal en el Departamento Judicial de San Isidro. Pero este pliego fue rechazo en el trabajo en la comisión de Asuntos Constitucionales. Actualmente, Jarish es sospechoso de integrar una red de narcotráfico con policías y funcionarios judiciales, y está detenido bajo la orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Este era uno de los hombres que María Eugenia Vidal había propuesto para la Justicia de las y los bonaerenses.
12 de septiembre de 2020
Respaldo transversal al aporte extraordinario
Grandes fortunas: Un aporte con apoyo
Votantes de la oposición acompañan el proyecto para que los más ricos hagan un pago extraordinario. El 51 por ciento de quienes eligieron a Lavagna y el 31 por ciento de los que votaron a Macri están a favor. También el 51 por ciento de los electores de Gómez Centurión y hasta el 22 por ciento de los de Espert. Entre los oficialistas son el 85 por ciento y en la izquierda, el 56.
Por David Cufré
Imagen: Leandro Teysseire
Este martes empieza en el Congreso el tratamiento de la ley para que las 12 mil fortunas más grandes del país hagan un aporte extraordinario frente a la crisis que trajo la pandemia. La idea de que los más ricos tengan que poner un poco más en circunstancias tan graves obtiene un amplio apoyo en la opinión pública. El 64,1 por ciento se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con la iniciativa en el último sondeo nacional de la consultora Analogías, realizado entre el 4 y 5 de este mes. Incluso el 31,6 por ciento de votantes de Mauricio Macri en las últimas elecciones se pronunciaron a favor para alcanzar esa mayoría. En cambio, el 28,3 por ciento rechazó el proyecto, con un 62,3 por ciento de adherentes a Juntos por el Cambio en ese universo. El 7,6 por ciento no opinó.
El oficialismo en la Cámara de Diputados confía en que logrará dar media sanción al proyecto hacia fin de mes o inicios del próximo. La reacción de grandes empresarios contrarios a la ley es intensa. Hay un lobby directo de figuras del establishment sobre legisladores de distintos partidos y gobernadores. En la Unión Industrial Argentina el grupo Techint encontró eco en varios dirigentes para transmitir su malestar con la iniciativa a funcionarios nacionales.
El mensaje al Gobierno es que la ley será judicializada en caso de concretarse. Los argumentos centrales son que el aporte solidario se aplica de manera retroactiva, sobre patrimonios declarados el año pasado, y que existe doble imposición, porque ya se pagó el impuesto a los Bienes Personales. También rechazan la sobretasa del 50 por ciento para aquellos que tengan bienes en el exterior, por la cual las alícuotas generales, que van del 2 al 3,5 por ciento, se elevan a 3 y 5,25 por ciento, respectivamente. Un objetivo de mínima del lobby empresario es quitar ese artículo de la ley o en su reglamentación posterior. El proyecto en el Congreso les ofrece otra alternativa: que reingresen hasta el 30 por ciento de sus activos financieros para evitar la “multa por fuga”.
La oposición y la conducción política del poder económico se abrazan al recurso judicial contra decretos o leyes que redistribuyen ingresos como su opción más viable, ya que además advierten que en el campo político y de los apoyos sociales corren de atrás. Horacio Rodríguez Larreta ratificó esa estrategia frente al decreto que termina con privilegios que tuvo la Ciudad de Buenos Aires los últimos cuatro años. El jefe de Gobierno porteño mostró que no hay diferencias en ese punto en la alianza opositora, más allá de los posicionamientos como halcones o palomas.
Sin embargo, en relación al aporte solidario de las grandes fortunas, una porción significativa de los propios votantes opositores está a favor de la ley. Como se indicó al comienzo, entre quienes votaron a Macri en octubre del año pasado, el 31,6 por ciento considera que debe aprobarse. El apoyo es todavía más alto entre los votantes de Roberto Lavagna, con 51 por ciento. También el 40,9 por ciento de quienes votaron en blanco y el 52 por ciento de los que no votaron quieren que salga la ley. Lo mismo que el 51,2 por ciento de los votantes de Juan José Gómez Centurión, y hasta el 22,6 por ciento de quienes eligieron a José Luis Espert. Finalmente, entre los votantes de Nicolás Del Caño, el apoyo es del 56,2 por ciento.
El sentido que se impone es que resulta lógico que aporten más quienes más pueden en un momento crítico, provocado por una pandemia. El 85,3 por ciento de los votantes de Alberto Fernández el año pasado terminan de conformar la mayoría que acompaña la ley.
El sondeo de Analogías, con 2962 personas contactadas en formato IVR, también consultó si un aporte adicional de los más ricos debería seguir de manera indefinida, como un nuevo impuesto. Las adhesiones siguen siendo mayoritarias, pero bajan al 59,7 por ciento, contra un 27,2 por ciento de rechazo y 13,1 por ciento que no sabe.
Las principales medidas económicas del Gobierno reflejan niveles de acompañamiento altas. El 75,2 por ciento, por ejemplo, opina a favor de la declaración de internet y la telefonía celular como servicios esenciales, y el 79,1 por ciento apoya el congelamiento de precios en esos servicios. El arreglo de la deuda, en la misma línea, es juzgado como un hecho positivo por el 70,2 por ciento de los encuestados.
El clima político que se vive en las calles, con las sucesivas marchas de la oposición y la tensión máxima de esta semana con los levantamientos policiales, no transmite ese estado de adhesión, sino lo contrario.
En parte eso se traduce en la persistencia de un clima pesimista sobre el futuro económico, marcado por la extensión de la pandemia. Ante la consulta de cómo cree que será la situación económica en dos años, el 52,1 por ciento estima que será peor, frente al 41,9 por ciento que proyecta una mejora. Esa relación se invirtió respecto a las expectativas que existían en enero, cuando el Gobierno recién empezaba. El 52,2 por ciento eran optimistas en ese momento, contra el 39,8 por ciento que auguraban más crisis.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará este martes explicar los fundamentos para la recuperación económica que anticipa el gobierno. Será en la presentación del proyecto de presupuesto para 2021. Una de las claves para avanzar en la normalización será profundizar las medidas de redistribución del ingreso, como la reforma tributaria que elabora su cartera junto a la AFIP. Otro de los puntos esenciales para que la economía empiece a crecer es recuperar los salarios, que vienen de años de atrasos contra la inflación.
Cuando termine la exposición de Guzmán, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados empezará a analizar el aporte solidario de las grandes fortunas. El dictamen no sería inmediato, pero el oficialismo confía en que el apoyo contundente que existe en la ciudadanía terminará por imponerse, y la ley será realidad.
12 de septiembre de 2020
Reportaje exclusivo al titular de la UIA
Miguel Acevedo: “Cuando se sublevan con armas es jorobado”
"Nunca vi algo como lo de Olivos", dijo el presidente de la Unión Industrial sobre el conflicto policial ignorado por el establishment. Su posición frente a la reactivación, el acuerdo de la deuda y el dólar.
Por Leandro Renou
"Menos del 10 por ciento de la industrias están paradas", dijo el jefe industrial.
Imagen: NA
Imagen: NA
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, se entusiasma con los niveles de recuperación de la industria en plena pandemia, pero avisa que el año, en la comparación contra el 2019, será duro. En diálogo con PáginaI12, uno de los hombres del establishment que más diálogo tiene con el presidente Alberto Fernández contó que “hoy la preocupación de los empresarios es salir de la crisis, llegar a fin de mes y pagar los sueldos”.
Agregó además que “el tipo de cambio está alto como nunca porque tiene mucho de expectativas” y que “cuando el Gobierno dé a conocer el Presupuesto y las medidas, se van a contener más las variables”.
Respaldó al Gobierno, al que en repetidas ocasiones calificó de “industrialista”, y admitió que el poco tiempo de gestión sin pandemia no le permitió desplegar todas las ideas de reactivación que había. Además, habló de la reacción empresaria ante la marcha policial a la Quinta de Olivos: “cuando se sublevan con armas es jorobado, nunca había visto algo como lo que pasó en la residencia del Presidente”.
-Esta semana el INDEC dio a conocer cifras de uso de la capacidad instalada de la industria, con caída interanual pero un aumento desde abril a hoy importante. ¿Ese indicador puede ser tendencia?
-Es interesante para mirar. La capacidad la tenés al 50 o 60 por ciento, pero hay sectores que están por encima de esa media. El peor mes fue abril, donde sólo producían las plantas de alimentos y sanidad, todo lo demás estaba cerrado. Luego vinieron los protocolos en las fábricas y se fueron sumando rubros. En el caso de industrias, hoy están trabajando casi todas, pero no al 100%. Menos del 10 por ciento está parado completamente.
-Desde el inicio de la pandemia hubo pocos casos en fábricas, ¿eso se mantiene así con las mayores aperturas?
-Hasta ahora, la industria era el lugar seguro, y con más movilidad el lugar sigue siendo seguro. El problema está en cómo se llega a ese lugar seguro. Por eso, estamos trabajando con algunos laboratorios, como Abbott, que está sacando testeos rápidos para que podamos usar con los trabajadores y así tener mayor capacidad de acertar en el diagnóstico.
-Si la producción se activó, ¿cómo ve la demanda?
-Tenes mucha gente guardada, hay movimiento pero no como antes. Turismo y entretenimiento están parados y van a seguir parados. El que hace el café y lo vende en el super está bien, pero el de los restaurantes no. Es complejo el asunto, porque nosotros venimos estudiando el tema de las aperturas en distintos lugares del mundo que están por delante en cuanto al impacto de la COVID, y hay que tener cuidado porque se generan rebrotes. Lo mismo ocurre en el interior del país.
-Hace unos días, una marcha de policías armados y patrulleros rodearon la Quinta de Olivos en un reclamo salarial con alto contenido político y un mensaje peligroso para la institucionalidad. ¿Por qué ninguna entidad empresaria salió a cuestionar el hecho?
-Desde la UIA pensamos en hacerlo, pero como se solucionó, no se sacó nada. No llegó a ser un golpe institucional, pero sí hubo un gesto feo, y por suerte hubo una reacción de la parte política, oficialismo y oposición. El tema fue muy feo, también fue feo porque me hizo a acordar a los que hace unos años pasó con prefectura y gendarmería. Cuando se sublevan las fuerzas que tienen armas y cadena de mandos es jorobado, nunca había visto que se rodeara la quinta de Olivos. El presidente los invitó a charlar y no quisieron.
-Un sector del establishment cuestiona medidas como el DNU de las telcos, la Reforma Judicial y hasta Vicentin. Y se habla poco de lo económico y el contexto, sobre todo viniendo desde donde se venía.
-En lo personal, creo que a este gobierno le tocó entrar y a los dos meses tuvo la pandemia, y eso le desdibujó mucho lo que ya estaba haciendo. Nosotros vemos una mirada más abarcativa que la que tenía el gobierno anterior, y un perfil industrial, no podemos decir que no.
-Me refería a algunos hechos de peso que se pedían desde el sector privado como una condición fundamental para resurgir y que, cuando se concretaron, no tuvieron relevancia. Como el arreglo de la deuda.
-Con la deuda, debo decir que las cámaras siempre apoyamos la negociación, incluso en reuniones en Olivos. Y la UIA lo comunicó de manera pertinente. Fue un gran alivio y una gran oportunidad, porque va a descomprimir todo. El asunto es que ahora hay un ruido político en el medio terrorífico. Te diría que son cuestiones que hay que hablarlas con los tres poderes del Estado. Hay muchas cosas que el gobierno dice, como la reforma impositiva, que son positivas, pero hay que buscar consenso para que sean políticas a largo plazo.
-En este contexto, ¿cuál es la mayor preocupación del sector privado?
-Hoy veo que estamos centrados y preocupados en llegar a fin de mes, pagar los sueldos y volver a vender, esos son los graves problemas. Estás volviendo a recuperarte pero es duro. De ahora en más vamos a ir subiendo, pero es largo. Si miramos los números de la industria para fines de 2020, va a haber una baja fuerte.
-Usted integra el Consejo Agroindustrial. Más allá de ese sector, ¿le ve posibilidades a Argentina de crecer vendiendo afuera?
-Veo potencial exportador, pero en este contexto estamos complicados, el mundo está complicado, están todos tratando de vender. Y acá hay muchos problemas por resolver aún, como la cuestión de los precios. De alguna manera se va a tener que salir del congelamiento, el propio gobierno nos dijo que no es una política de fondo sino circunstancial. Pero luego, el mayor problema seguirá siendo bajar la inflación, que hay que hacerlo más rápido que ahora. Y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
-En la UIA hay algunos dirigentes que suelen pedir devaluación en casi todos los escenarios. ¿Cómo analiza usted el tipo de cambio hoy?
-Estamos haciendo un trabajo con eso, vemos que hay una brecha, pero con esa brecha, el tipo de cambio es muy alto. El dólar de 120 pesos no lo hemos tenido ni en 2001, es muy alto. Pero creemos que está sobredimensionado por la expectativa o por que no tenés acceso al dólar. Sobre eso van a tener que actuar en el Gobierno. El 15 de septiembre, con el Presupuesto anunciado, van a comunicar más medidas y van a contener más las expectativas.
12 de septiembre de 2020
En ocho horas, el sitio web recibió 2,5 millones de visitas y se anotaron 22.500 personas
En busca de los hipotecarios de Procrear
Los inscriptos podrán acceder al crédito que otorga el Estado en caso de salir sorteados dentro de 25 días. Para construcción de vivienda hay 30 mil cupos y para ampliación 2 mil.
Por Florencia Barragan
Uno de los requisitos fundamentales es contar con lote propio desde antes del 24 de agosto.
Desde este viernes quedó habilitada la inscripción para las primeras dos líneas de créditos hipotecarios del plan Procrear. En las primeras ocho horas, se anotaron 22.500 personas y el sitio recibió 2,5 millones de visitas. La línea llamada Construcción permitirá acceder a un crédito de hasta 3,5 millones de pesos para financiar una vivienda de hasta 60 metros cuadrados. En tanto, la de Ampliación otorgará créditos de hasta 1,5 millones de pesos para obras de hasta 30 metros cuadrados.
Para construcción de vivienda hay 30 mil cupos y para ampliación 2 mil. Los inscriptos podrán acceder al crédito que otorga el Estado en caso de salir sorteados. Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial anticipan que el sorteo se realizará en 25 días. Al momento de la inscripción, no se solicita documentación de obra. Pero, uno de los requisitos fundamentales para estas dos líneas es contar con lote propio, con fecha del título de propiedad anterior al 4 de agosto (día que se lanzó Procrear).
Para los interesados en construcción que no cuenten con tierra, en dos semanas se habilitará una línea para comprar un lote y además construir. Serán lotes municipales o urbanizados por el Procrear, para evitar la especulación con el valor de la tierra. En tanto, siguen habilitadas las inscripciones para las líneas de microcréditos (hasta 50 mil pesos), refacción (hasta 500 mil) y acceso a la red de gas (hasta 44.500). Si bien ya se sortearon los primeros 34 mil microcréditos y de refacción, el 30 de septiembre se realizará el segundo sorteo, dado que todavía quedan 160 mil cupos.
El fuerte interés en el programa Procrear no sorprende al Gobierno, en un contexto donde el crédito hipotecario bancario tradicional es prácticamente inaccesible. “Sabemos la potencia del programa y la expectativa que hay. Cuando se une la garantía que da el Estado con una respuesta seria, y la necesidad de la sociedad, se logran estas cosas”, dijo a este diario Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo.
Montos y requisitos
La inscripción se realiza de manera online a través del sitio del Procrear. El crédito de construcción permitirá la realización de una vivienda de hasta 60 metros cuadrados, salvo en los casos donde la persona tenga un ahorro previo, ahí podrá ser de hasta 90 metros. El inmueble a construir deberá constituir en sí mismo una unidad funcional independiente, es decir, como mínimo un monoambiente, con baño, cocina y entrada independiente.
El monto a solicitar puede alcanzar hasta los 3,5 millones de pesos. Habrá un plazo de gracia de un año para comenzar a pagarlo, y luego la devolución será en 360 meses (30 años). El capital se ajustará con una tasa fija con un nuevo coeficiente, llamado HogAR, que se determinará en función del ingreso del beneficiario y variará según la evolución de los salarios, medida a través del Coeficiente de Variación Salarial que publica el Indec.
Además, permitirá la terminación de obras, en los casos donde la obra preexistente no supere el 70 por ciento del plano de obra aprobado. Ya sea para construir o terminar una obra, el destino del dinero es el de una vivienda única y de ocupación permanente de la familia. El plazo para realizar la obra es de doce meses, contados a partir del primer depósito. Uno de los requisitos será no contar con otro inmueble previamente.
En el caso de la línea de ampliación, la obra máxima permitida es de hasta 30 metros cuadrados y la vivienda ampliada no podrá tener una superficie mayor a los 90 metros cubiertos. El monto del crédito es de hasta 1,5 millones de pesos, con un plazo de devolución de 180 meses (15 años) y con la misma tasa fija HogAR.
Para construcción de vivienda hay 30 mil cupos y para ampliación 2 mil. Los inscriptos podrán acceder al crédito que otorga el Estado en caso de salir sorteados. Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial anticipan que el sorteo se realizará en 25 días. Al momento de la inscripción, no se solicita documentación de obra. Pero, uno de los requisitos fundamentales para estas dos líneas es contar con lote propio, con fecha del título de propiedad anterior al 4 de agosto (día que se lanzó Procrear).
Para los interesados en construcción que no cuenten con tierra, en dos semanas se habilitará una línea para comprar un lote y además construir. Serán lotes municipales o urbanizados por el Procrear, para evitar la especulación con el valor de la tierra. En tanto, siguen habilitadas las inscripciones para las líneas de microcréditos (hasta 50 mil pesos), refacción (hasta 500 mil) y acceso a la red de gas (hasta 44.500). Si bien ya se sortearon los primeros 34 mil microcréditos y de refacción, el 30 de septiembre se realizará el segundo sorteo, dado que todavía quedan 160 mil cupos.
El fuerte interés en el programa Procrear no sorprende al Gobierno, en un contexto donde el crédito hipotecario bancario tradicional es prácticamente inaccesible. “Sabemos la potencia del programa y la expectativa que hay. Cuando se une la garantía que da el Estado con una respuesta seria, y la necesidad de la sociedad, se logran estas cosas”, dijo a este diario Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo.
Montos y requisitos
La inscripción se realiza de manera online a través del sitio del Procrear. El crédito de construcción permitirá la realización de una vivienda de hasta 60 metros cuadrados, salvo en los casos donde la persona tenga un ahorro previo, ahí podrá ser de hasta 90 metros. El inmueble a construir deberá constituir en sí mismo una unidad funcional independiente, es decir, como mínimo un monoambiente, con baño, cocina y entrada independiente.
El monto a solicitar puede alcanzar hasta los 3,5 millones de pesos. Habrá un plazo de gracia de un año para comenzar a pagarlo, y luego la devolución será en 360 meses (30 años). El capital se ajustará con una tasa fija con un nuevo coeficiente, llamado HogAR, que se determinará en función del ingreso del beneficiario y variará según la evolución de los salarios, medida a través del Coeficiente de Variación Salarial que publica el Indec.
Además, permitirá la terminación de obras, en los casos donde la obra preexistente no supere el 70 por ciento del plano de obra aprobado. Ya sea para construir o terminar una obra, el destino del dinero es el de una vivienda única y de ocupación permanente de la familia. El plazo para realizar la obra es de doce meses, contados a partir del primer depósito. Uno de los requisitos será no contar con otro inmueble previamente.
En el caso de la línea de ampliación, la obra máxima permitida es de hasta 30 metros cuadrados y la vivienda ampliada no podrá tener una superficie mayor a los 90 metros cubiertos. El monto del crédito es de hasta 1,5 millones de pesos, con un plazo de devolución de 180 meses (15 años) y con la misma tasa fija HogAR.
Se entiende por ampliación los trabajos en una vivienda habitable, en un proyecto destinado a aumentar la superficie. En este caso, el plazo máximo de obra será de 9 meses. Todas las notificaciones serán realizadas por el correo electrónico que se deje en la inscripción.
En ambas líneas, los requisitos son: ser argentino o extranjero con residencia permanente; el grupo familiar deberá contar con un trabajo formal y la suma de los ingresos debe estar en el rango de entre 2 y 8 salarios mínimos al momento de la inscripción (entre 33.750 y 135.000 pesos); tener entre 18 y 64 años y, no registrar antecedentes financieros desfavorables.
¿Cuánto deberá devolver una familia a la hora de comenzar con el repago? Una familia del segmento 1 (con sueldo de entre 2 y 3 salarios mínimos, es decir, entre 33.500 y 50.250 pesos) que accede a un crédito de 3,5 millones de pesos y que recibe el primer depósito en octubre (son 3 desembolsos), comenzará a pagar recién en noviembre del 2021. Desde el Comité del Procrear estiman que la cuota inicial será de 14.500 pesos, que se irá actualizando mes a mes por CVS más un 1,25 por ciento. En caso de que la recuperación salarial sea muy fuerte, la actualización tendrá un tope del 2 por ciento Cer. “La idea es que cuando empiece a pagar reemplace a lo que pagaba por un alquiler”, describen desde el armado del Procrear.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario