7 femicidios en 7 días
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 18 de septiembre de 2020.
El Observatorio “Lucía Pérez” de Violencia Patriarcal actualiza sistemáticamente su padrón de femicidios, travesticidios, muertas por aborto clandestino y desaparecidas. En este marco, dio cuenta que en la semana del 4 al 11 de septiembre se produjeron siete femicidios en cinco provincias del país
Cuatro femicidios ocurrieron el mismo día. Tres de las víctimas estuvieron desaparecidas. Dos eran menores: “Datos que son historias y revelan la falta de un entramado de protección, en este primer Diario de un Genocidio que saldrá todos los viernes. No son cifras. Reconstruimos sus historias para exigir al Estado que haga aquello que está obligado: políticas públicas efectivas para prevenir, erradicar, y sancionar la violencia machista”, expresaron desde el Observatorio.
Dora Hidalgo, de 67 años, estaba desaparecida desde el 31 de agosto. Su cuerpo fue encontrado el 4 de septiembre en un pozo de extracción de agua, a unos 80 metros de profundidad, en el predio donde funciona el salón de eventos Luna India, donde la mujer trabajaba, en la localidad mendocina de Maipú. Por el femicidio está imputado su compañero de trabajo José Daniel Moreira Leyes, de 37 años.
El 6 de septiembre, Alba Roxana Orquera Castelli, de 20 años, fue ahorcada en su domicilio del Barrio Chacra 50, en Juan José Castelli, Chaco. Su pareja, con quien convivía, Ariel Leonardo Moreira de 20 años fue detenido.
Durante la noche del 6 de septiembre fue asesinada a balazos Camila Blanca de 17 años, en Rosario, Santa Fe, por hombres que se movían en moto. La atacaron y escaparon. Camila fue trasladada por familiares al Hospital Clemente Alvarez, donde llegó muerta.
El sábado 5 de septiembre por la noche desapareció Ludmila Pretti, de 14 años. Había salido con amigos. Su cuerpo fue encontrado el domingo por la noche, semidesnudo, dentro de una bolsa, entre dos colchones, en una casa ubicada a cinco cuadras de la suya, en el barrio Villa Escobar de Francisco Álvarez, Moreno. Fue estrangulada. El principal sospechoso es Cristian Adrián Jerez, de 19 años, quien alquilaba la casa donde se halló a Ludmila. El joven se presentó el mismo domingo en la comisaría, pero luego escapó argumentando que iba a buscar su DNI. Fue detenido horas más tarde. Familiares y amigues de Ludmila se movilizaron el lunes a la comisaría donde fueron reprimidos.
El 6 de septiembre, Elisa Vanesa Talavera de 36 años fue encontrada muerta en su casa de Lanús, provincia de Buenos Aires, un día después de radicar una denuncia por violencia de género contra su ex pareja. El hecho fue difundido por la Unión de Trabajadores de la Educación, Elisa era docente del Distrito Escolar 5.
También el 6 de septiembre, Claudia Bordón de 43 años fue asesinada a puñaladas en la calle, mientras trabajaba como barrendera, en Sáenz Peña, Chaco. Fueron detenidos, en el barrio MTD, tres sospechosos, dos menores de 16 y 17 años y otro hombre de 21 años.
Cesia Nicole Reinaga, de 20 años, estaba desaparecida desde el 29 de agosto cuando salió para ir a una plaza, a una cuadra de su casa, con un amigo, en Abra Pampa, Jujuy. El 8 de septiembre, la policía recibió una llamada anónima que avisaba de un cuerpo en un pozo de agua en las inmediaciones del ex matadero municipal. Era Cesia. La autopsia determinó que murió a causa de “asfixia mecánica por estrangulación”.
En lo que va del año, se registraron 4 femicidios y dos travesticidios en Mendoza; 28 femicidios y 3 travesticidios en Santa Fe; 8 femicidios y un travesticidio en Chaco; y 71 femicidios y 23 travesticidios en la Provincia de Buenos Aires.
El padrón del Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal es de libre acceso, y es el primero autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por aborto clandestino y desaparecidas. Puede consultarse en: http://niunamenos.lavaca.org/
Fuente: RedEco
Fumigada, amedrentada y
desolada: el calvario que vive una
mujer campesina
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 18 de septiembre de 2020.
Mientras que la discusión sobre la toma de tierras se agudiza, el límite legal impuesto por un sistema que oficia de abogado defensor de los privilegios, sigue mostrando su rostro deshumanizante. La ilegalidad parece ser una vestimenta que solo pueden ostentar aquellos que deben resistir a duras penas el brazo opresivo del poderoso.
Venenos para el pueblo, negocios para unos pocos, el ritmo frenético de un modelo de producción que detesta la biodiversidad, y se encarga de refrendarlo de manera explícita. Cuando el oprimido grita, encuentra el silencio más aterrador del otro lado de una historia escrita sin empatía y con un individualismo exacerbado.
Mientras los medios de comunicación no dejan de azuzar el fantasma del covid-19, los otros espectros que se desprenden de prácticas mortales como las aspersiones con agrotóxicos, siguen sobrevolando los días de los pueblos fumigados. Relatos mínimos, al menos a eso lo han resumido tanto el Estado como la justicia.
¿Quién protege los derechos de Lidia y su madre?
Resulta tan reiterativo como frustrante, replicar una y otra vez el artículo 41 de la Constitución Nacional, el mismo sostiene con absoluta claridad que «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
En fin, en más de una oportunidad hemos podido escuchar que en nuestro país no faltan leyes ni derechos, lo que resulta un verdadero imposible, es que estos se apliquen de manera transversal. Es por ello que una actividad contaminante como son las prácticas agrícolas con agroquímicos, pudieron seguir adelante pese a un contexto pandémico que nos remarcó la necesidad de cuidar nuestra salud.
El Sexto Distrito de Gualeguay volvió a ser noticia, Lidia Moreira, vecina del lugar y mujer campesina, aparecería nuevamente en escena gracias a una fumigación ilegal llevada adelante en un campo lindero del cual es arrendatario el actual intendente de Victoria, Domingo Maiocco. La ordenza de lugar solo contempla un zona de exclusión de 50 metros, una distancia irrisoria, más aún teniendo en cuenta que la deriva de los químicos del agro es incontrolable. Volvieron a fumigar a Lidia, una vez más, y lamentablemente tenemos la certeza que no será la última.
A Lidia y a su longeva madre, quién padece de parkinson, las notificaron de una fumigación que no respetó los plazos legales establecidos, ya que la legislación vigente es muy clara. La Subsecretaría de Asuntos Agrarios establece que las aspersiones que puedan ocasionar daños a terceros deberán ser comunicadas con 48 horas de anticipación, destacando que a Lidia la fumigaron 12 días después.
La receta agronómica deja ver que los preparados para la fumigación contenían Biciclopirona, 5 Metolacloro, Glifosato, Picloram, Alcohol Lineal Etoxilado y Fenol Genol Etoxilado. Es preciso destacar que la fecha de prescripción data del 28 de agosto de 2020, es decir que a Lidia la fumigaron con el aval de la policía que certificó que se lleve adelante esa aspersión con una receta agronómica vencida.
Cuando luchar contra los venenos del agro y la abulia policial resulta una verdadera quimera. Consultada por Conclusión sobre cuáles fueron los pasos a seguir luego de que se comprobara que la receta se encontraba vencida, Lidia Moreira indicó: “Me acerqué a la comisaría del lugar para solicitar la receta agronómica renovada, ya que la que me habían acercado estaba vencida, lamentablemente el Jefe Garcilazo no accedió a mi pedido, se negó argumentando que yo lo molestaba con mis continuas denuncias”.
El pasado 8 de septiembre el fuerte viento azotó el Sexto Distrito, algo que impulsó a Lidia a ponerle freno al intento de fumigación en los terrenos linderos a su hogar. “Ese día no le permití a la Ingeniera agrónoma encargada del campo, Sabrina Inés Imbert, a fumigar porque el viento era muy fuerte y los venenos iban a venir directamente para mi casa. Pero fue al otro día a las 19.30 hs que la máquina comenzó con las aspersiones, si bien el hombre encargado de fumigar me había avisado con anterioridad, la misma se dió mucho tiempo después soreprendiéndome, ya que consideré que no se iba a ejecutar. En lo particular me encontraba caminando y padecí las mismas a muy corta distancia, intenté correr pero no pude escapar a los venenos que rápidamente me alcanzaron”, sostuvo.
La salud de Lidia se viene deteriorando de manera sostenida, la misma noche de la fumigación su cuerpo volvió a evidenciar los efectos brotándose a través de un incómodo sarpullido. “Antes y después de cada fumigación tenemos que permanecer encerradas junto a mi madre por un largo tiempo, los olores son muy fuertes y el impacto en mi cuerpo comienza a ser cada día más fuerte. La impotencia que una siente es muy grande, ya que no tenemos otra forma de demostrar el daño sistemática a la salud que venimos padeciendo”.
Por último, y con la intención de ser interpretada en agotamiento y dolor, la vecina de la localidad entrerriana enfatizó, “quiero hacer público el maltrato que sufrí por parte del jefe de la comisaría encargado de avalar las fumigaciones, parecería ser que le molesta atender los justos reclamos de aquellas y aquellos que estamos denunciando los atentados contra la salud, haciendo uso de los derechos que nos asisten como ciudadanas de bien. Exijo que el Ministerio con competencia en el asunto, o la justicia, tomen cartas en el asunto y soliciten las explicaciones del caso”.
Fuente: RedEco
Los apropiadores
Por Guillermo Cieza, Resumen Latinoamericano, 18 de septiembre de 2020.
En las últimas semanas un viejo fantasma recorre la Argentina: los ocupantes ilegales de tierras, los apropiadores. La parte de nuestra sociedad que construye su percepción de lo que ocurre en el país, a partir de lo que le informan los grandes medios de prensa, ha llegado a convencerse de que el mayor riesgo para sus vidas no es la epidemia que pone en riesgo su salud, la fragilidad de sus economías familiares, o la posibilidad cierta de perder sus empleos o empeorar sus condiciones laborales, sino de que en el patio de su casa se instale una familia de indigentes o ladrones. Los principales canales de televisión saturan con imagenes que documentan estos supuestos robos de tierras y se lamentan por la suerte de los propietarios.
El gobierno nacional se ha puesto a tono con la supuesta amenaza y ha condenado las ocupaciones de tierras para vivienda caracterizándolas como ilegales, y amenazando a los ocupantes en distintos tonos, que van del discurso y acción policial patoteril, encabezado por el Ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni, a la más reposada advertencia pronunciada por la Ministra de Justicia Sabina Frediric.
En un momento político propicio para discutir los resultados de las políticas neoliberales sobre el sistema sanitario, o la refirmación del caracter esencial de los trabajadores que garantizan la continuidad de la reproducción de la vida durante la pandemia, la derecha impone su agenda y avanza en la batalla ideológica. Han convencido a muchos de que el bien más preciado es la propiedad privada y la mayor amenaza es la inseguridad.
La cuestión de la apropiacion de tierras por parte de particulares, sin embargo, es un tema que merece atención. Podría arriesgarse incluso que la apropiación de tierras es un rasgo distintivo de la historia de este país y aún antes que se constituyera como Nación Argentina.
Cuando llegó la invasión española a estos territorios, se encontraron con un lugar sin oro, ni plata, ni perlas, y cuyos únicos atractivos para su avaricia saqueadora eran los cueros de animales, algunas producciones vegetales y la posibilidad de disponer de un buen puerto de ultramar, que justificó la edificación de Buenos Aires. Con riquezas tan acotadas, fue evidente que, desde un principio, quien quisiera ganancias más alla de las que proporcionaba el puerto, la única posibilidad era disputarle tierras a los originarios. Al principio como cotos de caza, después como lugares de reproducción del ganado.
Al producirse la revolución independentista, mientras nuestro pueblo se jugaba en gestas liberadoras y que llevaron a la independencia a otras naciones, Rivadavia y los usureros porteños contraían el préstamo de Baring Brothers con la garantía de tierras ajenas, que después repartirian con la llamada Ley de Enfiteusis, para cimentar el nacimiento de la oligarquía agropecuaria. Pasado los tiempos de las luchas independentistas, cuando los pueblos originarios fueron parte de esas luchas o valorados como aliados, y ya constituído el Estado oligárquico volvieron los despojos de tierras.
La historia del desarrollo del capitalismo en este país, tuvo entonces, desde épocas coloniales el eje vertebrador de la acumulación por desposesión de tierras. Esa acumulación tuvo caracteristicas particulares, porque cuando se repartió la tierra robada a los originarios siempre quedó en pocas manos. No hubo Leyes de Indias como las que promovian el desarrollo de la mediana y pequeña propiedad en lugares de frontera como ocurrio en la Banda Oriental y Paraguay, ni premios a los colonos con pequeñas extensiones de tierras como ocurrió en el Oeste de Estados Unidos. La tierra quedó en manos de los generales, los politicos y los financistas de la invasión.
En la Argentina no existieron leyes de Reforma Agraria como si existieron en Mexico, Brasil, Chile, Perú, etc. Lo más avanzado fue un proyecto presentado por el el diputado radical intransigente Luis Mac Kay para reformar la dinámica del Consejo Agrario Nacional durante el primer gobierno peronista que, acompañado por el oficialismo, consiguió media sanción en Diputados pero que no se trató en Senadores. Este proyecto proponía «establecer como única base de expropiación la valuación fiscal de los mismos» para suprimir «los factores de especulación para la adquisición de los grandes fundos» y facilitar «a los agricultores la compra de los lotes sin más exigencia económica que su actitud productiva». La promesa electoral de dar la tierra a quien la trabaja, quedó reducida a unas pocas expropiaciones, y quien efectivamente aportó a la modificación de la tenencia de la tierra, fue la La Ley de arrendamientos 13.246, sancionada en 1948, ya que por sus efectos de prolongar y congelar los alquileres, facilitó que muchos arrendatarios pudieran adquirir sus tierras en los años subsiguientes. La ley fue derogada en 1966, por un decreto de la dictadura de Onganía.
A finales de la dictadura militar iniciada en 1976, se desarrollaron tomas de tierras para viviendas efectuadas por familias sin techo, muchas de las cuales eran damnificadas por la construcción de las grandes autopistas en Capital Federal. La primera de estas tomas la encabezó el cura Raul Berardo en 1982, en el Partido de Quilmes, creando el asentamiento El Tala. El nombre de «asentamiento» tiene origen bíblico y hace a referencia a los lugares donde se asentó el pueblo judío despues de su huida de Egipto. En los asentamientos de la zona Sur del conurbano tuvo mucha incidencia un grupo de sacerdotes que pertenecían al obispado de Jorge Novack y que adherían a la teología de la liberación o a posiciones progresistas en la iglesia. También en la zona oeste del conurbano se desarrollaron asentamientos con influencias de religiosos. En uno de ellos «El Tambo», surge el dirigente social Luis D´ Elia.
El crecimiento de los asentamientos tuvo su apogeo durante los años 84 y 85 en provincia de Buenos Aires, donde creció la movilización y el reclamo por la legalizacion de las viviendas. Durante la gobernación de Cafiero, que incluía un gabinete progresista con Luis Brunati como Ministro de Gobierno y Florencio Ferrara como Ministro de Salud, se aprobaron medidas de regularizacion domineal que permitieron que más de doscientas mil familias legalizaran la posesion de sus viviendas. Esta regularización llegó posteriormente al ámbito nacional con la Ley 24374 .
Los asentamientos son una expresión de la lucha de clases y de la historia de lucha de nuestro pueblo, con sus propios mártires como Agustín Ramirez, asesinado en en 1988. Durante muchos años, al menos las corrientes progresistas del peronismo reivindicaban esos hechos.
La derecha argentina, que durante la gestión Macri, vendió terrenos y propiedades a precio vil entre sus amigos, es coherente con su posición histórica cuando se opone a los asentamientos. Desde su perspectiva, los únicos con derecho a apropiarse de tierras son los oligarcas.
En la actualidad el gobierno nacional se deja imponer la agenda de la derecha, y también replica discursos de la derecha, con la demonización de las ocupaciones.
Finalmente, y como corresponde a un mundo sumergido en una crisis civilizatoria, cada medida de políticas públicas debe medirse por sus consecuencias ambientales y epidemiológicas.
En plena epidemia del Covid deben valorarse el impacto del hacinamiento en las viviendas. No es el único índice, pero es ilustrativo que en Venezuela un pais con treinta millones de habitantes, donde se construyeron dos millones de viviendas populares, con cifras de ocupación por vivienda apenas superior a 3 personas, al dia de la fecha, hay sólo 64.284 infectados y 520 muertos. Y tambien es ilustrativo que en su vecina Colombia, donde el gobierno reprime asentamientos y no invierte en viviendas populares, con 50 millones de habitantes hay 743,945 infectados y 23665 muertos.
Los asentamientos, protagonizados fundamentalmente por matrimonios jóvenes que tratan de salir de viviendas que comparten con sus propias familias, son también una forma de escapar del hacinamiento.
Un gobierno que se declara nacional y popular y que reivindica a Eva Perón, que decía «donde hay una necesidad hay un derecho», debería avergonzarse de la posición que toma frente a los asentamientos. Además, desde lo epidemiologico, resulta gravísimo que la única respuesta de un gobierno que no ejecuta planes de viviendas populares, sea el desalojo forzado.
Envio:RL
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