Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2020.
La coordinación de delegados y delegadas de las 2500 familias recuperan tierras en un predio de 100 hectáreas para construir viviendas dignas en la localidad de Guernica, al sur del conurbano bonaerense, junto con el acompañamiento de organizaciones sociales, anunciaron una nueva movilización para este martes a las 14 a la Municipalidad de Presidente Perón, en reclamo de “tierras para vivir” y que se frene el desalojo dispuesto por el juez Juan Martín Rizzo del Juzgado de Garantías N°8 de Cañuelas para los días 23, 24 y 25 de septiembre.
Allí se reunirán con la intendenta Blanca Cantero y autoridades provinciales. Igualmente, reclaman una reunión con el gobernador Axel Kicillof. Simultáneamente, realizarán un corte sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen.
Organizan Festival Popular el 20 de septiembre
Desde la coordinación de la recuperación de tierras de Guernica lanzaron una campaña para sumar sseguidores y seguidoras para la página de Facebook Historia desde Adentro de la Recuperación de Tierras de Guernica, donde, con su voz cuentan cómo es su vida y cómo sufren las familias la crisis habitacional, para contrarrestar de esta manera lo que consideran una campaña de desprestigio y estigmaticación de las familias que participan de la recuperación. En el mismo sentido lanzaron una campaña con el objetivo de contar con “1000 suscriptores y suscriptoras al canal de Youtube de la coordinación“, expresaron, y agregaron: “sabemos que lo vamos a lograr con la ayudita de cada uno de ustedes. Suscribite a la página de YouTube. Compartí la invitación. Que seamos miles pidiendo #Tierrasparavivir”.
Asimismo, anunciaron que preparan la realización de un festival virtual para visibilizar sus demandas y problemáticas para el domingo 20 de septiembre.
Por Rosario Marina. Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2020.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 69 personas LGBTIQ+ fueron atacadas, asesinadas, o sufrieron abandono por parte del Estado. Fueron 69 crímenes de odio, uno más que lo registrado el año pasado, pero con un problema adicional: los efectos de la pandemia de Covid-19, especialmente crueles en las mujeres trans.
“Hay compañeras que han muerto de Covid y están en las morgues de los hospitales porque nadie las retira, algunas no tienen documentación, algunas son migrantes. Nos llaman del Muñiz y otros hospitales de CABA para ver si las conocemos”, denunció Marcela Romero, presidenta de ATTTA.
Los datos son del informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado por la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación. La información que publican provienen de los medios masivos de comunicación, y de lo recolectado por la Defensoría LGBT a través de denuncias recibidas, de redes sociales y contactos telefónicos. También hay datos que aporta el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la RED LACTRANS.
Muertes por ausencia del Estado
Al igual que el año pasado, las más afectadas por los crímenes de odio son las personas trans: el 78% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 16% se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 4% de los casos le siguen las lesbianas; y por último con el 2% los varones trans.
De los 69 crímenes de odio registrados, 32 fueron asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y 37 son ataques, violencia física que no terminó en muerte.
Del total de lesiones al derecho a la vida, el 19% de los casos son asesinatos; el 6% suicidios; y el 75% restante son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal.
Las más afectadas: mujeres trans y travestis
Las travestis y mujeres trans siguen siendo las que se ven más afectadas por los crímenes de odio. En el primer semestre de 2020 hubo 6 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -3 fueron dirigidos a mujeres trans y 3 a varones gay cis-; 2 suicidios -de mujeres trans-; y 24 muertes por abandono y/o ausencia estatal – todas ellas fueron de mujeres trans-.
“La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al número real, ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares de las víctimas y mayormente a la información aportada por otras mujeres trans”, indica el informe.
Una de las que sufrió ese abandono por parte del Estado fue Katalina Martínez Yancha, una mujer trans ecuatoriana privada de su libertad en Argentina. A principio de este año se encontraba en la Unidad penitenciaria N°32 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, cuando comenzó a sentir dolores en el cuerpo. Le siguieron otros síntomas como dificultad para respirar, fiebre y falta de apetito.
A pesar de que todos estos padecimientos se condecían con el diagnóstico de tuberculosis (TBC) -.enfermedad muy frecuente en los penales bonaerenses- los médicos que la revisaron afirmaron que se trataba de problemas psicológicos, y la mandaron una y otra vez de regreso a su celda. Según el comunicado publicado por Aramis, abogadx y activista y Naomi Lozano, prima de Katalina, “al momento de atenderla no revisaron su capacidad respiratoria y quien la atendió le dijo que no podía recetarle ‘ni un ibuprofeno porque no era doctor’.”
De todas las lesiones al derecho a la vida relevadas en el informe, el 91% fueron dirigidas a mujeres trans. “Estos alarmantes números muestran cómo la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión, que termina con sus vidas”, advierten desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.
“La mayoría de las muertes de las personas trans, no sólo los travesticidios o transfemicidios, son crímenes de odio porque son el resultado de un abandono estructural del Estado. No es actual ni coyuntural, sino que tiene que ver con décadas de explotación, exclusión, marginación, violencia y dicriminación hacia las personas trans”, explicó a Presentes María Rachid, Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA.
¿Quiénes lxs matan?En el 51% los crímenes de odio son cometidos por personas; el 49% son llevados a cabo por el Estado y dentro de este porcentaje el 13% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando todos ellos casos de violencia institucional
El informe explica que existe un subregistro muy grande de estos casos de violencia institucional, porque no suelen atreverse a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona de los hechos y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.
“Hay lugares en que la pandemia lo que hizo también es recrudecer la violencia. La policía salió a cazarnos. Cada vez que ven una mujer trans le piden documento, las violentan, las insultan. Siempre hay mucha amenaza de que te van a hacer un acta”, explicó a Presentes Marcela Romero, presidenta de ATTTA.
Un joven gay de 27 años denunció que el 1 de mayo fue golpeado y agredido por agentes homoodiantes de Infantería y por policías de la comisaría sexta de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz). Contó que mientras estuvo alrededor de seis horas detenido, en el contexto de la pandemia, le quebraron un maxilar, le fisuraron las costillas y le dejaron hematomas en todo el cuerpo, burlándose de su orientación sexual. La denuncia está en el juzgado de instrucción número 1 a cargo de la jueza Marcela Quintana.
En los casos en que los agresores no son policías o funcionarios, la mayoría son son vecinos/as o personas conocidas por ellas. Luego, en segundo lugar, quienes atacan son personas desconocidas por las víctimas y en tercer y cuarto lugar están: la pareja, noviazgo, ex pareja o ex novio/a, y clientes del trabajo sexual. También los/as victimarios/as pueden ser familiares. Sólo en el 17% de los casos totales no se registran datos de la vinculación víctima-victimario/a.
Atacadxs y asesinadxs en cuarentena
Karly Sasha Chinina Palomino, una joven trans de 33 años, fue asesinada en la madrugada del 5 de marzo en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Era oriunda de Perú, vivía en la Ciudad de Buenos Aires y sobrevivía ofreciendo servicios sexuales, como muchas personas del colectivo travesti-trans afectadas por la violencia estructural.
La Fiscalía número 5 de San Martín intervino en la escena del crimen a partir del llamado del 911. El cuerpo de Karly yacía en avenida Rivadavia y Granaderos, ahí donde la avenida corre paralela a las vías del tren y hay un paso a nivel.
En abril, Ana Lucía Lola Soraire, una trans de 39 años que vive en Merlo (provincia de Buenos Aires), denunció que mientras cumplía la cuarentena por el Covid19 fue víctima de un ataque de odio en su casa, y que intentaron matarla. Según contó a Presentes Karla Benítez, una compañera trans que la acompañó en los últimos días, el 6 de abril un grupo de conocidos atacó a Lola -como la conocen- en la puerta de su vivienda con una masa, cadenas y piedras hasta dejarla inconsciente. Karla denuncia también que hace tiempo a Lola la estaban amenazando por redes sociales.
Gabriela Alejandra Homann Ayala es una sobreviviente en el sentido más cabal, porque a los 40 superó el promedio de vida para travestis y trans en América Latina (35 años) sino también, hace pocos días, sobrevivió un intento de travesticidio en su propia casa en Grand Bourg (provincia de Buenos Aires). Fue en la madrugada del 13 de abril, cuando un hombre que la había contactado por servicios sexuales en plena cuarentena por Covid-19, la apuñaló varias veces en el cuello, la nuca y las manos. Después atacó a un joven gay que vive en otra habitación en el fondo del terreno y huyó.
El sábado 25 de abril al atardecer, Tamara Denise Morales –una mujer trans de 36 años– fue trasladada en ambulancia desde la casa de Villa de Mayo, donde vive con su familia, a la guardia del hospital Malvinas Argentinas. Se sentía muy mal, e iban a practicarle diversos exámenes, incluido un testeo de coronavirus, contaron sus allegadxs. Estuvo en el hospital entre las 20 y las 3 de la madrugada, cuando –según dio a conocer el hospital–, pidió el alta voluntaria y se fue. Su familia y amigas no supieron más de ella y el domingo pidieron desesperadamente en las redes que si alguien la había visto se comunicara con ellxs. Finalmente la policía la encontró muerta.
En Reconquista – una las ciudades más importantes del norte de Santa Fe- y donde por estos días proliferan las marchas contra la expropiación de Vicentín, asesinaron el sábado 13 de junio a Roberto Monje, de 40 años, activo militante gay de esa localidad. Trabajaba en un comercio céntrico, por eso era conocido por la mayor parte de la ciudadanía reconquistense.
El cuerpo sin vida estaba en el baño de su casa, con decenas de heridas de arma blanca, la mayoría en la zona del cuello. Algunos puntazos en sus manos indican que intentó defenderse. En base a las imágenes que captaron cámaras de seguridad cercanas a ese domicilio, en la calle Ludueña al 1020, el supuesto asesino llegó a la casa de Roberto en bicicleta, el viernes alrededor de las 20, y se retiró del lugar 11 horas después.
Los efectos de la pandemia: violencia e intentos de desalojo
“Se deja constancia de la gran preocupación de este observatorio por la diversidad sexual en el actual contexto de pandemia, y en particular la especial y delicada situación que están atravesando las personas trans. Miles de mujeres trans en nuestro país se encuentran inmersas en una crisis económica-habitacional, producto de la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Alquileres del Mes de Mayo, el 85 % de ellas no pudo pagar el alquiler y el 57 % se quedó sin ingresos económicos”, explica el informe.
Aunque el gobierno nacional haya decidido suspender los desalojos de inquilinos/as por falta de pago, y aunque el decreto presidencial incluye a hoteles y pensiones, la mayoría de las travestis y trans que habitan en esos sitios y que pagan diariamente y sin mediar contrato alguno, quedaron expuestas a extorsiones y amenazas por parte de los/as
propietarios/as que incumplen el decreto. Según el informe, se reportaron cientos de casos donde estos/as las arrojaron a las calles por no poder continuar abonando. Uno de los casos más conocidos fue el del barrio porteño de Balvanera, el dueño del Hotel Saavedra amenazó con desalojar a ocho travestis que vivían allí.
Las cárceles en pandemia
En abril, a pocos días de decretarse la cuarentena obligatoria, en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, provincia de Buenos Aires, las trans y travestis privadas de su libertad se dedican a fabricar barbijos para el personal de la penitenciaria a cambio de unas horas de sol en el patio.
Esta es una de las tantas vulnerabilidades a las que la población trans en situación de encierro se ve expuesta ante la crisis del Covid-19. De por sí, y según datos arrojados por un informe realizado por Otrans en 2019, el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas no tenía antecedentes previo a su condena. La mayoría de las mujeres trans privadas de su libertad son migrantes (principalmente de Perú y Ecuador), con un porcentaje cada vez mayor sostenido, en gran parte, por detenciones arbitrarias. En este contexto, el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad.
Un mes después, a principios de mayo, en los pabellones LGBTI+ de distintos complejos penitenciarios ya denunciaban la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe del RESET dio cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población.
En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Emiliano Santa Cruz (34 años) pasa sus días junto a 21 chicos gays en el Pabellón A, destinado a la población carcelaria LGBTI+. “Durante todo el fin de semana estuvimos sin señal de cable y de teléfono, y se presta a confusión. Creímos que querían desinformarnos sobre lo que está pasando con nuestros compañeros de Devoto”, contó a Presentes.
Ya el 30 de marzo se notaba: la cuarentena por el coronavirus había destapado la olla de la violencia estructural. La primera semana de aislamiento preventivo obligatorio en Argentina dejó en evidencia, entre otras cosas, la emergencia habitacional y las condiciones precarias de vida de la población de personas travesti y trans. La mayoría de ellas se dedica al trabajo sexual y a partir de estas nuevas normativas por la pandemia de coronavirus no han podido generar recursos para la subsistencia. Esto se tradujo en muchos casos en no poder pagar las piezas que alquilaban y ser amenazadas de desalojo o, como ocurrió en Córdoba, ser echadas a la calle con violencia en plena cuarentena por la pandemia.
“El Covid desnudó no solamente la falta de políticas, sino la carencia y el incumplimiento de los derechos humanos de las personas trans en Argentina”, apuntó Marcela Romero.
Fuente: AnRed – Foto de portada:Legüera/Archivo Presentes
Alertan por el aumento de presos y el abandono estatal en cárceles de Mendoza
Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2020.
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura -aún activo hasta que se promulgue la ley de Cornejo y Suarez que lo pulverizó– alertó sobre el riesgo que implica el COVID-19 en las cárceles de Mendoza después de que días atrás trascendiera el contagio de reclusos de San Felipe.
Advirtieron también sobre el aumento de la prisionalización en Mendoza -que ya era una de las más altas del país, pero se acrecentó en el gobierno de Cornejo y el de Suarez, aún antes de la pandemia– por la aplicación de normativas sobre el aislamiento social.
Por abuso de la prisión preventiva las cárceles de Mendoza son una bomba de tiempo
“Este comité recibe a diario innumertables mensajes de personas privadas de la libertad y sus familiares cargados de angustia e incertidumbre ante el contatio confirmado o la presencia de síntomas graves en quienes están alojados allí sin atención médica”, señalaron en un comunicado difundido horas atrás.
El CPPT remarcó en ese sentido que el Gobierno de Mendoza “pareciera hacerse eco de los discursos de odio sobre las poblaciones más vulneradas, dándoles la espalda y desoyendo lo que indica la normativa internacional en relación a las personas privadas de libertad y las recomendaciones específicas emitidas por diferentes organismos para abordar la pandemia de COVID-19 en las cárceles. La situación de la gestión estatal en nuestra provincia es grave”.
Alertadas las autoridades sobre la situación carcelaria, la respuesta “ha sido el silencio”, remarca otro tramo del comunicado.
“La desidia, el abandono y la indiferencia son decisiones políticas, el Poder Ejecutivo, mediante las autoridades del Ministerio de Salud y las jefaturas carcelarias, serán responsables de lo que suceda en el corto plazo ante el colapso sanitario y las muertes bajo custodia del propio Estado”.
Subraya el comité la nula injerencia del procurador de las personas privadas de la libertad, Luis Romero (UCR): “Queremos denunciar la negligencia e inoperatividad de Luis Romero, funcionario rentado en el cargo de procurador de personas privadas de la libertad que, como militante del partido político actualmente en el gobierno parace eestar más al servicio del encubrimiento de las conspicuas omisiones de sus correligionarios antes que para cumplir las responsabilidades que le confiere la ley”.
Este es el comunicado completo del CPPT:
Fuente: Explicito
Las nietas de las brujas que no pudieron quemar
Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2020.
Desde 2017, un grupo de feministas empezaron a encontrarse en Río Tercero. Descubriéndose en distintos ámbitos, fueron tejiendo la red. Conversamos con Morena y Julieta sobre su militancia, proyecciones y desafíos.
Río Tercero me pareció siempre una localidad llamativa. La primera vez que fui, vi una ciudad chica donde suceden cosas de ciudad grande. En un fin de semana, estuve en una moderna peña folclórica, en un fogón de canciones de corte spinetteano, en un evento cultural multiartístico y escuché las narrativas de lo que fueron las explosiones del 95, coletazo de la década criminal menemista. Tantos colores distintos en una población pequeña, ¿habrá entre esa gente alguna organización feminista?
Muchos años después y pensando en esta sección, me hice de nuevo la pregunta. Por amigas de amigas, llegué a Julieta Berardo, que atendió con una sonrisa mi videollamada, invitando también a Morena Piccat, ambas integran, junto a otras, el espacio feminista Las Nietas de Las Brujas.
La historia comienza entreverada con la rebeldía del carnaval. Algunas formaban parte del Colectivo Contagiando Carnaval, que intentaba transmitir la emoción de la festividad pagana, ahora un poco olvidada. Convocando a actividades para recuperar los corsos, entre algunas se preguntaron por qué no armar algo con tinte feminista. Desde ahí, no pararon.
“Muchas no nos conocíamos o teníamos militancia política en espacios antagónicos, y nos encontramos en la transversalidad del feminismo”, cuenta Julieta, y explica que, en la organización, no hay ninguna por encima de la otra, sin importar el lineamiento político, la edad o el sector social. Gracias a esa convocatoria, se agruparon en la necesidad de intervenir en el espacio público.
Pensaron, entonces, qué podían hacer juntas. Sabiendo que debían respetar los tiempos y posibilidades de cada una, se encontraron a debatir. “Así nos fuimos fortaleciendo junto a otras mujeres que se sumaron. Tenemos el grupo de WhatsApp ´Red Feminista´ que es amplio para que nadie quede afuera, ahí compartimos información, discutimos, acompañamos situaciones de violencia o abuso que se presentaron, siendo una red que sostiene, entendiendo que no es responsabilidad nuestra, porque las políticas del Estado son clave, pero nosotras acompañamos y demandamos. Tratamos de hacer con mucho amor lo mejor que podemos”.
Además, realizan actividades de visibilización en el marco de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, o fechas conmemorativas. Como algunas son docentes, comparten herramientas e informaciones sobre Educación Sexual Integral porque “implementar la ESI en las escuelas es una batalla diaria”, explica Julieta. Morena agrega que cada una, en el ámbito que se desempeñe, lleva consigo esto que traman colectivamente.
Así como se convocaron en carnaval, con nuevos motivos de encuentro y con la necesidad de contagiar y debatir lo que las moviliza, se involucran en actividades y eventos de la ciudad con intervenciones artísticas, ferias o pañuelazos, “tenemos para aportar, queremos tener presencia”, afirma Julieta. También, quieren trabajar la sensibilidad y capacitación en torno a la perspectiva de géneros en todos los ámbitos, pero, fundamentalmente, en los medios de comunicación. Por esto, facilitaron una formación que aborda esta perspectiva en el tratamiento de problemáticas destinada a los medios de comunicación locales y en articulación con la Defensoría del Público.
Las Nietas de Las Brujas encienden los fuegos. Traman con otras, realizan actividades y capacitaciones con mujeres sindicalizadas, trabajadoras y espacios feministas de otras localidades. “Creo que nuestra experiencia también sirvió para demostrar que, aunque es un pueblo, igual se pueden hacer cosas y que tener presencia es valioso”, cuenta Julieta.
Nos cuentan que aprovecharon la cuarentena para presentarse en las convocatorias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación junto a otras. “La idea es obtener algún financiamiento para complementar las acciones que se hacen a nivel local, sumar a lo que se viene haciendo. Para esto, convocamos a tres organizaciones que también vienen trabajando y aceptaron. Fue lindo encontrarnos con otros espacios porque, si no sale el financiamiento, esos proyectos pueden guiar nuestras próximas acciones juntas”, explica Julieta.
Uno de los principales desafíos es cómo convocar a la mayor cantidad de compañeras y cómo tramar un diálogo intergeneracional entre quienes se acercan. “En el espacio, hay chicas de 10 años, de secundario, algunas un poco más grandes, estamos las de cuarenta y también hay mayores”, dice Julieta. “Es enriquecedor y es un desafío porque tensiona debates, como cuál es el sentido de la lucha, si es solo ir a un pañuelazo o militar el feminismo de redes sociales, o si también tiene que ver con formarnos, reflexionar entre nosotras, construir estos debates con las mujeres en los barrios, pudiendo identificar las problemáticas desde la mirada de todas las mujeres y diversidades a nivel local”.
El feminismo nos transforma. Una no mira, transita ni se vincula de la misma forma cuando tiene la experiencia de atravesar una organización feminista. “A mí me cambió todo”, explica Morena, “ellas están atentas a cómo está cada una, me ayudaron un montón, yo era una niña nacida en una bola de cristal y, cuando empecé a militar con ellas, me choqué contra la pared un millón de veces, lo sufrí muchísimo porque era comenzar a ver otras realidades. Para mí, estar en Las Nietas es un gran cambio de cabeza, de aprender de ellas, acá todas nos podemos expresar libremente”.
Morena llegó a Las Nietas por una publicación que hizo en una red social: “Era sobre aborto, entonces, me escribió una de las chicas que yo no conocía y me dijo que había un grupo de mujeres feministas y me invitó a sumarme. No conocía a ninguna, pero me sentí siempre muy cómoda, desde el primer pañuelazo o reunión, no paré más”.
Quien haya vivido en una ciudad chica sabe lo maravilloso y hostil que puede ser organizarse en temas que generan tanta controversia. Ellas participan porque quieren modificar la realidad, “creemos que podemos transformarla sabiendo todas las dificultades que eso trae, pero somos incondicionales en esto. Ese amor que se transmite es hermoso e intentamos que se multiplique”, explica Julieta. “Es un pueblo muy cerrado y nos cuesta muchísimo porque nos tienen como las locas, las que hacemos lío, las exageradas, entonces, lo principal es estar acompañadas”, agrega Morena.
La ventaja de trabajar en una localidad chica es que permite tener diálogo con las autoridades y trabajar de manera articulada. “Siempre demandamos mayor recurso humano porque el equipo de violencia estuvo constituido solo por tres profesionales que hacen lo que pueden”. Los equipos de salud de los barrios, dicen, son fundamentales para los acompañamientos, “ahí hay profesionales hace muchos años trabajando, entonces, si nos enteramos que una mujer de un barrio tiene una situación, nosotras podemos acompañar, pero sabemos cuál es el equipo que tiene que intervenir. Estamos en comunicación, las trabajadoras de los equipos están atentas y nosotras empujamos para que las compañeras accedan a los recursos”. En cada una de las instituciones, trazan la red de profesionales y espacios amigables con perspectiva de géneros para poder acompañarse. “Debemos ser estratégicas para encontrarnos en cada ámbito”, explican.
Mientras conversamos, tengo la sensación de que el espíritu de carnaval que las hizo dar el primer paso se mantiene intacto. No me sorprende que, en una ciudad con colores distintos, haya nietas de brujas que celebran construir mundos feministas.
Fuente: La tinta
“El Estado no quiere investigar al propio Estado”
Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2020.
La desaparición de Facundo Astudillo Castro y el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida rememoraron al caso de Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto de 2017 luego de la represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen en Chubut.
“Hay situaciones que se repiten. Hay un fiscal que no recibe, policías que no investigan, fuerzas que se encubren, rastrillajes que no encuentran nada y testigos que aparecen y dicen haberlos visto todos en diferentes lugares”, declaró, en entrevista con FM La Barriada, Sergio Maldonado, hermano de Santiago.
Al respecto, apuntó que “es terrible” que después de tres años no haya “ni siquiera una reconstrucción” de lo que sucedió aquel 1 de agosto, y resaltó que tampoco se ampliaron los puntos de pericia “ni se investigó absolutamente nada”.
En este sentido, explicó que la semana pasada realizaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la recusación de Gustavo Lleral, luego de que Casación Penal lo ratificara como juez a cargo de la investigación, aún cuando su pronunciamiento consistió en “que Santiago se ahogó solo y Gendarmería no tuvo nada que ver”.
“La justicia tiene sus castas y su gran mafia judicial que hace lo que se le antoja. Va por una línea que no es la misma que tratamos de seguir con los abogados”, cuestionó.
Por otro lado, recordó que antes de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, “sucedió lo mismo con Luis Espinoza”, asesinado por la policía de Tucumán.
“Lamentablemente apareció sin vida, pero fueron seis días de agonía, búsqueda y desesperación. Este caso me conmovió porque fue el hermano de Luis quien encontró el cuerpo y estuvo muchas horas custodiándolo. Inevitablemente removí un montón de cosas”, relató.
“Estas situaciones que se repiten vienen a ratificar la necesidad de tener un grupo de expertos independientes que investigue por fuera del Estado”, expresó.
“No es que el Estado no está capacitado, sino que no quiere investigar al propio Estado”, consideró.
“Justamente el que viola los derechos humanos es el Estado, no un particular. Aunque haya gobiernos de cuatro u ocho años, las fuerzas están siempre y entre comisarios y subcomisarios se genera una hermandad”, observó.
“No es que viene un gobierno y puede romper ese pacto, sobre todo después de cuatro años con todo el fascismo que infundió (Patricia) Bullrich, y cuando llega (Sergio) Berni que no viene a cortarlo sino a sostenerlo”, planteó.
“Si Bullrich se vestía de fajina, Berni lo redobla andando armado por los techos”, refirió.
Por otra parte, criticó las “guerras partidarias que mezclan las cosas y lo llevan a un terreno partidario sin tener ni valor ni respeto por los familiares o la propia víctima”.
“Zapatean arriba de los muertos. Hoy salen y levantan la bandera de Facundo pero es evidente quiénes hacen uso de eso para pegarle al gobierno actual cuando no les importa él, ni Luis Espinoza ni ninguno de los pibes víctimas de gatillo fácil”, advirtió.
Asimismo, recordó que cuando “el kirchnerismo salía a levantar la bandera de Santiago, el macrismo cuestionaba por qué no pedían por Julio López, pero ellos tampoco pedían por él”.
“Me da mucha pena que haya gente que piense de esa manera”, sostuvo.
Además, señaló que “entre un caso y emblemático y otro hay muchos más que quedan invisibilizados”, y aseguró que además de buscar justicia por Santiago trata de visibilizarlos.
“Si avanzamos en la justicia, tal vez otros puedan avanzar”, manifestó, aunque afirmó que sería “muy hipócrita” de su parte decirle a los familiares que tengan esperanza cuando aún en el caso de Santiago donde se llenaron las plazas y hubo movilizaciones en todo el país, “sigue la impunidad”.
“Qué esperanza se le puede transmitir a las demás familias que exigen y luchan para saber lo que pasó y haya justicia. Sin embargo, si no luchamos y seguimos poniéndole el cuerpo, se las hacemos muy fácil”, opinó.
Fuente: AnRed
Envio:RL
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