20 de septiembre de 2020

TROPEL 3 del 20.09.2020.

 Los exportadores aún no liquidaron casi 3000 millones de dólares

La diferencia surge de la comparación de lo que se declara como ventas al exterior en Aduana y lo que efectivamente se vende en el mercado de cambios.
(Foto: Télam)
20 de septiembre de 2020

La batalla por los dólares suele estar enfocada en la demanda: quién compra dólares, sus motivaciones (se han escrito libros con el eje en la cuestión "cultural"), la fuga de capitales o el pago de deuda. Las miradas son mucho menos frecuentes sobre la oferta de divisas, es decir, los orígenes de los dólares que ingresan al mercado de cambios. Sin embargo, esa pata es fundamental a la hora de explicar la falta de dólares en la Argentina.

Por caso, de los datos cruzados del Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) surge una diferencia de 2855 millones de dólares que no han ingresado al mercado cambiario, es decir, no se liquidaron, a pesar de que ya se declararon las exportaciones en Aduana entre enero y julio pasados, últimos datos oficiales conocidos.

La suma que aún no ingresó se explica por las exportaciones no liquidadas. Aduana registró exportaciones por 32.272 millones de dólares en los primeros siete meses del año, pero las liquidaciones de los exportadores en el mercado único y libre de cambios solo alcanzó a 29.024 millones de dólares. En cambio, los pedidos de divisas al BCRA para pagar las importaciones se mantienen muy cerca de lo declarado en Aduana: la autoridad monetaria distribuyó 22.347 millones de dólares para pagar importaciones mientras que en Aduana se declararon compras en el exterior del país por 22.719 millones de la moneda estadounidense.

En cinco de los siete meses de 2020 de los que hay registro oficial hubo un desfasaje entre lo declarado y lo liquidado. La diferencia entre uno y otro se manifestó con más fuerza entre febrero y mayo, mes en el que el descalce alcanzó a los 1577 millones de dólares.

Controles

Tras el colapso de las PASO de agosto de 2019, el presidente Mauricio Macri cambió la norma sobre la liquidación de las divisas del comercio exterior: se pasó de la libertad empresaria para disponer de esos dólares a la obligación de liquidarlos en plazos relativamente perentorios.

El nuevo esquema fue ratificado por el gobierno de Alberto Fernández. Así, los exportadores disponen de 15 días para liquidar los dólares provenientes del comercio exterior de granos y de otras commodities (carne, minerales, energía). El grueso de las exportaciones argentinas está constituido por estos productos primarios. El resto de las exportaciones dispone de hasta 180 días para liquidar las divisas.

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(Foto: Diego Feld)

Devaluación

Con todo, el mercado cambiario vinculado al comercio exterior está sometido, además, a otras mañas. Por caso, que las grandes empresas importadoras aceleraron el pago de sus compras al exterior en la primera mitad del año, para lo cual adquirieron los dólares al valor oficial, que ya se considera barato.

Esto último puede explicar las causas de la falta de liquidación. Las presiones por la devaluación del peso son fuertes y prácticamente son ejercidas por todo el espectro empresario. Es decir, el planteo que se esconde detrás es que solo se liquidarán las divisas si el tipo de cambio crece.

La presión devaluatoria ha sido lo suficientemente fuerte como para obligar a los funcionarios de Economía a salir la semana pasada en bloque a desmentirlo. Sin embargo, el consenso entre los analistas es que tarde o temprano, el gobierno devaluará el peso. Por caso, la consultora LCG señala en un reciente informe -crítico de las últimas medidas cambiarias– que "el ajuste del tipo de cambio no es inminente, pero es inevitable". Y advierte: "Depreciar al peso una vez que tengamos menos reservas que las actuales será más doloroso para todos".

La falta de respuesta oficial a la negativa de los exportadores a liquidar las divisas solo abona esta tendencia. 



En qué se usaron los fondos extra que Larreta recibió de Macri por la policía

Desde un principio, el gobierno porteño obtuvo un 50% más de lo que costaba la rama de la Federal que pasó a su órbita. Ese monto fue para mantener la Metropolitana creada por el macirsmo.
20 de septiembre de 2020

La pelea por los fondos que la Ciudad recibe de Nación se mudó a la Corte Suprema. En el distrito capitalino confían en que el máximo tribunal les otorgue una cautelar que les permita mantener el 3,5% que Mauricio Macri fijó como porcentaje de coparticipación por el traspaso de la Federal a la Ciudad. Desde el peronismo aseguran que Horacio Rodríguez Larreta recibe una cantidad de dinero mucho mayor a la que corresponde por ley.

La historia de los fondos coparticipables que recibe la Ciudad excede al macrismo y al kirchnerismo, y comenzó en 1988 cuando las provincias y la Nación acordaron que se repartirían 62% y 38% del dinero de impuestos que recauda el Estado nacional. En ese momento ni la Capital ni Tierra del Fuego eran territorios autónomos, un status que adquirieron tras la reforma constitucional de 1994 y por eso los aportes que reciben hasta hoy salen del porcentaje que maneja el Ejecutivo. Para modificar los índices es necesario que las 22 provincias se pongan de acuerdo y como ningún gobernador está dispuesto a resignar recursos de sus territorios, es la Nación quien lo gira.

La reforma constitucional obligó a una serie de transferencias que la Nación debía hacer a la Ciudad, incluídas la Justicia y la seguridad. La normativa ordenaba que los traspasos debían hacerse con las partidas presupuestarias correspondientes a los gastos que originaba. Ningún gobierno nacional quiso desprenderse del manejo de la policía ni de sus recursos hasta que Macri, a principios de 2016, pactó con Rodríguez Larreta la transferencia.

El presupuesto nacional para 2016 destinaba 11.400 millones de pesos a la “Seguridad Metropolitana” y otros 1200 millones para “Servicios de Bomberos” que tenían su base en la Ciudad. En teoría ese dinero era suficiente para pagar los salarios de los policías, cuya transferencia llegó acompañada por la cesión de los inmuebles en donde funcionaban las 54 comisarías porteñas.

Sin embargo esos $12,6 mil millones se transformaron en $16,8 mil millones casi por arte de magia. Un simple decreto de Macri llevó el porcentaje de fondos coparticipables de la Ciudad de 1,4% a 3,75 por ciento. Nunca estuvo claro cuántos agentes pasarían a la órbita porteña ni tampoco hubo un inventario de los bienes recibidos por la Capital, el primer decreto ni siquiera mencionaba que los recursos extra debían destinarse a seguridad.

Se supone que en el cálculo Macri incluyó los salarios de los Policías Metropolitanos que prestaban servicios en la Ciudad desde antes del traspaso de la Federal, además de todos los gastos que demandara la custodia del territorio capitalino. Eso incluye cámaras, patrulleros y las reformas que llevó a cabo el gobierno local en las comisarías.

Larreta gastó hasta ahora todo el dinero que Nación le transfirió para la policía, incluso, puso fondos propios dedicados a la custodia de los porteños. Los recursos destinados a la seguridad incluyen, sin embargo, cuestiones como la poda de árboles (para mejorar la iluminación), la instalación de cámaras y otras cuestiones.

“¿Es justo que un formoseño pague los patrulleros nuevos que compró Larreta o que un tucumano ponga dinero para financiar los aumentos de sueldo o las nuevas comisarías de la Ciudad?”, se preguntó un legislador del Frente de Todos.

Macri había bajado de 3,75% a 3,4% el índice de coparticipación que enviaba a la Ciudad por un acuerdo con los gobernadores peronistas y Alberto recortó por decreto 1,18% de ese dinero y envió al Congreso un proyecto para sacar otro 0,98%, con lo cuál la coparticipación que recibe la capital sería casi igual a la que tenía antes de la asunción de Macri.

En Nación ven otra trampa: el dinero de la coparticipación acompaña los aumentos inflacionarios, ya que es fruto de la recaudación. No es el caso de los salarios de los policías, que rara vez alcanzan los incrementos inflacionarios. Ese es otro de los motivos por los que la Ciudad estaría recibiendo más dinero del necesario para sostener lo transferido por Macri en 2016. Desde Nación aseguran que en diciembre anticiparon a la Ciudad su intención de recortar el dinero que giraban, mientras que en el larretismo la poda llega con un presupuesto en ejecución y en medio de una pandemia.



La obra pública, el motor del crecimiento económico en 2021

Así queda definido en el proyecto de Presupuesto que envió el gobierno al Congreso. Prevé una inversión en infraestructura de unos 850 mil millones de pesos. Aunque la partida duplica lo fondeado en 2019, está por debajo del promedio de la última década medido en términos de PBI.
(Foto: Twitter Ministerio de Obras Públicas)
20 de septiembre de 2020

El gobierno nacional decidió tomar un rol protagónico en la tarea de volver a poner en marcha la economía después de la pandemia. Además de los aportes que hizo al sector privado en los últimos meses y de otros planes de asistencia en carpeta, resolvió duplicar los fondos destinados a la obra pública. Para ello incluyó en el Presupuesto 2021 partidas por $ 842.683 millones destinadas a tareas de infraestructura. Entre ellas se encuentran la extensión de las redes de agua potable y cloacas, mejoras en los corredores viales y ferroviarios y en las condiciones de los edificios escolares.

La decisión significa un claro posicionamiento de ideas sobre el papel que debe tomar el Estado en la economía. Pero también tiene una explicación mucho más pragmática: los estragos que causó el Covid-19 y la debilidad en que quedaron tanto las empresas (sobre todo las pymes) como las familias para motorizar la salida de la depresión. "Este marco general posiciona al Estado como un protagonista central y necesario del complejo proceso de reactivación de la producción y el empleo. A diferencia de otras experiencias de recuperación, este proceso no podrá reposar exclusivamente en medidas de estímulo a la demanda", reconoce el mensaje con que el Ejecutivo elevó el proyecto de Presupuesto 2021 a Diputados para su tratamiento legislativo. La educación, la ciencia y tecnología y la infraestructura son calificadas como "áreas estratégicas para el crecimiento potencial de la economía argentina que sufrieron grandes desinversiones en el último cuatrienio".

Según los gráficos elaborados por el Ministerio de Economía, los gastos de capital (destinados a mejorar los servicios públicos y la producción, sean realizados por el Estado o mediante transferencias a terceros) alcanzarán el año que viene el 2,2% del PBI. Esa cifra es exactamente el doble que en 2019 y supera en nueve décimas porcentuales las previsiones del año en curso. Así y todo, estará por debajo del promedio de la década anterior (2,43% entre 2009 y 2018).

"La infraestructura urbana y la mejora de la infraestructura municipal en toda la República Argentina serán prioridades en 2021. Merece especial mención la inversión en infraestructura a cargo del Ministerio de Obras Públicas y los organismos descentralizados que de este dependen, con énfasis en obras de transporte vial, obras sanitarias (relacionadas con el acceso al agua potable y a redes cloacales) y ambientales", indica el mensaje. Muchos de esos trabajos serán realizados a través de Aysa, del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) y también del programa Argentina Hace, que se encargará de obras de ejecución rápida, controladas por provincias y municipios, que podrán utilizar en ellas mano de obra local (pymes y cooperativas).

En cuanto a la red de carreteras, se trabajará en la continuación de la Autopista del Buen Ayre, desde Ituzaingó hacia La Plata, y en tramos de las autopistas Luján-Junín, Pilar-Pergamino, Córdoba-San Francisco, Rosario-Sunchales y Mendoza-San Juan, entre otros. Además, se planea reanudar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y avanzar en la electrificación de la línea San Martín. En materia social se proyecta un fuerte impulso al plan Procrear, con el inicio de la construcción de 30 mil nuevas viviendas, mientras que el Ministerio de Educación supervisará un programa que hará eje en la provisión de servicios básicos (agua, gas y cloacas) para todos los edificios escolares y la ampliación y construcción de salas para los jardines de infantes. El resumen asegura que los proyectos involucrados son 6562 y que el monto a invertir supera en 89,8% el destinado a gastos de capital en 2020. En otras palabras, de cada 100 pesos que se gasten el año que viene, 10 serán para la obra pública.

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(Foto: Diego Feld)

¿Hay caja?

La pregunta inmediata es si habrá plata para sostenerlo. Sobre todo si, como ocurrió en los primeros meses de este año, la recaudación en términos reales (una vez descontada la inflación) se derrumba. En ese sentido, en el Palacio de Hacienda aclararon los supuestos bajo los cuales elaboraron las cuentas: creen que los ingresos tributarios mejorarán 43,9% (casi un punto del PBI) gracias a una recuperación del producto del orden de 5,5 por ciento. Para ello confían en la capacidad ociosa con que cuentan las industrias y apuestan a poder canalizar el ahorro doméstico en pesos hacia proyectos de inversión. "El apoyo directo del Estado mediante subsidios de tasas y otorgamiento de garantías es imprescindible", señalan.

Además, confían en que se sentirá el alivio del frente externo tras los exitosos canjes de deuda y que los pagos de capital comprometidos ante el FMI y el Club de París lograrán ser postergados más allá de 2023. En las planillas sólo se consignan pagos de intereses en dólares por U$S 154 millones.

De todas maneras, el déficit primario previsto es muy alto, de $ 1,7 billones, lo que equivale a 4,5% del PBI. La cifra asusta pero supone un progreso de cuatro puntos con relación al 8,5% al que apunta el cierre de este año. "Si se netean los refuerzos para paliar la crisis originada por la pandemia Covid-19, se prevé un incremento del déficit primario del 33,6% para el próximo año", señalan en Economía. Con la inclusión de los intereses de la deuda, el rojo financiero trepa a $ 2,2 billones. Se contempla la remisión de utilidades del Banco Central al Tesoro por $ 800 mil millones, adelantos transitorios de la misma entidad y emisión de deuda en pesos para cubrir ese agujero.

Por encima de esas cuentas y de la desconfianza que puedan despertar las presunciones sobre el nivel de actividad, inflación y tipo de cambio incluidas, el verdadero punto débil del presupuesto es la pandemia y los gastos extra que puede deparar la situación sanitaria. El ministro Martín Guzmán reconoció a un grupo de legisladores oficialistas (a los que explicó los lineamientos básicos del proyecto para que puedan defenderlo en el Congreso) que los cálculos son "naturalmente flexibles" y están hechos sobre la hipótesis de que la emergencia estará conjurada a comienzos de 2021. Si se prolongara, los números podrían variar.

De hecho, muchos de los cuadros que acompañan el proyecto comparan lo que se espera para 2021 con dos puntos de partida: las proyecciones totales para el año corriente y las que descuentan de ellas el efecto de las medidas dispuestas para atravesar la pandemia, las que se estima que para fin de año habrán insumido $ 1,019 billones. Así, el total de gastos previstos por la administración pública nacional para el año que viene ($ 8,284 billones) supera en 37,7% a los normales de 2020, pero sólo es 17,7% más alto si se incluye el paquete anti-Covid.

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(Foto: AFP)


Rispideces

Mientras el trámite de discusión parlamentaria se va poniendo en marcha, ya asoman otros puntos ríspidos que seguramente serán eje de las peleas entre el oficialismo y la oposición. Una es la confirmación de que el cepo cambiario vino para quedarse. La nota señala que el esquema de limitaciones al mercado de divisas "ocupa un rol central e insustituible para garantizar estabilidad cambiaria y de precios" y que el gobierno "recalibrará permanentemente el sistema de restricciones en función del nivel de incertidumbre de la economía y la evolución tanto de la oferta como de la demanda de dólares, siendo una prioridad absoluta que el aparato productivo cuente con las divisas necesarias para financiar su crecimiento".

También se avizoran novedades en materia energética, donde se pondrá el foco en "asegurar el abastecimiento energético y garantizar a toda la población el acceso equitativo, confiable, asequible y sostenible" a la energía, lo que preanuncia una continuidad de los subsidios en las tarifas. En esa dirección, se promete "la formulación e implementación de nuevos marcos regulatorios y de estímulo que permitan explotar las potencialidades de nuestros recursos", como camino más directo hacia el autoabastecimiento y el consecuente ahorro de divisas.

Fomento de las exportaciones, con un guiño al agro

En medio de los fuertes debates que se produjeron con respecto a la disponibilidad de la divisa extranjera y al ajuste al cepo cambiario que se operó durante la última semana, el gobierno nacional ratificó que se dispone a encarar acciones para el fomento de las exportaciones.

Allí prometen, entre otras medidas macro, financiamiento estatal a largo plazo, promoción de las ventas al exterior y desarrollo tecnológico, en un marco en el que esperan trabajar de manera conjunta con el sector privado.

Aunque se mantendrán las retenciones, se envió desde el oficialismo un mensaje conciliador hacia la dirigencia del campo. “La estrategia para incrementar las exportaciones será estrictamente pragmática y rechazará las falsas antinomias del pasado entre el sector primario, la industria y los servicios. Por el contrario, el gobierno nacional impulsará una amplia agenda de promoción que permita profundizar la tradición exportadora del sector agropecuario con mayor valor agregado, reposicionar a la industria nacional en el escenario mundial y seguir impulsando la venta de servicios argentinos”, señala uno de los párrafos del texto oficial.

PRESUPUESTO

Se estiman recursos por $ 6,030 billones y gastos por $ 8,284 billones. De estos últimos, $ 842.683 millones serán para obras públicas y de infraestructura.

El déficit primario será de $ 1,703 billones (4,5% del PBI). El financiero (que incluye los intereses) trepará a $ 2,253 billones (6% del PBI).

Se aguarda una inflación anual de 29% para 2021, que irá menguando a 24% al año siguiente y 20% en 2023.

Para fin de 2021, el tipo de cambio fue estimado en $ 102 por dólar. La paridad se elevará a $ 124 a fines de 2022 y $ 146 en 2023.

La balanza comercial tendrá un saldo favorable de U$S 15.087 millones, producto de exportaciones por U$S 74.432 millones e importaciones por U$S 59.346 millones. El superávit comercial se reducirá levemente en los años siguientes: sería de U$S 14.302 millones en 2021 y de U$S 12.928 millones en 2022.

Fuente:TiempoArgentino




19.09.2020 / Argentina Unida

Transparencia: el Gobierno estableció pautas claras para la compra de la vacuna del Covid-19

A través de la Decisión Administrativa 1721/2020 se estableció una serie de pautas para la compra de la vacuna contra el coronavirus estableciendo principios para la "razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y esperado".


El Gobierno nacional dispuso una serie de pautas para la adquisición de las vacunas contra el coronavirus y estableció los principios que se tendrán que tener en cuenta para realizar las compras directas de las dosis, entre ellos la necesidad de propiciar que "se cuente en el menor plazo posible con la cantidad suficiente" destinada a generar inmunidad en la población.


Así lo estableció a través de la Decisión Administrativa 1721/2020, que fue publicada anoche en un suplemento del Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Gines González García.

"A fin de efectuar la adquisición directa de vacunas para generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en los términos del artículo 2°, inciso 6 del Decreto N° 260/20, el Ministerio de Salud de la Nación deberá ajustarse a los principios generales establecidos en la presente normativa"; dice el artículo 1 del texto legal.

En el artículo 2 se establece que "las contrataciones que se realicen deberán ajustarse" a una serie de "principios generales"; entre los que menciona: "razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado, transparencia en los procedimientos, y publicidad y difusión de las actuaciones".

Asimismo, entre esas pautas, menciona la "responsabilidad de los y las agentes y funcionarios públicos y funcionarias públicas que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones, y la asignación de prioridad para los criterios de seguridad sanitaria y de eficiencia y eficacia en los tiempos de los distintos desarrollos por sobre criterios económicos".

Finalmente, la norma habla de la necesidad de "propiciar que el Estado nacional cuente en el menor plazo posible con la cantidad suficiente de dosis de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19".


"Desde el inicio de las actuaciones y hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden", señala la decisión firmada por Cafiero.

Asimismo se dispone que "las actuaciones por las cuales tramiten las adquisiciones deberán ser remitidas a la Auditoría General de la Nación para que, en caso de considerarlo oportuno, pueda realizar una intervención concomitante". También indica que los contratos previstos "podrán ser financiados en forma indistinta, total o parcialmente, por el Tesoro Nacional o mediante préstamos de organismos internacionales".

En los considerandos de la medida, se señala que "a la fecha existen 146 vacunas candidatas en fase preclínica y 36 en fase clínica que utilizan una gama de plataformas tecnológicas producidas por un importante número de fabricantes en todo el mundo que afrontarán un nivel de demanda global en un entorno de suministro limitado, lo cual requiere tomar medidas excepcionales para asegurar el acceso oportuno".

Sostiene además que "para la selección del proveedor o de los proveedores se deberá priorizar la seguridad sanitaria, la inmediatez en la provisión y los criterios de eficiencia y eficacia en los tiempos de los distintos desarrollos que se encuentran en marcha".


19.09.2020 / Frente de Todos

"Si los dueños de los bancos me dicen que estamos haciendo las cosas mal, es que vamos bien"

Alberto aseguró que está haciendo "lo que prometimos en campaña" y tras una semana turbulenta enfatizó que "me preocuparía si los trabajadores y los dueños de las Pymes me dijeran que estoy haciendo las cosas mal. Ahora si me lo dicen los dueños de los bancos, es que vamos bien".


El presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que desde el Gobierno está haciendo lo que prometió durante la campaña electoral y afirmó que forma parte de "un proyecto de transformación que cuenta con el respaldo de millones de argentinos".


"Estoy haciendo lo que prometí en campaña. Nunca dije que la Justicia federal era maravillosa. Si nos critican por eso es porque estamos haciendo las cosas bien. Me preocuparía si los trabajadores y los dueños de las Pymes me dijeran que estoy haciendo las cosas mal. Ahora si me lo dicen los dueños de los bancos, es que vamos bien", señaló Fernández en declaraciones que puso al aire cerca de la medianoche Destape Radio.

En ese sentido, el Presidente aseguró sentirse "encantado" de contar con el respaldo de "una mayoría de argentinos que sienten que les importa los que les pasa a los otros". "Soy parte de un proyecto que representa a millones de argentinos, a los que nos duele el otro. Somos los que la seguimos remando aún en pandemia, los que nos salimos a las calles para no contagiarnos y no contagiar a los otros", remarcó.

El mandatario aseguró que habla muy a menudo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y señaló que "lo importante es saber qué es lo que quiere hacerse desde un proyecto político". "Lo importante es lo que queremos nosotros, lo que hacemos y los intereses que representamos. Eso es algo que siempre hablo con Cristina. Por mí, que escriban lo que quieran, me importa lo que piensen los argentinos que quieren recuperar derechos", sostuvo.

El presidente reconoció que fue crítico con la ley de medios que se sancionó durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, pero consideró que tuvo el mérito de dejar al descubierto el hecho de que, ahora, "la gente sabe desde dónde se dicen las cosas".

"No estuve muy de acuerdo con la ley de medios, pero se dio un debate y esa discusión se ganó. Y fue plantear desde dónde se habla y qué intereses se representan", subrayó.


El jefe de Estado ponderó que en medio de la pandemia de coronavirus, el Gobierno nacional haya sido capaz de "incorporar nueve millones de personas con políticas como las que se aplicaron con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)".

"Metimos un montón de argentinos en el sistema en medio de una pandemia, ese es un gran logro. Ahora declaramos a internet como un servicio esencial. ¿Cómo no los vamos a hacer si es el sistema de comunicación del siglo XXI. Nos critican desde el macrismo, y yo les pido, con todo respeto, que se hagan cargo del desastre que nos dejaron", puntualizó.

Fuente:PoliticaArgentina




Stiuso y las empresas fantasma en la AFI macrista: una inmobiliaria y una agencia de noticias

En las actas secretas de la AFI aparecen empresas manejadas por la casa de los espías y que entrado el gobierno de Macri sus acciones aún estaban en manos de Stiuso.





El libro de actas 2016-2018 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al que accedió El Destape, revela la existencia de varias empresas manejadas desde la casa de espías. Los documentos muestran que contaban con una inmobiliaria y una agencia de noticias, que las acciones de esas empresas estaban en manos de Antonio Horacio Stiuso hasta entrado el 2016 y que siguieron funcionando durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Las empresas se llaman Tiumayú y Agencia Noticiosa Saporiti. Ambas existen, figuran en el Boletín Oficial y registradas ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Tiumayú opera como inmobiliaria y apareció en diversos casos de operaciones truchas. De la Agencia Noticiosa Saporiti su tarea parece obvia. Según se desprende de las actas de la AFI, las acciones de ambas estaban a nombre de Stiuso hasta agosto de 2016, aunque en los registros públicos el ex director de Operaciones de la SIDE no figura.

Tiumayú fue creada el 15 de marzo del 2000. Figuran como socios Juan José Gallera y Gabriel Mario Presa. Gallea es uno de los históricos contadores de la SIDE, que pasó un tiempo manejando los negocios de Sergio Szpolski para retornar a la casa de los espías durante la gestión de Mauricio Macri. En 2002 se cambiaron las autoridades de la sociedad. Asumió Alfredo Enrique Colombo como presidente y Fernando Alberto Pochat como director suplente.

La dirección de la empresa era Reconquista 672, la misma del estudio de abogados Archimbal, Bissoni, Carcavallo, Vila & Asociados, ligado a los negocios del submundo de los espías. Horacio Verbitsky publicó que “en el estudio de Vila y Archimbal se constituyó en el año 2000 la sociedad que debía administrar los fondos clandestinos de la SIDE, durante la presidencia de Fernando De la Rúa”. Se ve que siguió operativa. Verbitsky también reveló en El Cohete a la Luna que Luis Vila y Fernando Archimbal se disputaban la extorsión a un ex secretario de CFK con el espía ilegal Marcelo D’Alessio.

La resolución 582 “S” (la letra parece indicar que es una resolución secreta) del 9 de agosto de 2016 dispuso el cambio de titularidad de las acciones de la sociedad Tiumayú que aún figuraban a nombre de Stiuso. Pasaron a manos del agente José María Padilla.

Al día siguiente, la resolución 587 “S” hizo lo mismo con las acciones de la Agencia Noticiosa Saporiti, que también pasaron de Stiuso a Padilla.

La agencia tiene otra historia. Fue creada en 1970 y tiene domicilio en avenida de Mayo 1366, en la planta baja. Es el edificio Barolo, donde hay una base de la SIDE donde se guardaba documentación. "La agencia Saporiti fue una agencia de cobertura de la SIDE. (...) La SIDE la compra en 1976 o 1977 a Saporiti y funcionó en el Palacio Barolo" explicó Stella Segado, que trabajó con los archivos de 1.500 Actas Secretas de las Juntas Militares que encontró el Ministerio de Defensa en 2013.

En una entrevista con Luciana Bertoia y Alejandra Dandan, Segado detalló: "En los años ´90, la desarman cuando pasa a funcionar ahí la Dirección de Terrorismo, lugar de guarda del material que se desclasificó para la causa de AMIA. Material con el que yo trabajé. Dentro de Barolo había fotos de la agencia con la fachada ubicada sobre Avenida de Mayo con un cartel luminoso que decía Agencia Saporiti. La agencia usaba supuestos periodistas para entrar a embajadas, eso ya es público. Mandaban corresponsales a cubrir un evento, el supuesto periodista se mezclaba entre la gente, sacaba fotos y señalaba con un dedo a la persona que le interesaba".

En el Boletin Oficial figura la disolución de la sociedad el 4 de abril de 2003, nombrándose liquidador a Hernán María Martiré Palacio. Pero las actas de la AFI 2016-2018 indican que aún estaba vigente. Martiré era además parte de la estructura de Jurídicos de la AFI macrista.

Fuente:ElDestape


19/09/2020 INICIATIVAS PARA LA POSPANDEMIA

Las 12 medidas del Gobierno para la reactivación económica

Son parte de las 60 iniciativas para la pospandemia que anunció meses atrás el presidente Alberto Fernández. Buscan poner el foco en las inversiones en infraestructura para impulsar el crecimiento económico y generar fuentes de empleo en el corto plazo.

"Las inversiones en infraestructura tienen un enorme efecto dinamizador sobre la economía", afirma un informe oficial.


En el marco de las 60 medidas para la pospandemia que anunció meses atrás el presidente Alberto Fernández, el Gobierno nacional ya puso en marcha -entre los meses de agosto y setiembre- 12 de ellas, que buscan poner el foco en las inversiones en infraestructura para impulsar el crecimiento económico y generar fuentes de empleo en el corto plazo.

"Las inversiones en infraestructura tienen un enorme efecto dinamizador sobre la economía. La reactivación de este sector es fundamental para impulsar el crecimiento económico y generar fuentes de empleo en el corto plazo", destaca un informe oficial que releva las iniciativas.

Entre esas medidas, se destaca el Plan Nacional de Infraestructura Regional que contempla obras en cinco provincias para diversificar la matriz productiva, con una inversión estimada en $230 millones, y que generará cerca de 3.800 puestos de trabajo directos.

El plan abarca trabajos en la Autopista Presidente Perón-Acceso Oeste hasta la ruta provincial 2, en la provincia de Buenos Aires; 16 nuevas obras de agua y saneamiento en 14 localidades de Chubut; el Plan Director de Desagües Pluviales, en Santa Fe, 7 obras de agua y saneamiento, en Tierra del Fuego, y la rehabilitación de la ruta nacional 157- Empalme Ruta Provincial 329, en Tucumán.

Plan de Obra Pública con Perspectiva de Género.


Otra de las iniciativas anunciadas fue el Plan Nacional de Obras "Argentina Hace" y el Programa Infraestructura para el Cuidado, que promueve la obra pública con la perspectiva de género, la inclusión social, la integración de jóvenes desocupadas/os y el mejoramiento de barrios y ciudades.

Recientemente, en el marco de ese programa, se anunció el inicio de obras para la construcción y equipamiento de los Centros Integrales para la Mujer de Río Grande, Trelew y San Martín de los Andes y, en el marco del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, se construirán los dos primeros centros en Quilmes y en la ciudad pampeana de Santa Rosa.

Por otra parte, el Plan Hidrovía Paraná-Paraguay prevé la ampliación en las obras mantenimiento, dragado y balizamiento de la hidrovía, la que constituye un "elemento clave en la logística para las exportaciones y la integración regional", destaca el informe oficial.

Con la mirada puesta en la reactivación del consumo, el gobierno nacional anunció también el Plan Renovate, que relanza el plan Ahora 12 y otorga nuevos beneficios a consumidores y comerciantes en las compras en cuotas, en rubros como cursos de idiomas, informática, deportes, y actividades culturales; peluquerías y estéticas; servicios de reparaciones, e instalación de alarmas; servicios de balnearios y de organización de eventos.

Los consumidores tienen hasta 18 cuotas con tasas en torno al 20% y tres meses de gracia.


Brindarán financiación en 48 cuotas fijas para la compra de rodados.


En tanto, el Plan RodAR también anunciado en las últimas semanas busca dar impulso a la venta de motocicletas y bicicletas de fabricación nacional con una financiación en 48 cuotas fijas.

Para el sector industrial se lanzaron líneas de crédito para la Reactivación Productiva PyME y para el Financiamiento para el Cambio Estructural por un total de $448.000 millones.

Además, se lanzó Precios Cuidados a la Producción con descuentos del 5% en 49 comercios adheridos, para la compra de materiales en los rubros de Construcción/hogar, y los beneficiados por el plan Procrear, reciben descuentos del 20%.

En tanto, se lanzó el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, que ofrece a las PyMEs más de $3.000 millones de aportes y financiamiento en los próximos 12 meses.

Por otro lado, se procedió a la creación del Sistema de Banca de Desarrollo que coordinará la oferta de financiamiento para el sector público y optimizar créditos para la inversión privada.

En economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico se optó por el desarrollo de la Industria Satelital, Aeroespacial y aeronáutica -que genera exportaciones de alto valor agregado- por lo que se anunció el Plan Conectar para universalizar el acceso a conexiones de banda ancha, y contempla la reactivación del Plan Satelital Argentino, con una inversión de 37.900 millones.


Se contempla la reactivación del Plan Satelital Argentino, con una inversión de 37.900 millones.


Con este fin se programó el ARSAT-SG1, la Red Federal de Fibra Óptica -cuya capacidad será ampliada por 10- y en lo vinculado a la Televisión Digital Abierta se recuperarán las 100 estaciones y se renovará su plataforma de transmisión. También el Centro Nacional de Datos fortalecerá el Data Center de Arsat con estándares internacionales y se procederá al desarrollo de la nube del Estado para consolidar la soberanía y protección de nuestros datos.

Finalmente, se anunció el Programa de Agricultura familiar, campesina e indígena con una inversión de $12.781 millones y en paralelo se presentó el proyecto de decreto de reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.

Fuente:Telam                                                              

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