Resumen Latinoamericano 8 de setiembre de 2020
Diversas organizaciones sociales argentinas marcharon en la tarde del martes hacia la embajada paraguaya en Buenos Aires para testimoniar su repudio por el asesinato por parte del Ejército de ese país de dos niñas argentinas, Lilian y María del Cármen Villalba, ambas de 11 años.
Los manifestantes gritaron consignas contra el gobierno fascista de Abdó Benítez y sus fuerzas militares, que están asesoradas por militares de EE.UU e Israel. Con pancartas en las que se podía leer «Justicia para Lilian y Ma.del Cármen», «Gobierno paraguayo asesino» y «La sangre derramada será vengada», los participantes de la movilización rodearon la embajada, en la Avenida Las Heras, arrojaron pintura roja contra las vallas e hicieron sentir su rabia por el cruel asesinato de las niñas y por la política criminal que aplica el gobierno contra el campesinado y las y los trabajadores paraguayos.
Fotografías Reinaldo Ortega
Finalizada la movilización, algunos jóvenes tiraron abajo las vallas de protección de la embajada y se desconcentraron con el resto de manifestantes.
Resumen Latinoamericano, 08 de septiembre de 2020.
Dos niñas de once años fueron asesinadas por la Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) en la localidad de Yby Yaú, en el norte paraguayo. Se trata de Lilian Villalba y María del Carmen Villaba, quienes se encontraban en el monte de aquella zona también conocida como «Arroyito» el pasado 2 de septiembre. Distintas organizaciones de Derechos Humanos tanto de Paraguay como de la Argentina repudiaron este accionar del Ejército paraguayo y exigen respuestas. Barricada TV dialogó con Eduardo «Negro» Soares, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, quien repasó el hecho y desmintió los dichos oficiales del Estado paraguayo.
«La verdad, quedamos azorados, quedamos perplejos, porque la Gremial de Abogados conoce a estas niñas desde bebés y conocemos a las madres», sostuvo Soares. «Las chicas querían ver a sus padres», describió el abogado, y de esta manera quedaron en evidencia las maniobras del General Héctor Grau e incluso del presidente Mario Abdo, quienes hablaron de un enfrentamiento con integrantes del Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP).
Al respecto del caso, Soares dijo: «lo primero que vimos es la mendacidad, la mentira alevosa del Estado y del Ejército paraguayo». Es que las niñas son ciudadanas argentinas que llegaron de visita a Paraguay hace unos pocos días. Por eso, Soares habló de una maniobra para inventar un enfrentamiento que no existió. «Los uniformes están intactos», agregó en referencia al montaje en manos del Ejército para inculpar a las niñas. Ambas aparecieron con uniformes militares, sin vida, pero sin rastros de violencia.
Este caso desató, además, un conflicto entre el Estado argentino y el paraguayo, con acusaciones cruzadas. El general paraguayo, Héctor Grau, señaló que los documentos de nacionalidad argentina de las niñas eran falsos. Mientras tanto desde la Cancillería argentina se empezó a trabajar en la llegada de los cuerpos de las menores a su país de origen, Argentina. Pero el Estado paraguayo se mostró reticente a agilizar los trámites de repatriación de los restos de las menores, dado que su intención es que sean sus padres quienes reclamen este derecho. «Estamos haciendo un esfuerzo descomunal para que entreguen los cuerpos de las chicas», agregó Soares. «Estas chicas vivieron sus escasos añitos en la localidad de Puerto Rico, Misiones. Estudiaron ahí, están escolarizadas, tienen sus amigos, sus parientes, sus compañeros». «Es falso que estás chicas estén hace un año en Paraguay», destacó el defensor de Derechos Humanos.
La resistencia del EPP se relaciona con un avasallamiento sobre los derechos de los campesinos y el desplazamiento de sus tierras por parte del Estado. «El problema de Paraguay es la tierra», remarcó Soares. Y el caso de las niñas Villalba es uno más entre muchos otros. «La violación sistemática a todo tipo de derechos de los campesinos sigue». «Lo que han hecho es arrasar montes enteros, selvas enteras», explicó el abogado sobre las políticas de Abdó y de Cartés, con el objetivo de brindar esos recursos al empresariado. Es por eso que «el campesinado paraguayo no va a quedarse de brazos cruzados».
El debate sobre las tierras y sobre su propiedad, aunque en contextos muy disímiles, también tiene lugar en la Argentina por estos días. Para Soares, este tipo de problemáticas «se resuelven en mesas de gestiones, en mesas de negociaciones». El artículo 181 bis del Código Penal, que específica sobre la figura de «usurpación», no contempla las distintas realidades ni de la Argentina ni de Paraguay. En este sentido, sentenció: «por más que los intendentes, estos señores feudales del Gran Buenos Aires o los dirigentes del PJ, pretendan esas mismas tierras para sus negocios, como los gobernadores de otras provincias, lo que quieren es hacerse ellos de tierras y evitar que grandes masas de nuestros conciudadanos puedan tener una vivienda digna».
Al respecto de los reclamos relacionados al esclarecimiento del asesinato de las niñas Villalba, Soares explicó que las organizaciones y la defensa de la familia avanzarán en dos sentidos: en el de lo técnico-jurídico, pero también en lo que refiere a la lucha y presión popular. «Como siempre decimos, el Derecho no alcanza, no existe. Lo que existe es la lucha, la organización y la posibilidad de hacerse del Derecho a partir de la organización», sostuvo Soares. En el caso intervienen colegas de la Gremial desde la especificidad del Derecho Familiar y desde el Derecho Internacional, y allá en el territorio paraguayo la causa está a cargo de Daisy Irala. «Instamos a todas las organizaciones argentinas y paraguayas a que se manifiesten», concluyó el abogado.
Fuente: Barricada TV
«Lo que nos duele es que el Nunca Más nunca llega”
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 08 de septiembre de 2020.
Hace un año comenzaba el juicio por la masacre de Pergamino. Seis ex policías serían condenados por la muerte de 7 jóvenes en la comisaría 1ª. A un año del inicio del juicio, a tres años y medio de la masacre, con un acto público vía Facebook la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recordó ese camino de la lucha por justicia junto a las familias.
Un poema, un nudo en la garganta, la necesidad de recordar a los que ya no están. “Estos años han sido muy duros porque nosotros vivimos para nuestros hijos. Me costó seguir adelante, pero hay que seguir luchando por ellos, y les agradezco a ustedes porque siempre están ahí y a cada una de las madres”, dijo Carmenza Claros desde Colombia. Su hijo Jhon es una de las siete víctimas de la Masacre de Pergamino.
Ni ella ni las familias de Sergio, Federico, Alan, Franco, Juan José y Fernando consiguen consuelo más que en la lucha por justicia, y en ese recorrido fueron torciéndole el brazo a la impunidad. Cómo llegaron al juicio y dónde están paradas hoy fue uno de los ejes de la charla vía zoom que se organizó a través de las redes sociales de la CPM.
“Está naturalizada la violencia y ahí apuntamos a que no se naturalice y menos desde el estado y en todos los gobiernos”, afirmó Cristina Gramajo, la mamá de Sergio Filiberto. “Lo que nos duele es que el Nunca Más nunca llega. Hoy digo fuera Berni, pero ayer dije fuera Ritondo, es en todos los gobiernos no importa el color partidario la muerte es política de estado y ahí es donde nosotros tenemos que seguir peleando”, agregó.
En el diálogo participaron otros familiares como Silvia Rosito, la mamá de Fernando Latorre, representantes de los espacios de militancia que acompañaron el reclamo por justicia, e integrantes de los equipos jurídicos de la CPM. Sandra Raggio, directora general de áreas del organismo, tomó la palabra: “Cristina dice “la justicia no me repara” y yo pienso que es porque el discurso del victimario sigue ganando, aparece siempre en la escena social como mejor que el de la víctima, como más creíble, porque es inexplicable la violencia que. En Pergamino algo de eso se torció y no vamos a resignarnos a que sigan siendo los victimarios los que tengan la palabra más legítima. Esa es la pelea larga que tenemos”.
“Para la CPM ha sido muy valioso el vínculo que generamos con las familias. La organización que se pudo dar. Hoy, el espacio de memoria es una posibilidad de contarle a las generaciones futuras esta historia. Pensar que la democracia se construye todos los días y también sobre estos hechos. También hay algo positivo, virtuoso, en este proceso que es que hubo un juicio y hay una condena”, agregó Roberto Cipriano.
Quienes participaban de la charla coincidieron en que la instancia judicial fue, a diferencia de otros casos similares como ocurre con la masacre de Esteban Echeverría, un logro y un ejemplo. Todavía falta recorrido: cuatro de los seis policías condenados siguen en prisión domiciliaria. No hubo en un año una instancia concreta frente al tribunal de casación para tratar esta cuestión y se han archivado las causas donde se cuestionaban las responsabilidades políticas.
“Quiero destacar también a los sobrevivientes que pudieron contar lo que pasó y gracias a ellos hay veredicto condenatorio. El estado tiene una gran deuda con ellos que no pueden acceder a los derechos más elementales: un trabajo, una vivienda, una vida digna” agregó Carla Ocampo, una de las abogadas de la CPM que integró la querella coordinada por Margarita Jarque.
Fuente: RedEco
La vida vale más que Klaukol
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 08 de septiembre
Autoconvocadxs Contra la Contaminación de Klaukol en Virrey del Pino realizarán este miércoles 9 de septiemnre, a las 14, una movilización y escrache en la Plaza de San Justo frente a la Municipalidad de La Matanza para exigir el cierre definitivo de la fábrica de Sika Klaukol.
Reproducimos comunicado:
NUESTRA VIDA VALE MÁS QUE KLAUKOL
(Movilización y escrache al Municipo de #LaMatanza)
NUESTRA VIDA VALE MÁS QUE KLAUKOL
(Movilización y escrache al Municipo de #LaMatanza)
Porque la planta industrial ubicada en el Barrio Las Mercedes, en el Km. 44.500 de Ruta 3, Virrey del Pino en La Matanza; contamina la tierra, el aire y el suelo, generando enfermedades como leucemia, insuficiencia respiratoria, cáncer pulmonar, renal y de piel, desde hace más de una década, generando muerte y dolor en nuestras vidas.
Porque desfilan las gestiones municipales, provinciales y nacionales y la planta de Sika klaukol, sigue envenenando nuestras vidas. Porque también la complicidad judicial y económica se lleva a nuestr@s seres querid@s. Porque l@s vecin@s han demostrado en innumerables pruebas el impacto en el ambiente y en la salud que provoca el sílice, principal componente contaminante utilizado y expulsado por la planta como material particulado.
Porque nuestra paciencia se agotó hace tiempo, pero nuestra dignidad es tan grande como el silencio cómplice y miserable de tod@s los responsables políticos culpables del cáncer, y demás enfermedades en nuestros cuerpos. Porque no estamos sol@s y hay much@s vecin@s, colectivos, organizaciones y corazones solidari@s y rebeldes, que no van a bajar los brazos hasta que esta fábrica de muerte y dolor, deje de escupir veneno por sus tolvas y paguen todos los responsables de tanta muerte y sufrimiento. Porque ya en otros barrios y territorios, también pelean por la vida, por la vivienda digna, por un espacio para nuestr@s pibxs, contra el negocio de un puñado de empresarios que engordan sus bolsillos a costa de nuestra salud.
Ya no alcanza todo su ejército de patoteros, punteros y uniformados para reprimir nuestro barrios. Ya no les tenemos miedo, la bronca es más grande y nosotr@s los humildes somos más.
Por la memoria de l@s vecin@s que ya no estan en la Asamblea y lucharon hasta el final de sus días y hoy nos acompañan en cada grito contra este genocidio matancero.
Por nuestr@s niñ@s enferm@s que ya antes, nacieron con barbijo de tanto aire podrido y contaminado por el material particulado. Por todo eso y porque nuestra vida vale más que Klaukol, nos movilizamos al municipio de #LaMatanza, el miércoles 9 de septiembre a las 14hs. Nos convocamos en la Plaza de San justo, frente a la Municipalidad, en Arieta y Villegas.
Cierre definitivo de la fábrica de Sika Klaukol!
Invitan y convocan:
Autoconvocadxs Contra la Contaminación de Klaukol en Virrey del Pino
Autoconvocadxs Contra la Contaminación de Klaukol en Virrey del Pino
Contactos: Gerardo 11-6670-3355 / Susana 11-2279-1801.
Fuente: RedEco
La Marcha al Campo, un proyecto para el acceso a la tierra en zonas rurales
Por Adrián Figueroa Díaz, Resumen Latinoamericano, 08 de septiembre de 2020.
La iniciativa contempla que familias puedan asentarse y poner en marcha proyectos productivos en lotes de hasta 150 hectáreas. “Es una oportunidad para salir de ese laberinto por arriba”, afirma la diputada María Rosa Martínez, del Frente de Todos, en medio del debate por la toma de tierras.
Un grupo de diputados del Frente de Todos impulsa en el Congreso un proyecto de ley para que personas y familias puedan acceder a tierras fiscales de zonas rurales. La idea es que allí puedan asentarse y poner en marcha proyectos productivos vinculados a la agricultura en extensiones de no más de 150 hectáreas que serán cedidas en comodato, es decir que no dejarán de estar en manos del Estado.
La iniciativa surgió en medio del debate sobre el déficit habitacional que se evidenció en las últimas tomas de tierra en distintas zonas del país, pero tuvo un proceso de elaboración anterior a esos hechos. No obstante, es una alternativa para dar respuesta a ese drama que viven las familias sin hogar ni trabajo.
“Si se quiere, este proyecto es una oportunidad para salir de ese laberinto por arriba” porque tiene que ver con “la posibilidad de repoblar, generar condiciones laborales y mejorar la calidad de vida” de quienes hasta ahora no tienen oportunidades, definió a Página/12 la diputada María Rosa Martínez, autora de la propuesta.
Los detalles del proyecto de ley
En sus 13 artículos, el proyecto denominado la Marcha al Campo estipula la promoción y reordenamiento del uso de tierras fiscales en manos del Estado para fomentar el establecimiento de personas “argentinas o residentes en nuestro país”.
Busca la creación de empleo genuino con desarrollo científico y tecnológico, apunta a “revertir la migración rural-urbana y fomentar el arraigo del sector rural”, y darle un empujón a una economía circular en pequeñas zonas, con proyección a otras más extensas.
Todo ello, añade el texto, cediendo parcelas de hasta 150 hectáreas en comodato a largo plazo, es decir manteniendo el dominio fiscal y “descartando su transmisión al dominio privado”. ¿Por qué no habría posibilidad de compra de las tierras? Porque la experiencia que demuestra que cuando se ceden definitivamente, quienes las heredan la terminan vendiendo a latifundistas. «Creemos que las tierras tienen que seguir siendo estatales y mantener su función social como bien púbico, no para acumulación capitalista que destruye el ambiente y se la quita los de menos recursos», fundamentó Martínez.
Cómo se accedería a la tierra
Si esto se pusiera en marcha, los primeros destinatarios para radicarse serían familias de la misma zona donde haya parcelas disponibles. Posteriormente “imaginamos que sería posible que jóvenes y familias jóvenes de productores, investigadores, técnicos y científicos de otros lugares puedan trasladarse”, agregó la autora del proyecto.
Se les dará un primer plazo de comodato por 48 meses “sin subsidios permanentes del Estado” y “con un libre desarrollo de actividades”. Luego se generarán “unidades asociativas de producción en la forma de cooperativas agropecuarias” para la posterior comercialización y transporte de mercaderías.
El aporte que debería hacer el Estado sería inicial. Dar créditos y subsidios “como incentivo a la localización y producción”, y generar las condiciones de infraestructura rural, como vivienda familiar, caminos, acceso a la salud y la educación, y servicios públicos. Todo en el marco de la creación del Programa Nacional Marcha al Campo, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
«Tenemos las posibilidades para que esto se haga realidad”
Martínez resaltó que hay 12 millones de hectáreas fiscales en zonas rurales de todo el país. Y si se le suma las de bosques nativos para proyectos vinculados a esas áreas, la cifra se eleva a 30 millones de hectáreas. “Es decir que tenemos las posibilidades para que esto se haga realidad”, puntualizó.
Entre los fundamentos se cita “la justicia social ligada a la ambiental”, un concepto tomado de la carta encíclica Laudato Si, del papa Francisco, y se menciona que el origen data de un programa lanzado en 1973 por el entonces ministro de Asuntos Agrarios bonaerense y actual integrante del Movimiento Peronista Auténtico (MPA), Guillermo Gallo Mendoza, se puso en marcha en Salta, Santa Cruz y Córdoba, y fue echado por tierra por el gobierno de facto.
Con los años hubo iniciativas parecidas que no se implementaron “por el difícil grado de concentración económica, industrial y productiva en las grandes ciudades” y también “porque la producción intensiva de productos como la soja ha hecho que no hubiera políticas” que dejaran crecer a los productores más pequeños, explicó Martínez.
La diputada sostiene que la Marcha al Campo es “humildemente viable y posible” porque, entre otras cuestiones, “no disputa con el agronegocio, sino que habla de una mejor vida”. También porque el contexto productivo es diferente y porque “la pandemia genera una circunstancia muy especial de repensar los lugares donde es posible mejorar calidad de vida, sin el hacinamiento de las ciudades”.
El proyecto de ley tiene estado parlamentario y debe ser discutido en comisiones, lo cual le da una “oportunidad de generar un debate con otros proyectos que van en el mismo sentido”. Tiene la firma de 24 diputados del Frente de Todos y es acompañado por organizaciones rurales, organizaciones gremiales y movimientos sociales y políticos como el MPA, que lo impulsa desde hace décadas. Entre algunos están la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), el movimiento de Cuidadores de la Casa Común, algunos sectores de la Federación Agraria y agricultores de la economía social.
Fuente: Página 12
Envio:RL
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