Un reclamo fogoneado por múltiples vientos
Policía bonaerense: ¿de dónde sale la protesta?
Numerosos fantasmas recorren las manifestaciones de grupos de la fuerza provincial. El Gobierno de Kicillof anunció que habrá subas ya previstas, mientras medios y oposición se lanzaron desaforadamente a alentar el conflicto.
Por Raúl Kollmann
Imagen: NA
Numerosos fantasmas recorren la protesta de los policías bonaerenses. Se sabe que un suboficial o un oficial, por más que tenga bajos ingresos, no se lanza a la calle sin tener un guiño "de arriba" y hay acusaciones cruzadas sobre ese visto bueno. El primero que aparece apuntado es el jefe de la Bonaerense Daniel Alberto "El Fino" García, porque es su tropa la que rompió la disciplina. En Puente 12, en La Matanza, estuvo García reunido con los congregados y les dijo: "yo estoy con ustedes. ¿Qué problema tienen?". Detrás de él operaron una serie retirados, exonerados y funcionarios de algunos municipios que alentaron las protestas, muy en línea con dirigentes de Cambiemos. No es casual que Florencia Arietto, la exfuncionaria de Patricia Bullrich, haya hablado hasta de "protesta general" el domingo pasado.
Este martes al mediodía, el ministro Sergio Berni les propuso a los 500 reunidos en Puente 12 que formaran una comisión para mantener un diálogo y evaluar los reclamos. Pero los policías, ex policías, exonerados y familiares reunidos allí no se pusieron de acuerdo y en todo el día no pudieron designar un grupo representativo ni entregar un petitorio. El sistema que rige es que el que quiere toma el micrófono de los medios principalmente opositores, habla, lo aplauden y termina yéndose. En muchísimos casos, los integrantes de los Comandos de Patrulla no se conocen entre sí, de manera que resulta complicado elegir alguien que los represente.
De acuerdo a la información oficial, pese a la protesta, los servicios se siguen prestando y el 911 responde en forma normal. En conferencia de prensa el martes por la mañana, Berni y el jefe de Gabinete Carlos Bianco evaluaron "un retraso del treinta por ciento" en el salario policial y recordaron que el Gobierno provincial tenía subas previstas en un Plan Integral de Seguridad que se anunciará en unos días.
¿Negociaciones?
Al atardecer ya quedaba claro que sectores de la oposición buscaban ponerle aún más fuego al conflicto salarial, con alientos más o menos explícitos. Cambiemos dejó la marca en el orillo con un comunicado en que le reclamó al gobernador Axel Kicillof que "atienda los reclamos salariales" en lugar de instar a los efectivos a que depongan su actitud. Exoficiales de la Bonaerense intentaron convencer a los efectivos en cada una de las zonas, a veces con éxito y otras con rechazos, y los referentes que aparecían eran oficiales o suboficiales que tuvieron peso durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Este diario pudo constatar que el 911 sigue funcionando, que los patrullajes se estaban haciendo --aunque en unos pocos distritos se disminuyó la intensidad--, y que en las concentraciones participaban esencialmente familiares de policías o efectivos que no estaban en turno. Eso no significa que los uniformados en servicio discreparan con los reclamos: hay unanimidad en que existe un notorio atraso salarial. También se pide, por ejemplo, que los servicios de Policía Adicional, que son las horas extras, no se demoren 120 días, que se aumente el valor de las horas Cores (Compensación de Riesgo de Servicio), que haya atención en materia de medicamentos y que se les suministren los elementos necesarios frente a la pandemia.
Hay reclamos que no son explícitos pero son tradicionales en las fuerzas. No hubo un cambio significativo en la conducción de la Bonaerense, con lo que muchos oficiales que esperaban ascensos quedaron a la espera y eso produce malestar en todos los niveles. Además, no hay una cúpula que sea del riñón del nuevo gobierno.
Según una estimación oficial, este martes hubo concentraciones en el Gran Buenos Aires y en el interior provincial: en total fueron 25. En la mayoría de los casos no se trató de presencias masivas, pero sin dudas es una ruptura de la disciplina y un hecho de trascendencia.
La cuestión no es fácil de resolver porque no hay referentes ni líderes globales con los que establecer un diálogo. No existe un sindicato -prohibido por ley- y en las redes aparecen pliegos de condiciones que supuestamente sintetizan los pedidos de los policías, pero que no tienen real representatividad y en algunos casos carecen de toda lógica.
La responsabilidad inicial de encauzar la situación le corresponde al jefe de la Bonaerense, El Fino García, un hombre que fue el número 2 del anterior titular de la fuerza, Fabián Perroni, quien apareció en su momento en los timbreos de Cambiemos. Berni mantuvo a García en el cargo pese a ser un hombre de directa relación con el anterior ministro, Cristian Ritondo. Desde un punto de vista objetivo, un jefe es el responsable de la ruptura de la disciplina de sus subalternos, más en fuerzas verticales como son las policías.
Como es obvio, el que debe manejar la situación es el ministro del área, Berni, para lo que envió a un delegado a la concentración de Puente 12. Dado que no hay una comisión de los policías, al cierre de esta edición se barajaba directamente hacer un anuncio con los aumentos y las mejoras en las condiciones de trabajo.
"Negocios"
Desde hace tiempo está claro que los ingresos policiales se vienen deteriorando fuertemente. Siempre estuvieron por debajo de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, pero los "negocios" completaban los sueldos. La pandemia produjo un cambio total en esa situación:
* No hay partidos de fútbol, que no sólo implican horas extras, sino "negocios" con las barras bravas. Estacionamientos, puestos de comidas y hasta cobertura en distintos delitos.
* El coronavirus terminó con otros peajes, como el de la prostitución, los curanderos o las ferias de productos falsos.
* La actividad de los desarmaderos -y por lo tanto el robo de autos- bajó al caer la demanda de repuestos. También el juego clandestino.
* Al no haber atención masiva en los bancos -solo con turnos- se redujo la tajada por permitir estacionamientos o hacer pequeños viajes de custodia.
* También bajo en forma total la actividad gastronómica, otra fuente de recaudación y hasta de alimentación.
Todos estos elementos se suman a lo mencionado por los ministros Sabina Frederic y Berni: "hay un atraso desde hace años en los ingresos, en la capacitación y en la jerarquización".
Como viene sucediendo con casi todos los hechos, la oposición y los medios alineados se lanzaron desaforadamente a alentar el conflicto y la ruptura de la disciplina. El objetivo -como ocurrió con las tomas de tierras, el coronavirus y con casi todos los temas- es erosionar al gobernador Kicillof. Cerca del mandatario señalaron: " Es un reclamo genuino, lo reconocemos y por eso estábamos trabajando en la recomposición salarial en el marco del plan integral".
09 de septiembre de 2020
"Están viendo de hacer una movilización", dijo este domingo antes de la protesta en La Plata Florencia Arietto y un curioso anticipo de la manifestación de la Policía Bonarense
"(Se) que hay una reunión, están viendo de hacer algún tipo de movilización para pedir mejoras salariales y el respaldo que no tienen. Porque hay un discurso anti policía, entonces tenemos un problema grave", expresó la abogada penalista el pasado 6 de septiembre, cuando en un programa televisivo de TN le preguntaron "qué información" tenía sobre la Policía Bonaerense.
La fuerza policial, adelantó entonces, "está llamando a una situación de reclamo general, vamos a decirlo así porque yo no puedo hablar de sublevación. No hay sindicalización policial en Argentina como para hacer un reclamo por una vía legal pero hay malestar en las bases de la policía, porque falta conducción, falta escucha".
La convocatoria a la manifestación, donde se hacía eje en algunos antecedentes cercanos, circuló por las redes sociales durante el fin de semana sin llamar la atención de los medios nacionales.
El jueves pasado se realizó un movimiento similar en Misiones, donde se reclamó, y consiguió, llevar los sueldos desde los 28.000 pesos hasta el monto de una canasta de pobreza, alrededor de los 44.000. Y hubo pedidos parecidos en La Rioja, Chaco y Santa Fe.
Uno de los reclamos principales frente a la Casa de Gobierno en La Plata fue el retraso que sufren en relación con la Federal y la Metropolitana, situación que se vio agravada con la irrupción de la pandemia, ya que desaparecieron las horas extras por los eventos deportivos, en especial el fútbol, y se complicaron las condiciones del trabajo por el lógico temor al contagio.
Ironías sobre el rol opositor.
Las reuniones a solas entre el Presidente y Kicillof sobre la crisis policial
Hubo contacto permanente con el Gobernador. Le quitaban motivaciones políticas a la protesta y auguraban una negociación complicada.
Por Fernando Cibeira
Las protestas policiales se extendieron durante toda la jornada.
Imagen: NA
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El presidente Alberto Fernández mantuvo varios contactos a lo largo del día con el gobernador Axel Kicillof, incluyendo un extenso diálogo a solas en la combi que los trasladó al mediodía a un acto en Campana, para seguir las alternativas del reclamo de la Policía Bonaerense que anoche continuaba. En Gobierno comparaban la situación con lo sucedido en 2013 porque también hay protestas en otras fuerzas de seguridad del interior del país. Entendían que todavía quedaba una negociación dura hasta cerrar un acuerdo, que esperaban sucediera entre hoy y mañana jueves, cuando el gobernador presentará su plan de seguridad. No le añadían un condimento político a la protesta policial, más allá de ironizar respecto a los dirigentes opositores que buscaban llevar agua para su molino también con esto.
La protesta tomó por sorpresa al Gobierno, pocos días después de anunciar un programa de fortalecimiento de seguridad en el Conurbano. Con todo, en el ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic reconocían las razones del malestar. En los meses de cuarentena los policías se quedaron sin los adicionales con los que suelen completar sus haberes: partidos de fúbol, recitales, zonas comerciales, por nombrar sólo los oficiales. Eso se suma al retraso que los sueldos estatales traen de arrastre por los años del macrismo, ni hablar de la situación específica de la provincia de Buenos Aires. En la gobernación calificaban de "cara de piedra" a la dirigencia de Juntos por el Cambio que sacó una declaración exigiendo que se atendiera las exigencias, cuando los policías habían perdido el 30 por ciento de poder adquisitivo durante la administración de María Eugenia Vidal.
En Seguridad enumeraban reclamos salariales en las policías de La Rioja, Chaco, Misiones, Santa Fe y Jujuy y señales de malestar en Entre Ríos y Chubut. La diferencia es que en estas provincias ya habían llegado a un acuerdo o estaban encaminados mientras que Buenos Aires -con una fuerza policial enorme- explotó de repente. Fernández y Kicillof conversaron de esto ya el lunes por la noche, cuando el gobernador quedó que anunciaría una recomposició salarial a primera hora. El problema fue que lo impreciso del anuncio no sirvió para calmar los ánimos. Presidente y gobernador conversaron de nuevo un rato largo antes del inicio de la actividad en la fábrica de motos Simpa.
El gobernador también habló con Cristina Kirchner y con Máximo Kirchner, ambos deseosos de conocer los detalles del conflicto. Además atendió a varios intendentes, que le aconsejaron calmar las aguas lo más rápido posible dada la situación tensa que se vive en algunos lugares del Conurbano. Desde la Casa Rosada, Cafiero y el ministro del Interior, Wado de Pedro, atendieron durante el día a Kicillof. El jefe de Gabinete por la tarde se trasladó a Olivos para participar de la reunión del equipo económico para discutir con el Presidente el proyecto de presupuesto que enviarán la semana que viene al Congreso. Hubo varias comunicaciones con el gobernador.
Pese a la protesta frente a la residencia de Kicillof y algunas llamativas declaraciones que supuestos representantes de estos policías hicieron por televisión, en Olivos le quitaban motivaciones políticas a la protesta. "No es político, es un reclamo económico", respondía anoche un importante funcionario. De todas formas, anticipaba que todavía quedaba por delante una discusión dura dado el petitorio de solicitudes que los policías habían presentado. Tanto en el gobierno nacional como el provincial tenían presente la protesta de 2013, que también tuvo un capítulo bonaerense aunque en aquel momento quienes peor la pasaron fueron Córdoba y Tucumán, en donde hubo saqueos. Obviamente, esperaban que esta vez no escalara hasta ese punto. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, anticipó que el anuncio del aumento sería este miércoles, aunque desde el despacho de Kicillof no descartaban que fuera el jueves, cuando presentará su propia propuesta de seguridad. Se decidirá de acuerdo a la urgencia.
Un párrafo aparte era la situación de Berni. "Esperaremos que esto pase para evaluar qué sucedió", respondían en La Plata. "Hace lo que puede", lo salvaban cerca del Presidente. Se sabe que muchos intendentes no digieren el estilo de Berni -al que le adjudican alto perfil y escasa gestión- y ni hablar del ministerio de Seguridad nacional, donde ya arrastran un historial de choques en pocos meses. "Hizo todo mal. Se paseó por los canales hablando mal de su propia fuerza, diciendo que necesitaba gendarmes. Parecía que tenía tiempo hasta para hacer videos pero no para enterarse de lo que estaba pasando en la Bonaerense", decían allí.
Destacaban sobre la generación de un clima que algunos buscarían aprovechar. No sólo algunos dirigentes como Florencia Arietto, ex asesora de Patricia Bullrich, que pretendía posicionarse como vocera del malestar. Más trascendente les parecían los fallos de la Justicia, justo ayer, ordenando los desalojos de las toma en Guernica y en el sur. "Ven que hay un problema y aprovechan. Son cosas para tener en cuenta", advertían.
08 de septiembre de 2020
El centro médico le envió un fax a una empresa de servicio de ambulancias
El Hospital Militar Central comunicó que ya no cuenta con camas de terapia intensiva
El Hospital Militar Central, ubicado en Palermo, tiene un total 317 camas, entre las que se cuentan 15 de terapia intensiva y 10 de intermedia, y 10 de guardia médica. Según indicaron en el comunicado, todas las unidades ya fueron ocupadas, por lo que no podrán recibir nuevos pacientes, excepto que sean "militares en actividad", según figura en el fax enviado a la empresa de traslados de emergencias. Fuentes del hospital le contaron a este diario que en el último mes fallecieron alrededor de 60 personas con covid-19.
Vacuna Pfizer
Cabe recordar que en este centro de salud, con más de 131 años de antigüedad, se llevan a cabo -desde el 10 de agosto-, los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus, que desarrollaron conjuntamente las empresas Pfizer y Biontech. La investigación está a cargo del doctor Fernando Polack y avanzó con la vacunación de 4.500 voluntarios.
Con los casos reportados en la noche de este martes, Argentina superó los 500 mil contagiados de COVID-19, y se ubica en el décimo lugar del ranking que elabora la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Mientras que, con 278 nuevas muertes el número de fallecimientos ascendió a 10.405.
Asimismo, hay 2.719 pacientes internados por coronavirus en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es de 61,6 por ciento en la nación y de 67,8 por ciento en el AMBA, según la información reportada por las diferentes jurisdicciones.
La pandemia desnudó la fragilidad de todos los sistemas de salud a nivel mundial, y Argentina, a pesar de los esfuerzos, no fue la excepción. La comunidad médica alertó la semana pasada sobre una situación que se revela dramática. Los médicos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) emitieron un comunicado en el expresaron que el país “está perdiendo la batalla ante el virus”, e intentaron concientizar a la población ante una visible relajación de las medidas de cuidado.
09 de septiembre de 2020
Se presentó la tercera denuncia por millonarias contrataciones directas y secretas
En la AFI macrista no se limitaban en gastos para el espionaje ilegal
Las compras y contrataciones irregulares detectadas ya suman más de 2 millones de dólares y 47 millones de pesos. Piden la indagatoria del expresidente Macri y la dupla que dirigió la agencia.
Por Irina Hauser
Imagen: Leandro Teysseire
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo su tercera denuncia por contrataciones directas, millonarias e inexplicables durante la gestión de Gustavo Arribas. Esta vez la hay un condimento peculiar: se trata de compras de distintos tipos de software que, en algunos casos, se podrían utilizar para hacer búsqueda de datos y espionaje de dudosa legalidad. Todo indica, además, que los grandes eventos internacionales que tuvieron lugar durante la presidencia de Mauricio Macri, como la Cumbre del G-20 y la de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fueron utilizados como grandes excusas para hacer inteligencia ilegal no sólo sobre políticos, organizaciones y periodistas sino también para hacer “excursiones de pesca”, para luego armar fichas e informes. La nueva presentación judicial se refiere a la adquisición directa de una licencia para usar el software llamado “Open Mind” que se usa para “recolección y análisis de datos de fuentes abiertas de Internet” y que costó más de 1 millón de dólares; también compró el equipamiento y los servidores, por cerca de 307 mil dólares; también pagó 30 millones de pesos sin cotejar otros posibles oferentes por la compra directa de licencias de la base de datos Oracle, que sólo se habría utilizado parcialmente. Es el mismo sistema que intentó contratar el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por un sistema de gestión que la propia dirección tecnológica del tribunal decía que podía hacer sin costo.
Las tres denuncias que lleva concretadas la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en los tribunales federales porteños ya suman un monto de compras y contrataciones irregulares por 2.203.641 de dólares y 47.198.824 de pesos en total. La última, presentada este martes, representa más de la mitad de ese dinero: 1.430.000 dólares y 33.309.880 de pesos. El expediente quedó en manos de la jueza Servini y el fiscal Eduardo Taiano, e incluye pedidos de indagatoria para Macri, Arribas y Silvia Majdalani. Los delitos en juego, dice el documento, son administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público. Para habilitar este tipo de gastos, la AFI se amparó en el decreto 656 de 2016 que declaró “secretos” todos los recursos de la central de espías. Por eso Arribas dispuso que las compras fueran directas y secretas. Se invocaban razones de “necesidad y urgencia” sin explicaciones.
Así fue que, por ejemplo, cuenta la presentación judicial, que en agosto de 2017 la AFI contrató en forma directa una licencia para el uso del software “Open Mind”, que se usa para recabar y analizar fuentes abiertas de Internet (información pública) con el argumento de que se celebraría la Conferencia de la OMC el 13 de octubre de ese año. La AFI emitió una orden de compra por 1 millón de dólares y un mes después pagó 127.000 dólares adicionales por la renovación anual sin jamás pedir un precio testigo a la Sindicatura General de la Nación pese a la increíble suma, cuyo pago en moneda estadounidense tampoco justificó. Para el uso se preveía, además, un pago trimestral de 30.000 de dólares. Es inevitable asociar este instrumento con otros asuntos en plena investigación sobre tareas de espionaje ilegal.
Por empezar, tanto la Cumbre de la OMC como la Cumbre del G-20 fueron utilizadas como excusa para que se abriera una causa judicial en Lomas de Zamora, en el juzgado de Federico Villena, que habilitó todo tipo de actividades de inteligencia sobre dirigentes políticos (oficialistas y opositores), periodistas, organizaciones sociales, dirigentes eclesiásticos, entre otros. En base a esa causa la AFI consiguió acceder a las Cámara del Aeropuerto de Ezeiza, al 911 y a las cámaras de toda la ciudad de Buenos Aires. Otra denuncia realizada por Caamaño reveló que la AFI confeccionó fichas con información personal y patrimonial de periodistas que se acreditaron para la cumbre del G-20 y de especial activistas, algunos empresarios y dirigentes sociales que inscribieron en el evento de la OMC. La AFI macrista armó más de 500 fichas, a menudo con información tomada de redes sociales y otro tipo de fuentes abiertas. En el caso de los activistas y empresarios incluso recolectó información detallada sobre sus propiedades, vehículos, participaciones societarias, cuentas bancarias y lazos familiares y personales. Esta investigación penal en particular está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Para implementar el “Open Mind”, además, la AFI adquirió servidores, equipamiento y software. Eso costó, según la denuncia: 306.859,48 pesos. Un dato que llamó la atención, sumado a que no se justificó la compra para la cumbre de la OMC, es que parte de los bienes llegaron recién en febrero de 2018, después de evento.
Otro de los programas y sistemas contratados era para la “gestión de expedientes jurídicos”. La AFI de Macri y Arribas puso un fuerte foco en el monitoreo y hasta la intrusión en causas judiciales. De hecho le dio relevancia a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que comandó Juan Sebastián De Stéfano, ligado a Daniel Angelici. Un agente que declaró en la Bicameral de Inteligencia describió a esa área como un “agencia dentro de la agencia”, donde hasta se hacía la desgrabación de escuchas telefónicas. El software cuestionado en este caso fue comprado a la firma One Finger S.A para la cual, sin controles ni conformidades, se emitieron órdenes de compras 3.180.485 de pesos, un monto se ubicaba un 36 por ciento encima de la propuesta de otro oferente que resultó desestimado por presentar un “precio elevado”. La intervención de la AFI encontró este sistema parcialmente instalado, imposible de utilizar.
La tercera adquisición directa denunciada fue de licencias de bases de datos de la empresa Oracle a la firma Preteco S.A, por 30.129.395 de pesos. Es similar a lo que intentó contratar para la Corte Suprema su presidente, Rosenkrantz, por 6,3 millones de dólares en febrero último: un sistema para gestión judicial que podía poner en marcha sin pagar un peso su propia dirección de tecnología. En ese entonces la excusa era que en enero se había producido una caída del sistema que dejó la información judicial inaccesible y era urgente una nueva tecnología. Sin embargo, Oracle había presentado su oferta antes, en noviembre de 2019. En el caso de la AFI, dice la denuncia de Caamaño “se pagaron más de 30 millones pesos por un sistema operativo del que únicamente se utiliza una parte de él y, como mayor agravante, existen otros software libres que no sólo sustituyen a Oracle, sino que son mucho más eficientes”.
La denuncia sugiere medidas y también pide indagar al exdirector de la Dirección de Gestión Económica y Financiera; al extitular de la Dirección de Tecnología de la Información; a un exasesor del director General, quien suscribió la justificación de compra del software “Open Mind”; y el exdirector operacional de Ciberinteligencia. Entre otras cosas, el escrito argumentó: “Establecer unilateralmente la totalidad de compras con carácter de secretas, es una licencia ilegítima para disponer de recursos públicos sin límites, sin ley, control, transparencia ni competencia empresarial, que en la práctica produjo además un perjuicio concreto y serio a las arcas del Estado y un detrimento a la sociedad”.
09 de septiembre de 2020
La IGJ investiga irregularidades con las Sociedades por Acciones Simplificadas
La extraña transferencia que benefició a los buenos muchachos del macrismo
La Inspección General de Justicia está investigando el funcionamiento y las operaciones realizadas por Arte Inmobiliario Sociedad por Acciones Simplificadas, cuyo dueño es Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors. La SAS se constituyó con un capital de 20 mil pesos en enero de 2018 y un mes después compró un inmueble de un millón de dólares. Para Ricardo Nissen, titular de la IGJ, esa modalidad habilitada por Cambiemos permite eludir la presentación de balances y los controles estatales.
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen.
Imagen: Alejandro Leiva
Imagen: Alejandro Leiva
La Inspección General de Justicia (IGJ) está investigando el funcionamiento y las operaciones realizadas por Arte Inmobiliario Sociedad por Acciones Simplificadas, cuyo dueño es Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors y operador judicial de Mauricio Macri. Desde el organismo descubrieron una "extraña transferencia", mediante la cual Arte Inmobiliario, que se había constituido con un capital de 20 mil pesos en enero de 2018, compró un mes después un inmueble de un millón de dólares. Si bien en un comienzo la sociedad estuvo a nombre de Ricardo Sosa, el 30 de enero de 2018, a 25 días de conformada, Sosa transfirió la totalidad de las acciones a Angelici, renunció y pasó a ser administrador titular Alejandro Canale, quien tiene una larga lista de negocios y vínculos con Angelici. Según explicó a PáginaI12 el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, están combatiendo este tipo de sociedades creadas por Cambiemos en 2017 ya que permitían que "en tan solo 24 horas cualquier persona tenga una sociedad inscripta y pueda empezar a actuar y comprar, en vez de a su nombre, a nombre de una sociedad, sin presentar balances y sin ningún control estatal".
Las Sociedades por Acciones Simplificada (SAS) fueron creadas por el gobierno de Cambiemos el 5 de septiembre de 2017 en la CABA, bajo la Ley 27.349, promocionada como una norma para "ayudar a emprendedores".
"En teoría las crearon para que emprendedores pudieran tener una sociedad con poca plata y rápido, pero es mentira. Son sociedades que pueden hacer cualquier cantidad de cosas en plazos indefinidos y no tienen normas de protección para los demás accionistas ni para terceros. Además, no tienen que presentar balances a la IGJ, ni tienen ningún tipo de control estatal", explicó Nissen. Luego indicó que "cómo las off shore tradicionales empezaron a ser mal vistas tras el escándalo de los Panamá Papers, crearon este tipo de sociedades que funcionan de modo muy similar. Te sentás en tu computadora, llenás un formulario y al día siguiente tenés la sociedad inscripta para empezar a actuar con ese nombre".
Cronología de los hechos
El 20 de mayo de este año la IGJ dictó la resolución 172 para investigar lo sucedido con Arte Inmobiliario SAS ante la comprobación, a través de constancias documentales del Registro de la Propiedad Inmueble, de que la sociedad que fue inscripta el día 5 de enero de 2018 con un capital social 20 mil pesos, pudo adquirir un mes después una propiedad de un millón de dólares en Recoleta, más precisamente en la calle Carlos Pellegrini entre Córdoba y Paraguay.
Gracias al trabajo de la IGJ se supo que la sociedad fue registrada por el único socio y beneficiario, Ricardo Esteban Sosa, quien ocupó el cargo de administrador titular. Como administradora suplente fue designada Verónica Andrea Franco --quien, descubrieron, era abogada del estudio de Angelici--. Pusieron como sede la casa de Sosa, en Callao 922, CABA. Tres días después de la constitución, Franco renunció y 22 días más tarde, el 30 de enero, Sosa pasó todo el capital de la sociedad a Angelici, y renunció. En su lugar asumió como administrador Canale, socio de Angelici en distintos negocios. Ese día cambiaron el domicilio a Carlos Pellegrini 855. El 6 de febrero realizaron la compra de la propiedad de un millón dólares en Carlos Pellegrini 847/55/99, la misma dirección que pusieron como sede el 30 de enero.
Al no constar en los registros de la IGJ el modo en que se financió Arte Inmobiliario para adquirir la propiedad, iniciaron una investigación para averiguar la legalidad del funcionamiento de la SAS y notificaron a Sosa para que brinde explicaciones. Fue el mismo Sosa quien afirmó que pasó el 100 por ciento de las acciones a Angelici. Posteriormente, Canale interpuso un recurso de apelación contra la resolución 172 alegando que la IGJ carece de facultades para investigar el funcionamiento de la sociedad. “Ese recurso es ridículo y va a ser rechazado porque no le causamos ningún perjuicio investigando. Además es la tarea para la cual tenemos facultades", subrayó el titular de la IGJ. Por otra parte, detalló: "Lo que pudimos saber es que el señor Canale no es cualquier inocente. Está vinculado con Angelici por una off shore y con una serie de operaciones en Boca Juniors y otros lugares”.
Para Nissen, Angelici puede haber realizado esa maniobra para no aparecer con su nombre como titular de la propiedad. Sin embargo, destaca que el problema central son las SAS que permiten realizar "convenientes negocios", sin ningún control. “Sacamos más de ocho resoluciones con el objetivo de disminuir totalmente la eficacia delictiva de estas sociedades y el Senado aprobó una ley mediante la cual se logró que solo puedan crearlas los emprendedores inscriptos en un registro oficial; que se restablezca totalmente el control por parte de la IGJ y que rijan las normas de orden público de la ley de sociedades por sobre la ley de las SAS”, subrayó. En cuanto a las consecuencias para Angelici, es factible que la IGJ inicie una acción judicial para que se le impute la titularidad del inmueble y, además, que se declare nula la sociedad.
Informe: Melisa Molina
09 de septiembre de 2020
El modelo fabril del Gobierno Nacional
El decálogo industrial de Kulfas
El ministro de Desarrollo Productivo planteó diez “grandes ejes y consensos” para discutir no sólo la recuperación sino “un desarrollo del país a diez o quince años”.
Por Leandro Renou
El ministro de Desarrollo Productivo, durante las jornadas de Unsam
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mostró en una charla pública con políticos y universitarios un decálogo de “ejes y consensos”, que dan señales concretas de la faceta industrial del modelo económico del gobierno de Alberto Fernández.
En una jornada organizada por la Universidad de San Martin (Unsam), el funcionario planteó que “la salida no es sólo la recuperación de los niveles de actividad, sino también cómo recuperar una agenda de desarrollo. Que permita no solo mirar el 2021, sino hacerlo por varios años y hacia adelante”.
Luego de aclarar que “no hay un día que marque la salida de la pandemia”, la recuperación sectorial es “heterogénea y hay actividades que van a ser las últimas en recuperarse, como el turismo, la gastronomía, la cultura”. En esa línea, consideró que “el problema del país, como algunos dicen por ahí, no son los 70 años de peronismo, sino que en los últimos 70 años no hubo continuidad ni estabilidad política y económica”.
Así, enumeró que para que el país salga en un sendero de desarrollo, hay que pensar en un plan “para 10 o 15 años”. El primer punto del decálogo de Kulfas, que según el ministro debe darse en el marco de un acuerdo económico y social, fue la necesidad de exportar más. Este apartado muestra un cambio de modelo, del mercado internismo del último kirchnerismo a uno mixto.
Naturalmente, en un contexto diferente con muchas restricciones y un mundo en pandemia. Este punto se vincula con el número tres, reflejado por el ministro al señalar que “mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia”.
El punto dos del decálogo es que “ningún productivo sobra: todos son importantes”. El Gobierno busca salir de la lógica imperante en la era de Mauricio Macri, donde buena parte de los rubros industriales convencionales, como textiles y calzado, con fuerte peso en el empleo, fueron tildados de no competitivos.
“No hay futuro sin políticas productivas (…) y ninguna política productiva será sustentable si no piensa la dimensión ambiental”, siguió Kulfas al enumerar los ejes cuatro y cinco. El sexto ítem, que “una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo”. Este punto es relevante y es una máxima dentro de Desarrollo Productivo, que además se comparte en la visión del ministro de Economía, Martín Guzmán.
“Si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad”, reflejó Kulfas en su enumeración del punto siete del decálogo. El octavo tiene que ver con la inclusión, al mencionar que “una buena política productiva debe reducir las brechas de género.
Los últimos dos puntos también reflejan algunas señales de por dónde irá el modelo general de Fernández. “La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente (…) y toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional”, expresó el funcionario en la jornada de Unsam.
El Gobierno observa, en este sentido, que deberá seguir protegiendo a algunos sectores estratégicos y para el resto acompañará con gestiones internacionales de negocios que no distinguirán países con políticas afines o ideológicamente similares. Todo esto, considerando que Argentina está enmarcada en un contexto regional con determinadas particularidades políticas y económicas que no se pueden desatender.
09 de septiembre de 2020
El Presidente en la inauguración de una fábrica de motos
Alberto Fernández: "Usemos el contacto con el otro para volver a trabajar y dejemos el esparcimiento para más adelante"
Se trata de la línea argentina de producción de motocicletas de la empresa internacional Royal Enfield. Va a generar 100 puestos de trabajo y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció una línea de créditos para adquirirlas en cuotas.
Alberto Fernández participó del lanzamiento de la línea argentina de producción de motocicletas de la empresa internacional Royal Enfield en la planta de rodados del Grupo SIMPA.
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"Casi es una proeza hacer esto en el tiempo de pandemia. El tiempo que vivimos requiere de coraje y de confianza. Las pandemias ocurren muy ocasionalmente y nos tocó a nosotros. Nos obliga a lucha contra lo desconocido. Nos impone cosas nuevas: desde tener la cara tapada hasta volver a trabajar de otra manera.", dijo el Presidente cuando le tocó hablar, en un acto en el que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
"Veo con mucha tranquilidad que hemos podido volver a trabajar en muchas fábricas y que el protocolo se respeta y se hace cumplir", dijo el Presidente en el anuncio de la fabricación local de una línea de motos de alta gama Royal Enfield en la planta del Grupo SIMPA en Campana. La fabricación implicará una inversión de 700 millones de pesos y generará 100 nuevos puestos de trabajo.
La producción argentina de motocicletas incluye la integración con partes nacionales que en una primera etapa provendrán de las empresas Motoperimetro (Santa Fe), SOGEFI y DZE (Buenos Aires).
Durante el acto, el ministro de Desarrollo Productivo anunció una línea de créditos del Banco Nación para la compra de motos de origen nacional.
"En este tiempo en el que el mundo se debate cómo seguir, sabemos que lo peor no pasó, estamos en medio de la pandemia y necesitamos de todos. De empresarios y trabajadores que se animen a producir con los cuidados permanentes para preservar la salud de los argentinos y las argentinas. Podemos hacerlo con mucha responsabilidad. La vida cotidiana nos obliga a volver al contacto con el otro para poder trabajar. Tratemos de que sean para eso y dejar para más adelante los que sean para pasarla bien".
"Estamos muy contentos con una fábrica que en la Argentina que va a producir por primera vez fuera de India y generar 100 puestos de trabajo", destacó Kulfas y precisó que la línea de créditos para la compra de motos será "de hasta 48 cuotas fijas con tasa subsidiada que puede llegar hasta el 48 por ciento". "Queremos reactivar la demanda en un sector tan importante y alentar otros medios de transporte en plena pandemia", dijo sobre la iniciativa del Gobierno.
“Este anuncio marca el inicio de una industrialización de motos de alta gama, a la cual se sumarán otros sectores de esa industria”, dijo el ministro. Asimismo, valoró la importancia de la línea de créditos del Banco Nación “porque permitirá diversificar la necesidad del transporte en un momento complicado que esperamos que se vaya superando”.
Kicillof, del mismo modo que el Presidente, destacó la apertura de la fábrica de Royal Enfield en medio de la crisis económica por el coronavirus. “Esta inauguración encierra una proeza porque es la primera vez que la compañía más grande del mundo en este segmento empieza a confiar en la Argentina, y porque ese avance se ha hecho durante la pandemia que dificultó absolutamente todo”, dijo el gobernador bonaerense y agregó: “Esta decisión muestra la energía inversora que tiene el empresariado argentino”.
También estuvieron presentes el director de la división Rodados del Grupo SIMPA, Martín Schwartz; el embajador de la República de la India en Argentina, Dinesh Bhatia y Abel Furlán, Secretario de Organización de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM.
El director del Grupo SIMPA subrayó la vocación de la empresa “por la industria y el desarrollo productivo en la Argentina”, y agradeció “especialmente al Presidente, al Gobernador y al ministro de Desarrollo Productivo por poner como prioridad en la agenda la industria argentina. A nosotros eso nos dio mucha confianza para volver a invertir a este país, volver a apostar en este país a generar empleo y producir y que cada vez seamos más en esta compañía”.
Fuente:Pagina12
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