Se investigaba la prórroga a las concesionarias hasta 2030
Peajes: la Cámara Federal anuló los procesamientos de exfuncionarios macristas
La decisión de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun beneficia a los exministros de Transporte, Guillermo Dietrich; de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Energía, Javier Iguacel, y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
Por Irina Hauser
Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich fueron favorecidos por los camaristas Bruglia e Irurzum
La Cámara Federal declaró que son nulos los procesamientos que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa sobre el fraude con los peajes y la concesión de autopistas contra el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el extitular de Hacienda Nicolás Dujovne, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad Javier Iguacel. La decisión fue firmada por Leopoldo Bruglia, cuya designación por el mecanismo de traslado durante es defendida por el macrismo, y por Martín Irurzun, uno de los autores de la doctrina que lleva su nombre, y que fue funcional al gobierno de Mauricio Macri para encarcelar a exfuncionarios del kirchnerismo. El argumento de los camaristas es que los imputados no habían tenido acceso a las pruebas en su contra antes de ser indagado pese a que las habían requerido. La causa, tras la jubilación de Canicoba, está a cargo del juez Julián Ercolini, que deberá decidir cómo continúa e, incluso, si acepta como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) que ayer realizó la solicitud.
La resolución de la Cámara se conoció, curiosamente, en los estertores de la crisis que desató la rebelión policial bonaerense, como si los jueces pretendieran que pasara desapercibida. Dietrich, Iguacel y Saravia Frías habían sido procesados por administración fraudulenta, mientras que a Dujovne, Canicoba Corral le atribuyó abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el juez hubo durante el gobierno de Cambiemos un claro negociado para favorecer a las concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, entre las cuales estaba la empresa Autopistas del Sol (Ausol), de la que el grupo Macri tenía el 7 por ciento del paquete accionario, lo que generaba un perjuicio millonario al Estado. Los camaristas Bruglia e Irurzun no analizaron los delitos en juego ni tampoco los hechos. Encontraron un argumento técnico escueto para hacer lugar al pedido de los exfuncionarios que habían sido procesados: “Si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo”. Agregaron que “la declaración indagatoria debe cumplir con requisitos básicos de informar los hechos y pruebas en contra del imputado” y que se deben poner a disposición las pruebas antes de definir la situación procesal.
Canicoba Corral señaló a Página/12: “Cuando los imputados plantearon estas nulidades hasta el fiscal Carlos Stornelli estuvo de acuerdo en que había que rechazarlas. Tuvieron acceso a casi toda la causa, fue una mínima parte la que, en el contexto de la pandemia, no se pudo digitalizar. Podían examinar el expediente también después de la indagatoria e incluso pedir una ampliación si era un tema de acceso a la prueba. La causa estuvo a disposición. No entiendo cuál es el agravio. El tema es que no pueden esgrimir una defensa y no tienen nada que objetar; tampoco se detuvo a nadie ni hubo secreto de sumario. La prueba que hay es contundente y buena parte es prueba documental, además de las declaraciones del exprocurador del tesoro Carlos Balbín y la exdirectora de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli. Yo hice lo que tenía que hacer hasta mi ultimo día de trabajo sin recibir ninguna presión ni nada. Me parecía una falta de ética dejarle al colega que le tocara subrogar el juzgado la resolución de una causa de estas características".
Los ejes que Canicoba Corral en cuenta al dictar los procesamientos y que pintan la maniobra eran:
* Tres días antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, la empresa de la que su familia formaba parte, Ausol, inventó una demanda contra el Estado ante el CIADI (un tribunal arbitral internacional) por supuestos retrasos tarifarios formalmente presentada por su socia Abertis. Por entonces estaba cerca del fin la concesión y habían pasado 14 años desde la pesificación de las tarifas. Buscaban renegociar el contrato y conseguir indemnización del Estado. Pedían 1100 millones de dólares, consiguieron 499 millones, que se pagarían con un plus a los peajes, o sea se los cobraban a los usuarios.
* En sus resoluciones, el juez hacía referencia a que si bien cuando se firmaron los contratos de las autopistas, en julio de 1994, las tarifas estaban dolarizadas, se pesificaron con la crisis de 2001. Pero por ese entonces la empresa no reclamó nada. Se acordó cuando Macri llegaba a la Casa Rosada. El exprocurador Balbín --de la gestión de Macri-- declaró que era inadmisible esa demanda ante el CIADI, que debía pasar antes por tribunales locales. En Vialidad y organismos de control hacían un cálculo según el cual si el país era condenado tendría que pagar solo 71 millones de dólares. Lo que deja a la vista que fue una estafa aceptar 499 millones.
* Luego, y con el argumento de que existía esa demanda internacional millonaria, Dietrich anunció la renegociación de los contratos. Les dieron hasta 2030, sin ningún estudio técnico, ni auditoría ni concurso.
* Después de esa extensión, se disparó el precio de las acciones: valían 4 pesos en enero de 2015; al asumir Macri subieron a 14,50 pesos y después de que se impuso un aumento de los pesajes de hasta un 270 por ciento, llegaron a 75,50. En ese entonces, la firma Socma de los Macri vendió el 7 por ciento que tenía de participación a casi 20 millones de dólares, a una empresa que no tenía antecedentes en el rubro, Natal S.A.
* Entre sus conclusiones Canicoba Corral explicaba que fue una típica maniobra donde Macri estuvo de los dos lados del mostrador: sus funcionarios le daban contratos preciados a su grupo empresario, pero también señalaba que hubo un fraude al estado, con un perjuicio estimado en 746 millones de dólares.
La Cámara no entró en ninguno de estos detalles sino que logró una pirueta para darle un golpe a la causa más allá de la contundencia de las pruebas, con el argumento de que los imputados no las habían visto, y cuando --en rigor-- ya era tema conocido y difundido por los medios tras la revelación del periodista Alejandro Bercovich. Dicen los Camaristas: “Pese a que sus asistentes técnicos lo requirieron en múltiples oportunidades desde que los encartados fueron citados a declarar el 30 de junio de 2020, ni antes ni durante ni después de las audiencias tuvieron la posibilidad de confrontar el contenido de cualquier de esos elementos que se les enunciaron (….) ante los reclamos, el juez argumentó, primero, que para él no correspondía legalmente permitir a las defensas la compulsa previa a las indagatorias; superado ello, invocó que su carga al sistema informático –por su dimensión-- era dificultosa y llevaría tiempo (…) muestra el expediente que esas condiciones de no acceso para las partes se mantenían inalteradas cuando se procesó a Iguacel, Dietrich, Saravia Frías y Dujovne. Y que en todos los pronunciamientos objetados se valoró como prueba fundamental aquella documentación que aún no se había puesto a disposición de las partes imputadas".
El gran interrogante ahora es qué hará el juez Ercolini, y qué le plantearán. La resolución de la Cámara se limita a anular los procesamientos pero no se pronuncia sobre las indagatorias. Algunos juristas sostienen que podría ampliar las indagatorias y volver a resolver. Otros creen que podría dar marcha atrás con todo ante una ofensiva de las defensas. En Comodoro Py, varias voces coinciden en que durante los años de macrismo nunca se vio tanta preocupación por las pruebas: a Cristina Fernández de Kirchner, por caso, le tomar 8 indagatorias en un mismo día, lo que hacía materialmente imposible que viera todas las evidencias.
11 de septiembre de 2020
Quiénes son los camaristas que beneficiaron a los exfuncionarios macrista
Bruglia e Irurzun, dos líneas de conducta
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun.
Los nombres de Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun están estrechamente ligados a la gestión Cambiemos. El primero, trasladado a la Cámara Federal a dedo por Mauricio Macri, pasó a la historia por confirmar como autómata los procesamientos contra CFK. El segundo por su responsabilidad en la oficina de escuchas de la Corte Suprema, un colador agujereado al servicio de operaciones contra la oposición, y como autor de la doctrina para justificar detenciones arbitrarias de ex funcionarios.
Junto con Pablo Bertuzzi, Bruglia integró el TOF-4 hasta 2018, cuando Macri dispuso trasladarlos a la Cámara sin concurso ni acuerdo del Senado, en reemplazo de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que habían revocado las detenciones de los dueños de C5N. Allí se encargaron de confirmar las decisiones contra la expresidenta que tomaban Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Su independencia fue certificada por la pericia del celular del espía Marcelo D’Alessio, que tenía la confirmación del procesamiento de CFK en la causa de los cuadernos seis días antes de que lo firmara la dupla.
En estos días buscan evitar que el Senado revise sus designaciones. El viernes no asistieron a la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. El motivo es “sencillo: no podían responder las preguntas que les iban a hacer”, twiteó CFK. La Comisión dictaminó rechazar el otorgamiento de sus acuerdos. Ambos jueces optaron por jugar en terreno propio y pidieron una cautelar que impida actuar al Senado, planteo que ya fue rechazado en dos instancias. La última palabra la tendrá la Corte si decide abocarse por per saltum.
Irurzun es camarista desde 1994 aunque su fama es reciente. Apenas asumió, Macri le quitó las escuchas a la Procuración y se las asignó a la Corte. Ricardo Lorenzetti le asignó la tarea a Irurzun invocando un sorteo que nunca se c´onfirmó. En 2017 le extendió el mandato por tres años y la Corte amplió las facultades de la oficina, que se transformó en una central de inteligencia ad hoc. Su gestión coincidió con un tsunami de filtraciones a la prensa amiga del gobierno. En octubre de 2017 creó la doctrina de las “relaciones residuales” para justificar detenciones arbitrarias de ex funcionarios kirchneristas.
11 de septiembre de 2020
Los delincuentes habían pedido un rescate de 4 millones de dólares
Los hackers publicaron finalmente la información robada a la Dirección Nacional de Migraciones
La dependencia decidió no ceder a la extorsión de un grupo de hackers, que el jueves terminaron intrusando el sistema informático del organismo. Publicaron una veintena de carpetas robadas.
Por Luciana Bertoia
Imagen: AFP
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) decidió no ceder a la extorsión de un grupo de hackers, que en la mañana de ayer terminaron intrusando el sistema informático del organismo. Publicaron una veintena de carpetas robadas. Los nombres de los archivos indicarían que puede tratarse de información sensible, algo que fue descartado de plano por el organismo que depende del Ministerio del Interior. Entre las carpetas filtradas en la Deep Web (web profunda) hay oficios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde también negaron que pueda afectarlos la filtración. La búsqueda de publicidad de los hackers puede ser la clave para que los investigadores judiciales detecten quiénes están detrás del ataque y determinar si hubo apoyo local.
Los teléfonos de la Dirección de Tecnología y Comunicaciones empezaron a sonar sin parar a las 7 de la mañana del jueves 27 de agosto. Desde distintos puestos de control avisaban que no podían utilizar el sistema que registra los ingresos y egresos del país. Rápidamente se detectó que era una situación anómala y que estaban bajo el ataque de un virus que afectaba al sistema Windows y al paquete de programa Windows. Por horas, las entradas y salidas al país quedaron congeladas. El virus en cuestión es un ransomware Netwalker, que -- como su nombre en inglés indica -- se mueve como un secuestrador. El programa malicioso ingresa a la computadora, cifra el contenido y pide rescate. Hasta ahora, se entiende que el virus ingresó por una computadora y se fue expandiendo hasta otras.
En las computadoras de la DNM apareció un mensaje de los secuestradores informáticos que, decía que, si colaboraban con ellos, iban a poder recuperar los archivos. El valor de la colaboración fue primero de 76.000.000 de dólares. Después la bajaron a 2.000.000 de dólares y luego volvieron a subirla a 4.000.000 de dólares. La exigencia era el pago en bitcoins, una moneda digital que favorece este tipo de transacciones al no ser rastreable. Desde el Ministerio del Interior, la decisión fue no negociar y presentar una denuncia, que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello. El juez delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuán, que pidió la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
“La UFECI está colaborando con la fiscalía de Marijuán. Estamos recolectando la información filtrada para chequear que efectivamente corresponda a la DNM y colaborar para identificar a los responsables”, explicó a Página/12 el fiscal Horacio Azzolin, titular de la UFECI. Las publicaciones de Netwalker sobre la filtración de la DNM aparecieron en ruso, lo que puede ser un indicador de que la nacionalidad de los atacantes. Al tratarse de organizaciones delictivas que suelen estar del otro lado del mundo, en general, las investigaciones se hacen cooperando con otros países que ya sufrieron los hackeos. Días atrás se registró un ataque similar en el Banco de Chile y la empresa Telecom había sido víctima de una vulneración semejante.
Una de las hipótesis que se investigan es que, más allá de lo promocionado durante el gobierno de Cambiemos, el sistema haya estado desprotegido y vulnerable frente a ataques externos. O si pudo haber existido un empleado infiel que pudo haber introducido el ransomware o haber vendido información. Por ahora, no hay pruebas en ese sentido en el expediente. Después del ciberataque, la directora de Migraciones, Florencia Carignano, le pidió la renuncia al director general de Sistemas, Juan Carlos Bacchi. El analista en sistemas llevaba 17 años trabajando en Migraciones y otros años más en el Ministerio del Interior.
Al momento de presentar la denuncia, la DNM pidió que se investiguen tres posibles escenarios. Por un lado, quieren que la justicia determine si se trató de un ciberataque como fin en sí mismo – como suelen hacer los hackers para mostrar sus habilidades y dejar al descubierto las vulnerabilidades de agencias estatales o grandes empresas. La otra posibilidad es que alguien con gran poderío haya buscado ingresar en las bases para manipular, borrar o dañar contenidos. La tercera alternativa es que hayan orquestado un hackeo para facilitar un delito tradicional.
El segundo escenario podría llegar a tener su correlato en alguien interesado en borrar determinadas huellas de un accionar ilegal. Hay distintas investigaciones judiciales que ponen el foco en cómo se usaron las bases de Migraciones para espiar durante el macrismo. Las autoridades actuales, por ejemplo, detectaron que había 19.000 claves activas de la Policía de la Ciudad para chequear ingresos y egresos al país. Esos permisos se redujeron a 200 en los últimos meses. El fiscal Federico Delgado analiza una causa sobre espionaje contra jueces y dirigentes políticos que fueron espiados por sus entradas y salidas al país. El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla logró probar el acceso que la banda que lideraba Marcelo Sebastián D’Alessio a las bases de Migraciones.
Dentro de los archivos filtrados hay carpetas vinculadas a distintas embajadas, como la de los Estados Unidos, México o Rumania, datos sobre Interpol y pedidos de dos direcciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desde la DNM explicaron que, antes de la filtración, ellos sabían cuál era el material secuestrado y se comunicaron con las agencias a la que correspondía la información para avisarles cuáles eran los datos que podrían ponerse en circulación. En el caso de la AFI, se trataba de claves de acceso que había tramitado la Dirección Operacional de Terrorismo y la dirección de Delitos contra el orden constitucional. En ninguno de los casos, significaba un riesgo para la central de inteligencia, explicaron a Página/12 desde esa dependencia. De todas formas, el área de Ciberinteligencia de la AFI está trabajando con la DNM para detectar posibles vulnerabilidades.
¿Qué información robaron?
En la denuncia judicial, que recayó en el juez Sebastián Casanello, consta que el malware afectó los sistemas de archivos basados en MS Windows (ADAD SYSVOL y SYSTEM CENTER DPM principalmente) y los archivos de Microsoft Office (Word, Excell, etc) existentes en los puestos de trabajo y carpetas compartidas de los usuarios.
Según la captura de pantalla que los criminales subieron a la dark web, se secuestraron 22 carpetas con diverso material. Hasta el momento, según estuvo circulando en los medios de comunicación, el contenido afectado es el siguiente:
1. ABM (9 PDF, 1 JPG y 1 BASA DATA FILE): formularios de solicitudes de altas, bajas y modificaciones (ABM) de accesos a aplicaciones para diversos usuarios de la DIM (2016).
2. AFI (2 PDF y 1 Word): memo y nota formal de la Operacional de Inteligencia sobre Terrorismo y Delitos contra el Orden Constitucional de la AFI, solicitando reseteo de claves.
3. CAJA (1 Word y 7 PFD): 5 archivos con Tickets (2015) y escaneo de libro de guardia (2015).
4. CAPACITACIÓN INTERPOL (7 PDF): formularios de inscripción de agentes de la DIM en una capacitación de Interpol (11/2016) y formularios para participar en una reunión operativa (15 al 17 de noviembre de 2016).
5. CHINOS CORRIENTES (37 PDF y 1 Word): informe sobre posible cohecho en la Delegación Corrientes/Chaco, con descripción de modus operandi, forma de pago, listado de empleados que participarían del hecho y nómina de 78 ciudadanos chinos que iniciaron radicación entre febrero/marzo del 2014. (Existe causa judicial en trámite).
6. CONSULADO DE COLOMBIA (5 PDF): escaneo de expediente del año 2016, procedente del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando información sobre colombianos en algunas provincias, a pedido del Cónsul General de Colombia en Argentina para evaluar la instalación de Consulados Móviles.
Nota formal del Cónsul General de Colombia en Argentina con la solicitud. Cuadro estadístico con radicaciones resueltas e iniciadas de ciudadanos colombianos en dichas provincias. (8/2016)
7. DELEGACIÓN ENTRE RIOS (14 PDF): memo remitiendo nota de la GNA y PNA solicitando datos estadísticos. Nota del Centro de Reunión de Información “Concepción del Uruguay” de la GNA, solicitando datos estadísticos de la situación migratoria de extranjeros en la provincia de Entre Ríos, en los años 2015 y 2016. (6/2016)
8. EMBAJADA DE EEUU (6 PDF y 1 Word): nota formal (expte.) del Vicecónsul Derek Wright solicitando datos de cantidad de ciudadanos estadounidenses que ingresaron al país en calidad de turistas.
9. EMBAJADA DE MEXICO (6 PDF y 1 Word): nota formal (expte.) del Encargado de Negocios, Alejandro Alba solicitando datos estadísticos de mexicanos que se encuentran viviendo en la Argentina.
10. EMBAJADA DE RUMANIA (4 PDF y 1 Word): nota formal (expte.) de la Embajadora de Rumania Carmen Podgorean solicitando datos estadísticos de ciudadanos rumanos que se establecieron en la Argentina.
11. EMBAJADA FILIPINAS (8 PDF): nota formal (expte.) de la Cónsul Ma. Carmela Teresa A. Cabreira solicitando cantidad de ciudadanos filipinos residentes en la Argentina.
12. INFORME INTERPOL FLUJOS MIGRATORIOS (7 PDF y 1 Word): nota de Interpol a la Directora de la DIM remitiendo un documento denominado “Apreciación de flujos migratorios por grandes eventos en Sudamérica”. Está el informe de Interpol escaneado (7/2015).
13. INICIATIVA INTERNACIONAL DE ACELERACION DE LOS TRAMITES DE VIAJE PARA EXTRANJEROS (6 PDF): escaneo de la Declaración Conjunta Relativa a la Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina y la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tendiente a elaborar una iniciativa internacional de aceleración de los trámites de viaje para pasajeros. GLOBAL ENTRY (8/2016).
Escaneo de dos tarjetas personales de funcionarios de la Embajada de la República Popular China en la República Argentina.
14. MEMOS internos de trabajo y procedimientos varios.
11 de septiembre de 2020
Un rechazo que incluyó un mensaje de campaña
Coparticipación: Rodríguez Larreta recurre a la Corte Suprema
El Jefe de Gobierno porteño se opuso a la decisión presidencial por "inconsulta" y anunció que recurrirá a la Corte. Desarrolló un discurso como si fuera el jefe de la oposición.
Imagen: NA
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que llevará a la Corte Suprema la decisión del Gobierno nacional de recuperar un punto de coparticipación, que el expresidente Macri le había otorgado a través de un decreto simple, a la Ciudad de Buenos Aires y de esa manera crear el Fondo de Fortalecimiento Financiero para la provincia de Buenos Aires. Rodeado por su gabinete y varios referentes de Juntos Por el Cambio, Rodríguez Larreta encabezó una conferencia de prensa en la que salió, prácticamente como el jefe de la oposición, a responder el anuncio que hizo el miércoles Alberto Fernández, luego del levantamiento de la Policía Bonaerense. "Lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Para lograr la seguridad en la provincia de Buenos Aires se eligió la división. Nos encontramos con una medida intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia", disparó Larreta.
"Nos sacaron los fondos, de un día para el otro, en el medio de la pandemia", se quejó el jefe de Gobierno porteño, en un discurso en el que apostó a presentarse como el vocero del "diálogo y consenso" frente a la "especulación política" y la supuesta "arbitrariedad" del Gobierno nacional. De pie, acompañado por el vicejefe de gobierno Diego Santilli, los miembros de su gabinete y varios legisladores de Juntos Por el Cambio, como el senador Martín Lousteau, Rodríguez Larreta se mostró ofendido por la actitud presidencial y anunció que llevaría el reclamo a la Justicia. "Es inconstitucional", actuó Larreta la ofensa y dijo que "vamos a ir a la Corte Suprema a defender, con todos los recursos jurídicos que tengamos, la autonomía y los derechos de la Ciudad", aseguró.
"Toda mi vida elegí el camino del diálogo. Dejando de lado toda diferencia política me senté y trabajé codo a codo con el presidente y el gobernador. Acompañé al gobierno en todo el proceso de la negociación de la deuda. En la situación difícil que se presentó con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tuvimos una posición clarísima de apoyo a las instituciones", comenzó diciendo Larreta, anticipando la postura mesurada, victimizada pero tajante, que mantuvo a lo largo de toda la conferencia. En su discurso --que, por tiempos, revelaba sus ya conocidas aspiraciones presidenciales--, Larreta buscaba diferenciarse políticamente del gobierno nacional, remarcando su voluntad de diálogo frente a una supuesta actitud rupturista y "unilateral" del gobierno nacional: "Frente a decisiones arbitrarias como la de ayer, los argentinos estamos acostumbrados a responder con peleas, más agresiones, ese camino no nos llevó a ningún lado. No voy a contestar con la misma moneda, no voy a hacer una disputa personal, no voy a hacer un conflicto personal. No voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas, que considero erradas e inapropiadas", sostuvo Larreta, candidato ya a liderar Juntos Por el Cambio.
Refiriéndose específicamente al punto de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires --excedente de lo que le había otorgado el ex presidente Mauricio Macri por decreto en el 2016--, el jefe de gobierno repitió lo que varios funcionarios de Juntos por el Cambio venían diciendo: "La Ciudad aporta mucho más de lo que recibe. Aporta el 22 por ciento del PBI y recibe el 3,5 de coparticipación. De cada 100 pesos que aporta, recibe 15", argumentó y destacó que la Constitución indicaba que, cuando se traspasan funciones (tal como ocurrió con la Policía Federal durante el gobierno de Macri), se lo debía hacer con recursos financieros. "La Constitución es clarísima en ese sentido. Estos fondos, cada peso, se invirtieron en construir una policía cercana a la gente, profesional, capacitada con mejor equipamiento, como ven en la calle. Para nosotros, es un orgullo", sostuvo y, ni lerdo ni perezoso, agradeció a los efectivos policiales.
El anuncio del redireccionamiento de fondos al territorio gobernado por Axel Kicillof, luego de las jornadas de protestas de la Bonaerense a lo largo de todo la provincia, fue un duro golpe a la Ciudad de Buenos Aires, que se calcula que perdería unos 35 mil millones de pesos anuales. "Había mucho enojo por la decisión unilateral y sin avisar que tomó el Presidente, pero también mucha sorpresa", comentó un funcionario porteño cercano a Larreta en diálogo con Página/12. "Obviamente estoy enojado. Ante una decisión improvisada, intempestiva, que atenta contra la unidad de los argentinos. ¿Cómo no me voy a enojar?", apuntó, a su vez, Larreta durante la conferencia, quien, entre otras cosas, contó que Alberto Fernández le había avisado sobre el recorte un minuto antes de que lo anunciara a todo el país el miércoles. "El Presidente me mandó un mensaje a las 19.29. La conferencia de prensa empezó a las 19.30. No lo contesté", aseguró.
Más allá del anuncio de Larreta, el camino de la Corte Suprema es el único que tiene porque los reclamos entre estados se resuelven justamente en la Corte. "Hasta que la Justicia se expida, vamos a tener que enfrentar esta quita de fondos y tomar algunas medidas excepcionales", advirtió Larreta, aunque aseguró que garantizaría los fondos para los servicios esenciales, como la Salud, la Educación y la Seguridad. Por último, el jefe comunal porteño, insistió en que, pese a todo, la Ciudad continuaría coordinando con la Nación y la Provincia la gestión de la pandemia.
Informe: María Cafferata
"Él sabe que es improcedente"
Coparticipación: el Gobierno rechazó el reclamo de Rodríguez Larreta
Cafiero defendió la medida tomada por decreto. Reveló que en estos meses la Nación derivó más de 47 mil millones de pesos a CABA.
Por Fernando Cibeira
El argumento del Gobierno es que de ninguna manera el decreto de Alberto Fernández es inconstitucional porque revierte en parte una decisión que Mauricio Macri también tomó por decreto en 2016. Como sostén a esta argumentación, distribuían una declaración del propio Rodríguez Larreta de enero de ese año, a poco más de un mes de la asunción de Macri, en las que el jefe de gobierno explicaba que no se trataba de fondos de coparticipación sino de los recursos para sustentar el traspaso de la Federal. Era para evitar que los gobernadores estallaran contra el exorbitante aumento de fondos para la Capital, que incrementaba en un 167 por ciento lo que recibía hasta ese momento de parte del Estado. "Se profundizó una inequidad que nosotros venimos a reparar", insistió anoche Cafiero en C5N. Si no es coparticipación, es el concepto, se puede modificar por decreto.
También recalcó que el Estado va a seguir manteniendo con recursos a la Policía Federal traspasada a la Ciudad, pero los que consideran que son los estrictamente necesarios y no con la cantidad que derivó Macri que, según sus cálculos, se excedían en más de un punto de lo que recibe del Estado. No lo dijo Cafiero, pero algo que también deslizaban en la Casa Rosada era que no harán nada respecto a lo que supuestamente la Ciudad cobró "de más" durante estos cuatro años, incluyendo los meses que lleva esta gestión. Aseguraban que se trataba de más de 120 mil millones de pesos.
Ambas partes coincidían en un punto: de esta cuestión ya habían hablado en una reunión en marzo, antes de la declaración de la cuarentena. Nada más que mientras el Gobierno lo esgrimía para negar que se tratara de algo sorpresivo, en la administración porteña lo consideraban un recuerdo sepia que ni siquiera podía considerarse un antecedente. "Esa conversación ya se venía teniendo hace tiempo, aunque luego se postergó por la pandemia. Nadie puede verse sorprendido. Este un tema que incluso se venía discutiendo desde la campaña", fue más allá Cafiero.
Otra cosa en la que coincidían era que el diálogo entre las dos administraciones se mantendría, principalmente por los acuerdos que pudieran alcanzar durante estos meses de pandemia, más allá de algunas diferencias puntuales. Incluso había quien recordaba que en uno de las muchos encuentros que tuvieron en estos meses, Rodríguez Larreta llevó una vez una carpeta con algunas controversias pendientes entre Ciudad y Nación. Y que tal vez pueda recibir una compensación por ese lado.
El Gobierno trabajó desde el ministerio del Interior el apoyo de los gobernadores, que en algunos cosas ya se habían pronunciado a través de las redes sociales. Elaboraron de manera conjunta un documento que acompañó la prédica oficial acerca de que se trataba de un medida que apuntaba a reducir los desequilibrios y la concentración económica, una prédica que Cafiero recordó que Alberto Fernández mantiene desde la campaña. "Distribuir mejor los recursos no puede enojar a nadie. Se les saca a la Capital fondos que había recibido de más para dárselos a la Provincia que atraviesa una urgencia. Es lo que entienden los gobernadores. Que haya más justicia no puede ser motivo de enojos ni de medidas judiciales", subrayaban cerca del Presidente.
Un funcionario con rango de secretario de Estado alineado políticamente con Fernández ponderaba la salida que le habían encontrado a la encerrona planteada por la protesta policial y la actitud sediciosa que se había visto en Olivos. En su análisis, la solución había colocado de nuevo en el centro del escenario al Presidente, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en un rol subalterno y necesitado de su asistencia. La salida fue en ofensiva, al mejor estilo Néstor Kirchner, que cuando parecía acorralado solía ser cuando mejor se movía. La respuesta de Rodríguez Larreta, estudiada durante casi 24 horas, también lo colocó en rol protagónico, sin moverse de la lógica cambiemita: pararse desde el lugar de quien busca el diálogo y el consenso y se ve injustamente agredido. "La victimización es siempre su punto de partida", comentaba. Como sea, se trató de una puja de dos, en esta no entraron ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri. El funcionario concluía: podría decirse que empezaron la campaña, hay que ver cuál es la próxima movida.
11 de septiembre de 2020
"Es necesario reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo", expusieron en un comunicado
Los gobernadores justicialistas respaldaron a Alberto Fernández
Los gobernadores de Juntos por el Cambio, como Gustavo Valdés, Gerardo Morales y Rodolfo Suárez decidieron no firmar el documento. Tampoco lo hizo Juan Schiaretti. El Presidente agredeció el apoyo de los 19 jefes provinciales.
Imagen: Adrián Pérez
La decisión del presidente Alberto Fernández de crear el Fondo de Fortalecimiento Financiero para la provincia de Buenos Aires, en el marco de las protestas policiales, no solo se celebró en el territorio bonaerense sino que traspasó las fronteras provinciales. A la satisfacción que expresaron el gobernador Axel Kiciloff y los intendentes peronistas se sumaron los gobernadores de otras 18 provincias, administradas por justicialistas y fuerzas locales, con la excepción del cordobés Juan Schiaretti. Tampoco participaron las autoridades de los distritos en manos de Juntos por el Cambio, incluido, por supuesto, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció que recurriá a la Corte Suprema en rechazo a la medida. El Presidente agradeció el apoyo de la mayoría de los gobernadores.
"Las y los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado", manifestaron los gobernadores en el documento titulado "Reducir desigualdades para una Argentina Federal". El texto lleva la firma de 19 gobernadores: Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo lnsfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Omar Gutiérrez (Neuquén). Además rubricaron el documento Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), y Juan Manzur (Tucumán).
"Necesitamos reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos", expresaron los mandatarios provinciales. En ese sentido, recordaron que a inicios de 2016, las y los gobernadores manifestaron en un documento titulado "Por un verdadero país federal" su crítica a la decisión del entonces presidente, Mauricio Macri, "de triplicar por decreto y de manera unilateral la coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
"El entonces ministro Rogelio Frigerio reconoció que la medida era injustificada y prometió públicamente 'corregir con un nuevo decreto la coparticipación de la ciudad'", afirmaron. También recordaron que el ex funcionario de Cambiemos "agregó que el objetivo fue 'transferir la policía con presupuesto específico', y que 'cualquier otra cosa adicional iba a ser dejada de lado'", y destacaron que "eso nunca se cumplió, hasta esta medida".
"Nuestra Constitución, en el artículo 75, establece que el reparto de la renta federal se debe realizar de manera 'equitativa y solidaria' otorgando 'prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional'", destacaron. “No podemos seguir pidiendo y cargando a los que poco o nada tienen”, manifestaron los gobernadores y agregaron: “Entendemos que este es un paso importante para retomar el debate en torno a la coparticipación para recuperar el espíritu que establece nuestra Constitución”.
Alberto Fernández agradeció el apoyo de los 19 mandatarios provinciales. "Es apenas un paso en la construcción de un verdadero federalismo que empiece a corregir los desequilibrios de nuestra patria", señaló. Poco antes había hecho lo mismo el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro: “Agradecemos el respaldo de los gobernadores y gobernadoras a la decisión del Presidente. Nos comprometimos a reparar esta injusticia, y es lo que estamos haciendo. Estamos empezando a corregir enormes desequilibrios para construir una Argentina federal". Además de Larreta, solo le dieron la espalda al documento los gobernadores radicales alineados con el macrismo: Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdéz (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Más el peronista Juan Schiaretti (Córdoba).
El respaldo de los intendentes
El respaldo a la medida del Presidente se hizo sentir, ante que nada, en todo el territorio bonaerense. "Aumentar la coparticipación, recuperando recursos que históricamente pertenecieron a las y los bonaerenses, nos permitirá empezar a corregir desequilibrios estructurales y poner la provincia en marcha", sostuvo Kiciloff. Su ministro de Hacienda, Pablo López, lo puso en números: "La provincia es la que más aporta y la que menos recibe pér cápita", posteó sobre la coparticipación federal y sostuvo que "el aporte de la PBA se estima cercano al 40 por ciento del total, pero percibe sólo el 22".
Los intendentes del oficialismo también celebraron la medida. "Un acto de reparación de la Nación a una provincia con muchas necesidades que no puede afrontar sola", afirmó Mayra Mendoza (Quilmes). "La decisión del Presidente va a ayudar a que se empiece a equilibrar la balanza", dijo Andrés Watson (Florencio Varela) y recordó que "Macri benefició a 3 millones de argentinos en detrimento de 17 millones".
"Esto tiene que ver con los 8 puntos que en su momento le sacaron a la provincia. Hoy recupera un punto de eso, lo cual es muy importante", dijo Fabián Cagliardi (Berisso) y opinó que la Ciudad de Buenos Aires "no va a tener problemas" a partir de esta decisión debido a que desde el gobierno central "continuará la asistencia”. “Cuando se decidió ceder esos 8 puntos se empezó a degradar la provincia", sumó Mario Secco (Ensenada). Marisa Fassi (Cañuelas), remarcó que el gobierno nacional "tiene la voluntad política de corregir las desigualdades estructurales".
"Celebro que tengamos un presidente dispuesto a colaborar para resolver los problemas estructurales de los y las bonaerenses", señaló Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). "Es algo que esperaba la Provincia de Buenos Aires porque es la recuperación de recursos que se entregaron en los ‘80", afirmó Juan Zabaleta (Hurlingham), y "es una inversión de casi 100 mil millones de pesos la que hace el gobierno nacional, resolviendo un problema de muchas décadas".
11 de septiembre de 2020
Lo autorizó el Banco Central. Buscan potenciar el ahorro en pesos
Lanzan los plazos fijos ajustables por dólar
La autoridad monetaria autorizó a los bancos a captar plazos fijos que se ajusten por el tipo de cambio: las colocaciones denominadas "dollar linked"
Pesos como dólares. Los nuevos depósitos ajustarán por tipo de cambio.
Imagen: Lucía Grossman
Imagen: Lucía Grossman
El Banco Central lanzó un nuevo instrumento de ahorro en pesos ajustado por tipo de cambio. En la reunión de directorio de este jueves se aprobó un cambio en la normativa para permitir que las entidades financieras ofrezcan a sus clientes plazos fijos dólar linked.
La medida permite depositar pesos en un plazo fijo que se ajusta en la misma medida que varía el tipo de cambio. Puede pensarse con un ejemplo simple.
Si el dólar en septiembre se ubica en 78 pesos y a fines de año alcanza los 85 pesos, el ahorrista que invirtió en un plazo fijo dólar linked 78.000 pesos recibirá 85.000 pesos en diciembre.
Los consultores del mercado aseguran que es una forma de protegerse contra la devaluación sin la necesidad de comprar dólares billetes. Tiene un efecto virtuoso al moderar las presiones sobre las reservas internacionales.
La comunicación del Banco Central dijo que la iniciativa busca potenciar la captación de depósitos a tasa variable (en este caso ajustada por tipo de cambio).
“El Directorio aprobó una modificación en la determinación de la Posición global neta de moneda extranjera a fin de favorecer la captación de depósitos a tasa variable para destinar al prefinanciamiento de exportaciones sin generar un descalce”, detalló.
Este cambio permitirá que los bancos puedan ofrecer instrumentos de ahorro vinculados a la evolución de la cotización oficial del dólar -conocidos como dollar linked- y ofrecer préstamos a empresas exportadoras, generando un nuevo mercado para el ahorro en pesos.
Se aclaró que “la modificación permite a los bancos deducir para la determinación de la posición de contado de la Posición global neta en moneda extranjera las prefinanciaciones de exportaciones cuyo fondeo se impute a pasivos vinculados con la evolución del valor del dólar en el mercado oficial de cambios.
Instrumento esperado
El mercado esperaba este anuncio que permite completar las distintas posibilidades para ajustar una inversión en pesos. Con el lanzamiento de los plazos fijos dólar linked, el ahorrista tendrá tres posibilidades para invertir sus pesos.
Se podrán colocar plazos fijos ajustados por inflación (cer), plazos fijos ajustados por tipo de cambio (dollar linked) y plazos fijos con tasa de interés fija (vinculada con la tasa de referencia que cobran los bancos por las Leliq).
En los últimos meses el interés por inversiones ajustadas a la cotización del tipo de cambio había comenzado a crecer. La tendencia se observó en el incremento de las colocaciones de obligaciones negociables dollar linked.
“Los Fondos Comunes de Inversión reorientaron sus estrategias. Las inversiones Dollar Linked, entendidas como coberturas ante un posible salto en el tipo de cambio oficial, fueron las que concentraron el interés”, indicó un informe de Portfolio Personal.
La agencia de bolsa indicó que “este fenómenos se visualiza en la evolución del patrimonio neto de los fondos, que a la vez se potencian por las regulaciones, y las limitaciones de los fondos en pesos para mantener posiciones mayores al 25 por ciento en activos en dólares”.
En el documento se precisó que las colocaciones de los fondos con inversiones del tipo dollar linked aumentaron al ritmo del 53 por ciento mensual en julio y agosto. El resto de los fondos con otras estrategias de inversión aumentaron sus colocaciones al 9 por ciento.
En la agencia de bolsa se menciona que este tipo de ajuste por tipo de cambio no es nuevo para el mercado. Se mencionó que “estas emisiones ganaron espacio en el período 2011-2015 en donde la coyuntura también incorporó controles de capitales (que se fueron profundizando) y el surgimiento de una brecha cambiaria”.
La diferencias es que ahora fue el sector corporativo el que concentra las emisiones de deuda austada por tipo de cambio. Se destacana las colocaciones de Irsa, YPF, PCR y PAE, entre otras, que lograron financiarse con este instrumento.
En el período anterior había sido el Tesoro y las provincias las que habían concentrado la emisión de títulos dólar linked.
11 de septiembre de 2020
El TOF 1 de Córdoba dictó la condena contra un empresario agrícola por asociación ilícita
Siete años de prisión por defraudación fiscal en comercio de granos
Es la primera condena a prisión por un caso de fabricación de facturas truchas para evadir impuestos. En total, son nueve los condenados a prisiónen esta causa.
Por Raúl Dellatorre
Imagen: Pablo Aneli
El Tribunal Oral Federal número uno de Córdoba condenó a siete años de prisión al propietario de cuatro empresas agropecuarias de esa provincia, por "asociación ilícita para cometer delitos tributarios". También fueron condenadas, con pena de cuatro años de prisión, sus hijas, Francina y Luisina Mengo, como coautoras del delito, y otras seis personas con participación en carácter de coautores o partícipes necesarios del mismo delito. La maniobra condenada era la de fabricar facturas truchas que eran utilizadas por productores para simular operaciones y evadir impuestos.
Hatsa el momento, se había registrado una sola condena por el delito de asociación ilícita fiscal, en un juicio abreviado en Mar del Plata, pero este es el primer caso en el que un tribunal oral condena a un grupo de personas que se asocian para cometer un delito fiscal.
El titular de la fiscalía general número 2, Carlos Gonella, había solicitado penas de hasta ocho años de prisión para los empresarios rurales por evasión tributaria, delito que concretaban con la utilización de personas en situación vulnerable económicamente, para hacerlo figurar como titulares de empresas ficticias y facturar en su nombre.
El principal imputado como organizador de la "usina de facturas truchas", Atilio Omar Mengo, es propietario de las empresas FLG Agropecuaria SA, Soybeans SA, Cereales y Pasturas SRL y Oro Verde SA.
De acuerdo al alegato de la Fiscalía, la organización comercializaba cereales con documentación falsa y bajo nombres simulados. Los movimientos que declaraban encubrían otras operaciones de compraventa de granos marginales o "en negro".
Este delito era perpetrado por una serie de empresarios rurales que utilizaban, para ese fin, a personas en situación de vulnerabilidad económica que eran registradas como "responsables" de las operaciones "truchas".
La Fiscalía describió, en su exposición, que "la maniobra se desarrolló en torno a la comercialización de cereales, con documentación y personas simuladas, cuyos movimientos fueron registrados y declarados fiscalmente para encubrir operaciones de compraventa marginal de granos".
Los representantes del Ministerio Público, Gonella y Trotta, describieron además que en 2007, María Pía Cardoso, en ese momento titular del área de Saneamiento Urbano de la Municipalidad de Río Cuarto, reclutaba personas de bajos recursos y ajenas a la actividad agropecuaria a fin de inscribirlas ante la AFIP como monotributistas. En esta tarea participaban Hugo Aguero, Fabián Giles y Vanesa Moyano. Al igual que Cardoso, todos imputados en la causa.
"Bajo la promesa de un pago de 150 pesos, subsidios o algún tipo de asistencia social, los imputados hacían que estas personas firmasen documentación en blanco necesaria para la comercialización de granos", señaló la Fiscalía. Agregó que "las empresas del grupo Mengo (FLG, Soybeans, Cereales y Pasturas, y Oro Verde), que intermediaban en la compra y venta de granos, hacian figurar falsamente a estas personas como proveedoras/vendedores del cereal".
"De esta manera, se conformaba un circuito marginal de la comercialización de cereales mediante la emisión de documentación apócrifa a nombre de esas personas, y el circuito se cerraba mediante el libramiento de cheques a nombre de ellas mismas, por parte de Francina Mengo, Luisina Mengo, Sebastian Barreiro y Sergio Bertoni, en su condición de presidentes y/o apoderados de las empresas del grupo", describe la presentación judicial.
"El último eslabón de esta maniobra se daba a partir de la liquidación de esos cheques, para lo cual Atilio Mengo utilizaba los servicios de Eduardo, Diego y Gabriel Meta, Fabián Petiti y Gabriel Ludueña, a través de la firma Gordon SA".
Estafa al fisco
Los monotributistas eran utilizados con el fin de ocultar al verdadero productor agropecuario, dado que la operación se documentaba a nombre de un tercero que figuraba inscripto en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes de la AFIP. De esa forma, se reducía la carga impositiva.
Una vez generada la documentación apócrifa, el adquirente de los granos obtenía los beneficios del cómputo del crédito fiscal por el IVA y la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias.
El comprador del cereal, comercializado "en negro" pero a través de facturas apócrifas que lo cubrían, burlaba además las obligaciones de pagos de retenciones impositivas, dado que "supuestamente" le compraba a monotributistas no alcanzados por dichos regímenes.
Esta organización delictiva, de la cual Atilio Mengo fue imputado como jefe y los demás nombrados como coautores, llegó a utilizar el nombre de cientos de personas de condición económica humilde para extender sus alcances. Su pertenencia al sector agropecuario y su conocimiento previo del negocio de comercialización de granos resultaron, a juicio de la acusación, clave para el desarrollo de la compleja red delictiva que llegaron a montar.
El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, compuesto por los jueces Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, dio a conocer este jueves a la tarde el fallo por el cual dispuso la pena de prisión de siete años e inhabilitación para ejercer el comercio de granos por el mismo plazo para Atilio Omar Mengo, y cuatro años de prisión para Francina y Luisina Mengo y para Sebastián Barreiro y Sergio Bertoni, como coautores del delito. Como partícipes necesarios, también fueron condenados a prisión Eduardo Meta (4 años y dos meses), Leonardo Petiti (4 años), Gabriel Ludueña (3 años y 8 meses) y María Pía Cardoso (3 años y 8 meses). Otros tres imputados (Aguero, Giles y Moyano) fueron condenados a prisión pero con el cumplimiento de la pena en suspenso.
11 de septiembre de 2020
Tras el canje de bonos que sacó al país del default
Fuerte baja del riesgo país: de 2138 a 1104 puntos
El éxito de la rrestructuración de deuda no sólo cambió el ánimo localmente. También cambió la perspectiva de los inversores bursátiles. Fuerte valoración de los nuevos bonos y baja del riesgo país.
Martín Guzmán. El exito del canje ya se refleja en la aceptación de los bonos
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
El riesgo país cerró este jueves en 1104 puntos. Se trata de un retroceso de 1034 unidades en la jornada. El indicador fue publicado por el JP Morgan para la Argentina tras el éxito de la reestructuración de la deuda.
Previo al canje de bonos el índice de riesgo país oscilaba entre 2000 y 2500 y había marcado picos de incertidumbre en los cuales el indicador llegó a tocar 4000 puntos.
Al inicio de esta semana –previo al ajuste del indicador en función de la cotización de los nuevos bonos- el índice del JP Morgan se ubicaba en 2147 unidades.
El indicador de riesgo país en los nuevos niveles de 1100 puntos se encuentra alineado con la tasa de descuento del 10 por ciento calculada por los inversores para evaluar el valor de recupero de los bonos de la reestructuración.
La cifra indica que la Argentina para volver a endeudarse en los mercados internacionales debería pagar cerca del 10 por ciento de intereses al año.
Si bien el índice marca un principio de recuperación para la estabilidad financiera, los analistas aseguran que puede continuar reduciéndose en la medida que el mercado incremente la confianza en la capacidad de repago del país.
El resto de los países de Latinoamérica como Brasil, Chile o Perú tienen riesgos país menores a los 500 puntos. Esto implica que para endeudarse pagan una tasa de interés que es por lo menos de la mitad que la que debería pagar la Argentina.
En economías del primer mundo la tasa que se paga para emitir bonos soberanos es cercana al cero. Algunas incluso cobran tasas negativas. Esta situación colabora para que la Argentina pueda seguir reduciendo sus niveles de riesgo país.
Nuevos bonos
Los nuevos títulos del canje empezaron a ganar lentamente volumen en las operaciones del mercado secundario.
Algunos de los bonos como el AL29 –que se entregó a los inversores como un reconocimiento por los intereses corridos- anotaron este jueves un aumento del 1,6 por ciento, mientras que el AL30 – uno de los más elegidos en la reestructuración- subió 1,4 por ciento. Por el momento estos títulos ley local no cotizan en la modalidad de operación con moneda extranjera.
En los bonos bajo ley extranjera se registraron caídas en la cotización de hasta 2,7 por ciento. El efecto de una reducción en el precio de los bonos cotizados en dólares junto a una suba de estos mismos títulos cotizados en pesos es el incremento del dólar financiero.
Las pantallas de los operadores marcaron que la cotización del dólar implícito en la bolsa subió 3,1 por ciento en la jornada para ubicarse en 123,41 pesos.
A pesar de esta suba los consultores del mercado aseguran que los inversores empiezan a marcar como una tendencia la reducción de la brecha cambiaria.
11 de septiembre de 2020
El debate entre Nación y Ciudad por la transferencia de recursos a la provincia de Buenos Aires
Qué es la ley de Coparticipación Federal
El principal objetivo de la norma, aprobada en 1988, es eliminar las enormes asimetrías regionales que existen en Argentina. De cada 100 pesos que percibe el país por impuestos, 80 provienen de Nación, 15 de las provincias y 5 de los municipios.
Por Sebastián Cazón
Imagen: Télam
¿Quién hace el esfuerzo para financiar a la provincia de Buenos Aires? ¿Nación o Ciudad? Ese es el debate que gira en torno a los recursos que recibirá el distrito gobernado por Axel Kicillof para fortalecer el área de Seguridad. La discusión también puso sobre la mesa el esquema de distribución de la ley de coparticipación federal, aunque en realidad los fondos en cuestión provienen del Tesoro Nacional y no de este régimen, del cual Ciudad no forma parte.
Lo primero que hay que aclarar es que en Argentina la función de recaudar está volcada, en gran medida, en el Estado nacional. De cada 100 pesos que percibe el país por impuestos, 80 provienen de Nación, 15 de las provincias y 5 de los municipios. Sin embargo, el gasto y la inversión están descentralizados en las 23 provincias, la Ciudad y los más de 2.200 municipios que tienen necesidades por encima de lo que recaudan.
En ese esquema, existen impuestos coparticipables, como I.V.A. y Ganacias, en donde el 56,66 por ciento de lo recaudado está dirigido a las provincias. "Uno de los objetivos principales de un sistema de coparticipación, y más en Argentina donde existen enormes asimetrías regionales, es morigerar los desequilibrios y asegurar un conjunto de bienes y servicios, en cantidad, calidad y accesibilidad para todos los habitantes", explicó a Página/12 el economista Martín Mangas, investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
En contraposición a lo que plantea Juntos por el Cambio, los recursos que irán destinados al territorio bonaerense, no le pertenecen a la Ciudad sino a la Nación. Esto se explica por la sencilla razón de que el distrito porteño no integra el régimen de coparticipación. “Cuando se sancionó la ley en 1988, no existía como Ciudad Autónoma, era un territorio nacional. Por lo tanto, Nación no le saca coparticipación al Estado porteño, sino que le quita recursos que le pertenecen al propio Estado nacional”, detalló Mangas.
En 2016, a pocos días de asumir, el ex presidente Mauricio Macri tomó la misma medida que hoy está en discusión, pero a la inversa. Utilizó una parte de los recursos nacionales para transferirlo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, con la excusa del traspaso de la policía federal. En ese entonces, aumentó las transferencias de 1,4 a 3,75 puntos. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández va a redireccionar un punto de esos fondos para financiar el fortalecimiento de la policía bonaerense.
Esquema de coparticipación
El sistema tiene tres ejes. En primer lugar, la masa coparticipable, cuánto se pone a disposición para repartir. En segundo lugar, la distribución primaria, cuánto se queda Nación y cuánto las provincias. Y, por último, la distribución secundaria, qué porcentaje le corresponde a cada una de las provincias.
Las transferencias por coparticipación tienen un peso relativo muy importante en el presupuesto provincial. Como señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en promedio, alcanzan el 71,3 por ciento del total, aunque hay algunas con mayor dependencia como Formosa y La Rioja, donde más del 90 por ciento de los ingresos son por coparticipación. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el peso de la coparticipación representa solo un 26,68 por ciento.
La ley fue sancionada en enero de 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Era un régimen transitorio que surgió como respuesta a las demandas de distintas provincias que requerían mayores presupuestos. Si bien desde que entró vigencia ha sido emparchada por todos los gobiernos, nunca tuvo una profunda reforma dado que para ser aprobada necesita una mayoría especial de las dos Cámaras del Congreso y un aval de todas las provincias. “Es más difícil reformar la ley de coparticipación que la Constitución Nacional. Por eso nunca se pudo reformar”, concluye Mangas.
Distribución.
Buenos Aires: 19,93 puntos,
Santa Fe: 9,28 p.p.
Córdoba: 9,22 p.p.
Chaco: 5,18 p.p.
Entre Ríos: 5,07 p.p.
Mendoza: 4,33 p.p.
Santiago del Estero: 4,29 p.p.
Tucumán: 4,94 p.p.
Salta: 3,98 p.p.
Santa Cruz: 1,38 p.p.
San Luis: 2,37 p.p.
San Juan: 3,51 p.p.
Río Negro: 2,62 p.p.
Neuquén: 1,54 p.p.
Misiones: 3,43 p.p.
La Rioja: 2,15 p.p.
La Pampa: 1,95 p.p.
Jujuy: 2,95 p.p.
Formosa: 3,78 p.p.
Corrientes: 3,86 p.p.
Catamarca: 2,86 p.p.
Chubut: 1,38 p.p.
Fuente:Pagina12
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