22 de septiembre de 2020
Las amenazas de la alianza político-judicial-mediática
Presiones a la Corte en el caso de los jueces trasladados a dedo por el macrismo
En las últimas horas, los jueces pidieron licencias porque no quieren dar el brazo a torcer: ya está claro que deben volver a los puestos que tenían antes del macrismo, pero no quieren un regreso sin gloria. Inicialmente le hicieron el pedido a la Corte, pero el máximo tribunal se lo mandó a la Casación, que tiene la facultad de superintendencia en materia penal. Este lunes, la Cámara de Casacion volvio a darles una mala noticia: la decisión sobre licencias la tiene que tomar el tribunal al que ahora volvieron, o sea que hubo un rechazo de entrada.
Desde Clarín y La Nación dispararon con munición gruesa convirtiéndose en voceros de los magistrados, con un tono amenazante: advirtieron a los supremos que se les iniciarían juicios políticos si no respaldan a los jueces atrincherados. La jugada es asombrosa por donde se la mire. Ni en diputados ni en senadores la oposición tiene votos para concretar un juicio político y menos todavía en el marco de semejante presión político-mediática.
En paralelo, el diputado del PRO Alberto Assef, aquel que dejó sin personería a José Luis Espert en vísperas de las últimas elecciones, sumó una presentación ante la Corte en la que pide que el máximo tribunal revise los decretos del Poder Ejecutivo que determinaron el regreso de los tres jueces a los lugares que tenían antes de la maniobra del equipo judicial macrista.
La Corte tiene previsto hacer una reunión por Zoom este martes, donde tampoco está claro que vaya a tomar ninguna decisión. Difícil que lo haga sobre la discusión acerca de la validez de los traslados, ya que la mayoría de los supremos parece volcada a esperar que llegue la causa que tramita en el fuero Contencioso Administrativo, donde falta la resolución de fondo de la Cámara de Apelaciones, que llegará a la máxima instancia por un recurso extraordinario. La Cámara tardará dos semanas más, como mínimo. El per saltum (una paradoja, tratándose de jueces a los que se revocó sus nombramientos por saltear el Senado para acceder a cargos) parece tener pocas chances. También es difícil que los supremos resuelvan algo en medio de una presion tan brutal (casi extorsión) ejercida a través de los medios.
En paralelo, la Corte tiene el reclamo de las licencias de los jueces. Bruglia y Bertuzzi primero habían pedido licencia extraordinaria, pero ahora pidieron una
licencia compensatoria de vacaciones trabajadas, que consideran que no se las podrían negar. Castelli llevó este mismo pedido a Casación, pero los casadores le dijeron que debe ir con un oficio electrónico a la Corte y que ésta debe verificar si tienen días disponibles y resolver. Este martes este tribunal penal también reunirá a los jueces que integran su área de superintendencia y tienen pensado decir algo respecto de las licencias. Lo concreto es que los magistrados no están trabajando en los lugares que tienen asignados por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Ejecutivo y Casación. Según lo dispuesto, Bertuzzi debe volver al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Bruglia debe volver al Tribunal Oral Federal 4 y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.
En verdad, para que se otorguen licencias el procedimiento es que se acuerda con los compañeros del tribunal oral --se entiende que son los tribunales a los que deben regresar-- y, una vez acordado con los pares, se presenta a la Corte que verifica si los días corresponden o no. Volver a un tribunal de origen no es motivo para una licencia. Por supuesto que existen también las licencias extraordinarias, pero se tienen que fundamentar, pedir con quince días de antelación y hacer la presentación electrónica a la Corte. Es muy posible que este martes Casación le remita al máximo tribunal el pedido de licencia extraordinaria, aunque siempre queda claro que son licencias en sus puestos de origen, en los tribunales orales de los que nunca debieron salir hacia los lugares que los llevó el macrismo, sin el acuerdo del Senado.
En cualquier caso, la realidad es que la alianza político-judicial-mediática tomó el caso de los jueces como bandera, con el argumento de que es una movida para, supuestamente, salvar a Cristina Fernández de Kirchner. Se esconde que Bruglia y Bertuzzi ya no tienen ningun papel en las causas contra CFK y Castelli integra un tribunal en el que hay otros dos jueces. En realidad, la cuestión de fondo es la furia porque el gobierno tocó los grandes intereses, en primer lugar, a través del decreto que estableció como esenciales los servicios de internet, cable y telefonía móvil y, en segundo lugar, mediante el impuesto a las grandes riquezas. Pero como estos temas cuentan con el respaldo de la mayoría de la sociedad, falsean el caso de la BBC y lo usan para hacer oposición despiadada.
Raverta anticipó en qué esquema trabajan
Aumentos a Jubilados: la
fórmula de movilidad
previsional que viene
Fernanda Raverta, titular de Anses, afirmó cómo será la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. "Estamos pensando en consensuar con el resto de los ministerios una fórmula que tenga en cuenta la evolución de los salarios y los ingresos totales de la Anses, y la recaudación tributaria", aseguró en una entrevista con Télam. Tal como anticipó PáginaI12, el Gobierno buscará volver a un esquema similar al de 2009-2017.
Luego, la movilidad fue modificada a fines de 2017. Durante los dos años en los que rigió, los jubilados perdieron 15 por ciento de poder adquisitivo, debido a que actualizaba por inflación de manera rezagada, en dos años donde la inflación fue la más alta de los últimos 30 años. En diciembre 2019 la ley de movilidad fue suspendida, y los aumentos se realizaron por decreto en marzo, junio y septiebre.
En los últimos meses se conformó una comisión previsional en el Congreso, con diputados y senadores del oficialismo y la oposición y miembros del Poder Ejecutivo. Disertaron 27 expertos durante 16 encuentros. "Mientras tanto vamos trabajando una fórmula de movilidad que vamos a consensuar con el resto de ministerios para presentar desde el Ejecutivo", explicó Raverta. Luego, deberá ser aprobada por el Congreso. "Para diciembre tenemos que tener una fórmula de movilidad previsional discutida y sancionada", anticipó.
"Nuestro objetivo es que los jubilados y pensionados tengan un haber justo, y que su fórmula de ajuste sea fruto del aporte y discusión de los distintos bloques políticos, sindicatos, especialistas y organizaciones que defienden los intereses de los jubilados", afirmó la titular de Anses. La idea de Anses cuenta con el visto bueno del Ministerio de Economía y de abogados expertos en seguridad social, como Miguel Fernández Pastor y Guillermo Jauregui.
Según pudo saber este diario, los objetivos a corto plazo de Anses serán primero definir la continuidad o no del IFE 4, o su transformación en un plan de estímulo al empleo. Luego, la aprobación de la ley que blinda el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en los primeros días de octubre. Luego, presentarán la ley de movilidad jubilatoria. Y para el año que viene quedará el análisis de una moratoria previsional. "Hoy hay una moratoria vigente que tiene un tope en el 2003, por lo tanto no es que hay que pensar una nueva moratoria, sino pensar cómo esa realidad que viven argentinos y argentinas que empiezan a no tener años aportados como para jubilarse se resuelva", aseguró Raverta en la entrevista con la agencia oficial Télam.
Cómo armaba las causas el macrismo
La megaoperación de
Bullrich y D'Alessio contra supuestos narcos que quedó
en la nada
Lo que la ministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich presentó como "el patrón de los patrones" o sea la más grande operación de narcotráfico de la historia, superior a la del "patrón" Pablo Escobar Gaviria, está quedando casi en la nada. Bullrich, en conferencia de prensa, acusó a la viuda de Escobar, a su hijo, al ex jugador de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Serna y a un abogado de lavar dinero de la droga en la Argentina a un nivel tan grande que, según ella, daba para hacer otra temporada de la serie El patrón del mal. El abogado Mateo Corvo Dolcet, representado por su par José Manuel Ubeira, se presentó en Dolores para describir una realidad muy distinta y asombrosa: detalló que entre Bullrich, el falso abogado Marcelo D'Alessio, y la Justicia de Morón, alineada con Cambiemos, armaron un gigantesco show en base a información falsa y manipulada. De hecho, el protagonista central de la historia, el supuesto súper-narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, fue condenado a apenas dos años y cuatro meses de cárcel, pero no por narcotráfico sino por una coima a un funcionario de Migraciones de Estados Unidos. De hecho, Piedrahita está hoy en libertad en Colombia y sin ninguna imputación en su contra. En Dolores, mientras tanto, D'Alessio confesó que fue el proveedor de la información con la que se armó parte del expediente.
Show
En 2017, la ex ministra de Seguridad y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) encabezaron una impactante conferencia de prensa y hablaron del "patrón de los patrones", o sea que la historia, según la funcionaria, daba para "una nueva temporada de la serie, porque los protagonistas eran peores que Escobar Gaviria". En la causa, puesta en marcha por fiscales y jueces alineados con Cambiemos, fueron involucrados después Chicho Serna y la viuda y el hijo del patrón, María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquin.
Lo que sucedió es que, en 2016, la DEA de Estados Unidos incluyó a Piedrahita en una investigación sobre lavado de dinero del narcotráfico, lo que después llevó a la descabellada maniobra de involucrar a Chicho Serna, que obviamente hizo su plata jugando al fútbol y no vendiendo droga. Aún así lo imputaron y procesaron porque el jugador le vendió a Piedrahita sus propiedades en la Argentina, así como dos autos, todo en 2008, ocho años antes de que en Colombia y Estados Unidos sembraran sospechas sobre el colombiano. Serna vendió lo que tenía porque decidió volverse a su país y Piedrahita iba a quedarse a vivir en la Argentina.
En el caso de la viuda y el hijo de Escobar, se los imputó por lavado de dinero a raíz de que en un viaje a Colombia, María Isabel Santos Caballero --que no tenía ni tiene allí ninguna acusación en su contra-- presentó a Piedrahita al abogado Mateo Corvo Dolcet. El colombiano invirtió en un proyecto inmobiliario en Pilar, en el que hubo otros 99 socios, y aportó el 2,5 por ciento de la inversión, y la viuda y la hija del patrón del mal cobraron una comisión, por la que firmaron un recibo oficial. Se trató del 4,5 por ciento de la inversión de Piedrahita, por un total de 100 mil dólares. Todo se hizo también en 2008, cuando Piedrahita no estaba acusado de nada y, por el contrario fue condecorado por el Senado colombiano por su papel de ganadero y exportador. Las transferencias de la inversión se hicieron a través de bancos norteamericanos.
Marketing
En su jugada de marketing de las políticas contra el narcotráfico, el aparato de Cambiemos junto a la Justicia de Morón trataron de sostener la historia del patrón de los patrones. Se quisieron colgar la medalla de que habían logrado desbaratar una megaorganización internacional, superior al Cartel de Medellín. Sostuvieron que Piedrahita firmó una confesión en Estados Unidos, aunque el documento nunca se incluyó en el expediente.
La realidad es que el colombiano fue condenado en Miami a 27 meses de cárcel por sobornar a un agente de Migraciones, Christofer Ciccione, y tras un fallo del juez Robert Scola regresó en libertad a Colombia en noviembre del año pasado. O sea, no se lo condenó por narcotráfico sino por una coima. Y en su confesión sostuvo que sus relaciones con el narcotráfico terminaron en 1993, cuando se tuvo que ir a vivir a Londres tras la muerte de Escobar Gaviria.
Mateo Corvo Dolcet y su abogado José Manuel Ubeira afirman que Piedrahita pinchó el globo de las mentiras de Bullrich diciendo en Estados Unidos que tuvo un vínculo con el narcotráfico en los años 80, que nunca más volvió a tener relación con los cárteles, que se dedicó a la ganadería, que fue condecorado en Colombia por su actividad, que el dinero que invirtió en la Argentina, con apenas el 2 por ciento de un emprendimiento inmobiliario, provino de exportaciones de cuero a Thailandia y China y que todo se cursó por bancos norteamericanos.
Dolores
Corvo Dolcet y Ubeira se presentaron ante el juez Alejo Ramos Padilla a raíz de que en la causa sobre D'Alessio aparecieron audios en que el falso abogado se jacta de haber proporcionado información decisiva, después de supuestos dos años de seguimiento ilegal a Corvo Dolcet. Lo curioso es que esa vigilancia se habría establecido antes de que existiera una acusación contra Piedrahita. Verdad o no, D'Alessio sostiene en audios dirigidos al periodista Rolando Graña que fue él quien le dio la información a la DEA norteamericana y a los fiscales Diego Iglesias y Sebastián Basso.
Ya es conocida la relación entre D'Alessio y Patricia Bullrich, de manera que deberá verse el papel que jugó el falso abogado en el armado de la causa. Por de pronto, Ramos Padilla vio mérito en la acusación contra D'Alessio y aceptó a Corvo Dolcet, representado por Ubeira, como querellante en Dolores.
Fiscales
También Corvo Dolcet y Ubeira apuntan contra los fiscales de la causa --Sebastián Basso ya había sido premiado por Cambiemos con la fiscalía de la AMIA--, en tanto sostuvieron en la acusación que Piedrahita, Corvo Dolcet, Chicho Serna, la viuda y el hijo de Pablo Escobar fueron parte de una organización que, en la Argentina, realizó una operación más grande que la del Patrón del Mal. Sin embargo, los fiscales terminaron viajando a Miami y acordaron con Piedrahita que declarara como arrepentido y pactaron una pena de dos años y seis meses, para lo cual lo bajaron de patrón a integrante de la banda porque, como se sabe, el jefe de una organización no puede ser arrepentido porque tiene que apuntar para arriba.
Es decir que con el capo Piedrahita, que en la conferencia de prensa dijeron que era peor que Pablo Escobar Gaviria, negociaron una pena que no se cumplirá porque se la dieron por cumplida. La Justicia se quedó con el 2,6 por ciento de la inversión en Pilar, que es la parte de sus acciones en el emprendimiento inmobiliario, consistente, en su caso, esencialmente en estacionamientos. El predio lo pidió el intendente de ese municipio, Federico Achaval, y se usa para un centro contra el coronavirus, sin que los imputados se opusieran.
A raíz del papel de los fiscales, Corvo Dolcet y Ubeira se presentaron en el Senado para sumar una denuncia más contra el procurador Eduardo Casal en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público.
Juicio
El final de la historia es que habrá un juicio en la Argentina sobre el caso del patrón de los patrones, con la curiosidad de que la supuesta cabeza de la organización llegó a Bogotá el 6 de noviembre pasado, libre de culpa y cargo, y está en libertad.
El jugador de fútbol que le vendió sus propiedades después de transpirar la camiseta, la viuda y el hijo de Escobar que cobraron una comisión por una operación inmobiliaria o el abogado que encabezó esa inversión, todos estarán en el banquillo de los acusados, pese a que su vínculo y sus negocios se concretaron en 2008, en tiempos en que Piedrahita viajaba por el mundo sin acusación en su contra.
Según sostienen Corvo Dorcet y Ubeira, nada le importó a Bullrich, D'Alessio y la Justicia de Cambiemos, que puso en marcha otra vez su mezcla de servicios de inteligencia, política, jueces, fiscales y medios para armar un enorme show y auto-colgarse la medalla de campeones de la lucha contra el narcotráfico. En Dolores y en la Comisión Bicameral ya investigan la maniobra. Una más de la larga serie que los mismos protagonistas escenificaron entre 2016 y 2019.
El gobernador sigue en silencio mientras las cifras se disparan
La escalada de contagios
de coronavirus en Córdoba
o la fase "sálvese quien
pueda"
Imagen: NA
Desde Córdoba
“Schiaretti es un peronista asintomático”, repite a este diario un veterano analista político. Es el chiste de la cuareterna local. "Tiene la viveza de los peronistas, pero apunta para el otro lado a la hora de los bifes: es pura sonrisa y cordialidad para Alberto (Fernández), y después le mezquina el quórum, le vota en contra. O se sienta a esperar que Fernández pague los costos políticos de las equivocaciones que se puedan estar dando con la pandemia”, analiza.
En ese último punto coincide Amadeo Gonzalo Sabattini, licenciado en Química Biológica y periodista de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. “Es muy posible que así sea. Schiaretti ha estado especulando con que el costo político lo paguen otros. En esta segunda fase (de la pandemia) ha decidido que no va a pagar costos políticos, las aperturas se siguen haciendo y vamos hacia los mil casos por día. Estamos en proceso de disparada y hay que tener presente que en una pandemia primero debe haber una estrategia política y luego una sanitaria. Hace tres semanas que en Córdoba se decidió cambiar el criterio. No te hacen los test sin síntomas. Te obligan a encuarentenarte solo. Y si soy un positivo asintomático, me quedo en casa y no hay test”.
“Hacer silencio es el mejor sistema para salir con menos daños políticos", opina Sabattini. "Él permitió que todo se relaje. Sólo había que controlar siete rutas de acceso, pero no lo hizo. Percibo que eso está decidido: no irritar al conjunto social, mientras se destina un presupuesto en (pautas a) medios de comunicación para que estén condicionados", sigue Sabattini, y advierte sobre el "gran nivel de silencio" que observa en la provincia. "Pasamos de dos semanas sin ningún contagio, a tener 500 por día… Esa es la política de que a los costos lo paguen otros", concluye. El último reporte, del domingo, arrojó 600 contagios en la provincia.
"Vengo bajando una estadística de todos los países y territorios desde hace 180 días. Un barco, por ejemplo, se cuenta como un territorio. Y hay unos 219… Puedo identificar dos políticas: cortar de raíz los contagios como hizo China, con un poder central férreo y disciplina de parte de la población, tácticas que hicieron retroceder al virus. Y la que conocemos acá, donde se aplicó un mix, adoptando medidas de restricción acorde con los tiempos políticos y a los medios de comunicación que apostaron a seguir en disputa, casi de campaña, las decisiones que tomaban las autoridades. Hay una oposición y medios periodísticos que marcan la agenda. Tiran torpedos a la sala de máquinas, a la línea de flotación. Como dijo un colega, “En la Argentina, la derecha nos ha marcado la cuarentena. La fueron marcando ellos con su odio clasista”.
"Dinamitaron cualquier intento de mantener una política sanitaria seria. El esfuerzo impresionante de la población en su conjunto. Para nada pienso que todo esté perdido. Y si bien las proyecciones numéricas dan miedo, la gente en su gran mayoría se termina cuidando. Esos tres primeros meses de logros de la cuarentena han dejado un camino al que se puede volver. Si los números de infectados y muertos van creciendo de forma tan rápida, pienso que pueden replegarse ante el temor o la evidencia. En criollo, por cagazo o por los cajones".
Números en rojo
En Córdoba, de los 241 muertos por covid-19 en lo que va de la pandemia, 114 murieron en lo que va de septiembre. La escalada y aceleración en los contagios y letalidad mantiene preocupados a todos los sectores de la salud, en especial a les profesionales que están en la primera línea de fuego. Hombres y mujeres que tras seis meses de labor a destajo padecen agotamiento, cada vez más contagios y un agobio que por ahora y hasta la llegada de las vacunas aparece sin respiro y con demasiados frentes para soportar. Entre ellos, sus bajos sueldos.
Según dijo a este diario el doctor Oscar Atienza, médico cirujano y magister en Salud, “Lo peor de este tema está a las puertas: aquí las cifras de infectados se duplican cada 14 días. El primero de agosto teníamos 49 muertos y a partir de ahí comenzó un cuesta arriba que creció con las aperturas y flexibilizaciones sociales para el Día del Amigo y la reapertura del transporte urbano el 24 de julio, que terminaron repercutiendo a mitad de agosto. Luego siguieron el Día del Niño, la marcha anticuarentena del 17 de agosto y la apertura de los gimnasios y shoppings”. Además de los grandes centros de venta como Wall-Mart o Disco, que en los últimos días han tenido que cerrar (sólo) "por 24 horas", porque algunos empleados dieron positivo al virus.
-¿Considera que fueron errores en la política sanitaria?
-Sí, claro, eso repercute directamente en la cantidad de infectados y en los muertos. La tasa de letalidad indica que el 2 por ciento de los que se infectan terminan muriendo. Hasta hoy las camas ocupadas que nos informan --ya que el Centro de Operaciones de Emergencia nos dejó de informar sobre los respiradores-- estarían ocupadas por 540 personas internadas. Ese número representa un 40,6 por ciento del total de camas del sector público y privado de la provincia de Córdoba.
"Para los que todavía no quieren ver lo que pasa, les hago una comparación: 30 días atrás, el 15 de agosto, había sólo 82 personas internadas por covid-19 y representaban el 6,17 por ciento de esas camas. En solo un mes pasamos del 6 por ciento al 40 por ciento. De 82 enfermos a 540", compara el profesional, también docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Las proyecciones alarman: "Con todos estos datos y teniendo en cuenta la duplicación de casos que en Córdoba es cada 14 días, podemos estimar que entre el 1 y 5 de octubre tendremos alrededor de 500 muertos y 35 mil infectados en nuestra provincia", calcula.
Atienza coincidió con otro colega, Rodrigo Quiroga. “Yo creo que el Estado, tanto el provincial como el Nacional, va a intervenir para que no lleguemos a esas cifras. Estoy esperanzado en que eso ocurra. La proyección numérica nos dice ¡120 mil muertes en diciembre! Así que creemos, esperamos que reaccionen. Que haya una acción fuerte del Estado como volver a Fase 1, o prohibir las reuniones familiares de todo tipo, en casas, bares, restaurantes en lugares cerrados. Restringir a lo esencial, como se hizo al principio".
"Creo que si eso se hiciera por dos semanas bien bruscas, al estilo de las primeras que conocimos, y si hasta fin de año se sostiene que la administración pública, la justicia, las escuelas, universidades y municipalidades continúen con el teletrabajo, se podría hacer otro pronóstico. Se debe sacar a la gente de la calle para evitar más circulación del virus, hasta que comiencen a llegar las vacunas. No hay otro modo. Con la responsabilidad 'individual', como publicitaron acá en Córdoba, está visto que no alcanza”.
Recae sobre menos del 1 por ciento de los que tributan Bienes Personales
El aporte extraordinario
será de 9300 mega ricos
El gobierno calcula que el aporte extraordinario de las grandes fortunas que se debate en el Congreso va a recaer sobre las 9298 personas físicas de mayor patrimonio declarado en el país. Se trata de menos del 1 por ciento del total de contribuyentes que presentan anualmente la declaración del impuesto a los Bienes Personales. La recaudación total estimada a partir del aporte es de 307 mil millones de pesos, lo cual equivale al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI). Estos datos fueron elaborados por la AFIP y presentados este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El oficialismo espera que el viernes se pueda emitir dictamen favorable.
Los números presentados por el presidente de la Comisión, Carlos Heller, en base a los cálculos de AFIP, muestran en primer lugar el acotado grupo de personas afectadas por el aporte. De las declaraciones presentadas para Bienes Personales relacionadas al año pasado, hay 7438 personas físicas que declararon más de 200 millones de pesos en activos situados tanto en el país como en el exterior. Es decir que esas declaraciones entran sí o sí en el nuevo aporte. Además, hay 1860 personas que a partir de su declaración de 2018 entrarían en el aporte, según estimó la AFIP en base a la valorización promedio de sus activos declarados. Así se forma el número de 9298 personas afectadas por el aporte extraordinario.
Están alcanzadas las personas humanas residentes en el país por la totalidad de sus bienes declarados en el país y en el exterior cuando sean iguales o superiores a los 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. En el caso de los inmuebles, se contempla la valuación fiscal, usualmente muy inferior a la valuación de mercado. Lo no declarado no puede ser medido y por tanto no ingresa en la medición patrimonial para definir el impuesto.
Las 7438 personas que presentaron declaración de Bienes Personales por más de 200 millones de pesos de patrimonio representan menos del 1 por ciento de la totalidad de las personas que pagan Bienes Personales. Sin embargo, explican casi la mitad de los 15,7 billones de pesos de activos que declararon todas las personas involucradas en ese impuesto.
Para la AFIP, el aporte podría recaudar unos 307 mil millones de pesos, lo cual equivale a un 1 por ciento del PIB. El pago promedio por parte de las personas afectadas sería de 33 millones de pesos. No obstante, hay mucha disparidad hacia adentro de las escalas del aporte. La propuesta del oficialismo contempla un esquema progresivo que está planteado de la siguiente manera: los patrimonios de entre 200 y 300 millones de pesos declarados en el país pagarán 4 millones de pesos más el 2 por ciento sobre el excedente de los 200 millones. El segundo escalón, para los patrimonios de entre 300 y 400 millones, es un pago de 6 millones de pesos más el 2,25 por ciento por el excedente sobre los 300 millones. El tercer escalón va de 400 a 600 millones de pesos y exige un pago de 8.250.000 pesos más el 2,5 por ciento por sobre el excedente de los 400 millones. La última escala aplica para los patrimonios superiores a los 3000 millones de pesos, que deben pagar 88.500.000 pesos más una alícuota del 3,5 por ciento por el diferencial que exceda a los 3 mil millones.
Hay 2774 personas que ingresan dentro de la primer escala (de 200 a 300 millones de pesos), con lo cual deberán efectuar un aporte promedio de 6 millones de pesos cada una. En cambio, en la última escala (más de 3 mil millones de pesos) hay 253 personas que deberían pagar 600 millones de pesos cada una en promedio.
Solamente la última escala del aporte (que impacta sobre las 253 personas más ricas del país) permitiría recaudar 153 mil millones de pesos, es decir, la mitad de la recaudación total que se espera que tenga el nuevo aporte extraordinario.
El patrimonio declarado en el exterior tiene una alícuota superior en un 50 por ciento al declarado en el país. Los patrimonios de entre 200 y 300 millones de pesos deberán pagar 3 por ciento por los bienes situados en el exterior; entre 300 y 400 millones de pesos, 3,375 por ciento; entre 400 y 600 millones, 3,75 por ciento. El último escalón, de 3 mil millones de pesos en adelante, afrontará una tasa del 5,25 por ciento.
Sin embargo, las alícuotas superiores por los bienes situados en el exterior se pueden reducir hasta el nivel de las alícuotas que gravan los bienes situados en el país siempre que se repatríen al menos el 30 por ciento de sus tenencias financieras, prevé el proyecto. Esto toma mucha relevancia porque se estima que dentro del grupo de personas que tienen declarados más de 200 millones de pesos, el 40 por ciento de esos activos están en el exterior.
El mensaje del Presidente ante la asamblea general
Alberto Fernández ante la ONU:
un llamado a la cooperación
y la solidaridad para superar
la crisis
El reporte del Ministerio de Salud
Coronavirus en Argentina:
se registraron 429 muertes
y 8.782 nuevos casos en
las últimas 24 horas
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 429 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que se inició la pandemia. El total de víctimas mortales en el país asciende a 13.482. También fueron registrados 8.782 nuevos casos reportados por la cartera que comanda Ginés González García.
Con estos registros, suman 640.147 positivos en el país. Por su parte, del total de contagiados, hay 3.387 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 60,3 por ciento a nivel nacional y en un 65,5 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte completo
📌 Hoy fueron confirmados 8.782 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 640.147 positivos en el país, de los cuales 508.563 son pacientes recuperados y 118.102 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 hs, se notificaron 429 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 13.482. Son 243 hombres y 186 mujeres.
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 18.575 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.765.069 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 38.898,1 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.700 | 371.980
Ciudad de Buenos Aires 678 | 117.952
Catamarca 1 | 192
Chaco 69 | 7.479
Chubut 116 | 2.423
Córdoba 770 | 19.978
Corrientes 61 | 1029
Entre Ríos 85 | 6.291
Formosa 0 | 101
Jujuy 101 | 14.251
La Pampa 18 | 586
La Rioja 350 | 4.100
Mendoza 599 | 19.449
Misiones 0 | 70
Neuquén 211 | 6.223
Río Negro 132 | 10.478
Salta 138 | 9.406
San Juan 18 | 490
San Luis 83 | 781
Santa Cruz 95 | 3.842
Santa Fe 1215 | 27.610
Santiago del Estero 53 | 2.425
Tierra del Fuego 81 | 3.278
Tucumán 208 | 9.733
Fuente:Pagina12
Se postergó hasta el viernes la firma del dictamen del proyecto de aporte solidario
La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputado decidió este lunes aplazar hasta el próximo viernes la firma del dictamen sobre de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, a la espera de la confección del texto definitivo, que es consensuado con la AFIP.
El presidente de la comisión, Carlos Heller (Frente de Todos), anunció al principio de la reunión, en la que el oficialismo iba a avanzar con la firma del dictamen, que se decidió postergar dicha instancia porque se trabaja en la redacción del texto que llegará al recinto, con algunas modificaciones en relación al original. De esta manera, también quedó descartada la posibilidad de llevar el tema al recinto durante esta semana, en un cronograma que originalmente contemplaba hacerlo el miércoles.
Para la reunión de hoy -en realidad, continuidad de la realizada el miércoles último, que pasó a un cuarto intermedio-, el bloque de Juntos por el Cambio había pedido la presencia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Heller informó que la funcionaria no podía participar de la videoconferencia por la que se realiza el trabajo legislativo de esta tarde y a continuación leyó un extenso informe que envió la jefa del organismo recaudador.
Más allá de la postergación de la firma del dictamen, en la jornada de hoy los diputados que integran la comisión continuaron expresando sus posturas en torno al proyecto del Poder Ejecutivo.
Luego de este tema, la comisión abordará el proyecto que propone la prohibición de ayuda económica dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal, iniciativa que cuenta con un amplio consenso entre todas las bancadas.
En definitiva, el informe de la AFIP es el siguiente:
Piden la nulidad de un fallo firmado por el juez Bruglia
La defensa de un sindicalista pidió la nulidad de un fallo firmado por el juez Leopoldo Bruglia porque supuestamente lo suscribió cuando ya había sido publicado el decreto que ponía fin a su participación en la Cámara Federal porteña.
El planteo es el primero contra una decisión adoptada por Bruglia, en este caso junto con el presidente de la Cámara, Martín Irurzun. Se trata de un planteo del sindicalista de la agencia estatal de noticias Télam, Luis “Lucho” Giménez, procesado por supuesto “enriquecimiento ilícito” y en camino al juicio oral y público.
El abogado de Giménez, el penalista José María Vera, planteó “la nulidad de la resolución fechada el día 17 de septiembre de 2020, suscripta por Bruglia, en la que se resolvió no hacer lugar al recurso de casación oportunamente articulado respecto de la sentencia dictada en fecha 3 de septiembre de 2020”.
Se trata de una oposición de la defensa de Giménez a la elevación a juicio oral, en el marco de un expediente instruido por el fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Ramos.
Según señala la presentación, a la que tuvo acceso Tiempo, “por decisión fechada el 16 de septiembre de 2020, no obtuvo el acuerdo del Senado para su designación como juez integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal y fue dejada sin efecto la misma mediante el Decreto 750/2020 publicado en el Boletín Oficial el mismo día que dicha resolución fue suscripta, violando así el derecho constitucional del juez natural y del debido proceso”.
“Al haber emitido su voto cuando ya se había publicado en el Boletín Oficial la Resolución que disponía que debía cesar su intervención en la Cámara Federal y retornar al Tribunal para el que tiene acuerdo otorgado por el Senado, Bruglia, en el caso puntual —donde un juez subrogante ha dispuesto rechazar el recurso de casación contra la resolución que rechazó el recurso de casación—, ha logrado demostrar acabadamente el perjuicio que la actuación cuestionada —debido al cese de su designación— ha generado”.
La defensa de Giménez planteó la violación de la garantía del juez natural y la intervención en el expediente de un magistrado que no estaba habilitado para hacerlo, lo cual viola el principio del debido proceso judicial.
“Lo que sucede es que esta sustitución de la persona del funcionario, al momento de dictarse la providencia, estaba prohibida por la ley lo que transforma en ilegal el fallo pronunciado por la Cámara Federal, condición que se erige como una clara violación al principio del juez natural”, sostiene el escrito.
El abogado Vera pidió, además, que en su planteo se inhiba de intervenir el juez Irurzun, pues fue él quien acompañó el acto jurídico que ahora se cuestiona.
“En atención a las singulares circunstancias traídas a decisión de esta Cámara, en salvaguarda de los derechos de nuestros defendidos, entendemos -y así pedimos- que no concurra en la integración de la Sala el doctor Irurzun”.
La causa contra Giménez se originó en una denuncia de la Oficina Anticorrupción, en tiempos en que estaba al frente Laura Alonso. El procesamiento indicó que las pruebas acumuladas en la investigación eran “suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad exigido para esta instancia que, a partir de su ingreso a la función pública, Luis Omar Giménez incrementó su patrimonio de una manera sustancial que no resulta compatible con su sueldo en el cargo de subgerente".
Fuente:TiempoArgentino
22.09.2020 / ECONOMÍA
Presupuesto 2021: Guzmán expone frente a Diputados
El ministro de Economía se presentará este martes ante la Cámara de Diputados para brindar los principales detalles del Cálculo de Gastos y Recursos 2021. Será a través de videoconferencia, en el plenario de la Comisión de Presupuesto, que presidente el diputado Carlos Heller. El tratamiento demandará al menos un mes de debate.
El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, expondrá el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 ante Diputados. El documento contempla un crecimiento del 5,5% del PBI, un gasto total de más de $ 8 billones y un fuerte aumento de los recursos destinados a las obras de infraestructura.
Será a través del sistema de videoconferencia en el marco de un plenario de la Comisión de Presupuesto, que conduce Carlos Heller. En su exposición, el titular del Palacio de Hacienda detallará los aspectos centrales del proyecto que contempla también un déficit del 4,5%, una inflación del 29% y un dólar en torno a los $ 102,4, para fin del próximo año.
Con la explicación del ministro se abrirá la discusión del primer proyecto de Presupuesto de la gestión del presidente Alberto Fernández, que por primera vez fue diseñado con perspectiva de género ya que se destinarán hacia esas políticas el 15 por ciento de sus recursos previstos para el 2021, mientras que más del 65 por ciento del gasto total se derivará a gastos sociales
El tratamiento demandará al menos un mes de debate, en cuyo transcurso los funcionarios explicarán cada uno de los aspectos centrales, los datos macroeconómicos, los subsidios al transporte, las obras públicas y las relaciones con las provincias.
También se referirá a las previsiones de este año, donde habrá una pronunciada caída de la economía como consecuencia de la pandemia, con una disminución del crecimiento de la economía previsto en 13,6 por ciento del PBI y una inflación del 32 por ciento.
El presupuesto destinará 5,5 billones de pesos a gastos sociales para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de economía social, entre otros, lo que representa el 65 por ciento de los recursos contemplados para el 2021.
En tanto, para la deuda pública se asignarán 660 mil millones de pesos, y más de 400 mil millones para la Administración Pública, y uno de 300 mil millones de pesos a gastos de Seguridad y Defensa.
La iniciativa también contempla que las exportaciones crecerán 10,2% y las importaciones 16,3%, lo que dejará un saldo de balanza comercial superavitario en torno a los US$ 15.087 millones, por debajo de los US$ 17.260 estimados para este año.
El año próximo, el consumo privado aumentará un 5,5%, contra una baja del 13,6% estimada para este año, mientras que el consumo público subirá 2%, frente a la merma del 2,1% del 2020.
En tanto, la inversión, que este año se estima caerá 25,6%, aumentará 18,1% en el próximo, detalla el proyecto de Ley ingresado a la Cámara baja.
El presupuesto contempla además destinar 91 mil millones de pesos al pago de sentencias judiciales por los juicios de retroactivos de jubilaciones, y de 36 mil millones de pesos para los fallos de juicios previsionales del sector de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.
Fuente:PoliticaArgentina
Cabandié: "Todas las
actividades conllevan
grados de contaminación"
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible planteó la dicotomía entre sostenibilidad y fuentes de laburo. "Creemos en el ambientalismo con la gente adentro, si no cortaríamos toda actividad contaminante y dejaríamos a miles sin trabajo", consideró.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, consideró que "todas las actividades conllevan grados de contaminación" respecto a la producción primaria y al desarrollo industrial y su impacto en el medio ambiente.
Junto al presidente Alberto Fernández, anunciaron este lunes el Plan de Políticas Ambientales. “Son una serie de políticas públicas vinculadas a la agenda ambiental que están enmarcadas en el concepto de recuperación. En la pospandemia hay que analizar algunos aspectos esenciales que tienen que ver con la vida. No hay que olvidarse de la justicia ambiental y de componentes vinculados a lo sostenible. Si no lo hiciésemos estaríamos en graves problemas porque los recursos naturales son finitos", explicó.
"La pandemia nos demostró lo nocivos que hemos sido los seres humanos"
"Todas las actividades conllevan grados de contaminación ambiental. Creemos en el ambientalismo con la gente adentro. Si no, cortaríamos toda actividad contaminante y dejaríamos a miles sin trabajo", manifestó acerca de la delicada relación entre fuentes de trabajo y producción contaminante y saqueadora, como ocurre por ejemplo con la minería de la Barrick Gold en San Juan, con Monsanto y la soja en cada vez más territorios nacionales o el fracking que se expande en la Patagonia.
En su cuenta de Twitter, el ministro había considero este lunes que con Fernández están "convencidos de que la agenda ambiental no es un obstáculo para el desarrollo, es parte de la solución" y que por eso lanzaron el Plan junto a provincias, municipios y la sociedad civil para "cuidar nuestra casa común".
En diálogo con el programa Ahora Dicen de radio Futurock, también comentó acerca de un proyecto de Ley que el jefe de Estado envió al Congreso sobre Educación Ambiental para todos los niveles de la escolaridad obligatoria. "Consiste en la incorporación de contenidos ambientales en las currículas. Es una ley que hemos discutido con todas las provincias y el Ministerio de Educación”, detalló.
Fuente:Infonews
Con Vidal, las empresas
eléctricas ganaron hasta casi
un 700%
Mientras las empresas se distribuyeron dividendos por más 300 millones de dólares en apenas tres años, los usuarios recibieron aumentos tarifarios de hasta un 3500%. El descontrol fue un singo de la gestión Cambiemos.
En un demoledor informe, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reveló cómo la gestión de María Eugenia Vidal permitió que las grandes distribuidoras de energía eléctrica que operan en el territorio obtengan ganancias mayores al 600%. Con facturas que reflejaron incrementos mayores al 3000% en apenas tres años y un fuerte plan de desinversión, las compañías ganaron más de U$S 300 millones un lapso muy acotado.
La Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó el análisis de la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) y del cumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. El resultado demostró cómo durante la gestión de los últimos cuatro años, Cambiemos avaló aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados con inversiones por parte de las empresas Eden (norte y centro), Edea (Costa Atlántica y centro), Edes (sur) y Edelap (La Plata y alrededores).
El documento al que pudo acceder El Destape, mostró que durante el período 2016-2019, las Empresas Distribuidoras de Energía aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años. Sin embargo, este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones.
A pesar de que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $ 12.092 millones, no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas, según apuntó el informe oficial. De hecho, en los informes aprobados en ese período sobre el nivel de inversiones, se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados.
El extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro distribuidoras de Energía Eléctrica aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%. La distribución de dividendos entre 2016 y 2019 acumuló un monto final de 309 millones de dólares.
La falta de control fue otro rasgo distintivo que se analizó en el informe. A partir del “abandono” durante los últimos cuatro años que sufrió el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), “no existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente”, señaló el documento. Las cifras hablan por sí solas: sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales.
Falta de inversiones
Eden invirtió montos equivalentes al 70% del compromiso en el primer año, al 38% en 2018 y al 45% en el año 2019. En tanto, Edea no cumplió el compromiso en el primer año (15%), pero lo sobre cumplió en 2018 y 2019 con grados de ejecución del 185% y 189%. Asimismo, Edes es la que evidencia menor cumplimiento del compromiso, con niveles del 34% para 2017, 22% para 2018 y 31% para 2019.
Por su parte, Edelap cumplió el primer año con un 102% de ejecución, y en 2018 y 2019 se ubicó en el 85% y 60% del nivel de ejecución. Si se consideran las distribuidoras en su conjunto y se comparan los compromisos de inversión con la ejecución informada, el porcentaje de cumplimiento de las Inversiones en Recuperación/Catch Up, sería del 65% en 2017 y 61% para 2018 y 2019.
Una particularidad de la RTI de la provincia de Buenos Aires, es la inclusión de este último punto: las llamadas “inversiones de recuperación” o catch up. Las mismas son inversiones que deberían haberse realizado en años anteriores para mantener la red ajustada a la demanda y que, con motivo de la falta de ajustes de tarifas, las empresas no realizaron. Estos montos de catch up son incluidos en la base de capital valorizada, sin depreciar.
Para el cálculo de la cuota de rentabilidad se consideran los montos de catch up pero no se incluyen en la cuota de amortización. Esto implica considerar los montos de inversiones de recuperación, como inversiones ya realizadas, es decir como un adelanto de rentabilidad pre – inversión. Eso quiere decir que los usuarios pagaron en la tarifa desde el año 1 de la RTI la rentabilidad sobre un capital que, en los hechos, todavía no había sido invertido.
Un arreglo incomprensible
En febrero de 2016 se aprobó el recálculo de los cuadros tarifarios para las distribuidoras de energía eléctrica de la Provincia. Los nuevos valores en las tarifas implicaron incrementos superiores al 110% respecto de los cuadros tarifarios vigentes hasta ese entonces.
Los ingresos requeridos determinados en la RTI 2017-2022 para las distribuidoras representaron un incremento anual del valor agregado de distribución (VAD) del 51%, los cuales se aplican sobre el aumento de febrero 2016 de 112%, acumulando un incremento del 220%. El cálculo del requerimiento de ingresos contempló costos de capital y costos de explotación.
En el agregado de las cuatro empresas, el costo de capital representa el 54%, en tanto que los costos operativos alcanzan al 46% de los ingresos a recuperar a través de las tarifas. El costo de capital se distribuye entre rentabilidad (40%) y amortización (14%), permitiendo dimensionar el impacto en el requerimiento de ingresos resultante de aplicar la tasa de rentabilidad del 12,27% anual sobre la base de capital. En tanto que los costos operativos se componen de costos de personal (29%) y otros costos operativos (17%).
En el proceso de la RTI, no solamente la Autoridad de Aplicación (a través del CERTI) realizó sus cálculos de requerimientos de ingresos, sino que las empresas también realizaron presentaciones con cálculos propios. Los montos finalmente reconocidos se ubican entre un 7% y un 17% por debajo de lo solicitado y los ingresos reconocidos representaron un aumento para las empresas del 51% respecto de los ingresos que ya tenían reconocidos en la tarifa 2016, destacándose Edes con un aumento del 78%.
La obsesión de Cambiemos con el dólar
Cuando se fijó el mecanismo de ajuste anual del VAD, en la fórmula polinómica la ponderación del índice de salarios representa el 56%, el IPIM el 24%, el IPC el 12% y el tipo de cambio el 8%. La inclusión del dólar en la fórmula, en un contexto de fuerte devaluación de la moneda, como el año 2018 y 2019, contribuyó a incrementar la fórmula de ajuste.
El VAD configura el importe que las empresas destinan para afrontar los costos que significa construir, operar y mantener la infraestructura de la red eléctrica, es decir: obras, insumos, maquinarias, salarios, entre otros.
En su discurso por la apertura de sesiones ordinarias, Kicillof ya había adelantado lo que se avecina: “Hay algo más de fondo porque lo que se resolvió es revisar los cuadros tarifarios. Yo no lo sabía, tienen un componente en dólares. Sube el dólar y sube la tarifa. Lo voy a decir con sinceridad: no tiene una justificación económica”.
Desde el gobierno bonaerense ya dan por hecho que habrá desdolarización, debido a que la decisión está tomada. Sin embargo, dada la suspensión de aumentos, no se aplicará ninguna fórmula de ajuste nueva aún.
Cabe recordar que en el marco de la Ley de Emergencia Económica y Social, el gobierno bonaerense extendió por 180 días la aplicación de aumentos de tarifas para las distribuidoras de energía eléctrica. De esta manera, no habrá aumentos hasta 2021.
Fuente:ElDestape
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