Guernica: realizan contrapropuesta
al Gobierno para una solución y
mantienen alerta ante el desalojo
vigente
Anred /Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2020.
Foto: coordinación de delegados y delegadas de la toma de Guernica
Delegados y delegadas de la toma de tierras de Guernica informaron que la propuesta gobierno bonaerense fue analizada y rechazada “porque no contempla por lejos las necesidades elementales de tierra para vivir” por las que luchan desde hace más de 100 días. “Mostrando voluntad negociadora y de diálogo, elaboramos una contrapropuesta votada en las asambleas, que permitiría solucionar el conflicto, y que consiste en la entrega de 30 hectáreas o 1400 lotes para que las 1400 familias que fueron censadas esta semana. Además, pidieron una nueva reunión para este lunes, para recibir una respuesta oficial. Acompañaron la presentación con la propuesta conjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que dan fe del censo que se realizó con su presencia en el predio, piden suspender el desalojo de manera definitiva y conformar una comisión de seguimiento o mesa de gestión participativa por un plazo máximo de 180 días en la que el Estado presente un plan integral de respuesta habitacional. Finalmente, mantienen el estado de alerta ante la vigencia del desalojo, lo que consideran “anuncios militares y policiales para una guerra” de parte del gobierno y anuncian que “en caso de despliegue policial en las próximas horas o si el gobierno rompe la mesa de diálogo, llamamos a rodear de solidaridad a la recuperación de tierras de Guernica poniendo en marcha el plan de lucha, con cortes y movilizaciones en todo el país”.
La contrapropuesta fue presentada este sábado en la reunión que mantuvieron con representantes del gobierno de Axel Kicillof, encabezados por el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque. “La propuesta fue analizada por asambleas masivas que se realizaron durante toda la tarde de hoy (por ayer, sábado) en el predio, donde se rechazó porque no contempla por lejos las necesidades elementales de tierra para vivir por las que venimos luchando hace más de 100 días“, informaron en un comunicado, difundido en su perfil de Facebook, desde la coordinación de delegados y delegadas de la toma de tierras de Guernica.
El escrito de la propuesta del gobierno detalla poner a disposición “dispositivos de transición abiertos con una dimensión total aproximada de 6 hectáreas y media situados en el partido de Presidente Perón y destinados al alojamiento transitorio de las familias reubicadas”, proporcionar “dos dispositivos cubiertos para el hospedaje de las personas en situación de especial vulnerabilidad”, y la promesa de que “aportará en un plazo no mayor a los seis meses, como parte del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Habitat, 650 (seiscientos cincuenta) lotes en el Partido de Presidente Perón para los grupos familiares que, informe socio ambiental mediante, evidencien problemas habitacionales estructurales. Se aclara que estos terrenos serán destinados a los grupos familiares de las características aludidas, que según el último relevamiento territorial habitan actualmente la toma y fueron incorporados al censo realizado los días 18 y 19 de septiembre”, detalla la propuesta del gobierno. Finalmente, el texto del gobierno expresa: “se deja constancia que las personas que en el transcurso de las próximas 24 horas no procedan a desalojar voluntariamente el predio en el marco de los acuerdos alcanzados durante le intervención del dispositivo interministerial quedan sujetas a los efectos procesales de las medidas ordenadas en la IPP. 06-02-2138-20 del registro de la Fiscalía descentralizada n° de Presidente Perón, a cargo del Dr. Juan Cruz Condomí Alcorta”.
Si bien la propuesta gubernamental fue rechazada por insuficiente, desde la coordinación de la toma expresaron una contrapropuesta: “mostrando voluntad negociadora y de diálogo, los vecinos y vecinas elaboramos una contrapropuesta votada en las asambleas, que permitiría solucionar el conflicto y que consiste en la entrega de 30 hectáreas o 1400 lotes para que las 1400 familias que fueron censadas esta semana bajo supervisión de organismos de Derechos Humanos puedan tener un lugar donde vivir“, especificaron, y agregaron que ayer mismo en la reunión con los funcionarios que se realizó en Guernica se la presentaron. En la misma línea, remarcaron: “hay aquí una propuesta concreta para evitar la represión que no logrará resolver la grave situación habitacional de miles de familias, y llamamos al Gobierno a que atienda esta propuesta. En la misma reunión el gobierno pidió que pongamos por escrito la nueva propuesta de los vecinos, cosa que se hará en las próximas horas, y los delegados pidieron una nueva reunión para el lunes para recibir una respuesta del gobierno ante este planteo de solución“.
Asimismo, indicaron que acompañaron la contrapropuesta con la propuesta conjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organismos que dan fe del censo que se realizó en el predio con su presencia. La propuesta que las entidades acercaron al gobierno bonaerense detalla: “en función del rol encomendado – a modo de aporte – realizamos las siguientes sugerencias para la continuación del proceso de búsqueda de soluciones y alternativas habitacionales para las familias que se encuentran en el predio. Ello en función de las previsiones de la Resolución nro. 22/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Subsecretaria Social de Tierras Urbanismo y Vivienda, y la Resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, del 17 de abril de 2019,que aprobó el Protocolo de Actuación Judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad. Sugerimos entonces la conformación de una Comisión de Seguimiento o Mesa de GestiónParticipativa por el plazo máximo de 180 días en la que el Estado presente un plan integral derespuesta habitacional“, expresa el escrito conjunto del CELS y el SERPAJ.
Finalmente, destacaron el clima de incertidumbre ante la vigencia de la orden de desalojo y se declaran en estado de alerta ante lo que pueda suceder: “entendemos que hay posibilidades de una salida a los reclamos de los vecinos, pero sin embargo el Gobierno realiza aprestos y anuncios militares y policiales para una guerra, de manera que mantenemos el estado de alerta y en caso de despliegue policial en las próximas horas y/o si el gobierno rompe la mesa de diálogo, llamamos a rodear de solidaridad a la recuperación de tierras de Guernica poniendo en marcha el plan de lucha, con cortes y movilizaciones en todo el país“.
Córdoba. Una patota policial
asesinó a un joven e hirió a dos
más // Denuncia del Movimiento
Campesino cordobés
Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2020.
Desde el Movimiento Campesino de Córdoba y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos Córdoba, repudiamos el accionar violento de la policía de la provincia de Córdoba que terminó asesinando a Joaquín Paredes de 15 años, en la localidad de Paso Viejo en el noroeste provincial.
En la madrugada de este domingo 25 de octubre, un grupo de jóvenes del pueblo se encontraban en la plaza de Paso Viejo, cuando fueron atacados violentamente por un grupo de policía que sin mediar palabra, empezó a disparar llevándose la vida de Joaquín e hiriendo a dos jóvenes más.
Estas no son acciones aisladas, vivimos todos los días en nuestros pueblos y ciudades el hostigamiento y persecución permanente de la policía de Córdoba contra los jóvenes de los sectores populares.
Por eso mismo, creemos necesario dar la discusión urgente de un modelo de seguridad pública basada en valores democráticos, inclusivos y solidarios.
No queremos ni un pibe más asesinado por el gatillo fácil de la policía y no queremos vivir más abuso de la autoridad policial hacia los humildes de nuestro pueblo perseguidos por el solo hecho de ser pobres.
Exigimos reacción inmediata del gobierno de la provincia de Córdoba y solicitamos a las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y de Nación que intervenga en las garantías de justicia y reparación a las víctimas y a todo un pueblo destrozado.
Abrazamos y acompañamos a la familia de Joaquin en estos dificiles momentos.
JUSTICIAPORJOAQUÍN
NIUNPIBEMENOS
¡Violencia Institucional, NUNCA MAS!
__________________
Paso Viejo: «Lo mató la policía. Es otro caso de gatillo fácil»
En este momento se realiza una movilización en la plaza de la localidad del noroeste cordobés tras los disparos efectuados por la policía. Vecinos de la localidad señala que fueron esos disparos los que se llevaron la vida de Joaquín de 15 años. Hay dos jóvenes internados.
El tío de Joaquín explicó que había una barrita de amigos tomando y vino la policía, los corrió a otro lado. Luego fue la policía y empezaron a disparar, señaló.
Joaquín era estudiante del IPEA de Paso Viejo. Susana Reyes, quien fuera su profesora explicó que están convocados en la plaza porque la policía mató a sangre fría a Joaquín Paredes, alumno del IPEA 306 e hirió a dos chicos más que están en el hospital.
«La policía da la vuelta a la plaza y empezaron los balazos. Y se fueron. Los chicos empezaron a decir: ‘le pegaron a Joaquín», señaló una de las vecinas que estaba en la zona.
F
Por el hecho, cinco policías fueron detenidos y pasados a situación pasiva. Fueron imputados por el delito de homicidio calificado agravado por la fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino, a cargo de la investigación
Según las primeras informaciones, efectivos del lugar abrieron fuego contra un grupo de jóvenes menores de edad, quienes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.
Joaquín Paredes, de 15 años
Por el hecho, uno de los jóvenes heridos, identificado como Jorge Navarro, de 18 años, permanece internado en Villa del Soto por dos heridas de bala, una en el maleolo interno del tobillo derecho y la otra en la pantorrilla izquierda.
En tanto, el segundo joven, Braian Villagra, de 15 años, recibe atención médica en el Cruz del Eje por una herida punzante en el brazo derecho y fractura de fémur.
La versión de los vecinos
«La policía pasó y le dijo a los chicos que se fueran, pero el móvil se va y cuando vuelve a pasar empezaron a tirar balas. Ellos comenzaron a gritar que le pegaron un tiro a uno de los chicos», indicó una vecina.
Los chicos gritaban ‘ayuda, ayuda’; los tiros le dieron a otros dos menores más
En esa línea, agregó: «Los chicos no molestaban a nadie, no estaban robando ni haciendo daño. Sí estaban escuchando música y tomando alcohol».
La vecina aseguró, además, que tras la balacera el dispensario no quiso brindar atención médica a los jóvenes que sufrieron el impacto de la balas.
«La enfermera no salió. Ellos le golpeaban los vidrios y lo rompieron por la impotencia de que no los atendían. Las balas no eran de goma; eran de un calibre de 9 mm», sostuvo.
La versión de la Policía
La titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, confirmó que cuatro agentes, un sargento (que protagonizaron los hechos) y el superior de turno fueron pasados a situación pasiva para «garantizar la investigación».
Becerra señaló que el parte indicaba que a las 4 de la mañana los agentes se comisionaron luego de haber recibido un llamado al 101 que indicaba que unas 20 personas causaban disturbios al lado del dispensario.
El relato policial, mentiroso como ocurre en estos casos, aseguró que tras solicitarle a los sujetos que se retiraran del lugar, «la multitud se abalanzó contra los efectivos y arrojan golpes de puño, pedradas y objetos contundentes, por lo que el personal policial, al ser lesionado, repelió dicha acción con disparos de armas de fuego de pistola y escopeta provista».
«Los agresores destruyeron la parte interna de los mobiliarios. Hubo daños a las unidades móviles: intentaron prender fuego al móvil 6254, como así también se puede observar en el dispensario daños en puerta y ventana», reza el comunicado.
Separaron a los uniformados y se busca identificar quién fue el policía que efectuó el disparo que dejó sin vida a Joaquín Paredes.
La respuesta del Gobierno provincial
Desde el Gobierno de la provincia de Córdoba informaron que, por instrucción del gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, se comunicó con el padre del joven, «víctima de los hechos ocurridos esta madrugada».
«Haciéndole llegar el acompañamiento en esta circunstancia, y la plena colaboración de ese ministerio para que la investigación judicial esclarezca en forma total el acontecimiento ocurrido», indicaron.
Informe de Guillermo Panero, Tomás Villagra y Francisco Centeno.
La investigación de la causa está a cargo de la fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino.
__________________________
Cruz del Eje, 25 de Octubre de 2020
Mesa de la Memoria de Cruz del Eje
Desde la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje y las diferentes organizaciones que acompañan, expresamos nuestro ABSOLUTO REPUDIO por el asesinato de Joaquín Paredes en manos de la Policía de la Provincia de Córdoba.
En la madrugada de hoy, en la localidad de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje- Córdoba, miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba, balearon a un grupo de jóvenes- adolescentes que se encontraban reunidos en la plaza del pueblo. El resultado es terrible e inadmisible: el asesinato por la espalda de Joaquín Paredes de 15 años de edad, y otros dos jóvenes heridos.
La recurrencia de estos hechos en nuestra Provincia es, además de doloroso, preocupante; pues deja en evidencia la impunidad con la que las fuerzas de seguridad operan, haciéndolo de manera arbitraria, violando los principios elementales de la democracia y sin ningún tipo de control político ni judicial sobre las mismas, ni de las instituciones que deben llevar adelante la política de seguridad en todo el territorio provincial.
Necesitamos y exigimos como Ciudadanxs, una respuesta efectiva de la Justicia y del poder político para que estos hechos aberrantes no sólo no queden impunes, sino que no vuelvan a ocurrir.
La construcción de la democracia se sostiene con pasos concretos y contundentes que sostengan el valor de la vida como un principio irrenunciable.
Abrazamos y acompañamos fuertemente a la familia de Joaquín Paredes en estos momentos de profundo dolor y exigimos Justicia!!
Adhieren Organizaciones Sociales, Políticas, Sindicales y Ciudadanos particulares
-APDH Argentina
-La Colectiva Cruz del Eje
-SOMOS PUEBLO
-Nuevo Encuentro
-Instituto Pueblo
-La Cámpora- Cruz del Eje
Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2020.
Desde el Movimiento Campesino de Córdoba y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos Córdoba, repudiamos el accionar violento de la policía de la provincia de Córdoba que terminó asesinando a Joaquín Paredes de 15 años, en la localidad de Paso Viejo en el noroeste provincial.
En la madrugada de este domingo 25 de octubre, un grupo de jóvenes del pueblo se encontraban en la plaza de Paso Viejo, cuando fueron atacados violentamente por un grupo de policía que sin mediar palabra, empezó a disparar llevándose la vida de Joaquín e hiriendo a dos jóvenes más.
Estas no son acciones aisladas, vivimos todos los días en nuestros pueblos y ciudades el hostigamiento y persecución permanente de la policía de Córdoba contra los jóvenes de los sectores populares.
Por eso mismo, creemos necesario dar la discusión urgente de un modelo de seguridad pública basada en valores democráticos, inclusivos y solidarios.
No queremos ni un pibe más asesinado por el gatillo fácil de la policía y no queremos vivir más abuso de la autoridad policial hacia los humildes de nuestro pueblo perseguidos por el solo hecho de ser pobres.
Exigimos reacción inmediata del gobierno de la provincia de Córdoba y solicitamos a las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y de Nación que intervenga en las garantías de justicia y reparación a las víctimas y a todo un pueblo destrozado.
Abrazamos y acompañamos a la familia de Joaquin en estos dificiles momentos.
JUSTICIAPORJOAQUÍN
NIUNPIBEMENOS
¡Violencia Institucional, NUNCA MAS!
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Paso Viejo: «Lo mató la policía. Es otro caso de gatillo fácil»
En este momento se realiza una movilización en la plaza de la localidad del noroeste cordobés tras los disparos efectuados por la policía. Vecinos de la localidad señala que fueron esos disparos los que se llevaron la vida de Joaquín de 15 años. Hay dos jóvenes internados.
El tío de Joaquín explicó que había una barrita de amigos tomando y vino la policía, los corrió a otro lado. Luego fue la policía y empezaron a disparar, señaló.
Joaquín era estudiante del IPEA de Paso Viejo. Susana Reyes, quien fuera su profesora explicó que están convocados en la plaza porque la policía mató a sangre fría a Joaquín Paredes, alumno del IPEA 306 e hirió a dos chicos más que están en el hospital.
«La policía da la vuelta a la plaza y empezaron los balazos. Y se fueron. Los chicos empezaron a decir: ‘le pegaron a Joaquín», señaló una de las vecinas que estaba en la zona.
F
Por el hecho, cinco policías fueron detenidos y pasados a situación pasiva. Fueron imputados por el delito de homicidio calificado agravado por la fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino, a cargo de la investigación
Según las primeras informaciones, efectivos del lugar abrieron fuego contra un grupo de jóvenes menores de edad, quienes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.
Joaquín Paredes, de 15 años
Por el hecho, uno de los jóvenes heridos, identificado como Jorge Navarro, de 18 años, permanece internado en Villa del Soto por dos heridas de bala, una en el maleolo interno del tobillo derecho y la otra en la pantorrilla izquierda.
En tanto, el segundo joven, Braian Villagra, de 15 años, recibe atención médica en el Cruz del Eje por una herida punzante en el brazo derecho y fractura de fémur.
La versión de los vecinos
«La policía pasó y le dijo a los chicos que se fueran, pero el móvil se va y cuando vuelve a pasar empezaron a tirar balas. Ellos comenzaron a gritar que le pegaron un tiro a uno de los chicos», indicó una vecina.
Los chicos gritaban ‘ayuda, ayuda’; los tiros le dieron a otros dos menores más
En esa línea, agregó: «Los chicos no molestaban a nadie, no estaban robando ni haciendo daño. Sí estaban escuchando música y tomando alcohol».
La vecina aseguró, además, que tras la balacera el dispensario no quiso brindar atención médica a los jóvenes que sufrieron el impacto de la balas.
«La enfermera no salió. Ellos le golpeaban los vidrios y lo rompieron por la impotencia de que no los atendían. Las balas no eran de goma; eran de un calibre de 9 mm», sostuvo.
La versión de la Policía
La titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, confirmó que cuatro agentes, un sargento (que protagonizaron los hechos) y el superior de turno fueron pasados a situación pasiva para «garantizar la investigación».
Becerra señaló que el parte indicaba que a las 4 de la mañana los agentes se comisionaron luego de haber recibido un llamado al 101 que indicaba que unas 20 personas causaban disturbios al lado del dispensario.
El relato policial, mentiroso como ocurre en estos casos, aseguró que tras solicitarle a los sujetos que se retiraran del lugar, «la multitud se abalanzó contra los efectivos y arrojan golpes de puño, pedradas y objetos contundentes, por lo que el personal policial, al ser lesionado, repelió dicha acción con disparos de armas de fuego de pistola y escopeta provista».
«Los agresores destruyeron la parte interna de los mobiliarios. Hubo daños a las unidades móviles: intentaron prender fuego al móvil 6254, como así también se puede observar en el dispensario daños en puerta y ventana», reza el comunicado.
Separaron a los uniformados y se busca identificar quién fue el policía que efectuó el disparo que dejó sin vida a Joaquín Paredes.
La respuesta del Gobierno provincial
Desde el Gobierno de la provincia de Córdoba informaron que, por instrucción del gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, se comunicó con el padre del joven, «víctima de los hechos ocurridos esta madrugada».
«Haciéndole llegar el acompañamiento en esta circunstancia, y la plena colaboración de ese ministerio para que la investigación judicial esclarezca en forma total el acontecimiento ocurrido», indicaron.
Informe de Guillermo Panero, Tomás Villagra y Francisco Centeno.
La investigación de la causa está a cargo de la fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino.
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Cruz del Eje, 25 de Octubre de 2020
Mesa de la Memoria de Cruz del Eje
Desde la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje y las diferentes organizaciones que acompañan, expresamos nuestro ABSOLUTO REPUDIO por el asesinato de Joaquín Paredes en manos de la Policía de la Provincia de Córdoba.
En la madrugada de hoy, en la localidad de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje- Córdoba, miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba, balearon a un grupo de jóvenes- adolescentes que se encontraban reunidos en la plaza del pueblo. El resultado es terrible e inadmisible: el asesinato por la espalda de Joaquín Paredes de 15 años de edad, y otros dos jóvenes heridos.
La recurrencia de estos hechos en nuestra Provincia es, además de doloroso, preocupante; pues deja en evidencia la impunidad con la que las fuerzas de seguridad operan, haciéndolo de manera arbitraria, violando los principios elementales de la democracia y sin ningún tipo de control político ni judicial sobre las mismas, ni de las instituciones que deben llevar adelante la política de seguridad en todo el territorio provincial.
Necesitamos y exigimos como Ciudadanxs, una respuesta efectiva de la Justicia y del poder político para que estos hechos aberrantes no sólo no queden impunes, sino que no vuelvan a ocurrir.
La construcción de la democracia se sostiene con pasos concretos y contundentes que sostengan el valor de la vida como un principio irrenunciable.
Abrazamos y acompañamos fuertemente a la familia de Joaquín Paredes en estos momentos de profundo dolor y exigimos Justicia!!
Adhieren Organizaciones Sociales, Políticas, Sindicales y Ciudadanos particulares
-APDH Argentina
-La Colectiva Cruz del Eje
-SOMOS PUEBLO
-Nuevo Encuentro
-Instituto Pueblo
-La Cámpora- Cruz del Eje
Fallo histórico: obligan a policías a
capacitarse contra el racismo
Por Lorena Oliva, Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2020.
El militante afrouruguayo Ángel Acosta Martínez recuerda que, en 1982, decidió traerse a vivir a su hermano a la Argentina para terminar con la persecución y las constantes golpizas que el joven recibía en Uruguay por motivos raciales. Por una ironía del destino, José Delfín Acosta Martínez murió en nuestro país en 1996, a los 32 años, víctima de violencia policial impulsada por el racismo. Un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó, 24 años más tarde, que “los agentes de policía actuaron movidos más por un perfil racial, que por una verdadera sospecha de comisión de un ilícito”.
Meses antes de la sentencia, dada a conocer el 14 de este mes, el Estado argentino reconoció la responsabilidad local en la violación de los derechos humanos contra Acosta Martínez, luego de haberla negado durante más de una década. Se trata de la primera resolución en América latina en la que el organismo internacional considera que el origen étnico de una persona fue determinante para que se efectuara su arresto arbitrario y discriminatorio.
La sentencia reconoce la existencia del racismo estructural en nuestro país y, entre las medidas de reparación, obliga al Estado a elaborar un registro de detenciones por causas arbitrarias y discriminatorias. También establece que se debe capacitar a las fuerzas de seguridad sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, así como la sensibilización sobre el impacto negativo que la utilización de perfiles raciales tiene sobre las personas afrodescendientes.
“Hay quienes me dicen ‘hiciste justicia’, pero yo no lo veo así. Se hará justicia cuando estén en la cárcel los asesinos, pero también los cómplices y los encubridores del crimen de mi hermano”, explica Acosta Martínez a LA NACION.
Crimen y encubrimiento
Durante el proceso –llevado primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego remitido a la Corte del organismo internacional– quedó demostrado que, en la madrugada del 5 de abril de 1996, José Delfín Acosta Martínez se encontraba en la entrada del boliche Maluco Beleza, ubicado en el Centro porteño. Allí fue detenido junto a otros ciudadanos afrodescendientes por policías que llegaron al lugar. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría 5ta. en donde, según la versión policial, el hombre de 32 años se habría arrancado la ropa y comenzado a golpearse contra las paredes y una mesa sin que los efectivos pudieran controlarlo, y que murió camino al hospital Ramos Mejía.
“Cuando fui a reconocer el cuerpo, le vi golpes por todos lados. Algunos parecían marcas de bastonazos. Cuando me entregaron sus ropas, la camisa estaba limpia, sin restos de transpiración, y José era de transpirar mucho. Además, me decían que se había arrancado la ropa, y la camisa tenía todos los botones. Estaba lavada. El pantalón tenía marcas de zapatos, en ese momento no lo entendí, pero después caí en la cuenta que eran producto de las patadas que le propinaron. Me dieron sus cadenitas en perfecto estado, pero nunca me entregaron las llaves de la casa”, recuerda Ángel Acosta Martínez.
La abogada de la familia, Myriam Carsen, denuncia que la Justicia local se negó a investigar y a los veinte días cerró la causa. “En el juzgado N° 10 tomaron la versión policial llena de inconsistencias como cierta. El juez la aceptó y rechazó los planteos de la querella. Es un caso en el que se llegaron a fraguar, incluso, los resultados de la autopsia. El comisario salió en conferencia de prensa a hablar de sobredosis de drogas y alcohol cuando todavía no estaban los resultados de las pericias toxicológicas. Cuando la familia traslada el cuerpo a Uruguay para que se le realizara una nueva autopsia, allí figura la existencia de golpes que el Cuerpo Médico no había visto”, explica Carsen, hija de Octavio Carsen, el abogado que llevó adelante la causa casi desde sus inicios, recientemente fallecido.
Acosta Martínez recuerda que, tras la muerte de su hermano, comenzaron las amenazas y el hostigamiento tanto hacia su familia como hacia algunos testigos. “Me atropellaron dos veces, me amenazaron de diferentes maneras. Todo eran palos en la rueda. Me costó seis meses lograr llevar el cuerpo a Uruguay para la nueva autopsia. Pero el cuerpo estaba sin órganos. Sin embargo, los médicos de allá consideraron inverosímil la cantidad de alcohol y drogas que supuestamente mi hermano había ingerido. Si hubiera tenido tal cantidad, hubiera llegado a la comisaría en coma”, explica el hombre, un reconocido militante afrodescendiente, quien agrega que su hermano ni siquiera tomaba alcohol porque estaba bajo tratamiento médico.
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Después de años idas y vueltas judiciales a fines de los noventa, los Acosta Martínez –una de las familias afrodescendientes más antiguas de Uruguay, reconocida por la preservación y difusión del candombe como forma de vida– llevaron el caso de José Delfín ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano en el año 2000. “Durante todo el tiempo que duró el litigio, el Estado argentino, representado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de Cancillería, negó cualquier violación a los derechos humanos. De hecho, el año pasado, cuando el caso llegó a la Corte, el Estado argentino volvió a ratificar su posición. Sin embargo, en una audiencia celebrada en marzo de este año, los mismos organismos, cambio de gobierno mediante, reconocieron la responsabilidad”, explica Carsen.
Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, confirma que el reconocimiento de la responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos no era la postura que el Estado había mantenido durante todos los años anteriores. La funcionaria menciona diferentes razones para tan rotundo cambio de posición.
“El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 reconoce como su columna vertebral la defensa de los derechos. Cuando advertimos que hay violaciones de derechos humanos, nuestro deber como abogados del estado es no litigar y reconocer la responsabilidad. Pero además había un informe de 2015 muy categórico, de la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, que había concluido que en el caso se habían cometido violaciones a los derechos humanos. Se había elaborado en el marco del litigio internacional y tenía hasta pericias que habían determinado que el joven no se murió por sobredosis sino por golpes. No podíamos seguir defendiendo lo indefendible”, menciona la funcionaria.
Una problemática vigente
Pochak considera que quedó probado que la detención estaba basada en sesgos raciales, absolutamente discriminatorios. Y aunque se trata de un hecho ocurrido hace 24 años, cree que da en el centro de una problemática que sigue vigente en el país. “Se trata de un caso paradigmático, sobre todo si ahora uno ve que hay detenciones y violencia policial que se ensaña, por ejemplo, con la colectividad senegalesa. En ese sentido, este fallo puede ayudar a las distintas autoridades del Estado y el Estado es uno solo –nacional, provincial, local– a mejorar”, analiza Pochak.
Por su parte, si bien Acosta Martínez celebra el fallo en lo que hace a la detención ilegal de su hermano, siente que todavía hay mucho por decir sobre el posterior encubrimiento. “Ante la Corte, la posición del Estado estuvo representada todos estos años por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de Cancillería que, sistemáticamente, negaron cualquier delito. Incluso, a sabiendas de la existencia del dictamen de la Procuraduría que decía lo contrario y que, por otra parte, a nosotros nos ocultaron”, denuncia.
En este sentido, el fallo de la Corte IDH hace una observación al respecto: “No deja de llamar la atención que ‘el Estado no haya hecho del conocimiento público, ni del de la Comisión y ni siquiera de la familia’ el contenido del informe técnico realizado por la Procuraduría Especializada contra la Violencia Interinstitucional”, puede leerse en uno de sus pasajes.
En función del mencionado informe y del avance del caso en la Corte IDH, el año último la causa judicial se reabrió en el mismo juzgado. “No tengo el poder para pedir que se cambie de juzgado, pero que se tramite ahí no me da seguridad, me afecta hasta emocionalmente que esté ahí. Y aparte ya sabemos que los jueces pasan, pero los juzgados son como familias, que se cubren entre ellos”, afirma Acosta Martínez.
Si bien hoy cuenta con el respaldo del fallo y el informe técnico de la Procuraduría, el hombre se muestra escéptico ante los posibles alcances del juicio. “A mi hermano no lo mataron por negro sino por defender los derechos de los negros. En el episodio que da origen a su detención, la Policía estaba hostigando a un afrobrasileño y él se involucró para defenderlo. Más de 20 años después, la vida de un negro o de un originario siguen sin valer nada en la Argentina. Si hasta el mismo presidente Fernández dice que los argentinos descienden de los barcos. El racismo está tan instalado que no se dan cuenta”, analiza. Es por eso que Acosta Martínez sueña con un instrumento legal que, a la manera de la Ley Micaela, sensibilice sobre el racismo y la discriminación. “Se podría llamar José Delfín”, concluye.
Trabajadores de la metalúrgica
«GRI Calviño Towers Argentina SA»
denuncian presión policial en la
planta
Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2020
Trabajadores de la metalúrgica «GRI Calviño Towers Argentina SA» tomaron la planta y hay presencia policial en la planta. Ayer se montó un operativo para reprimir a los Trabajadores en la fábrica y sacarlos.
Necesitan visivilizar la situación ante cualquier abuso por parte de la policía en Patagones 551, Bosques, Florencio Varela.
Para entrevista:
Gonzalo: +54 9 11 4141-5254
Fuente: ★ Bs. As. – Florencio Varela 24/10/137 Después de Marx★
Para entrevista:
Gonzalo: +54 9 11 4141-5254
Familiares y organizaciones
feministas exigen la libertad de
Nancy Montiel en Moreno
Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2020.
Ayer mañana, familiares y militantes feministas realizaron una movilización hacia el Juzgado de Garantías N°2 de Moreno, para exigir la libertad de Nancy Montiel acusada de asesinar a José María Palaveccino, a quien Montiel había denunciado por abusar sexualmente de uno de sus hijos. “Nancy no está sola y sus hijxs tampoco. Nosotres le creemos, nosotres sabemos de los juzgados y fiscalías sin respuestas, nosotres armamos redes y nos empoderamos para gritar juntes las injusticias de este sistema al servicio de los que más tienen y por eso no dudamos en organizarnos y luchar para exigir su inmediata libertad”. Por ANRed
Nancy Montiel es una mujer rodriguense, mamá de doce hijos y referente de la olla popular del barrio Raffo. En septiembre del año 2020, luego de escuchar el relato de uno de sus hijos, realizó una denuncia por abuso sexual contra José María Palavecino y su hermano Alejandro Montiel.
A fines de septiembre la fiscalía a cargo de Alejandra Rodríguez, ordenó la detención de Alejandro Montiel en el marco de la causa por abuso sexual e inició la búsqueda de paradero de Palavecino. La policía halló el cuerpo del abusador en un descampado de la zona de General Rodríguez y Nancy Montiel fue inmediatamente detenida.
Hasta el momento Nancy es la única acusada por la fiscalía, sin elementos suficientes para sostener esa acusación. Mientras que la autopsia asegura que Palavecino murió producto de puñaladas con arma blanca, el único elemento secuestrado en el domicilio de Nancy es una pala. También hay diferencias notables en declaraciones de testigos con respecto a la vestimenta que llevaba Palavecino el día de su desaparición. Nancy fue señalada por los medios de comunicación y por los familiares de Palavecino “como inescrupulosa y mala madre”.
“Para una mujer, iniciar una denuncia por abuso sexual ante la justicia clasista, racista y patriarcal es sin dudas el proceso mas difícil y traumático de su vida. Al contrario de lo que se busca instalar en el imaginario colectivo, el calvario de saberse vulnerade física y psíquicamenre crece cuando debemos pisar una oficina del poder judicial en busca de una condena. Solo el 2% de los hechos que se denuncian llegan a juicio, el resto es desestimado y les denunciantes revictimizades” explica un comunicado de la Defensorías de Géneros de Zona Oeste.
Agregaron “una vez más, como lo hicimos saber con Yanina González, las hermanas Jara, Yanina Farías, Higui de Jesús, Paola Córdoba, Milagros Naiareti y una extensa lista, decimos que Nancy no está sola y sus hijxs tampoco. Nosotres le creemos, nosotres sabemos de los juzgados y fiscalías sin respuestas, nosotres armamos redes y nos empoderamos para gritar juntes las injusticias de este sistema al servicio de los que más tienen y por eso no dudamos en organizarnos y luchar para exigir su inmediata libertad”.
Fuente: Anred
Nuestrxs jubiladxs cada día más
indigentes
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2020.
Según la actualización semestral que efectúa la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la CABA, la Canasta Básica de los Adultos Mayores asciende a $ 49.614, “esto significa que los haberes del 70% de los jubilados y pensionados están por debajo de la misma”, afirma un comunicado de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina
Teniendo en cuenta el valor de la Canasta Básica de un Adulto Mayor, con el aumento del 7,5% en septiembre la jubilación mínima apenas llega a los $17.585.- de bolsillo, por lo que solo alcanza para sobrevivir con el 35% de las necesidades básicas. Esto deja en evidencia que los haberes del 70% de los jubilados y pensionados se encuentran por debajo de la misma.
“No admite más dilaciones un aumento de emergencia en todas las categorías, para que ninguna jubilación y pensión sea inferior a la Canasta Básica de un Adulto Mayor”
La Mesa reitera lo que viene planteando ya hace tiempo: “Fondos hay, si se administran como corresponde los existentes en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y previsionales, incrementándolos con las contribuciones patronales disminuidas desde la década menemista; poniendo fin a la ilegalidad del trabajo no registrado, a la desocupación, la subocupación; con la recuperación de los aportes del Estado y los que deben provenir de impuestos especiales a las ganancias de los grandes grupos económicos”.
Junto con esto plantea el no pago de la ilegítima deuda externa y utilizar esa masa de dinero para mejorar la vida de millones de argentinos.
Por último el comunicado reitera la lucha por que la ANSES y el PAMI sean dirigidos y administrados por representantes de trabajadores activos, de jubilados democráticamente elegidos y con la participación del Estado, como está previsto en el proyecto de Nueva Ley Previsional y Ley de Normalización del INSSJYP (PAMI), elaborado por la Mesa.
#AbranLosTeatros: subsistencia y
responsabilidad
Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2020.
Esta semana, el mundo de las artes escénicas (a nivel local y nacional) salió a plagar las redes con una campaña concreta: exigen la apertura de teatros con protocolo, ya. En esta nota, hablamos con Julieta Lazzarino, Gonzalo Marull y Luca Solé para saber por qué es urgente -y factible- la habilitación de las salas.
Esta semana, trabajadorxs del teatro y las artes escénicas de todo el país arrancaron una campaña para exigir la reapertura de las salas, por supuesto, con el protocolo de cuidado que garantice la salud de protagonistas y espectadores. La iniciativa, con el hashtag #AbranLosTeatros, crece en visibilización desde el miércoles y cada vez es más masiva.
“El teatro no entra en ningún circuito económico de prioridades en nuestras sociedades de consumo. Por lo tanto, lxs artistas somos grupos de presión limitados. Creemos que la praxis artística presencial es esencial para la salud espiritual individual y colectiva de la sociedad, y necesitamos legitimar esa condición del arte en nuestra comunidad. Hemos estado en esta situación más de siete meses y todo se ha vuelto muy complicado. Lxs artistas pertenecemos a una clase trabajadora precarizada (lo sabíamos de antes, pero la pandemia lo ha desnudado muy evidentemente)”, dice Gonzalo Marull, en diálogo con La tinta.
Mientras afirma que el teatro enseña la importancia de lo grupal, de lo colectivo, de lo solidario, el dramaturgo sabe que es por eso mismo que sienten estar en un gran brete: “Deseamos fervientemente encontrarnos y practicar nuestro arte, pero no queremos poner en riesgo a las demás personas, por lo tanto, estudiamos minuciosamente cómo hacerlo de la mejor manera”, asegura Marull.
Por su parte, Luca Solé, de la Asociación Teatro La Cochera y técnico en sonido y multimedia en el Teatro Real, afirma que: “Abrir los teatros implica resolver las cuestiones económicas de los teatros justamente. Por supuesto que consideramos y apoyamos, estamos como parte de la comunidad, de la ciudad de Córdoba y del país; comprendemos la problemática. Sin embargo, los teatros cerrados son un gran peligro, porque ya antes de la pandemia era un suplicio sostener una sala independiente de Córdoba. El Instituto Nacional del Teatro es el único organismo que nos ha estado ayudando en la emergencia cultural, a través del Programa Podestá, y ahora salió otra nueva ayuda que es el Podestá Reactivar; y que es para salas de teatro principalmente. También a algunos grupos de teatro se ha aplicado el Podestá que ya es una ayuda menor digamos; nos han comprado funciones que en algún momento nos van a pedir que transmitamos en streaming o se hagan de manera presencial cuando todo esto acabe. En cuanto a nivel provincial y a nivel municipal, nada, no existe ningún tipo de apoyo. Si es que de acá a un año o año y medio se va a terminar la pandemia porque es lo que se estima; los teatros van a empezar a desaparecer. Por eso, es necesario que los teatros abran: para que subsistan”.
El actor y productor teatral informa a La tinta que, en Córdoba, hay 60 salas de teatro independiente y la actividad teatral de la provincia está cubierta por estas salas en un 88 por ciento. En marzo de este año, por la pandemia, se estima que aproximadamente 1000 personas dejaron de trabajar. “¿Qué pasa? Se cierran actividades, pero no se alterna con otras cosas, entonces, queda totalmente parada la actividad. En la ciudad, hace más de 200 días que no estamos en actividad. Pagar un alquiler de $20.000 o $30.000, sin ningún ingreso, es prácticamente la aniquilación del 90% de la actividad teatral de Córdoba”, plantea Solé.
Julieta Lazzarino es comunicadora y directora de la sala de teatro independiente Quinto Deva. “Leída distraídamente y sin contextualizar la actividad, la campaña de apertura de los teatros puede resultar irresponsable en el momento de mayor número de contagios del país. No somos inconscientes, no lo hemos sido nunca en todos estos meses de pandemia. El sector se ha mantenido cauto. Todas las actividades culturales necesitamos pedir apoyo a los Estados para poder sobrevivir estos meses. La actividad vive al día, lxs hacedorxs vivimos al día, no hay resto, por eso, fue y sigue siendo fundamental que los gobiernos tomen medidas comprometidas con el sector. Quienes estamos a cargo de los espacios culturales redactamos protocolos para reabrir parcialmente nuestras actividades, hicimos adecuaciones en las modalidades, invertimos en insumos para el cuidado y estamos dispuestxs a seguir trabajando para generar condiciones respetuosas, para lxs artistas y para el público”, dice la gestora cultural.
Lazzarino es clara: “No somos un sector fuerte, le importamos a muy pocxs y lxs funcionarixs que entienden la actividad son contadxs con los dedos de una mano… y me sobran. Ahora se acerca la temporada de verano y salen a la cancha con más ímpetu quienes tienen riesgos económicos más altos que los independientes. Es entendible. Una temporada perdida no tiene Plan B, el teatro no se puede reinventar como un comercio, no podemos cambiar el rubro para pasar la crisis. Sin dudas, la presión de otros sectores ha logrado mucho más, los gobiernos están funcionando a presión. Por eso es que la campaña puede parecer un tensor más en esta situación crítica. Creo que esa simplificación es producto de no comprender el campo. Los teatros podemos cumplir con protocolos mucho más estrictos que un bar, por ejemplo. Al teatro, la gente puede llegar con tapaboca, higienizarse, permanecer con distancia, ver una obra de tiempo limitado y retirarse sin mayores complicaciones. Menos riesgo que ir al supermercado”, asegura.
Respecto de la campaña, Marull, Solé y Lazzarino afirman que #AbranLosTeatros es sumamente responsable y está estudiada por quienes conocen las dinámicas propias de las salas, así como los roles y funciones de quienes participan.
“Lxs trabajadorxs de la cultura estamos manifestando una necesidad real, la de trabajar fundamentalmente, pero también de alimentar el deseo de lxs que hacemos y consumimos arte. Una necesidad acompañada de una responsabilidad, la de cuidarnos, y un compromiso, que la cultura no desaparezca”, dice Lazzarino.
La campaña, según Marull, es principalmente un llamado de atención. “Estamos aquí, el arte es fundamental para la espiritualidad de las personas, para su resistencia y, por lo tanto, para su salud. Y, a su vez, en el arte también hay personas que la están pasando mal y necesitan trabajar”, aclara Gonzalo.
Solé asegura que la actividad teatral aún no se ha habilitado por una decisión política y que, así como se abrieron los bares donde había mucha gente y sin barbijo, también se podrían abrir los teatros. “Por más que exista el COE que recomienda cosas, son decisiones políticas. Se considera el arte como una actividad no esencial mientras que, a su vez, el arte y el teatro son el reflejo de las comunidades, de los pueblos, de la intimidad que es el ser humano. Entonces, considerar como no esencial eso es no reconocer a toda una comunidad laboral que subsiste justamente a partir del teatro. Lxs teatristas somos muy organizadxs”, concluye.
Fuente: La tinta
La comunidad boliviana festeja el
triunfo contra el fascismo
Resumen Latinoamericano 25 de octubre de 2020.-
Fotografías y texto: Reinaldo Ortega
«En el centro de Buenos Aires, la colectividad Boliviana marchó hasta su embajada, con música y cantando, por haber torcido el brazo al racismo y el odio hacia los pueblos originarios, de la clase dominante que entro con un golpe de estado y generó masacres en Senkata y Sacaba. Ahora es tiempo de justicia para todas las personas asesinadas. Nunca más fascismo en Bolivia y en el mundo».
Situación de varadxs y migrantes
venezolanxs
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2020.
Compartimos este texto que hizo llegar a Red Eco, el historiador, migrante venezolano, activista por los derechos humanos migrantes, Arturo Lev. Los varados y migrantes que desean volver a Venezuela piden ser exonerados de todo gasto y que busquen los mecanismos para que las aerolíneas privadas no se aprovechen y les cobren tarifas que ya han pagado en sus boletos.
Compartimos este texto que nos hizo llegar a Red Eco, el historiador, migrante venezolano, activista por los derechos humanos migrantes, Arturo Lev. Los varados y migrantes que desean volver a Venezuela piden ser exonerados de todo gasto y que busquen los mecanismos para que las aerolíneas privadas no se aprovechen y les cobren tarifas que ya han pagado en sus boletos.
SITUACIÓN DE VARADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN ARGENTINA
Por Arturo Lev *
En Argentina actualmente existen más de 300 turistas venezolanos varados desde marzo de 2020 cuando se decretó la pandemia y por consecuencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio del gobierno argentino.
A ellos/ellas se suman un aproximado de 200 migrantes, también del país caribeño, que llegaron a la Argentina entre enero y marzo de 2020 buscando nuevas condiciones de vida, salud, educación y trabajo. Seguramente la data es más alta, pero muchos han optado por regresar a Venezuela por carretera y caminos ilegales antes de permanecer más tiempo en Argentina sin documento de identidad argentino, sin estar legalizados, sin tener techo ni trabajo estable.
Se han ido conformando en grupos de WhatsApp y por allí interactúan, buscan las maneras de ayudarse mutuamente, de darse contención y de pensar acciones para retornar a Venezuela ante las dificultades que enfrentan en Argentina, sobre todo personas mayores con problemas serios de salud.
Migrar es un derecho universal, pero retornar también, no a todas ni a todos les ha ido de la mejor manera en su proceso migratorio. Cuando se establecen en otros países sufren el racismo y la xenofobia en el país receptor. Además, de que no hay políticas migratorias que contengan a esta población en momentos de excepción.
Por ejemplo, en Argentina trabajadores/as migrantes de la economía popular e informal, y personas en condición de refugiados/as y peticionantes de refugio, han sido excluidos de los planes de contingencia y contención social por parte del gobierno que dirige Alberto Fernández.
Algunos/as no poseen documento nacional de identidad argentino (DNI), solo cuentan con pasaporte o cédula de identidad del país de origen o la “Precaria” (documento previo a la entrega del DNI). Esto lo ocasionó la política regresiva de derechos, aplicada por el gobierno de Mauricio Macri a través del Decreto de Necesidad y Urgencia – DNU 70/2017, que endureció los controles migratorios, modificó la Ley de migraciones y aceleró la expulsión de migrantes.
El gobierno argentino para mitigar la crisis económica y alimentaria de las familias implementó el “Ingreso Familiar de Emergencia – IFE” (Decreto 310/2020) para argentinos y extranjeros que tengan el DNI permanente, es decir dos (2) años de residencia ininterrumpida en territorio argentino, el IFE es una ayuda económica para quien cumpla los requisitos. Por supuesto, los migrantes venezolanos que llegaron este año a Argentina no pueden acceder a tal ayuda, en general, por el mismo problema de que no hay regularización migratoria, muchos/as migrantes de diferentes nacionalidades no pueden acceder al IFE. Ha sido una cuarentena desigual en Argentina.
El ser un migrante o refugiado/a no debe ser impedimento para tener derecho a protección por parte del Estado receptor y en igualdad de condiciones que los nacionales. Así lo hace ver la Ley de Migraciones 25.871 y de la Ley de Refugio 26.165, que aseguran el acceso universal a los derechos con total independencia de la situación migratoria y documentaria de las personas.
Los/as migrantes venezolanos, entre tantos otros, han quedado expuestos a una situación de vulnerabilidad: no tienen ni documentación ni una red de apoyo y contención en Argentina, no tienen trabajo legal o que no sea precario o temporal, y al final no pueden cumplir los requisitos que se exigen para alquilar una vivienda digna, lo cual los/as lleva a buscar opciones de vivienda en los hoteles que son en realidad lugares transitorios que no presentan las condiciones necesarias para que vivan allí las familias, siendo desalojados en muchas ocasiones durante la pandemia.
Con todo este contexto de dolor e indignación, es que los/as migrantes venezolanos han decidido optar por pedir a su embajada en Argentina que los retorne a Venezuela. Aquí se comienza a complicar aún más las cosas. Los espacios aéreos están cerrados, deben usar la herramienta de “vuelos especiales de repatriación humanitaria”, pero el plan del gobierno venezolano “Vuelta a la Patria” es con la aerolínea del Estado venezolano Conviasa que tiene sobre ella medidas coercitivas impuestas por la Oficina de Relaciones de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, unos 40 aviones civiles y comerciales de Conviasa no pueden volar a otros destinos del mundo que tengan convenio con esa oficina o serán sancionados.
Por otro lado, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina siguen tensas, ambos países no tienen embajadores sino ministros consejeros o encargados de negocios. A eso hay que sumarle que en plena cuarentena se le vencieron las credenciales, a inicios del 2020, al cuerpo diplomático venezolano que estaba anteriormente. La llegaba de otra misión diplomática, encabezado por Stella Lugo de Montilla como jefa de la misión junto con la cónsul Katiuska Maestre, fue en diciembre de 2019, pero no tuvo el reconocimiento inmediato del gobierno argentino, es decir, fueron reconocidas con sus credenciales por Cancillería argentina recién en julio y agosto de 2020 respectivamente.
El 19 de agosto fue habilitado un avión de la aerolínea venezolana privada Estelar para repatriar a ciudadanos argentinos y venezolanos con residencia permanente en Argentina que ya tenían boletos adquiridos para regresar a Argentina con anterioridad.
Ese mismo vuelo llevó el 20 de agosto ciudadanos venezolanos repatriados para Venezuela. El día 22 de agosto el presidente Maduro y el canciller Arreaza presentaron ese vuelo como uno de repatriación humanitaria de venezolanos en Argentina.
La embajada venezolana en Argentina y la embajada de Argentina en Venezuela se encargaron de llamar a los afectados/as para coordinar la documentación, pruebas PCR para descartar Covid-19, alojamiento para el aislamiento y para sorpresa de muchos, los pagos en dólares que tenían que realizar para ese viaje que fue notificado a última hora.
Las familias afectadas, tanto en Venezuela como en Argentina debieron pagar las pruebas PCR, pagar el alojamiento y pagar una suma importante en dólares para poder viajar, a pesar de que ya habían pagado su boleto, se les exigió cancelar 740 dólares a la aerolínea Estelar. Muchas familias, tal vez y tenían las condiciones económicas para pagarse el retorno especial pero comercial y nada humanitario, pero otros/as se endeudaron para poder unirse a sus familias nuevamente, los que corrieron peor suerte fueron aquellos/as, la mayoría en todo caso, que no tienen las condiciones económicas y siguen en Argentina esperando la ayuda humanitaria.
Desde ese vuelo las demandas en la embajada de Venezuela se han hecho más continuas, lastimosamente solo los/as que deciden y pueden acercarse son los/as que reciben respuestas del consulado aun cuando la embajada tiene en su cuenta de correo electrónico o en físico, cartas e informes que dan cuenta de la cantidad de ciudadanos venezolanos varados o migrantes que piden ser repatriados/as.
Parece ser que no hay el tiempo o el personal calificado para leer y sistematizar los datos aportados y ya sistematizados sea por los/as propios afectados/as o por organizaciones migrantes en Argentina. Esta manera de trabajar sigue siendo excluyente, pues muchos afectados viven en las afueras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) donde se encuentra la sede de la embajada venezolana. Para viajar de provincia a capital se debe tener permisos y dinero, lo cual son requisitos que no cumplen esos migrantes. Entonces los arreglos de viaje quedan para unos pocos.
Otro vuelo de Estelar ha salido de Venezuela el día 19 de octubre para traer al equipo de fútbol Estudiantes de Mérida para jugar contra Rancing por la copa Libertadores, en ese vuelo también viajaron familiares del personal diplomático. El día 20 el mismo avión regresó a Venezuela con todos los puestos ocupados, 120 personas aproximadamente, entre ellos 17 varados con boleto y otros que no se sabe cuál fue el criterio para subirlos al avión de Estelar, pero en muchos casos no eran discapacitados, ni personas mayores ni niños, no se sabe bien qué grado de vulnerabilidad presentaban ni por qué los priorizaron. Igual que el vuelo de agosto, éste fue presentado como uno humanitario, pero debieron pagar las pruebas PCR, el alojamiento, la tasa aeroportuaria y en algunos casos una diferencia en dólares con respecto al pasaje que tenían algunos.
Definitivamente no son vuelos de carácter humanitario asumidos por el Estado venezolano, son vuelos para unos pocos que tienen las condiciones para pagarse su retorno.
Otro vuelo “humanitario” de Estelar llegará a Argentina el 29 de octubre, no sé sabe si vienen las familias afectadas varadas en Venezuela ni quienes abordaran en Argentina para regresar, las familias siguen separadas y pasando tiempos difíciles de afrontar en un país que no es el suyo y en el cual ya no tienen esperanzas ni contención emocional ni económica.
El retorno debe ser una medida humanitaria en estos tiempos de excepcionalidad planetaria que afecta la salud y sobre todo afecta a los más desposeídos que no tienen acceso a ciertas herramientas para sobrevivir las cuarentenas o aislamientos excluyentes.
En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia, así lo deben hacer los países firmantes del Pacto Mundial sobre Migración y las convenciones internacionales que lo sustentan. Los gobiernos deben garantizar un regreso seguro, digno y voluntario de sus ciudadanos, así como su reincorporación sostenible a la sociedad. Los gobiernos están obligados a recibir a los migrantes y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos. En caso contrario, colocan a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del Covid-19.
Los gobiernos deben disponer de acceso equitativo a la información, a los tests, a los cuidados sanitarios y a la protección social de migrantes y varados. No se puede jugar con el dolor ajeno y la falta de condiciones de muchas y muchos, debe prevalecer la voluntad política y humanitaria de los gobiernos de Venezuela y Argentina para resolver la crisis que enfrentan los que menos tienen.
Ahora bien, la propuesta apunta a que se debe exonerar de todo gasto tanto a los varados como a los migrantes, se deben buscar los mecanismos para que las aerolíneas privadas no se aprovechen de los varados y que no se les siga cobrando tarifas que ya han pagado en sus boletos. La propuesta apunta también a que se revisen con otras aerolíneas, venezolanas y argentinas, para establecer un puente aéreo humanitario entre ambos países en beneficio de las y los varados y migrantes que desean ser retornados a sus países de origen.
Los próximos vuelos deben ser realmente humanitarios para todos por igual. Que no prevalezca la indolencia ni las individualidades ante tal problema.
* Historiador, migrante venezolano, activista por los derechos humanos migrantes, Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados.
Fuente: RedEco
Envio:RL
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