26 de octubre de 2020
Frente al enojo de la oposición y el oficialismo por la dilación
Las razones de la Corte Suprema para no definir la validez de los traslados de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli
Cuando se está por cumplir un mes desde que abrió el per saltum pedido por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli más otro desde que fue presentado, la Corte Suprema sigue sin tomar una decisión sobre la validez de sus nombramientos por el mecanismo de “traslado” con que el gobierno de Mauricio Macri los puso en cargos estratégicos en Comodoro Py. Esta demora, infrecuente en este tipo de recurso, fue subrayada con tono de reproche a lo largo de la semana pasada por los medios afines a la oposición, que ansían la confirmación de los nombramientos a dedo. La dilación, paradójicamente, también genera malestar en el oficialismo del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a las/los jueces/zas, y que está demandado por el trío BBC por haber generado la resolución que puso en jaque sus designaciones. Lo que inquieta allí es el futuro de las vacantes en la Cámara Federal porteña donde, con la salida de Bruglia y Bertuzzi quedaron en total cuatro lugares libres de seis. Ese tribunal hoy es exclusivamente manejado por Martín Irurzun y Mariano Llorens. De lo que decida la Corte, dependerá la suerte del concurso que ya está en la recta final para ocupar al menos dos de esos lugares y la posibilidad de extenderlo a uno o dos cargos más a cubrir entre los aspirantes que ya concursaron.
La Cámara Federal de Comodoro Py, a la que Bruglia y Bertuzzi fueron incorporados en 2018 sin concurso ni acuerdo del Senado, tiene un papel central en la dinámica y el destino de las causas que tramitan en el fuero federal porteño. En ese tribunal se consolidó la llamada “doctrina Irurzun” y fue respaldada la causa "cuadernos" pese al fórum shopping de origen y al desfile de “arrepentidos” cuyos dichos no fueron grabados. Allí se gestaron los esfuerzos fallidos porque Cristina Fernández de Kirchner fuera imputada en la causa de “la ruta del dinero” contra Lázaro Báez. En los últimos tiempos, y con la sola firma de Llorens, la Cámara Federal dio varios pasos en favor de atraer a los juzgados de Retiro la causa sobre espionaje ilegal del gobierno de Cambiemos, como pretende el macrismo. Son sólo algunos ejemplos.
Lo que diga la Corte no sólo será determinante para establecer criterios sobre traslados de jueces/as en general, lo que afectaría a una decena de designaciones, sino que impactará en el futuro de la Cámara Federal. El concurso 412, para dos cargos libres, está avanzado y hay un orden de mérito provisorio. Pero no se sabe qué pasará con los dos los lugares que ocuparon Bruglia y Bertuzzi. ¿Quedarán libres y se abrirá un nuevo concurso o se ampliará el actual? ¿Quedarán ocupados por ellos? Por ahora, por efecto del per saltum supremo, el Consejo tiene prohibido avanzar. Castelli no entra en esta parte de la polémica porque él había pasado de integrar un tribunal oral federal en San Martín a otro en Comodoro Py. Un dato que agrega complejidad es que uno de los jueces que integraba por concurso la Cámara Federal, Eduardo Farah, que había sido trasladado a San Martín, pidió ante el Senado volver. Dijo que había sido presionado por el macrismo cuando concedió la libertad de los dueños del Grupo Indalo.
La Corte Suprema adquirió rituales propios de la pandemia. Excepto la jueza Elena Highton de Nolasco, los supremos concurren a sus despachos en el cuarto piso del Palacio de Justicia y aprovechan para hacer reuniones informales presenciales de dos o de a tres. Nadie confía en los Zoom o videollamadas. El acuerdo formal, entre los cinco integrantes es una vez por semana, por lo general expeditivo. Se hace en forma remota, aunque la mayoría esté bajo el mismo techo. Los jueves suelen firmar sentencias, algo que pueden hacer en forma electrónica. Para el per saltum no está claro que se vayan seguir las costumbres, ya que están habilitados todas las horas y días y en el máximo tribunal consideran que no están fuera de término, que podrían sacar el fallo esta semana aunque no hay certezas. La semana pasada, mientras algunos medios alineados con la oposición decían que los supremos se verían por Zoom a las 11 de la mañana, nada de eso pasaba, según cuentan en el tribunal. Parece haber más interés afuera de la Corte que adentro por apurar el fallo.
Un dato llamativo es que el tribunal acortó los plazos del per saltum y en lugar de cinco días, les dijo 48 horas al Consejo y al Procurador para presentar sus posturas; pero sigue demorando su propia decisión, de la que se cumplirá un mes esta semana. Es común en la actual composición de la Corte, que ante tantos rumores de guerra interna --algo que quedó marcado a fuego después del golpe que desbancó a Lorenzetti de la presidencia corteasana-- al menos intenten fallos que muestren consenso. Al día de hoy, los que no se hablan son Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti. El resto intercambia ideas y da señales de protagonizar un debate interno intenso. El trío Horacio Rosatti- Juan Carlos Maqueda- Lorenzetti (el mismo que firmó las acordadas en 2018 que planteaban un proceso complejo para nombrar jueces/zas con intervención del Consejo, el Ejecutivo y el Senado) busca una posición común aunque por ahora propongan diversas soluciones. Lo que haga Highton es un misterio para el resto, que dice estar esperándola. Rosenkrantz es el único que blanqueó su postura pro trío BBC.
Los cortesanos se toparon en los últimos días con interlocutores erráticos de uno y otro lado. Algunos muestran hermetismo. Otros deslizan buenos resultados para ambos bandos. Excepto desde la presidencia cortesana, hay un mensaje común de no querer afectar a Alberto Fernández ni la gobernabilidad, con un tema que de manera insólita se convirtió en eje de la pelea política. Con todo, hay una amenaza latente de que el fallo en ciernes no le terminaría de gustar a nadie. Está por verse.
En el Consejo prevén distintos escenarios para cubrir las vacantes en la Cámara, según lo que diga la Corte. Hay un orden de mérito provisorio para dos cargos: Diego Amarante, Roberto Bioco, Alejo Ramos Padilla, Federico Feldtmann, Ivana Quinteros, Franciso Posse, Marcelo Martínez de Giorgi. Si el tribunal avala los traslados y dice que son permanentes, los consejeros terminarán el concurso sólo para dos vacantes ya que volverían Bruglia y Bertuzzi. El "problema" con esta variante, es que habilitaría al gobierno a hacer traslados libremente. La Corte podría decir sin más que los traslados de los BBC, o de alguno, son inválidos. Difícil que esto suceda. La salida que se lleva todas las apuestas es la que podría decir que los traslados no son permanentes pero que los BBC o alguno/s de ellos pueden seguir en sus puestos hasta que terminen los concursos. En esta opción o la anterior, el oficialismo del Consejo analiza ampliar el concurso con quienes ya rindieron examen y no abriría uno nuevo. Agregará uno o dos candidatos, dependiendo de lo que pase con Farah, cuya posibilidad de regresar también está sujeta al fallo supremo y/o a lo que diga el Senado. Para designar necesitará nueve votos, dos tercios, que podría conseguir pero no tiene asegurado.
La promesa de instalarse de forma permanente desde el miércoles
Banderazo de Luis Etchevere: le corearon "zurdo" a Juan Grabois y dijeron que Cristina Kirchner les paga a los "vagos"
desde Santa Elena
“¡Esto va a ser un hito, un antes y un después en la defensa de la propiedad privada y de la Constitución! ¡No le tenemos miedo al Estado, no le tenemos miedo a Juan Grabois, no le tenemos miedo a Cristina!”, desafió Luis Miguel Etchevehere sobre el escenario montado en el acoplado de un camión y cubierto del diluvio por un silo bolsa. Debajo, hundiéndose en el barro, unas 700 personas aplaudían y se mojaban bajo una tormenta que les regalaba su mística. El ex ministro de Agricultura tenía los ojos encendidos. Decidido a convertir su pulseada personal con la hermana rebelde en un hecho político nacional, terminó su discurso interactuando con el público: “¿Quién le paga a los 100 vagos que están adentro de nuestra propiedad?” “¡Cristina!”, dijo el coro. Y el juego se repitió tres veces.
No había peor lugar donde montar el escenario, el lodo era una sopa marrón y espesa que amenazaba los tobillos. Pero el camión que lo sostenía es el que bloquea la entrada a Casa Nueva, la estancia de la discordia, y desde allí se avivó la escalada del conflicto sucesorio entre Dolores Etchevehere y el resto de su familia --sus tres hermanos y su madre--. La carta que envió la Mesa de Enlace Nacional, leída por el director de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, fue un fuelle soplando sobre el mismo fuego: advirtió al gobierno nacional sobre la “crisis institucional que significa no liberar la propiedad hasta que se expida la Justicia sobre la cuestión de fondo que es familiar y debería ser un asunto privado”. También hablaba de “anomia” y “posturas difusas sobre la defensa de la propiedad privada”.
“Hoy vinimos por el día pero el miércoles ya nos instalamos con todo, tenemos experiencia y no nos molesta quedarnos hasta que saquen a todos. Estuvimos en Gualeguay acampando meses”, dijo una mujer que prefirió no decir su nombre parada junto a su Hilux adornada con banderas nacionales y de Entre Ríos. La homogeneidad de la concurrencia llamaba la atención. Las tres centenas de camionetas estacionadas junto al kilómetro 11 de la ruta 6 que termina en Santa Elena eran idénticas salvo por el color. Los paraguas auspiciados por diferentes marcas también se lucían. Y el entusiasmo calcado en el grito de “zurdo de mierda” cada vez que se mencionaba a Juan Grabois, cuyo nombre estaba impreso en la única pancarta que lucía el escenario: “Juan Grabois, fuera de Entre Ríos”.
“No estamos acá por los Etchevehere, estamos por la propiedad privada, por la defensa de una empresa”, decía uno de los tantos hombres de boina de fieltro que se humedecieron bajo un cielo casi negro, a veces iluminado por algún rayo. Pero a la lluvia no se la desprecia, al contrario, es “esta bendita lluvia que tanto necesitamos”, como señaló Leonor Barbero Marcial, la madre de los Etchevehere, “la mujer mayor atropellada por el kirchnerismo” según la descripción de Elisa Carrió que la abrazó por Twitter. Ella fue el plato del postre de este acto pasado por agua con un 80 por ciento de asistencia masculina y un 20 de mujeres aguerridas que intentaron más de una vez echar a las cronistas de PáginaI12 aunque siempre había otra que pedía cordura.
“Esta es la tierra de los lanceros que expulsaron al tirano de Rosas y nos salvaron de la dictadura, es la tierra de los criollos que jinetean todos los días, la de los alemanes del Volga…”, dijo la madre, única mujer en el escenario mientras desde abajo le gritaban como un piropo “señora”. Hubo una breve pausa antes de que terminara la descripción de la genealogía entrerriana: “y de los gauchos judíos”, se escuchó al final. De pueblos originarios no hubo mención. Solo reivindicación colonialista y de las migraciones blancas. El racismo es explícito, aunque nadie lo reconozca. “Los negros del conurbano” a los que se quiere echar son así nombrados, extranjeros y amenazantes. Aunque la palabra “foráneos” se usó para señalar a Victoria Donda --interventora del INADI-- y Gabriela “Carpinela” --por Carpineti, directora nacional de Acceso a la Justicia-- que estuvieron en Casa Nueva para horror de los "despojados".
En el casco de la estancia, muy lejos de la tranquera, el domingo fue un día más tranquilo después de que se lograra ingresar alimentos a última hora del sábado. El control de la entrada principal de la estancia sigue en manos de los Etchevehere varones. “La llave la puso y la tiene Las Margaritas S.A. porque no podemos arriesgarnos a que alguien tenga un accidente y nos demande, no tenemos ART para las personas que están adentro. Esto es una empresa y nos manejamos con seguros, tenemos que controlar”, le dijo Luis Miguel Etchevehere a este diario. “Y además --agregó--, acá a la noche somos nosotros cuatro (los hermanos y la madre) y no quiero que nos pase nada.” El ex ministro no toma en cuenta que quien necesitó una orden de restricción de acercamiento es su hermana, quien recibió amenazas directas de enviados de su familia que fueron filmados y viralizados haciendo gala de complicidad con la policía ofreciendo un “salvoconducto para que no les pase nada cuando salgan”.
Como un animador de televisión, Sebastián Etchevehere, a cargo de la cronología de los hechos en el inicio del acto, agradeció a las localidades presentes: Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú, Hernandarias, Paraná, Santa Fe. De Santa Elena, al menos de la gente que se ve en el único bar del pueblo, quienes se reúnen en el balneario, atienden los kioscos o circulan en motos, de esa gente no se vio a nadie en la puerta de Casa Nueva. Y en los relatos que se escuchan en ese pequeño enclave a orillas del Paraná se repite la expropiación a la escuela Agrotécnica y el cierre sin piedad y con indemnizaciones mal pagas del Frigorífico, que sigue clausurado y sus tierras inactivas.
“En este tiempo de pandemia los movimientos sociales tuvimos que atender no sólo las ollas populares y los merenderos. Tuvimos que atender todo: situaciones de calle, violencia de género, adicciones, crisis habitacional. Este es un proyecto que nos abre esperanza, no el único, pero necesitamos proyectos de futuro. Si no discutimos quiénes son los dueños de la tierra, quiénes acceden, qué alimentos consumimos, no se puede seguir”, dice Evelina Kostler, oriunda de Sauce de Luna, a quién apuntaban también desde la tranquera de Casa Nueva quienes asistieron al “banderazo federal”. “Acá hay un productor que tiene 20 hectáreas en Sauce de Luna y tiene miedo de que se las usurpen, por eso está acá”. Evelina, en la otra punta del camino insiste en el problema principal: “El hambre, hay mucho hambre”.
Como cierre del banderazo, la madre de los Etchevehere prometió: “Si alguien les toca una pestaña, les entra a un negocio, les toca un animalito; sepan que vamos a estar ahí como están ustedes para nosotros” y las vivas la arengaron. Sin embargo, acá no hay una usurpación. Lo dijo una resolución judicial que pone una legalidad del lado de quienes sueñan con un proyecto agroecológico en las tierras que les corresponden a Dolores Etchevehere y de las cuales ella decidió donar el 40 por ciento. Pero son los rumores los que siguen echando combustible a los ánimos. “Entraron con palos, picos y palas, violentamente”, dijo al micrófono Sebastián Etchevehere como si estuviera describiendo la turba medieval de las películas de monstruos. Esa es la imagen que se construye sobre quienes ahora resisten dentro de la estancia, “ocupando nuestros baños, nuestros dormitorios, nuestras pertenencias”. Un horror, sobre todo cuando se trata de “negros del conurbano”. O foráneos. O vagos. Otros sin estirpe y sin derecho a la tierra.
El ministerio del Interior desmintió el trascendido de su suspensión
La elección PASO 2021 sí se
hace
Imagen: NA
Luego de que durante el fin de semana circularan varias especulaciones en medios en torno a la posibilidad de que el Gobierno suspendiera las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, aseguró que "se está trabajando bajo el cronograma electoral vigente" y advirtió que cualquier propuesta de modificación o alteración del esquema vigente "debe ser realizada por ley y debatida en el Congreso de la Nación".
Este domingo, varios portales de noticias y diarios impresos comenzaron a levantar la noticia de que el gobierno nacional estaba analizando la posibilidad de suspender las PASO del 2021 debido a la crisis económica y el avance de la pandemia por el coronavirus. Frente a esto, la cartera que conduce Eduardo "Wado" de Pedro salió a calmar las aguas, asegurando que, de momento, se continuaba trabajando "bajo el cronograma electoral vigente". La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior explicó, además, que estaba trabajando articuladamente junto a la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo, y el Ministerio de Salud y Justicia de la Nación "en la evaluación de medidas sanitarias y de prevención para las elecciones nacionales de 2021, en caso de persistir el escenario de pandemia que atraviesan la Argentina y el mundo".
Desde hace más de una década que las PASO apuntan a resolver las internas partidarias a partir del voto popular, aunque algunos años con mayor impacto que otros y no siempre con el apoyo de todos los sectores del arco político. Uno de sus principales detractores fue el mismo Mauricio Macri, quien luego de la derrota espectacular por más de 20 puntos que sufrió frente a Alberto Fernández en el 2019, llegó a echarle la culpa a la misma PASO por la crisis económica que había desatado su propio gobierno. Desde entonces, varias figuras de Juntos Por el Cambio han acusado a las elecciones primarias de no ser más que "una encuesta costosa" que genera "incertidumbre política". A pesar de ello, el artículo 19 de la ley 23.298 sostiene que "todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional". Y así se hace desde que se sancionó la Ley de la Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral en diciembre del 2009.
El fin de semana, sin embargo, comenzó a circular la noticia de que el gobierno nacional estaba analizando la suspensión de las primarias debido al gasto económico que estas representaban y al peligro epidemiológico que supondría movilizar a tanta gente para dos elecciones. Según el Diario Clarín, que luego fue repetido al pie de la letra por varios medios, el Ejecutivo tenía especial interés en ahorrarse los 12 millones de pesos que implicaría llevar a cabo las PASO. Frente a esta conjetura, el primero en salir a negarlo fue el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, quien no solo aseguró que las PASO se realizarían, sino que denunció que lo medios estuvieran esparciendo rumores con el objetivo de "desestabilizar".
"Se está trabajando bajo el cronograma electoral vigente, según prevé la Ley 19.945", aseveró, finalmente, la secretaria Patricia García Blanco, quien también se refirió a las rondas de diálogo que habían realizado con la DINE junto a los apoderados políticos provinciales durante toda la semana. "Es muy importante tener de primera mano las preocupaciones y sugerencias de los actores de quienes recogimos sus impresiones y ratificamos la vigencia del cronograma electoral", insistió Blanco. Por último, y para no dejar lugar a dudas, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior explicó que, de querer suspenderse las PASO, la propuesta debería "ser realizada por ley y debatida en el Congreso de la Nación".
El suboficial neuquino a cargo del arsenal está detenido
El Ejército denunció que en Neuquén faltan proyectiles FAL
El Ejército Argentino realizó una denuncia al descubrir que en las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, ubicado en la ciudad de Neuquén, había un faltante de municiones que, según estiman, sería de más de 28 mil proyectiles de fusil automático (FAL) calibre 7,62 mm. Sin embargo, eso no fue lo único que ocurrió en la sede del ejército neuquino el viernes por la noche: el suboficial que estaba a cargo del arsenal fue citado al regimiento para brindar explicaciones y lo hizo con su camioneta particular cargada con un tipo de explosivos denominado "trotyl" (trinitrotolueno).
Según informaron fuentes del Ejército Argentino, en diálogo con PáginaI12, el suboficial --de quien no brindan su identidad por cuestiones judiciales-- se encuentra detenido. Aún resta determinar si sus acciones formaron parte de un intento de suicidio o de un intento de atentado contra el regimiento. La justicia federal se encuentra investigando los motivos y el paradero de las municiones que faltan.
Según un comunicado oficial que difundió la Secretaría General del Ejército Argentino, "se inició una actuación de justicia militar con motivo de registrarse un presunto faltante de munición", y por tal motivo "se dio intervención al Juez Federal a fin de iniciar el proceso de esclarecimiento del hecho, haciéndose presentes en la unidad junto con el Comandante de la Brigada de Montaña VI y la fiscal de turno". "Tras las medidas tomadas, el Ejército Argentino se encuentra a disposición de las autoridades judiciales a fin de colaborar con una pronta resolución de lo sucedido", agregaron.
La causa está en el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Villanueva, y la fiscal que lleva adelante la investigación es Mariana Querejetaor. En diálogo con este diario, la fiscal afirmó que "debido al estado procesal de la causa y a fin de resguardar la misma, no resulta prudente aportar información".
Sin embargo, algunos medios locales difundieron versiones de lo sucedido la semana pasada. Según pudieron saber por fuentes cercanas a los hechos, todo comenzó el viernes cuando un grupo de militares quiso retirar balas en el polvorín de Zapala, que forma parte de las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, para ir a practicar tiro al polígono de la ciudad neuquina. Ante el pedido, el encargado de realizar la entrega de municiones les informó que no podían retirarlas porque "ya habían sido retiradas demasiadas". Luego, comentaron que desde el Ejército comenzaron a revisar los registros y notaron una falta "importante" de municiones, por lo cual decidieron citar al suboficial encargado del área correspondiente para que brindara información al respecto.
Según indicaron las fuentes locales, el suboficial llegó con su camioneta particular --una Ford Ecoesport color bordó-- el viernes por la noche a la guardia del regimiento y cuando comenzaron a interrogarlo sus superiores, el hombre se descompensó --supuestamente por un problema de hipertensión--. Ante esa situación, sus compañeros le ofrecieron llevarlo al hospital de la ciudad, pero el suboficial insistió reiteradas veces en trasladarse con su camioneta. Al no contar con las condiciones físicas para movilizarse por sus propios medios, finalmente sus pares lo llevaron a una clínica ubicada en el centro neuquino donde permaneció en observación unas horas y finalmente le dieron el alta. Una vez en el hospital, el suboficial reveló que la camioneta en la que había llegado hasta el regimiento estaba llena de explosivos Trotyl en su interior.
Por ese motivo, la justicia federal se hizo presente en el regimiento, junto a la Policía Federal y expertos en explosivos y, al realizar una revisión del vehículo y corroborar los dichos del suboficial, montaron un operativo que duró largas horas de la noche para poder desactivar los el cargamento de trinitrotolueno que, según informaron, no estaba conectado a la batería de la camioneta, como habían dejado trascender algunos medios locales. Otro de los errores de varias de las notas periodísticas publicadas sobre el tema fue que aseguraron que se trataba de un faltante de 25 mil kilos de municiones, cuando en realidad el faltante serían unas 28 mil o 30 mil municiones y no kilos.
Según algunas de las versiones, se estima que se trató de "un robo tipo hormiga, donde el sargento fue retirando las municiones que seguramente las comercializaba principalmente para actividades de caza", pero lo cierto es que la investigación está en manos del Poder Judicial y todavía no brindaron detalles ni datos oficiales de lo sucedido, ni del paradero del arsenal faltante.
Repuntan 9,9 por ciento interanual en el tercer trimestre
Más compras con tarjeta de
débito
La doble crisis, sanitaria y económica, marca nuevas tendencias en el mercado de los medios de pago. Las tarjetas de débito ganan terreno por sobre la hegemonía del crédito y registran casi 10 por ciento más de transacciones en el tercer trimestre del 2020, contra el mismo período del año anterior. El boom del comercio electrónico, el afán de escaparle al efectivo y la bancarización de jubilados y beneficiarios de programas sociales como el IFE fueron algunas de las causas.
Las tarjetas de débito fueron una de las grandes ganadoras de la pandemia. Las transacciones subieron 9,9 por ciento en el tercer trimestre 2020 contra el mismo período de 2019, y 18,7 por ciento contra el segundo trimestre de este año. Antes de la pandemia, en una de las fábricas de impresión de tarjetas, se imprimían 75 por ciento tarjetas de crédito y 25 por ciento de débito. Esa ecuación se invirtió con la cuarentena.
En cuanto a las tarjetas de crédito, el uso creció 12 por ciento en el tercer trimestre contra el segundo de este año, debido a una reacción del consumo ante las mayores aperturas de la cuarentena, en rubros como indumentaria. Sin embargo, en la comparación interanual, las transacciones con crédito caen un 18,4 por ciento en el tercer trimestre 2020 contra 2019, en parte por la caída de compras relacionados al turismo, pero también por el menor consumo ante la recesión.
Los datos surgen del Índice Prisma, un informe realizado por Prisma Medios de Pago, que recopila información de todas sus compañías (LaPos, Gateway, Banelco, PagoMisCuentas y Todo Pago) y lo pondera con datos del mercado, del Banco Central y del Indec.
Bancarización
En julio, agosto y septiembre del año pasado, el volumen de transacciones lo encabezaban las tarjetas de crédito, en un 64 por ciento del total, seguido por débito en un 35,4 por ciento y un mercado marginal de tarjetas prepagas, con 0,6 por ciento. Este año, crédito sigue liderando, pero con un 54,9 por ciento del mercado, y con débito en un 42,3 por ciento. Las tarjetas prepagas alcanzaron el 2,8 por ciento del total, lo que implica un alza del 310,8 por ciento, debido sobre todo a la tarjeta Alimentar.
“El comercio electrónico explica buena parte del crecimiento, así como también las fintech y las miles de cuentas bancarias que se crearon para cobrar programas sociales como el IFE”, explicó a PáginaI12 el economista y consultor Martín Kalos.
Entre las causas que impulsan el uso del débito, se destaca la caída del crédito. La cantidad de tarjetas activas de crédito cayó 5,2 por ciento en el tercer trimestre de este año contra 2019, mientras que en la misma comparación, las de débito crecieron 13,8 por ciento, medidos en transacciones.
“Los bancos comenzaron a recortar la cantidad de tarjetas de crédito o no actualizaron el cupo, porque les dejó de ser un buen negocio”, explicó Kalos. Esto genera alarma entre los analistas: temen que menos opciones de financiamiento le pongan un “techo” a la expectativa de recuperación de la economía a través del consumo.
Planes Ahora
En 2017, el Banco Central acordó con los bancos emisores de tarjetas reducir las comisiones, bajo la promesa de que ganarían por cantidad más que por precio. Con la caída del consumo desde 2018, el esperado repunte de volumen nunca llegó y como consecuencia los bancos recortaron la cantidad de tarjetas.
“Estamos observando familias endeudadas con entidades no financieras y usureras”, describió Kalos. “Me preocupa cómo ese endeudamiento puede incidir en un proceso de recuperación, porque hoy pensar en aumentar el consumo mediante recuperación del salario real o mayor empleo parece más improbable”, agregó el economista.
En la misma línea, el economista y experto en finanzas digitales Ignacio Carballo, agregó: “La caída del consumo con crédito es una mala noticia para las pymes, porque cae el consumo de altos montos, que son las cosas para las que se necesitan cuotas”.
Por el otro lado, las compras en un pago y con planes de cuotas tradicionales ceden ante el crecimiento de los planes subsidiados “Ahora”, que superan su participación respecto a 2019. “En particular, crece la participación de “Ahora 3” y “Ahora 6”, aseguró Julián Ballarino de Prisma Medios de Pago. Las compras con planes de cuotas tradicionales cayeron del 20,9 por ciento del total al 15,4 por ciento este año, mientras que las transacciones con Ahora subieron del 23,1 por ciento al 25,3 por ciento.
El secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, encabezó la reunión
Compromiso del Gobierno nacional con los familiares de Iron Mountain
Carlos Rodríguez
“Hay que investigar lo que el Gobierno de la Ciudad omitió sobre Iron Mountain, porque hubo advertencias de que era el pasto seco donde se iba a prender la llama”. En diálogo con Página/12, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, sostuvo que el gobierno nacional aportará, a través de la Policía Federal, “todo lo que esté a su alcance para la búsqueda de verdad y justicia” sobre las responsabilidades institucionales en el incendio y derrumbe de los galpones de la empresa Iron Mountain, en 2014, cuando murieron diez personas.
El compromiso fue asumido en una reunión virtual realizada el jueves con familiares de las víctimas. Fue el segundo encuentro, ya que en enero se habían reunido con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. En esta ocasión, se analizaron las posibilidades que se abren ahora, ya que a fines de septiembre, la Cámara de Casación les restituyó a las familias el rol de querellantes en el juicio oral que se realizaría el año próximo y en el que hay 17 imputados.
La reunión contó con la participación, además de Fuks, del jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, y el titular de la Superintendencia Federal de Bomberos, Alejandro Carella, además de los legisladores del Frente de Todos Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés. De la reunión participaron familiares de los bomberos y rescatistas que murieron en el derrumbe.
Fuks recordó que los familiares expresaron, en las dos reuniones, “el sentimiento de abandono por parte del gobierno anterior”, tanto de las autoridades porteñas encabezadas por Horacio Rodríguez Larreta como del ex presidente Mauricio Macri. .
En el derrumbe murieron trabajadores de Protección Civil de la Ciudad, bomberos voluntarios y de la Policía Federal. Los familiares le expresaron a este diario que “nunca tuvieron ningún acompañamiento” durante el gobierno de Cambiemos, al punto que la Policía Federal nunca hizo un acto en conjunto con los familiares para recordar a las víctimas de la tragedia del 5 de febrero de 2014.
Fuks comentó que en el caso de las víctimas que eran bomberos de la Federal hubo “cosas tremendas” como cuando fue a la Legislatura el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, quien era director de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad cuando ocurrió el incendio. Gómez Centurión, que no está procesado en la causa, aseguró que lo sucedido se debió a “problemas en la conducción del operativo”, que estuvo a cargo del comisario inspector Leonardo Arturo Day, una de las víctimas fatales.
Cuando sucedió el hecho, no había sido creada todavía la policía de la Ciudad, de manera que el gobierno porteño le echó toda la responsabilidad a la Federal. “Por esas razones –dijo Fuks— el gobierno de la Ciudad fue ocultando lo relacionado con los familiares, señalando que todo se debía a un mal control de la Policía Federal”,
Fuks, sobre la base del fallo en el cual se dictó el procesamiento de 17 personas, muchos de ellos funcionarios de la Ciudad, señaló que “está más que comprobado, sobre todo por los peritajes, que obviamente hubo omisión de las normativas que tenían que seguirse, de manera independiente de quien fue el que prendió el fuego”, que la justicia confirmó que fue intencional.
Una de las falencias más notorias es la falta del certificado de habilitación del depósito de Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas y el hecho de que no se tomara en cuenta, por parte de las autoridades de control de la Ciudad, de al menos cinco advertencias que se habían presentado sobre las irregularidades que hacían prever la posibilidad de una tragedia semejante.
Fuks consideró que es “muy importante” el fallo de Casación que le restituyó a los familiares la condición de querellantes, con vistas al juicio oral. El funcionario dijo que la reunión con los familiares “tuvo el valor del respaldo del gobierno nacional que está dispuesto a aportar todo lo que esté en su poder en materia de información sobre lo relacionado con el control y la administración”.
Aclaró que no podía señalar datos concretos porque “hay que esperar qué es lo que demande la justicia”. Precisó que “no se trata de algo que se hace en contra de Rodríguez Larreta, porque en mi caso, como legislador de la Ciudad (en 2014), estoy en esto desde el primer día y los familiares vienen planteando todo esto desde el primer día”. Uno de los puntos en los que hay coincidencia entre gobierno y familiares, es el cuestionamiento a que nunca se haya citado a prestar declaración a Gómez Centurión, cuando era la máxima autoridad de control de la Ciudad en febrero de 2014.
Fuks afirmó que “lo que se viene ahora, es investigar a fondo todo lo que la Ciudad ha venido omitiendo en todos estos años, que es de dónde vienen las fallas, porque los peritajes y los fallos de la justicia están corroborando que hubo una responsabilidad de la administración de la CABA que debe determinarse porque había una cantidad de advertencias previas de que ese depósito, en esas condiciones, era el pasto seco donde se iba aprender la llama”.
SALTA
Declararon la emergencia agropecuaria pero los campesinos siguen a la espera
Los animales mueren de hambre y no llegan las lluvias ni la ayuda
La Comisión de Emergencia Agropecuaria provincial elevó el 30 de septiembre el pedido de que se declarara la situación de emergencia en el campo, dado que se registró la mitad de las lluvias que suele haber en parte del departamento General San Martín y todo Rivadavia. Más de 20 días tuvieron que pasar para que el gobernador Gustavo Sáenz pusiera la firma al decreto de declaración. “Y nos dicen que si llega algo, recién va a llegar en noviembre”, contó a Salta/12 la referente campesina de la Asociación Unidad y Progreso, de la ruta nacional 81, Lucía Ruiz. Los reclamos de las comunidades campesinas vienen desde principios de año, dado que, como reconoce el informe oficial, la sequía viene de arrastre y es quizás una de las peores en cuatro décadas.
La secretaria de Asuntos Agrarios del gobierno provincial, Milagros Patrón Costas, dijo a este medio que desde la oficialización de la emergencia los afectados “tienen 20 días para presentar la declaración jurada”. Aseguró que acompañarán a los pequeños productores a hacer el trámite, además de evaluar que los datos sean verídicos. “Siempre lo que intentamos es que no tengan que corregir”, agregó. Por ahora “estamos comprando algo de forraje de maíz para poder distribuir, pero voy a pedir la declaración de emergencia a nivel nacional”, afirmó la funcionaria. La posibilidad ya fue expuesta ante el Consejo Federal Agropecuario que encabeza el Ministerio de Agricultura de la Nación. Ello con el fin de conseguir “que las respuestas sean más estructurales”, dijo.
La gestión más urgente tiene que ver con el maíz. Patrón Costas aseguró que buscan reunir entre 20 y 30 equipos “con 30 toneladas cada uno”.
“La situación es crítica”
Ruiz, pequeña productora de Coronel Juan Solá (conocido como Morillo, municipio de Rivadavia), sostuvo que si bien desde hace una semana se pronostican lluvias, “cayeron dos o tres gotas que no llegan a mojar el suelo”. “La situación es crítica. Y la preocupación nuestra es la misma en todos los parajes. Agua mal que mal podemos conseguir y paliar la situación. El problema es que los animales no tiene qué comer”, declaró. El problema es que no crecen las pasturas. “Me puse a buscar alfa para comprar. Pero por más que quieras, no hay en la zona”, agregó. La consecuencia es que van perdiendo vacas. Esta es la época en que generalmente se producen las pariciones, pero al haber cursado la preñez sin la suficiente alimentación, el ternero nace débil y muere, “y la vaca está muy apegada a la cría y se muere también”, contó la criadora.
Patrón Costas destacó que hubo un remate en la zona para que los productores se puedan desprender de los terneros, dado que pierden económicamente si los crían hasta adultos. “Sí, es cierto, pero en la zona se hizo el remate virtual y se lo dejó a cargo de la Municipalidad. Ninguno de los pequeños productores se enteró, solo los medianos productores pudieron vender”, sostuvo Ruiz.
Fuente:Pagina12
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