01 de octubre de 2020
Uno por uno
Los anuncios de Guzmán sobre el dólar, la producción y las exportaciones
El Gobierno cristalizó en un anuncio las negociaciones que ya venía teniendo con sectores empresarios para conseguir reforzar las reservas del Banco Central con dólares y, a la vez, generar estímulos en sectores estratégicos que empujen una economía crítica por la pandemia.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio a conocer en Casa Rosada baja de retenciones para el campo, la industria y sectores mineros, a lo que sumó un plan financiero de ahorro en pesos. En paralelo, avisó que discutirán con la agroindustria un proyecto de ley para fomentar la exportación de alimentos con valor agregado, una fuente que podría generar divisas de manera consistente.
Acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Luis Basterra; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el ministro explicó que “estos anuncios tienen que ver con la hoja de ruta que hemos venido marcando para propiciar la recuperación económica de nuestro país”. Y agregó que las iniciativas buscan “promover sectores clave para el desarrollo de bienes exportables y promover el mercado interno, en particular promover la construcción, que es un sector que va a jugar un rol clave en la recuperación económica”.
Lo acompañó buena parte del establishment con peso específico, los que se han sentado a negociar y hacer aportes con la mesa chica del Frente de Todos, como directivos de la Unión Industrial (UIA), Cámara de la Construcción (CAMARCO), Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Cámara de Empresas de Minera (CAEM).
Guzmán dividió la explicación por áreas. En lo que respecta al plano financiero y la búsqueda de ahorro e inversión en moneda local, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que el martes “estaremos licitando una herramienta -un bono- en pesos, atado a la variación del dólar”. Y adelantó que el BCRA “presentará una tasa que será referencia de todos los sectores”, a la vez que destacó que los rendimientos de los depósitos a plazo fijo “serán positivos” respecto a la inflación.
Campo y agroindustria
Lo más jugoso y esperado fue el capítulo de retenciones e incentivos al agro, una carta que el Gobierno juega, sobre todo, para que los productores de soja suelten el grano y los exportadores lo vendan al exterior, logrando el ingreso de entre 7000 y 10.000 millones de dólares que no están vendidos o bien no tienen precio fijado.
Así, para impulsar las exportaciones habrá "una compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas que implicarán una inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector". En paralelo, “se reducen hasta fin de año las alícuotas para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados".
Puesto en números, los derechos de exportación de la soja se reducirán de 33 por ciento a 30 en octubre, para luego aumentar paulatinamente en noviembre (31,5), diciembre (32) y regresar al 33 por ciento en enero. Más allá de quejas de la Mesa de Enlace, esta medida era uno de los pedidos del campo y también favorece a la agroindustria. El ruido para el sector está, más que nada, en lo temporal de la medida.
Incentivo a fábricas, mineras y construcción
Guzmán dijo que se reducirán "los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0 por ciento y de los insumos elaborados industriales al 3 por ciento". En el caso automotriz, la baja al 0 por ciento de bienes finales “es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur". Y agregó que “además subimos el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: subimos los bienes finales industriales a 7 por ciento y de los insumos elaborados industriales a 5 por ciento".
La minería, sector estratégico y de inversión intensivo, tendrá la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8 por ciento para los derechos de exportación de los metales. Sobre el sector de la construcción, al que calificó de "central para la recuperación de la economía", Guzmán anunció que el Gobierno enviará al Congreso dos proyectos de Ley: Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos, y exención durante tres años del pago de Bienes Personales sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones.
Además, se diferirá el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra. En paralelo, el ministro anunció la creación de Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario. Y se crearáun fondo que será autosustentable, que se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito.
Las medidas, una por una
Sector financiero
✅El ministro planteó la necesidad de que el sistema financiero canalice los ahorros privados hacia la inversión productiva. En ese sentido, anticipó diversas medidas en las que su ministerio avanzará por ese camino junto al Banco Central.
✅Anunció que la Secretaría de Finanzas licitará la semana próxima un bono en pesos atado a la cotización del dólar, lo que en en el mercado se conoce como "dólar link". "Afirmamos la política de mantener el tipo de cambio real y rendimientos positivos en pesos", aseguró.
✅Se enviará al Congreso un proyecto de ley que desgrabará de Bienes Personales a los activos financieros en pesos para generar "una situación más virtuosa para el financiamiento de inversiones productivas".
📌Medidas vinculadas al sector agroindustrial
✅ Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas: Inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector.
✅ Esquema de derechos de exportación para el complejo sojero: se reducen las alícuotas de forma transitoria hasta fin de año, tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados. La baja será de 3 puntos el primer mes, 1,5 el segundo y 1 el tercero, lo que favorece el ingreso temprano.
📌 Medidas vinculadas al sector industrial
Se modifica el esquema de derechos y reintegros a la exportación con una mirada estratégica para:
✔️Incentivar la producción con alto valor agregado.
✔️Fomentar la industria argentina y el empleo de calidad.
✔️Diversificar y complejizar la canasta exportadora.
✔️Baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%. En el caso de automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur.
✔️Se sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: suben los de bienes finales industriales a 7% y los de los insumos elaborados industriales a 5%.
📌 Medidas vinculadas al sector minero
✅Reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales.
📌 Medidas vinculadas a la industria de la construcción
Se presentan dos proyectos de Ley:
✅Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos.
✔️Bienes Personales: Exención durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones.
✔️Impuesto a las Ganancias: Se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra.
✅Creación del Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario.
✔️Financiamiento: El fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito.
✔️El fondo será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos.
📌 Lanzamiento de planes exportadores y generar ahorro de divisas
Para sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de sustituir importaciones que permita ahorrar divisas y generar empleo. Entre los sectores se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica.
📌 Parámetros alcanzados por la segmentación
1️⃣ Productores inscriptos en el SISA que hayan facturado por todo concepto en el año calendario 2019 hasta la suma de $ 20.000.000,00
2️⃣ Se dividió a las zonas en dos:
✔️ Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
✔️ Extra pampeana: Resto del país donde se produce soja.
3️⃣ Se dividió a los productores en base a la cantidad de hectáreas sembradas o informadas al SISA, a saber:
✅ Desde 0 hasta 100 has.
✅ Desde 101 hasta 200 has.
✅ Desde 201 hasta 300 has.
✅ Desde 301 hasta 400 has.
5️⃣ Recursos a distribuir en pesos $12.000.000.000,00
6️⃣ Precio Soja ▶️ 315 u$/ton
7️⃣ Valor u$ ▶️ 70 $/u$
8️⃣ Cantidad de Productores a compensar ▶️ 41.293
9️⃣ Cantidad estimadas de tn a compensar ▶️ 10.000.000,00
🔟 Tope a pagar tn por ha sembrada EP ▶️ 2,5
1️⃣1️⃣ Tope a pagar tn por ha sembrada P ▶️ 2,9
Los empresarios que participaron en la discusión de las medidas.
Mesa de Enlace vs. Consejo Agroindustrial, la grieta del
campo quedó expuesta en
la Rosada
Imagen: NA
“Estamos todos en el mismo barco”, dijo el ministro Martín Guzmán extendiendo los brazos hacia sus costados, donde se sentó una parte nada despreciable del establishment. Una postal que incluyó a industriales, constructores, empresarios mineros y exportadores de cereales. Todos sectores que ya venían trabajando con el Gobierno Nacional en diferentes frentes para sacar medidas de fomento a sus actividades.
El único ausente, el campo de producción primaria que representa la Mesa de Enlace, que se mostró en queja por un paquete de medidas que creen no los favorecen, aun cuando se reducen las retenciones facilitando la venta futura de productores. Ese faltazo expuso aún más la grieta que se abrió entre la Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entre un campo belicoso y otro negociador.
Visto en términos políticos, la foto del anuncio plantea dos ejes: el primero, que el Gobierno considera que hay que repensar el modelo rural para transformarlo en una industria que exporte valor agregado en lugar de granos; el segundo, que el Ejecutivo que conduce Alberto Fernández está abierto a esquemas de trabajo público-privado con aquellos sectores que, con habilidad, se dieron cuenta que la mejor forma de conseguir incentivos sectoriales es haciendo política y sentándose en la mesa chica del Frente de Todos con propuestas.
Entre los empresarios que se subieron al barco aparecieron Miguel Acevedo (UIA), José Martins (Bolsa de Cereales y CAA); Miguel Rodríguez (UIA-Sinteplast); Gustavo Idigoras (CIARA CEC y CAA), Iván Szcech (Cámara de la Construcción); David Uriburu (UIA-Techint); y Alberto Carlocchia y Eugenia Sampalione, presidente y vice de la Cámara de Empresas Mineras (CAEM).
En la previa al anuncio, los funcionarios les adelantaron las medidas en una charla en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada, en algunos casos, no es todo lo que habían pedido, como el caso de la construcción, pero fueron bien recibidos los puntos explicados.
Los que más ganaron en el reparto fueron los del Consejo Agroindustrial. En tiempo récord, se reunieron con Cristina Fernández de Kirchner, con el Presidente, con el titular de Diputados, Sergio Massa, y colaron con anuencia oficial un proyecto de Ley al que el Gobierno se abraza fuerte: incentivar la exportación de alimentos con valor agregado para que esa sea una boca nueva de acceso de dólares, la única con potencial propio más allá del crudo de Vaca Muerta.
Esa norma es un juego conveniente para ambos cuando las reservas del Banco Central precisan refuerzo. Así, el ministro Guzmán les cumplió otro deseo. Los convocó a dialogar de esa norma el próximo 14 de octubre, luego de que el texto consiguiera el visto bueno de Fernández y CFK. El caso de los mineros, por su parte, responde a contener y dar marco de calma a un sector que invierte fuerte y también deja divisas, como el de la energía.
Parte de la reacción defensiva del campo primario, los productores de la Mesa de Enlace, es una respuesta no solo al avance del CAA sino a la visión conjunta de salir de la primarización. En el paquete de medidas hay una baja en las retenciones a la soja que, aunque temporal, pasa a 30 por ciento. No favorece al que ya vendió, pero sí a los que aún lo harán de acá a fin de año. Naturalmente, le genera un beneficio a la agroindustria, que ya descontó el 33 a productores y venderá al 30. Pero el pedido del ruralismo siempre fue bajar retenciones.
Ese segmento del campo parece seguir en pie de guerra. Cerca del mediodía, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, llamó por teléfono al titular de Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, que se negó a asistir. Justo después del anuncio, Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, se quejó de las medidas en Twitter. Los otros dos dirigentes de la Mesa de Enlace, Jorge Chemes de CRA y Carlos Achettoni, de Federación Agraria, se excusaron por estar en el Interior, pero tampoco apoyan la medida. Lo de FAA es curioso, porque según consignó el ministro de Agricultura, Luis Basterra, casi cuatro de cada diez productores recibirán beneficios no solo por retenciones sino estímulos a pequeños y cooperativas. Por último, consultado por la ausencia de Pelegrina en el acto, prefirió no especular y aseguró que el diálogo con esos sectores está abierto.
Cómo se cocinaron las medidas, las conversaciones reservadas y los contactos con
empresarios
El back stage de los anuncios
de Guzmán
El sábado hubo una reunión en Olivos donde quedaron definidos los grandes rasgos y el miércoles a la noche el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y su segunda Cecilia Todesca y el ministro de Economía Martín Guzmán terminaron de pulir el detalle de los anuncios en la Casa Rosada. "Apuntamos, por demanda, a priorizar la producción y, por oferta, generar más dólares genuinos", explicaba uno de los funcionarios que participaron de la elaboración de las medidas que, aseguraban, venían charlando con los sectores involucrados aún desde antes de que se conocieran las disposiciones que endurecieron los controles sobre el dólar. Por eso valoraban especialmente la participación de las cámaras empresariales que estuvieron ayer en la Casa Rosada y sus declaraciones en el Patio de las Palmeras acerca de que consideraban los anuncios como un buen principio.
Fernández participó activamente del diseño de las medidas. También en esa charla del fin de semana estuvieron el ministro de la Producción, Matías Kulfas, el de Agricultura, Luis Basterra, el canciller Felipe Solá, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. En el Gobierno explicaban que estas medidas eran un nuevo paso en el objetivo fijado de dejar atrás la crisis de la pandemia -que quieren que quede circunscripta a lo sanitario- y volver a apuntar a los objetivos originales de diciembre pasado, en cuanto a priorizar todo lo que sea trabajo y producción.
Cerca del ministro Guzmán reconocían que en este caso había tenido una participación más activa en el diseño de las medidas que cuando se anunciaron las restricciones para el dólar, que se sabe que era un paso al que se resistía. "Centralizó y coordinó los anuncios hasta último momento", destacaban anoche en Economía. Incluso, con el comunicado que emitió en paralelo el Banco Central, pese a que se sabe que mantiene algunas diferencias de criterios con su presidente, Miguel Pesce.
Cuando fue lo del dólar, nadie quedó muy conforme con la manera en que se había anunciado, con conferencias de prensa separadas que no dieron la idea de la unidad de objetivos que se pretendía exhibir. Ayer, el panorama que ofreció el Salón de las Mujeres fue bien diferente con Guzmán rodeado del gabinete económico y los representantes de las Cámaras. Incluso, previo al acto público, hubo un encuentro encabezado por Cafiero donde le anticiparon a los empresarios lo que se anunciaría a continuación. Después, el jefe de Gabinete prefirió dejar su lugar para acentuar el carácter económico y productivo de la presentación.
La Mesa de Enlace había sido invitada pero no participó. En Gobierno destacaban que integran el Consejo Agroindustrial que sí estuvo representado con José Martins. "Hicieron mucho lobby en la previa, querían medidas más drásticas", concedían en la Casa Rosada. De hecho, en el zapping previo, era posible ver en televisión a dirigentes y voceros del sector agropecuario advirtiendo que si la baja de las retenciones era la que se rumoreaba no alcanzaría para inducirlos a liquidar los granos retenidos. "Obviamente, si comparás lo que ganaban en el macrismo entre las retenciones más bajas y la bicicleta que hacían con la tasa de interés, siempre va a ser poco para ellos", respondían en Gobierno. Pero advertían sobre los beneficios de la "ventana" que se les abría en octubre a los productores con una soja a un buen precio y la baja de tres puntos en las retenciones, justo en la previa a las elecciones de Estados Unidos, que podrían provocar efectos inesperados en los mercados. "Creemos que muchos van a aprovechar la posibilidad", aseguraban.
A nivel político, las medidas también fueron conversadas en el tradicional almuerzo semanal del que participan Sergio Massa y Máximo Kirchner, que esta semana se hizo el miércoles en vez del martes. El otro tema preponderante del encuentro fue la decisión de la Corte Suprema de aceptar el per saltum de los jueces trasladados por el macrismo. Por primera vez, ayer Cafiero se refirió al tema desde la Casa Rosada y dijo que el Gobierno, el Senado y el Consejo de la Magistratura habían actuado conforme la Constitución y que ahora había que ver si la Corte Suprema actuaba de la misma manera. Obviamente, era algo que también había arreglado antes con el Presidente. Si bien son temas muy diferentes -medidas económicas y la Corte Suprema- en Gobierno encuadraban ambas apariciones en la nueva estrategia oficial de plantear una agenda más activa tanto a nivel político como económico, acompañada por un discurso más frontal. "Es así, ahora las vamos a ir a trabar todas", explicaban en jerga futbolera.
El célebre exespía se presentó como víctima de las actividades ilegales de la AFI macrista
Espionaje ilegal: eran pocos
y cayó Jaime Stiuso como querellante
Si algo le faltaba al escándalo de espionaje durante el macrismo era la presentación de Antonio Horacio “Jaime” Stiuso como víctima de las actividades ilegales que se habrían desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El otrora hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia le pidió al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, que lo sume como querellante en la causa en la que investiga a la cúpula de la AFI macrista y por la que la semana próxima indagará al mismísimo secretario privado del expresidente Mauricio Macri, Darío Nieto.
Stiuso puede contar cómo la Secretaría de Inteligencia del Estado pasó a ser "la SIDE" y, por poco también, cómo llegó a crearse la AFI. Estuvo en los servicios desde principios de la década de 1970 hasta principios de 2015. Según él, esos 40 años en el negocio, le dieron el músculo suficiente para detectar cuándo estaba siendo espiado. Y eso sucedió durante el macrismo. “Debido a mi vasta experiencia en la materia, en más de una ocasión he advertido este tipo de procedimientos. Muchas veces he preferido no reaccionar frente a este tipo de verificaciones”, dijo en un escrito breve presentado junto con su abogado Santiago Blanco Bermúdez ante el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Stiuso dice que se enteró a través de un tuit publicado por el periodista Juan Alonso que habrían secuestrado un legajo suyo de la casa de Diego Dalmau Pereyra. El tuit de Alonso es del 2 de julio. La decisión de presentarse para saber si efectivamente se encuentra esa documentación le llevó a Stiuso más de tres meses y se produjo un par de días después de que se filtraran actas de la AFI, que incluso lo mencionan, lo que podría llegar a explicar algún interés repentino.
Las rencillas entre Stiuso y Dalmau Pereyra son de vieja data. Dalmau es un exoficial de inteligencia del Ejército, que se incorporó a la SIDE durante el gobierno de la Alianza. Fue parte de una purga masiva durante esa misma gestión, pero, a los pocos meses, volvieron a contratarlo para dar clases en la Escuela Nacional de Inteligencia, donde, cuentan, que Stiuso lo tuvo recluido durante sus años de apogeo. En ese tiempo, Dalmau terminó la licenciatura en Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Cuando asumió Gustavo Arribas, Dalmau pasó a la operacional de Contrainteligencia, donde permaneció hasta mediados de 2018. Fue bajo su mandato que se conformó el grupo de expolicías de la Ciudad que comandaba Jorge Sáez y que llevó a la AFI Alan Ruiz, personaje central en la trama de espionaje.
“No me sorprendería que efectivamente se haya procedido al secuestro de mi legajo en uno de esos allanamientos, ya que en los últimos años he advertido un sinnúmero de eventos que fundamentalmente me hicieron presumir que resultaba ser víctima de distintas operaciones de inteligencia por parte de agentes (y/o pseudo agentes) de la AFI”, dijo Stiuso con malicia. Entre los "agentes y/o pseudo agentes", “Jaime” mencionó al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. No es sorprendente porque el año pasado se presentó para ser querellante en Dolores y consiguió que el juez federal Alejo Ramos Padilla lo aceptara al encontrar mérito para sus sospechas que, por entonces, incluían a Elisa Carrió en el armado de espionaje en su contra.
Un bibliorato del espionaje
Mientras evalúan el pedido de Stiuso para constituirse como querellante, el juez Augé junto con los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide continúan con la ronda de las indagatorias que terminará la semana próxima con Arribas, Silvia Majdalani y Nieto. Ayer fue el turno de dos mujeres que estuvieron desde los inicios del grupo de los Súper Mario Bros. Se trata de Mercedes Funes Silva y de Belén Sáez. Funes Silva es una policía de la Ciudad que llevó Sáez en comisión cuando Dalmau lo reclutó para la AFI. La otra es su propia hija, que todavía sigue revistando en la AFI. Funes Silva no declaró, sólo ratificó lo que había dicho en la anterior declaración y ante la Bicameral de Inteligencia.
A Belén Sáez la querían indagar por su presunta participación en el espionaje a Nicolás Massot y a Florencia Macri y su pareja, Salvatore Pica. Los fiscales encontraron que fue Belén quien mandó un informe con el título “Madera” después de los seguimientos a Massot. En la indagatoria, ella dijo que pudo haberlo enviado pero que no lo había confeccionado. Otro de los agentes, Emiliano Matta, dijo que ella había ido a Acassuso para fotografiar la casa donde vivían Pica y la hermana del presidente. La agente lo negó.
Pese a estar furiosa con Matta, Belén terminó confirmando un dato clave que el exagente había aportado: que Alan Ruiz tenía un bibliorato con fichas penitenciarias de los presos kirchneristas. Con muchas reticencias, recordó la existencia de la carpeta, aunque dijo no tener presente de quiénes se trataba. En los teléfonos de los espías apareció una lista con los nombres de los presos kirchneristas, ordenados como un semáforo según el interés de la AFI. En ese listado, Belén aparecía junto con Andrea (Fermani) como encargadas de controlar al al ex jefe de la Uocra platense Juan Pablo "Pata" Medina, detenido en Ezeiza.
Los fiscales investigan la existencia de un espionaje carcelario en el que habrían intervenido tanto los agentes de la AFI como altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Al principio de esta semana, dos exagentes relataron una visita al penal de Ezeiza, que aparentemente no incluyó el trámite de registrarse, y con una bienvenida de la entonces directora de la cárcel.
Primera respuesta después de que el máximo tribunal aceptara el per saltum
El Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte que rechace
los traslados de Bruglia,
Bertuzzi y Castelli
El trámite del per saltum que abrió la Corte Suprema a pedido de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli se acelera por estas horas. El Consejo de la Magistratura, que es el organismo demandado, ya se presentó ante el máximo tribunal y le pidió que rechace el pedido del trío para obtener respaldo a las designaciones que los llevaron a cargos en Comodoro Py sin acuerdo del Senado durante el gobierno de Mauricio Macri. El organismo, en un escrito de su presidente, Alberto Lugones, defendió la resolución de fines de junio en la que advirtió que sus “traslados” eran irregulares pero dejó en claro que no tuvo consecuencias directas sobre los jueces ya que la decisión de dejar sin efecto sus nombramientos a dedo fue del Senado y del Poder Ejecutivo. Desde ese ángulo, el Consejo sostiene que la causa está enfocada de manera incorrecta. “Se encuentra mal direccionada y por ende condenada a su fracaso definitivo”, concluye el texto, que deja en claro los cuestionamientos al modo en que desembarcaron dos de esos jueces en la Cámara Federal y el tercero en un tribunal oral clave.
Esta semana, en un decisión unánime, la Corte decidió abrir el recurso presentado por el trío BBC para saltear a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que tenía pendientes los recursos de amparo presentados por ellos, y decidir directamente sobre la discusión por la validez de sus designaciones durante el macrismo. Como es conocido, Bruglia y Bertuzzi pasaron de ser jueces de tribunal oral a ser miembros de la estratégica Cámara Federal. Castelli pasó de un tribunal oral en San Martín a uno en Comodoro Py. En junio último, el Consejo de la Magistratura emitió una resolución en la que decía que esos traslados y los de otros siete jueces y juezas no habían cumplido con el procedimiento complejo previsto por la Constitución ya que no tenían acuerdo del Senado. El Poder Ejecutivo, notificado, envió los nombres al Senado, que convocó a los diez a audiencia pública. Sólo Bruglia, Bertuzzi y Castelli faltaron, y finalmente la Cámara alta rechazó sus traslados, lo que fue refrendado por el Poder Ejecutivo. En el medio, el tridente judicializó el tema y logró la alianza de la oposición y sus medios afines para hacer de este debate un gran asunto político. La Corte acortó los plazos y les dio 48 horas al Consejo para responder y otras 48 al procurador general interino, Eduardo Casal. El alto tribunal podría dar una definición sobre el tema de fondo de acá a una o dos semanas.
Los argumentos del Consejo
El Consejo de la Magistratura se explaya en defender la resolución en la que dijo que los traslados de estos jueces no cumplieron con los requisitos constitucionales. Incluso dice que se le intenta cercenar “la facultad de expedirse respecto de una situación que involucra de manera directa sus competencias constitucionales y sobre la cual se proyectan garantías y principios que está llamado a preservar y defender”. Para el organismo, ni Bruglia, ni Bertuzzi ni Castelli explican los “agravios sufridos” sino que “formulan afirmaciones meramente dogmáticas”. Por esto señala que el per saltum “es inadmisible”.
Los escritos presentados por el cuerpo hacen un recorrido temporal de estos traslados, en 2018, y enfatizan que dos acordadas de la Corte Suprema del mismo año cuestionaban el mecanismo y decían que debía ser excepcional. La acordada 4 es del mismo día que el Consejo de la Magistratura --cuando tenía mayoría macrista-- aprobó el pedido de traslado de Bruglia a la Cámara Federal. En ella se desarticulaba un tribunal oral federal (el 9) que se había armado con traslados y sin habilitación, y decía claramente que el procedimiento para nombrar magistrados/as incluye al Consejo --elabora las ternas--, al Poder Ejecutivo --elige un candidato/a para un cargo-- y al Senado --en sesión pública y con la participación de la ciudadanía, debe prestar acuerdo--. Bruglia fue trasladado el 9 de abril por decreto del Poder Ejecutivo de Macri.
El 11 de abril de 2018, una segunda acordada de la Corte ratificó la anterior y estableció que el acuerdo del Senado es necesario cuando los jueces son mudados a cargos en otra jurisdicción, competencia, jerarquía y grado.
El trío BBC (más la oposición política, Clarín y La Nación) lee ambas acordadas a su favor, pero el Consejo hace todo lo contrario. De por sí, los consejeros observan competencias diferentes entre un tribunal oral y una cámara. En el caso de Bertuzzi (que venía originalmente de La Plata) y Castelli (de San Martín) también hay una cuestión de cambio de jurisdicción. El tridente y sus defensores suelen decir que la acordada 7 fue para esclarecer la situación de Bruglia pero, como muestran las fechas, es posterior. El Consejo resalta que fue una definición genérica. Sobre Bruglia y Bertuzzi recuerda que se oponía la propia Cámara Federal, que además enfatizó que no tenía ninguna emergencia para funcionar pese a las vacantes y que estaban en marcha los concursos para ocupar los puestos libres. Castelli fue trasladado a Comodoro Py en octubre también de 2018, después de haber intentado ir a los tribunales de Retiro sin suerte en gobiernos anteriores.
“Del relato cronológico de los acontecimientos que circundaron los traslados de los doctores Bruglia y Bertuzzi a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, se desprende sin hesitación que a través de dichos traspasos se concretó una finalidad inesperada, a saber, ocupar con magistrados escogidos a tal fin dos vacantes existentes en uno de los tribunales de mayor envergadura institucional del país, eludiendo la celebración del correspondiente concurso público de antecedentes y oposición y asimismo, impidiendo a la ciudadanía y al Honorable Senado de la Nación la posibilidad de evaluar --en sesión pública-- la idoneidad de los candidatos para los cargos vacantes tal como lo requiere el art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional”, dice el escrito del Consejo ante la Corte.
Otra de las advertencias del Consejo a la Corte dice que “en caso de hacer lugar a la pretensión de los recurrentes, estaría legitimando un mecanismo por el cual aquellos magistrados que cuenten con el beneplácito del Poder Ejecutivo Nacional se verían dispensados de cumplir con el procedimiento constitucional de designación de magistrados, pudiendo obtener ascensos en su carrera judicial sin participar de concurso público alguno y sin comparecer ante el Honorable Senado de la Nación”.
Tampoco hay nada, dice el documento firmado por Lugones, que muestre que se afectó la garantía de “inamovilidad”. Una palabra muy mencionada por políticos y medios afines al macrismo en las últimas semanas es “remoción”, como si Bruglia, Bertuzzi y Castelli hubieran sido removidos o desplazados de un cargo al que llegaron con todas las de la ley. “Resulta evidente --concluye el Consejo-- que no se ha promovido la remoción de ningún magistrado, sino que, tal como lo exigen los sistemas de protección internacionales en materia de derechos humanos, se pretende salvaguardar la transparencia que necesariamente debe caracterizar al procedimiento de selección de magistrados a través de mecanismos objetivos que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar, como prevé la Constitución”.
En la Corte aguardan ahora el dictamen de Casal. El presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que intentó condicionar a sus colegas y manejar el debate, perdió terreno ahora que el tribunal está embarcado en resolver el tema de fondo.
Fuente:Pagina12
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