09 de octubre de 2020
El presidente de la Corte Suprema quedó expuesto en soledad
Comisión Interpoderes: un encuentro de pocos, en rechazo a la jugada de Carlos Rosenkrantz
Imagen: Bernardino Avila
La Comisión Interpoderes, que desde hace más de una década tiene la misión de agilizar los juicios de lesa humanidad, se reunió finamente después de estar en pausa durante todo el gobierno de Mauricio Macri. El encuentro por Zoom, al que había convocado el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tras recibir un pedido de juicio político precisamente por paralizar las causas por crímenes del terrorismo de Estado y no citar a la comisión en cuestión, se hizo sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud “oportunista”, según la nota que enviaron a la Corte la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco estuvo ningún otro miembro del alto tribunal. Entre quienes asistieron, la titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Angeles Ramos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) hicieron los reclamos más fuertes y puntuales frente a la parálisis de la mayoría de los juicios contra represores y las notorias demoras en la propia Corte, donde hay causas estancadas hace más de cuatro años. Rosenkrantz solo propuso por ahora formar comisiones de trabajo.
Rosenkrantz se preocupó por decirles a todos los participantes que venía planeando reunir a la Interpoderes desde el mes pasado, ya que era un reclamo de los organismos: “No se convocó a la luz de ningún acontecimiento fortuito”. Lo dijo, como es obvio, para intentar desvincular su iniciativa del pedido de juicio político presentado por la diputada Vanesa Siley, y del contexto de tensión política a raíz de su impulso y respaldo a la apertura de un per saltum a favor de los tres jueces que se quieren quedar atrincherados en cargos claves de Comodoro Py, pese a que el Senado y un decreto del Poder Ejecutivo, más una decisión de la Cámara de Casación, dijeron que deben volver a sus lugares de origen. Rosenkrantz --ideólogo del 2x1 a favor de los represores-- trató también de culpar a sus colegas: “No había voluntad de demorar la reunión sino simplemente por el modo en que funciona la Corte todo trámite administrativo requiere la firma de todos los ministros”.
La realidad es que la convocatoria circuló por e-mail, según pudo saber Página/12, y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, que se había postulado para asistir al cónclave ante el silencio de sus pares, se bajó esta misma semana. En el último plenario lo dijo tres veces frente a sus colegas y deslizó que consideraba que no era un buen momento para la convocatoria, más allá de que le parecía necesaria. A su gente de más confianza le confesó que estaba en línea con lo que había dicho el Gobierno en la nota enviada. Vale recordar que a comienzos de esta semana, cuando Rosenkrantz hizo circular un texto de autodefensa, ninguno de sus colegas salió a respaldarlo. Lo hizo en soledad.
Tal como se veía venir, la del jueves por la tarde fue una “Interpoderes” a medias, ya que no estaban todos los poderes del Estado presentes, pero hubo quienes sí plantearon ejes de reclamos compartidos especialmente por los organismos de derechos humanos. Además de representantes del CELS, la AAJ y la fiscal Ramos, estuvieron el procurador interino Eduardo Casal, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, y Alicia Tate, de la Unidad de Derechos Humanos, Género y Trata de ese organismo, José Lasalle por la Federación Argentina de Abogados, por la Defensoría General estuvo el secretario general Patricio Giardelli, la presidenta de la Cámara de Casación, Angela Ledesma, su colega Gustavo Hornos y el secretario Juan Montesano, además de Fernando Sagarna, de Relaciones Institucionales de la Corte.
Los funcionarios y funcionarias del Gobierno que decidieron no participar dejaron claro en una nota que esperan que la Corte sea “categórica” en relación a las causas de lesa humanidad y que las considere una “verdadera política de Estado” para terminar con una situación de estancamiento, ya que hay gran cantidad de casos sin resolver en el propio tribunal. Los organismos que no concurrieron, después de deliberar el jueves por la tarde, fueron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, HIJOS Capital y Bahía Blanca, y la Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Algunos difundieron comunicados por separado explicando sus razones. En Abuelas evaluaron que, al no asisir el Ejecutivo y otros poderes, y que el llamado no tenía un fin institucional por los juicios de lesa humanidad, preferían no participar.
La APDH avisó a la Corte que no concurriría porque “el proceso de Memoria, Verdad y Justicia debe recuperar su atributo de política de Estado y no puede ni debe empañarse por una puja de intereses que le son ajenos” y que en el contexto actual, después de una demora de cuatro años, la reunión de la Interpoderes “ha perdido su carácter de comisión para la coordinación y agilización de las causas de lesa humanidad”. La LADH sostuvo que “la memoria, la verdad y la justicia son bandera del movimiento popular” y “no aceptamos que se pretenda utilizar por la derecha golpista (Rosenkrantz)”, pero a la vez señala que no convalida la decisión del oficialismo “de frustrar" la comisión Interpoderes exigida por cuatro años desde las víctimas, los familiares y los organismos de derechos humanos. Para ellos, la ausencia de los representantes de todos los poderes frustró el espíritu del encuentro. “El lugar para reclamar es justamente esta comisión Interpoderes que unos y otros nos siguen negando”, señaló la Liga.
El CELS, que tuvo como delegado a Diego Morales, también difundió su posición antes del encuentro: “Lamentamos que después de todo este tiempo la convocatoria pueda ser utilizada para fines ajenos a la búsqueda de la memoria, verdad y justicia, y que los juicios queden supeditados a disputas políticas que nada tienen que ver con ellos. En la reunión volveremos a reclamar por la falta de compromiso que caracterizó estos años: dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2x1 y ocurre con trabas a las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma”. El texto recuerda que desde 2106 reclaman que funcione la comisión con otros organismos y no sólo no se reunió si no que la Corte “no rindió cuentas de su inactividad”. Ahora la preocupación, explican, creció con la pandemia.
En el encuentro, el CELS pidió, tal como anunció, que la Corte cree una secretaría especializad de crímenes de lesa humanidad para que agilice la revisión de sentencias y que sea una prioridad; sugirió una acordada para dinamizar los juicios y una agenda pública así como un sistema de consulta para recursos pendientes. Mencionó casos concretos que llevan más de cuatro años en la Corte, como el de la Masacre de Trelew y el de Blaquier; a Casación también le reclamó que agilice sentencias y dé instrucciones a los tribunales orales; al Ejecutivo que rearme equipos de relevamiento documental en las Fuerzas Armadas y de Seguridad; al Consejo de la Magistratura que se cubran vacantes en tribunales; al Ministerio Público Fiscal asignar más personal y recursos para lesa humanidad; al Congreso que cree una comisión bicameral especializada. A la Corte le insistió con una rendición de cuentas constante.
La fiscal Ramos, de la Procuraduría de Lesa Humanidad, a quien Casal le cedió la palabra, llevó datos y números concretos: Hay 263 causas en instrucción (44 por ciento del total de juicios abiertos); 246 con sentencia (46 por ciento); 70 con elevación a juicio (12 por ciento) y sólo 18 en juicio ahora (3 por ciento). Hay 618 personas procesadas, 538 imputadas, 176 con falta de mérito, 162 absueltas, 92 sobreseídas, 65 indagadas, 28 prófugas, 997 condenadas. Ramos marcó todas las falencias y demoras en ciertas jurisdicciones como Córdoba, lugares donde faltan recursos, llamativas demoras en temas puntuales como aquellos que atañen a la responsabilidad empresarial en los crímenes dictatoriales y también violaciones a los derechos humanos en Malvinas. Contó que hay casos paralizados por quién paga un peritaje, donde señaló responsabilidad del Consejo, los problemas de integración de tribunales orales, como en Mar del Plata y La Plata, donde los jueces cambian todo el tiempo, y las demoras en sentencias definitivas que dificultan los avances de otros tramos quizá ligados a las mismas investigaciones. Apuntó a la Corte y a la Cámara de Casación. Para el máximo tribunal también reclamó un papel comprometido.
El titular del Consejo, Lugones, no dijo demasiado, sólo que esperaba una reunión próxima y explicó el funcionamiento actual del organismo de manera remota. Casación se quejó en especial por la falta de recursos para el control de la ejecución de las penas que se realiza a través de la Decaep, que antes era el Patronato de Liberados. Por la AAJ, Beinusz Szmukler puso foco en que el peligro de la parálisis en las causas es la “impunidad biológica”, ya que los imputados fallecen por su edad, y que cinco años de espera es mucho.
Rosenkrantz dijo que la Corte está comprometida, pero por ahora solo ofreció conformar comisiones.
09 de octubre de 2020
El presidente Alberto Fernández cambia el formato de presentación
Pandemia: el anuncio de la extensión de las medidas se hará en vivo desde la Casa Rosada
Fernando Cibeira
Imagen: Télam
El presidente Alberto Fernández volverá hoy a anunciar en vivo desde la Casa Rosada la extensión de las medidas de cuidado, dejando atrás el formato de spots grabados. Como lo hizo ayer con los gobernadores, con quienes estuvo comunicado de manera virtual hasta entrada la noche, el Presidente quiere dejar en claro que hará todo lo necesario para enfrentar la pandemia de manera adecuada en cada rincón del país, así como se hizo durante todos estos meses en el AMBA. Con un pico de contagios cada vez más pronunciado -ayer volvieron a superarse los 15 mil nuevos casos-, la diferencia es que ahora el 65 por ciento está ubicado en el interior. Al mismo tiempo, destacará los acuerdos alcanzados para el retorno de las actividades y la vuelta de los alumnos en los distritos con nula o leve circulación del virus.
Al Presidente le había quedado alguna espina clavada por cómo se comunicó las últimas veces la extensión de las medidas. No por los spots en sí, que estuvieron bien confeccionados, sino porque en el interior del país quedó la sensación que como la pandemia se había trasladado desde la región metropolitana, Fernández ya no le otorgaba la misma importancia. En verdad, fue lo que sostuvieron entonces en el entorno presidencial, la última vez prefirió hablar en un acto y luego que se emitiera un video porque consideraba que no tenía mayores novedades que comunicar, dado que eran los propios gobernadores e intendentes quienes resolverían cómo serían las aperturas en cada zona.
Pero, en esta oportunidad, dado que ya es muy claro el cambio producido en la localización de los contagios, volverá a los mensajes en vivo. Los funcionarios que trabajan en comunicación tienen como un valor de la gestión las dotes comunicacionales y didácticas del Presidente. Junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Salud, Ginés González García, ayer sostuvo una larga comunicación virtual con los gobernadores, en los que cada uno fue detallando la situación en la que se encuentran sus distritos.
Se puso como ejemplo el trabajo que se había realizado en AMBA entre Nación, Provincia y ciudad de Buenos Aires para coordinar medidas y así contener los casos, que pese a que se mantienen altos nunca llegaron a saturar el sistema sanitario, un riesgo que ahora se corre en algunos distritos del interior con una infraestructura mucho más frágil. En la zona metropolitana, detallaron, se bajó de los 5.300 a los 3.600 casos por semana epidemiológica. "Pero fue una baja paulatina y a lo largo del tiempo. Hemos podido administrar esta situación compleja con trabajo en conjunto", explicó el Presidente.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también destacó este trabajo coordinado y agradeció la puesta en marcha del programa Detectar por parte del gobierno nacional en la Capital, decisivo para contener lo casos especialmente en el brote inicial producido en los barrios vulnerables. Les recomendó a los gobernadores que lo implementaran en sus provincias.
Los gobernadores destacaron el acuerdo alcanzado por los ministros de Educación para el retorno de los alumnos, lo mismo que ocurre con el resto de las actividades, siempre mediante consenso con el gobierno nacional. Plantearon que había que trabajar solidariamente, ayudando a los distritos que se encontraran en mayores dificultades, y sostuvieron que la Nación "tuvo una política federal y equitativa durante toda la pandemia", según trascendió.
Provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Salta hoy aparecen en situación más comprometida que el AMBA, pese al amesetamiento eterno de los casos metropolitanos. "Si bien en Tucumán transitamos un momento difícil, desde la gestión logramos aumentar la cantidad de testeos en la población y reforzar nuestra capacidad de respuesta sanitaria frente al Covid-19", comentó el gobernador tucumano Juan Manzur, quien agradeció al Presidente la "consulta federal".
Como el zoom se prolongó hasta tarde, al cierre de esta edición no estaba del todo resuelta la presentación de hoy. Al mediodía, Fernández encabezará desde el predio Procrear de Ezeiza, la entrega de viviendas para familias de Chubut, Tucumán, Santa Fe, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Luego se dirigirá a la Casa Rosada para hacer su mensaje en vivo a eso de las 18, según se preveía.
Se podrá elegir un avatar y no hace falta bajar una aplicación ni dejar los datos
17 de octubre: Cómo será la plataforma para participar del acto del Día de la Lealtad
Para participar hay que ingresar completando algunos datos básicos y eligiendo un avatar, esto es, la figura que va a representar a cada uno en la movilización. "Luego comienza la experiencia ocupando un lugar en el plano que geolocaliza la movilización. Allí podrás acceder a material diseñado especialmente para el evento mientras comienza la transmisión del mismo", se explica desarrollo de la productora de Javier Grosman, organizador de recordados eventos del kirchnerismo como las jornadas del Bicentenario y Tecnópolis.
Se aclara que no es necesario dejar ninguna información personal para ser parte de la movilización. La plataforma incluirá un contador de participantes en vivo, para monitorear el ingreso de los usuarios. Y, junto a las icónicas figuras de Perón y de Evita, hay una cuenta regresiva que marca cuánto falta para "movilizar". Esta vez, inéditamente, desde una computadora, una tablet, un celular o un SmartTV.
Se evalúan nuevas habilitaciones
Axel Kicillof aseguró que se mantendrá el sistema de
fases en la Provincia
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió este jueves con intendentes e integrantes del Comité de Expertos para analizar la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires y evaluar las posibles modificaciones de cara a la próxima etapa de la cuarentena, que regirá desde el lunes 12 de octubre.
Durante las reuniones, el gobernador escuchó las recomendaciones de los especialistas y repasó las cifras que dan cuenta de una reducción en los casos positivos como en la utilización de camas en el sistema hospitalario, e hizo hincapié en la situación más compleja que afronta el interior de la Provincia.
"Vamos a seguir trabajando en base a protocolos estrictos y estudiando las distintas actividades que se pueden habilitar en las fases en que se encuentre cada municipio", expresó Kicillof.
Además, en el diálogo con los jefes municipales, el gobernador acordó que "las actualizaciones y habilitaciones en el marco del aislamiento deben estar fundamentadas en las mejoras epidemiológicas" y subrayó "la necesidad de reforzar el cumplimiento de los protocolos". "Seguiremos cada lunes definiendo las fases y, con ellas, las diferentes actividades que pueden realizarse en cada distrito", agregó.
Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que hubo un descenso significativo en la utilización de camas por covid-19 en el AMBA y evidenció una mejora con la gestión de camas de terapia en toda la Provincia. "Estamos en una meseta alta y con un aumento en el interior. Los indicadores prácticos que estamos mirando son los llamados al 148 en los centros de telemedicina (CETEC), la cantidad de casos, la utilización de camas y los testeos", subrayó el ministro.
En tanto, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, se refirió a la actividad turística y explicó que "se trabaja coordinadamente con el Gobierno nacional y con los distintos municipios que reciben turismo de temporada". "Vamos a tomar en cuenta las especificidades de cada caso, con medidas y políticas que permitan tener la mejor temporada posible", destacó.
Participaron también de las reuniones la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; los ministros de Gobierno, Teresa García; y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.
Por parte del Comité de Expertos se hicieron presentes María Ana Huergo, Juan Manuel Carballeda, Rosa Bologna, Víctor Romanowski, Susana Ortale, Guillermo Durán, Rodrigo Quiroga, Jorge Aliaga, Daniel Feierstein, Jorge Rachid, Leonel Tesler, Guillermo Docena, Alberto Kornblihtt, Ezequiel Álvarez y Sebastián Uchitel.
Efectivos del Ejército en un territorio que pertenece a la comunidad Millalonco-Ranquehue
Bariloche: El conflicto entre mapuches y militares que
no fue
Ni violentos mapuches usurpando tierras ni el Estado cediendo territorio. Lejos de las operaciones de prensa montadas para estigmatizar a pueblos originarios y demonizar al gobierno nacional, el publicitado “nuevo conflicto” en la Patagonia no habría sido más que una decisión poco feliz de miembros de una unidad militar de Bariloche, que se revirtió en pocas horas pero por la que nadie hasta ayer se asumió como responsable. Desde el Ministerio de Defensa aseguraron a Página/12 que "no hay conflicto, ni enfrentamientos. Está todo en manos de la justicia y estamos atentos para entender cuál es el problema".
La historia comenzó entre el domingo a la tarde y el lunes a primera hora cuando efectivos de la Escuela Militar de Montaña “Juan Domingo Perón” entraron a un predio de la comunidad Millalonco-Ranquehue, que desde hace más de un mes construye allí un invernadero junto con vecinos y organizaciones de Villa Los Coihues. El territorio de 350 hectáreas no es objeto de ninguna disputa, ni siquiera es reclamado por privados ya que la comunidad lo ocupa desde fines del siglo XIX, el Estado lo reconoció en el relevamiento territorial enmarcado en la ley 26.160 y hasta cuenta con una mensura que financió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2011.
Los uniformados “se metieron y en lugar de resguardarlo y averiguar de quien era, levantaron todo, cargaron postes, mangueras de riego y baños secos en camiones del Ejército, hasta cortaron árboles frutales”, contó a Página/12 el abogado Matías Schraer. Cuando los miembros de la comunidad se enteraron y se presentaron los militares estaban instalando una carpa. Schraer le mostró los documentos que respaldan la posesión y le explicó al suboficial a cargo que no se trataba de una ocupación. “Dos horas después nos respondieron que habían recibido la orden superior de retirarse”, relató. El martes se presentaron en la Escuela Militar para intentar hablar con su jefe, el coronel Pablo Rolando. “Nos recibieron subordinados, que reconocieron que se equivocaron y que estaban dispuestos a poner los camiones para devolver lo que se habían llevado”, completó.
El episodio pudo haber concluido con una disculpa pero comenzaron entonces las operaciones para sugerir que los mapuches habían ocupado un predio del Ejército. “Fue al revés, el Ejército violó la integridad territorial de la comunidad”, dijo el abogado. Desde la cartera de Defensa sostienen que que “no hay conflicto ni enfrentamientos de ningún tipo” y explicaron que “una patrulla de reconocimiento se encontró con una zona de árboles talados y un principio de construcción” y “ante la recomendación de la justicia montaron una carpa”, aunque luego pidieron “que sea desarmada, lo que fue hecho de inmediato”. “El Ministerio se ajustó a derecho y está todo en manos de la justicia”, dijeron.
En tanto, la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, informó ayer que el organismo no tuvo ninguna intervención en el caso y que se limitó a aportar a la justicia documentación sobre la posesión de la comunidad mapuche. “No hay tierras reclamadas. Hay un territorio relevado y reconocido sin impugnación alguna en 2012”, precisó.
Hasta la incursión militar la comunidad mapuche desarrollaba en el predio un proyecto de huerta y vivero comunitarios con los objetivos de “producir alimentos y multiplicar saberes y aprendizajes”, recordaron las organizaciones de la Mesa Territorial de Villa Los Coihues en su documento para repudiar la acción del Ejército. Plantearon su “rechazo a toda forma de violencia, en especial si es ejercida desde el Estado”, y reivindicaron “el diálogo respetuoso como metodología fundamental de la democracia”. Manifestaron su “apoyo a ésta y las diversas formas de organización colectiva a favor de la producción local, la soberanía alimentaria, los saberes que nos vuelven a la tierra, las relaciones comunitarias, la búsqueda del bien común y el cuidado de la naturaleza”.
El macrismo habilitó la construcción de un barrio de lujo en la Costanera
Costa Salguero: otro predio
de la ciudad que pasa a
manos privadas
La Legislatura porteña aprobó el proyecto impulsado por el Ejecutivo local para la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con 35 votos a favor y 22 en contra, la iniciativa oficialista, que ahora deberá pasar por audiencia pública y segunda lectura, habilitó la construcción de un barrio de lujo con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura en 7,5 hetáreas del sector de Costa Salguero, y concesiones con usos amplios y construcciones de hasta 12 metros y un helipuerto en las 14 hectáreas linderas, donde estuvo Punta Carrasco. Mientras organizaciones sociales y ambientalistas convocaron a un 'tuitazo' en las redes sociales con el hashtag #NoVendanLaCostanera, y algunos manifestantes protestaban en la puerta del edificio, adentro del recinto los legisladores de la oposición efectuaron duras críticas a la ley que privatiza un área de la costanera.
En la sesión, que se llevó a cabo de forma mixta, con legisladores en el recinto y otros en modo virtual, la legisladora de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, fue la encargada de abrir y cerrar el debate. En sus intervenciones, defendió la ley impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para modificar las normas urbanísticas del Distrito Joven, dentro del cual están Costa Salguero y Punta Carrasco, así como también los dos convenios con desarrolladores inmobiliarios (Koolhaas S.A, y las firmas Arkinver y kilómetros S.A.) que rezonifican terrenos que ya fueron vendidos en Villa Crespo y Palermo, y que también fueron aprobados durante la asamblea.
Roldán Méndez sostuvo que el proyecto para Costa Salguero, sector 5 del Distrito Joven, implica "dar otro paso importante en la transformación de la Ciudad, revitalizar al Río de la Plata como elemento urbano fundamental y recuperar la relación entre el río y la Ciudad como establece el Plano Urbano Ambiental". Y agregó que "es un proyecto que viene a sanar errores de la historia de nuestra ciudad que llevaron a tener una Buenos Aires de espaldas al río".
En su segunda intervención, que cerró el debate, defendió el Concurso Nacional de Ideas: Buenos Aires y el Río "Parque Salguero", organizado por el Gobierno en conjunto a la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA a partir del cual, sostuvo, se planteó la normativa que se intenta aprobar. Y señaló que el proyecto lo que hace es recuperar "esas tierras que hoy no son de uso público porque fueron concesionadas por el expresidente Menem".
Entre la primera y la última intervención de la legisladora oficialista llovieron las críticas al gobierno local.
El Frente de Todos dividió sus 20 minutos de intervención entre los legisladores Javier Andrade y Matías Barroetaveña. Andrade señaló la preocupación que generó el debate por la privatización de las tierras públicas de la costanera tanto en algunos medios como en las redes sociales y las organizaciones sociales. Y advirtió que el proyecto introduce la división parcelaria del sector Costa Salguero que en la ley vigente no esta permitida, lo que abre la puerta a futuros loteos en los otros cuatro sectores en que se divide el Distrito Joven.
En tanto, Barroetaveña remarcó que “detrás de la denominación amigable de ‘Distrito Joven’, se esconde el verdadero propósito que es construir torres de 30 metros frente a aeroparque cuyo destino final será seguramente la explotación de alquileres temporarios”. Y recordó, en base al informe que elaboró con su equipo, que “desde la llegada del gobierno del Pro, la Ciudad vendió alrededor de 150 hectáreas, lo que equivale a la superficie de un barrio como San Telmo. A esto hay que sumarle las 70 hectáreas de tierra nacionales en las ciudad que vendió Macri cuando fue presidente”. Y agregó que en un contexto donde hay un creciente déficit habitacional en la Ciudad y faltan espacios verdes, con esas tierras se "podrían haber desarrollado viviendas para 161.000 personas. O se podrían haber ampliado los espacios verdes en un 40 por ciento".
A su vez, la legisladora de Autonomía y Libertad Marta Martínez tildó de "fraude" a los proyectos presentados y sostuvo que "visibilizan un nivel más en la profundización de la impunidad del oficialismo en relación al negocio inmobiliario a espaldas de la población. Que sean las empresas constructoras las que presionan para la privatización, para las concesiones, es algo que se conoce con solo ver la trayectoria en contra del espacio público de los sucesivos gobiernos del PRO. Pero que se hagan convenios donde las empresas ceden parcelas o se hacen espacios públicos a cambio de modificaciones en las normas de construcción es una estafa completa a los derechos de la población de la Ciudad".
La legisladora remarcó que la Legislatura termina legitimando estos procesos al darles el marco de "un convenio y el barniz social de espacio verde y las recaudaciones de fondos para las necesidades surgidas de la pandemia", transformando esto en una "extorsión" a la ciudadanía.
El proyecto N°2094-J-2020, contra el que hay una petición publicada en la plataforma Change.org, que hasta la tarde del jueves juntó unas 8700 firmas para frenar el proyecto, fue igualmente criticado por la legisladora del FIT Alejandrina Barry. “La pandemia sacó a la luz problemas que ya existían y los amplificó. El hacinamiento, la falta de vivienda, la falta de servicios básicos como la provisión de agua y el tema de los espacios verdes. Pero como si esto no existiera y no fuera un problema urgente a resolver, estamos discutimos convenios que son puro negocio. Tres convenios en los que se instaura es un mecanismo en el que una constructora paga y las leyes se modifican a su favor”.
Barry sostuvo que la Legislatura, "conocida como la escribanía", es "un kiosco que vende leyes y normativas a favor de empresarios inmobiliarios" y, en el caso de Costa Salguero, para "construir un Puerto Madero II con el único objetivo de la especulación inmobiliaria". La legisladora remarcó además la política contradictoria de Cambiemos, al soster que mientras en el Congreso nacional "dicen que sólo se pueden discutir cuestiones relacionadas con la pandemia, aquí es puro negocio".
La norma que otorga capacidad constructiva para permitir levantar en el Sector 5 un conglomerado de diez edificios con alturas que irán hasta los 29 metros, con calles internas, y un espacio público que culminará sobre la ribera, también fue rechazado por el legislador Sergio Abrevaya (GEN), quien sostuvo que darle normativa urbanística para construir propiedades en lugares exlcusivos, va en contra de todo lo que la Ciudad necesita, y lo que hace es empujar el valor de la tierra para que sea más inaccesible. Además, dijo que "modificar la ley de Distrito Joven y el Código Urbanístico y promover viviendas exclusivas va a obstaculizar" el acceso y la visión del río, a diferencia de lo que sostiene el bloque oficialista.
Por su parte, el legislador del FIT Gabriel Solano cargó contra el concurso de ideas que el Gobierno utiliza para validar el proyecto, al sostener que fue "hecho violando la ley" ya que se hizo en base a normas que no estaban votadas y que, en definitiva, son las que ahora se quieren aporbar. Y cruzó con dureza tanto al Gobierno porteño como a parte de la oposición que fue funcional a la administración de Rodríguez Larreta al acompañar varios de sus proyectos inmobiliarios. No obstante, su dardos principales fueron para el oficialismo, aunque dijo a todos los legisladores que "esta sesión posiblemente pase a la historia como la que entregó el acceso al río a un grupo de corporaciones inmobiliarias. Van a estar en el libro negro de la Ciudad de Buenos Aires", advirtió, "por haber hecho algo tan negativo como la entrega del Río de la Plata".
Críticas de la oposición y de organizaciones sociales
Costa Salguero: repudios al "ecocidio urbano"
Imagen: Leandro Teysseire
La privatización definitiva de un amplio sector de Costa Salguero para habilitar la construcción de un barrio premium con diez bloques de edificios aprobada en primera lectura este jueves en la Legislatura porteña generó el rechazo de la oposición, organizaciones ambientalistas, de arquitectos y en defensa del patrimonio urbano. En las puertas del edificio hubo una movilización y en el mundo virtual un tuitazo. Las expectativas ahora están puestas en la audiencia pública, próximo paso en el devenir del polémico proyecto.
Otro capítulo de "privatización" en medio de una "emergencia habitacional". "Ecocidio". "Violación de la Constitución". Decisión "a espaldas de la sociedad". Estos son algunos de los señalamientos en torno a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo local para la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Además, fueron tratados dos convenios para subir la altura de futuras edificaciones en predios de Palermo y Villa Crespo.
"Nos alegra haber instalado el tema porque lo estaban queriendo llevar adelante en secreto. Se armó una gran movilización de jóvenes, ambientalistas, organizaciones y fuerzas políticas reclamando que no se venda la costa del río, que pensemos de una vez por todas un proyecto de ciudad de cara al río", manifestó a Página/12 la diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente de Todos). "Lo malo, obviamente, es que siguen haciendo lo que quieren en la Legislatura porque tienen los votos en alianza con los radicales y Martín Lousteau. Hay que movilizar a todo el mundo a participar de la audiencia pública, marcar bien lo que no queremos, y en la segunda votación esperamos cambiar cinco de los votos de hoy", concluyó.
Mientras se iniciaba la discusión dentro del recinto, manifestantes de la Red Ecosocialista del MST-FIT se acercaron a las puertas del edificio con la consigna "queremos parques, no negocios". La legisladora de izquierda Vanesa Gagliardi alertó sobre la "cementación" y el "ecocidio urbano" que traerían aparejados "los negocios de Larreta", rechazados por "los vecinos". "No es casualidad que hagan esto en pandemia, cuando muchos no se pueden movilizar", subrayó. Como otras voces en contra, mencionó la paradoja del dilema habitacional de "miles de personas" sin techo mientras se venden tierras para un "barrio de elite".
La protesta estuvo presente también en la virtualidad. El Observatorio del Derecho a la Ciudad --que junta firmas para frenar el proyecto en Change.org-- y la Coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos convocaron a un tuitazo con el hashtag #NoVendanLaCostanera. "Cuando se trata de ventas de tierras públicas tienen que convocar a una audiencia previa. Estos procesos deberían tener dos audiencias", cuestionó el presidente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo. Y enumeró una serie de "falacias" que aparecieron en la sesión, como la "virtud democrática" esgrimida por algunos legisladores en torno a que próximamente se dará lugar a la "opinión de la ciudadanía".
"Al proyecto le sobraron votos: está difícil a nivel de correlación política. La intención es votarlo a fin de año para que no se traslade a las elecciones del que viene", analizó el abogado. Y amplió: "Desde lo urbanístico, hay algo importante: los legisladores hablaron de integración, de que haya mixtura de usos en esa zona. Son conceptos abstractos que camuflan la especulación y la violación de la Constitución. La venta ya se votó, pero está condicionada a que la Legislatura le otorgue capacidad normativa. Quisieron hacerlo pasar como que era inevitable". De acuerdo a Baldiviezo, el "cúmulo de falacias" encubre la búsqueda de "recursos económicos para la campaña presidencial" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Desde el Frente de Todos, los legisladores Javier Andrade, Matías Barroetaveña y Santiago Roberto cuestionaron la "privatización" del acceso al río. Barroetaveña --autor de un informe que registra la venta, desde 2009, de 150 hectáreas de la Ciudad por medio de 26 leyes-- confía en que "un proyecto que limita los espacios verdes y la capacidad de mitigación del cambio climático" generará una "reacción en la población". Roberto entiende a este intento como "una violación a la Constitución y el Código Urbanístico, donde está claro que la costa ribereña debe ser de dominio público" y lo definió como "un fiel reflejo de las políticas que viene aplicando el PRO en sus 13 años de gobierno", mientras se profundiza la "emergencia habitacional".
Por su parte, Sergio Abrevaya (GEN) sostuvo que más grave es la iniciativa conocida como "Sastrería Militar", aprobada también dentro del paquete inmobiliario, no inscripta dentro de una "discusión urbanística o económica" sino en un "negocio privado" que no obedece a ninguna planificación urbana ni ambiental. Gracias a esta norma, los desarrolladores inmobiliarios podrían construir más metros en altura multiplicando ganancias. Según Myriam Bregman, diputada porteña por el Frente de Izquierda, es "gravísimo" que "el que paga pueda conseguir la norma que quiere", como ocurrirá en Villa Crespo, donde "a cambio de una compensación de una placita se puede violar toda la normativa". "Lo de Costa Salguero tuvo muchísimo rechazo, pero opine lo que opine la sociedad, el gobierno de la Ciudad avanza igual", concluyó.
Enrique Viale, abogado ambientalista, definió al de Costa Salguero y Punta Carrasco como "el negociado inmobiliario del siglo" y graficó: "En los últimos 14 años en CABA se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles, y en el mismo tiempo creció la crisis habitacional y mantuvimos la población en 3 millones de habitantes". Las críticas también surgieron desde organizaciones de arquitectos, como el Colectivo de Arquitectas, que había enviado una carta con firmas de cerca de 400 profesionales a legisladores en rechazo al proyecto.
Sospechan que los directivos desviaron fondos para negocios no declarados
Bancos extranjeros
denuncian a Vicentin por
estafa
Imagen: AFP
El Comité Ad Hoc de Acreedores Internacionales de Vicentin SAIC presentará una querella contra la cerealera argentina "para que se investigue el posible delito de estafa". "Hemos solicitado que se investigue si las autoridades de Vicentin presentaron información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares", informaron voceros del grupo de bancos que tienen créditos impagos por 500 millones de dólares en el concurso preventivo que se tramita en el juezgado criminal y comercial número uno de Reconquista, Santa Fe. La presentación se realizará ante la Fiscalía de delitos económicos de la ciudad de Rosario, entre otras razones dada la desconfianza que el grupo de entidades acreedoras extranjeras tiene respecto del juez Lorenzini, a cargo del concurso preventivo, tal cual lo manifestaran en escritos presentados ante tribunales de Manhattan.
El Comité está integrado por la Corporación Financiera Internacional (miembro del grupo Banco Mundial), FMO (banco de desarrollo controlado por el estados holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole. Se trata, en todos los casos, de grandes corporaciones financieras a nivel global que usualmente participan en la prefinanciación de exportaciones de grandes traders cerealeros de todo el mundo. El caso Vicentin, tal cual lo señalaron ante los tribunales estadounidenses, en caso de comprobarse las sospechas planteadas lo convertiría en "uno de los mayores escándalos financieros mundiales" en décadas.
La sospecha hace referencia, entre otros elementos, al informe trimestral al 31 de julio de 2019 que Vicentin presentó a sus acreedores externos --cumpliendo con el compromiso de brindar información periódica sobre la situación financiera y económica de la empresa--, en la que reflejaba una situación óptima, una proyección favorable de exportaciones y ningún signo de dificultades financieras. De ese modo lograba renovar periódicamente los créditos de prefinanciación de ventas de granos a todo el mundo.
No existía allí ningun indicio de lo que sucedería en los meses siguientes. En agosto empezó a incumplir sus pagos con el Banco Nación, a partir de septiembre empezó a retirar de la cuenta del mismo banco estatal, sucursal Reconquista, los fondos en dólares que ingresaban por exportación y que constituían la garantía de pago de los créditos. Pero, con autorización de las máximas autoridades del Nación --encabezadas por Javier González Fraga-- sacaba el dinero casi a diario. Sólo semanas después, en los primeros días de diciembre de 2019, Vicentin se declaraba en "estrés financiero", decretaba la cesación de pagos y entraba en el proceso que desembocaría en la convocatoria de acreedores.
"El análisis de la información financiera de Vicentin SAIC, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios", apuntaron voceros del comité de acreedores.
Esa sospecha fue llevada a tribunales de Nueva York por el Comité de bancos acreedores, considerando que Vicentin también operaba y efectuaba pagos a través de esa plaza. El procedimiento que se abrió, llamado "Discovery", intenta descubrir si hubo desvío de fondos por parte del holding argentino para burlar el destino previsto para los créditos obtenidos, pudiendo haber provocado una situación de insolvencia que convirtiera en "incobrable" los créditos.
"La información obtenida a través del Discovery en los Estados Unidos abona la hipótesis de que, en lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin SAIC habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance" presentado por la firma, concluyó el comité de bancos.
"Los bancos extranjeros eligieron la investigación penal abierta a partir de nuestra denuncia", tuiteó este jueves el abogado Gustavo Feldman, quien presentó meses atrás una denuncia penal por estafa contra los directivos de Vicentin que el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario Miguel Moreno aceptó abrir en julio de este año. "Se confirmar la trama de conducta asociada de Vicentin para la estafa tanto en Argentina como en el exterior", completa su mensaje Feldman.
Fuente:Pagina12 María Cafferata.
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