21 de octubre de 2020 ·
El juez Ramos Padilla lo acusó de formar parte de una asociación ilícita paraestatal
Carlos Stornelli quedó a un paso del juicio oral por el espionaje ilegal con D'Alessio y su banda
“Aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos”, escribió Ramos Padilla en su resolución de 1125 páginas, que detalla más de 60 operaciones de inteligencia. Las actividades de la banda de D’Alessio llegaban tan alto que incluso se incorporó dentro del procesamiento la inteligencia ilegal sobre el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
Entre los procesados, además de D’Alessio, Pinamonti y Santoro, está el compinche del falso abogado, Rolando Hugo Barreiro, y son dos los fiscales que, según el juez, formaban parte de esta estructura: Stornelli y Juan Ignacio Bidone.
A Stornelli, una de las espadas más activas del macrismo en Comodoro Py, Ramos Padilla pidió retenerle los pasaportes y una caución por 10 millones de pesos. Además, le notificó su procesamiento como parte de una asociación ilícita paraestatal a su jefe, el procurador general interino, Eduardo Casal, y a la comisión bicameral que monitorea al Ministerio Público que encabeza el senador Martín Doñate.
“La cantidad y el alcance de los planes delictivos que llevó adelante esta asociación ilícita paraestatal, sus vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia, miembros del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal de la Nación y provinciales, con miembros de las fuerzas de seguridad e incluso con los medios de prensa, las características del armamento hallado, la acción de la organización en varias jurisdicciones del país y en el exterior, la posible participación o vinculación con agentes o ex agentes de alto rango de las fuerzas de seguridad, el consecuente apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos al accionar ilícito de la organización investigada, entre otras circunstancias que se constataron en el desarrollo de los planes ilícitos descriptos, permite concluir que el accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”, agregó el juez.
Ramos Padilla considera que los hechos que vinculan a D’Alessio, Stornelli, Santoro, Pinamonti y compañía ya están para ser elevados a juicio. Mientras tanto, el juez investiga el espionaje en la provincia de Buenos Aires, hecho por el cual indagó a las dos máximas autoridades de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Las indagatorias continuarán la semana que viene con los máximos responsables de tres bases históricas de la AFI en la provincia: la de La Plata, la de Bahía Blanca y la de Mar del Plata, de donde surgió el espionaje a los familiares del ARA San Juan.
La estrategia del expresidente ante la aparición del libro "Hermano"
Macri apuesta a minimizar y negar los dichos de su hermano
"Son cosas que derivan de conflictos con papá, y otras personas, pero son todas falsas. Son las cosas falsas que viene diciendo el kirchnerismo desde hace mucho tiempo", se excusó el ex mandatario. En pocos días se conocerá qué dijo Mariano Macri, desde la intimidad familiar, y el ex mandatario ya buscó desentenderse de todas las acusaciones.
Igualmente, presionó frenar la publicación del libro para que no se conociera la visión de su hermano sobre la vida del ex presidente. En la entrevista, dijo que lo que más lo preocupa es su madre, que "está destrozada porque siente que algo faltó".
El menú y las anécdotas de un encuentro que se extendió dos horas y media
La intimidad de la cena entre Alberto Fernández y Evo Morales tras el triunfo del MAS
"Qué rico", dijo Evo Morales cuando probó el blinis de salmón ahumado, mascarpone y palta que le sirvieron de entrada en la residencia de Olivos. Le siguió un salmón grillado con roulle de espinaca y yema con "torneadas" de papa al pimentón. Y el postre fue Taten de peras con kenel de crema y frutos rojos. Pero el plato fuerte de la cena que mantuvieron el lunes el presidente Alberto Fernández y el expresidente boliviano fue sin duda la conversación, que se extendió por dos horas y media.
La parte formal y pública fueron los reconocimientos mutuos: Evo Morales le agradeció a Alberto Fernández la gestión para sacarlo de Bolivia y salvarle la vida después del golpe de Estado y el primer mandatario le ponderó la lealtad a su pueblo "que no olvida a quien no lo traiciona".
Pero lo más interesante fue la intimidad de la charla en la que Evo Morales contó cómo, una vez que su vida estuvo a salvo, empezó a construir una estrategia para volver al poder. El ex presidente, proscripto para presentarse a las elecciones, tenía que designar a un candidato ganador. Y se dio cuenta de que el hecho de que Luis Arce fuera "un blanco" y no un miembro de los pueblos originarios que representan no sólo la mayoría del pueblo boliviano, sino su base electoral iba a ser la carta de triunfo y no un obstáculo. Morales supo siempre que su pueblo iba a votar a quien él indicara porque le tiene confianza, pero en la cena contó, según pudo saber PáginaI12, que lo que más le costó fue convencer a los dirigentes del MAS de que era ésa y no otra la candidatura que más chances tenía de imponerse. "Mantener la unidad fue para Evo un logro inconmensurable. Creo que no nos damos cuenta de que está a la altura de un Perón", dijo a este diario uno de los presentes en la cena.
Además de Morales y el Presidente, participaron el secretario general de la CTA Hugo Yasky y el diputado Eduardo Valdés.
Morales contó lo contento que estaba porque en Isallavi, el pueblo donde nació, sacó el 97 por ciento de los votos. Dijo que muy probablemente su hijo se quede a vivir en la Argentina y agradeció "al Presidente, al Estado y al pueblo" la ayuda recibida. Está convencido de que Fernández le salvó la vida y se lo agradeció en un tuit al "hermano Alberto".
También recordó a Néstor Kirchner "por su amistad y respaldo al proceso de cambio en Bolivia" y expresó su "afecto y gratitud" al fallecido expresidente y a la vicepresidenta Cristina Fernández. A través de Yasky, Morales también agradeció "a todas las organizaciones sindicales y movimientos sociales por su solidaridad con el pueblo boliviano en el camino de la construcción de una Patria Grande".
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Fernández felicitó a Luis Arce (MAS) por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia, y destacó que su triunfo es "una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina" y demuestra que "el pueblo no olvida a quien no lo traiciona".
Evo Morales está en la Argentina desde el 12 de diciembre de 2019, cuando se le brindó asilo político luego de permanecer unos días en México bajo esa misma condición. Poco antes, el 23 de noviembre, habían llegado a Buenos Aires dos de sus hijos, luego de un pedido de Fernández (entonces presidente electo) a Mauricio Macri, para que en sus últimos días al frente del Poder Ejecutivo se allanaran el camino para darle resguardar a su familia.
El mundo es injusto, pero a veces en la política y en la vida lo que se da sin esperar nada a cambio tiene recompensa. Cuando Alberto Fernández decidió activar todos sus contactos internacionales para sacar a Evo Morales de Bolivia para que no lo mataran, lo hizo porque sintió que era lo que tenía que hacer. No tenía la bola de cristal que le augurara que menos de un año después, su ayuda se convertiría en una pieza clave en la estrategia que permitió la recuperación de la democracia en el país vecino y el triunfo del MAS que ahora al Presidente le viene como anillo al dedo para no encabezar en soledad un gobierno popular en una Latinoamérica que viró peligrosamente a la derecha. Por eso el lunes, a pesar del coronavirus el difícil momento que atraviesa la Argentina, sobraron los motivos para festejar.
No se resolvió la situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli
La Corte Suprema demora la definición de los jueces trasladados a dedo por el macrismo
La Corte Suprema no parece tener el mismo el apuro que les impuso al Consejo de la Magistratura y a la Procuración (a quienes les dio un plazo de 48 horas) para tomar una decisión sobre la validez de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli, nombrados a dedo por el macrismo en cargos en Comodoro Py. Los supremos tuvieron este martes su reunión de acuerdo por Zoom pero no definieron el esperado fallo que tanto el Gobierno como la oposición aguardan con ansias ante las implicancias políticas que los medios afines a ésta última lograron instalar. Al momento del encuentro remoto ya habían pasado 21 días desde que el tribunal aceptó el per saltum en un plenario extraordinario en el que su presidente, Carlos Rosenkrantz, impuso el tratamiento del tema. Para ese entonces ya había pasado más de un mes desde que el trío BBC hizo su pedido de socorro.
El clima de desconfianza recíproca que reina en la Corte se exacerba cuando las reuniones son por videoconferencia. Nadie sabe a ciencia cierta quién más puede estar escuchando. Los grandes temas se plantean, pero nadie profundiza demasiado. La cuestión de los traslados tuvo un lugar estelar en la agenda --aunque también se habló del pedido de aumento salarial que realizan los judiciales-- pero los integrantes del tribunal no cantaron sus votos en el momento. Habría más de un borrador en proceso de redacción. Igual que en 2018, cuando se planteó la discusión por los nombramientos por el mecanismo de traslado de un cargo a otro de jueces y juezas que implementaba el gobierno de Cambiemos, hay un intercambio más fluido por fuera del plenario oficial entre Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Es el mismo trío al que el exministro Germán Garavano bautizó de manera peyorativa como “mayoría peronista”, porque no le había gustado lo que decía la acordada 4, firmada en aquel entonces: que a los jueces se los elige con las reglas del procedimiento constitucional, que establece la intervención del Consejo de la Magistratura, que sustancia los concursos y vota las ternas, el Poder Ejecutivo, y el Senado, que debe prestar acuerdo.
En ese momento el disparador de la discusión fue que por una ley impulsada por el macrismo se convertían tribunales ordinarios (que juzgan delitos comunes) en federales. Así se intentó armar el Tribunal Oral Federal 9, para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero la Corte puso freno y el intento no prosperó. Ahí fue cuando comenzaron otros nombramientos por traslado, en juzgados, cámaras y tribunales orales, entre los cuales figuran los de Bruglia y Bertuzzi, que pasaron a la Cámara Federal desde el Tribunal oral federal 4, y el de Castelli, que pasó de un tribunal en San Martín, al Tribunal Oral Federal 7 en Comodoro Py. Ninguno concursó para esos cargos ni obtuvo acuerdo del Senado. En plena polémica sobre traslado de Bruglia --cuyo decreto Mauricio Macri firmó el 9 de abril de 2018-- la Corte firmó una segunda acordada con los votos del mismo tridente, que decía que cuando el traslado era a un cargo en distinta jurisdicción, competencia o jerarquía, debía haber acuerdo del Senado. Ese pronunciamiento supremo fue dos días después.
Hoy cada quien hace la lectura que mejor le sienta sobre aquellas acordadas, que son eje de deliberación en relación a los traslados. Los medios afines a la oposición anuncian un fallo favorable a los jueces porque interpretan que las acordadas los benefician. El oficialismo hace la lectura contraria. La Corte evalúa matices, según lo poco que hasta ahora deja trascender: tanto en lo que se refiere al alcance del fallo (si será solo para los casos concretos, si será igual para los tres demandantes, si tendrá criterios generales) como a quién podría favorecer. Desde hace tiempo, en los virtuales pasillos tribunalicios circula una opción salomónica, al estilo Lorenzetti, que les permita a los BBC quedarse en los cargos donde fueron trasladados hasta que termine el concurso para esas vacantes, que por cierto estaba en desarrollo, algo que hizo notar oportunamente la Cámara Federal.
Una de las muestras de que el macrismo tenía noción de la discusión y las objeciones en puerta, fue que apenas después de la acordada 4 de la Corte Suprema, que señalaba el proceso complejo y completo de designación, los diputados Pablo Tonelli y Mario Negri presentaron un proyecto de ley para hacer nombramientos de jueces sin pasar por el Senado. No tuvieron éxito, pero avanzaron los traslados igual.
Hay dos datos que sugieren que el fallo supremo no debería demorarse mucho más. Por un lado, las licencias extraordinarias de Bruglia y Bertuzzi vencieron el 18 de octubre y aún no fueron renovadas. Castelli pidió la suya días atrás, y tampoco tuvo respuesta. En los hechos, están en un limbo. Por otro lado, es muy infrecuente que un per saltum demore tanto tiempo. El llamado caso “Rizzo”, que fue el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la reforma judicial que impulsó CFK en 2013, se resolvió en pocos días. Desde que la Corte abrió el recurso del Colegio de Abogados hasta que resolvió el fondo, pasaron cinco días. Todos los supremos menos Raúl Zaffaroni voltearon aquella reforma de un plumazo.
Tanto el Consejo como la Procuración cumplieron con el plazo de 48 horas que impuso la Corte apenas abrió el per saltum de los BBC. El Consejo defendió la resolución en la que cuestionó los traslados de ellos y otros siete jueces. La diferencia fue que éstos últimos aceptaron pasar por el Senado, para conseguir el acuerdo, y ellos faltaron a la audiencia pública, lo que derivó en que una mayoría de 41 senadores votara desechar sus traslados, lo que luego hizo también Poder Ejecutivo, y convalidó la Cámara de Casación. El Procurador interino, Eduardo Casal, al revés, hizo una defensa corporativa de los jueces y sus nombramientos a dedo. Dijo que habían sido “removidos” y que el Consejo no podía actuar de manera retroactiva y revisar lo que el mismo cuerpo había decidido antes, con otra composición, al aprobar los traslados.
La Corte parece encaminada a poner algún plus a su resolución, pero no está claro cuál. Sólo Rosenkrantz expuso públicamente su postura a favor de los jueces atrincherados. El resto es especulación de la alianza político-mediática que encuentra su tercera pata en el sistema judicial.
Hizo lugar al pedido de Darío Nieto
Espionaje ilegal macrista: la Cámara Federal porteña
ordenó que la causa pase
de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py
Todo el aparato de Cambiemos juega a que las causas por espionaje viajen a los tribunales de Comodoro Py, donde el macrismo siempre jugó de local. Lo curioso es que en el traslado empujan no sólo los acusados, como el secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, sino también los que fueron espiados por la maquinaria armada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), bajo el mando de Gustavo Arribas y el propio Macri. Hasta Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, a quienes mandó a vigilar la AFI porque aparentemente querían armar la candidatura presidencial de la exgobernadora, se sumaron al pedido de que el expediente viaje al edificio de Retiro. Este martes, el camarista federal Mariano Llorens les dio el gusto y resolvió que el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, debe dejar la investigación para que pase a Comodoro Py. Lo más probable es que el magistrado rechace esa postura, la controversia se traslade a la Cámara Federal de La Plata y, en última instancia, resolverá la Cámara de Casación. Por ahora, se sigue investigando en Lomas.
El puntapié inicial lo dio el defensor de Nieto, José Gervasio Caviglione Fraga, quien argumentó que la AFI funciona en la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, y que casi todos los hechos ocurrieron en CABA, por lo que corresponde que la causa se instruya en Comodoro Py.
La cuestión es polémica. El grupo protagónico de espías, conocido como Super Mario Bros, tenía en realidad su base en Villa Martelli, del otro lado de la General Paz, y además espiaban ilegalmente a Vidal, al obispo Jorge Lugones y muchos otros referentes políticos y sociales, todos en la Provincia de Buenos Aires. También en territorio bonaerense viven la hermana menor de Mauricio Macri, Florencia, y su pareja, Salvatore Pica, otro objetivo de las operaciones de los espías. Y a todo esto se agrega que los agentes de Super Mario Bros iban centralmente a los actos de la oposición en La Matanza, Morón, San Martín, Quilmes y otros polos del conurbano bonaerense, sacaban fotos y después armaban informes para entregar a sus jefes en la AFI o a Susana Martinengo, funcionaria con oficina en la Casa Rosada.
Justamente la jueza María Eugenia Capuchetti, la más nueva de Comodoro Py, rechazó hacerse cargo de la causa por esa misma razón: que los escenarios fueron muy diversos y que en ese caso pesa que los dos fiscales de Lomas, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, junto al juez Augé, tienen la investigación mucho más adelantada, por lo que traerla a Comodoro Py implica dilatarla y demorarla.
Más allá de los discursos con impronta judicial, lo concreto es que los ex funcionarios de Cambiemos quieren sacar la investigación de Lomas donde no controlan ni a los fiscales ni al juez. Las pruebas obtenidas respecto de los espías son tan nítidas que el macrismo busca refugio como sea: del celular del ex policía Leandro Araque, por ejemplo, salieron fotos, informes, grabaciones y detalles de una enorme cantidad de operaciones ilegales. Como es obvio, la forma de frenar la investigación es llevar el expediente a Retiro.
Ni a Rodríguez Larreta ni a Vidal ni a Santilli les importó ser víctimas del espionaje: les sacaron fotos en reuniones, pretendieron meterse en sus vidas personales, armarles relaciones amorosas y hasta les monitorearon con quiénes se encontraban a tomar un café. Nada impidió que aún así se presentaran para pedir el traslado a Py. Suponen que una investigación a fondo abre un gigantesco boquete en la nave de Juntos por el Cambio y entonces prefieren que la causa se empantane.
Este martes, a sola firma, el camarista Llorens, en nombre de la Cámara Federal de Comodoro Py, revocó lo decidido por Capuchetti y ordenó que la causa vaya a CABA. Argumentó lo mismo que los abogados de Cambiemos: que la AFI funciona en Capital, que el armado --si existió-- se hizo en la calle 25 de Mayo, donde funciona la central de espías, y que la mayoría de los hechos tuvieron escenario porteño. Para salvar un poco el decoro, Llorens dijo que no debía trasladarse el caso del espionaje a los ex funcionarios y empresarios que estuvieron presos en el penal de Ezeiza, porque eso sí que está claro: la cárcel de Ezeiza no queda en CABA.
La lógica es que cuando a Augé le pidan la causa, el juez le dé vista a Incardona, Eyherabide y a todas las víctimas del espionaje. Tambien es lógico que la gran mayoría conteste que la causa debe quedar en Lomas porque allí se investigó a fondo hasta ahora. Sobre esa base, es casi seguro que el juez rechazará el traslado a Retiro. La siguiente parada estará en la Cámara Federal de La Plata, superior del juez de Lomas, y podría plantearse un conflicto entre La Plata y Comodoro Py. La última palabra la tendrá, dentro de un tiempo, la Cámara de Casación.
Mientras tanto, el expediente lo seguirán instruyendo Augé, Incardona y Eyherabide.
La conversación del ministro y la titular del FMI
Guzmán y Georgieva en el
teléfono
A contramano de lo que se piensa, la conversación de treinta minutos que mantuvieron el lunes último el ministro de Economía, Martín Guzmán y la titular del Fondo Monetario (FMI), Kristalina Georgieva, no fue un llamado de apuro para buscar apoyos. Estaba pautada desde que terminó la primera misión del organismo en el país y tuvo una agenda bastante más amplia que el dólar.
Justo en el día en que el funcionario, empoderado por el presidente Alberto Fernández, retomó el manejo de la sartén con el dólar caliente, conversaron sobre la coyuntura local aprovechando que la búlgara tenía delante suyo el reporte que le entregaron los enviados del Fondo luego de su paso por el país. Según supo Página I12, la conversación no es una gran definición pero sí le toma la temperatura y el pulso a la negociación que se viene para cerrar el capítulo de la deuda. Lo grueso de ese asunto vendrá, se estima, el 17 de novimbre próximo, fecha estimativa para la segunda incursión de Luis Cubeeddu y Julie Kozak, referentes del organismo.
Tras la llamada, a última hora del lunes, Georgieva salió a bancar a Guzmán luego del paquete de medidas para achicar la brecha entre el dólar oficial y los financieros. "Gran conversación con Martín Guzmán hoy en el camino de #Argentina por delante", expresó en su cuenta de Twitter, formalizando el contacto. Y agregó que "continuaremos apoyando a las autoridades mientras trabajan para aliviar las presiones cambiarias, anclar la estabilidad económica y sentar las bases para la recuperación".
Casi al instante, le respondió Guzmán. "Muy valiosa conversación hoy con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. ¡Gracias!", escribió poco después de las 22:30 a través de su cuenta en esa red social. Y agregó que "en el marco de un diálogo productivo, el FMI comparte nuestra visión de que la Argentina necesita transitar el camino hacia la estabilidad y el crecimiento económico".
La relación que Guzmán y el encargado de las relaciones argentinas con el FMI, Sergio Chodos, vienen cultivando con Georgieva es de extremo cuidado y en el Gobierno están lejos de leerla como un triunfo, pero sí fuentes de ambos bandos aseguraron a este diario que "venimos con lecturas compartidas sobre varios temas". Aclararon, además, que en la conversación telefónica se puso de manifiesto la disposición al diálogo para llegar a un acuerdo sustentable y no demasiado extenso.
Un particular analista de ese vínculo, la sintetizó con una metáfora de las relaciones humanas. "El de Macri con Lagarde (antecesora de Georgieva) fue un amor adolescente; en este caso, la relación es de madurez y de cuidado, como en las parejas que ya han tenido muchos chisporroteos y, más allá del clima circustancial, son cuidadosos en cada paso".
En su paso por Argentina, la misión del FMI cosechó información del Gobierno, sectores empresaros y la CGT para semblantear el contexto económico y político. En Hacienda explicaron que el segundo encuentro, el de noviembre, será más importante porque se tratarán cuestiones técnicas de la oferta del país para cumplir con el organismo, sin que haya distorsiones en el plan económico.
Félix Crous dio precisiones sobre su resolución
La Oficina Anticorrupción se enfocará en políticas
preventivas y no intervendrá
como querellante en causas
Imagen: Bernardino Avila
La Oficina Anticorrupción (OA) dejará de intervenir en las causas como querellante, un perfil que se había acentuado especialmente durante la gestión Cambiemos, para enfocarse en las políticas de prevención de la corrupción al interior de la administración pública. Esa decisión surge de una resolución que firmó en las últimas horas el titular de la OA, Félix Crous, que recoge los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -- que habían sido pedidos mientras el organismo estaba a cargo de Laura Alonso, que puso el grito en el Twitter después de que se conociera la noticia. La decisión de Crous no afecta en modo alguno las causas en trámite y, en aquellas en que todavía no se produjo la prueba, la OA continuará en su rol como querellante. Tampoco dejará de denunciar ni de investigar. “Estamos haciendo lo que anunciamos lo que íbamos a hacer: reperfilar la OA hacia una oficina que se dedica a la transparencia y abandone el rol parajudicial", explicó Crous a Página|12.
La OA tiene dos grandes áreas. Una se dedica a la prevención y la otra, a la investigación. Dentro de la prevención, la OA se ocupa de pensar políticas públicas para evitar hechos de corrupción, de recibir y analizar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de detectar y prevenir conflictos de intereses, que, por ejemplo, se dan cuando quienes ocupan la administración pública conservan intereses en el ámbito privado. La investigación, por el contrario, está enfocada a la recepción de denuncias, a la presentación ante las autoridades judiciales y, en último lugar, a funcionar como querellantes en las causas.
Según la resolución firmada el lunes por Crous, lo único que dejará la OA es su rol como querellante tanto en causas que hacen a funcionarios o exfuncionarios de cualquier signo político. Nada del texto implica que la OA abandone su rol investigativo ni deje de presentar denuncias, como hizo el viernes pasado en el caso de las vacunas que el gobierno anterior dejó vencer. El problema es que muchas veces el área investigativa de la OA se solapa con otro organismo que funciona dentro del Ministerio Público Fiscal, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también tiene dentro de sus competencias las investigaciones sobre funcionarios de la administración pública, lo que no incluye ni al Congreso ni al Poder Judicial. La diferencia es que la OA está dentro del ámbito del Ejecutivo, mientras que la PIA está en la órbita de la Procuración -- que es un extrapoder -- y se encuentra en manos de un fiscal, Sergio Rodríguez.
En los papeles, el rol querellante de la OA es una duplicación de las funciones de distintas entidades estatales. Tan ambiguo es el rol de la OA, que su caso está planteado dentro de los interrogantes que deberán analizar los juristas que integran el consejo consultivo que asesora al Presidente Alberto Fernández en una posible reforma de la justicia en organismos claves como la Corte Suprema, el Ministerio Público o el Consejo de la Magistratura. En concreto, al consejo le preguntaron si la OA debería pasar a la órbita de la Procuración. La respuesta se conocerá después del 18 de noviembre, cuando los expertos terminen con sus deliberaciones. Es, en este sentido, que la resolución de Crous tiene que ver con readecuar la OA a los lineamientos que sugirió la OCDE para potenciar el rol que puede tener un organismo que funciona en la órbita del Ejecutivo, que está vinculado al diseño y al asesoramiento en políticas públicas.
Alonso, la extitular de la OA, habló de impunidad al enterarse que la OA ya no funcionará como querellante. Durante la gestión Cambiemos, la OA había privilegiado a una de las direcciones del área de Investigaciones: la de Litigio. Es decir, la mayoría de los abogados del organismo habían estado abocados a los juicios contra funcionarios kirchneristas. Por el contrario, la dirección de Investigaciones quedó con un atraso monumental, especialmente en lo que hace al examen de los casos de conflictos de intereses -- una de las marcas registradas del gobierno cambiemita.
Los datos de la OA contradicen lo que desde Juntos por el Cambio buscó instalar como una maniobra pro-impunidad:
Entre 2003 y 2015, la OA participó como querellante en siete causas. En tan solo cuatro años del gobierno de Cambiemos, la OA triplicó su participación en los juicios, actuando como querellante en juicios contra exfuncionarios kirchneristas.
De hecho, la propia Alonso desistió más querellas que la actual gestión de la OA. En 2016, la OA desistió la querella en 30 causas (muchas de ellas estaban vinculadas a Víctor Alderete, interventor en el PAMI durante el menemismo. En 2017, fueron tres; en 2018, nueve y, en 2019, tres. Crous desistió once.
Alonso le explicó al periodista Luis Majul que, para no ser cuestionada, no iba a querellar en casos que involucraban a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Las querellas de la OA estuvieron centradas en las causas como la tragedia de Once, Cuadernos, Odebrecht, Ciccone o que involucraban al exsecretario de Obras Públicas José López, al empresario Lázaro Báez e incluso al exjefe del Ejército César Milani.
La OA macrista apuntó todos sus cañones a los juicios, donde destinó a la mayor cantidad de su personal. El organismo tenía una dotación de personal por debajo del 30 por ciento a fines de la gestión anterior, lo que se potenció con las renuncias de funcionarios políticos antes de la asunción de Crous, que desembarcó a principios de enero. No hubo despidos en la OA. De hecho, dos áreas claves como las que la maneja las declaraciones juradas y la dirección de investigaciones están en manos de funcionarios nombrados en otras gestiones.
De la administración anterior heredaron al menos 98 denuncias o casos de posibles conflictos de interés sin analizar. Esos casos tramitan dentro del área de Prevención, que no cuenta ni con una decena de empleados para realizar el trabajo, según explicaron fuentes de la Oficina.
El diputado nota lentitud en las políticas de acceso a la tierra
Juan Carlos Alderete: "Le
decimos a nuestro Gobierno
que hay que apurarse"
Imagen: NA
“Hoy no hay políticas de estado para acceder a un lugar donde hacerse la casa. Y eso no se soluciona con represión; el Estado no puede responder con violencia por fallas propias, como la falta de loteos sociales”, dice Juan Carlos Alderete sobre la situación en la toma de Guernica, donde empezó a correr el nuevo plazo para el desalojo: podría ocurrir cualquiera de estos días hasta el 30 de octubre. Diputado nacional, Alderete integra la camada de referentes sociales que en diciembre llegaron al Congreso con el voto al Frente de Todos, en su caso con una biografía política inescindible de la izquierda y de la lucha por el acceso a la tierra. Militante del Partido Comunista Revolucionario, se formó como dirigente social en la ola de tomas de principios de los ‘80, cuando se sumó a una ocupación en La Matanza, donde levantó con sus vecinos el barrio María Elena, lugar en el que sigue viviendo. En diálogo con PáginaI12, Alderete habló de la urbanización de los barrios populares, de su proyecto de Ley por Tierra, Techo y Trabajo y de los discursos encontrados que las tomas generan al interior del Frente de Todos. “Las declaraciones que viene haciendo Sergio Berni sólo se explican por una apetencia política”, asegura.
--¿Cómo ve la respuesta del Gobierno a las ocupaciones?
--Todos sabemos que la situación empuja a miles de familias que viven hacinadas, que no tienen posibilidad de acceder a un pedazo de tierra para construir. Creo que el gobierno de la provincia está encarando bien el tema, aunque encuentra resistencia por algunos intereses políticos e incluso por algunos intereses económicos, porque en las tomas siempre hay alguno que va a ocupar al solo efecto de venderle ese terreno a tres o cuatro que no se animaron a ocupar en el primer momento. Es algo que pasó siempre. Cuando el Estado interviene, las situaciones se solucionan y se evita un mal mayor.
-¿Y el gobierno nacional? ¿Está conforme con lo hecho para el acceso a la tierra?
-No, no... viene muy lerdo. Se anuncia, se anuncia, pero no hay una política de Estado frente la crisis que tenemos, que es una crisis habitacional de muchos años. Hoy no hay políticas de Estado para acceder a un lugar donde hacerse la casa. Y esto no se soluciona con represión, al contrario, la represión empeora las cosas.
--¿Qué es lo que frena que se implementen medidas para el acceso a la tierra?
-Está frenando porque se tienen que poner a trabajar en todos los municipios, en todas las gobernaciones. Hay secretarías de Tierra que tienen que actuar cuando se toman terrenos. Lo conozco bien porque me tocó vivirlo: en el ‘83 me sumé a una toma, con mi familia. Me había pasado lo que les pasa hoy a tantos, porque incluso tenía trabajo, pero no podía pagar el alquiler. El Estado intervino, hizo una negociación con los dueños y pudimos comprar la tierra en cuotas. Así nació el barrio María Elena, hoy tenemos las escrituras de nuestras casas.
--¿El estado compró las tierras al dueño?
-Sí. Compró las tierras de tres barrios, el María Elena que son 1157 lotes, el 17 de octubre que son 520 y el barrio Latinoamérica que son 1880 lotes. Todo era del mismo dueño. Después nos vendió las tierras a cada uno de los ocupantes.
--¿Tuvieron desalojos?
-Hubo una orden, pero con una ley de expropiación de la legislatura bonaerense se paró. Después no fue necesario aplicar la expropiación, porque el estado hizo un acuerdo con el dueño. Y nos vendió la tierra con cuotas de hasta diez años.
--¿Era frecuente ese modo de resolver las ocupaciones?
-Sí. Muchos barrios se han regularizado así en la provincia de Buenos Aires, ha sido un modelo de cómo regularizar la situación dominial de los ocupantes.
-En aquel momento había un gobernador radical, Alejandro Armendáriz.
-También en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo una decisión política de solucionar las ocupaciones dando acceso a la tierra y la vivienda. Nosotros, como Corriente Clasista y Combativa, hemos intervenido en las provincias en ocupaciones, durante el kirchnerismo, y siempre se llegó a una solución. En algunos casos, la gente que estaba ocupando un terreno privado se tuvo que trasladar a tierras estatales, pero también se llegó a una solución. Lo hemos hecho junto con Sergio Berni. Por eso me llama la atención que Sergio ahora esté haciendo las declaraciones que hace.
--¿A qué lo atribuye?
-Sólo se explican por alguna apetencia política. Cuando Sergio trabajaba en el ministerio de Desarrollo Social, con Alicia Kirchner, ha recorrido tomas con nosotros. Me acuerdo del caso de Jujuy, donde hubo una toma sobre tierras privadas, las recorrimos con él y hubo una solución y allí mismo se construyeron viviendas. Nosotros fuimos muy críticos de los gobiernos de Néstor y Cristina, y sin embargo en esos años pudimos hacer 7200 viviendas. Siempre lo digo públicamente porque es algo que reconocemos a los gobiernos kichneristas.
--Hace unos días presentó un proyecto de ley por Tierra, Techo y Trabajo.
--Es un proyecto para crear 375 mil soluciones habitacionales, entre viviendas y ampliaciones de viviendas. Con eso se podrían generar un millón 500 mil puestos de trabajos directos, y otra cantidad de manera indirecta. También tiene un aspecto rural, porque la ley de reparación histórica a la agricultura familiar no fue reglamentada nunca. Nosotros hicimos una investigación y encontramos que en la provincia de Buenos Aires hay 180 mil hectáreas en manos del estado.
--Esa ley fue aprobada en 2015, pero no se creó el banco de tierras.
--Y es muy importante para la agricultura familiar, una actividad que tuvo un impulso durante los gobiernos de Néstor y Cristina pero que hoy necesita del acceso a la tierra.
-Su proyecto también busca reactivar la urbanización de los barrios populares. El Renabap empezó algunas obras, en septiembre.
--Se está haciendo, pero a una escala chica, muy poco. Hay que acelerarlo porque la gente está desesperada, necesita donde trabajar. Lo vemos en los comedores y merenderos; cuando la tarjeta Alimentar es recargada la gente deja de ir, pero sólo por cuatro o cinco días.
-Como diputado del Frente de Todos, ¿cómo vive que las políticas de tierra y vivienda estén frenadas?
-- Vemos trabas burocráticas que hay que sortear con decisiones políticas. Aunque reconocemos, también, que hoy el Estado tiene presencia en todo el país, algo que antes no pasaba. Si no hubiera pandemia, ya estaríamos en la calle, por nuestros reclamos y también para salir al cruce de las marchas de los sectores reaccionarios que quieren desestabilizar al Gobierno. Porque hemos sufrido tremendamente los cuatro años de Macri, y todavía la gente sigue teniendo esperanzas, sigue teniendo sueños. Por eso le decimos a nuestro propio Gobierno que hay que apurarse, acelerar las cosas y tomar medidas. Muchos compañeros vienen de trabajar toda la vida haciendo changas, sin haber entrado nunca al trabajo formal, y cada vez encuentran menos trabajo, mucho menos. Es clave que podamos salir de la pandemia generando trabajo, y el acceso a la vivienda es un gran movilizador.
Proyecto de promoción a emprendimientos en construcción. Lo anuncian este miércoles
Blanqueo de capitales para inversiones en obras
El Gobierno impulsará un proyecto de ley para promover inversiones en el sector de la construcción. Establece un blanqueo de capitales, que sólo podrá ser utilizado en obras privadas nuevas. Además, otorga a inversores beneficios fiscales a cuenta de impuestos a los bienes personales y ganancias. El objetivo final es promover la inversión en un sector generador de empleo, de cara a la reconstrucción económica, según explicaron fuentes oficiales.
El anuncio se realizará este miércoles a las 18:30 en el Ministerio de Economía, y contará con el ministro Martín Guzmán, cuya cartera fue una de las encargadas en establecer los lineamientos. Será acompañado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la vicejefa, Cecilia Todesca Bocco y la ministra de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa. Se espera que ese mismo día el proyecto sea enviado a Diputados, por lo que podrían participar del anuncio miembros del Poder Legislativo, como Sergio Massa.
Previamente, el equipo económico estará reunido con el sector de la construcción. Estará Iván Szczech, presidente de la cámara, y se espera la presencia de Gerardo Martínez, dirigente de la Uocra. La idea del Gobierno es recrear el escenario de la semana pasada con la discusión del proyecto de ley agroindustrial, entre el gabinete económico y los empresarios del Consejo Agroindustrial.
Proyecto de ley
En el capítulo I, el proyecto establece que la promoción de inversiones para la construcción privada será para obras cuyos trabajos se inicien desde la entrada en vigencia de la ley, aunque también quedarán comprendidas aquellas que a la fecha de entrada en vigencia posean un grado de avance inferior al 50 por ciento de finalización.
El blanqueo está detallado en el capítulo IV, llamado “declaración voluntaria de activos para la realización de inversiones en construcción”. Allí establece que las personas humanas podrán declarar ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera o nacional en el país y en el exterior, desde que se sancione la ley hasta el 28 de febrero de 2021. “Los fondos declarados deberán afectarse a las inversiones en obras privadas nuevas realizadas en Argentina”, establece el texto.
Los sujetos no deberán declarar “la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos”. Sobre la tenencia que se declare, se aplicará un impuesto especial que irá del 5 al 25 por ciento, según la fecha que se declare, siendo menor cuanto más próximo a la sanción de la ley.
Quedarán eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, como Ganancias, IVA, Bienes Personales, a la vez que quedan liberados de cualquier acción penal tributaria o cambiaria, por lo que no regirá la figura de evasión fiscal. Quedan excluidas las sumas de dinero provenientes del lavado de dinero o financiación del terrorismo. Además, quedan excluidas las personas en quiebra, condenados por delitos y quienes ejerzan o hayan ejercido la función pública (incluidos familiares).
En tanto, el Capítulo II detalla los beneficios fiscales sobre el impuesto a los bienes personales en inversiones nuevas hasta diciembre de 2022. Además, podrán computarse como pago a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales el equivalente al uno por ciento del valor de las inversiones en construcción de obras. Los titulares de inmuebles gozarán del diferimiento del pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas.
A cuatro meses de la sanción de la norma, aún existen puntos claves sin aplicar
La ley del inquilino está,
ahora falta que se cumpla
Imagen: Sandra Cartasso
“La propiedad se alquila bajo las condiciones de la nueva ley de alquileres”, dicen los avisos publicados en los sitios de clasificados. La misma frase se repite en las visitas a las viviendas. Sin embargo, en la firma del contrato hay al menos cuatro artículos que suelen incumplirse, según indicaron desde la Defensoría del Inquilino de la Ciudad. En los contratos figuran plazos de 2 años, no se otorgan facturas, no se permiten transferencias bancarias, se le pide al inquilino que pague impuestos inmobiliarios y los honorarios. Ninguno de estos puntos forma parte de la Ley 27.551, que rige actualmente el alquiler de vivienda.
Irregularidades
Contrato. Según Fernando Muñoz, de la Defensoría del Inquilino, esto ocurre porque todavía no fue reglamentado el registro de contratos que tiene que establecer la AFIP. “Por eso pueden seguir haciendo cualquier contrato, porque no lo tienen que registrar en ningún lado. Aunque eso no significa que sea legal", explicó a este diario.
En su artículo 16, la ley establece que los contratos de locación deberán ser declarados por el locador ante la AFIP, dentro del plazo y de la forma que el organismo disponga. A cuatro meses de haberse sancionado la ley, aún no fue reglamentado este punto y se espera que la registración pueda hacerse antes de fin de año en la web de AFIP. De todos modos, Muñoz plantea que el propietario se perjudica, porque de querer avanzar en un desalojo, la justicia lo primero que hará es pedirle a la AFIP el contrato.
Plazos. La nueva ley establece un plazo mínimo de contrato de locación de 3 años. Para evitarlo, se otorgan contratos con fecha de inicio en junio y bajo las condiciones de la anterior ley, que permitía extensiones de dos años y además ajusta de manera semestral, y no anual como es ahora. También se apela a las excepciones de la actual ley, que permite plazos menores a 3 años para fines como el turismo.
De hecho, en un contexto de caída de la oferta tradicional, aumentaron los alquileres temporales. Desde el sector inmobiliario plantean que 3 años es un plazo muy extenso, además de que durante ese período no pueden ajustar el valor de manera unilateral, que pasó a depender de un índice que publica el Banco Central.
Forma de pago. Son muy pocos los casos que aceptan transferencias bancarias, aduciendo que de esa forma tendrían que pagar impuestos como los ingresos brutos. Además, tampoco se otorga la factura por el pago mensual. La falta de factura impide a un trabajador, en el caso de pagar el impuesto a las Ganancias, poder realizar deducciones significativas. En el caso del alquiler, es de hasta el 40 por ciento del valor, con un tope anual de 123 mil pesos.
Impuestos. El locatario (inquilino) debe hacerse cargo de los servicios de energía, gas y agua, así como de las expensas ordinarias. Sin embargo, es muy común que se le haga pagar aparte del alquiler impuestos inmobiliarios a la propiedad, como es el caso del ABL en la Ciudad. En un departamento de 2 ambientes, puede ascender a 1000 pesos por mes.
Garantías. En caso de requerirse garantías, la nueva ley establece que el inquilino puede presentar un título de propiedad, un aval bancario o un seguro de caución. Sin embargo, este punto de la ley todavía no fue reglamentado, por lo que las inmobiliarias suelen rechazar reservas de personas que no cuenten con garantía de título de propiedad en la Ciudad.
Qué hacer
Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación plantean que no pueden avanzar en multas o penalidades, dado que no es un órgano de aplicación, sino que lo que puede hacer es mediar. Por incumplimientos, se pueden realizar gestiones en defensorías del pueblo provinciales, o en la subsecretaría de acceso a la justicia. Desde la Defensoría del Inquilino de la Ciudad preparan un informe sobre qué hacer ante los distintos abusos e irregularidades.
Muñoz anticipa que por más que se firmen contratos con cláusulas ilegales, a futuro pueden denunciarse. “Es una decisión personal, porque algunos no quieren confrontar, o les gusta el departamento y prefieren quedarse de todas formas”, explicó. Por su parte, Gervasio Muñoz, de la agrupación Inquilinos Agrupados, anticipó que el desafío de acá en adelante será el “control del Estado y el cumplimiento de la ley, fundamental para garantizar la vivienda”.
Incendios en el Delta
El fuego alcanzó casas de la
última isla que quedaba
sin quemarse
Entre las islas del Delta del Paraná de las cercanías del puente Rosario - Victoria aún había una que se mantenía a salvo del asedio de las llamas: la Isla Pele, ubicada en territorio entrerriano frente a la ciudad santafesina de San Lorenzo. Sin embargo, el jueves pasado el fuego llegó a la isla y durante el fin de semana continuó su avance y terminó por quemar las casas de los lugareños. En soledad y ante la inacción del Estado, el domingo isleños y brigadistas voluntarios combatieron el fuego que además arrasó con flora y fauna del lugar.
Emilio Silva tiene 75 años y hace 75 años que vive en Isla Pele. Nació y se crió entre las tierras de la isla y las aguas del Paraná. También trabaja con ellas: es pescador y tiene una huerta. Junto a su esposa Sandra Noriega este domingo debió ver a las llamas destruir la cocina de su "rancho", como él lo llama, además del "cuartito" donde guardaban los alimentos.
De la huerta tampoco quedó nada. "Era un infierno, un fuego impresionante, parecía que la tierra estaba envuelta en llamas, algo espantoso. Como pude agarré los diez baldes que por las dudas tengo preparados y cuando me di cuenta estaba rodeado de fuego, quedé con los ojos y los pulmones irritados por el humo, pero por suerte pude salir", relata ahora a Página/12.
El rancho de Silva y Noriega es uno de los que el pasado domingo fueron alcanzados por las llamas que se expandieron sin control en Isla Pele. Según cuentan los lugareños, ninguna vivienda fue destruida en su totalidad, pero muchas sufrieron pérdidas que para ellos son irreparables: "Esto es durísimo, estamos muy angustiados porque están quemando todo", sostiene el pescador.
Es que, para los isleños, hogar y tierra funcionan en unidad y ya no soportan ser testigos de la destrucción de la flora y la fauna con que se criaron: "Amamos este lugar, estamos acá desde que nacimos y ahora vemos a los animales morirse. Carpinchos, nutrias, aves, todo quemado", detalla Silva.
La Isla Pele, ubicada justo frente las localidades de San Lorenzo y Puerto General San Martín, hasta el momento no ha sufrido el llamado proceso de "pampeanización": allí no llegó la actividad agropecuaria corrida de las pampas por la expansión de la frontera de la soja, como sí ha sucedido en buena parte de las islas del Delta superior en las últimas décadas.
La ausencia de ganado quizás sea una buena razón para explicar por qué, en sus 75 años de vida, Silva jamás había presenciado un incendio de esa magnitud. "Una vez unos chicos dejaron un fueguito y se prendió, pero fue pequeño y pudimos apagarlo rápido", ese es el único recuerdo de fuego que el lugareño tenía hasta este fin de semana.
"Me pareció extraño que el incendio fuera tan grande y viniera desde del norte", sostiene ahora el pescador, cuya experiencia lo lleva a pensar que un incendio de esa magnitud no puede ser obra de la naturaleza. Si se observa la isla con una imagen satelital, se puede apreciar que justamente en el norte se ubica la zona de mayor superficie de tierra en una isla invadida por las aguas del Paraná.
"Si un lugareño que vive ahí hace más de setenta años afirma que en ese lugar nunca hubo un incendio es medio difícil no suponer que hay intenciones productivas de expansión detrás. Lo que se vive en las islas es consecuencia de la profundización del modelo de producción a cualquier costo, los intereses económicos van por sobre todo", señala a este diario Melina Alzugaray, integrante del Movimiento Regional de Defensa de los Humedales (MoReDeHu) Cordón Industrial, que el domingo participó del combate de los incendios junto a la Brigada Punta de Flecha de Granadero Baigorria.
"Estaba solo y tenía las llamas encima. Ahí aparecieron estos chicos con una lancha, una bomba de agua y pudimos frenarlo", comenta Silva sobre la aparición salvadora de los voluntarios. Ningún agente del Estado se hizo presente el día en que las llamas llegaron a las viviendas. "Cruzamos el río y algunos compañeros se quedaron del otro lado para pedir ayuda: llamaron a Prefectura e incluso a contactos del Concejo Deliberante y nadie dio respuesta. Solo aparecieron tres policías de Entre Ríos a hacer un acta que no sabemos para qué sirvió. Mientras estábamos con los baldes ellos miraban", detalla Alzugaray.
"Prefectura ni se asomó. Los chicos de las brigadas arriesgan sus vidas, andan apagando las llamas entre los árboles, es una cosa impagable lo que hacen, pero las autoridades son las que tendrían que hacer algo", reclama Silva. Por su parte, la integrante del Movimiento agrega: "Nosotros juntamos ochenta voluntarios en un día, el Estado tendría que poder hacer mucho más en un segundo, si no lo hace es porque no está queriendo".
Aunque en 2020 el fuego golpeó a las islas más que nunca, los incendios se desarrollan desde hace varios años. Es por esto que las brigadas voluntarias ya cuentan con diferentes niveles de organización. En el caso del MoReDeHu, hay tres comisiones encargadas del fuego: la de seguridad y relevamiento en islas, que tiene contacto directo con isleños, la de alerta temprana, que se encarga de detectar focos, y la específica de las brigadas que enfrentan el fuego. "Cruzamos en situaciones de emergencia, cuando corre riesgo la vida de los isleños.
El domingo a las ocho ya era de noche cuando el fuego empezó a llegar a las casas, tiramos agua a los ranchos para que se humedecieran y las llamas no agarraran tan fácil, eso hizo que no llegara a quemarse todo, pero no quedó nada de vegetación ni de fauna", indica Alzugaray.
Durante la noche del lunes la lluvia llegó a la zona y apagó los focos que se mantenían activos. Sin embargo, los daños son profundos: "Los árboles, los animales, las huertas, todo lo que da sustento a los isleños va a tardar años en recuperarse", afirma la brigadista. Por su parte, Silva y Noriega comentan que durante el lunes no tuvieron nada para comer: "No podía irme, tenía miedo de que se me prendiera fuego el rancho, ahora recién puedo salir a buscar comida", asegura el pescador. Tanto el MoReDeHu como la Brigada Punta de Flecha recolectan donaciones para llevar a la Isla. Se puede colaborar a través de las redes sociales que llevan sus nombres.
Informe: Santiago Brunetto
Fuente:Pagina12
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