«No me sorprendería otro desastre
en represas», dice ex relator de la
ONU
Por Daniel Giovanaz. Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020
Cinco años después de derrame en Mariana (MG), Baskut Tuncak analiza que no se tomaron medidas de prevención suficientes.
De las 859 represas de relaves de minerales en Brasil, 50 tienen algún riesgo de comprometimiento de la estructura de seguridad, según la Agencia Nacional de Minería (ANM). Las tres estructuras clasificadas con nivel de emergencia más alto están en Minas Gerais: Forquilha III (Vale), en Ouro Preto, Sul Superior (Vale), en Barão de Cocais y B3/B4 (MBR), en Nova Lima.
El estado, que aún vive las consecuencias de los derrames de Mariana, en noviembre de 2015, y Brumadinho, en enero de 2019, es tratado como una “bomba reloj” por especialistas y activistas del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por su sigla en portugués).
“No me sorprendería otro desastre en represas en Brasil”, lamenta el abogado y químico turco Baskut Tuncak, ex Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Residuos Tóxicos.
Tuncak integró una comitiva del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que visitó Brasil el año pasado y escuchó a afectados de Brumadinho, Mariana y sw la comunidad de Piquiá de Baixo, en Maranhão.
El informe, producido al final de la visita y presentado en septiembre por su sucesor Marcos Orellana, afirma que la minera Vale tuvo una “conducta criminal imprudente” en el rompimiento de la represa del Córrego do Feijão, que causó 272 muertes.
El texto resalta que la empresa presionó a auditores externos a certificar la estabilidad de la represa e ignoró alertas sobre los riesgos en Brumadinho – lo mismo que había hecho en Mariana.
“Después de los desastres de Mariana y Brumadinho, ningún ejecutivo corporativo de la Vale, BHP o Samarco fue condenado por conducta criminal, una farsa judicial que sugiere que algunos en Brasil están, de hecho, encima de la ley”, denuncia el informe.
Brasil de Fato conversó con Tuncak con ocasión de los cinco años del rompimiento de la represa de la Samarco en Mariana. El tema de la conversación fue la responsabilidad de agentes del Estado y de la iniciativa privada en crímenes de esta naturaleza. Lea los mejores momentos:
Brasil de Fato: En el informe producido después de su visita a Brasil, al citar el derrame en Brumadinho, usted afirma que “es asombroso que un desastre como este ocurra cuatro años después del rompimiento catastrófico de una represa involucrando a la misma empresa, Vale, en el mismo estado, Minas Gerais.” ¿Qué medidas esperaba que la compañía y el Estado hubieran tomado para evitar nuevos rompimientos, y que observó en la práctica?
Baskut Tuncak: Esa es una excelente pregunta. Fue muy impactante lo que aconteció en enero de 2019, pero era previsible y evitable.
Aquel desastre ocurrió en una de las varias represas del país considerada de alto riesgo. Infelizmente, incluso después del desastre de Mariana, el Estado no perfeccionó su legislación ni fortaleció la regulación y los procedimientos para seguridad de represas.
Ocurrió casi lo contrario: el riesgo sólo aumentó desde entonces, por medio del debilitamiento de algunas disposiciones y del permiso para construcciones de represas de relaves de manera más rápida.
Incluso después del desastre de Mariana, el Estado no perfeccionó su legislación ni fortaleció la regulación y los procedimientos para seguridad de represas.
Lo que debería haber acontecido era el fortalecimiento de las normas, de la fiscalización, de los procedimientos, de las medidas de prevención. Desgraciadamente, tanto de parte del gobierno como de Vale, no fue el caso.
Usted participa en misiones de las Naciones Unidas en varios países. ¿El nivel de negligencia que observó en Brasil es inédito, o esa es una situación recurrente en otras partes del mundo?
Problemas en represas de relaves no son exclusividad de Brasil. Otros países con actividades mineras también enfrentan dificultades. No obstante, el nivel de riesgo en Brasil está entre los mayores del mundo.
Por los datos a que tengo acceso, Brasil es el país que más represas de alto riesgo tiene.
Considerando la situación de las demás represas en Brasil, ¿usted se sorprendería con la noticia de un nuevo rompimiento?
Basado en lo que vi y oí en diciembre del año pasado, desgraciadamente no me sorprendería otro desastre en represas en Brasil.
Espero, y oí algunos rumores, que se hicieron cambios después de nuestra visita para reducir los riesgos. No obstante, hay una cuestión sistémica adyacente que es motivo de gran preocupación y que, hasta donde se, aún no fue abordada: la información que recibe el gobierno [sobre la situación de las represas] la producen las mismas empresas.
Brasil es el país que más represas de alto riesgo tiene
Esa es mi preocupación central en términos de preservación de la integridad de los procesos gubernamentales de regulación y monitoreo de las operaciones, para que desastres como Mariana y Brumadinho no vuelvan a suceder.
Si el Estado no impone las debidas exigencias ni fiscaliza correctamente las operaciones, ¿cuál es la responsabilidad de Vale y de Samarco?
De hecho, la tarea de proteger los derechos humanos es del Estado. Sin embargo, la situación impone responsabilidad a las empresas, lo que incluye las obligaciones creadas por los gobiernos, bajo la forma de ley, pero también cuidar a las personas que están en riesgo debido a sus actividades.
En los dos desastres, de Mariana y Brumadinho, fue posible observar el trauma psicológico. Las personas recuerdan claramente el momento en que la represa colapsó.
Cabe también a las empresas mitigar impactos sobre los derechos humanos, incluso en ausencia de las exigencias legales necesarias.
En cierto sentido, es una responsabilidad compartida. Pero, a fin de cuentas, lo que observamos es que los gobiernos necesitan garantizar la regulación de los negocios en sus territorios.
Usted visitó Brasil más de cuatro años después del derrame en Mariana. ¿Qué consecuencias observó en la vida de las personas que viven en el área de la cuenca del Rio Doce?
Desgraciadamente, no pude ir personalmente hasta allá, pero me reuní con algunas de las familias y comunidades afectadas. En los dos desastres, de Mariana y Brumadinho, fue posible observar el trauma psicológico. Las personas recuerdan claramente del momento en que la represa colapsó y hasta hoy conviven con el lodo, luchando para mantener su casa, sus ingresos.
Esa incertidumbre sobre los efectos de la exposición a sustancias tóxicas genera mucha angustia y agotamiento. Desgraciadamente, eso se mantiene hasta hoy.
Hay varios impactos que persisten en los modos de vida, en la salud mental de las comunidades –especialmente de los individuos que perdieron amigos y parientes en el desastre.
Uno de los problemas que no se resolvió es la preocupación de las comunidades por la posibilidad de intoxicación por metales pesados, liberados cuando la represa se rompió. Esa incertidumbre sobre los efectos de la exposición a sustancias tóxicas genera mucha angustia y agotamiento. Desgraciadamente, eso se mantiene hasta hoy.
Tratamos de llamar la atención, en nuestra visita, sobre la necesidad de un dictamen independiente, robusto, que oriente a las comunidades sobre los riesgos e identifique lo que puede ser atribuido al desastre.
Escuela destruida por el lodo en la comunidad de Paracatu de Baixo, en Mariana. Cinco años después del crimen, los libros, mesas, carteras y materiales escolares permanecen en medio de la destrucción. / Pedro Aguiar/Brasil de Fato
Con relación al medio ambiente, ¿qué puede remediarse aún y que se perdió ya?
Ya se perdió mucho. Lo que había de vida salvaje en el río fue inmediatamente destruido por el lodo. Vegetación, topografía, animales, perdida de acceso a agua potable.
Además de eso, hay que se considerar que muchas comunidades fueron directamente afectadas por el lodo, como es el caso de Barra Longa (MG).
Algunos de esos impactos hasta pueden ser remediados, y hay esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, parte del problema es justamente la lentitud de la implementación de esos proyectos.
Durante la visita, oí a muchas personas que los 42 programas de reparación conducidos por la Fundación Renova [resultado de un Término de Transacción y Ajuste de Conducta (TTAC)] no estaban en fase avanzada. Eso es muy preocupante, porque ellas aún viven con muchos efectos adversos, especialmente las comunidades indígenas que dependen mucho del rio para subsistencia, para mantener sus tradiciones.
Tenemos ejemplos de acuerdos hechos dentro de los estándares de respeto a los derechos humanos, proyectos implementados con tecnologías capaces de minimizar los impactos ambientales.
Todo eso debe ser considerado en una acción más coherente y consistente con lo que se espera [de un programa de reparación].
Con base en su experiencia en otros países, ¿es posible encontrar buenas prácticas en la minería, cuando esa actividad es liderada por grandes corporaciones? ¿El problema generalmente es la falta de regulación y control estatal o las violaciones socio ambientales son inherentes a la actividad en si?
Muchos consideran que la minería y la industria extractivista es, en si, insustentable. Es una cuestión compleja. En algunas situaciones, la extracción de recursos naturales, de hecho, no se puede hacer sin daños a comunidades, sin ir contra los derechos humanos –especialmente, cuando la propia comunidad no llega a un acuerdo y se posiciona contra aquella actividad.
Por otro lado, hay buenas prácticas. Tenemos ejemplos de acuerdos hechos dentro de los estándares de respeto a los derechos humanos, proyectos implementados con tecnologías capaces de minimizar los impactos ambientales. Sin embargo, en muchos casos, los impactos son inevitables. Especialmente, cuando miramos el ciclo de la industria extractivista, es muy difícil encontrar una actividad plenamente sustentable.
A fin de cuentas, depende de cómo usted interpreta los estándares y las obligaciones concernientes a los derechos humanos. Una de mis preocupaciones centrales es por cuanto tiempo aún seremos dependientes de ese tipo de extractivismo.
Traducción: Pilar Troya
Fuente: Brasil de Fato
Reanudan las actividades mineras
tras 5 años del crimen y la tragedia
en Mariana
Por Pedro Stropasolas. Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020.
La ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, municipio del estado de Minas Gerais, en noviembre de 2015, reforzó la dependencia del modelo minero, que provoca crímenes y empobrecimiento. Hoy, cinco años después del crimen de las mineras Samarco Vale y BHP, no hay espacio para otras actividades económicas en el municipio.
Este es el análisis de los especialistas que Brasil de Fato consultó al evaluar la actual realidad económica de la ciudad, que sólo comenzó a recuperar empleo e ingresos después de 2018. Esto se debió al aumento de las acciones de la propia Vale en el municipio -una de los accionistas de Samarco- y también a las transferencias a los afectados de la Fundación Renova, que está vinculada a las empresas mineras.
Desde 2015, la ciudad de Mariana anunció una pérdida de ingresos del 28%, dejando de recibir R$ 240 millones del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) y, principalmente, la Compensación Financiera por Explotación de Recursos Minerales (CFEM). Antes del crimen, los impuestos generados por las actividades de la compañía minera correspondían aproximadamente al 54% de los ingresos de la ciudad.
En 2019, el alcalde Duarte Júnior (Ciudadanía) incluso declaró un desastre financiero en el municipio -después de que se cerrara una de las minas de Vale- anunciando recortes en los servicios esenciales y el despido de trabajadores.
Hoy, demanda a BHP Billiton, la otra empresa matriz de Samarco, R$ 1.200 millones (US$ 217 millones) en compensación por los gastos extras después de la ruptura. La demanda está pendiente en los tribunales de Manchester, en el Reino Unido, sede de la empresa.
«Apenas ocurrió la tragedia, no pagaron nada más. Por mucho que reclamamos y demostramos que este recurso era importante para el mantenimiento de las obligaciones públicas. No puedo entender la cabeza de un accionista que pasa 40 años sacando riqueza de aquí. Es como si ambos fuéramos socios, pero tú tienes el 98% y yo el 2%. ¿Qué clase de sociedad es esta?», explica el alcalde sobre la relación con la compañía minera.
Duarte Júnior cita el crecimiento de la demanda de servicios públicos, especialmente en el ámbito de la salud, como los principales efectos del crimen. Según el alcalde, las personas ya no podían pagar planes de salud privados. Además, hubo un aumento de la demanda de la Secretaría de Asistencia Social y de los costos para recuperar las carreteras.
CFEM
Según la Constitución brasileña, los recursos minerales extraídos por las empresas son patrimonio nacional, lo que exige una compensación a los estados y municipios en forma de recaudación de impuestos. El principal medio de recaudación de estas cantidades es la Compensación Financiera para la Exploración de Recursos Minerales (CFEM).
Analizando los datos obtenidos en el sistema de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en 2015, año en que ocurrió el crimen, Mariana fue la ciudad que más recaudó CFEM en Minas Gerais, un total de R$ 104 millones (US$ 18,8 millones). En 2014, la compensación pagada por Samarco solamente correspondía al 8,8% de los ingresos actuales de Mariana. El beneficio neto de la compañía minera fue de 2.810 millones de reales US$ 1.170 millones de dólares) en el mismo año.
Con la interrupción de las actividades en el complejo Germano, donde se encontraba la presa de Fundão, el valor de CFEM cayó de 134 millones de reales (55,8 millones de dólares) en 2014 a 68,5 millones de reales (21,4 millones de dólares) en 2017.
El escenario empezó a cambiar en 2018, con una indemnización de R$106 millones (US$ 28,6 millones) debido al aumento del valor de las operaciones de la minera Vale en el municipio, haciendo que Mariana, por primera vez después del crimen, tuviera una recaudación mayor que los gastos. Los números se pueden acceder en el Portal de Transparencia de la ciudad.
Hoy en día, las actividades de los accionistas de Samarco en la región incluyen la exploración de minerales en las minas de Alegria, Fábrica Nova y Fazendão y los proyectos Capanema y Conta História. Sólo en el tercer trimestre de 2020, y en medio de una pandemia, Vale registró un beneficio neto de R$ 5.300 millones (US$ 1.060 millones). El gobierno de la ciudad estima que hoy en día alrededor del 89% de los ingresos provienen de la minería.
Dependencia minera
El profesor Tadzio Coelho, del Departamento de Ciencias Sociales (DCS) de la Universidad Federal de Viçosa (UFV), forma parte del Grupo de Política, Economía, Minería, Medio Ambiente y Sociedad (PoEMAS).
Explica que la expansión de la minería a cielo abierto, como el Cuadrilátero Ferrífero en Mariana, ya estaba frenando otras actividades económicas antes de que se rompiera la presa, debido a factores como la dinámica del descenso de las capas freáticas, la contaminación y la propia especulación inmobiliaria con la llegada de esos emprendimientos. Además de estos efectos, Coelho destaca el efecto simbólico de la actividad minera en la imaginación popular.
«La situación de dependencia minera no se limita a la cuestión económica, pues se trata de un conjunto de relaciones de poder, y a través de ellas las empresas mineras establecen una estructura política, que representa y garantiza sus intereses. Además, tiene una dimensión más simbólica de la dependencia minera que impide a la gente plantear otras formas de sociedad y alternativas sociales y económicas», explica el investigador.
En Mariana, el área con cultivos tradicionales para la agricultura familiar como café, plátanos, yuca, frijoles, maíz y caña de azúcar ha sufrido una drástica reducción después del derrame de relaves mineros. En 2015, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), se plantaron 2.286 hectáreas. En 2017, el número llegó a 165 hectáreas, una reducción del 93%.
Después de la ruptura de la presa, el desempleo alcanzó el 28% en el municipio. Antes,la cifra correspondía al 6%, según el municipio. Los datos proceden del Catastro General de Empleados y Desempleados, que señala que sólo en 2018 hubo más admisiones que despidos en la ciudad.
La mejora en el número de puestos de trabajo también está relacionada con la Fundación Renova, que, a partir de 2017, empleó a aproximadamente 6.500 personas en las obras de reparación en 39 municipios. La oferta de mano de obra, sin embargo, está marcada por la precarización.
Esto es lo que plantea el director del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción Pesada de Minas Gerais (SITICOP-MG), Eduardo Armond. Evalúa que con la salida de la responsabilidad directa de las empresas mineras las condiciones de trabajo empeoraron y con ello las dificultades de fiscalización por parte del sindicato.
«La trampa de Samarco de crear la Fundación Renova funcionó, en el sentido de desviar la responsabilidad directa. Tanto es así que, paralelamente, Samarco trató de asegurar la continuidad de la producción sin preocuparse por las cuestiones relacionadas con la reparación del accidente», dijo.
¿Una nueva Samarco?
En septiembre de 2019, Samarco recibió la Licencia de Operación Correctiva (LOC) para reanudar las actividades en el Complejo de Germano. Las licencias ambientales habían sido suspendidas desde octubre de 2016 por decisión de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SEMAD), que pidió a la empresa minera que presentara una nueva LOC.
Sin embargo, para el alcalde Duarte Júnior, Mariana espera «años de bonanza» para el próximo período. Menciona los ingresos del municipio de agosto a septiembre, que aumentaron en 10 millones de reales (1,8 millones de dólares) y que podrán ser «duraderos» debido a las operaciones de Vale.
La mayor expectativa es la reanudación de las actividades de Samarco. El alcaldía estima un aumento mensual de 2,3 millones de reales (416.000 dólares) con el retorno de la compañía, que se espera para la segunda mitad de 2021.
«Es como si una nueva empresa llegara a la ciudad. Y por mucho que no sea la forma de pensar en la minería, porque sabemos que tiene un tiempo de vigencia, pero en este momento, es una empresa nueva, que genera casi mil empleos y aporta a la economía local sólo para el municipio más de R$ 3,5 millones (633.000 dólares) en ingresos», dice Júnior.
Samarco anunció que la reanudación será gradual y sin el uso de represas, con la aplicación de un nuevo sistema de tratamiento de relaves. En la región, la empresa minera está empezando a movilizarse ampliamente para reanudar las actividades, siendo una de sus prioridades el anuncio de puestos de trabajo en las comunidades.
Recolonización
Luiz Paulo Siqueira, del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería (MAM), explica que la empresa minera anuncia su regreso como «una salvación para Mariana» y se ha erigido como una empresa «más limpia», que se ha «renovado» y que ahora va a hacer «una nueva minería».
«Esto se difunde diariamente en los medios de comunicación, en las escuelas, en el ambiente de trabajo, en todos las audiencias, las empresas tienen una política de mantenimiento y ejercicio de hegemonía en los territorios. Esta batalla de ideas, lo hacen de una manera muy profesional, cooptando a los líderes, tratando de sofocar ciertas agendas», explica.
Para el activista del MAM, la incapacidad del poder público y de la propia sociedad para plantear y organizar las alternativas a la minería abre el camino para que la empresa utilice estas narrativas, más aún en una coyuntura económica en la cual la pobreza y el desempleo se consolidan en el país.
«En un contexto de una economía extremadamente frágil, una empresa minera que anuncie la reanudación con el anuncio de nuevos puestos de trabajo difícilmente encontrará resistencia a la ejecución de estos proyectos», dice Siqueira.
El crimen
La ruptura de la presa de Fundão marcó el fin del mega ciclo de las commodities en Brasil, que tuvo lugar entre 2003 y 2013, y registró un aumento del 630% de las importaciones mundiales en minería. Los expertos están de acuerdo en que los cambios productivos para aprovechar los precios son uno de los factores que explican el colapso de la presa.
Esto también se observó en la práctica por el intenso ritmo de construcción y expansión de la presa de Fundão, realizada sin las medidas de seguridad necesarias. En 2008, la presa recibió una licencia de operación y, en 2011, ya presentó el Estudio y el Informe de Impacto Ambiental para la optimización de la estructura.
En el informe, las obras para aumentar la capacidad de la presa, entre el 30 de julio de 2014 y el 26 de octubre de 2015, tuvieron una velocidad de subida de 12,3 metros/año. La tasa recomendada para el sector está entre 4,6 metros y 9,1 metros/año.
En la historia de las operaciones de Samarco en la región, los daños causados por la ruptura de la presa de Fundão no fueron los primeros. De 1996 a 2015, Samarco había acumulado 18 autos en su contra, casi uno por año en estos 20 años. La información fue agrupada en el libro Cuando el silencio viene, publicado por la editorial Expressão Popular.
«Están volviendo a la misma trampa. Hablamos de cómo este modelo minero, cómo esta dimensión institucional y política generó la ruptura de la presa. Es importante decir que esta estructura no ha terminado, sigue intacta», concluye Tádzio Coelho, uno de los autores.
Fuente: Brasil de Fato
Envio:RL
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