Quién es Francisco Sagasti,
el nuevo presidente
Resumen Latinoamericano,16 de noviembre de 2020.
Ingeniero e investigador, Sagasti fue un duro crítico de la actuación de las bancadas parlamentarias, ya que la suya votó en contra de la destitución de Martín Vizcarra que llevó a Merino a la jefatura del Estado.
Francisco Sagasti, nacido en Lima en 1944, estudió ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene una maestría en ingeniería industrial por la Pennsylvania State University, y es doctor en investigación operacional y ciencias de sistemas sociales en la Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania.
Ha sido profesor de la Universidad del Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), investigador principal emérito de Foro Nacional Internacional y asesor de organismos internacionales, agencias gubernamentales y entidades privadas en temas estratégicos.
Además, presidió el Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología de Perú, fue participó en los consejos de varios organismos y fundaciones dedicadas al desarrollo tanto fuera como dentro del país.
Antes de ingresar a la política activa bajo la bandera del centrista Partido Morado, una organización de tintes liberales e ideas progresistas, Sagasti fue jefe de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial y presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas.
Además, fue profesor visitante del Instituto de Empresas en Madrid, de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania, y de la Universidad para la Paz, en Costa Rica.
Muchos años antes, de 1972 a 1977, fue funcionario del ministerio de Industria durante el «gobierno revolucionario» de las Fuerzas Armadas, que presidieron, en dos etapas, los generales Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez, donde trabajó en temas de innovación e industrialización.
Posteriormente, de 1985 a 1987, fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores Allan Wagner, y tras su paso por la División de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial, fue asesor principal de los Departamentos de Evaluación de Políticas y de Relaciones Externas de ese organismo multilateral.
De 2007 a 2009 fue presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología en las gestiones de los primeros ministros Jorge del Castillo y Yehude Simon, durante el segundo gobierno de Alan García, y ocupó el mismo cargo entre diciembre de 2011 y marzo de 2013 en las gestiones de Óscar Valdés y Juan Jiménez, en el gobierno de Ollanta Humala.
Ha publicado más de 25 libros en español e inglés, sobre tecnología e innovación, democracia y buen gobierno, y cientos de artículos académicos, además de haber sido miembro del consejo editorial de varias revistas internacionales, además de colaborador de revistas y diarios nacionales.
En 2006-2007, dirigió la serie de nueve programas de televisión «Abriendo Caminos», sobre los cambios económicos, sociales y políticos en el Perú contemporáneo.
Secuestrado del MRTA
Sagasti también fue uno de los cientos de políticos y dirigentes que fueron secuestrados en diciembre de 1996 por un grupo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que ingresó en la residencia del embajador de Japón en Lima.
Aunque ese secuestro se prolongó durante cuatro meses, hasta que las fuerzas armadas rescataron con éxito a 71 de los 72 rehenes, Sagasti fue liberado a los pocos días, tras lo cual regresó a Costa Rica, donde residía por entonces con su familia.
Al salir de la residencia generó polémica, porque llevó consigo un cartón que tenía las firmas de los secuestradores del MRTA, por lo que ha sido criticado por sectores conservadores y de extrema derecha, aunque él afirmó que era un «certificado de asistencia» a ese suceso histórico, según declaró por entonces al diario costarricense La Nación.
Su posición ante la crisis
Desde que se desató la crisis política y social en su país, Sagasti fue un duro crítico de la actuación de las bancadas parlamentarias, ya que la suya votó en contra de la destitución de Martín Vizcarra que llevó a Merino a la jefatura del Estado.
«El Partido Morado lucha contra la corrupción, esté donde esté, pero respetando el debido proceso y manteniendo la estabilidad. A pocos meses de las elecciones un cambio de gobierno no resolverá nada y creará más incertidumbre», señaló en ese momento.
Luego de que el Congreso rechazara este domingo una primera lista para presidir el parlamento que encabezaba la izquierdista Rocío Silva, Sagasti se declaró «desconcertado» porque, según dijo, ese buscaba «un cierto equilibrio» frente a la crisis política.
Por ese motivo, el Partido Morado decidió impulsar una lista propia, mientras que Sagasti consideró que, tras lo sucedido en su país en los últimos días, «la ciudadanía no estaría dispuesta a aceptar un regreso» de Vizcarra al gobierno, una posibilidad que aún está en manos del Tribunal Constitucional.
Una semana de desgobierno, un
Congreso sin altura
Por Francisco Pérez García. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020
Dos muertos, decenas de heridos y más de 40 desaparecidos tras una semana de manifestaciones que tuvo en el día sábado su momento más intenso de represión policial. Y solo así, Manuel Merino De Lama renunció al mediodía del domingo y ni siquiera con esa intensidad y el descontento en las calles el Congreso fue capaz de una respuesta digna, a la altura de la circunstancia.
Cuando la población se sentía victoriosa de haber expulsado a lo que se llamó un gobierno de facto, ilegítimo y usurpador, todas las miradas se dirigieron al Congreso donde se esperaba encontrar la solución. Tras idas y venidas desde la madrugada del domingo se concretó una lista “de consenso” encabezada por la legisladora del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, una de las dos parlamentarias de ese grupo que votó en contra de la vacancia de Martín Vizcarra.
Francisco Sagasti, la ficha preciada del Partido Morado quedaría en la primera vicepresidencia, lo cual despertó más de un temor. Durante la votación para elegir a la nueva Mesa Directiva y por ende a la nueva encargada de la presidencia de la República, se pudo escuchar una serie de agravios a la parlamentaria que cumplía al menos tres de los temores más terribles de los sectores conservadores y de derecha del Congreso: Ser de izquierdas, defensora de los derechos humanos y mujer. Así, la votación se frustró, el “consenso” no llegó y la población otra vez se quedó burlada.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional adelantó para hoy la sesión donde verá la demanda competencial presentada por el hoy vacado Martín Vizcarra, que debería -en teoría- definir los alcances legales de la vacancia y de la mentada incapacidad moral permanente. Sin embargo, el discurso triunfalista de Vizcarra también parece desconocer lo que la gente se pasó gritando toda la semana, que ahora tampoco lo quieren de vuelta en Palacio, que es el discurso que algunos “analistas” también han venido ensayando como una salida a la crisis.
Al cierre de este texto el Congreso continúa en el limbo tratando de consensuar una lista nueva. Es posible que al momento de la publicación aún continuemos sin gobierno, que no haya un inquilino en Palacio de Gobierno, que el gabinete de Ántero Flores Araoz, renunciado, pero sin ser aceptado estará esperando su relevo.
Mientras tanto la calle seguirá hablando, esperando respuestas, reacciones políticas a la altura y de acuerdo a la época en que vivimos. Una época que -no debemos olvidar- nos presenta todavía una emergencia sanitaria y una serie de necesidades de reactivación económica.
Un tema adicional para no olvidar. La renuncia de Manuel Merino De Lama y su gabinete, no los exime de las responsabilidades por las muertes y las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante las manifestaciones, por el abuso policial que resultó en pérdidas humanas y decenas de heridos, pero también igual de grave decenas de desaparecidos que según Human RIght Watch podrían ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales, si es que se llega a comprobar las denuncias que existe hasta el momento. La renuncia, no significa impunidad, que quede claro.
Fuente: Otra Mirada
Fiscalía de la Nación abre
investigación contra Merino y
Flores-Aráoz
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló que las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Jack Pintado no quedarán impunes. Su despacho abrió investigación preliminar contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por homicidio doloso.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció iniciar una investigación preliminar contra Manuel Merino, Ántero Flores-AráozyGastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo (24) y Jack Pintado (22).
“Mi despacho ha dispuesto iniciar investigación preliminar contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso”, manifestó Ávalos.
Como se recuerda, ambos jóvenes murieron cuando participaban en las manifestaciones en contra de lo que fue la presidencia de Merino, cuyo gabinete lideró Flores-Aráoz; yRodríguez fue ministro del Interior.
Los 3 ex funcionarios públicos también son acusados de lesiones graves y leves, así como la “desaparición forzada en agravio de personas a determinar”.
Estos delitos fueron cometidos en el contexto de violación de derechos humanos: la muerte de ambos jóvenes “no quedarán impunes”, aseguró Ávalos.
Para determinar la responsabilidad, se hará peritajes en las escenas de crimen. Asimismo, el Ministerio Público dispuso que se formen equipos de fiscales para hallar a las personas desaparecidas durante las marchas.
Zoraida Ávalos mencionó que la Fiscalía renueva su compromiso de garantizar los derechos ciudadanos y poner su máximo esfuerzo para esclarecer los hechos y que estos sean sancionados.
FUENTE: SERVINDI
Francisco Sagasti será el nuevo
presidente
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020
Francisco Sagasti Hochhausler asumirá la presidencia interina del Perú luego de que el Pleno del Congreso aprobara la única lista para conformar la mesa directiva del Parlamento.
Con 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones, se aprobó la nómina encabezada por Sagasti (Partido Morado), como presidente; Mirtha Vásquez (Frente Amplio) en la primera vicepresidencia.
Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú) en la segunda y tercera vicepresidencia respectivamente.
Sagasti jurará al cargo de presidente de la República del Perú próximamente para completar el periodo presidencial 2016-2021. A su vez, Mirtha Vásquez será la nueva titular encargada del Parlamento nacional.
Francisco Sagasti Hochhausler será el encargado de asumir el destino del país luego de que el domingo pasado renunciara Manuel Merino a la presidencia.
Este último llegó a Palacio de Gobierno tras la vacancia contra Vizcarra, sucedido el 9 de noviembre.
Merino tuvo el rechazo de la población que se manifestó en marchas y protestas en las calles del país. Así se vio obligado a dejar el cargo.
Trayectoria de Francisco Sagasti
Francisco Sagasti, de 76 años y natural de Lima, nació el 10 de octubre de 1944. Es ingeniero industrial graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Obtuvo una maestría en Ingeniería Industrial en la Pennsylvania State University, y un doctorado (PhD) en investigación operacional y ciencias de sistemas sociales en la Universidad de Pennsylvania.
Se desempeñó como asesor de ministros de distintas carteras del Perú. Ha sido presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Tiene más de 25 libros publicados y más de 150 artículos académicos. Tiene gran perfil como investigador y hacedor de políticas en áreas de ciencia y tecnología.
Ha sido profesor en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Sagasti también fue distinguido con el premio internacional Robert Merton, el cual es concedido por el Comité de Investigación #23 (RC23) de la Asociación Sociológica Internacional (ISA).
En 1996, fue secuestrado por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la toma de la residencia del embajador de Japón y fue liberado a los pocos días.
Discurso de asunción
Sagastí comenzó su intervención ante el Congreso expresando que no era «un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes, expresando su punto de vista, de forma democrática y prácticamente sin violencia. No podemos retroceder, no podemos cambiar eso, pero si podemos tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder».
Asimismo, el nuevo mandatario peruano precisó que «tenemos una tarea conjunta entre todos nosotros, de perfeccionar el marco legal, para que las protestas pacíficas puedan desarrollarse sin problema alguna. Tenemos desaparecidos. Cuando un peruano muere, y más aún si es joven, todo el Perú está de duelo. Al luto se suma la indignación, esa que estamos viendo en la calle, la que debemos encausar por caminos pacíficos para encauzar al país».
A propósito del malestar popular que se ha manifestado en las calles de Perú, Sagastí señalo que «lo que hemos visto durante estos últimos días es un poderosísimo llamado de atención. Este grito de reformas y de cambio para que todos podamos tener las mismas oportunidades es lo que estamos viendo en la calle».
Sobre la gestión de la nueva mesa directiva del Congreso, el jefe de Estado puntualizó que «es una mesa directiva corta con tareas precisas, específicas. Poniendo nuestros servicios a todos ustedes para que el Congreso pueda funcionar y el pueblo lo reconozca como tal».
«Confien en nosotros, actuaremos de la manera que decimos, estaremos cumpliendo nuestros planteamientos y promesas», agregó Sagasti, al tiempo que significó que «lo que hay que hacer es reconocer sus actos y consecuencias de sus actos. Todos son representantes de una ciudadanía que precisa de esperanza y responsabilidad».
Por último, el dignatario recién electo recalcó que «solo podemos salir adelante trabajando juntos, colaborando. Tenemos nuestras diferencias, pero tenemos un objetivo común: lograr que Perú por fin se convierta en una República de igualdad para todos».
FUENTE: SERVINDI
Segunda marcha nacional:
desaparecidos, agresiones sexuales
y violación a derechos humanos
Por Roxana Loarte. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.
El abuso policial hacia la protesta ciudadana contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino y la crisis política desencadenó una serie de hechos que han sido denunciados como graves violaciones a los derechos humanos.
Las calles del Centro de Lima cubiertas de gas lacrimógeno. Jóvenes heridos por los perdigones lanzados indiscriminadamente por los agentes policiales. Ese fue el escenario en varias avenidas durante la noche del sábado 14 de noviembre. Ese mismo día se había convocado a una marcha nacional contra el gobierno de facto de Manuel Merino, que acabó con la vida de dos jóvenes, cerca de 114 heridos y varios desaparecidos, así como denuncias por violencia sexual a mujeres detenidas.
De acuerdo a un registro elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) -que se actualiza en tiempo real y es de conocimiento público- son 68 los manifestantes reportados en total como desaparecidos durante la segunda marcha nacional. Sin embargo, varias personas ya han podido ser ubicadas, pero todavía se tiene un saldo de 9 desaparecidos (actualización al domingo 15 de noviembre hasta las 9 pm).
Frente al reclamo de los familiares, la CNDDHH solicitó a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ministerios de Defensa y del Interior permita el ingreso de una comisión a los cuarteles de Potao, Barbadillo y la Dinoes. Por su parte el Ministerio Público difundió en su cuenta de Twitter que un equipo de fiscales se encuentra realizando diligencias en cuarteles y sedes policiales para verificar la presencia de desaparecidos en estos lugares. El pronunciamiento lo hizo tras anunciar la apertura de una investigación preliminar en contra de los que resulten responsables por la muerte de Inti Sotelo y Jack Pintado, jóvenes que perecieron por la violencia policial, en el contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos.
En horas de la tarde, el congresista Daniel Olivares pidió a través de sus redes que la Fiscalía solicite a las empresas de telefonía como Movistar, Claro, Entel y Bitel otorguen la relación de geolocalización de los número de las personas que aún están desaparecidas.
Por su parte, Carlos Rivera, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) declaró a Wayka que la actuación del Ministerio Público ha sido tardía y su ausencia durante las primeras horas de registrarse los casos de detenciones y heridos es «injustificable». Remarcó que la Fiscalía es la autoridad competente para realizar el pedido que solicitó el congresista Olivares a las empresas de telefonía. » La autoridad que debería estar haciendo esa solicitud es el Ministerio Público. Esas primeras horas de las personas desaparecidas son fundamentales», precisó.
Violación a los Derechos Humanos
Al menos ocho organizaciones de Derechos Humanos formalizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público y dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz, el exministro de facto Gastón Rodríguez, el General Jorge Luis Cayas Medina Jefe de Región Policial Lima, y contra Orlando Velasco Mujica, Director General de la Policía Nacional, y contra todos los que resulten responsables por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves perpetrados contra los manifestantes.
Entre los afectados se señala en el documento a Jack Brian Pintado Sanchez, Jordan Inti Sotelo Camargo (fallecidos) y Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26) Percy Pérez Shaquiama (26), Rubén Guevara (27). Alonso Balbuena Bellantin, Ernesto Benavides Raez,Rene Jenrry Ccaqui Crisostomo, José Manuel Romero Rivas, José Miguel Hidalgo Rodríguez. Roberto Muñoz Torres, Alonso Vhro Ucea, Alfonso Balbuena Bellatín y otros por identificar.
La denuncia penal a la que Wayka tuvo acceso también menciona que la violencia policial no solo hizo uso de bombas lacrimógenas y disparos de perdigones, sino también que se realizaron al cuerpo, produciendo un número de más de 100 heridos, donde 63 de ellos requirieron hospitalización.
«Sumándose las referidas informaciones tenemos que más de 140 personas fueron atendidas en hospitales de la red de salud pública por las heridas producidas, a esto debe sumar las personas atendidas en las clínicas privadas por esta misma razón», se lee.
Además, la denuncia no solo se aboca a los hechos del sábado 14 de noviembre, sino hace un registro desde el miércoles 11, dos días después de haberse dado el golpe de Estado por parte del Congreso. También se expone la represión a manifestaciones realizadas en otros distritos de Lima como Miraflores, Los Olivos, Comas, San Miguel y otros. Y la negativa de la PNP de atender los pedidos de organizaciones como la Defensoría del Pueblo para el cese de la violencia durante el día que se registró la mayor escalada de violencia policial.
Rivera, abogado de Aprodeh, alertó que las denuncias por casos de violencia policial contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta deben verse como graves violaciones a los derechos humanos y no como delitos comunes. Comentó que se ha pedido desde las organizaciones de derechos humanos que sea el equipo de fiscales especializados quienes se abocan a investigar las denuncias.
Agresiones sexuales
La denuncia también registra casos de agresión sexual contra dos jóvenes mujeres, quienes fueron detenidas en una imprenta durante la noche del sábado. Una de ellas puso de conocimiento haber sido víctima de violencia sexual lo que ha alertado a las organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas para la investigación sobre estos hechos.
Más adelante se detalla que habrían existido detenciones ilegales durante las protestas, lo que ha generado preocupación, ya que aún existen jóvenes desaparecidos. Sobre esto, Rivera informó que la Policía Nacional se mantiene «cerrada» y no otorga faciliades para la búsqueda, incluso aludió al contexto del conflicto armado donde se realizaron detenciones consideradas como desaparición forzada. «El hecho que haya pasado más de 24 horas de detenciones llama la atención», puntualizó.
PNP sobre desaparecidos
La Policía Nacional emitió un comunicado, en horas de la noche, donde informó sobre la búsqueda de los ciudadanos desaparecidos. En su documento menciona que se ha verificado con personal de la Defensoría del Pueblo que no existiría ninguna persona detenida en las dependencias policiales que se registraron. Sin embargo, Carlos Rivera, aseguró que la PNP continúa mantienen una posición hermética y que este pronunciamiento se tendría que «tomar con cuidado», ya que «están bajo sospecha» porque son parte de los denunciados por la violenta represión.
FUENTE: Wayka.pe
Una revolución en marcha
Por Alberto Giovanelli. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020
Para entender las claves del poderoso levantamiento popular que recorre el país y que ha provocado una crisis inédita del régimen político e institucional peruano, debemos comenzar por comprender que un inmenso proceso revolucionario atraviesa el país. Hay que decir con claridad que no se trata simplemente de una crisis, sino que es el quiebre de un orden político cuyo declive ha sido permanente hasta llegar a la lumpenización de la casta política, el quiebre constitucional y, finalmente, a una situación de vacío de poder en el que aún hoy, lunes 16 de noviembre, nos encontramos.
La sucesión de presidentes vacados (destituidos), otros presos, de suicidados (Alan García), la acusación de corrupción que pesa sobre más del cincuenta por ciento de los representantes del congreso, y la incertidumbre que atravesamos en estas horas, son resultados de esta decadencia, acelerada a niveles insostenibles después de las elecciones del 2016 que consagraron al también destituido Pablo Kuchinsky.
Martín Vizcarra, un ingeniero ex gobernador de Moquegua, sucesor de Kuchinsky y lobista de las empresas mineras internacionales instaladas en el sur del país, también fue destituido en la última semana por una alianza mafiosa forjada en el Congreso con la complicidad de los oligopolios mediáticos y del poder empresarial, que ha contado con la anuencia de las instituciones, cuyo silencio permitió, en la práctica, el uso de recursos legales y medios institucionales para perpetrar un golpe de Estado palaciego en medio de una atroz crisis económica y social desatada por la pandemia de la COVID-19.
El sucesor Merino, apenas duró 5 días en el poder, arrasado por una movilización popular que enfrentó la represión que se cobró al menos dos vidas jóvenes y la desaparición de cerca de un centenar de manifestantes.
El orden político instituido en el 2000, apuntalado por grupos de interés participantes en el Acuerdo Nacional –que ya entonces no eran representativos de las demandas populares que durante años se movilizaron contra el régimen de Fujimori—dejó intacta la Constitución de 1993, intacto el modelo económico neoliberal, intacta la tecnocracia que impuso las reformas económicas y legales que han consolidado la privatización del Estado en estos años, intacto el sistema electoral y el colapsado sistema de partidos que ha dado fruto a un mercado libre de emprendimientos electorales, e intactas las redes mafiosas enquistadas en diversas instituciones estatales.
Durante años, las elecciones han sido pantomimas de democracia: sin verdaderos partidos, sin posibilidad real de alternancia, y con procesos cada vez menos competitivos y más opacos, que favorecieron a las mafias con mayor capacidad de pago e influencia. Cuatro –y quizás cinco—presidentes de la República con gravísimas acusaciones por corrupción, quienes gobernaron siempre en la misma dirección a pesar del cambio de «careta» electoral son evidencia clarísima de esto. Todos concentrados en negociar, descaradamente, intereses particulares de todo tipo.
En esta semana, que quedará marcada en la historia, como si fuera de la nada, en el país entero hemos visto emerger y declararse en insurgencia multitudes indignadas, dispuestas a jugárselo todo. Las protestas han sido lideradas por valientes jóvenes agrupados y agrupadas en colectivos espontáneos y, también, pre-existentes. En pocos días y en plena pandemia lograron que se multiplicaran geométricamente las expresiones de rechazo al gobierno usurpador de Manuel Merino, pero también al vacado Vizcarra. Incluso, lograron sumar a quienes observaban con desconfianza las primeras protestas callejeras, los cacerolazos convocados para las 8 de cada noche, las proyecciones de imágenes una vez que el toque de queda obligaba a dejar las calles, o los hashtags y memes que incendiaban la esfera pública virtual. La marea social politizada emergió de forma incontenible. La fuerza de esta expresión de soberanía popular reside, por ahora, en su capacidad de sumar pluralmente a quienes apuesten por rescatar el país de las garras de las mafias. Sin embargo, sabemos también que para refundar el país vamos a necesitar más que el entusiasmo, la indignación y la espontaneidad.
Refundar el país es la meta imprescindible que debemos plantearnos. ¿Es posible? Sí y, precisamente, porque asistimos al quiebre del orden político. La crisis constitucional en la que nos encontramos nos obliga a proyectarnos al futuro, no al pasado, y a convenir en soluciones que impidan, ahora sí, que las mafias y los intereses corporativos marquen el rumbo y el destino del país. No hay lugar en esta situación para impulsar cambios cosméticos y reformas mínimas que dejen intactas las estructuras institucionales, de allí la crisis absoluta de los progresismos, que en expresiones como las del Frente Amplio o las del Nuevo Perú de Verónica Mendoza, no hacen más que expresarse como la pata “progresista” de un régimen colapsado y desesperadamente ofrecen alternativas que no rompan los márgenes impuestos por la institucionalidad burguesa. No. Los emprendimientos electorales que marcan el pulso del Congreso no deben liderar este proceso. Tampoco deben hacerlo los intereses corporativos que usan como megáfono a los medios de comunicación que integran sus oligopolios y que, a su voluntad, hacen y deshacen en el Estado.
¿Quiénes, entonces? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? La idea de un proceso de Asamblea Constituyente libre y soberana en el Perú es mucho más que una consigna de la izquierda peruana. Hoy es la tarea del momento, una tarea inmediata. Es un proceso que tiene que ser impulsado de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Tiene que abrir verdaderos espacios deliberativos y reflexivos en la sociedad y, aunque pueden y debe haber propuestas de diverso tipo, estas tienen que ser debatidas, sopesadas, reconsideradas, eventualmente articuladas para, finalmente, ser expresadas en un proceso formal que genere acuerdos sólidos de los que los trabajadores y el pueblo movilizado debe apropiarse.
Están dadas las condiciones para impulsar este llamado ahora que se ha quebrado el orden político constitucional fujimorista instituido en 1993. Existen las condiciones formales, pero, sobre todo, existen las condiciones sociales. En los últimos días hemos visto emerger en la sociedad politizada, entre los jóvenes y las y los trabajadores, el reclamo de rehacer las reglas de juego, de cambiar incluso de raíz y refundar el país. ¿Y con quiénes? ¿Si no hay partidos, con quiénes? No hay partidos, es cierto, pero eso no significa que en Perú no exista organización o capacidad para organizarse. En Perú existe una enorme cantidad de organizaciones sociales y populares que, desde hace décadas, ya articulan formas de incursión diversa en la política como mecanismos de resistencia y disputa con el Estado que los excluye o los aplasta. Las organizaciones de pueblos indígenas son, quizás, las más emblemáticas en este campo. Los colectivos juveniles de todo tipo están en la primera fila del levantamiento. Y existen también, aunque en menor proporción, gremios de diverso tipo que desde hace también décadas luchan por derechos conculcados, a pesar de las traiciones de las direcciones sindicales. Incluso, existen organizaciones de la sociedad civil –universidades, ONGs, asociaciones sin fines de lucro—que podrían y deberían involucrarse a conciencia en un proceso como este. Especialmente y como parte de un proceso generalizado los colectivos feministas que, desde hace tiempo, impulsan no solo la lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales, sino también iniciativas transformadoras de la sociedad. De ahí que es imprescindible la necesidad de que los revolucionarios nos postulemos como la amalgama de la inmensa cantidad de procesos hoy dispersos.
Es imprescindible poner en el centro de la acción el debate y el impulso de un proceso social que piense, delibere, articule, cambie y reinstituya las estructuras políticas y económicas que organizan nuestra sociedad, para empezar a dar vuelta todo, para que de una vez gobiernen los que nunca gobernaron, los trabajadores y el pueblo. Desde nuestra Liga Internacional Socialista, llamamos a la unidad de los revolucionarios detrás de estos objetivos para evitar ser, una vez más, el furgón de cola de proyectos reformistas y que solo buscan maquillar un sistema corrupto que condena al hambre a la inmensa mayoría de peruanos. Los socialistas revolucionarios debemos plantarnos con claridad como una alternativa y proponer una salida de fondo, la única alternativa para Perú y para América Latina. Un Perú Socialista.
Eso sí sería apostar por un futuro diferente.
FUENTE: Liga Internacional Socialista
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario