¿Por qué continúan las protestas ?
Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2020
Además de la justicia para los jóvenes que fallecieron durante las protestas, muchos exigen una reforma policial, modificaciones a la inmunidad parlamentaria y el cambio de la Constitución Política de Perú.
Pese a la asunción de Francisco Sagasti como nuevo presidente de la República, las concentraciones de decenas de personas en Perú no han cesado.
El clamor principal ahora es que se investigue y sancione a los responsables por la muerte de los jóvenes Jack Pintado e Inti Sotelo; así como por las personas heridas, las detenciones arbitrarias y las desapariciones.
Pero, además de eso, en las calles también exigen una reforma en el aparato policial, modificaciones a la inmunidad parlamentaria y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política de Perú.
Justicia para los “Héroes del Bicentenario”
Piden justicia. La muerte de Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Pintado Sánchez (22), en medio de la represión policial registrada en la marcha nacional del 14 de noviembre, no debe quedar impune.
Esa es la principal exigencia ahora de las personas que lograron sacar del poder a Manuel Merino de Lama, pero que continúan protestando.
Estos pedidos fueron escuchados la noche del 17 de noviembre en el Parque Kennedy de Miraflores (Lima), adonde llegaron decenas de personas para realizar una vigilia por la muerte de ambos jóvenes.
Y, de igual forma, en otras regiones del país como Arequipa, donde cientos de jóvenes universitarios recorrieron las principales avenidas de la ciudad y llegaron hasta la plaza de Armas para exigir que se investigue y sancione a los responsables por estas muertes.
Decenas de personas llegaron hasta el Parque Kennedy en Miraflores para realizar una vigilia en nombre de jóvenes que murieron durante las protestas. Foto: John Reyes/La República.
Estos actos parecen ir más allá de “simple reclamos” y más bien, serían una característica de esta nueva generación de jóvenes, según explicó la socióloga Noelia Chávez, en una entrevista con RPP Noticias, el 16 de noviembre.
“El día de hoy hemos tenido también personas protestando para reclamar que las familias tienen que ser reparadas, que los hechos tienen que ser investigados, que los desaparecidos tienen que ser encontrados”, señaló.
Todo eso, agregó, además de ser reclamos justos, representan “una de las características de la Generación del Bicentenario, que no se va a quedar callada y no va a dejar que los políticos de siempre no les dejen mirar un futuro diferente”.
Hasta el momento, 207 manifestantes heridos durante las protestas han sido atendidos en hospitales y 22 continúan hospitalizados, según reporta el portal Convoca.pe.https://www.youtube.com/embed/vUlQnJuqhHg
Reforma del aparato policial
Otros de los pedidos que hacen las personas en las calles es la reforma del aparato policial para evitar que los hechos violentos ocurridos en las últimas protestas, se vuelvan a repetir más adelante.
“Se pide una reforma, muchos piden un ministro del Interior que sea civil y no policía; y también la destitución del director de la Policía que ha negado todo a pesar de las evidencias”, le contó el analista peruano Carlos Soria Peña, a la agencia Reuters.
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), es indispensable garantizar que los hechos recientes —represión policial desproporcionada, detenciones arbitrarias y desapariciones de manifestantes— no se vuelvan a repetir.
Y, para eso, consideran, es necesario que se desactive el Grupo Terna, integrado por policías vestidos de civil que se habrían infiltrado en las últimas manifestaciones para detener, sin motivos, a algunos manifestantes.
La coordinadora también exigió en una conferencia de prensa de este miércoles 18 de noviembre, la derogación de la Ley de protección policial 31012, porque permite el uso desproporcionado de la fuerza policial y promueve la impunidad.
“Desde el año 2003 a la fecha, por lo menos se han producido 200 muertes de civiles a manos de agentes del Estado y estas, permanecen impunes. Lo que hoy ha evidenciado el país, es algo que ha venido ocurriendo durante mucho tiempo”, apuntó Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Cnddhh.
Conferencia de prensa realizada el 18 de noviembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos junto a familiares de víctimas morales y heridos durante protestas. Foto: Cnddhh
Modificar la inmunidad parlamentaria
Al pliego de exigencias a partir de los hechos de violencia recientes, se suman otros más relacionados a las autoridades y las leyes que rigen en el país.
Tras observar cómo el Congreso de la República aprobó la vacancia presidencial de Martín Vizcarra —una decisión rechazada por el 91% de la población, según una reciente encuesta del IEP—, los reflectores de la ciudadanía han recaído sobre los parlamentarios.
En ese sentido, en las calles y en las redes sociales se puede ver cómo los jóvenes han empezado a hablar de una posible modificación de la inmunidad parlamentaria.
Dicha inmunidad, recogida en el artículo 93 de la Constitución, es una protección que se los otorga a los congresistas cuando se les intenta abrir un proceso penal o seguir un proceso previo.
El artículo establece que los únicos que pueden eliminar dicha inmunidad son los mismos congresistas o una Comisión Permanente, integrada por congresistas, dicho sea de paso.Según el portal Wayka, desde 1996, el Congreso ha rechazado el 90% de las solicitudes de levantamiento de inmunidad, sea para iniciar un proceso o para efectuar un arresto contra algún parlamentario. https://www.youtube.com/embed/aiSHh82lmJE Aunque la inmunidad parlamentaria fue creada con el fin de evitar que los congresistas sean hostigados por su actividad legislativa, los jóvenes de esta generación cuestionan su uso porque evita incluso que un parlamentario condenado por la justicia sea arrestado, convirtiendo la inmunidad en impunidad.
El debate sobre este tema puede tardar tiempo porque es el propio Congreso el encargado de hacer las modificaciones a las leyes como la inmunidad parlamentaria; sin embargo, los jóvenes ya saben que la presión social sí genera cambios.
Nueva Constitución
Un último pedido y, quizás, el que será más debatido en los próximos meses, es el cambio de la Constitución Política del Perú.
Al igual que en Chile, la Constitución que rige actualmente en Perú fue aprobada durante un régimen dictatorial, en este caso el de Alberto Fujimori en 1993.
Los jóvenes como Denisse Huaranga, representante estudiantil de la Universidad Nacional Federico Villareal, consideran que es importante cambiar esta Constitución para erradicar la política tradicional en Perú.
“Nosotros vamos [a marchar] no por Vizcarra, no por Merino, sino por una Constitución. Cambiar esta Constitución hecha por la dictadura a través de un proceso constituyente, escuchando las voces de los más excluidos y romper con esta política tradicional, retrograda y usurpadora”, declaró Huaranga a Radio Exitosa.
Jóvenes y diversos sectores se han plegado al pedido de una nueva Constitución. El debate recién empieza. Foto: @sarisimas
La propuesta es aprovechar las elecciones generales de abril del 2021 para efectuar un referendum y consultarle a los peruanos si desean un cambio en la Constitución, tal como ocurrió en Chile en octubre de este año.
Para muchos, este sería el cambio sustancial que el país necesita para iniciar un verdadero cambio a puertas de cumplir 200 años de Independencia o el “Bicentenario”.
Que estos cambios se logren, depende ahora de la organización de los jóvenes que han demostrado ser actores importantes dentro de la sociedad peruana.
Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el 75% de los jóvenes de 18 a 24 años muestra interés en la política. Mantener ese interés en los meses siguientes será clave para realizar los cambios que hoy se plantean los jóvenes en Perú.
FUENTE: SERVINDI
Deudos y víctimas afectados por
abuso policial exigen desactivación
de Grupo Terna
Por Álvaro Meneses/ Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2020
Investigación a la Policía sobre las violaciones a los derechos humanos abarca el pedido de una reparación económica, emocional y de salud a los afectados, desactivación del Grupo Terna y una reforma estructural que incluya una nueva Constitución. Estas son algunas de las demandas que los heridos, desaparecidos, deudos que dejó la represión policial exigen antes de voltear la página.
“El jueves asistí a la marcha con mi polo de Perú, que era como mi arma”, rememora Rubén Guevara (27), uno de los cientos de heridos por perdigones disparados por la policía. El pasado jueves 12 de noviembre, Rubén asistió a una de las marchas contra el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama y terminó con un perdigón en el pómulo derecho, dejando lesiones graves en su rostro.
“Resistimos un par de minutos, hasta que la policía decide disparar en la cara, donde me cae en el pómulo derecha, me quemó el cachete, las esquirlas afectaron mi ojo. Los brigadistas me rescataron. Todo fue un caos en ese momento, la gente se ahogaba”, cuenta Rubén. También recuerda que fue a la comisaría de Alfonso Ugarte, y en vez de atenderlo, se burlaron y le negaron el ingreso.
Tras pasar tres noches desaparecido, la tarde del martes 17 de noviembre se encontró a Luis Fernando Araujo, quien había estado en la protesta del pasado sábado y terminó detenido y secuestrado por 4 agentes del Grupo Terna. “Lo subieron a un auto con los ojos tapados, Luis en algún momento se sintió encañonado mientras lo amenazaban de muerte (…) y terminó en una habitación sin ventanas, donde no durmió ni comió hasta la tarde del martes”, cuenta su abogada Rocío Meza, del Instituto de Defensa Legal.
En memoria de Inti Sotelo, uno de las dos víctimas mortales que dejó la represión policial contra las protestas, su hermano mayor Pacha Sotelo exige justicia y espera encontrar a los principales responsables. “Sabemos que todos los policías funcionan con orden de arriba. Lamento mucho que mi hermano haya tenido que dar la vida, pero que esto sirva para que no suceda más”, dijo Pacha en conferencia de prensa.
Para Jorge Bracamonte, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no se podrá voltear la página si no se cumplen con las demandas de los afectados y familiares, que además es suscrito por más de 100 organizaciones que defienden los derechos humanos. “Investigación, reparación económica, emocional y atención a los afectados, garantías de no repetición, desactivación del Grupo Terna, derogación de la Ley 31012, la creación de una Comisión especializada y reformas estructurales que incluya una nueva Constitución”, enumera Bracamonte, a nombre de los afectados.
FUENTE: Wayka.pe
La calle contra los palacios
Carlos Alberto Adrianzén*/ Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2020
La destitución de Martín Vizcarra encendió la mecha de las protestas callejeras. Su sucesor, Manuel Merino, debió renunciar en medio de masivas movilizaciones, y un segundo presidente fue elegido por el Congreso en una semana. Pero detrás de esta crisis, se puede identificar un profundo divorcio entre la sociedad, sobre todo de las nuevas generaciones, y la dirigencia política.
Al momento de escribir estas líneas, Perú era un país donde dos de las tres ramas del Estado carecían de personas a su cargo. Un Poder Ejecutivo sin presidente, ni vice presidentes; sin jefe del Consejo de Ministros y sin un gabinete en funciones.Un poder legislativo sin presidente, ni tampoco mesa directiva.
La noche del domingo, el pleno del Congreso fracasó en formar una nueva mesa en una votación donde se postulaba una lista única supuestamente consensuada, que tenía a la cabeza a Rocío Silva Santisteban, una dirigente del Frente Amplio y activista de derechos humanos.
¿Cómo se llegó a esta situación caótica? El lunes 9 de noviembre, el Congreso electo en enero de este año, logró lo que hace un mes no pudo alcanzar: vacar al presidente Martín Vizcarra, que a su vez, sucedió en el poder al denunciante Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018.
Bajo el paraguas de investigaciones fiscales que mostraban indicios de corrupción de Vizcarra durante su paso por el gobierno regional de Moquegua hace más de una década, avanzaron con su objetivo de sacar al presidente del poder.
Hace varios años se acuñó el término de «coalición de independientes» para explicar el funcionamiento de los partidos políticos peruanos, con políticos que confluyen puntualmente en un proyecto político para abandonar el barco una vez que este deja de ser un vehículo idóneo. No hay ideologías, programas o proyectos de largo plazo. No hay una elite política sino elencos que se alternan el poder sin consolidarse en el tiempo.
Lo sucedido hace una semana replica el funcionamiento de la política electoral peruana, una variopinta coalición de intereses que tuvo como único punto de coincidencia la salida de Vizcarra.
Congresistas que representan empresarios de universidades cerradas por no alcanzar la calidad mínima, empresas que quieren realizar explotación de recursos naturales en áreas prohibidas, negocios de todo tipo. Congresistas que quieren continuar su carrera política en contra del ordenamiento jurídico vigente y otros que quieren escapar a los múltiples procesos judiciales que deben enfrentar.
De hecho, una lectura posible de la vacancia de Vizcarra es que algunos políticos poseedores de estos partidos sui géneris hayan buscado revertir tímidas reformas políticas implementadas y que con modestos resultados electorales en las elecciones presidenciales de abril próximo supondrían el fin de sus organizaciones y su principal sostén de su modo de vida.
La contracara de esta coalición oportunista es un presidente como Vizcarra que no entendió que requería un bloque parlamentario propio que le permitiese defenderse de los eventuales ataques del Congreso. Ni siquiera presentó una lista propia, ni tampoco construyó las alianzas políticas que le permitiesen enfrentar eventualmente al Congreso.
Era claro que las posibilidades de estabilizar el último tramo de su gobierno era seguir el modelo de un presidencialismo de coalición con un gabinete que expresase una coalición le diese sustentabilidad a su gobierno.
A fines de septiembre pasado, Vizcarra disolvió el Congreso –siguiendo sus atribuciones presidenciales– para desactivar los intentos conspirativos del fujimorismo.Envuelto en una ola de popularidad luego de la disolución, el mandatario optó por no presentar una lista para las elecciones de enero de 2020.
Sin ticket presidencial, estas elecciones donde el número de votos nulos, así como la abstención, fueron inusualmente altos, primó la fragmentación.Los partidos más votados alcanzaron apenas el 10% de los votos. Congresistas electos sin experiencia parlamentario completaron el cuadro que estamos viendo ahora.
Sin bancada oficialista, Vizcarra desgastó rápidamente su relación con los nuevos parlamentarios. Cuando en julio pasado se terminó el periodo de protección que ofrecía la posibilidad de disolución del congreso, pues la Constitución impide decretarla durante el último año del gobierno, la tensión escaló al máximo. Desde agosto los ataques del congresales fueron incesantes.
Si la coalición vacadora estaba débilmente estructurada, el gobierno de Manuel Merino –el presidente de la Cámara de Diputados que reemplazó a Vizcarra– también lo estuvo. La primera señal de alarma fue el discurso de asunción de este empresario ganadero del norte del país, pobre en ideas y lleno de lugares comunes, incapaz de reconocer el momento político que atravesaba el país. La desaparición del propio Merino de la escena pública una vez que se colgó la banda presidencia era la segunda señal.
Incapaz de cumplir su promesa de un gabinete de «ancha base» decidió refugiarse en palacio de gobierno. La confirmación de Antero Flores-Aráoz como su jefe del consejo de ministros («primer ministro») confirmó la imposibilidad de convocar personal político más allá de los cotos de la derecha más conservadora –e incluso racista– del país.
El grueso de los integrantes del gabinete fue reclutado de dos canteras principales: la Coordinadora Republicana, un espacio organizado en torno a políticos, operadores y periodistas conservadores que giraban en torno a la órbita del fujimorismo y que quedaron relegados de la escena política luego del cierre del Congreso fujimorista y la caída en desgracia de su líder, Keiko Fujimori.
El otro sector –minoritario pero clave– fueron los representantes de los principales gremios empresariales del país que se integraron al gabinete. Fueron tres los ministerios que ocuparon estos sectores, con Patricia Teullet, Gerenta General de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), el gremio que articula al gran empresariado peruano, como la figura más visible. Esta misma institución emitió un comunicado respaldando la presidencia de Merino en sus momentos iniciales.
No obstante, ni el gobierno de facto ni quienes se opusieron a la vacancia exprés de Vizcarra, ni tampoco los más diversos analistas, previeron el volumen que adquirirían las movilizaciones, encabezadas por estudiantes de institutos y universidades, que se iniciaron el mismo lunes por la noche luego de votarse la vacancia.
Si Merino y quienes lo acompañaron en esta aventura pensaron que la salida de Vizcarra eran el fin de sus problemas, se equivocaron. Las movilizaciones se multiplicaron velozmente. Las redes sociales funcionaron como el principal instrumento de organización y fueron muchas las técnicas adoptas por los movilizados de otras experiencias.
Los aprendizajes obtenidos de las movilizaciones en Chile, pero también de Hong Kong, le sirvieron a quienes marcharon estos días. Tácticas como la utilización de punteros láser contra la policía, los mecanismos para desactivar las bombas lacrimógenas y el uso de movilizaciones descentralizadas para obligar a la policía a dispersar sus esfuerzos fueron parte de los paquetes tecnológicos adoptados.
Es justo también señalar que, si bien algunos sindicatos se hicieron presentes, los principales gremios recién decidieron sumarse a partir del jueves. En los últimos días, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), principal central sindical del país, ha convocado una primera gran movilización para el próximo miércoles. Si para ese día la crisis política sigue activa, se podía ver un primer encuentro del movimiento juvenil que ha permitido la salida de Merino del poder con los sectores populares organizados.
Si la represión del jueves fue excesiva, con un gran número de heridos, algunos de ellos de gravedad, la del sábado fue simplemente criminal. Con el pasar de las horas y en la medida en que el gobierno «interino» de Merino se iba deshaciendo ante los ojos de la opinión pública, las fuerzas policiales reprimieron cada vez con menos controles políticos.
Se utilizaron no solo gases lacrimógenos, armas de fuego con perdigones de plomo y al parecer armas de mayor calibre. La noche del sábado dos estudiantes de 22 y 24 años fueron asesinados, aparentemente por miembros de la policía nacional. Más de 60 heridos e igual número de desaparecidos. Estos últimos han ido siendo ubicados con el pasar de las horas, pero aún hay algunos que permanecen con paradero desconocido.
Si la caída de Vizcarra por su formato se parece a lo ocurrido en Paraguay con el expresidente Fernando Lugo, destituido de forma exprés en 2012, lo del fin de semana se parece más al 2001 argentino y los días de enorme inestabilidad política y protestas callejeras que marcaron a ese año crítico.
El grado de movilización y el hartazgo de la ciudadanía con la situación política actual en una coyuntura ya difícil por la pandemia ha abierto la caja de Pandora. La propuesta de cambio constitucional se ha extendido, excediendo los sectores de la izquierda, y ha sumado a otros sectores sociales y también políticos.
La búsqueda de una nueva Constitución no se limita hoy a una reforma del modelo económico peruano. La crisis desatada por Merino y el gabinete de Flores-Aráoz demuestra la imposibilidad de reforma del sistema político.
Todos los proyectos impulsados por el Congreso peruano desde el regreso a la democracia, tras la caída de Alberto Fujimori en 2000, han fracasado. Las reformas políticas que han logrado implementarse son en el mejor caso incompletas, en el peor un Franknstein gatopardiano que busca que todo siga igual.
Una última anotación sobre lo hasta aquí sucedido es que la crisis muestra el ocaso de una generación de políticos que cómo admitió el breve Flores-Aráoz, no entiende lo que pasa en la calle, ni lo que quieren los que protestan. En términos generales, Perú es un país gobernado por políticos muy por encima de la edad de la población que pretenden representar. Incapaces de conectar con los deseos de los electores y de entender sus formas de representación política.Incapaces de conectar con los deseos de los electores y de entender sus formas de representación política.
Los jóvenes que han salido a marchar son la primera generación que ha vivido íntegramente su vida bajo gobiernos democráticos. Es imposible disociar este hecho de a sus expectativas políticas.
Esta desconexión entre el gobierno y la calle se agudizó con el gabinete extremadamente conservador que asumió el poder en el que primó una visión jerárquica y autoritaria de la política. Si las movilizaciones deberían jubilar a una generación política, con mayor razón deben servir para alejar a los sectores reaccionarios que vienen perdiendo peso en la sociedad hace varios años y que últimamente están refugiados en los márgenes de la opinión pública y el Estado peruano.
Al cierre de este artículo y en una segunda votación, el Congreso logró formar una nueva mesa directiva cuyo presidente se convertirá en el nuevo presidente del país.
El parlamentario electo es Francisco Sagasti, perteneciente al Partido Morado de Julio Guzmán y un reconocido académico. Especialista en prospectiva e impulsor de diversas iniciativas para pensar el Perú de cara al bicentenario, seguramente Sagasti podrá formar un gabinete amplio que le permita gobernar hasta julio de 2021.
En términos programáticos, el país se sigue moviendo bajo las mismas coordenadas de las últimas dos décadas, luego del breve exabrupto ultraconservador del gobierno de facto.
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*Carlos Alberto Adrianzén es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y estudiante doctoral en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en Buenos Aires.
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Fuente: Publicado en Nueva Sociedad en noviembre 2020:
FUENTE: SERVINDI
La participación de la mujer indígena
en la agenda climática
Por Rosilda Nunta Guimaraes*/ Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2020
Compartimos una serie de informes y materiales estratégicos sobre la agenda climática de las mujeres indígenas desde una perspectiva territorial y ecosistémica y que han sido elaborados en el marco de espacios de reflexión estratégica realizados por el Programa Mujer de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y la colaboración de Servindi.
Sobre los principales procesos climáticos en Perú
El Perú es un país que forma Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde 1992 y en 1993 ratificó dicho tratado internacional, quedando confirmando oficialmente el compromiso del país de contribuir al objetivo de dicha Convención, de “estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y evitar llegar a un nivel de interferencia antropogénica peligrosa”. Nuestro país ratificó este compromiso al incorporarse al Protocolo de Kioto, en 2002.
El 2014 fue un año importante para el Perú al desempeñarse en la Presidencia de la COP20. En este escenario la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) tuvo un rol destacado durante la COP20, con una amplia agenda de eventos paralelos en el espacio oficial y abierto de las negociaciones.
Una de las propuestas presentadas por Aidesep fue el Programa de Adaptación y Mujer Indígena, el cual fue bien recibido por gobiernos como Bolivia, Venezuela, México, entre otros.
Las lideresas indígenas de Aidesep participaron en las reuniones con un panel de expertos en Género para apoyar la inclusión de la especificidad de mujeres indígenas en la Política de Género del Fondo Verde del Clima que aún estaba en elaboración.
Importancia de la participación de las mujeres indígenas en los principales procesos climáticos
La participación de las mujeres indígenas en los procesos climáticos es muy importante porque permite visibilizar su capacidad y liderazgo para presentar sus propuestas climáticas en los espacios de negociación e incidencia.
Así también para destacar su rol estratégico en la transmisión de los saberes y prácticas ancestrales desde los pueblos indígenas.
Aidesep, a través de su Programa Mujer Indígena, en el 2014 elaboró y presentó en la COP20 la propuesta de implementar las medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia mediante la participación efectiva de las mujeres indígenas de la Amazonía, todo esto basado en los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Sin embargo, no tuvo apoyo de las instituciones públicas ni privadas para desarrollar la iniciativa.
El Estado, las organizaciones no gubernamentales y las mismas organizaciones indígenas deben apoyar las propuestas de las mujeres indígenas sobre el cambio climático. Esto qué significa: incluirlas en los procesos de diálogo, promoviendo que sean ellas mismas quienes presenten sus iniciativas. Asimismo, considerar y elaborar actividades diferenciadas en los planes y proyectos de intervención, que cuenten además con un fondo específico para las mujeres indígenas.
| Programa mujer de AidesepSe creó para marcar una política institucional que direccione la participación de la mujer indígena en el desarrollo y defensa de su territorio forjando lideresas que impulsen su desarrollo local, regional y nacional.De la misma forma, reconocer la participación activa de las mujeres indígenas en una estrategia fundamental para la construcción de una sociedad con equidad de género y democrática.ObjetivosPromover la participación de la mujer, la equidad en la toma de decisiones y la incorporación activa en la vida organizativa de los pueblos, buscando fortalecer a las comunidades y dirigencias, así como la formación integral de las lideresas indígenas.¿Qué hacemos?Para el cumplimiento de las propuestas planteadas hemos definido la Agenda Nacional de las Mujeres indígenas de Aidesep, en base a siete ejes que agrupan la problemática actual de los pueblos indígenas.Territorio seguro: fuente de vida, conocimiento y cultura.Mujeres indígenas, acciones climáticas y biodiversidad.Economía indígena y soberanía alimentaria.Participación activa y efectiva en la toma de decisiones.Violencia contra las mujeres, niñas y niños indígenas.Educación Intercultural.Salud Intercultural.¿Cuáles son sus principales logros?Creación de la Mesa de la mujer indígena.Lineamientos y políticas del Programa Mujer Indígena de Aidesep.Creación de secretarias de la mujer en organizaciones regionales y federaciones.Implementación de la Escuela de Formación de Mujeres y Jóvenes Indígenas de la Amazonía peruana.Formación de la Comisión Nacional de Crisis Climática y Mujer Indígena.Agenda Nacional de las Mujeres Indígenas de Aidesep. |
El PAGCC y sus inconsistencias versus las expectativas y necesidades de las mujeres indígenas en el marco de la consulta del RLCC
Cuando el Ministerio del Ambiente (Minam) anunció en el 2015 la elaboración del Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC 2016 – 2021) causó una expectativa grande y positiva entre las mujeres indígenas porque se le proponía como un instrumento de planificación para las instituciones públicas a nivel nacional para el desarrollo de las acciones climáticas con la participación de las mujeres.
Desde ese momento el Minam presentó al PAGCC en la Conferencias de las Partes (COP) de las cumbres climáticos señalando que marca un hito importante en la incorporación del género en el proceso de planificación de políticas públicas para hacer frente al cambio climático. El PAGCC fue presentado como un mecanismo bandera y ejemplar en los diversos espacios del ámbito nacional como internacional.
Mientras esto ocurría -y sigue ocurriendo- paralelamente se omitía la mención de que el PAGCC no es vinculante para los programas y proyectos del estado peruano, así como tampoco cuenta con presupuesto propio ni una estrategia de monitoreo para su cumplimiento. Se trata de tres deficiencias sumamente importantes que desdibujan el alcance de la propuesta.
Y es que, tras una reciente indagación que realizáramos para conocer cuáles son los resultados de la implementación del PAGCC, cuyo horizonte al 2021 está por cumplirse, nos concentramos en solo uno de sus ocho sectores clave: bosques.
Lo que hallamos fue que el PAGCC deja a discreción de las instituciones incorporar las acciones del plan en sus presupuestos anuales. Sin embargo, esto no ha sucedido explícitamente.
Siendo los Programas Presupuestales uno de los instrumentos más importantes para canalizar el presupuesto público, en el marco de la Gestión para Resultados, estos deben estar también ajustados a la transversalización del enfoque de género.
Igualmente preocupante fue constatar que a la fecha tampoco se cuenta con un sistema de monitoreo que exija a los diversos sectores recopilar información y analizar la aplicación e implementación del PAGCC.
Durante el proceso de consulta sobre el Reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático (RLCC) el Minam también presentaba al mencionando plan como un instrumento eficaz para la incorporación efectiva del enfoque de género en las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.
En este sentido, nos preguntamos: ¿Por qué el Minam nunca hizo mención sobre la realidad del PAGCC si finalmente el PAGCC debería ser un documento clave para las mujeres, y en especial, para las mujeres indígenas? ¿Acaso hubo una intención deliberada de engañar a las mujeres y exhibir pomposamente un documento que no conllevaba viabilidad y utilidad práctica efectiva? ¿Podría alguien del Estado peruano informar cuánto realmente se ha avanzado en la ejecución del PAGCC y qué entidad o entidades monitorean su cumplimiento?
¿Cómo pueden ser más visibles las mujeres en estrategias como RIA, TDC y Manejo Forestal Comunitario?
Primero, las mujeres indígenas deben conocer las cuestiones centrales sobre los mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) y REDD Indígena Amazónico (RIA) para que puedan comprender el contexto político, legal y territorial en que estas iniciativas se desarrollan. Así también, exigir al Estado peruano el cumplimiento del principio de equidad e igualdad de género e Interculturalidad para las acciones y líneas de implementación de REDD+ nacional.
En el marco de las Salvaguardas ambientales, respecto a la conservación de bosques, se deben generar diferentes estrategias en el componente productivo para mujeres indígenas. Estos pueden ser reforestación del pan de árbol, reforestación de plantas medicinales, reforestación de huayruro, choloque y construcción de chacras agroforestales con cultivos locales de la zona.
Sobre las Transferencias Directas Condicionadas (TDC) los planes de inversión deben ser elaborados de acuerdo a la realidad de las comunidades para que sean pertinentes para hombres y mujeres de la comunidad. El plan debe considerar el rol de las mujeres indígenas dentro del manejo, conservación y uso sostenible de los bosques. Asimismo, considerar y potenciar las capacidades de hombres y mujeres indígenas.
Para el Manejo Forestal Comunitario (MFC) primero se debe identificar la participación, es decir, cómo participan o cómo quieren participar las mujeres en el MFC. Segundo, identificar cómo aportan al funcionamiento del uso sostenible de los recursos del bosque y cuáles son las dinámicas que en ellas interfieren para su participación efectiva.
Es importante remarcar el rol que cumplen las mujeres indígenas en materia de seguridad y soberanía alimentaria, considerando el arraigo que tienen dentro de la familia y en la crianza de los hijos. Cuando los varones salen de la comunidad a efectuar otros trabajos en busca de ingresos complementarios y para hacer gestiones diversas las mujeres quedan a cargo de la chacra y la alimentación de la prole. Por esto es muy importante que las mujeres no queden excluidas de actividades estratégicas que influyen en la economía y la alimentación familiar.
Posicionamiento y propuesta del Programa Mujer frente a los hallazgos sobre el PAGCC (presupuesto propio y que sea vinculante)
Para que haya una real participación de las mujeres indígenas en las acciones climáticas del Perú, el Programa Mujer Indígena de Aidesep exigirá al Minam descentralizar la aplicación del PAGCC para que los gobiernos subnacionales incorporen acciones en sus planes de acción y le asignen su respectivo presupuesto.
Por otro lado, dado que hay avances en incluir el PAGCC o enfoque de género en las Contribuciones Nacionales Determinadas (CND), es urgente un sistema de monitoreo, que exija al país a recopilar información y analizar la aplicación e implementación de cara a mantener información abierta a la ciudadanía.
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*Rosilda Nunta Guimaraes es responsable técnica del Programa Mujer Indígena de Aidesep.
FUENTE: Servindi
Inti y Bryan: los sueños arrebatados
por la violencia del Estado
Rosa Chávez Yacila / Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2020
El sábado 14 de noviembre, Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22) murieron a causa de la represión policial de la marcha nacional en contra de la presidencia de Manuel Merino y el Congreso. Los certificados de sus necropsias detallan brutales impactos de proyectiles por armas de fuego sobre sus cuerpos. Dos jóvenes que no buscaban el heroísmo por una muerte precoz, sino concluir sus estudios, trabajar y construir la posibilidad de un país distinto. Este es un homenaje a su memoria de sus vidas a partir del recuerdo de sus amigos y familiares para que la impunidad y la lenta justicia no permita que los olvidemos nunca.
La tarde del lunes 9 de noviembre, 105 congresistas votaron a favor de la destitución del expresidente Martín Vizcarra, por «incapacidad moral permanente». Manuel Merino, congresista del partido Acción Popular -entonces presidente del Congreso y uno de los principales impulsores de la vacancia- asumió el cargo.
Ese mismo lunes, decenas de colectivos y grupos de jóvenes, organizados a través de las redes sociales, salieron espontáneamente a las calles a protestar, en varias ciudades del país. La arbitraria decisión de la mayoría del Congreso (105 de los 130 parlamentarios) de destituir a Martín Vizcarra ocurrió a tan solo cinco meses de las elecciones generales, y en medio de una pandemia que ya va dejando en Perú más de 35 mil muertes.
Desde entonces las manifestaciones en todo el país no pararon y la represión policial, apareció con un ímpetu alarmante. El jueves 12 de noviembre, en la primera gran marcha nacional, en Lima hubo más de una decena de heridos por bombas lacrimógenas y perdigones, que fueron atacados por la policía mientras protestaban pacíficamente. Este grado de violencia policial no se veía en la capital del país desde fines de los años 90 y el año 2000, cuando se impulsó la Marcha de los Cuatro Suyos contra el gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
Pero la noche más sangrienta, la última en las vidas de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado, fue la del sábado 14 de noviembre. Según los certificados de las necropsias, ambos jóvenes fueron asesinados por múltiples disparos de proyectiles con armas de fuego. Además, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH) registró más de 200 heridos y, hasta el martes 17 de noviembre, dos desaparecidos. Al día siguiente de la cruenta represión, el domingo 15, Manuel Merino renunció a la presidencia del Perú. Ahora él, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del interior Gastón Rodríguez son investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y leves y desaparición forzada.
Las historias de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado son la trágica consecuencia de la fragilidad de la democracia y la impunidad de las fuerzas policiales, que un día antes de la muerte de ambos jóvenes fue felicitada por los ministros del gobierno de turno. Muchos peruanos y peruanas, en un gesto noble, han ensalzado a los dos estudiantes como «héroes del Bicentenario», pero el heroísmo no debería nacer de las muertes precoces, ni de los sacrificios de los más vulnerables.
El imparable viaje del sol
Jordan Inti Sotelo Camargo
24 años
VOCACIÓN. Inti quería ser un guía oficial de turismo.
Foto: Archivo familiar
Cuando había una exposición en grupo, sus compañeros del instituto siempre le pedían a Inti que vaya primero. “Sálvanos, pues”, le decían sus amigos. En el salón donde estudiaba para ser guía oficial de turismo, todos sabían que era el más elocuente e informado, sobre todo cuando se trataba de política e historia del Perú. Cada vez que hablaba en público, con su voz delgada, los demás lo escuchaban con atención, hasta que, sin darse cuenta, la clase ya había terminado.
Inti quería saber más porque esperaba algún día ser el guía de los turistas extranjeros que visitan el país. Por eso mismo, no se perdía ningún viaje de estudios, Quería conocer la costa, la sierra y la selva: era un viajero incansable. A pesar de ser un estudiante de pocos recursos económicos, cada vez que podía agarraba su mochila y salía de Lima. Así lo hizo en su último cumpleaños, cuando se regaló a sí mismo un viaje al mar de Lambayeque. Era un chico de playa. Uno de sus pasatiempos era ir en bicicleta hasta una y echarse a solas bajo el sol.
ERA INGENIOSO Y ARROJADO, CUALIDADES QUE LA NECESIDAD OBLIGA A FORMAR.
Los pocos soles en el bolsillo nunca fueron un obstáculo para hacer lo que deseaba. Salió de la casa de sus padres muy joven, necesitaba saberse independiente. Para pagar el alquiler de su cuarto en San Juan de Lurigancho, sus estudios en el instituto Cepea, sus comidas y sus viajes trabajaba como guía en el Centro de Lima y como repartidor en bicicleta de Rappi y otras aplicaciones. Una vez trabajó descargando un tráiler de telas en la madrugada para poder pagar un viaje a la selva de Chachapoyas. En otra oportunidad dejó un trabajo remunerado para ser voluntario en una sala de exposición de la cultura Caral, la más antigua de América, y uno de las que más le apasionaban. Cuando llegó la pandemia y no pudo costear la renta, le ofreció a la casera ayudarle en la limpieza del edificio. Era ingenioso y arrojado, dos cualidades que la necesidad te obliga a formar.
De alguna manera, desde siempre estuvo ligado a la cultura ancestral peruana. Su padre era de Ayacucho y su madre de Cusco (habían llegado a Lima huyendo de la violencia terrorista). Inti, que en realidad fue su segundo nombre, significa “sol” en quechua. Su hermana melliza lleva el nombre de Killa (“luna”) y su hermano mayor, Pacha (“tierra”). “Tenía mi universo en casa y ahora me han quitado mi sol”, dijo su madre, Luzdilán Camargo, en el velorio. Dicen los amigos de Inti que ese nombre suyo le encantaba, que lo hacía sentirse especial.
AUNQUE PAREZCA INCREÍBLE, EL PROYECTIL CAYÓ JUSTO EN SU TATUAJE DE SOL.
Tanto le gustó su segundo nombre que se lo tatuó dos veces. Un sol inca en el brazo derecho y un sol tribal en el lado izquierdo del pecho, a la altura del corazón. “¿Por qué piensan que los que tenemos tatuajes somos malas personas?”, solía quejarse el joven que prefería comer vegano y reciclar. La noche del sábado 14 de noviembre de 2020, en medio de las protestas ciudadanas, un policía le disparó un perdigón de plomo en el pecho. Aunque parezca increíble, el proyectil cayó justo en su tatuaje de sol. «Herida penetrante de tórax por proyectil de arma de fuego», según el certificado de la necropsia, difundido por su abogado Ronald Gamarra. «Lo han matado de un disparo en el corazón», lloraron sus padres el día del asesinato de su hijo. Inti Sotelo Camargo había salido a protestar solo con agua y vinagre en su mochila. Pensaba que reclamar en las calles por sus derechos era otra forma de conocer mejor el Perú.
Un pirata con muchos amigos
Jack Bryan Pintado Sánchez
22 años
BUEN COMPAÑERO. Jack Bryan era uno de los amigos más queridos por su cariño y alegría.
Foto: Archivo familiar.
Una tarde de noviembre, toda una calle del distrito de San Martín de Porres, al norte de Lima, se llenó con los amigos de Jack Bryan. Con velas encendidas, pancartas y afiches en las manos, decenas de chiquillos y chiquillas se habían reunido a las afueras de una iglesia para darle la despedida a quien fue uno de sus más entrañables cómplices.
“Era bien bien alagre, bien sociable, nunca lo vi con mala cara, su presencia no incomodaba”, dice Shantall Vertiz, la prima que vivió con él toda su vida. Jack Bryan había hecho amigos en su barrio: en el inicial, en el colegio José Granda y en la universidad César Vallejo donde estudió Derecho, carrera que eligió porque quería luchar contra las injusticias. De hecho, tuvo que abandonarla por la falta de dinero, que podría ser un ejemplo de injusticia de la sociedad que siempre criticó.
EL SOBRENOMBRE QUE ÉL PREFERÍA ERA “JACK SPARROW”
“Era el que siempre hacía reír a todos con sus ocurrencias”, cuenta Martín Murillo uno de sus compañeros de colegio, “además le gustaba participar siempre de las festividades”. Otro de sus amigos de esa época lo recuerda también por su alegría y por las travesuras que compartían. “Cómo olvidar cuando jugábamos con agua mojándonos y luego nos escondíamos del auxiliar”. Una amiga de la infancia, y su vecina, se refiere a él como alguien muy inquieto y juguetón.
Por ser tan amiguero, Jack Bryan tuvo distintos apodos, según el grupo con el que andaba “Bemba” o “Bembón” para algunos amigos, “El enano” para la familia. Aunque el sobrenombre que él prefería era “Jack Sparrow”, por el personaje de Piratas del Caribe. Ese que creía que los piratas, por más desprestigiados, también podían ser buenas personas, y que arriesgaba su vida para salvar la de los demás.
Pero por sobre todos sus amigos y amigas, por encima de toda la gente que lo quería, Jack Bryan siempre eligió a su “mamá”. Así le decía a su abuela, Moraiba Sandoval, la mujer que lo crió desde que era un niño de tres años, después de dejar Loreto, la región de la selva donde nació. Ella fue su persona favorita. El nieto disfrutaba de los días en casa, en compañía de quien consideraba su madre y de su gata, Michi. Le gustaba sentir su cariño y comer de su comida, en especial el arroz con pollo, uno de sus platos favoritos. Para Moraiba, Jack Bryan era su hijo.
NI SIQUIERA HUBO OPORTUNIDAD DE SALVARLO: LLEGÓ MUERTO AL HOSPITAL.
Afuera de la morgue, después de reconocer el cadáver de Jack Bryan, Moraiba Sandoval dijo estar viviendo su propia muerte. De acuerdo a la necropsia, compartida por el abogado Gamarra, en medio del caos de la represión policial en la marcha, le habían disparado diez perdigones: cuatro en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo izquierdo. Según el acta fiscal, eran proyectiles de plomo, pero la policía ha negado emplear ese tipo de armas. Ni siquiera hubo oportunidad de salvarlo: llegó muerto al hospital. Ahora su abuela solo pide justicia, la misma que Jack Bryan alguna vez quiso buscar para otros.
PEDIDO COLECTIVO. A los entierros de los jóvenes fueron decenas de personas reclamando justicia.
FUENTE: Ojo Público
La noche que no durmió
Alejandra Dinegro Martínez/ Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2020
En memoria de Inti y Bryan, dos jóvenes asesinados durante la movilización del 14 de noviembre
“Se metieron con la generación equivocada” eran algunos de los carteles que miles de jóvenes llevaron consigo la noche del 14 de noviembre. Era el sexto día de movilizaciones que terminó con la vida de dos jóvenes de 22 y 24 años. Esa noche nadie durmió. ¿Cómo se duerme en un país donde los cuerpos de los jóvenes fueron el blanco de proyectiles disparados por la policía y se “desaparecen” 41 de ellos? Ese fue el hecho más álgido de esta crisis.
La crisis que atraviesa actualmente el Perú es la consecuencia de un proceso mayor y complejo que durante los últimos años se ha agudizado. Algunos sectores políticos críticos al sistema lo denominan crisis de régimen; el mismo que viene atravesando etapas y la actual, sería una etapa más que podría terminar abriendo la puerta de ciertos cambios estructurales.
Desde que se inició la investigación por el caso Lava Jato (2013), que implicaba la actuación de la empresa brasileña Odebrecht en cuantiosos sobornos a presidentes y funcionarios influyentes de los gobiernos de Brasil y Perú, la clase política tradicional de ambos países, fueron expuestos ante la opinión pública. Lo que en el 2016 estalló en un escándalo político que puso en cuestionamiento el orden institucional y las reglas de juego con las que organizaban el Estado.
La implicancia del caso Lava Jato en la política peruana viene trayendo como consecuencia que en los últimos tres años se lleven a cabo tres procesos de vacancia, se cuente con tres expresidentes investigados, un ex presidente que se suicidó, así como dos exalcaldes de Lima y decenas de funcionarios de distintos gobiernos con investigaciones y libertad restringida. Esto en parte explica cierta orfandad de una clase política que empezaba a estar arrinconada por la justicia y la condena social pero que, ante un vacío institucional, normativo y de representación siguieron con las viejas prácticas del clientelismo, la corrupción y el abuso de poder.
Lo que vive hoy el Perú es la consecuencia de ese problema estructural y Manuel Merino no es la causa de ello, es la consecuencia de esta crisis de régimen que conduce una agenda propia totalmente distinta a los intereses de las mayorías ciudadanas. Mientras estos sectores grotescos pugnan por hacerse del poder fuera de la vía de la elección popular y discuten sobre repartos de puestos en el Estado, de jueces que cubran sus delitos o de líderes políticos que se oponen a una reforma electoral que los fiscalice; la ciudadanía se auto convoca y moviliza.
En los últimos meses, se ha orquestado un bloque corrupto que han venido armando un relato para poder justificar la vacancia y la alteración del orden institucional. Han llevado a cabo una interpretación antojadiza de la Constitución Política para poder justificar un gobierno ilegítimo. La primera trama de este proceso contra Martin Vizcarra, tuvo como ejemplo el caso de Richard Swing y los contratos que habrían favorecido sus ingresos laborales a cambio de servicios profesionales seriamente cuestionados por su calidad y eficiencia.
Hicieron de esta situación en escándalo que desencadenó el descontento ciudadano, en un contexto difícil para las familias peruanas que venían cuestionando algunas decisiones gubernamentales en medio de una situación pandémica, como la caótica entrega de bonos, la emisión de la suspensión perfecta de laborales, la insuficiencia de camas y respiradores, entre otros aspectos. El caso Richard Swing adquirió una relevancia tan mediática como si se estuviera hablando de un proceso histórico como el contrato Dreyfus. Cuando era totalmente irrelevante, pero se dio espacio para el primer intento de vacancia.
Un mes posterior a ello, tres aspirantes a colaboradores eficaces se acordaron que Martin Vizcarra recibió coimas y decidieron declarar al respecto. Más allá de que ello pueda ser cierto o no, ese fue el segundo relato a favor de la vacancia y la que se hizo efectiva a la brevedad. El, entonces gobierno de Martín Vizcarra, sobreestimó la breve aceptación popular y confió en la palabra de algunos dirigentes políticos. La orfandad de una bancada oficialista y de un partido político propio que le de soporte en momentos de tensión, lo dejaron sin mayor espacio para actuar frente a este bloque.
Estos son los partidos y dirigentes políticos más conservadores, corruptos y represivos que tienen el desparpajo de disparar a quemarropa a comunidades indígenas o de calificar a la población de los Andes de “llamas y vicuñas”. Este es el sector que tomó por asalto el poder y usurpó las funciones ejecutivas en circunstancias seriamente cuestionables desde el punto de vista constitucional y democrático.
El Perú tuvo seis días consecutivos de protestas masivas en todas las ciudades. Una movilización liderada por jóvenes y ciudadanos que de manera espontánea se auto convocaron y salieron a manifestarse en contra de un gobierno ilegítimo. Ciudanía heterogénea, de diferentes clases sociales, de distinta condición económica, ubicación geográfica y prácticas culturales diversas, lograron romper con el mito del temor a tomar la calle y del apoliticismo generacional.
Se ha hecho explícito la existencia de poder popular que pese a lo que nos han hecho creer durante décadas, existe y se expresa en protestas diversas que amplifican el grado de activismo y participación de una generación que basa su organización en las redes sociales como el Facebook, Instagram y el Tik Tok. Además de otras expresiones. Esa es la verdadera representación social de “ancha base”.
A su vez, hay nuevos actores sociales presentes en las manifestaciones que salen de la centralidad capitalina y cuya participación en la mesa de decisiones del Perú oficial, no cuenta con una silla permanente. Quiero decir con ello que hay líderes regionales, comunales, indígenas, juveniles y locales que se están forjando en sus lugares de origen y que terminarán constituyendo un sujeto social que vislumbrará una representación que vaya más allá del elenco oficial actual. Es a estos actores a quienes no se les presta mucha atención pero que, sin embargo, pueden terminar asumiendo un rol importante en los próximos años.
Es por ello que la salida a esta crisis va más allá de la renuncia o vacancia del señor Manuel Merino y tampoco está en el Congreso, en términos políticos. En términos legales, el Perú no ha tenido antecedentes de este tipo y es por ello que el Tribunal Constitucional se pronunciará el próximo 18 de noviembre sobre la legalidad o no de la vacancia realizada al ex presidente Martin Vizcarra. Sentando un precedente para la historia.
El malestar de la ciudadanía pide cambios y no intercambios entre los mismos actores políticos que en estos momentos son responsables de haber provocado un quiebre institucional y constitucional. Lo que hay de fondo es la construcción de un proyecto de país que incluya a todos y que termine siendo impulsado por los legítimos representantes de esta construcción popular. Hay una altísima responsabilidad en los sectores progresistas del país por reconstruir un nuevo pacto social basado en la defensa férrea de los derechos ciudadanos y los valores de la igualdad y la justicia.
Un nuevo correlato de esta historia va más allá de lo político y de la indignación. Se carece de una agenda ciudadana que haga contrapeso a lo que defienden los 105 congresistas que votaron a favor del caos y el descalabro del Estado. Una nueva o nuevas promesas de la vida republicana que logren mantener la unidad en la diversidad y en el inicio del desmantelamiento del principal candado que impide que se lleven a cabo reformas urgentes para la gente: la Constitución de 1993.
La propuesta va más allá del debate constitucional, sino que deben partir de la realidad misma. La pandemia ha develado la enorme precariedad y desigualdad en la que los jóvenes, mujeres, agricultores, mypes y diversidades, viven en un país con gran riqueza natural y cultural. El Perú merece cumplir el sueño de la vida republicana sin calco ni copia.
FUENTE: Otra Mirada
Envio:RL
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