Las casas sobre la mesa
Cañaveral, Los Olivos, Camino de los Indios, El Sol, La Tacuarita y La Bombacha son
barrios populares de Rosario que, a diferencia de los más añosos Villa Banana, La Lata
o los asentamientos ubicados en Ludueña y Empalme Graneros, recién obtuvieron
(algo de) visibilidad cuando en abril de 2017 se dieron a conocer los resultados del
censo que produjo el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Más de cien
mil personas residen en viviendas precarias de esos 112 espacios desperdigados en la
ciudad, carentes de equipamiento socio-urbano y de servicios básicos. Una ciudad
fragmentada e invisible dentro de otra a la vista. Casi la mitad de esos asentamientos
irregulares emergieron en los últimos 25 años como portadores asintomáticos del virus
de la injusticia social. El problema que el caso Guernica puso en primera plana –de un
modo horrible, clasista y prejuicioso– es útil, de todos modos, para hacer perceptible
una inequidad estructural de la que las tomas y ocupaciones son emergentes: la
desigual distribución del suelo y del acceso justo al hábitat.
A principios de octubre había en Rosario una decena de conflictos judicializados por
ocupaciones de terrenos, en cuyos trámites intervienen diferentes organismo del Estado
y el Ministerio Público de la Acusación.
En barrio Tango, de la zona oeste; en terrenos ubicados en Baigorria al 2800; en barrio
Santa Lucía; en bulevar Seguí y Solís; La Cariñosa, que esta semana fue noticia en
Lamadrid y Circunvalación; en el barrio Empalme Graneros, y en Ovidio Lagos y 5 de
Agosto, al sur de la ciudad, son algunos.
Las usurpaciones más comunes en Rosario, no las de tierras sino las de viviendas, la
mayoría de las veces están asociadas a la criminalidad organizada. En el primer
semestre del año se iniciaron 333 legajos judiciales por ese delito en el Ministerio
Público de la Acusación (MPA). Quienes más las sufren no son, precisamente, los que
hoy exhiben su temor por el fantasma autoproducido de la abolición de la propiedad
privada.
Tomas y tomas
La toma u ocupación de lotes no es insumo diario de los noticieros, salvo que sea en
búsqueda del “rebote local” de un fenómeno instalado como noticia en la agenda
nacional. Por un lado porque no son tan frecuentes; por otro porque esas prácticas son
muy dinámicas.
Las hay de distintos tipos: basadas en la necesidad de tierra donde levantar una
humilde morada; con fines “inmobiliarios” para realizar loteos irregulares e ilegales y,
sobre todo en el caso de las viviendas, para fines ilícitos como utilizarlas de búnker o
depósitos de droga.
Hace unos meses dos bandas del narcomenudeo asentadas en Nuevo Alberdi que
estaban enfrentadas por las utilidades de ese mercado ilegal, hicieron las paces.
Lo que selló la unidad fue un pequeño y marginal negocio inmobiliario: tomaron una
precaria plazoleta con el objetivo de lotearla entre los vecinos. Sin papeles, por la sola
posesión de hecho del suelo que, en ese caso, era de propiedad fiscal. Una forma
“directa” de solución al drama de la desigual distribución de la tierra.
La intervención multiagencial del Estado permitió desbaratar la sociedad de hecho
alcanzada por las dos bandas hasta entonces enconadas, contó a El Eslabón una
operadora territorial del gobierno que participó del asunto.
Ese sector de Nuevo Alberdi fue uno de los escogidos para lanzar en Rosario el plan
Incluir, de abordaje interministerial que incluye infraestructura y hábitat, seguridad,
igualdad y género, el municipio y la cartera de Desarrollo Social provincial.
Una intervención oportuna del Estado en un territorio casi cedido, por abandono de las
funciones básicas, a sectores que imponen la fuerza por ausencia de contendientes.
Como contracara del uso delictivo de la necesidad real, esta semana se suspendió por
180 días el desalojo de unas 500 familias asentadas desde hace tres décadas en
terrenos privados de Lamadrid y Circunvalación, cuya propiedad reclama el empresario
de concesionarias automotores Armin Reutemann.
Se trata del barrio conocido como La Cariñosa, donde el tiempo produjo arraigo. Una
vecina con 18 años de estancia en el lugar explicó a un medio partidario de qué se
trata eso: “No queremos que nos den vivienda, no queremos bolsones, no queremos
planes, no queremos nada. Solamente queremos que nos den una posibilidad de pagar
nuestro terreno”.
Y se preguntó: “¿Por qué nos quieren sacar las casas en las que vivimos toda la vida?
Tengo cuatro hijos, se criaron en el barrio”.
“No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos pavimento. Cuando llueve nos
inundamos y nadie nos da una respuesta. Y hoy en día que tenemos nuestra casita
nos quieren sacar. Para mí eso está mal. No voy a salir de mi casa, me van a tener que
sacar muerta”, describió y prometió Nadia.
Esa historia, multiplicada por más de cien mil, conforma la ciudad invisibilizada en la
que, paralelamente, crecieron desarrollos inmobiliarios de barrios cerrados y loteos
para sectores medios-altos de la pirámide social.
Constante y permanente
Durante el primer semestre del año el MPA registró en la Fiscalía Regional 2ª, con
jurisdicción en Rosario y sus alrededores, 333 legajos por usurpaciones. Ese tipo de
delitos no ofrece variaciones estadísticas significativas en los últimos cinco años.
“La cantidad de investigaciones iniciadas por usurpación se mantuvo sin variaciones
marcadas (leve incremento del 3,1%), manteniendo la estabilidad de las cifras iniciada
en el segundo semestre de 2015”, señala el informe Indicadores de Criminalidad
elaborado por el MPA para los primeros seis meses del año.
En ese universo estadístico calificado como “usurpaciones” existen diferentes
submundos: la mayor parte está integrada por ocupaciones ilegales de vivienda,
muchas de ellas vinculadas a la criminalidad organizada o a bandas de menor
importancia pero alto uso de la violencia lesiva.
Grupos narco que desalojan violentamente a familias o toman viviendas desocupadas,
para utilizarlas con fines delictivos (búnkeres, depósitos de drogas, techo para sus
integrantes).
También existen conflictos entre particulares y, en menor medida, ocupaciones de
terrenos. Las meneadas tomas de tierra espectacularizadas y banalizadas en el caso
Guernica.
Como se dijo, existe una decena de ocupaciones de terrenos en trámite judicial. La
Unidad Fiscal de Soluciones Alternativas suele encargarse de esos conflictos. Como el
trasfondo es, en casi todos los casos, social –por el déficit estructural de viviendas y
hábitat como consecuencia de una desequilibrada distribución del suelo y las
oportunidades–, las intervenciones procuran alcanzar salidas consensuadas y abren el
abordaje a organismos públicos municipales y provinciales.
Problema estructural
Para el subsecretario de Planificación de Hábitat de Santa Fe, Ignacio Rico, el proceso
de ocupaciones de tierras no constituye una novedad, aunque no sea parte de la
agencia cotidiana de los medios de comunicación.
“El fenómeno de las tomas existe desde hace 40 años. En función de la crisis y la
agudización de las necesidades que existen producto de que recibimos un país
prendido fuego, con un poder adquisitivo por el piso después de cuatro años de
gobierno de Mauricio Macri, y por otro lado lo que sucede con la pandemia, esa
situación se profundiza”, explicó.
“Lo que se da hace 40 años son las tomas o usurpaciones que después se terminan
transformando en barrios, en asentamientos o en villas”, abundó en relación a los
barrios populares, como los designa la ley sobre el asunto aprobada en 2017 por el
Congreso, por impulso de las organizaciones sociales.
En diálogo con El Eslabón, Rico insistió en que a partir del caso Guernica, “aparece en
la primera plana de todos los medios, como una suerte de moda televisiva, pero no es
una situación que habría que encasillarla en una novedad o en una excepcionalidad de
este año. Es una situación que tiene que ver con un problema estructural de la
Argentina, no es coyuntural”.
Por raquitismo de ingresos, por carencia de empleo, por tenerlo pero en forma
irregular (en negro), los sectores asalariados y de la economía informal no tienen
chances de acceso a la tierra, desde hace años.
El Procrear es una buena política, principalmente apuntada a vivienda pero que
también incluye suelo, para la cual no califican los que menos tienen en términos
materiales.
Por ausencia de políticas estatales, en la producción y distribución de suelo interviene,
decididamente, el mercado.
“Los sectores populares no tienen manera de acceder al suelo si no es a través de una
toma de tierras. Y eso es lo que queremos resolver desde el Estado y es el problema
estructural”, dijo el subsecretario de Hábitat provincial.
Para Rico, “si desde el Estado no construimos políticas públicas o programas que
faciliten a los sectores populares acceder al suelo, no vamos a terminar con las tomas,
porque las causas tienen que ver con el no acceso al suelo”.
El funcionario está convencido que “hay que resolver las causas que generan las tomas
y no ir solo sobre las consecuencias que producen las tomas”.
“Cuando vos tenés una situación estructural –prosiguió Rico– donde por una cuestión
de ingresos los sectores mayoritarios de la sociedad no pueden acceder a la tierra, esa
olla se va tapando hasta que en algún momento la precarización del hábitat empuja a
que algunos tengan que realizar una toma para tener acceso a la tierra. Eso no justifica
la situación, pero lo que tiene que quedar claro es que la toma de tierras existe por
una situación de necesidad”.
Un poco de luz
Un primer paso hacia la visibilización de las condiciones en que transcurren las vidas
de al menos cuatro millones de argentinas y argentinos fue la creación, por decreto de
2017, del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Y la realización de un
censo que diera cuenta de quiénes, dónde y cómo residen los habitantes de villas y
asentamientos irregulares de todo el país, tarea que quedó en manos de los impulsores
de la norma: las organizaciones sociales.
Con el mismo impulso, lograron que en 2018 el Congreso nacional aprobara la ley
27.453 denominada de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio
Urbana, que en su artículo segundo declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación,
la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares
relevados en el Renabap”.
Esa norma se complementó, a mediados de este año, con una resolución firmada por
la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, que crea el
Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, que busca dotar
de servicios e infraestructura básicas a los asentamientos, de modo de integrarlos a la
ciudad que los contiene.
La ley de 2018 establece en su artículo 12 que las obras a realizarse dentro del marco
de los proyectos de integración socio urbana deberán adjudicarse “en un 25 por ciento
como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía
popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los barrios populares”, sumándole virtuosismo al círculo.
También suspende por cuatro años los desalojos de tierras ocupadas que hayan sido
registradas, previamente, en el Renabap.
Rico explicó que la gestión provincial, “que asumió hace poco” y quedó atravesada por
la pandemia de coronavirus, busca generar “una política que les permitan a los sectores
de menores ingresos acceder al suelo” y en los barrios que ya existen “construir
infraestructura que permita que tengan acceso a los servicios básicos: pavimento,
cloacas, aguas potable y luz eléctrica”.
¿Qué es un barrio popular?
Se considera barrio popular, según la ley que les confirió esa designación jurídica, a los
barrios vulnerables en los que viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas,
donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni
acceso regular a dos –o más– de los servicios básicos. En la provincia de Santa Fe hay
registrados 341, en los que residen 72.602 familias.
Fuente: El Eslabón
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