17 de noviembre de 2020
Por 133 votos a 115, con dos abstenciones
Diputados dio media sanción al Aporte Solidario de las grandes fortunas
Alrededor de las tres y media de la mañana, el Frente de Todos consiguió aprobar en Diputados el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas. El oficialismo alcanzó los 133 votos positivos a la hora de cerrar el debate frente a los 115 diputados que se opusieron y los 2 que se abstuvieron. Así las cosas, con el respaldo de una imponente movilización popular, el oficialismo aprobó exitosamente el primero de una serie de exámenes que se propuso rendir en el Congreso antes de fin de año. Ahora el debate sobre el Aporte Extraordinario se traslada al Senado, donde el oficialismo detenta una holgada mayoría.
El debate
"Es por única vez porque se pretende alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas", explicó el autor del proyecto y titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, en su rol de miembro informante. También descartó que la iniciativa "estuviese pensada contra determinadas personas". "No es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen", señaló. A su vez, Itaí Hagman, uno de los diputados que más impulsó este aporte en Diputados, argumentó: "Mientras discutimos si los 10 mil millonarios más ricos de la Argentina tienen que hacer un aporte extraordinario tenemos 5 millones de niños y niñas bajo la linea de pobreza. ¿Cuál es el nivel de desigualdad que estamos dispuestos a tolerar?"
Para el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, el proyecto es "es confiscatorio. El Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad". "Se gravan activos que alientan el ahorro nacional: a diferencia de Bienes Personales, donde los títulos públicos están exentos, acá se gravan los depósitos, los campos, los bienes rurales y los activos empresarios", cuestionó, al explicar la mirada de su interbloque.
En el transcurso de la sesión, la cuenta oficial de Twitter del bloque del PRO dejó en claro qué intereses defienden. Publicaron un gráfico que traza un paralelismo entre el 46 por ciento de las bancas que ocupa Juntos por el Cambio en Diputados y el 0,02 por ciento de la población que tiene más de 200 millones de pesos. "Casi la mitad de los diputados nacionales defendemos al sector que general empleo e inversiones en nuestro país", aclara el gráfico.
El lavagnismo le dio 10 votos a favor, de los 11 que tiene. Solo Graciela Camaño votó en contra. "Esto es pan para hoy y hambre para mañana", señaló y agregó que "están desalentando las inversiones privadas, se genera inseguridad jurídica y falta de estabilidad", en línea con los argumentos del macrismo. Igualmente, los votos también llegaron del interbloque Federal para el Desarrollo que lidera José Luis Ramón.
"No hay épica posible en un país donde el 50 por ciento de nuestro compatriotas está por debajo de a línea de pobreza. No tiene que haber épica, tiene que haber humildad y respeto a esos que viven en la pobreza", señaló el socialista Enrique Estévez. "¿A quién le vamos a pedir un esfuerzo en el medio de una de las crisis más importantes de nuestro país que está pandemia profundizó? ¿A los jubilados?", se preguntó. "A los únicos que se les puede pedir este aporte es a los que más tienen", contestó.
Por su parte, los diputados de la Izquierda (Romina Del Plá y Nicolás Del Caño) ratificaron su postura de abstenerse en la votación. "No se trata de una verdadera recaudación o afectación a las grandes fortunas de algunos ricos", explicó Del Plá. Del mismo modo dijo que se manifestará la neuquina Alma Sapag.
Massa volvió al Congreso
"Sergio Massa está regresando a esta casa", anunció Álvaro González, quien presidía la sesión, un rato antes de las 17. El tigrense estaba aislado desde el viernes a la noche en el quincho de su casa, luego de enterarse que jefe de la misión del FMI, Luis Cubeddu, diera positivo de coronavirus. Massa se había reunido la semana pasada con funcionarios del organismo internacional que tuvieron contacto estrecho el líder de la misión y debió aislarse. Pero el tercer negativo de Cubeddu levantó el aislamiento del titular de la Cámara baja.
"Aparentemente lo que habría ocurrido es un falso positivo", explicó González. En este escenario, a los 20 minutos llegó al Palacio Legislativo y se reunió con quien presidía la sesión "para ponerse al tanto". "Esperemos que no haya un caso positivo de covid, porque lo vamos a hacer responsable a él (Massa)", dijo la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), que rechazó la presencia del titular del cuerpo en la sesión. Al instante, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Cristina Álvarez Rodríguez, le contestó: "Están haciendo señalamiento cuando uno de ellos (Frade) fue el que propicio que se tomara dióxido de cloro".
Los ministros también dicen presente
A las 21 Massa se sentó en estrado presidencial y le agradeció a Álvaro González, que fue aplaudido en el recinto. También destacó "la comprensión y la paciencia en las últimas 48 horas mientras esperábamos que se confirmara el negativo del enviado del FMI". Junto con Massa llegaron al recinto los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Martín Guzmán (Economía) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social). En las gradas estaba las y los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).
Un rato antes Massa los recibió en su despacho en el primer piso del Palacio Legislativo, donde también estuvo el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner. "Fue una reunión distendida a puertas abiertas, donde entraban y salían todo el tiempo", contó una fuente que participó del encuentro. En este contexto, el Frente de Todos mostró un fuerte respaldo, de los distintos sectores de la coalición, al proyecto que que le cobra una tasa del 2 por ciento a las personas que declararon más de 200 millones de pesos en su última declaración jurada.
Con este proyecto también la AFIP espera recaudar $307.000 millones, un 1,1por ciento del PBI. De todo esto se destinará en un "20 por ciento a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20 por ciento a las pymes, 15 por ciento a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20 por ciento a becas al programa integral de becas Progresar y un 25 a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa", según establece el proyecto.
Luego de esta media sanción, la Cámara baja avanzará con dos iniciativas ambientales. En primer lugar se tratará la ley de manejo del fuego, que prohíbe los negocios inmobiliarios por 60 años en los terrenos incendiados con fines especulativos. Luego, la Ley Yolanda que ordena "una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático" en los funcionarios públicos. Esta última contará con el apoyo de Juntos por el Cambio, mientras que la primera será rechazada, tras el fuerte lobby que desplegaron los empresarios del sector agropecuario.
Informe: Antonio Riccobene
El proyecto de Máximo Kirchner que busca frenar la especulación detrás de los incendios forestales
La ley del fuego tuvo media sanción en Diputados
Imagen: NA
El Frente de Todos, con el respaldo de los bloques minoritarios de la oposición, dio media sanción al proyecto de reforma de la ley de manejo del fuego impulsado por Máximo Kirchner que busca terminar con los incendios intencionales impulsados por la especulación inmobiliaria y financiera. El texto fue acompañado por 132 diputados, con el voto negativo de 96 legisladores de Juntos por el Cambio.
La modificación a la Ley 26.815 de manejo del fuego impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Al respecto de la iniciativa, el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, explicó que “Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego”, y agregó: "Argentina ardió en llamas, por eso tomamos la decisión política de ponerle fin a los negocios y cuidar nuestro ambiente".
Por su parte, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Izquierda, como sucedió con al aporte solidario de las grandes fortunas, no acompañaron la propuesta del oficialismo. Desde el principal bloque opositor asumieron como propias las posiciones de los sectores concentrados de la economía que hicieron publico su rechazo al proyecto. En tanto, desde la izquierda sólo atinaron a argumentar durante el debate en Comisión que “el proyecto no resuelve nada”.
Para Graciela Camaño, una de las diputadas que incorporó modificaciones a la norma, “el principal problema, casi fundamental, del proyecto es el autor: Máximo Kirchner. Prima un prejuicioso que se advierte en diferentes discursos”. “Acompañamos a un autor tan disruptivo. A algunos les genera urticaria por el primero que firmó y pensó el proyecto”, insistió.
“Basta de priorizar planteos económicos, de propiedad privada. Es un intento de que no se haga nada con los problemas ambientales. No podemos permitir que aquello que se le venga en gana a los grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícolas que agravan situación del medio ambiente”, afirmó José Luis Ramón, presidente del interbloque Federal para el Desarrollo.
El texto, que fue presentado en octubre en plena crisis por los incendios forestales reportados en más de una decena de provincias, llegó al recinto con las firmas de Máximo Kirchner y de los jefes del interbloque Federal Eduardo Bucca, de Unidad y Equidad Federal José Luis Ramón, de Graciela Camaño, Ricardo Wellbach, Luis Di Giacomo, Leonardo Grosso, Daniela Vilar, entre otros. Lo presentaron a principios de octubre, en medio de la crisis por los incendios forestales reportados en toda la Argentina.
La Cámara Federal reclamó que se investiguen las cuentas en el exterior a nombre de
la madre y la hermana del fiscal
Alberto Nisman y el lavado
de dinero: La causa que
Comodoro Py nunca quiso investigar
La Cámara Federal puso en palabras lo que hace rato era evidente: la causa por presunto lavado de dinero que se abrió con el hallazgo de una cuenta con más de 600 mil dólares que el fallecido Alberto Nisman tenía en Estados Unidos a nombre de su hermana Sandra Nisman, su madre Sara Garfunkel y el técnico informático Diego Lagomarsino, está en la nada, tal como la dejó el fallecido juez Claudio Bonadio. Nisman sólo figuraba como apoderado, lo que en un comienzo había duplicado las sospechas de que podría haberla utilizado para mandar allí dinero que no podía explicar. Los camaristas Mariano Llorens y los reincorporados por un tiempo Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia señalaron en un recurso de otro de los imputados, el empresario Claudio Picón, que "a la luz de la demora que exhibe el trámite del presente legajo, se torna necesario instar al juez de la anterior instancia a arbitrar los medios necesarios para que se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita".
En marzo de 2015, dos meses después de la muerte del fiscal, su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, sorprendió cuando se presentó a declarar ante la fiscal Viviana Fein e informó que Nisman y Lagomarsino --quien como es sabido es el dueño del arma de la que salió el disparo mortal-- tenían una cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York. El dato, en rigor, venía de la hermana de Nisman, que quería acceder a la cuenta y no tenía la contraseña y en el banco le dijeron que la tenía Lagomarsino. A partir de esta situación se abrió una investigación en Comodoro Py, que en un comienzo estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Juan Pedro Zoni, luego deportado de los tribunales de Retiro por el procurador interino, Eduardo Casal. Según se pudo constatar entonces, la cuenta tuvo movimientos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014 por lo menos. La AFIP reportó que no era una cuenta declarada. Algunas de las transferencias sospechosas que figuran son de una empresa en Hong Kong, Rodfa Limited, por 134 mil dólares, hay otra del financista Damián Stefanini por 150 mil dólares y el empresario Picón aparece con 72 mil dólares. Stefanini desapareció de la faz de la tierra tres meses antes de que Nisman apareciera muerto. Nunca se supo más nada de él.
Tanto Sandra Nisman, como Garfunkel, Lagomarsino y Picón fueron imputados y llamados a indagatoria por el fiscal Zoni y el ex juez Canicoba Corral. El informático dijo que Nisman le había pedido que figurara su nombre, como una suerte de testaferro, porque él era una persona expuesta y no podía por su cargo. Canicoba dijo públicamente que estaba convencido de la hipótesis del lavado y fue apartado de la causa por la Cámara Federal. Ahí fue cuando el caso pasó a manos de Bonadio, que dejó el expediente en el freezer. En la mayoría de los despachos de Comodoro Py hubo resistencias a avanzar con este expediente porque dejaba a la vista los posibles niveles de corrupción de Nisman, cuya muerte y figura fue utilizada para atacar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tal como fogoneaba el macrismo. Además, es factible que el dinero negro estuviera vinculado a organizaciones de la derecha de Estados Unidos y de Israel, interesados en financiar las acusaciones. De hecho, alguno de los movimientos de la cuenta en cuestión estarían vinculados a un banco israelí.
Lo cierto es que la causa está en punto muerto, con la excusa de que hay recursos de los imputados pendientes de respuesta en la Corte Suprema. Pero además, hasta el juez actual, Marcelo Martínez de Giorgi, a comienzos de año y tras la muerte de Bonadio intentó mandar la causa al fuero penal económico, pero se la devolvieron. El único fiscal que avanzó fue Zoni. Luego lo sucedieron Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano y no hubo grandes movimientos. Además de la cuenta en Nueva York, en la causa también hay datos sobre otra cuenta en Uruguay y varias propiedades en ese país.
Lo que resolvió la Cámara se desprende de una presentación de Picón, que figura como el dueño del auto de alta gama Audi que utilizaba Nisman. Picón reclama sus legajos del Registro Automotor de los vehículos de su empresa Palermopack SA. La Cámara decidió darle la razón y devolverle los papeles, en este fallo que destaca que en nada avanzó la investigación. Para hablar de la demora primero los camaristas aludieron al recurso de Picón: "Si bien pudo haber sido razonable requerir la documentación en cuestión en aquella oportunidad, el tiempo transcurrido desde la incorporación de los legajos al expediente, la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada, se presentan como factores suficientes para restar sustento al rechazo ahora cuestionado" (que venía de primera instancia).
Cuando Zoni, cinco años atrás, pidió las indagatorias que quedaron en el aire, dijo que los imputados habían logrado "con su accionar que se introduzcan fondos de origen espurio en el circuito legal”. "Se ha logrado establecer --afirmaba-- la existencia de distintos bienes y fondos, que a pesar de aparecer vinculados a distintas personas que actuaran como testaferros, en realidad eran propiedad de Natalio Alberto Nisman”.
La multitudinaria marcha en el día de la militancia
La solidaridad y el compromiso
Imagen: Kala Moreno Parra
Las columnas que entran por avenida de Mayo hacia el Congreso parecen extenderse hasta la 9 de julio. Banderas, batucadas, cantos, bailes, pañuelos verdes, barbijos medio corridos por el calor, cientos de selfies con los dedos haciendo la V: la caravana por el Día de la Militancia puso un paréntesis en la pandemia y retrotrajo la plaza del Congreso a las fiestas populares de los tiempos previos a la llegada del Covid-19. Durante la tarde del 17 de noviembre, miles de militantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales marcharon con el objetivo de manifestar su apoyo al gobierno nacional. Una enorme convocatoria que terminó convirtiéndose en la demostración de fuerza más importante desde la asunción Alberto Fernández. Mientras en la Cámara Baja se debatía el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, afuera, la militancia, acompañaba ocupando el espacio que siempre le fue propio pero que por meses no pudo habitar: la calle.
"Si la riqueza es la excepción, que la solidaridad sea la regla", rezaba la bandera que los movimientos sociales colocaron sobre la reja del Congreso. Por todos lados, los y las militantes de organizaciones como Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, La Cámpora, entre otros, charlaban, cantaban y bailaban en una jornada en la que predominó la alegría por reunirse en las calles después de tanto tiempo. "Esto es una reivindicación a la militancia de los movimientos populares que este año han demostrado un enorme esfuerzo para sostener a la comunidad. Muchísimos militantes sociales han muerto por abrir comedores y espacios comunitarios, por enfrentar el virus poniendo el cuerpo", destacó Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social e histórico referente de Barrios de Pie, a Página/12. "Frente a tanta solidaridad, contrasta el sentimiento egoísta y miserable de un sector concentrado de la sociedad que, ni siquiera frente a una de las tragedias más grandes, se ha dignado a aceptar dar un pequeño aporte", agregó, refiriéndose al proyecto de Aporte Social Extraordinario a las Grandes Fortunas.
A unos metros, sentadas sobre una parada de colectivo y agitando una bandera de La Cámpora, estaban Jazmín y Zaira. Ambas de 18 años y con la cara cubierta de glitter verde. "Esta generación vino para cambiarlo todo. Néstor decía 'sean trasgresores' y nosotres tomamos ese legado y vamos por el aborto, por la separación de la Iglesia del Estado, por el Aporte Extraordinario. Vamos por todo porque los derechos se ganan y es en las calles en donde los vamos a conquistar", afirmó Jazmín, cuyos anteojos se empañaban mientras hablaba a través del tapabocas. "Este es nuestro día y qué mejor que pasarlo junto a otres militantes. Siempre con mucho cuidado, porque estamos en pandemia, pero festejando", agregó Zaira, señalando el alcohol en gel amarillo que le colgaba de la riñonera. Al lado de ambas, sin embargo, pululaban decenas de militantes sin tapabocas, que conversaban mientras se comían un choripán o se tomaban una cerveza. Por este motivo, cada 10 minutos, una voz en un parlante repetía: "Compañeros, es importante que nos pongamos los barbijos y usemos alcohol en gel. Cuidémonos entre todos".
Jazmín y Zaira no eran las únicas pintadas de verde, sino que la gran mayoría de las mujeres que participaron en la convocatoria tenían enganchado en algún lado el pañuelo por la legalización del aborto. "Venimos a movilizar contra el FMI, contra el ajuste, y también por el derecho al aborto y el derecho a decidir de todas las mujeres. Hoy se ponen en juego muchas cosas importantes en el Congreso así que es importante venir a apoyar y a demostrar que el pueblo acompaña estas leyes", explicaba Jesica, militante del área de género del Movimiento Evita, organización a la que se acercó durante su adolescencia luego de haber sufrido un caso de violencia de género. Al otro lado de la plaza se encontraban Bárbara, una joven de 20 años toda tatuada y con el flequillo verde, y su padre Marcelo, un fletero de 50 años que milita desde joven en el peronismo. Fueron juntes y coincidieron en la importancia de que sancionase una ley "para que los que tienen guita paguen lo que hace falta". "Coincidimos en muchas cosas, pero no coincidimos en algunas cuestiones de género, que me cuestan mucho y le digo que me tiene tiene que dar un poco de tiempo", explicaba Marcelo, entre risas. Consultados por Página/12 si, a pesar de las peleas, le gustaba marchar juntes, padre e hija sonrieron a través del barbijo y respondieron: "Siiiiiii, es hermoso".
A medida que se iba poniendo el sol, las banderas de las agrupaciones políticas y sociales que convocaron a marchar por el Día de la Militancia, en conmemoración del regreso al país de Juan Domingo Perón en 1972, continuaban ondeando. Si bien no se trató de una sola movilización - ya que Barrios de Pie y el Movimiento Evita marcharon al Congreso desde el Ministerio de Desarrollo Social a las 16, mientras que La Cámpora y el Frente Todos llegaron directamente a la plaza a las 18 -, la gran mayoría de los y las asistentes continuaba en la plaza hasta las 19, hora en la que Alberto Fernández se dirigió hacia la militancia reunida con un mensaje: "Me quiero sumar en la algarabía que significa ser parte de la militancia. No tengo en mi historial político mayor orgullo que haber sido y ser un militante".
Informe: María Cafferata
Las reacciones de ministras y funcionarias tras el envío del texto al Congreso
Aborto legal: camino a "un
debate respetuoso y
democrático"
Patricia Chaina
Imagen: Sandra Cartasso
El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío al Congreso del proyecto del Ejecutivo para la interrupción voluntaria del embarazo, junto con el de “los 1000 días de protección para la infancia” esbozó un nuevo umbral posible desde el cual pensar y ejecutar las políticas públicas en torno a la salud, y al lugar de las mujeres, y de la maternidad, en la sociedad, y generó un amplio espectro de reacciones. “El presidente Alberto Fernández cumple los compromisos asumidos en su campaña electoral y ante la Asamblea Legislativa. Propone un debate respetuoso y democrático #QueSeaLey”, twiteó Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la presidencia y responsable de coordinar la redacción de la iniciativa.
Para Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, el envío de las iniciativas evidencia el compromiso político del gobierno, y sigue la línea de construir “un Estado presente” que acompaña a las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantiza el acceso a la salud. “Los dos proyectos son complementarios y promueven justicia social e igualdad de oportunidades --sostuvo Gómez Alcorta--, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral”.
Su par en la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad Sexual, expresó la necesidad de transformar los proyectos en ley. “Esto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, respeta la decisión de cada mujer” y responde a una política de salud, sostuvo. “Son una referencia de justicia social para quienes pertenecemos al campo nacional y popular, y defendemos el derecho a decidir”, agregó.
En eso coincidió Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, quien sostuvo: “Que el proyecto por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo haya sido enviado al Congreso, en el Día de las Militancias, es un reconocimiento a la lucha colectiva por el aborto legal”. Mayra Mendoza, fue diputada en 2018, mientras se debatió el proyecto en el Congreso, donde fue parte del grupo ‘Las Sororas’, que lo impulsó.
“Ahora trabajamos para conseguir el número necesario porque tiene que ser ley”, sostuvo Mendoza. “Es un proyecto que sabemos que tiene dificultades” señaló, ya que “para muchos es un tema complejo”. De ahí que para Mendoza “no hay que tratar este tema con anteojeras ni religiosas ni morales, y construir ese número como en 2018, hasta que sea ley”. Se refiere al paso a paso que el proyecto deberá dar en las comisiones que lo trataran en Diputados, para ser cursado a Senado en este año parlamentario.
Para la ministra de Mujeres de Nación, el objetivo se centra en la obligación del Estado “de cuidar la integridad física de las mujeres, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a quienes desean continuar sus embarazos, pero se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y sean acompañadas por un Estado presente”.
Gómez Alcorta aseguró que penalizar el aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos, solo las obliga a hacerlo clandestinamente y en condiciones inseguras. En Argentina se realizan entre 350.000 y 522.000 abortos, por año. “Es un problema de salud pública”, señaló.
Los abortos clandestinos e insalubres, se realizan en general por mujeres de bajos recursos, en condiciones inseguras y con un costo que suele ser muy alto: sus vidas. “Todas y todos sabemos que las mujeres de más altos recursos también abortan –sostuvo Gómez Alcorta--, pero pueden hacerlo de manera segura”. La ministra aporta un dato: “Por año, alrededor de 40.000 mujeres son hospitalizadas por interrumpir embarazos en forma clandestina e insegura”. Y suma una estadística estremecedora: “Desde el retorno democrático murieron más de 3.000 mujeres por abortos clandestinos”.
“Como Estado debemos garantizar el derecho a la salud integral de las personas, en condiciones de igualdad. Es una cuestión de salud pública pero también de justicia social” coincide Gómez Alcorta con sus pares de lucha militante y feminista, como también de lucha social y política. “El Estado debe prevenir la mortalidad por abortos inseguros que afecta principalmente a los sectores populares”, señaló. “Frente a un problema serio de salud pública la respuesta no puede ser individual y según los recursos económicos de cada persona, debe haber un Estado que acompañe y equipare condiciones y acceso a la salud”.
“Las mujeres de los sectores populares que no tienen recursos, ni acceso a la información --define Estela Díaz-- son el sector beneficiado por estas propuestas, y en relación a la interrupción del embarazo, cuando se hace en las primeras semanas, y tal como lo evidencia esa práctica en muchos países desarrollados, la mortalidad baja notablemente, esto lo debemos tener en cuenta”. El aborto legal en los países desarrollados es uno de los procedimientos más seguros en la actual práctica médica, con mínima morbilidad y con tasas de letalidad de menos de una muerte por 100.000 procedimientos realizados.
Según el monitoreo de la Defensoría del Público
Los noticieros emiten cada
vez menos noticias
Los noticieros de los canales de TV abierta argentina emitieron en 2019 menos noticias que en 2018, utilizaron menos tiempo para el desarrollo de cada información e incorporaron a Internet -en sus más disímiles variantes- como una nueva y cada vez más consultada fuente informativa. Esas son las principales conclusiones a las que llegó el monitoreo de noticias que por séptimo año consecutivo realiza la Defensoría del Público, al que Página/12 tuvo acceso a un adelanto exclusivo. El trabajo, titulado “Qué es noticia para los noticieros de TV abierta”, destaca la escasa presencia de mujeres columnistas en los informativos, la preferencia de noticias policiales en las agendas y la excesiva preponderancia de informaciones ocurridas en AMBA, por sobre las que suceden en el resto del país. La fuente “Internet, videos de televidentes, videos caseros y videos de redes sociales de personas privadas” fue la más utilizada en 2019. Signo de los tiempos.
Los resultados del monitoreo que la Defensoría del Público realiza año tras año, desde su creación, permiten dar cuenta de una leve disminución en la cantidad de noticias emitidas durante 2019, que también se verifica en el tiempo de duración total. Si en 2017 los noticieros de los cinco canales de TV abierta habían difundido 19.160 noticias, y en 2018 el total había disminuido a 17.593, el año pasado la tendencia siguió a la baja, con un total de 17.467 informaciones brindadas. Una pequeña caída que no obedece a menor cantidad de horas de noticieros, sino que parece responder a un cambio en el perfil de los espacios, que con el tiempo pierden su formato “rígido” y “duro” para volcarse hacia un formato más cercano al magazine. Cambia la forma en que las noticias se presentan y en la que los noticieros se estructuran.
Otro dato que surge del monitoreo que analizó 17.467 noticias que se emitieron en 2019 desde los canales de TV abierta (Telefé, Canal 13, América TV, El Nueve y la Televisión Pública) parece confirmar esa transformación. Pese a lo que se puede suponer, esa disminución en la cantidad de noticias dadas no se contrapone con un mayor tiempo dedicado a cada información vertida. De las 603 horas de noticias puras alcanzadas en 2018, se cayó a 583 el año pasado. El promedio general de cada noticia emitida fue de 1:56 minutos, por debajo del que hubo en 2018, que había sido de 2:03, y similar al de 2017 (1:51 minutos). Se supone -aunque no necesariamente sea así- que a menor tiempo de desarrollo informativo, menos profundidad, perspectiva o fuentes interviniendo en el tratamiento de un tema. Entre los noticieros, los de El Nueve son los que sostuvieron el promedio más alto en tiempo de duración de la noticia (2:47 minutos), mientras que los de la Televisión Pública (1:03 minutos) en el último año bajo gestión de Cambiemos fue el más bajo. Los noticieros matutinos lideran el día y se consolidan como espacio informativo con mayor cantidad de noticias y tiempo dedicado a cada una.
Una de las “novedades” más significativas que se desprenden del monitoreo tiene que ver con el fuerte incremento en el uso de las fuentes información digitales para el abordaje de la noticia. La fuente “Internet, videos de televidentes, videos caseros y videos de redes sociales de personas privadas” alcanzó el 13,2 por ciento del total y ocupó la primera posición en la tabla general de tipos de fuentes identificadas en las noticias, sobre un total de 45 categorías de tipos de fuentes. La participación de páginas web, portales digitales, sitios de Internet y redes sociales de personas privadas como fuentes de información para el armado de las noticias crece aceleradamente en los noticieros y ya es la fuente más consultada. Lo que antes era periférico, hoy pasó a ser central. El estudio nada dice de veracidad de la “información” recabada en Internet por los productores.
Los principales cambios en los noticieros en 2019 se evidenciaron en las fuentes informativas, que se incrementaron a más de 17.000. En el desagregado por pantalla, El Nueve fue quien presentó la mayor cantidad de fuentes identificadas, con casi 4 mil, mientras que Telefe fue el que contó con la mejor relación fuente/noticia, con un promedio de más de una fuente por noticia. Del total de noticias de informadas por los noticieros el año pasado, casi el 61% de las noticias fue construida con una o más fuentes, con el subrayado incremento notorio de Internet, videos de televidentes, videos caseros y videos de redes sociales de personas privadas. Si a ese segmento se le agregan los registros de video de cámaras de seguridad, las fuentes digitales alcanzan casi el 20% de participación en el total.
La agenda informativa de los noticieros no varió demasiado. Nuevamente los tópicos “Policiales e inseguridad” y “Política” fueron los más abordados por los noticieros, con preminencia de los policiales, pese que 2019 fue un año de elección presidencial. A diferencia de 2018, “Internacionales” se ubicó en la tercera posición, por encima de las noticias de “Deportes” y de “Economía”, aun con la profundización de la crisis. En una tendencia que se sostiene en los últimos años, continúa el contraste entre la reiteración de las mismas temáticas preponderantes y la escasa visibilidad de otras perspectivas, asociadas a un tratamiento positivo y respetuoso de grupos sociales vulnerables, tales como “Personas Mayores”, “Pueblos indígenas” o “Migrantes”. Por ejemplo, en 2019 la temática “Derechos Humanos” disminuyó en un 70% respecto de 2018.
En la cuestión de quienes aparecen como columnistas no se observaron cambios significativos respecto a 2018. Hay allí una cuenta pendiente. La falta de paridad de géneros en los medios de comunicación, tema en debate parlamentario durante esos meses, se expone en el monitoreo con contundencia: sólo un cuarto del total de noticias fue presentado por columnistas mujeres, con un incremento verificado para ellas en la cobertura de temas de “salud” y “géneros”. Sigue siendo notoria la ausencia de otras identidades de género entre quienes presentan o comentan las noticias.
Día de la Militancia: La caravana de los gremios que responden a Moyano
Nuevo respaldo sindical al gobierno de les Fernández
Imagen: NA
El Frente Sindical para el Modelo Nacional y el Movimiento 21F, que responden al camionero Hugo Moyano, realizaron un acto en Plaza de Mayo y una caravana que se dirigió hasta el Obelisco para conmemorar el día de la militancia y apoyar la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas que se debatía en el Congreso. En el documento, rubricado por algo más de 60 organizaciones, aseguraron que "manifestamos nuestro acompañamiento al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y tenemos una sola certeza: el apoyo de la clase trabajadora es fundamental para llevar adelante las grandes transformaciones socioeconómicas que nuestro país necesita y para dialogar con los poderes fácticos que sienten que por linaje son los únicos dueños de la Argentina".
La caravana, que circuló por avenida de Mayo, contó con la participación camiones, colectivos, taxis y también autos particulares. Todos llevaban las banderas de sus respectivos gremios, hacían sonar las bocina y agitaban banderas. Incluso algunos más entusiasmados se bajaban de los vehículos, bailaban y tocaban sus bombos. En el escenario, montado frente al Cabildo, estuvieron los jefe gremiales como Pablo Moyano de Camioneros, Omar Plaini del sindicato de Canillitas, Mario Manrique de Smata, entre otros, y también el secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, el dirigente de la CTEP Juan Grabois, Esteban Castro de la UTEP y el hijo del sindicalista José Ignacio Rucci, Aníbal. Los que no estuvieron fueron los dirigentes que conforman la cúpula de la CGT, quienes encabezaron un acto en la ciudad de Granadero Baigorria, Santa Fe, donde inauguraron un memorial de Rucci.
En diálogo con Página/12, Plaini aseguró que “el 17 de noviembre representa el 'luche y vuelve' y el regreso de Perón a nuestra patria. Por lo tanto, no podíamos dejar de conmemorarlo”. “En esta marcha hay un reconocimiento a los millones de militantes anónimos que asumieron una idea, un compromiso y que todos los días salen a defenderlo", agregó el secretario General de los Canillitas, y destacó que "la actitud de un militante es un hecho que hay que reivindicar permanentemente". Por otro lado, subrayó que otro de los objetivos de la movilización fue "acompañar al Gobierno en este momento tan difícil que estamos viviendo, no solo por la pandemia, sino también por el desastre que dejó el gobierno anterior”.
Otro de los ejes de la convocatoria fue el apoyo al Aporte solidario de las Grandes Fortunas. Esto llevó a que un grupo de sindicatos extendieran su marcha hasta el palacio legislativo. "Acompañamos el tratamiento de esa ley que esperemos que tenga voto favorable y su media sanción, porque que las doce mil familias más ricas del país hagan un aporte por única vez no les va a modificar la vida y seguramente con ese dinero el Estado va a poder seguir apoyando a los últimos y tratando de reactivar la economía", aseguró Plaini que además es senador bonaerense.
Juan Pablo Brey de Aeronavegantes, aseguró que "el 17 de noviembre conmemoramos un día histórico que recuerda la vuelta del exilio, luego de 18 años, de Juan Domingo Perón, el dirigente que más le dio al pueblo trabajador. Ese siempre es un motivo para convocar y festejar". Con respecto al impuesto a las grandes fortunas, Brey subrayó que "los trabajadores pagamos impuesto a las ganancias y, por lo tanto, pensamos que los que más tienen también tienen que aportar y ser solidarios en un momento de crisis como el que estamos viviendo".
Con respecto a ese tema, en el documento que leyeron en el escenario, los sindicatos consignaron que "llegó el momento de que los que más tienen y se beneficiaron con las políticas neoliberales de ajuste y transferencias de recursos desde los sectores populares, hagan un aporte mínimo, extraordinario y solidario para beneficio de los compatriotas que menos tienen y están sufriendo la desigualdad que impone el capitalismo deshumanizado. Lo decimos con absoluta autoridad, ya que somos los trabajadores los que generamos las riquezas del país".
Luis Dante, secretario General del Sindicato Unido de Conductores de Personal Aeronáutico y Portuario, puntualizó que “el movimiento obrero se expresó en la calle, con mucha alegría y participación de cientos de trabajadores, militantes, jóvenes y mucha gente que tomó posición para construir la unidad, trabajando y apoyando al Presidente, siendo solidarios y teniendo ideas creativas para ayudarnos entre todos a salir de la crisis”.
Informe: Melisa Molina.
Los testimonios continúan debilitando las imputaciones contra ex funcionarios de
CFK
En el juicio por la obra pública, hasta los testigos de la fiscalía demuelen la acusación
Todo indicaba que García iba a ser un testigo fuerte contra los acusados. El imaginario indicaba que daría un panorama demoledor sobre las obras viales de la provincia sureña porque, al ser convocado por la fiscalía, debía sostener que se pagaron obras que no se hicieron, que las rutas que se construyeron tenían deficiencias, que los atrasos fueron descomunales y que se cancelaron los contratos por irregularidades e incumplimientos. Nada de eso. El testigo, pese a que trató de mantenerse políticamente un poco en el medio, fue otra frustración para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, porque no les aportó elementos a ninguno de esos puntos de la acusación.
García dijo que cuando asumió como jefe de distrito interino, designado por Javier Iguacel, interventor del macrismo en Vialidad, las obras estaban paralizadas. Entonces tuvo que trabajar en la cancelación de los contratos. Pero a lo largo del testimonio quedó en claro lo que pasó. El defensor de Báez, Juan Villanueva, le fue exhibiendo documentos que están en el expediente y que eran comunicaciones que daban cuenta de que el Estado no pagaba a los contratistas “por falta de presupuesto”. Incluso se mostraron cartas en las que el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz le advertía a Vialidad Nacional y al gobierno de Mauricio Macri que no se les estaban pagando los sueldos a los trabajadores, que había cortes de ruta y una situación dramática. Es decir, que las obras se suspendieron por falta de pago, por incumplimientos del Estado.
Otra de las acusaciones se desbarrancó con el testimonio de García: "No vi una sola obra en todo el país que no tuviera atrasos. Era lo habitual y más en el sur. Nieva y no se puede usar asfalto, las demoras en la liberación de la traza por expropiaciones difíciles son algunos de los obstáculos que aparecen siempre, en todas las obras, en todo el país"
Más allá de lo señalado por García, es conocido que el gobierno de Macri suspendió todos los pagos y paralizó todas las obras, en primer lugar, para ver si les sacaban los contratos a las empresas que habían ganado las licitaciones y se las pasaban a sus amigos. Pero, además, la estrategia era utilizar la cuestión de la obra pública como punta de lanza jurídica para encarcelar a miembros del gobierno de CFK y a buena parte de los empresarios que habían ganado licitaciones: el ejemplo más claro fue el de Lázaro Báez, pero también terminaron presos Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Fabián de Sousa, entre otros.
Un dato que exhibe el panorama de lo que hizo el gobierno de Cambiemos fue aportado por García sobre el final de su declaración. Contó que durante la gestión del macrismo no se continuaron los trabajos y sólo se hizo una obra en los cuatro años. Cuando le preguntaron de qué obra se trataba, el jefe interino designado por Iguacel y Macri no pudo identificarla. Dijo que no se acordaba.
Impulsan cambios en la Corte, la Procuración y el Consejo de la Magistratura
El consejo asesor de juristas
para la reforma judicial
presenta sus propuestas
El consejo asesor de juristas para la reforma judicial que conformó a fines de junio el Poder Ejecutivo tiene previsto entregarle hoy su dictamen con sugerencias al presidente Alberto Fernández. Si bien no se conocen los detalles finales de la propuesta, se sabe que incluye modificaciones en el mecanismos para designar al nuevo titular de la Procuración General de la Nación y limitar su mandato, para resolver los planteos que hibernan indefinidamente en la Corte Suprema de Justicia, para cambiar la composición del Consejo de la Magistratura y darle a ese organismo el manejo de los recursos económicos que hoy administra el máximo tribunal, y también para impulsar los juicios por jurados en todo el país.
El grupo de expertos convocado por el gobierno nacional para estudiar en profundidad temas que hacen a la eficacia del Poder Judicial, que durante 90 días se reunió dos veces por semana y ayer tuvo su cita de despedida, lo integran Andrés Gil Domínguez, Marisa Herrera, León Arslanian, Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini, Omar Palermo y Raúl Ferreyra. El documento completo tendría una extensión de más de 500 páginas y haría hincapié en un enfoque transversal.
Tal como anticipó Página/12, uno de los puntos centrales de la propuesta será la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal. La mayoría de los expertos coincide en que el procurador debería tener un mandato acotado a cinco o seis años, con posibilidad de ser reelegido si el presidente de turno así lo solicita, y podría ser designado con mayoría absoluta y no con los dos tercios del Senado.
Otro punto importante pasa por el eventual cambio del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los desafíos de la comisión es poner fin al vergonzoso uso del artículo 280, que le permite a la Corte rechazar planteos sin fundamentarlo, y lograr acotar el campo de acción del máximo tribunal para que se dedique a resolver pocos casos por año, al estilo estadounidense. Para ello es imprescindible que se generen filtros y el principal sería la creación de un tribunal intermedio, de casación, que se ocupe ante todo de los reclamos por “arbitrariedad”, y que tenga competencia para tribunales federales de las provincias.
Uno de los puntos con amplia coincidencia entre los asesores es que la composición actual del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y sanciona a los jueces, no respeta el equilibro de representación de todos los estamentos y es inconstitucional. El Presidente recibiría hoy una propuesta innovadora para reformar el Consejo, que actualmente tiene trece miembros, y con nuevos mecanismos y criterios que impidan cualquier discrecionalidad en los concursos.
Los asesores dirían también que el manejo del presupuesto debe quedar a cargo del Consejo, como estableció la Constitución de 1994, desde los sueldos hasta decidir en qué se gasta. También se pronunciarán sobre facultades que adquirió progresivamente la Corte como la oficina de notificaciones y el cuerpo de auditores.
Otro de las propuestas que ahora deberá analizar y eventualmente transformar en proyectos de ley el Ejecutivo pasa por sancionar una ley que aplique los jurados populares para la resolución de casos de delitos graves a nivel nacional. Esa norma deberá precisar a qué delitos se aplica, cómo se integran los jurados, si es obligatorio participar y si los veredictos requieren unanimidad. Por ahora cada provincia donde hay juicios por jurados tiene su propio régimen.
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