Incendios en la Selva Misionera: la
Comunidad Ka’a Kupe pide ayuda
para sofocar el fuego
Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020.
La Comunidad Ka’a Kupe, ubicada en el centro de la provincia, entre los municipios de Ruiz de Montoya, Aristóbulo del Valle y Campo Grande; reclama ayuda para sofocar el fuego, que por estas horas se encuentra a 3 kilómetros de sus casas. Solicitan que se declare el estadio «Emergencia Roja», que habilita a para que se solicite auxilio al Plan de Manejo del Fuego Nacional.
A continuación, el comunicado de la Comunidad con los números de contacto, y un link con imágenes y videos de los incendios:
Comunicado_Comunidad Ka’a Kupe_23_11_2020.pdf
Tras cuatro días de incendio, no hay en lugar dotaciones de bomberos ni aviones hidrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). La comunidad mbya Ka’a Kupe está a su suerte desde el viernes, intentando apagar el fuego por sus propios medios en un lugar al que no se puede acceder fácilmente. En un contexto de vientos intensos y de una sequía histórica, las llamas avanzan peligrosamente hacia la comunidad.
Por esto es que, desde la Comunidad, piden que se declare la emergencia roja, para así habilitar la participación del SNMF, ahora dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Según el comunicado, desde allí se comprometieron a coordinar con las autoridades del gobierno provincial de Misiones, pero aún no ha habido novedades.
En paralelo a esta realidad acuciante, el Ministro de Ecología de Misiones, Mario Valey, afirma que «los incendios están bajo control».
Según el reporte del SNMF, al día de la fecha había dos focos en Misiones uno activo en San Pedro, y otro controlado en Santa Ana, Es decir, que ninguno de los allí registrados corresponde al que ocurre en territorio de la comunidad Ka’a Kupe.
No esta de más señalar que esta omisión despierta cierta suspicacia: cuando se suma al cuadro el detalle no menor de que este territorio en particular fue recuperado en el 2016, a través del reconocimiento del Institucional Nacional de Asuntos Indígenas; resulta cuanto menos sospechosa la ausencia total de auxilio por parte del Estado. Por otra parte, coherente accionar en función de la nunca cambiante política de despojo territorial y abandono hacia las comunidades originarias de la Argentina.
Con información de LaIzquierdaDiario – Valeria Foglia
Hostigan a comunidades aborígenes
en La Plata
Por Noelia Carrazana, RedEco. Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020.
Miembros del pueblo Ava Guarabu Iwi Imemb´y denuncian que desde hace varios días están siendo hostigados por la policía bonaerense, por miembros del 911, y finalmente hace cuatro días por personas que se identificaron como socios del club Gimnasia de La Plata. El hostigamiento sería porque los predios de tres hectáreas y media que la familia de Gumerisindo Gómez recibió el año pasado por parte del municipio para que la comunidad cultive están cerca de Estancia Chica, zona donde realizan actividades integrantes del club platense.
Patricia Segundo, miembro de la comunidad, relató a distintos medios de comunicación lo sucedido: “Llegaron unas personas diciendo que son socios del club Gimnasia, nos amenazaron con mandarnos las patotas para sacarnos de acá”. Este predio fue otorgado a la comunidad por la Municipalidad de la Plata el año pasado en comodato por 99 años, para vivienda y cultivo, luego de una larga lucha e intervención de varios profesionales de la Universidad Nacional de La Plata, que ayudaron en la gestión.
A raíz de toda esta situación de violencia y avasallamiento a las familias que componen la comunidad, varias instituciones, como el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas o miembros de cátedras de la Universidad Nacional de La Plata se acercaron al predio para acompañar y gestionar acciones de denuncia durante toda la semana. En este marco, se logró viralizar por redes sociales imágenes donde se incitaba a socios y adeptos del club a reunirse en las instalaciones céntricas para luego ir en “gran caravana a Estancia Chica a recuperar lo que es de Gimnasia”.
Una vez que los hechos de acoso que sufrió la comunidad tomaron estado público, periodistas deportivos subieron a sus redes sociales información donde explicaban que “a propósito de la situación en Estancia Chica: en primer lugar, no hay usurpación. La CD albiazul está en tema desde hace días y la situación se solucionará en términos políticos y legales, sin necesidad que hinchas o socios vayan a Estancia Chica”, a lo que se sucedieron respuestas de desconocimiento o mensajes racistas hacia las comunidades aborígenes, aunque de esa forma quedó desactivado el llamado a “sacar a los usurpadores”.
Consultados por este medio algunos miembros de la comunidad indicaron que este sábado “existió una tensa calma e incluso hoy (domingo) también; existe miedo de lo que puedan querer hacer por cuenta propia los hinchas del club”.
En tanto, se espera una reunión para el día martes en la Municipalidad de La Plata, junto a los abogados que los vienen acompañando desde el inicio del trámite por el comodato.
Fuente: RedEco
Amnistía Internacional exige al
gobernador de Formosa Gildo
Insfrán que garantice el ingreso de
8321 personas varadas
Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020.
Amnistía Internacional emitió un comunicado donde exige al gobernador de Formosa Gildo Insfrán el “diseño de alternativas eficientes para que miles de personas puedan regresar a sus hogares”, en referencia a las más de 8321 personas varadas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el jueves pasado por unanimidad que el gobierno formoseño debe permitir su acceso en un plazo de 15 días.
Insfrán aseguró que va a cumplir con el fallo supremo, aunque expresó que “es un riesgo sanitario muy grande ingresar a más de 8 mil personas de zonas con circulación viral a nuestra provincia, que tiene la menor cantidad de contagios del país”. Pero Gabriela Neme, abogada de un grupo de personas varadas, aseguró que hay trabas burocráticas del gobierno que obstaculizan su regreso. En más de seis meses lograron ingresar al territorio formoseño menos de la mitad de las personas que lo han solicitado: un 43,5% de los pedidos registrados.
El drama de las 8321 personas varadas desde hace meses, que esperan poder volver a sus hogares en Formosa, parece no tener fin. El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el jueves pasado por unanimidad que el gobierno de Formosa debe garantizar en un plazo de 15 días el ingreso de las personas que solitaron autorización para regresar a la pronvincia.
En su fallo, la Corte sostuvo que las medidas provinciales constituyen “limitaciones irrazonables” a los derechos y no cumplen con los estándares constitucionales, en virtud de la demora que se produce para concretar el ingreso. Además, sostuvo que en más de seis meses lograron ingresar al territorio formoseño menos de la mitad de las personas que lo han solicitado, un 43,5% de los pedidos registrados.
Tras el fallo supremo, el gobernador formoseño Gildo Insfrán aseguró en un mensaje publicado en sus rede sociales el viernes por la noche: “somos respetuosos de las instituciones de la República y por esa razón cumpliremos con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando con todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento para coordinar el trabajo frente al enorme desafío que asumimos como pueblo unido, organizado y solidario”. Sin embargo, sostuvo que “es un riesgo sanitario muy grande ingresar a más de 8 mil personas de zonas con circulación viral a nuestra provincia, que tiene la menor cantidad de contagios del país“.
A pesar del fallo de la Corte, varias de las personas varadas de Formosa denuncian que el gobierno de Gildo Insfrán pone trabas para su ingreso. Así lo expresó en el canal de noticias TN Gabriela Neme, abogada de un un grupo de personas, quien aseguró que las condiciones no están al alcance y buscan abandonarlos nuevamente. “El gobierno de Insfrán busca la forma de que vuelvan a ser abandonados los 8321 formoseños que fueron olvidados en estos nueve meses de cuarentena. Hay gente que está en El Colorado que no le hacen el PCR gratuito y no tiene los recursos“, explicó la abogada.
Foto: @NaineckPrensa
La abogada también detalló que el sistema consiste en que autoridades del Consejo de Atención Integral Emergencia Covid-19 les envían la notificación de permiso por mensaje de WhatsApp o por mail, y deben responder en un plazo de doce horas y hacerse un test de PCR 72 horas previas al ingreso, que sale $5000. En que en el caso de no poderse hacer el test, pierden el turno. “Esto muestra la irrazonabilidad e ineptitud de Insfrán”, expresó la abogada, que consideró que éstas medidas son trabas. Las autoridades del Consejo de Atención Integral Emergencia Covid-19 ya empezaron a notificar ayer por mail o whatsapp a los que ingresarán pasado mañana. Deberán ir con un exámen de PCR con resultado negativo, a su propio cargo (sale unos 5.000 pesos).
En este marco, Amnistía Internacional expresó en un comunicado que “espera que las autoridades establezcan alternativas respetuosas de los derechos humanos, garantizando el ingreso a la provincia de quienes lo hayan solicitado”. Asimismo, el organismo de derechos humanos expresó que “brindar una solución urgente y respetuosa de los derechos humanos no significa eliminar los controles sanitarios dispuestos por las autoridades y que son necesarios para la contención de la propagación del virus COVID-19, sino el diseño de alternativas eficientes para que miles de personas puedan regresar a sus hogares”.
Amnistía Internacional expresó, además, que “continuará monitoreando el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Suprema a la provincia de Formosa para garantizar los derechos de todas las personas afectadas”.
Fuente: AnRed
Carta abierta: «En Chubut no hay
licencia social para la megaminería»
Resumen Latinoamericano, 23 de Noviembre de 2020
Carta abierta a eriodistas, que dan difusión a los que otros medios callan, a compañeres, ciudadanas y ciudadanos, que saben que la historia la escriben los pueblos.
Somos docentes jubiladas de Lago Puelo y hoy les contamos nuestra
situación en Chubut: el gobierno provincial quiere imponernos la megaminería a pesar que hemos juntado 31.000 firmas, en plena pandemia, para establecer por iniciativa popular una ley que lo impediría.
El Gobernador Arcioni presenta a la megaminería como supuesta salvadora
de la crisis estructural que vivimos desde hace tres años.
Pero: # las megamineras matan, dejan el cianuro y otras sustancias tóxicas en nuestras aguas, contaminando a largo plazo toda la cuenca de nuestros dos únicos ríos y los acuíferos.
Es falso que generan trabajo y desarrollo: traen mano de obra calificada de otros países, y se llevan todo, gracias a la ley de minería vigente tenemos otras opciones a desarrollar: Pesca, Producción agroecológica de exportación.
El turismo local e internacional y la energía eólica, son incompatibles con la actividad minera.
En Chubut no hay licencia social para la megamineria. Hace años que lo sostenemos.
Amamos nuestro lugar, nuestras aguas y nuestra tierra y por eso las defendemos
Maria Lujan Ricci, DNI 5.868.394- Maria Cristina Canel, DNI 12.317.635- Irma Escuer, DNI 11.926.589- Viviana Vargas, DNI 14.008.692- Zulema Tullio, DNI 12.588.635- María Inés Rodriguez, DNI 12.522.807- Patricia Castellanos, DNI 12.833.142- Monica Cacciavillani, DNI 13.486.735-Albertina Labrune, DNI 14.088.473- Elsa Miloro DNI 14.762.361- Adriana Madrid
16.242.810- Andrea Bruschetti 17.741.735- Cecilia García, DNI 18.162.708
Privatización del sistema de uso de
bicicletas en la capital
Por RedEco. Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020.
El día 19 de noviembre, la Legislatura porteña votó el Proyecto de Ley N° 2588-J-2020, remitido por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, titulado “Buenos Aires Ciudad Bici” que autoriza el arancelamiento de este sistema de transporte público. Compartimos un informe elaborado sobre este tema por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).
El proyecto plantea la creación de un «fondo para el desarrollo de la movilidad sustentable» que servirá para costear las obras de infraestructura para ampliar y mejorar la red de ciclovías y para eso propone que los usuarios comiencen a pagar por usar las Ecobicis los fines de semana, modificando el artículo 5 de la Ley N° 5954
«Queremos recuperar las 400 estaciones y las 4.000 bicicletas de acá a 12 o 18 meses, esa es nuestra aspiración», dijo Juan José Méndez (Télam)
Lo llamativo del anuncio del Secretario de Transporte porteño es que ese objetivo –con el cual justifica el arancelamiento- ya aparecía cumplido en 2019.
La verdadera novedad, entonces, es que la plata para la ampliación del servicio, o mejor dicho, para que vuelva a tener las mismas estaciones que en 2019, la vamos a poner los usuarios.
¿Hay otra opción para recaudar fondos?
Claro, se puede vender publicidad en los rodados y en las estaciones.
Pero el GCBA no puede porque la publicidad se la queda Tembici, la empresa brasilera a la que Larreta le regaló el sistema público de bicicletas por 10 años, a cambio de que amplíen el sistema a 400 estaciones y 4000 bicicletas
Promesas repetidas y arancelamiento del servicio
De 2010 a 2018, el GCBA construyó un sistema público de bicicletas gratuito que llegó a acumular 8 millones de viajes, 200 estaciones y 2.500 bicicletas, con un tiempo de uso de 1 hora de lunes a viernes y de 2 horas los fines de semana y feriados.
En 2018, cuando mejor estaba funcionando, decidieron concesionarlo a la única empresa que se ofreció: Tembici.
Tal como aseguraba Clarín, por entonces, “el Gobierno porteño le adjudicó la concesión a la empresa brasileña Tembici, a la que le abonará un canon mensual. Deberán llevar la red a 4.000 bicicletas y llegar a 400 estaciones. Y podrán colocar publicidad en los rodados”. En ese entonces, el Jefe de Gobierno aseguró que el servicio seguiría siendo gratuito.
Sin embargo, poco y nada fue cumplido por parte de la empresa
Pese a que, en febrero de 2019, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta anunciaba el objetivo cumplido de las 4000 bicicletas y las 400 estaciones, desde entonces el servicio empeoró notoriamente.
Tembici: mal servicio, ganancia garantizada y cero inversión
En 2018, desde la Secretaría de Transporte porteña aseguraban que la privatización del servicio supondría “un alivio para las arcas comunales”, el presupuesto asignado en 2019 fue similar al que tenía cuando era administrado por el Estado.
Desde que el servicio se concesionó, el GCBA se sigue haciendo cargo de la construcción de las ciclovías, de las estaciones y de reparar los rodados. Pero además le paga al concesionario $ 3.329.166 por mes en concepto de “costos de mantenimiento “ (el monto total son 470 millones para los 10 años que dura la concesión) y le regala 500 espacios en la vía pública para que la empresa recaude en concepto de publicidad, más el sponsoreo en bicicletas, estaciones, vehículos de traslado y en la aplicación móvil.
Alta recompensa para un concesionario que empeoró notoriamente el servicio.
A semanas de haber comenzado la concesión, Tembici permitió la filtración de datos de los usuarios.
Desde mediados de 2019, se multiplicaron las estaciones sin bicicletas, los rodados en muy mal estado y la app de Ecobici no reflejaba la cantidad de rodados disponibles en los puntos de retiro, entre otros problemas.
El propio GCBA admite que, desde diciembre de 2019, Tembici no incorporó ni una bicicleta nueva.
A fines de 2019, una auditoría del propio GCBA también admite que Tembici está incumpliendo la clausula 5 apartado 5.1.2, donde se establece la cantidad de bicicletas disponibles que debe haber siempre en cada estación.
Un mes más tarde, el 26 de diciembre de 2019, el GCBA intima a Tembici ya que la empresa sigue sin cumplir con la cantidad mínima de bicicletas por estación.
Hoy en día, la propia cuenta de Ecobici permite ver que hay menos de 1000 rodados disponibles (https://twitter.com/EcobiciB).
Ninguno de estos hechos motivó sanción alguna por parte del GCBA.
La Ciudad le otorgó un año de plazo sin multas para cumplir con los parámetros exigidos por el pliego de condiciones, “a fin de que la empresa pueda ajustar las variables necesarias para el logro de un servicio óptimo y de calidad”, señaló el gobierno porteño. Vencido ese plazo, ya se le podría aplicar multas por, por ejemplo, no contar con las bicicletas suficientes para dar el servicio, como ocurrió durante el verano.
Así llegamos a la pandemia y el ASPO donde, en vez de alentar el uso de la bicicleta, el GCBA cerró el Sistema hasta mediados de mayo. Eso sí, el canon a Tembici se pagó puntualmente.
En mayo, cuando el STPB volvió a funcionar con la mitad de su infraestructura (2000 bicicletas y 200 estaciones) el GCBA hizo pago el sistema, de manera solapada: empezaron a cobrar una multa después de los 30 minutos de uso del rodado.
Esta medida no solo desalienta el uso del sistema, a contrapelo del discurso del GCBA, sino que tiene un claro fin recaudatorio ya que hasta ese momento las penalidades no eran económicas sino, tal como aparece en el contrato, eran sobre el acceso al sistema (aquellos que devolvían tarde una bicicleta quedaban impedidos de utilizar nuevamente el STPB por cierta cantidad de tiempo).
Ahora, la Legislatura, con el impulso del Jefe de Gobierno, da un paso mayor: termina de arancelar el único servicio gratuito de transporte del que disponía la Ciudad y descarga el financiamiento, principalmente, en los usuarios.
Las obras que no cumplió Tembici las deberemos pagar los usuarios.
De esta forma, el GCBA decide sostener la concesión y el financiamiento a una empresa que no cumplió con su principal compromiso (la duplicación de la red y de la cantidad de bicicletas), que brinda un pésimo servicio desde agosto de 2019 y que se niega a dar a conocer cuánto recauda por publicidad, dato fundamental para poder definir si es necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento.
El GCBA decide arancelar el STPB en plena pandemia, justo cuando el servicio debería ser estimulado con mayor fuerza, porque la utilización de la bicicleta no sólo genera un beneficio individual sino también un beneficio social. Arancelar, claramente, va en una dirección contraria a este objetivo.
A su vez, la ley no establece la tarifa que van a empezar a cobrar los fines de semana. Esto es sumamente grave ya que, como el STPB no es un Servicio Público sino un Sistema de Transporte por discrecionalidad del oficialismo, las tarifas no van a tener audiencia pública para establecer el monto a cobrar, con lo cual el Estado va a definirlas de unilateralmente.
El mejor sistema con respecto a los servicios es que se paguen con impuestos y que el acceso sea gratuito. De lo contrario, el sistema puede excluir a quienes no pueden pagar, o generar un sistema de tarifas sociales focalizadas, que siempre dejan a gente afuera.
En la actualidad, existe un fondo para financiar al subte (FONDO SUBTE) creado por la Ley N° 4472, que se nutre de diferentes fuentes. Esa experiencia debería ser extendida para conformar un FONDO DE TRANSPORTE, que permita financiar gran parte del transporte público en la ciudad, incluidas las bicicletas públicas.
Ese fondo debería incorporar 20% de los ingresos por peajes de AUSA (actualmente es el 10%) y otros ingresos como un mayor porcentaje de lo que se recauda por el impuesto automotor o 10/15% de los ingresos por multas y estacionamiento medido, también se debería aprovechar la totalidad de los ingresos obtenidos por los permisos de circulación en el microcentro.
En el caso del sistema público de bicicletas, se suma la publicidad, que es la principal fuente de financiamiento de TEMBICI la empresa concesionaria actual.
Antes de discutir el arancelamiento hay que discutir la ganancia que obtiene Tembici por la venta de publicidad, monto que podría cubrir los montos que se necesitan pata mantener el servicio.
Sin embargo, Tembici no ha presentado esa información, pese a que el GCBA se la ha solicitado, y que es una obligación contemplado en el contrato de concesión. La empresa sigue sin responder a la intimación.
La totalidad de los espacios en bicicletas, estaciones, vehículos y app se ofrecieron en forma exclusiva a los patrocinadores del Sistema: Banco Itaú y Mastercard.
Este proyecto muestra el fracaso de la privatización del servicio, realizada con la excusa de ampliar y mejorar el servicio. Hoy, a dos años de realizada la concesión, Tembici no cumplió con su compromiso (400 estaciones y 4000 bicicletas), el STPB funciona peor que en 2018 y encima el gobierno financia y mantiene a una empresa que se niega a dar a conocer cuánto recauda por publicidad
Tembici asegura que los problemas que tuvo durante 2019 y hasta la pandemia se debieron al vandalismo y el robo de rodados.
Sin embargo, los datos presentados por el GCBA este año desmienten lo indicado por Tembici.
En la respuesta del GCBA se puede ver claramente que, pese al aumento que hubo en el robo de rodados respecto a 2018 (año en que aún era manejado por el Estado el servicio), la diferencia entre un año y otro no resulta para nada tan significativa.
“Se informa que, debido al cambio en la concesión del Sistema de Transporte en Bicicleta desde febrero de 2019, y por la gran envergadura y dinamismo del mismo, es difícil determinar un número preciso de bicicletas robadas y dañadas. Sin embargo, ha sido posible registrar un total de aproximadamente 1900 bicicletas robadas o dañadas en el año 2018 y un total de aproximadamente 2900 entre los años 2019 y 2020.
Sin perjuicio de la información brindada ut supra, es importante destacar que gran parte de las bicicletas dañadas son reparadas y los robadas recuperadas mediante el trabajo en conjunto entre la empresa concesionaria, el gobierno y la policía de la Ciudad”.
Además, el art. 57 del Pliego obliga a la concesionaria a contratar un seguro para actos de robo o vandalismo.
Fuente: RedEco
La carta de la denunciante de
Alperovich, a un año de su denuncia
Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020.
A un año de la denuncia por abuso sexual contra el senador José Alperovich, la denunciate envió una carta pública donde relata los nulos avances de la Justicia para investigar al ex gobernador tucumano.
Reproducimos carta:
“¡Aquí estoy! Ha pasado un año. Sigo esperando, día a día, respuestas, investigaciones serias, medidas, justicia. Y mientras espero, acumulo demoras poco profesionales. Y mientras acumulo esas demoras miro a mi alrededor y advierto que ni el horror que me tocó vivir, ni los infiernos que atraviesan miles de mujeres y niñas son suficientes para que traten las causas con la responsabilidad y debida diligencia que merecen. Me alerta y me asusta, porque nos están matando. Me paraliza el hecho de que para este sistema, que nos “representa” y nos “protege”, la muerte no signifique un límite sino más bien una constante. ¿Acaso la muerte no es un límite?
Cuando decidí hacer mi denuncia sentí que era una lucha entre la vida y la muerte que ocasiona el silencio, como una enfermedad terminal. Elegí la vida. Estar bien después de vivir experiencias traumáticas es un trabajo diario y minucioso por lo que hoy, ante todo, celebro la determinación de denunciar y respeto profundamente mi proceso y mis avances. Una mujer que descubrió su voz sabe que el silencio es asfixia y lucha por no volver nunca más a esos lugares de oscuridad y dolor. Recuperarse es difícil, no es estable ni constante. Tampoco hay una fórmula mágica.
Ir a la Justicia representa un verdadero desafío, en el que experimenté un vértigo estremecedor que logré aliviar con la templanza que me otorga la certeza de la verdad. Así entiendo mi valentía, la cual me impulsa a defenderme a pesar del espanto de lo atravesado y de lo que genera estar frente a un sistema que intimida, contando con lujo de detalles los abusos a los que fui sometida.
Reconocer el valor y la importancia de acudir a la Justicia no me hace ser obsecuente con la realidad imperante. Existe una profunda incoherencia en el sistema, que nos hace sentir libres al denunciar pero nos somete y nos expone a una lenta agonía de silencios y demoras. Me resulta perverso y contradictorio. A un año de mi denuncia quiero dar cuenta de las desviaciones, contratiempos y demoras que las causas atraviesan, acciones que hacen que 365 días después continúe en el punto de inicio.
Denuncié penalmente a José Alperovich por hechos de violencia sexual, física y psicológica contra mi persona, ocurridos tanto en Buenos Aires como en Tucumán desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Al día de la fecha mi causa aún no tiene definida su competencia, cabe aclarar que las denuncias son distintas por eso su asentamiento en cada jurisdicción según corresponda. En ese marco, asistí a dos instancias de ratificación en las que declaré 4hs ante la fiscala Reuter y el juez Maggio en Tucumán y 5hs en Buenos Aires ante el juez Rappa, seguido a ello me puse a entera disposición de la Justicia para avanzar según me requieran.
Tras caratular las causas se determinó el inicio de las investigaciones correspondientes en cada juzgado con plazos determinados hasta tanto la Corte Suprema de la Nación decidiera sobre el asunto de la competencia, ante el impedimento de los jueces a cargo en instancias anteriores de definir donde sería tratada mi causa.
En Tucumán la investigación nunca estuvo ligada a la cronología de los hechos que denuncié, lo cual me resulta llamativo y preocupante. Asistí a dos audiencias en mi provincia. La Justicia se dedicó a indagar a los testigos de la defensa sobre cuestiones vinculadas a la supuesta conspiración política que intentó instalar José Alperovich, quien además solo se pronunció públicamente para ampliar sus licencias en el Senado y mentir que la causa avanzaba a su favor.
En el caso de Buenos Aires, estimo que la investigación está dada acorde a lo declarado ya que al menos allí acudí a una instancia de inspección ocular ordenada por el juez en el lugar de los hechos. Sin embargo, no cuento con mayor información ni tengo acceso a los detalles de la causa. Sumado a ese desalentador panorama general y atravesado por una pandemia que sirvió de excusa para detenerse aún más, recibí como última novedad la noticia de la suspensión de los plazos de las investigaciones judiciales en Tucumán hasta tanto la Corte Suprema de la Nación se expidiera respecto al asunto de la jurisdicción.
Asumí los costos materiales, físicos y emocionales de todo este difícil proceso por el cual nunca imaginé atravesar. Este panorama de escasos avances me hace sentir postergada y mi reparación está en juego. Puedo resarcirme en lo personal y experimentar profundos avances pero exijo al Estado que asuma su implicancia en mi reparación integral, por su obligación de impartir justicia. Lo personal es colectivo y el Estado es responsable.
Mi denuncia es considerada como un hierro caliente por muchas de las personas a cargo, lo cual evidencia su condición de problemática social ¿Por qué en estos casos existe una clara vulneración al derecho a la intimidad? ¿Es necesario dar a conocer los detalles minuciosos de una causa para informar? Pido a la Justicia que se responsabilice en garantizar la privacidad del tratamiento de las causas para evitar la revictimización mediática. Cualquier filtración de los detalles de mi declaración resulta de su responsabilidad e incumbencia. No se trata de una actitud caprichosa sino moral y básica de garantía. Vulnerar mi derecho a resguardar mi intimidad me daña y me revictimiza. La gravedad radica en que se expone una vez más a mi persona a través del relato de los hechos que en carne propia atravesé y que no corresponde que tomen estado público, no es necesario que todo el mundo conozca en detalle el infierno que pasé. La sensación es que me vuelven a poner en el lugar de víctima, vuelvo a cada escena, a cada hecho. Las consecuencias no tienen que seguir siendo para mí, soy una mujer que lucha a diario por sanarme y reconstruirme. Los hechos están expuestos en donde deben estar, denunciar legalmente es dejar en manos de quién corresponde dicha información. Pido simplemente respeto. Como sociedad tenemos que aprender a tratar los casos con perspectiva de género; empatizar, tomar posición, apoyar, no tiene que ser a través de revivir el horror de una persona. Pongamos la mirada en donde corresponde.
No necesitamos una sociedad con hambre de dolor y debate de lo que nos pasó. Nos estamos muriendo o nos están asesinando ¿No es un límite? El derecho a la vida es un derecho fundamental y debería estar garantizado, ¿es mucho pedir garantía a una vida libre de violencia? Si denunciamos es porque lo vivimos, ¿creemos como sociedad que una persona se expondría a semejante monstruosidad que significa denunciar delitos de este tipo de mala fe? Luchemos por una sociedad con hambre de justicia, de empatía, de ser capaz de decir las cosas que suceden a diario y poner a los abusadores y femicidas en su lugar.
No quiero ser más la víctima avergonzada, sentirse así supone estar oprimida por partida doble, primero por lo que ocurrió y segundo por la sensación de poca valía que lo sucedido deja en una. Ocultar en forma de secreto me convirtió en una víctima, sola con mi sufrimiento. Temer que la verdad se sepa fue mi condena, romper el silencio, mi salvación. Cuando logré la fortaleza suficiente para decir la verdad, me comencé a liberar del horror que me tenía como rehén. Ya no soy una víctima, hoy me siento una denunciante. En el modo en como reacciono a lo que me sucedió encuentro mi superación. Hacer es transformarse. Denunciar fue liberarme. Hoy celebro y reconozco en ese difícil proceso el bienestar y la mejoría que cada día experimento y me confirman que callar no es para mí nunca más una opción de vida.
A las víctimas de violencia de género quiero hablarles desde mi vívida experiencia y decirles que denunciar representa una verdadera oportunidad de sanación interna y personal, más allá de los resultados y de las dilaciones a las que nos exponemos, porque no termina allí, sino que comienza una nueva etapa de la lucha pero con total convicción y sensación de que no estás nunca más sola, con mucho alivio de la carga, de la vergüenza, de la culpa transferida y del horror.
Es por eso que más allá de las incongruencias del sistema, estoy convencida de que denunciar me hizo bien. “Bien”, una simple palabra que durante mucho tiempo no pude usar ni sentir naturalmente. Transitar este proceso me devolvió la vida. Volví a sentir, volví a reírme, encontré la felicidad en volver a tener problemas cotidianos, reconecté con mi entorno, mi casa, mi familia, volví a trabajar con entusiasmo, a concentrarme para estudiar, a disfrutar de la vida y ver el vaso medio lleno. Logré un verdadero cambio en la perspectiva del mirar, ahora no todo es desesperanza. Atravesar un desierto de dolor nos enseña a darle a las cosas su verdadera dimensión. Así, retomé mi vida, mientras recorro este camino de incertidumbre, profundidad y resiliencia. Por eso me celebro y me siento una mujer libre y despojada del peso de mucho padecimiento y dolor aunque muy consciente y respetuosa de todo lo que esto implica y requiere de manera permanente de mi energía física, psíquica y emocional.
El tiempo nos apremia, los abusadores siguen respondiendo igual, la política sigue respondiendo igual, la Justicia sigue respondiendo igual, en este marco de indiferencia las mujeres No podemos responder igual, seguimos lamentando atropellos, abusos y asesinatos. El lema de nuestra lucha se ve vulnerado porque cada día la violencia de género imperante contribuye a que seamos menos, violencia que deviene no solo de quienes nos abusan o nos matan sino de aquellos que no hacen su trabajo como corresponde, los que nos dejan solas, no nos defienden, nos exponen, nos demoran, se corrompen. Violencia cotidiana que nos exige que estemos alerta en todos nuestros contextos vinculares. Nos tildan de locas y en detrimento de eso la justicia nos pericia primero a nosotras y no a los acusados. Somos las exageradas, las provocativas, las que nos la buscamos. Nos cuestionan el tiempo que nos lleva animarnos a hablar, ¿por qué mejor no nos cuestionamos como sociedad el tiempo que tardan en defendernos y las consecuencias irreversibles que esas demoras ocasionan? Seamos “locas”, “exageremos”, tengamos miedo, no callemos nada, confiemos en la percepción del dolor, de lo que está mal, de lo que nadie debe hacernos y por sobre todo en la realidad que nos muestra a diario como nos siguen vulnerando y asesinando.
¡Aquí estoy! Ha pasado un año, e insisto porque estoy acá. Por las que callan, por las que no y no fueron escuchadas, por las que aun muertas no encuentran un límite a la violencia, a la exposición y vulneración a la que nos enfrentamos a diario, porque ya es tarde, porque ya no sirve, porque ya no están. Porque la muerte no es un límite. El Estado es responsable.”
Fuente: AnRed
Semana crucial para el futuro de la
provincia de Chubut
Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020.
Con el nombre de #ChubutAGUAzo se identifican las movilizaciones que se desarrollarán desde hoy para detener la megaminería en la provincia, ante la presentación por parte del gobernador Arcioni del proyecto de zonificación que habilitaría la megaminería. Asambleas, concentraciones, marchas de antorchas son algunas de las actividades que hoy se expresarán en cada ciudad y pueblo. El martes entraría en la Legislatura el proyecto de zonificación, pero también el proyecto de ley por Iniciativa Popular que contó con el apoyo de 30916 firmas en pocos días.
Una provincia conmocionada por las últimas declaraciones del polémico gobernador Mariano Arcioni, quien aseguró en una reunión con los intendentes que esta vez avanzará con el proyecto de zonificación de la provincia que abriría las puertas a la megaminería, hasta ahora prohibida en la provincia por la ley 5001. En la reunión también se refirió al fuerte apoyo que cuenta desde el gobierno nacional y mencionó que no se detendrá “a pesar de unos 500 ruidosos”. Los anuncios “entraron por la ventana para evitar el rechazo seguro de la sociedad”, como explicaron asambleístas, se dan cuando restan solo dos sesiones legislativas para cerrar el año.
Otra vez, está en juego el futuro de una provincia que en reiteradas veces rechazó la megaminería. La reacción de los pobladores fue inmediata. Decenas de asambleas por ciudad se reunieron y comenzaron a movilizar alertando “la jugada de Arcioni”. Ya se han realizado cientos de movilizaciones y actividades a lo largo y a lo ancho de la provincia. A la par se ha incrementado el clima represivo. El ministro de Seguridad Federico Massoni ha resuelto un protocolo que otorga más libertadaes a las fuerzas policías para utilizar armas de fuego, similar al protocolo de la ex-ministra Bullrich (incluso en situaciones de fuga) . Los organismos de Derechos Humanos han denunciado detenciones a activistas ambientales y una creciente presencia policial sobre todo en las ciudades del este de la provincia.
Hoy, lunes, comienza la semana crucial para la provincia, con marchas en muchas localidades, en simultáneo, en la vigilia de la sesión legislativa del martes, en su gran mayoría de antorchas y ruidazos: Esquel, Trevelin, Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Gaiman, Lago Puelo, Gualjaina ,El Maitén, Río Pico, Paso del Sapo. Adjuntamos los flyers de cada convocatoria al fin de la nota.
El martes fue anunciado un paro provincial ambiental. Los pobladores de Rawson marcharán a la Legislatura, hará lo mismo la Mesa de Unidad Sindical (MUS). También los vecinos y vecinas de Trelew, que irán en caravana desde dicha ciudad.Trevelin hará un desayuno y olla popular siguiendo la sesión legislativa en la Municipalidad.En Comodoro Rivadavia, habrá radio abierta y ruidazo, frente al municipio, desde las 10 hs.En Lago Puelo a las 9 hs habrá ruidazo en simultáneo con la sesión legislativa, en la plaza.En El Hoyo, a partir de las 8 de la mañana, concentración en el Municipio, siguiendo la sesión legislativa En Cholila a las 10.30 pintada de banderas y remeras en el barrio Malvinas. A las 17.30 en zona del paseo comercial el morro. Marcha a las 20 hs Asi mismo, también el martes, está anunciada una actividad en Caba, en solidaridad con Chubut y en repudio de la zonificación, frente a la casa de la provincia. Movilizarán allí estudiantes chubutenses en Bs As, la coordinadora Basta de Falsas soluciones (BFS) y el Espacio Memoria, Verdad y justicia.
Fuente: AnRed imagen: Luan – colectiva de accion fotográfica.
Envio:RL
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